El principal problema del ministro Ciro Gálvez es que no conoce el fenómeno cultural, y en consecuencia no tiene un punto de vista sobre qué debe hacer el MINCUL. Podría asesorarse, aunque a estas alturas es obvio que no se lleva bien con buena parte del sector que encabeza, y que es un hombre impetuoso. Todavía puede buscar asesoría internacional, mejor si es algo diversa, para comparar. Hoy con el hábito del zoom, es cosa de días concretar el apoyo. Pero antes debe tomar plena conciencia de sus debilidades, y actuar considerándolas.

Creo que todas las políticas de Estado, a nivel ministerial, deben contribuir al proyecto nacional de escapar del subdesarrollo. No tengo dudas de que este último responde a una división internacional del trabajo que nos perjudica, y que persistimos en el modelo degenerativo porque un velo occidentalista y colonial que nos lleva a hacerlo. En este orden concentrador de riqueza, sólo un público reducido de la población – usualmente el de mayores ingresos – ejerce su derecho a la cultura, en parte porque en la lógica occidental ésta no es gratuita (sino más bien cara), y en parte porque la concepción de producto cultural que prima lo impide. Por ello, la función central del MINCUL debe ser la de empujar la universalización del acceso a la experiencia de producir y consumir cultura. Cuál otra podría ser, me pregunto. La institucionalización definitiva y la guardianía de la pluriculturalidad peruana, por ejemplo, debería estar en manos de la PCM, porque es una política pública interministerial y multinivel que demanda mucha experiencia de gobierno y poder político, y que a menudo colisiona con grandes intereses privados. Un ministerio nuevo, muy precario y con poco peso ante la opinión pública facilita la labor de los depredadores empresariales, y hasta hoy siempre ha sido rápidamente silenciado por el presidente de turno cuando ha habido conflictividad social de procedencia intercultural. 

La promoción de valores ciudadanos es otra tarea asumida como trabajo primordial del MINCUL, sobre todo entre nuestros gestores culturales. No tiene por qué ser una mala idea, pero está imposibilitada de ser función central del ministerio, porque no tenemos un consenso valorativo al respecto, y por tanto los contenidos del proyecto estarían siempre sujetos a cambios quinquenales, o a ser superficiales para poder sobrevivir. Tampoco la identidad nacional es misión del sector Cultura, como se ha pretendido algunas veces. En general, los contenidos  cohesivos de Estado son responsabilidad del presidente y todo el ejecutivo. El MINCUL puede ser muy estratégico en este cometido, pero no lo lidera. Su gran función pública está  vinculada a la universalización de la experiencia cultura, cuyo ejercicio libre – sea uno emisor o receptor – nos enriquece en la toma de conciencia frente a la realidad, y en muchos otros sentidos. Seríamos otro pueblo si todos estuviéramos más familiarizados con estas prácticas.

Pero delimitada la función, vayamos al dilema: cómo hacer accesible y masiva la experiencia cultural en el Perú. Es claro que aquí se está entendiendo cultura como el conjunto de eventos representativos de la realidad, que se diseñan y presentan – o registran y distribuyen – para el disfrute de otros, y no cultura en su concepción antropológica. Al punto: lo primero es mirar y entender nuestra oferta de cultura, pues sobre ella tiene gobierno y capacidad de fomento el MINCUL. Dicha oferta tiene dos grandes componentes: las bellas artes y sus géneros contemporáneos (por ejemplo la pintura, la danza o las expresiones conceptuales callejeras) y las industrias culturales, que demandan tecnología de producción masiva, y por tanto mucho más inversión en la producción (el ejemplo típico es el cine). De hecho, hay muchos productos que pertenecen a ambos dominios, como la música de estudio o la literatura impresa,  porque los límites conceptuales entre ambas categorías son difusos, pero de todas formas, son estos dos terrenos los que delimitan, hasta hoy, la oferta cultural peruana. El problema de este esquema es que está muy lejos de permitir el masificación de la experiencia cultural libre, pues su institucionalidad y sus fuentes de financiamiento se contraponen, tarde o temprano, a la universalización del acceso, a la libertad de contenidos o a ambos.

En el caso de las bellas artes y sus formatos contemporáneos, está en su génesis la tendencia a complejizar el disfrute y la producción del acto cultural, lo que trae como consecuencia la inevitable elitización del circuito. Son siempre ofertas y demandas muy pequeñas las del mercado de la “alta cultura”, y el esfuerzo de hacerlas masivas, de intentar acercarlas al gusto mayoritario, violenta lo que más valoran sus agentes creativos: la no interferencia de terceros en el contenido de la manifestación vivencial, explícita u oculta. De modo que, aunque se contara con los grandes montos públicos que requiere consolidar una oferta de bellas artes (y afines) competitiva en volumen y calidad, ésta nunca sería masiva, muchos menos en un país subdesarrollado donde las prioridades de gasto familiar siempre son otras. Suele haber libertad de contenidos en este componente de la oferta cultural, pues casi siempre sus productos están financiados por quien los inventa, pero esta independencia se restringe cuando – ocasionalmente – se ayuda con el apoyo material del Estado (premios o infraestructura de exhibición), pues en general los gobiernos valoran mucho más la estabilidad política que el derecho a la crítica revulsiva.

Las industrias culturales, por su parte, sí están vinculadas a los grandes públicos, pero no a partir de sus contenidos más progresistas – que suelen ser de culto – sino, en general, por medio de sus creaciones más banales y elusivas. Y dado que los soportes masivos tienden a ser caros, el empresario o dependencia pública que los financia no suele hacerlo “por amor al arte”, sino por objetivos concretos (no siempre visibles), que en el conflicto de intereses se impondrán a la libertad de contenidos. Obviamente, hay matices en toda realidad, pero es difícil discutir que la industria cultural está muy lejos de poder garantizarnos al acceso masivo a la experiencia cultural libre.

Nada de lo anterior significa que la acción cultural vigente no tenga relevancia política. Claro que la tiene, y por eso es necesaria. Además es una matriz instalada en la realidad social y en nuestras mentes, por tanto es legítima. Pero no está llamada protagonizar la universalización de la experiencia cultural en el Perú. La oferta cultural contemporánea, tal como está concebida, tiene muchísimo que aportarle a las élites informadas y activas del país. Es indiscutible que la creación y el consumo del arte amplía la inteligencia de las personas, y que hay obras geniales que provocan profundas movilizaciones internas. Vaya que les sería útil este hábito cultural a nuestros grandes tomadores de decisión en el país – públicos o privados – y a nuestros mejores especialistas. Asimismo, el prestigio internacional de una corriente creativa o de una sensibilidad nacional es fortaleza geopolítica – poder sutil -, como bien lo han sabido los países desarrollados del mundo, que han posicionado a su gremio artístico por medio de buenas y malas lides. El MINCUL debe manejar con equilibrios inteligentes las tensiones propias de nuestro mercado cultural y – aunque estemos a décadas de una situación mínimamente comparable a la que se busca – apuntar al crecimiento y la mejora sistemática de nuestra oferta creativa artística.

Pero el MINCUL también debe tener claro que, para optimizar su gran objetivo de universalizar el derecho a la cultura en el subdesarrollo peruano, debe abrirse a lógicas y contextos distintos a los que hasta hoy han ocupado su principal atención. Espacios donde el mercado, la vocación distintiva (humana, por cierto), y el Estado mismo, tengan mucha menos posibilidad de intervención. Hay que promover, revalorar y hacer costumbre la expresión cultural en la vida cotidiana de la gente, sobre todo en el mundo popular. Pablo Macera, preciso y sistémico como ninguno, decía en 1975 que todo hombre puede y debe hacer cine, pero que antes había que democratizar sus tecnologías, abaratarlas. Fue muy visionario: hoy cualquiera produce videos con su celular, y un poco que cada uno de nosotros va haciendo, en las redes, la película de su vida día tras día. Debemos divulgar la idea de que la expresión cultural representativa es un derecho y una necesidad de todos, y que debemos ejercerla – para beneficio propio – en nuestra vida familiar y nuestros entornos vecinales. Siempre habrá público dispuesto. Todos estamos formados y definidos, en gran parte, por experiencias culturales de representación, porque son propias de la condición humana. Sin esos recuerdos, usualmente familiares, escolares o de barrio, seríamos otros. 

Los peruanos somos, además y desde siempre, un pueblo de músicos y danzantes, porque nuestros antepasados pre-hispánicos, y luego la comunidad afro-peruana, vivían entre cantos y bailes. Esto, como muchas herencias profundas, sigue felizmente en nuestros genes. Miren el futbol y el vóley de nuestras selecciones en sus mejores momentos, con ánimo contemplativo. Seguramente encontrarán música y danza muy particulares, distintos a los que ofrece el rival. Son manifestaciones humanas (insisto en que muy culturales), donde se ve expresada nuestra sensibilidad colectiva, en este caso nacional. Cuando nos conectamos con estos eventos, nos hacemos mejores. Es interesante notar que, bajo esta mirada, el límite entre expresión cultural y deporte es casi inexistente, siempre que éste sea vivido con amplitud mental, orgullo local y ánimo amateur.

Sin duda la propuesta que describo está muy intersecada con los movimientos peruanos y latinoamericanos de cultura viva comunitaria, aunque se concentra más en la democratización de la acción cultural misma que en la divulgación de la filosofía del bien común. No dudo que al final, inevitablemente, se trata de la misma lucha. También es cierto que estamos hablando de un territorio donde lo oral, actoral y lo audiovisual son lo más propicio, pero eso no significa que lo escrito va a dejar de existir en este entorno. Es imposible, encontrará sus causes expresivos y formatos. Muchos dirán que la mayoría de productos culturales de este circuito no tendrán gran sofisticación técnica y acabado. Es cierto, pero eso no significa que estén impedidos de adquirir la pericia básica necesaria para transmitir vivencias y conmover, o que no puedan inventar formatos más manejables. Al final lo más importante es si se transmite – y cuánto – los sentimientos y estados de ánimo.  Piensen en la música, cuya práctica puede complejizarse mucho, pero que también puede ser ejercida por cualquiera. Cantar es memorizar una melodía y una letra, e interpretarla con nuestra experiencia y voz. Percutar está en nuestra naturaleza. Hacer seguido ambas cosas nos puede dar muchas satisfacciones, y si se nos dan algunos secretos basales del oficio, podemos pasar por la experiencia cultural libre en nuestros entornos cercanos, todas las veces que queramos. Tema tras tema hacen repertorio todos los músicos del mundo. Nadie niega que hay instrumentos complicados, pero hoy existen tecnologías que los reemplazan. El asunto es quitarle la alta exigencia técnica al acto cultural, y privilegiar su potencial expresivo y movilizador para poder masificarlo. 

Consolidar un nuevo sentido común cultural y su institucionalidad no es sencillo ni se hace de un día para otro, muchos menos en nuestros países. La primera, y quizá la única gestión de Estado que se ha tomado en serio esta posibilidad, es la de Susana Villarán, que formalizó la política publica de promoción de culturas vivas comunitarias por medio de una normativa consensuada con los interesados  y un presupuesto de volumen significativo. Hay que retomar y reforzar este esfuerzo. Se trata de construir una nueva red de prácticas sociales, lo que se hace con objetivos lógicos, contenidos claros y divulgables, capacidad de desconcentración administrativa, tecnologías e instalaciones adecuadas. Lo último es lo más carente, porque demanda espacios públicos en la ciudad y eso  depende más de la gestión urbana que de la cultural, pero de ningún modo  impide el proyecto. Las tecnologías de transmisión masiva hoy son mucho menos problemáticas, aunque es verdad que la posibilidad digital todavía está lejos de ser universal en el Perú. Pero está el espectro electromagnético de propiedad pública, de donde el MINCUL debería obtener una señal televisiva y radial – bajo un esquema de financiamiento adecuado – para fortalecer su trabajo de gestión de culturas vivas comunitarias, y todo su plan sectorial. 

Debe quedar claro que el MINCUL, y cualquier entidad pública, no tiene por sí sola los brazos necesarios para llegar a la vida cotidiana de la gente, a todos los espacios locales del país. Por eso, además de las direcciones regionales de cultura – que deben ser fortalecidas – sus socios naturales, para este esfuerzo, son los gobiernos locales y los colectivos culturales, porque conviven de la dinámica de los barrios distritales. Otro canal muy importante es la escuela. El MINCUL debe buscar que se modifiquen los contenidos de la actual currícula escolar, en el área denominada Arte y Cultura, cuyas competencias a desarrollar entre los estudiantes son “apreciar de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales” y “crear proyectos desde los lenguajes artísticos”. Es obvio que esto está pensado bajo los parámetros de la oferta cultural vigente, para incentivar a eventuales críticos o profesionales del arte, o para asegurar que los futuros ciudadanos entiendan los códigos de la alta cultura y los aprovechen. El área debe llamarse Expresión Cultural o algo así, y su objetivo debe ser equipar a los alumnos, emotiva, racional y físicamente, para ejercer su derecho a la cultura expresando sus vivencias en sus entornos cercarnos. El espíritu de este espacio docente, incluso su metodología, deben ser definidos por el MINCUL, aunque debe quedar muy claro que cualquier profesor promedio, sin importar su especialidad, puede enseñar muy bien estas materias, si comprende su definición  de acto cultural y le entusiasma el nuevo camino.

Queda por verse nuestro territorio rural, pues es evidente que lo hasta aquí comentado es sólo urbano. En el mundo pre-hispánico, la producción cultural era generalmente funcional, y se daba durante el trabajo agrícola y en ceremonias espirituales, para fines energéticos y de comunicación con la naturaleza. También hubo una tradición de acción cultural cotidiana entre los antiguos peruanos. Según María Rostworowski, abundaban los músicos y los instrumentos de fabricación casera en el incanato, y se solían hacer reuniones en las plazas públicas – entre familias amigas – para rememorar los antepasados con música y chicha de jora. El MINCUL debe ser parte estratégica de una política nacional de regeneración del territorio andino – tema discutido aquí en anteriores columnas -, y debe ser el responsable de recuperar y fortalecer la manera cultural pre-hispánica. Es un objetivo que no sólo agradecerá la patria, sino la especie entera, que busca  urgida las respuestas que el orden capitalista occidental ya no le ofrece.

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Cultura, MINCUL

Ver provocación o rompimiento de protocolo en la histórica chacchada de coca que el premier Bellido practicó en el congreso hace una semana es no conocer o desconsiderar la parte infame de la historia del país. Qué ejercicio de libertad no es rebelde en el ninguneo, qué manifestación cultural alterna no rompe protocolos en la homogeneidad provinciana del occidente más conservador. Ciertamente aquí hay un gesto político, que responde a un contenido que no estuvo en el discurso de pedido de confianza – por razones obvias -, pero que ha sido varias veces manifestado como voluntad de la bancada oficialista: eliminar la erradicación de la hoja de coca como eje central de la política antidrogas.

La criminalización de la hoja de coca, y el compromiso de erradicación que el Estado peruano tiene desde la década de 1960, es otro de los asesinatos culturales que occidente le ha infligido al mundo andino-amazónico, un etnocidio a todas luces. La hoja de coca no es droga y no tendría que estar en la lista de estupefacientes ilegales de la ONU, tampoco lo es la cocaína (uno de sus muchos componentes). Sí lo es el clorohidrato de cocaína, porque es psicoactivo, produce adicción y es nocivo, lo que en ningún escenario puede decirse de la hoja de coca. Pero, además, la cocaína es sólo un insumo en medio de muchos productos químicos que conforman la droga. Para producir un gramo de la droga en polvo se necesita extraer cocaína de 100 kg de hoja de coca. Es decir, en un gramo de clorohidrato de cocaína, menos de una centésima parte es cocaína que proviene de hojas de coca. Sin embargo, a éstas se les persigue, no a los otros insumos. Es algo así como prohibir la uvas para evitar la alcoholización con vino. O proscribir el tabaco – planta maestra también – por la alta letalidad de los cigarros. Y pasa todo lo contrario: se venden con publicidad que advierte el crimen. Obviamente, los campesinos de la selva latinoamericana son un perseguido geopolítico mucho más débil y silenciable que los poderosos empresarios cigarreros del mundo.

La gran desgracia de la hoja de coca, en realidad, fue encontrarse con el desarrollo de la ciencia química en la segunda mitad del siglo XIX. Esta estudió el producto, ubicó a la cocaína y la aíslo, para así poder mezclar el activo natural con elementos sintéticos y vender masivamente sus beneficios. Hubo toda una industria de medicamentos, anestésicos locales, golosinas, licores y afines que aprovecharon las virtudes de la hoja de coca, desde el último cuarto del siglo XIX. El hallazgo clorohidrato de cocaína es hijo disfuncional y destructivo de este momento histórica, que es urbano y propia de la segunda revolución industrial, y ajeno al escenario agrícola donde se cultiva y consume la hoja de coca desde miles de años atrás. Así, en el primer cuarto del siglo XX, cuando ya han confirmado el potencial adictivo y destructivo que podía tener la cocaína con ciertas mezclas, empiezan a prohibirla. Y luego terminan obligándonos al suicidio cultural de la erradicación. No reprimen ni desconocen derechos en su territorio, donde está la gran y mayor demanda, sino aquí, en regiones en las que no se tiene responsabilidad frente a su problema social con las adicciones graves.

Y cuando arriba digo que se comete etnocidio con la erradicación, no soy otra cosa que descriptivo . La hoja de coca es central en nuestro mundo andino desde hace más de 4 mil años, y sigue viva en por lo menos la mitad del territorio peruano y entre 6 millones de sus habitantes. Es parte nuclear de rituales y ceremonias – muchas propias del quehacer agrícola cotidiano – pues abre los sentidos, incentiva la meditación y conecta con la naturaleza, a la que se quiere transmitir mensajes y atender, para reforzar su fertilidad. La hoja de coda también es caja chica y moneda de cambio. Y no sólo es el más grande energético natural y sin contraindicaciones que ha descubierto el mundo, sino que es un gran cohesivo social, y un símbolo de apertura y confianza entre quienes la chacchan juntos. Fumigarla indiscriminadamente no es más que otra mecánica aniquilamiento cultural en su contra, aunque esta vez con un pretexto de seguridad. No es la primera vez que la hoja de coca es perseguida, ya sucedió durante la colonia, cuando el mal salvaje que nos subordinó la vinculó con sus propios miedos y culpas, o lo que llamó demonio. Al final terminó consumiéndola y registrándola como especie botánica, pues la cantidad de beneficios que posee es innegable.

Prácticamente todo el siglo XX ha sido testigo de un silenciamiento de las muchas virtudes que posee la hoja de coca, lo que hace muy favorable su eventual masificación. La planta tiene una enorme variedad de cualidades medicinales, inabarcables en este espacio. Es tranquilizante y ligeramente antidepresiva, es desinflamante y cicratizante, es digestiva, es oxigenante para el cerebro (se piensa más y mejor), es regenerativa para la descalcificación ósea, está vinculada a la longevidad saludable, y la lista es larga. Todo esto sin causar ningún efecto negativo: se puede chacchar toda la cantidad de hoja de coca que se desee, no es una adictiva ni hace daño. Al contrario: el país podría dar un importante salto productivo si se hiciera cotidiano el consumo de hoja de coca, porque cada uno de nosotros mejoraría en todo sentido, y tendría más energía e inteligencia para crear soluciones.

El hecho de que todos estos efectos favorables en términos de salud y calidad de vida no tengan consecuencias adversas, hace que la hoja de coca tenga un enorme potencial industrial, que el Estado debería aprovechar muchos más. En este momento, a través de la empresa pública ENACO (que en teoría es el monopolio estatal para la producción y distribución de la hoja de coca), y de un número recudido de micro y medianas empresas, se industrializan decenas de productos cocaleros en territorio peruano (alimentos, bebidas, dulces, otros), pero estamos muy lejos de optimizar todo el potencial a la mano. Bien promovida, podría conformarse una enorme industria peruana – e incluso pan-andina – de la hoja de coca, la que podría conquistar el mundo y conformar un gran mercado interno. Quién no querría comprar productos que mejoren el bienestar biológico y emotivo. ENACO debería ser empoderada para empadronar a los agricultores y evidenciar donde está la siembra ilícita. Y promover patrones de mercado como empresa pública con posición de dominio, por lo menos hasta que la industria florezca plenamente. No se necesita un monopolio estatal en la producción y la distribución de hoja de coca. Este no sólo es permanentemente burlado por los traficantes de estupefacientes (hay mucho mejores estrategias), sino que impide la libre competencia necesaria para conformar una industria a gran escala.

Industrializar la hoja de coca en el Perú también podría ser una oportunidad para empezar a promover un nuevo patrón de industrialización alimentaria, de fuente pre-hispánica, que necesitará el mundo muy pronto: se produce a escala para masificar la calidad de vida, no para reproducir las enfermedades degenerativas. El negocio procede cuando mejora la condición humana y el hábitat comunitario, no cuando los deteriora. Obviamente los imperios del mundo piensan a la inversa: no quieren que tengamos ventajas comparativas y ni que exportemos valor agregado, no quieren que a los consumidores peruanos lleguen valores vinculados a la alimentación inteligente y sostenible. Ya se ha dicho en este espacio que acumulan a partir de nuestro rezago creciente.

Finalmente, es bastante obvio que la política basada en la erradicación de la hoja de coca no es solución para el narcotráfico. El Estado no tiene capacidad para controlar tan complicadas y hasta inaccesibles zonas de la selva donde se cultiva la hoja de coca. Y ésta – siempre generosa – no es exigente en cuanto a la calidad de tierra donde la hacen brotar, además de no tener plagas destructivas y ofrecer varias cosechas al año a partir de una sola siembra. De ahí que hasta hoy la política de erradicación tenga resultados tan pobres frente al tráfico de drogas ilegales. El Perú lleva seis décadas en este camino, y el narcotráfico ha demostrado muchas veces que está en lo más alto del poder político, en operatividad siamesa con la corrupción. De más está decir que el tráfico de estupefacientes agudiza nuestro subdesarrollo y reduce nuestras muy escasas posibilidades de superarlo. En realidad lo necesita, pues el atraso económico es sinónimo de Estado débil y capturable, que es lo que buscan la mafia y el sicariato para apoderarse de regiones enteras por medio de la violencia y el terror.

No creo que la persecución policial y la represión sean un camino viable para solucionar el problema del narcotráfico, que es el de las adicciones graves si lo miramos desde la demanda. La realidad nos dicen que hay cada vez más cultivos ilegales y que el precio del clorohidrato de cocaína para consumo sigue bajando. Creo que hoy sería mucho más potente una permanente campaña informativa mundial, que transparente todo el conocimiento existente sobre esta droga ilegal (y otras), que solucione miedos innecesarios y estigmatizadores, y que advierta con seriedad académica sobre los peligros. Y si esto es así, el problema del narcotráfico tendría como única y más eficiente salida legalizar la producción y el consumo del estupefaciente. Pero ése es un dilema que deben enfrentar los países más poderosos del mundo, porque sólo ellos están en capacidad de generar el consenso internacional necesario que requieren las políticas antidrogas, y porque son los principales afectados por los problemas de adicción. En cuanto al combate al narcotráfico en nuestro país, al que no tenemos por qué dejar de apoyar, se le debe atacar persiguiendo al resto de los insumos de la cadena productiva del clorohidrato de cocaína y la pasta básica (kerosene, trata de personas, armas, sintéticos intermedios, autoridades políticas, servidores públicos, militares), no a la hoja de coca, que es una planta maestra de grandes capacidades energéticas, y que es central en la cosmovisión y el orden social de la cultura andina.

Como siempre, las causas que explican el abuso histórico se mezclan y confunden. Hay mucho de desconocimiento y eurocentrismo aquí, sobre todo entre las autoridades y las élites, pero sin duda gran parte del asunto tiene que ver con las bases militares que el Estado norteamericano posee en las zonas cocaleras peruanas, donde accede a los recursos mundialmente estratégicos que están en nuestra Amazonía (agua, maderas, diversidad e inmensidad genética, conocimientos ancestrales), lo que le da capacidad para construir control geopolítico sobre ellos, a futuro. Todo bajo el pretexto de la ineficiente, y culturalmente criminal, política de erradicación de la hoja de coca. No es excesivo sospechar que el interés yanqui está en dejar que las cosas sigan como hasta hoy en todos sus extremos, se sabe que el Estado norteamericano está penetrado por el narcotráfico. Y tampoco es desproporcionado decir que la chacchada de Guido Bellido en el congreso no fue beligerante, sino justiciera, desarrollista y nacionalista.

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Guido bellido, Hoja de coca

Hace dos o tres crisis (ya no pasan los días en el Perú del golpismo empresarial y sus medios), se cuestionó duramente la decisión del actual gabinete de reducirse el sueldo ministerial a la mitad. Todos los argumentos respondieron a criterios de reforma administrativa pro-eficiencia, cuando se trataba de un gesto político para manifestar que la autoridad debe ser “del pueblo”, así le nace trabajar “para el pueblo” y “por el pueblo”. Ser “del pueblo” también pasa por convivir lo más cerca posible con las mayorías, con el 99% de peruanos que gana por debajo de los 15,000 soles que recibirían ahora los ministros, y con el 75% que percibe menos del sueldo mínimo. Lo cierto es que esta decisión, de concretarse, no afectaría los sueldos de los altos cargos administrativos y de las cabezas de los organismos autónomos, porque son asuntos que van por cuerdas separadas desde que, en el 2010, el entonces contralor Fuad Khoury se colocó una remuneración que doblaba al del presidente de entonces, sin que nadie pudiera hacerlo recular. Con esto, abrió la puerta para violentar una norma que tenía vida desde el 2004, y que llevaba la rúbrica congresal del finado Henry Pease, a quien el suscrito escuchó decir, hacia el 2009, que seguía convencido de que el presidente debe ser el cargo mejor pagado de todo el aparato estatal peruano. Complejo tema, pero la postura no tiene nada de absurda.

Pero incluso si la decisión política y voluntaria de los actuales ministros implicara reducir los salarios de los altos gerentes públicos, esto no significaría un daño a la eficiencia estatal, y menos como consecuencia de una ola de renuncias irreemplazables. Los pocos funcionarios (décimas porcentuales) que ganan más de 25,000 soles al mes en el Estado peruano, no están ahí por mérito, sino porque logran acceder a las redes que usufructúan dicha posibilidad bajos sistemas rotativos. No hay aquí evaluaciones de acceso y concurso, salvo mínimos aparentes: todos son cargos de confianza en la práctica. Algo parecido sucede con los que ganan alrededor de 15,000 soles al mes. Están más sometidos a todo el esquema formal de concursos públicos para el acceso, pero eso no significa que prime el mérito en sus procesos. Al contrario: en nuestra burocracia pública se manejan continuamente los concursos para asegurar a las personas deseadas en las plazas. Y es un mito lo de la fuga de talentos frente a la racionalización salarial. Esta red laboral del Estado peruano “se las arregla” como todos, y es de moral bastante laxa, así que no va dejar de recibir los ingresos dorados que percibe, así se los recorten. Si hubo renuncias entre los altos cargos cuando alguna vez se han reducido sueldos, éstas fueron muy excepcionales. No son empleados particularmente atractivos, para el sector privado, los organizadores y cabilderos del aparato público, mucho menos con esas pretensiones salariales. Esto no significa que no haya eventos y espacios de eficiencia entre estas redes, pero sí que éstos, cuando aparecen, no son producto de sueldos altos y mérito, sino de filtros que definen las propias argollas tecnocráticas.

¿Tiene relevancia un buen nivel salarial en la eficiencia administrativa? Es obvio que sí, y mucha, pero no en cualquier contexto organizacional. Para que haya mejoras de volumen relevante en cuanto al desempeño de los servidores públicos, es necesario tomar decisiones bajo mirada sistémica, lo que implica intentar ubicar la dinámica generativa de la productividad y la vocación de mejora entre los empleados públicos. Debe saberse, en principio, que no tenemos los insumos necesarios para aspirar a un Estado superlativamente eficiente en el comparativo, porque nuestros gremios profesionales y culturas corporativas son los propios de un país subdesarrollado. Y también que la capacitación en protocolos de planeamiento y habilidades blandas de gestión no tiene efectos en una burocracia que carece de masa profesional lo suficientemente amplia y competitiva. La formación necesaria para los servidores públicos está en las buenas universidades que apenas tenemos, en cualquiera de sus carreras y caminos de postgrado. Su compromiso final con el país depende, como en cualquiera, de cuestiones emocionales vinculadas a sus contextos coyunturales e históricos, no de lo que escucha en charlas y cursillos.

El nervio de la reforma para la eficiencia administrativa está, en realidad, en el tratamiento organizacional que se le da al empleado, lo que es una mezcla de orden regulatorio funcional a la mejora (sistema de incentivos y sanciones dirigido a mejorar la eficiencia) y entorno colectivo adecuado. El gran objetivo reformista, por tanto, es lograr que el gestor público trabaje relativamente cómodo, y que le “convenga” mejorar permanentemente. Bajo esta perspectiva, las reformas aplicadas al sector público peruano han sido de dos tipos: los intentos de conformar servicios civiles de carrera a través de leyes de empleo público, y los esfuerzos de modernización del sistema administrativo estatal. El primero grupo lo conforman las tres leyes de servicio civil de carrera de nuestra historia: la de 1950, la de 1984 y la última del 2014. La intención de cada una de estas iniciativas fue crear un cuerpo estable de servidores (bajo contratos a plazo indeterminado), e instaurar el mérito profesional en el ingreso y en los ascensos, dentro una carrera de rutas y puestos pre-establecidos. Ninguna de estas experiencias ha traído buenos resultados en términos de eficiencia. La tendencia a la formación de camarillas, producto de ser un sistema laboral donde los trabajadores pasan varias décadas conviviendo, rompe con la neutralidad y seriedad de las evaluaciones para los ascensos, por lo que el esquema tiene poca capacidad de sanción y de incentivo. También la naturaleza de las labores del gestor público conspira aquí: ellos no producen bienes, sino que organizan y regulan, lo que es muy complicado de medir para calificar. Y, finalmente, el acceso por concurso de méritos para la carrera pública siempre ha sido vulnerado, además de haber estado supeditado a las necesidades del gobierno de turno. No hay tecnología capaz de impedir esto al 100%, como todos los servidores saben.

Los resultados más tangibles de este tipo de esfuerzos reformistas se observan en aquellos empleados del Estado peruano que pertenecen al DL 276, de 1984: están estancados salarial y formativamente. Y aunque es verdad que suelen ser marginados de las actividades más interesantes y estratégicas de sus oficinas, y utilizados de chivo expiatorio para explicar las malas gestiones que abundan, no se puede negar que se han vuelto el grupo menos competitivo del sector público peruano. Mientras tanto, la reforma del 2104 – que tiene un diseño lógico pero insuficiente a nivel de directivos – no ha logrado pasar de la preparación de insumos previos para la implementación de fondo, porque sus argumentos técnicos (los de un servicio civil de carrera clásico), no logran convencer al MEF o a los presidentes, quienes deciden la entrega del muy alto presupuesto anual que necesita la implementación de la Ley SERVIR. Tampoco la ciudadanía se va poner de su lado, y no porque el tema sea técnico, sino porque no son capaces de prometer nada tangible – en términos de eficiencia – a cambio del mucho gasto público anual que piden para poner en marcha el modelo. Lo que sí obtuvieron, hace algunos años, fue el reconocimiento de una agencia internacional calificadora de riesgos, de ésas que nos amedrentan y chantajean para que hagamos lo que mandan los empresarios del primer mundo.

Con respecto al segundo de tipo de reformas, que llamo esfuerzos de modernización administrativa, me detengo en lo iniciado en el 2000, por razones de espacio y porque es un tiempo muy representativo de esta agenda. Desde el cambio de milenio hasta hoy, se ha intentado introducir – en todo el aparato público – el planeamiento estratégico y la gestión de los recursos humanos (vía CEPLAN y SERVIR desde el 2008) y la gestión con medición de resultados e incentivos a la mejora (vía PCM desde los noventa). Este último dialoga y se complementa con el programa de Presupuesto por Resultados del MEF, que condiciona la entrega de financiamiento público anual, a las entidades, al logro de sus objetivos oficiales en el periodo previo. Así, los esfuerzos de la PCM y el MEF son parte de un solo esquema teórico de gerencia e incentivos llamado gestión por resultados, que como su nombre lo indica, busca que los salarios, la entrega de presupuestos y la permanencia en los puestos dependan de los desempeños de los empleados públicos. A mejores rendimientos, más y cada vez mayores premios. De lo contrario, proceden costos de algún tipo. Este modelo es potencialmente muy eficaz, pero también muy polémico: tiende a pagar muy bien a los servidores, pero considera que los contratos de plazo indeterminado desincentivan la eficiencia. Es decir, su filosofía organizacional colisiona con el espíritu de los derechos laborales clásicos, porque rompe con la permanencia indefinida en los puestos, lo que facilita el abuso del superior al subordinado que quiere mantener su trabajo.

Todas estas rutas modernizadoras se estrellan contra la realidad profesional de la administración pública peruana (brechas salariales, alta inestabilidad y precariedad laboral), y por eso sus avances son discretos, en cantidad cuando el esfuerzo es medible, pero sobre todo en calidad. Sólo el Presupuesto por Resultados del MEF tiene posibilidades de aportar, aunque lentamente y sin capacidad ser relevante en las áreas de línea y asesoría del ejecutivo central y regional, que es donde están los principales responsables de toda burocracia nacional. Es justo en esas áreas, donde se diseña y organiza a un nivel macro – y por tanto se demanda excelencia profesional – donde es imposible cuantificar lo suficiente los resultados laborales, de tal forma que sea factible evaluar, condicionar e incentivar a los servidores en base a su desempeño. En las otras dos rutas (recursos humanos de SERVIR y planeamiento de CEPLAN), el trabajo pareciera tener como premisa que la forma de mejorar el desempeño de los servidores es explicándoles la visión de la reforma y los valores que ésta busca, así como facilitándoles algunos esquemas de sentido común para su implementación, sin contemplar la adversidad de los contextos.

Mi impresión es que, dada la precariedad del Estado peruano y la realidad de su empleo público, los disparadores de eficiencia más potentes, efectivos y factibles (a la mano y fáciles de aplicar) son la temporalidad de los contratos y los salarios. Todas las demás variables, de cualquiera de los dos modelos descritos (leyes de servicios civiles o modernizaciones administrativas), son imposibles o muy difíciles de implementar a nivel nacional, y de ahí que sus resultados sean intrascendentes hasta hoy. Estoy convencido de que si estos dos elementos son combinados en adecuado equilibrio, se pueden obtener muy interesantes resultados. La idea sería introducir, entre todos los servidores públicos que la legalidad permita, un sistema de empleo cuyos contratos duren dos años, renovable hasta en 5 ocasiones (seguidas o no) por un lapso de máximo 20 años. Sumado a periodos de prueba muy exigentes, salarios lo más altos posible (de élite en el contexto peruano), y seguros de desempleo por unos meses, para las salidas o salida final del servicio civil. Los números aquí sólo sirven para representar una lógica, debe ser definidos técnicamente. El punto, como se verá líneas adelante, es que esto reconocería derechos laborales a quienes hoy no los tienen y, al mismo tiempo, elevaría el atractivo del empleo público, lo que produciría mayores esfuerzos de desempeño entre los gestores públicos, tanto para el acceso como para la permanencia en el puesto.

Es de suyo, dada su procedencia teórica, que mi propuesta sea polémica en términos de derechos laborales. Pero antes de intentar razonar sobre sus puntos álgidos, prefiero detenerme en su factibilidad: qué volumen de servidores consideraría atractivo el esquema aquí planteado. Para aproximarnos a una respuesta, debemos detenernos unos minutos – ya termino, paciencia – en los niveles salariales y la temporalidad de los contratos laborales del sector público peruano. Según SERVIR, en el 2014, y fuera de las carreras especiales del Estado, sólo el 62% de los empleados públicos tenía contrato indeterminado: un 36% pertenecía al arriba mencionado régimen del DL 276, cuyo promedio salarial es de más o menos de 1000 soles (inflado con pagos no salariales que no cuentan como referencia jubilatoria), y un 26% pertenece al régimen laboral del sector privado (DL 728), lo que es propio de sólo algunas dependencias del Estado, cuyos salarios se mueven entre 15,000 y 5,000 soles. El resto de servidores (38%) estaba sujeto a contratos que duran, en promedio, entre uno y tres meses, bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Hoy deben ser el 50% o más de nuestros burócratas, y sus topes salariales son de 3,300 y 12,900 soles, aunque la gran mayoría no pasa de 4,000 soles en la práctica. Este sector de la burocracia peruana, los CAS, estarían encantados de acceder al nuevo sistema de empleo y de honrarlo, lo que dependería, únicamente, de modificar el DL 1057, o Ley CAS, en lo relativo a la temporalidad de los contratos. Luego hay que sumar un novedoso seguro de desempleo, el que debe pensarse y diseñarse con la serenidad del caso, pero debe ser parte del paquete.

Es claro que, en cualquier reforma del servicio civil peruano que se intente, no se puede perjudicar a los empleados públicos que poseen un contrato de plazo abierto. Ese derecho está ganado, y no hay forma de quebrarlo ni es justo. Deben jubilarse en sus instituciones con las actuales reglas de contrato, además ser reconsiderados y repotenciados a la brevedad en el caso del DL 276. Pero la idea, en el largo plazo, es que la propuesta aquí esbozada sea la norma general del empleo público peruano, cuya fisonomía sería la de un exigentísimo, rotativo y prestigioso espacio laboral, donde trabajar unos años beneficiaría mucho a cualquier profesional peruano, además de convertirlo en un ejemplar ciudadano a ojos de la comunidad y el mercado, donde tendrían que ser competitivos porque la administración pública sería, ahora, sólo una etapa en la vida profesional de sus gestores.

Como indico arriba, el modelo de reforma es polémico y pisa territorios políticamente minados. Pero la verdad es que en cada uno de sus flancos está encima, y por varias cabezas, de la realidad actual, y a mucha distancia en cuanto a perspectivas de mejora. El primer punto crítico es su alejamiento de los contratos indeterminados, que es la situación ideal de justicia laboral, aunque su escenario presupuestal habitual es el de las economías avanzadas. ¿Estamos en situación de pagar el costo anual de una reforma bajo el sistema de indeterminación laboral sin tener seguridad sobre resultados en relación a la eficiencia administrativa? Me parece que no. Y por eso planteo un esquema heterodoxo, que no desconoce derechos (al contrario, los agrega en el caso de los CAS), pero hace mutar el esquema contractual arquetípico de nuestro derecho laboral, en nombre de otra razón de Estado que también tiene peso propio, como es la capacidad de gestión del sector público, centro gravitante de cualquier modelo de desarrollo que tengamos en mente. Un segundo temor razonable reside en el hecho de que, en este modelo, el servidor queda sujeto a la arbitrariedad de su jefe frente a las renovaciones de contratos, y que cada dos años puede ser reemplazado por profesionales mediocres procedentes del partido oficialista. Lo primero es cierto: el implícito sistema de evaluación del esquema es bianual, y puede determinar el fin de labores de modo razonable o abusivo. Lo segundo no lo es tanto, por varias razones: un jefe vigilado, sujeto a contratos bianuales, no querrá sacrificar así nomás a un buen empleado por otro mediocre. Lo más probable es que quiera asegurar un reemplazo de su confianza, pero a la altura necesaria de calidad. Como estos perfiles no abundan entre los gestores peruanos, y el nuevo sistema salarial atraería a profesionales competitivos, los empleadores, cuando deban dirimir en sus concursos de selección, buscarán formas de equilibrar sus compromisos políticos y gremiales con sus responsabilidades técnicas y de gobierno. Nuevamente, debemos mirar lo que tenemos hoy en el sector público, y lo que tendríamos con la implementación de esta ruta: sería de una importante inyección de competitividad y eficiencia. Y sobre ello, sí podría ser útil e interesante trabajar las variables de planeamiento y buen entorno, porque lo central del sistema de incentivos, lo salarial y un grado razonable de estabilidad y protección, estás asegurados.

Si alguien tiene una propuesta superior en lógica a la aquí descrita, para inyectar eficiencia al sector público peruano en el corto-mediano plazo, que la plantee y abra la debate. Al suscrito le cuesta mucho imaginarlo. No debe olvidarse que el Estado es el agente más estable y poderoso de la convivencia legal – nunca deja de recibir fondos, de penetrar el territorio y de acumular experiencia – y por ello es uno de los pocos insumos con los que cuenta un país subdesarrollado para superar su rezago. Tenemos que hacer grandes esfuerzos de creatividad funcional y flexibilidad valorativa en este terreno, porque no estamos para desperdiciar ninguna posibilidad de acortar nuestras históricas e inmensas brechas de desarrollo.

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Empresa, SERVIR

Cuando Pedro Francke asumió la cartera del MEF el sábado pasado, no sólo apostó por las causas justas con la astucia y velocidad que corresponden, sino que juramentó en compromiso con el Buen Vivir. No es un detalle menor para quienes buscan cambios profundos, y da pie a una urgente conversación que el gobierno nos debe, sobre la filosofía económica que ofrece a los peruanos: ¿cuál es la utopía que ahora perseguimos y a través de qué medios queremos llegar a ella? ¿Cuáles son los nuevos valores que nos llevarán al desarrollo en las próximas décadas? Lo tendrá muy fácil el golpismo empresarial y sus militantes si no se ofrecen enunciados sólidos que justifiquen las decisiones siempre polémicas que tomará este gobierno. No hay, además, transformación posible si el sentido común capitalista y eurocéntrico no empieza a ceder su lugar a una conciencia más progresista.

Es claro que tenemos elementos para abrir esta imprescindible reflexión pública. El fracaso del capitalismo subdesarrollado y subordinado por el que apostamos hace 200 años está a la vista de todos: 80% o más de precariedad degradante y unos cuantos miles de millonarios (este orden viene desde 1535), rezago exponencial y degenerativo frente a las economías desarrolladas, tendencia cíclica a las crisis sistémicas, Estado estructuralmente incapacitado y centralista, insalubridad masiva, exclusividad para la buena educación y los servicios básicos, fragmentación social y territorial con alta conflictividad, depredación de nuestra riqueza natural, y la lista puede ser interminable si nos ponemos exhaustivos. Como se ve, sobra material para evidenciar en plazas y medios el fracaso del modelo económico liberal, y para advertir que su real objetivo fue siempre garantizar la acumulación millonaria de las potencias occidentales y nuestras élites corruptas, no el progreso de todos. A partir de esta realidad, que debería ser sublevante, hay que empezar la tarea de promover una convincente narrativa económica, porque es condición necesaria para que la presidencia de Pedro Castillo no sea sólo señal bicentenaria, sino energía inicial de verdadero cambio.

Los peruanos deben saber – sería ideal que por medio de su presidente  – que más que una reactivación (con importantes límites sistémicos en nuestro modelo), se está intentando desactivar un proyecto de subordinación económica que lleva siglos, y que es inviable en el Perú y en el mundo – incluso si no fuera tan corrupto y criminal -, porque promueve una cultura de ilimitado individualismo competitivo, lo que imposibilita todo acuerdo colectivo de responsabilidades, insumo ineludible para el inicio de cualquier apuesta material. El liberalismo económico tiende inconteniblemente a la gran concentración de riqueza, lo que está en frontal contradicción con el libre mercado que nos recomiendan sus pocos favorecidos. La regulación es un mito en los países pobres, que son la mayoría del planeta. Que va a presionar el Estado peruano a uno de sus conglomerados empresariales, si son dueños de bancos, proyectos mineros, universidades, negocios alimentarios masivos, farmacias, medios de comunicación, inmobiliarias y otros. ¿Cómo una autoridad de gobierno va a ser capaz de regular a los grupos peruano-extranjeros que financian ilegalmente sus campañas políticas, mientras aprovechan la ocasión para lavar millones exorbitantes? Más bien se asocian con ellos para delinquir, como todos sabemos. Obviamente, bajo este orden económico la democracia no es más que un derecho al pataleo con ritual de sufragio, y una institucionalidad pública permanentemente vulnerada por el gran capital, acostumbrado a decidir las políticas económicas gane o pierda elecciones.

También es necesario explicar a los peruanos, sobre todo a sus élites urbanas más informadas, que la globalización por sí sola no nos conviene, porque nos sujeta – con préstamos, chantaje diplomático y corrupción – a un orden primario-exportador que concentra riqueza para una pocos y eleva precariedades mayoritarias, además de ser altamente turbulento debido a su dependencia de la bonanza exterior. No hay país que haya salido adelante con esta receta. Ni los avanzados, que han hecho sustitución de importaciones y fomento para asegurar que sus empresarios evolucionen y puedan penetrar el mundo con productos de calidad superior, ni los rezagados, que no tienen futuro en un sistema gobernado por corporaciones mafiosas que imponen una división internacional del trabajo que nos subdesarrolla. Qué ganamos en este bloque de imperios transnacionales y gobernantes tele-dirigidos, que además de explotarnos degeneran nuestras economías para alimentar su voracidad acumulativa.

Frente a ello, y si efectivamente el Buen Vivir o Sumac Kawsay es la principal fuente del pensamiento económico del actual gobierno, tendría que empezar a informarse que la nueva premisa para las decisiones económicas y geopolíticas a tomar es la reciprocidad, entre seres vivos y con la naturaleza. Esto es entender que todos tenemos intereses personales y ánimo de preminencia, pero eso no puede pulverizar lo que es indispensable: nuestra necesidad física y emocional del otro, y del contexto físico-natural que nos garantiza la vida. Estamos ante una mirada donde no cabe la individualidad que acumula indefinidamente para excluir o excluirse, porque eso lleva al abuso por parte de los beneficiados, y deteriora la cultura del dar y recibir – deber y derecho, libertad y sujeción-, que es la mecánica conectiva de las redes de convivencia de las que dependemos. Es innegable que este esquema tolera sólo un máximo de diferencia socio-económica – de riqueza y de carencias -, pero está muy lejos de ser la caricatura de uniformizar y adocenar a todo el mundo desde un centro vertical, y de la desinteligencia de eliminar el mérito como principal asignador de recursos en mercados realmente libres. Y está más distante, todavía, de la expropiación compulsiva e irresponsable. Se trata, más bien, de incluir a todos en una red colectiva que nos garantice los mínimos materiales, y de lograr que la energía del emprendimiento y la competitividad no sólo nazca del utilitarismo (que quiere recibir mucho y no dar proporcionalmente), sino también del compromiso racional con el colectivo y el equilibrio ecológico, y de la búsqueda espiritual de cada ser humano. La felicidad no es un consumo exclusivo ni una explosión permanente, es una paz interior que nace de la certidumbre con respecto a la calidad de vida, de la comunión con el entorno y de la sabiduría.

Es éste el pensamiento que da soporte lógico a políticas de re-equilibrio sistémico como el impuesto a la riqueza o la limitación al volumen de las herencias, que pueden ser descartadas en algunos contextos por su dificultad operativa, pero no por su lógica progresista, que es la de reducir (y a la larga desaparecer) las grandes concentraciones de dinero o capital que perturban el orden recíproco y sostenible; es decir, el bienestar general. También es parte de esta trama la transformación de la estructura productiva del país, por medio de políticas que contribuyan a escapar de la exportación de materia prima y a industrializarnos – así se empiece con bajos niveles de productividad -, para que se produzca con cada vez más valor agregado en el territorio y, como consecuencia de ello, se eleve el empleo de calidad, que no llega a más del 15% de la población. Es la única forma de lograr simetría económica e inclusión general.  Los sonoros programas sociales del MIDIS y otros sectores, que no cuentan siquiera con capacidad logística para realizar focalizaciones prolijas, no pasan de ser un apoyo puntual en la pobreza insuperable. Un estado de bienestar sería otro camino serio a considerar, pero no tenemos condiciones para ello, por incapacidad administrativa en el sector público y por falta de tributación debido al pobrísimo nivel de productividad del 95% de nuestras unidades productivas, que son micro-empresariales y están impedidas de mejorar bajo las condiciones del modelo vigente; que por cierto las originó y las reproduce.

La nueva política industrial tendría que reforzarse con otras medidas también nucleares, porque todo debe contribuir al nuevo tejido socio-económico que pretende el Buen Vivir. Por ejemplo, que la función del BCR no sólo sea de control de la estabilidad macro-económica, sino también de expansión del empleo, porque sino se apoya sólo a los grandes inversionistas y se olvida al resto, a quienes también se debe gobierno económico, y acaso mucho más. No es verdad que esto traería descalabros inflacionarios, eso depende de la habilidad que se tenga para tomar medidas oportunas y prudentes. En ese mismo camino, el BCR debería ser el primer promotor de la banca de fomento para créditos baratos dirigidos a pequeños productores, lo que fue recomendado por los expertos internacionales que la crearon en el primer cuarto del siglo XX. Hoy sucede al revés, cuál orden colonial: el BCR es aliado de los grandes bancos de nuestro oligopolio crediticio – asociados a los grandes conglomerados que dominan el país – , y de las AFP, que no han hecho otra cosa que estafarnos constitucionalmente y hacernos mucho más lejana la posibilidad de tener un buen sistema jubilatorio universal. Entre ellos hacen circular los millones que ganan a costa nuestra, para sus expansiones y salvatajes. Al 90% del país, y me quedo corto con la cifra, jamás le dan créditos para sus negocios, más bien los exprimen a cambio de servicios administrativos de los que casi no puede escapar. También la minería, que hoy vuelve a tener utilidades altísimas y fuera de todo contexto previo, debe ser conminada e incentivada a invertir en sectores de mayor valor agregado, o a promoverlo con sus ingresos. Sí se acepta su muy importante inversión, pero sólo si ésta nos potencia en cantidad y calidad económica. No valen el precio de sacrificar nuestro desarrollo, tenemos con qué abastecernos sin ellos. Y en cuanto a los necesarios saltos de productividad por parte de nuestra muy precaria micro-empresarialidad, debemos empezar por promover – inocular – la cultura del cooperativismo emprendedor, increíblemente olvidada en nuestro subdesarrollo.

Como puede suponerse, el Buen Vivir entiende que no hay mejor camino para asegurarnos calidad de vida, sostenibilidad y competitividad mundial – sin degradarnos – que la agricultura. Pero no la del monocultivo en grandes concentraciones de territorio, que tiene los problemas macro-económicos intrínsecos a la exportación de materias primas, sino aquella que está en nuestras comunidades rurales, cuya mega-diversidad puede, por ejemplo, alimentarnos y optimizarnos nutricionalmente sin recurrir a la importación. A esa agricultura es a la que se debe apuntalar y dar valor agregado culturalmente funcional, porque esa actividad es la que nos garantizará el futuro, y porque ahí están el agua y los alimentos que pronto necesitará el mundo. Las ciudades colapsarán y  serán abandonadas, empezando por las grandes metrópolis. El futuro será ruralista y federativo, o no será.

A todo este derrotero progresista se oponen las grandes economías extranjeras que invierten aquí (corporaciones y Estados, juntos), en alianza con los conglomerados locales. Se aferran al modelo primario-exportador que los tiene de rentistas millonarios hace siglos, a costa de generaciones enteras que padecen el subdesarrollo. No ganamos nada en bloques internacionales que defienden este orden, opuesto al modelo de desarrollo que nos conviene. Son nuestros vecinos pan-andinos, Ecuador y Bolivia, los socios históricos y naturales con que contamos, así como todo pueblo que decida escapar de la tiranía del capitalismo global – y de su velo consumista liberal – para plegarse al Buen Vivir regional y mundial. Con dichos vecinos sí podríamos tener las relaciones internacionales recíprocas que nuestra dignidad merece, con acuerdos de mutuo progreso. Por eso, el ideal de una economía latinoamericana para el desarrollo sostenible de nuestras naciones es uno de los sueños más caros del progresismo pachamámico.

No se llega fácil al equilibrio estable de este desarrollo, menos tras 200 años de fracaso económico y estafa social, en gran parte explicados por la herencia y las terribles consecuencias del periodo virreinal. Hay una brecha económica inmanejable que nos separa de las grandes potencias, además de circunstancias históricas radicalmente distintas: colonizaron y desde entonces han optimizado los varios siglos de riqueza explotadora que tuvieron. Luego han seguido implementando políticas de similar finalidad, aunque más discretas. El Buen Vivir no aspira a esa realidad económica, pues como se sabe está en crisis mundial y aquí nunca ha dejado nada, pero sí necesitamos un nivel de productividad que nos permita el volumen y la calidad suficiente de bienes para lograr calidad de vida en el modelo. Y resulta que también estamos muy lejos de ese grado de competitividad, a décadas de trabajo organizado. De ahí que la única opción realista para transitar el largo trote pendiente es apelar, nuevamente, a la reciprocidad, sumada a una buena relación con la austeridad (googleen Gandhi y su sociedad del bien de todos), hasta que se puedan alcanzar los niveles productivos buscado. En ese lapso, lo único que debería llevarnos a sacrificar autonomía económica es que no se puedan solventar los pocos derechos sociales que el Estado garantiza hoy (a ellos se le debería sumar una pensión universal mínima, que cabe en el presupuesto). Sólo en ese desequilibrio habría que retroceder y calibrar de nuevo nuestra relación económica con el mundo – hacer un poco de lo que ellos quieren -, pero nunca cambiando la premisa de reciprocidad y sostenibilidad que nos guía. Es lo que intenta la Bolivia que fundó Evo Morales, por poner un ejemplo cercano.

Por último, y para cerrar este texto que no busca sino despertares, es muy importante que el Buen Vivir peruano sea un verdadero progresismo pachamámico, y no un conservadurismo milenario. Una prédica consecuente con el naturalismo contingente y la espiritualidad inclusiva de su fuente ancestral, y por eso abierto a la diversidad y al aprendizaje de lo conveniente. Una sabiduría de gobierno que se abre completamente a la participación ciudadana para optimizar el empinado camino de regeneración económica que tenemos por delante. Un discurso consciente de que el mercado es una dinámica estructural en el orden social – fuente de progreso cuando es verdaderamente libre -, y sensible al hecho innegable de nuestra occidentalidad republicana, cuya emocionalidad ha interiorizado las libertades civiles y las instituciones democráticas de fuente europea, así sea de grado según geografía.

Se dice fácil y estamos lejos, no se debe mentir al respecto. Pero no tenemos otro camino para perseguir las causas justas y el bienestar general, y para construir un país donde la libertad y la igualdad operen en equilibrio virtuoso. Sin duda estamos avanzando – más allá de lo que pueda pasar con el gobierno actual – pero el tejido inicial sólo se hará consistente cuando su sentido común y sus sueños de progreso empiecen a instalarse en las cabezas de más peruanos.

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Aunque suele ser uno de los lugares comunes más eficientes para esconder la desinformación y el prejuicio hasta racista, es falso que considerar al mundo rural peruano como el futuro del país sea idealización o condescendencia culposa. Es más bien mirar la acción política con lógica, pero desde la amplitud y la multidisciplina. No es cualquier circunstancia ser cuna de civilización junto a otros seis entornos del mundo. El mérito no está en la antigüedad ni en la exclusividad, sino en la capacidad colectiva de crear una solución material y tecnológica sostenible frente al desafío de asentarse en una geografía para dejar atrás la tribu, el nomadismo y la endogamia.

Lo llamo genio civilizatorio andino, e implica una epistemología y una filosofía moral que deben mirarse más a menudo, para así calibrar mejor su vigencia y su grandísimo potencial de aportes. Para el peruano pre-colonial, la naturaleza es una totalidad sistémica viviente, diversa, dinámica, sapiente, volitiva y comunicativa, por lo que se manifiesta con frecuencia, aunque sin mostrar nunca su total e inimaginable inmensidad. Lo hace, por ejemplo, a través de plantas que pueden retirarse ante la vehemencia humana, activar nuestros sentidos al tomarlas o curar pendientes emocionales específicos con la empatía de una terapia conversacional; y de animales capaces de transferir poderes o fuerzas vitales internas. Por medio de fenómenos de escala astronómica que buscan conservar los equilibrios convenientes en medio de la mutancia general de las cosas, o de familiares cuya presencia física ha prescrito pero no han muerto, sino que sus espíritus reposan en una dimensión desde donde se comunican – para protegernos – vía energías que se expanden en ceremonias colectivas. El hombre es parte natural de este concurrente e inclusivo equilibrio, por tanto ni excluye ni pretende andar solo por la vida, porque esto sería contraproducente para su salud emocional – que requiere de  calor comunitario – y para el óptimo ejercicio de sus responsabilidades cósmicas con la especie, la comunidad y la familia. Por la misma razón, tampoco descuidará su propio equilibrio biológico saludable. Y mucho menos querrá dominar y deteriorar el soporte natural que le provee agua, alimentos, sabiduría y vida, sino que buscará resguardar y optimizar su sostenibilidad. Son ciudadanos de la madre tierra.

Esta realidad así concebida, que no es literatura garcimarquezana y puede perfectamente corroborarse, lleva a un entendimiento del evento cognitivo muy opuesto al del canon occidental, que ciertamente es cada vez menos hegemónico, a partir del arribo de corrientes como las teorías de los sistemas complejos, la física cuántica u otros, que han abierto la puerta a todo una nueva concepción del acto de conocer. La filosofía andina dialoga y coincide con esta vanguardia epistemológica, aunque sus convicciones no proceden de la abstracción racional y la aproximación estratégica del científico, sino de la experiencia cósmica cotidiana. Así, si la naturaleza es una morada cuya inmensidad supera nuestra razón y sólo se presenta parcialmente, entonces no hay posibilidad de verdades finales – todo es subjetivo y contingente entre nosotros – y, por lo tanto, no cabe la exclusión definitiva de ninguna perspectiva o persona: más bien se debe buscar lo contrario en casi todo momento, porque enriquece la posibilidad de soluciones. Y dado que la realidad física natural es un equilibrio de diversidades que se debe proteger, el invento técnico siempre será poco intrusivo frente al ambiente intervenido, y la salida para el daño disfuncional siempre será un reequilibrio paciente y progresivo de todas las fuerzas, una regeneración. Y en el extremo necesario, las secesiones y abstenciones serán empáticas con todas las partes implicadas, humanas o no. Finalmente, no hay hacedores y pensadores en la comunidad, todos son ambos, bajo la premisa de que es más fecundo buscar equilibrios que incluyan a la totalidad de actores con poderes relativamente similares, y de que nadie quiere ejercer derechos de autor para diferenciarse y quebrar la divulgación recíproca de los hallazgos técnicos. El exceso de saber, sin hacer o ser, hace daño en la filosofía pre-hispánica.

Estamos ante grandes planificadores, guardianes e innovadores de la diversidad natural, y en muchísimos contextos de extrema adversidad (por algo controlan las alturas del país que hasta hoy nadie conquista). Hay todo un increíble acervo de conocimientos y tecnologías capaz de derrotar a nuestro endémico subdesarrollo, porque han sido cientos de generaciones las que han vivido bajo esta cosmovisión y con este espíritu de creatividad colectiva, y porque el genio civilizatorio andino tuvo un altísimo y sofisticado conocimiento de la realidad físico-natural y sus energías, desde sus núcleos más elementales e imperceptibles (niveles cuánticos) hasta su dinámica astral. Con esos contenidos y esa cultura productiva, se construyen grandes reinos naturalistas y soluciones tecnológicas. Paso a mostrar sólo una parte de tres de sus principales dominios civilizatorios, que casualmente hoy son críticos en el Perú y en el mundo: el  agua, la alimentación y la salud.

En dos o tres décadas, a más tardar, empezarán a darse severos problemas de abastecimiento de agua en todas las ciudades costeras del país. Lima, por ejemplo, es una de las ciudades con mayor estrés hídrico del mundo, lo que se agrava considerando que en el 2050 seremos el doble de capitalinos. Pese a que estamos imposibilitados de acceder a las más modernas tecnologías de captación de agua, por diversas razones ya planteadas en anteriores columnas, seguimos olvidando o ignorando que la civilización andina aseguró la llegada de este insumo a todo su inmenso territorio, enfrentando con ello el problema de la estacionalidad de lluvias y las repentinas sequías de la sierra. Lo hicieron a través de las milenarias mallas de riego que, de generación en generación, fueron ampliando y perfeccionado, incorporándoles diversas ingenierías de obtención, recepción y traslado del líquido elemento.  En este momento, la cooperación internacional y el Estado peruano estudian, a 4000 metros de altura – distrito de Huamantanga, al norte de Lima región – una tecnología Wari de traslado del agua de la lluvia a los canales habituales del suelo y subsuelo, a través de grandes cuencos receptores (llamados amunas) cuyos filtros naturales son conectados a trasvases artificiales por donde el agua viaja hacia su cauce natural, elevando la cantidad de recurso disponible. De la reparación de las muchas amunas dañadas u olvidadas – lo que está en manos de Sedapal – depende el abastecimiento de agua potable de las ciudades de la costa para las décadas próximas.

La alimentación es otro genio civilizatorio andino. Se divulgó hace poco, por las celebraciones del Día del Campesino, que la agricultura familiar peruana produce el 80% de nuestra alimentación. Vale y mucho, pero se quedaron cortos: podemos alimentarnos sin depender de ninguna otra economía, lo puede hacer cada región incluso, y con los productos más nutritivos del planeta. Esto no sólo responde a la riqueza genética de la cordillera, sino a que la inventiva andina desarrolló muy eficientes técnicas para la conservación, el transporte a distancia y la optimización nutricional de alimentos, vía efectivos métodos de deshidratación. Con esta práctica se alimentó – con una calidad que hoy no nadie tiene en el mundo y acaso nunca más se tuvo – a millones de campesinos por siglos, en un territorio de dimensión continental. La falta de soberanía y de seguridad alimentaria nos cobrará factura durante la inmediata post-pandemia, y será un grave problema civilizatorio en pocas décadas. Los pocos países del mundo que puedan enfrentar con facilidad este contratiempo tendrán una enorme ventaja geopolítica. El Perú puede ser uno de esos elegidos históricos, si por fin nos reconocemos y aprovechamos lo nuestro.

Y también la salud – variable crítica para nuestros sueños de progreso – fue muy bien gestionada por los antiguos peruanos. Es bastante obvio que no nos alcanzan los recursos – de todo tipo – para tener servicios médicos de calidad y cantidad suficiente, y que el mercado mundial de los químico-farmacéuticos es excluyente y nocivo con las sociedades pobres. La sanación andina, mientras tanto, es muchísimo más barata, porque utiliza dietas, consumo de plantas – mucho más activas y asertivas de lo que solemos creer -, intercambio de energías con animales y contacto general con la naturaleza para lograr el retorno del equilibrio saludable. En realidad, lo que necesita que la medicina occidental peruana, dueña de nuestra institucionalidad de gobierno en el sector, se abra al mestizaje epistemológico y decida sumar a su complejidad, al mismo tiempo que enseñar lo suyo. Adquirir el conocimiento pre-hispánico de botánica y zootecnia podría implicar una revolución medicinal y científica del Perú para el mundo.

Gran parte de todos estos contenidos civilizatorios, claramente vigentes, son también promisorios porque siguen vivos en las más de 8000 comunidades rurales que, según los cálculos, existen en la sierra peruana, algunas veces en condición de total desconexión. No son saberes que se encuentran en las zonas urbanas de la sierra ni en las pequeñas aglomeraciones de las carreteras de las alturas mayores. Tampoco en las extensas propiedades agrícolas dedicadas al comercio de gran escala. En todos estos lugares, la filosofía civilizatoria es finalmente occidental, obviamente con un muy alto grado de mestizaje. Y por esa razón ahí – o en la escuela o cuando vienen a Lima – los campesinos refuerzan el sentimiento de vergüenza que les fue inoculado en la colonia, y la convicción de que lo sensato es dejar la vida agrícola y buscar la ciudad. Enferman así sus autoestimas y las de sus proles, mientras reman a kilómetros de lo que ambicionan y dejan morir el genio civilizatorio que necesitamos, y el único entorno donde podrían obtener mínima calidad de vida. El Estado peruano nunca ha visto riqueza en las comunidades rurales, y más bien – desde Bolivar – siempre ha querido parcelarlas en propiedad privada y desconocer legalmente su posesión grupal, con fines de facilitar su venta y hacerlas productivas bajo parámetros de monocultivo en grandes extensiones, lo que extingue la diversidad y fertilidad de las tierras. Es la lógica de la competitividad  capitalista occidental, opuesta en aspectos centrales a la cosmovisión pre-hispánica, y que siempre ha terminado en la explotación de migrantes campesinos que apostaron por lo nuevo, y luego no tienen los insumos para hacerse valer en el mercado ni pueden volver atrás porque vendieron o dejaron lo suyo. Es el mismo sentido común que se pone de lado de las empresas mineras cuando hay conflictos sociales por razones medio-ambientales.

Esta mirada – contenida en una economía del desarrollo neoclásica (liberales, pues) – domina la academia y el sector público peruanos desde los noventa, cuando se sumó a nuestro occidentalismo colonial republicano. Luego de una reforma agraria – que fracasó en su intento de cooperativizar a las comunidades – y del abandono en la década de 1980, se pasó la implementación un conjunto de programas sociales donde la unidad comunidad rural casi no existe, porque el objetivo casi siempre es hacer competitivos a los agricultores campesinos, y eso pasa por darles títulos individuales de propiedad y atomizarlos. Incluso el muy descriptivo término agricultura familiar, introducido por la FAO y facilitador de muchos entendimientos, es una conservadora negación de la realidad colectiva y un contrabando ideológico en favor de la venta de tierras. Hasta hoy, el Estado peruano no cuenta con un registro centralizado y definitivo de las comunidades campesinas de la sierra, pese a que su existencia colectiva es norma oficial desde los tiempos de Leguía. Sucede que no cualquier quechua-hablante puede hacer valer sus derechos en el Perú, y más bien son presa fácil de las conspiraciones institucionales y administrativas de los gobiernos de turno.

Es la riqueza civilizatoria de los Andes lo que necesitamos, que es de gobernanza comunal. Ellos no tienen ningún futuro de largo plazo bajo el orden competitivo global, salvo mayor deterioro: son brechas demasiado grandes las que tendrían que superarse. El único derrotero razonable es regenerar y conservar la trama y el contexto histórico de las comunidades rurales, poniéndolas en el centro de nuestras políticas nacionales, y dándoles el poder y los recursos necesarios para que puedan descolonizarse y recordar su valor histórico. Es necesario revitalizarlas a partir del acopio y la divulgación de conocimientos de los cerca de 6000 sabios ancianos que, según se calcula, todavía viven en el territorio que ocupa, por lo menos, la cuarta parte del suelo peruano. No sólo tienen un vasto y sorprendente entendimiento del pensamiento y hacer de sus ancestros, sino que transmiten y transfieren una energía muy reconstitutiva. El camino ideal, y quizá el único que permitiría lograr los objetivos aquí propuestos, es que la próxima constitución – que tarde o temprano vendrá – reconozca a la nación quechua como parte del Estado plurinacional peruano. Eso les garantizaría un orden de gobierno propio (hoy desmembrado pero visible), relevantes consideraciones culturales y representación política en el congreso, lo que hoy increíblemente no tienen. Ellos saben muy bien cómo reconstruirse, y el exceso de intromisión centralista de nuestro aparato público – si decidiera con sinceridad apoyarlos – únicamente ralentizaría un proyecto que es urgente. Nunca la sociedad andina se ha cerrado a occidente ni a su comercio, su filosofía y su historia son de apertura a la diversidad. Pero, como ha atestiguado nada menos que el gran Erick Hobsbawm – que sabía leer el espíritu de los pueblos -, los campesinos peruanos tienen una aguda conciencia de lo que hace peligrar su naturaleza, así como la paciencia ancestral necesaria para recogerse y seguir esperando el momento oportuno de expandirse. Con o sin nosotros, claro está.

* Este texto ha podido terminar su forma y conclusiones gracias a la muy valiosa información y perspectivas que me han provisto los esposos Javier Trigo y Noelia Pérez, grandes promotores, estudiosos y ciudadanos de la civilización andina, y el taita Santiago Agui de Cerro de Pasco, depositario de la sabiduría cósmica de los antiguos peruanos.

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La resistencia fraudulenta del fujimorismo, frente a su derrota electoral y la muy probable prisión de su lideresa, evidencia algunas verdades históricas desconocidas u olvidadas  por nuestras élites informadas, pero muy tangibles en este contexto. Como Keiko Fujimori se defiende hoy con lo que tiene y puede, deja flancos que develan las mecánicas y formas políticas de su facción. Es así siempre: las redes de poder, las convicciones y los objetivos económicos se explicitan en la coyunturas políticas urgentes y polarizantes.

Ha quedado bastante claro, una vez más, que a los principales promotores del liberalismo en el Perú (y sobre todo a los inversionistas de nuestro oligopólico mercado) no les interesan las libertades políticas y la democracia que vitorean según conveniencia, siendo que sólo buscan asegurar un régimen económico que les permita seguir acumulando, así sea vía corrupción millonaria. No contentos con haber co-diseñado e implementado una campaña electoral llena de mentiras, prejuicios y racismo, a través de una aplanadora mediática corporativa (no periodística), han pasado luego, con intentos desesperados y totalmente infundados, a denunciar fraude electoral. Felizmente hay cada vez más voces autorizadas, nacionales e internacionales, que descartan esta grotesca falsedad.

Un temerario camino inicial que ensayaron, y que en las últimas horas ha perdido fuerza por ser claramente inconstitucional, fue sugerir nuevas elecciones a partir de presionar al Jurado Nacional de Elecciones con masivos e injustificados pedidos de nulidad de actas. Con la ONPE también quisieron hacer lo mismo. Hasta el momento han sido derrotados, más que nada por la opinión pública, en calles y redes. El otro frente de batalla que han elegido es el Tribunal Constitucional – a punto de ser renovado por un congreso conservador y muy poco confiable -, pues han presentado una acción de habeas data donde piden las listas de electores con firmas, de tal manera que se pueda demostrar lo que aseguran hubo: reemplazos de votantes y de presidentes de mesa. No lo dicen, pero buscan lograr que algunos electores accedan a decir que votaron de tal forma que el conteo de su mesa no cuadra. Desde luego, esto dinamita el sistema electoral de cualquier país, que se basa en la confianza hacia los ciudadanos voluntarios que administran las mesas de sufragio, y que protege, por obvias razones, la condición secreta del voto. La treta tiene para largo, y será la primera escaramuza que planteará la derecha para debilitar el ya inminente gobierno de Pedro Castillo. Menos mal que hoy los militares no tienen el poder de facto que antes tenían, y por eso no pasan de gestos bravucones por parte de su personal retirado.

Nada de esto es nuevo. Desde 1821, nuestro empresariado es pobre de espíritu, lo que lleva a la pequeñez política y la corrupción. Pese a su enorme tendencia a la concentración de riqueza, casi ninguno de sus hombres ha tenido la grandeza de querer empujar la transformación del país con inversión de valor agregado y creatividad tecnológica. Ninguno ha tenido la obsesión de conquistar el mundo a partir de una innovación productiva que incluya a las mayorías de su país y lo coloque en la historia de su tiempo. Heredaron un modelo primario-exportador de renta exorbitante para muy pocos mercantilistas, y con una mayoría explotada que lo sostiene además de unos cuantos clasemedieros, y lo defienden con uñas y dientes. Googleen el prólogo de Pablo Macera a la reedición de Ensayo sobre la industria algodonera en el Perú (1849), de Juan Casanova, y encontrarán interesantes detalles: el siglo XIX tuvo la permanente sombra de conspiraciones nacionales e internacionales para boicotear, y mejor aún impedir, cualquier esfuerzo destinado a conformar un mercado interno que asegure nuestro bienestar sin depender de los vaivenes del mundo desarrollado. No hace falta profundizar en el todavía nítido siglo XX, que ha estado lleno de regímenes militares dirigidos a bloquear este camino progresista, obviamente con apoyo internacional, estatal, y financiero. Odría, Morales Bermúdez (criminal condenado según la justicia italiana) y Fujimori – en fórmula contemporánea de dictablanda y con un escenario muy crítico que impidió ver la realidad – son los últimos, pero cualquiera que abra un libro de historia económica peruana podrá deducir, con facilidad, cuáles fueron los objetivos económicos de los diferentes gobiernos castrenses que hemos tenidos en los últimos 121 años, y sus conspiraciones para faltar a la voluntad popular expresada en las urnas. Desde luego, la derecha empresarial siempre ha tenido a los medios masivos de su parte – son sus dueños o socios – y los fortalecen haciendo de la vista gorda con una ley de medios que nos expropia un bien común (las ondas radioelectrónicas que permiten la señal de medios masivos) y se los entrega de por vida. 

Sin embargo, esta propensión histórica a desconocer las libertades y formas democráticas – cuando peligra el modelo económico – no sólo es natural a nuestra derecha política, sino también al liberalismo en sí mismo, siendo que se agudiza en el subdesarrollo, donde hay extrema desigualdad e instituciones políticas altamente frágiles. Es tiempo de desbaratar el repetido e desinformado lugar común de que el verdadero liberalismo es una narrativa en la que la libertad política y la económica van ineludiblemente juntas, porque esto fortalece a ambas partes. El liberalismo económico, desde Adam Smith hasta hoy, es una prédica y una prescripción al servicio del gran empresario capitalista, donde caben – sólo de modo complementario –  las libertades individuales o civiles (relativas a la opinión, la religión y la vida) pero nunca las libertades políticas que fundamentan la democracia, como son los derechos universales a elegir y ser elegidos. Esto no lo pudieron ofrecer tan fácilmente, porque ponía en riesgo el orden económico más propicio para sus negocios. Así que debió llegar por presión ciudadana, consolidándose recién a partir de mediados del siglo XX. La filosofía política de los clásicos del liberalismo, en realidad, es el utilitarismo decimonónico, cuyo gran principio analítico y prescriptivo plantea que todo individuo decide y actúa a partir de su vocación de acumular placer (beneficios) y evitar dolor (pérdida). Esta una premisa moral es muy funcional para el modelo de libre mercado, donde la concentración de capitales es natural, y necesaria para los volúmenes que algunos pretenden. Pero es muy nociva para la democracia, que es una igualdad política que implica participación general y compromiso solidario con lo común, lo que el utilitarismo petardea. La historia es elocuente: ninguna de las potencias capitalistas ha construido sus grandes ventajas materiales y competitivas con plenas libertades políticas (ni civiles, la verdad). Al interior de sus posesiones coloniales ni qué decir: esclavizaron y eliminaron. Hasta hoy los grandes poderes económicos, en alianza con gobiernos aliados, toman territorios estratégicos por la fuerza.

Así que los liberales y centristas peruanos de mayor registro cultural y bibliográfico (no son los empresarios, casualmente), que votaron por Keiko Fujimori o en blanco para evitar la presidencia de Pedro Castillo, tienen ahora bastante elemento para repensar la pregunta de si es posible una verdadera democracia en el capitalismo de libre mercado, sobre todo en sociedades tan rezagadas como la nuestra. También si una familia que convive con la muerte y la corrupción desde hace décadas, y que lidera una mafia política cuya voracidad destructiva no tiene límites, puede ser mejor opción que un docente rural honesto y comprometido, sea cual fuere la parada ideológica de éste. Está muy bien que ahora exijan respetar los resultados de las elecciones, pero eso no quita deban respuestas frente a la desubicación histórica y perniciosa de pretender un liberalismo democrático y honesto que no existe ni es posible en el Perú. No sorprende que Vargas Llosa opte por el fujimorismo en esta circunstancia: ¿cuándo un conservador colonial, atrevido en su ignorancia política y económica, ha celebrado a un presidente campesino? Pero sí es muy extraño que haya arriesgado tanto su prestigio cultural, apadrinando a la candidata fujimorista y promoviendo – a media voz para luego salvarse – la barbaridad ilegal de denunciar fraude. Nada es voluntario y casual entre los poderes del capitalismo occidental.

Ya se ha evidenciado en muchos auditorios que el capitalismo liberal se ha quedado sin respuestas frente a las crisis cada vez más duras que cíclicamente genera. También es indiscutible su fracaso en la era republicana del país y la región, así como su histórica violencia, que puede llegar a ser criminal cuando, en el horizonte político, aparece un cambio de régimen económico que hace peligrar sus millones venideros. Pero aun con ello, seguirán apelando al populismo y al miedo tribal como arma opositora, porque no tienen otras herramientas a la mano, y porque cerca de la mitad más conservadora del país (obviamente la más urbana) todavía es capaz de considerar mal menor a Keiko Fujimori. Tienen, sin duda, margen de acción para complotar ferozmente contra el gobierno entrante. Queda por verse si el activo de honestidad del profesor Castillo – no es chantajeable – y la creatividad progresista de los cuadros que hoy lo acompañan, logran resistir democráticamente los embates de la mafia, y aceleran los cambios estructurales que necesitamos desde hace dos siglos.

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Corresponde al gobierno de Pedro Castillo empezar a revertir lo que llamo la degeneratividad de la economía peruana, que se origina, como la mayoría de nuestros males históricos, en la el proceso colonial, cuando lograron hacernos sentir inferiores, y por ello añorar el destino material ajeno sin considerar nuestro territorio y demografía. Degenerativo, en medicina, es aquella situación en la que un cuerpo empeora constante e incrementalmente – en algún momento de modo irreversible – a causa de exponerlo a contextos y hábitos reiterativos que violentan su sistema inmunológico, que son sus capacidades adaptativas frente a los peligros virales y ambientales del entorno, las fuerzas que lo regresan al equilibrio vital. El cáncer, la diabetes, el lupus, y muchas otras, son padecimientos de este tipo.

El sistema inmunológico de toda economía es su matriz y capacidad productiva, porque de ella depende su nivel del empleo y su interacción con el mundo. En el equilibrio más adecuado, tendremos cantidad y calidad suficientes de puestos de trabajo, de modo sostenible en el tiempo y según el patrón cultural de cada contexto.

Nuestra economía republicana es degenerativa porque siempre hemos pretendido un capitalismo occidental para el que no tenemos las condiciones territoriales e insumos necesarios. No sólo fracasamos en todos los intentos, sino que deterioramos – cada vez más – lo más importante de nuestra inmunología, lo único que puede aspirar a buen, cuantioso y sostenido empleo: la manufactura y la economía rural. A la primera se le deja a su suerte en un mercado que la aniquila, o se le quiere poner en una velocidad competitiva que le resulta inviable. A la segunda siempre se le ha visto como atraso disfuncional o geografía para grandes negocios, y codiciado como mano de obra barata. Nuestro equilibrio óptimo de bienestar depende de cuánto logremos revalorar y desarrollar estos dos sectores, no de descollar en exportación de materias primas, construcción o servicios de telecomunicaciones, que son negocios multimillonarios pero dan empleo de calidad a muy pocos. La historia es bastante elocuente, incluso cuando en este espacio no se pueda ser muy prolijo.

La economía que éramos, entre 1821 y 1850, da cuenta de lo lejos que andábamos de un capitalismo básico, con industria localizada en el Perú y trabajadores civiles asalariados. Y también hace notar cómo malentendíamos nuestro territorio y subestimábamos nuestra economía rural. En ambos está el germen de la futura degeneratividad. Tras 20 años de guerra y en crisis de  comercio exterior debido al nuevo protagonismo exportador del virreinato del Río de La Plata, éramos un país pobre, en general deteriorado, y con muchos de sus grandes comerciantes recién expulsados. No hay instituciones económicas para entonces: el sistema monetario es caótico e insuficiente, y no tenemos bancos sino prestamistas informales. El Estado recauda muy poco y el sistema judicial está abandonado y sin normativa vigente. El territorio nacional tiene aglomeraciones muy pequeñas y bastante desintegradas, porque en la costa hay dificultades para el uso de la rueda en tramos largos, el transporte marino es mínimo y hay un solo puerto. Pese a ser el 80% de la población (1.6 millones), la sierra está casi desvinculada del llano costero, debido a las dificultades de su geografía para el acceso y el transporte no animal. La selva no pasa del 4% y está casi absolutamente aislada. La costa es el resto.

Sobre esta evidente insuficiencia, se forman dos economías: un mercado urbano (comercial y primario-exportador), y las actividades agropecuarias de las comunidades rurales, que son el 61% de habitantes del país. El primero es una reducida red de medio millón de peruanos, cuya élite social – de consumo importado – alcanza a 160 mil personas (el 10% blanco de la población). El resto urbano es pobre y apenas posee de monedas, por lo que vive del trueque. No hay dinero ni conocimientos para la inversión industrial, ni hay volumen poblacional para una buena demanda demanda. Tampoco capacidades: no más del 20% de la población es alfabeta. Tres circuitos desconectados conforman esta dinámica: el de Lima – Costa Norte de entonces débil agro-exportación (tenemos permanente déficit en balanza de pagos) y sistema hacendario; el de Lima – Cerro de Pasco de minería argéntea y comercios de comida, ganado, lana y aguardiente, y el de la sierra sur, que interactúa con Bolivia e incluye a Puno, Cusco y Arequipa, vinculados por los negocios de lana, ganado, obrajes textiles y sastrerías. En estos dos últimos circuitos participan algunos latifundios poco productivos, abandonados en la guerra previa. La mano de obra es esclava o yanacona (sirviente) en todos los casos. La segunda y mayoritaria economía de nuestra post-independencia es la de las comunidades rurales, que son auto-suficientes, sólo comercian para conseguir monedas y poder tributar (algunas lo hacen con fines de acumulación), y se abastecen en ferias del trueque. Estas,  desde el principio, son vistas como una rémora para el progreso y un desperdicio frente a las necesidades urbanas de mano de obra. Y como el orden criollo no puede tomar sus territorios (casi siempre en lejanas y escarpadas alturas) o traerlos, decide olvidarlos. Todos asumieron – y asumen – rezago e irracionalidad ahí, porque no entienden que la riqueza de ellos era – y es – la sostenibilidad y la calidad de vida a partir de la cooperación, el naturalismo y el genio tecnológico.

Tan lejos estábamos de lo que se añoraba (capitalismo industrial), que debieron pasar 100 años para que empezáramos a cerrar el último de nuestros pendientes frente al anhelo de un mercado industrial a la manera europea: dejar las semi-esclavitudes y consolidar una clase obrera asalariada y con mínimos derechos. Lo empezábamos a hacer en 1930, luego de un largo siglo XIX, donde aumenta la población pero casi no se mueven los porcentajes demográfico-territoriales, incluido el de las comunidades rurales, que siguen aisladas en lo fundamental, sin interés alguno en romper dicha insularidad. La aproximación conservadora al tema y los lamentos racistas por falta de mano de obra (resuelta con esclavitud extranjera) seguirán en pie y promoverán tres décadas de decididas políticas de expansión poblacional. La estatalidad y la infraestructura habrán dado grandes saltos a partir de la falaz prosperidad guanera, así como habrán avanzado la institucionalidad económica y financiera, lo que facilita que la consolidación, a finales del siglo XIX, de un mercado industrial textil y de alimentos (con obreros muy explotados), estimulado por una importante diversificación primario-exportadora que potencia nuestra oferta a la región y dinamiza el mercado peruano a través del consumo de los sectores empresariales entonces favorecidos. Así, este crecimiento manufacturero tendrá una caída a inicios del siglo XX, y se recompondrá para crecer significativamente hasta 1929, año del crack y de un nuevo declive exportador. En adelante, todos nuestros esforzados procesos de industrialización se apoyarán en los ciclos exportadores y se harán dependientes de ellos. Es la dependencia de las materias primas, que siempre son cíclicas.

En los próximos veinte años – hasta 1950 – pasarán tres cosas muy determinantes, que le cambiarán el rostro al país: aumenta la población significativamente (por primera vez pasamos los 6 millones que éramos en 1535) y ya no se puede hablar de escasez de mano de obra. Se consolidan un conjunto de derechos laborales que los obreros venían disputando desde inicios de siglo, lo que es altamente difundido en el sector industrial (no así en las haciendas o minas). Y se inicia el gran progreso migratorio sierra-costa de mediados del siglo XX, producto de una severa escasez de tierras cultivables por aumento demográfico, y a la publicidad cultural de occidente que ahora llega a través de los medios masivos (primero la radio y luego la televisión). Así, el país entró a lo que Matos Mar llamó desborde popular, y nuestro pequeño mercado industrial, que siempre quiso al campesino como masa obrera, tuvo lo que tanto buscó, pero en incontrolable exceso.

La estadística oficial de esos años ya permite observar su precariedad industrial, que luego será degenerativa. No hubo mejoras salariales entre 1930 y 1940. Entre dichos años, la industria produce el 17% del consumo interno y conforma el 14.5% de la PEA, que era de 4 millones y tiene un desempleo de 38.5%. Dado el contexto, es razonable esperar un considerable sub-empleo obrero y general. Estos porcentajes productivos y laborales no cambian para 1950, aunque la población y la PEA se elevan, por lo que ya puede verse degeneratividad en la economía peruana, al menos a nivel de calidad laboral (algunos calculan un subempleo de 10%, otros de 25%). No puede asegurarse que sin explosión migratoria igual habría llegado el proceso regresivo a nuestra economía, pero tampoco puede descartarse, porque hasta antes de 1930 nuestro modesto mercado urbano estaba muy lejos de penetrar siquiera su propio territorio, cada vez más poblado. Y aunque faltan datos para observar el aumento de las brechas productivas y tecnológicas con respecto a las economías desarrolladas, sí se puede deducir la dimensión de éstas, muy fácilmente: mientras el Perú sigue arrastrando – y ve cada vez más lejos – el pendiente de formar un mercado industrial mínimamente inclusivo (así sea con empresarios extranjeros y productos de poco valor agregado), Estados Unidos produce el 27% de los bienes de consumo y el 52% de la maquinaria que utiliza el mundo industrial. Ni el capitalismo exportador es de todos por naturaleza (al contrario), ni estamos hechos para competirles en su reino. Nuestra riqueza es otra. Mientras tanto, hasta 1950, la economía de las comunidades rurales entra sigue abandonada por el Estado y se reduce por la crisis de tierras, pero está a leguas de desaparecer y sigue ocupando la mayor parte del suelo andino. Hasta hoy.

A partir de 1952, y producto de un nuevo auge primario-exportador, empezará el más importante ciclo de crecimiento de industrial de nuestra economía, que extenderá e intensificará hasta 1975, gracias a las gestiones desarrollistas de Fernando Belaunde y, sobre todo, de Juan Velasco Alvarado, quienes reciben la influencia del cepalismo latinoamericano y ponen en marcha un proceso de sustitución de importaciones, fomento y protección arancelaria en favor nuestro desarrollo industrial. El segundo, además, llevó a cabo la reforma agraria, luego de siglo y medio de negación e infamia. Por primera vez en la historia un gobierno peruano razona con la suficiente autonomía y nacionalismo, considerando nuestra realidad histórica y territorial: es evidente que nuestras carencias como economía capitalista nos obligan a unirnos, y es claro que debemos dar al mundo rural y agropecuario el auspicioso lugar que le corresponde en nuestro desarrollo. Sin embargo, no basta con ello para detener la degeneratividad.

Los muy buenos resultados del proceso industrializador son innegables: de 1954 a 1975, la manufactura pasa del 12.8% al 21.4% como generador del PBI, siendo el sector de mayor crecimiento en la economía peruana y elevando considerablemente la ocupación obrera de calidad. Sin embargo, en 1972 nuestro mercado laboral tiene un sub-empleo de 44.2%, cerca del doble de lo que teníamos 20 años atrás. El rezago de partida y nuestra demografía dificultan detener la degeneratividad, con mayor razón en breves 16 años.

Pese a sus logros, el modelo sustitutivo hace crisis porque, una vez más, se pretende lo que no tenemos, esta vez en grado y velocidad: no sólo se fomenta y protege la manufactura nacional, sino que se incentiva la demanda en exceso y con montos insostenibles –  que provienen de la siempre cíclica bonanza primario-exportadora -, así como se esperan saltos tecnológicos imposibles en nuestros cortos plazos de alto comercio exterior. Se apunta a cosechar grandes resultados y casi de inmediato, sin sacrificio ofrecer de ninguna de las partes. Se pacta un beneficio mutuo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, sin ver que  ese paraíso cuesta mucho más que lo que puede cubrir cualquiera de nuestros periodos de altos ingresos exportadores, que nos resulta impagable. Al punto de agotar rápidamente la capacidad productiva del país, lo que implica escasez e inflación.

La realidad habla, nos aterriza: sí debemos unirnos y protegernos para industrializarnos, pero no debemos incentivar excesivamente nuestra velocidad buscando niveles productivos y progresos tecnológicos tan distantes que nos descompensan estructuralmente, lo que a larga eleva nuestra degeneratividad. Para que nuestra manufactura crezca y genere empleo suficiente y sostenible, los empresarios deben apostar por el mercado industrial y nacional aunque ganen menos, y los peruanos debemos consumir los productos que somos capaces de producir. Y desde ese inevitable esfuerzo colectivo debemos crecer con músculo. No hay duda de que nuestras brechas tecnológicas, con respecto al mundo capitalista desarrollado, siguieron ensanchándose: mientras en el Perú la industrialización velasquista es políticamente derrotada, y no logra mejorar-elevar su  producción de maquinarias fordistas (la clásica fábrica de tecnología pesada), Estados Unidos y otros pocos están dejando ese mercado e ingresando a la revolución informática, propia del siglo XXI. Hoy son, para nosotros, literalmente inalcanzables, salvo escenarios teóricos. Y varios estudios indican que las diferencias no han parado de crecer desde la década de 1970. La reforma agraria, por su parte, fue justiciera, pero tuvo un esquema de cooperativismo capitalista occidental que nunca logró sus resultados, y nunca pudo dialogar con las comunidades rurales, dejándolas en última prioridad operativa.

La manifactura local tendrá un estancamiento hasta 1990. A la mitad, en 1980, la economía seguirá degenerando, con un subempleo que llega al 51.2%. Cabe destacar que todas las gestiones de este lapso – con idas y venidas, ortodoxias y heterodoxias – enfrentaron sus crisis macro-económicas evitando, en lo posible, desmantelar el aparato industrial y la políticas progresistas que las sostenían. Se sabía que había ahí empleo de calidad y posibilidad de hacerlo crecer. Nuestro trato de gobierno con la sierra sí vuelve a su ánimo habitual: las comunidades rurales son el grupo social peruano que recibe la mayor violencia terrorista de esos años, subversiva y de Estado.

El descalabro del gobierno pro-mercado interno de Alan García, más irresponsable que ninguno en cuanto a velocidad, permitió al régimen autoritario de Alberto Fujimori (hoy preso) vendernos el cuento de la globalización y el emprendimiento, y desmantelar la industria nacional, eliminando toda posibilidad de fomento en su favor, y quitando todo el apoyo arancelario que pudo. Esto, sumado a la flexibilidad laboral, es el escenario ideal para el mundo desarrollado al que importamos todo, y la riqueza segura del empresariado nacional-internacional que no nos conviene, porque no es intensivo en empleo de calidad, además de ser históricamente abusivo, predatorio y ladrón. Nadie ha cambiado ese esquema durante dos décadas. Antes de la crisis, nuestro sub-empleo era de 72%, hoy debe haber un 80% de peruanos dispuestos a ser sobre-explotados cuando termine la pandemia, y a ganar menos de sueldo mínimo. Nuestra  manufactura actual produce alrededor del 13% del PBI, cifra similar a la del periodo previo al auge industrial velasquista. Nuevamente no es necesario ponerle cifras exactas al aumento de las brechas productivas y tecnológicas frente al primer mundo, basta observar que mientras el 65% de nuestras unidades productivas son micro-empresas de subsistencia (muy precarias y de vida breve), y que nuestra mejor manufactura apenas vende al mundo productos de escaso valor agregado, las economías avanzadas exportan nano-tecnología, meteóricas unidades de transporte o productos muy baratos que boicotean a nuestros débiles manufactureros. ¿Hasta dónde debemos degenerar para darnos cuenta de nuestra enfermedad y cortar sus causas?

Las comunidades rurales, que hoy son el 35% de la población y ocupan la mitad del territorio nacional, no sólo están abandonadas por el Estado, sino que permanentemente se les busca debilitar en términos legales, con fines de facilitar inversiones millonarias cuyos tipos de producción las extinguen. No son pocas las voces del mundo avanzado que vienen diciendo que ahí está la sostenibilidad del planeta, lo que implicará ventaja geopolítica a nuestro favor, alta calidad de vida y soberanía, siempre que reconozcamos, protejamos e incorporemos dichos espacios a nuestros proyectos de desarrollo económico. Es posible, pero es imperativo hacerlo respetando sus patrones productivos y velocidades. No necesitamos competir con el mundo, menos crecer con vértigo e insalubridad social. Necesitamos avanzar en calidad de vida y empleo digno, para todos.

Hay un velo que no nos deja ver nuestra degeneratividad, que ha sido tejido durante siglos por quienes lo usufructúan. Por eso la mitad del país votó el domingo por Keiko Fujimori, cuando es manifiesto que Pedro Castillo se acerca mucho más a lo que necesita nuestra historia y nuestro territorio. Pero él no está solo, ni conviene que así sea, porque sólo la convicción mayoritaria logrará verdaderos y duraderos cambios. Es momento de plantear y discutir nuevos valores, y de aspirar a los modelos que de ahí se deriven.

** Los datos y hechos fácticos, hasta la década de 1950, han sido tomados de la bibliografía de Carlos Contreras, escrita o editada (varios autores) por él. Un par de cifras provienen de estudios de la CEPAL. Entre 1960 y hoy, las referencias son Félix Jiménez, Francisco Verdera y Jan Lust.

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Economía, Elecciones 2021, Pedro Castillo

Fue Luis Bedoya Reyes quien construyó la definitiva frase “los técnicos se alquilan”. Como se sabe, la dijo en un debate electoral para la alcaldía de Lima, en 1966. Buscaba reelegirse e imponerse sobre el ingeniero Jorge Grieve, de imagen menos ideológica y más ejecutiva. El aserto ha sido harto repetido, pero quizá no lo suficientemente razonado. De ahí que la estratégica e insistente demanda del fujimorismo a  Pedro Castillo, sobre la urgencia y trascendencia de mostrar equipos técnicos y propuestas de gestión, haya calado tanto entre keikistas e indecisos diversos.

El alquiler de los técnicos no sólo hace alusión a la evidencia de que éstos suelen no tener consideraciones ideológicas para contratar con el Estado, lo que los hace muy asequibles, sino también al hecho de que la acción tecnocrática ofrece soluciones y planes a partir de un contexto doctrinario valorativo, donde se definen los objetivos políticos de las medidas a plantear. No existe la solución técnica absoluta e irrebatible frente a los grandes problemas de un país, porque eso sería  poseer teorías éticas y económicas definitivas, o contar con una capacidad cognitiva que ningún humano posee. Existen políticas públicas procedentes de un ideario – explícito o implícito – que las delimita y hace predecibles. Por eso no es tan difícil ubicarlas o diseñarlas, sobre todo si se tiene algo de experiencia en el ámbito. Todo es cosa de googlear, preguntar sobre un problema público específico y cruzarlo con la perspectiva o escuela que se utilizará de lente ideológico. A partir de ello, toca un laborioso camino que, sin ninguna duda, llevará a las soluciones buscadas. Sí, la revolución digital es muy democratizadora en innumerables aspectos.

Pero si la importancia de lo técnico es así de relativa durante una gestión de gobierno, en una campaña presidencial casi que se pulveriza. En el ideal, el grupo tecnocrático se dedica a evaluar – semanas antes – la factibilidad de las propuestas que los líderes políticos presentan, a partir de la doctrina partidaria y con respaldo de las bases. Luego pasan consolidarlas con datos y argumentos. Si los líderes políticos no han hecho planteamientos sobre algún tema relevante, los técnicos tienen espacio para proponer y dejar a decisión de aquellos. Salvo en la foto periodística de rigor, durante el proceso electoral mismo la tecnocracia interactúa muy ocasionalmente con el candidato, o tal vez nunca. Se entiende que el aspirante a palacio ya tiene interiorizados los conocimientos esenciales que expondrá, lo que por fuerza de formato son pocos y de escaso detalle, incluso para situaciones de entrevistas amplias. No compiten los planes de gobierno, sino las ideas fuerza que emiten y sugieren los líderes.

Los fujimoristas creen, con cierta lógica, que el único terreno en el que pueden competir – según ellos con superioridad – es el de las ideas y propuestas, y por eso han denunciado la ausencia de especialistas en el entorno de Castillo, han exigido la aparición del profesor en medios y han fomentado cuanto debate han podido. Al final ni ha sido cierta su desubicada impresión de preminencia, ni lo técnico – y más en una segunda vuelta – tiene la trascendencia que le quieren atribuir.

Muestra de lo aquí comentado es el debate entre equipos técnicos de este fin de semana. El cómodo alquiler, en el sentido de Bedoya, se observa en la conformación de los grupos. En ambos casos, la mayoría son invitados, e incluso Perú Libre convocó a sus cuadros muy recientemente. Como se pudo observar, los contenidos estuvieron lejos del ideal, pero aun si no lo hubieran estado, tampoco se habría dicho mucho más, porque el tiempo siempre queda corto para tantos temas. Veamos, por ejemplo, el desempeño de Luis Carranza, el distinto de la jornada según el sentido común periodístico. El cada vez más polémico ex-ministro no hizo otra cosa que decir en orden unas cuantas ideas repetidas – vinculadas a perspectivas que ya fracasaron – y ofrecer políticas de gasto que hoy no tienen discusión. Es mentira que apoyarían a los micro-empresarios si ganaran, pues no tienen forma de hacerlo en este modelo, dado que sus niveles de productividad son tan bajos que tienen anulada toda posibilidad competitiva, y más bien pelean por evitar la quiebra. Mucho menos impulsarían el desarrollo de la gran agricultura, porque el esquema que defienden apuesta por la agro-exportación como único camino, y eso no incluye a más del 5% de todo nuestro universo de tierras cultivables. Las cifras reactivadoras que dio el ex-ministro son números grandes, pero juntas son insuficientes y no lograrían que el 80% de la economía eleve irremediablemente su precariedad. Al final, todo fue una receta para rescatar el capitalismo subdesarrollado peruano a cualquier costo, lo que sólo es bueno para unos pocos.

Más bien Carranza fue innovador en aquello que siempre han negado sus aliados y correspondería explicar, que es la oferta de universalizar y mensualizar Pensión 65. También fue muy didáctico, y narrativamente oportuno, para meter miedo subliminal con una realidad y una inflación venezolanas que de ninguna manera están en nuestro horizonte, y que merecen un análisis mucho más sistémico que comparar las capacidades de compra entre dicha economía y la nuestra, en uno o dos productos. Ese fue el desempeño del “técnico” del debate: reiteraciones conceptuales, sencillez, claridad y secuencia narrativa a partir de las muy cuestionadas y declinantes premisas de la economía liberal ortodoxa. El fujimorismo no puede decir que superó a Perú Libre, aún cuando tuvo más momentos de orden argumentativo, pues no dijo nada nuevo, ni de enfoque ni de propuestas concretas. Y debió, porque su fórmula no sólo ha fracasado en los últimos treinta años, sino por dos siglos. Lo novedoso en todo caso – aunque muchas veces no pasó de la perspectiva a la operatividad – lo dijeron Pari, Cevallos, Guillén y Alencastre, con diferentes niveles de elocuencia.

El efecto de la discusión técnica y su reciente debate será muy marginal, porque como sugirió Bedoya, los técnicos se consiguen con relativa facilidad. Lo que no se alquilan son los líderes políticos con volumen, pues ni abundan ni se contratan, y tienen la muy exigente tarea de mostrar con claridad el norte de país que nos ofrecen, en cuanto a valores y grandes rutas de acción. En una confrontación electoral, y más sí es de segunda vuelta, son los liderazgos políticos los que discuten y confrontan. Mientras tanto, nuestros votantes están buscando asegurase de tres cosas sobre su próximo presidente: que haga propuestas razonables (cada cual lo entiende a su manera, pero importa), que sea honesto y que esté verdaderamente comprometido con la mayoría. Casi nadie está pensando que la democracia está en juego.

En ese comparación de liderazgos políticos, no es un exceso decir que no hay punto de comparación en cuanto a la calidad moral y las motivaciones personales de los candidatos, por más que los medios, el fujimorismo y los conservadores inconscientes hayan intentado equipararlos. Así como tampoco puede negarse que Pedro Castillo todavía tiene pendiente explicarnos con claridad el gobierno que tiene pensado, para lo que no debería desaprovechar el debate final de la campaña. No sólo porque sería incauto no reparar en que su rival no tendrá reparos ni escrúpulos para reducirlo públicamente – lo que siempre puede hacer peligrar su favoritismo por más cómodo que esté en las encuestas -, sino porque las profundas transformaciones y cambios de sentido común que quiere iniciar – en nuestro polarizado país – lo obligan al diálogo para convocar y convencer, y eso pasa por explicar con sencillez y seguridad lo que se piensa y lo que se intentará implementar.

Aunque Pedro Castillo todavía no ha logrado una presentación que despeje toda duda sobre su capacidad de argumentar para liderar (siempre ha escapado o ha sido derrotado cuando las preguntas han profundizado un poco), me queda bastante claro que posee las herramientas para superar airoso este pendiente, sobre todo si consideramos su condición de docente y las funciones divulgativas que en ello cumple. Tiene todo a la mano para imponerse sobre Keiko Fujimori el 30 de mayo: promueve valores igualitarios y olvidados, tiene planes progresistas que hoy la gente está dispuesta a escuchar, y su rival está llena de debilidades y explicaciones pendientes, en responsabilidades casi innegables y de gravedad penal. Castillo debe simplemente esforzarse en explicar con orden y calma lo que busca, y llenarse de argumentos (tenerlos a la mano) para responder los cuestionamientos y encajar puyas de su rival. No es importante la corrección lingüística, menos cuando se tiene semejante superioridad moral. Tampoco que se deje algún vacío poco trascendente. El punto es la convicción del líder, su coraje adulto y su razonabilidad para defender las causas justas y sus correspondientes medidas.

Visto en perspectiva, el profesor Castillo tiene, en el debate de este domingo, la oportunidad de empezar a construir el liderazgo genuino, dialogante y comprometido que todos esperamos. El país de hoy no puede perder un solo minuto, y está realmente urgido de confianza y calma. Así que quien quiera ser presidente de nuestro bicentenario debe estar, a toda hora, en capacidad de satisfacer dicha demanda de gobierno, con el solo peso de sus verdades y su existencia.

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Elecciones 2021, Perú

El Código Penal Peruano dice que hay estafa cuando alguien saca provecho ilegal de un bien ajeno, a través de un fraude al dueño para que éste acceda a entregar  voluntariamente lo que le pertenece.

 

Eso es lo que pusieron en marcha Fujimori y 8 AFP en 1992. Y lo que constitucionalizaron* con el decreto ley 25897 (norma de dictadura), en pleno autogolpe y sin congreso. El solo texto de la norma invita a sospechas: escueto, sin justificación alguna pese a que se trata de un tema de alta relevancia. Más parece un reglamento dirigido a asegurar las utilidades e intereses de las partes.

 

Pero aun legalizada, la mecánica de la estafa está ahí, a vista del quien se detenga a mirar. Nos obligaron a incorporarnos a una AFP con varias tretas adicionales al decreto ley 25897, que habla de afiliación voluntaria. Divulgaron la absurda idea de que el Estado no era capaz de administrar las jubilaciones, y se presentaron como eficientes y bienintencionados. Luego petardearon a la ONP (sistema público) con un tope de 600 soles (hoy 893) para sus pensiones jubilatorias. Así, el esquema no tiene nada de voluntario para los millones de trabajadores formales que están legalmente obligados a afiliarse a uno de los dos sistemas (público y privado), y aspiran, razonablemente, a un retiro laboral con ingresos más elevados. La opacidad informativa de entonces, y los prejuicios contra lo estatal, nos hicieron presa fácil de empresarios carroñeros, quienes hoy administran los aportes jubilatorios de tres millones de peruanos con sueldos superiores al promedio, obligados a entregar, mensualmente, un porcentaje de sus ingresos a una entidad privada de origen inconstitucional, además de ventajista e ineficiente.

 

El fraude es conceptualmente escurridizo y se protege con los mismos vacíos legales que aprovecha. Pero en este caso, la estafa legalizada es bastante visible, porque los perpetradores se inventaron un problema, copiaron una solución privada ineficiente que los hacía millonarios sin el menor riesgo, la constitucionalizaron con un decreto ley dictatorial y la hicieron obligatoria con normativa complementaria. La forma institucional que le dieron al esquema expresa el ánimo que lo inspira, y es una innegable violación a la constitución. Pudieron mantener un sistema estatal que centralice los descuentos y tercerice la administración de los fondos, de tal forma que los jubilados estuvieran protegidos y no sujetos a la voracidad acumulativa de los privados, pero eso era inseguro para el saqueo (por decreto) a perpetrar, pues cualquier nuevo gobierno podría ser fácilmente presionado por los aportantes, y cambiar de proveedores o de sistema. Así que hicieron que cada trabajador – aislado y desvinculado del Estado – contrate con la misma entidad privada, para que el modelo no corra peligros políticos. Y dado que entregarle el servicio a una sola firma hubiera sido demasiado escandaloso, se inventaron un oligopolio de ocho oferentes, que se ha terminado fusionando (con un par de nuevas firmas entrantes y alguna saliente) en cuatro. En la práctica es casi un monopolio a cuatro dueños, pues todas las AFP cobran casi lo mismo y generan – a los fondos – rentabilidades anuales bastante parecidas. La constitución vigente prohíbe las posiciones de dominio, y esto llega mucho más lejos, porque es un oligopolio totalmente protegido (sin posibilidad de pérdida), que esconde una situación cercana al monopolio.

 

Hay que decir que aquí las responsabilidades no son sólo de Fujimori y sus ministros firmantes: todos los congresos, salvo el actual, así como todos los presidentes y sus titulares de economía – desde entonces hasta hoy – han sido cómplices silenciosos de esta infamia, cuando han debido denunciarla e intentar solucionarla de emergencia. Los dos últimos gobiernos incluso hacen de bufete voluntario de las AFP, planteando acciones de inconstitucionalidad contra leyes con las que el congreso pretende hacer mínima justicia, dado que el ejecutivo no tienen ningún interés en empujar las cosas hacia el lugar que les corresponde.

 

Los argumentos de los voceros de las AFP (periodistas y economistas conservadores, autoridades públicas, políticos y ex-funcionarios del MEF ahora ejecutivos suyos) son falsos, y sublevantes cuando se mezclan con lugares comunes manipuladores. No hay espacio aquí para analizar la frecuente publicidad engañosa a la que apelan.

 

Un mito populista, que siguen alimentando desde 1992, es el que asegura que el Estado no está en capacidad de mejorar la gestión previsional privada. Es indiscutible que el Estado podría ofrecer un servicio superior a los pensionistas de las AFP: no cobra, no tiene interés legal contrario a los jubilados, tiene mayor capacidad de cobertura por legitimidad y herramientas legales, está más obligado a la transparencia y, por su naturaleza pública, tiene un mayor número de modelos pasibles de implementar con fines de favorecer a los pensionistas. No hay complejidad desbordante en administrar e invertir fondos, mucho menos para una entidad de gobierno especializada. Y, además, las AFP están muy lejos de ser una inversión eficiente. En principio, la posibilidad de poder usar esos dineros los haría mucho más rentables. Estamos en una revolución tecnológica que ofrece cada vez más opciones de inversión financiera y nichos comerciales, por lo que disponer del capital ahorrado permitiría muchos movimientos estratégicos en el tiempo, que terminarían redundando en una mucha mayor rentabilidad del dinero. También son opciones más eficientes la bolsa de valores (inestable en el corto plazo, pero segura frente a la paciencia del largo plazo), los fondos mutuos (algo menos rentables pero utilizables en cualquier momento) o la compra conjunta de una propiedad inmueble (ahora que están bajando).

 

Es cierto que desde el 2016 (recién) se puede retirar todo el dinero acumulado a los 65 años (y no verlo por partes en pensiones mensuales muchas veces miserables), o a partir de los 55 años en situaciones de largo desempleo. Y que también se puede sacar el 25% para adquirir una vivienda. Pero aun con esta reforma – que fue conseguida ante la agresiva y sonora oposición de las muy poderosas APF – la ineficiencia que genera el secuestro no desaparece. Y tampoco es que sea alta su pensión jubilatoria promedio: es aproximadamente 1100 soles. Según la misma Asociación de AFP, al 2018, el 35% de sus pensionistas superaba esta cifra, y el resto estaba por debajo. El 43% recibía menos de 750 soles, y el 6% menos de 450 soles. No pueden decir que no sabían que esto sucedería en una realidad de subempleo como la nuestra. Sumado a ello, los pensionistas han estado sujetos a una gravísima desinformación sobre la situación de sus montos (no sabían ni cuánto tenían) hasta por lo menos el 2010. ¿Y cuánto se llevan las AFP por obligarnos a contratarlos como administradores de nuestras futuras jubilaciones? Según la Superintendencia de Mercado de Valores, en el 2019 ganaron 501 millones de soles, y en el 2020 bajaron a 414. Sin riesgo ni inversión significativa. Año tras año y sin contar lo que ya ganaron.

 

Una estrategia retórica habitual, que han usado mucho los dos últimos ministros de economía para impedir los retiros de las AFP aprobados por el congreso, es decir que las administradores de fondos son parte del sistema nacional de pensiones, y que éste debe ser resguardado por responsabilidad con los futuros jubilados y el país. Es una afirmación deliberadamente superficial y demagógica, que obvia el tipo de vinculación de las AFP con el sistema pensionario. El decreto ley dictatorial y traidor que da origen a las AFP dice que el objeto legal de éstas es contribuir al desarrollo y fortalecimiento del área de pensiones (administrando fondos) en el sistema jubilatorio. Es decir, brindan un servicio, y no se ocupan de nada que esté fuera de su carísima labor técnica. Es claro que son un fusible del sistema, pero están amparadas por una norma inconstitucional que les permite – además de abusar – obligar como si fueran responsables, y ser defendidas bajo esa consideración.

 

Y como no tienen que responder por el sistema nacional de pensiones, no se hacen ningún problema con solo cubrir – según el BID del 2018 – al 20% de los trabajadores del país. Culpan a la informalidad, como si hubieran contratado con un Estado cuyo país era totalmente formal y protegía el empleo. De hecho, alguna vez el mismo Julio Velarde sugirió que podrían encargarse de dar una pensión universal a todos los peruanos, lo que correspondería si quisieran honrar el oligopolio. Obviamente lo rechazaron, incluso cuando esto les podría haber dado mayor margen de inversión sobre nuestros fondos. Dijeron que esa responsabilidad es del Estado. Y no se equivocan, según la oscura ley que los cobija. Así que Tony Alva y Waldo Mendoza no defienden al sistema nacional de pensiones, sino a las administradoras privadas que le dan un servicio, en un esquema de fraude constitucionalizado. Si de verdad algún gobierno quisiera proteger el sistema jubilatorio peruano, buscaría, desde su opinión y liderazgo, aliarse con el congreso para que ese dinero entre de emergencia al BCR – cortando de inmediato el secuestro legalizado – y así se pueda discutir, en plazo perentorio, si las AFP son necesarias y en qué condiciones, y cuál sería el destino óptimo de esos fondos. Soluciones institucionales hay, si se tiene voluntad política.

 

Y esto abre la pregunta de cuáles son las salidas progresistas al embrollo. Si algún ejecutivo quiere aprovechar lo acumulado en estas décadas por los afiliados a las AFP, para empezar a construir nuestro primer sistema jubilatorio público, universal y solidario (que toma tiempo pero sería lo ideal), debe encontrar esquemas en los que el futuro jubilado reciba más renta, para que desde ese excedente acepte sacrificar una parte para un fondo común. Obligarlo a compartir su dinero y recibir menos pensión que la que hoy espera,  sería seguir en el abuso granuja, esta vez con una expropiación. Si el gobierno reformista no lograr hacer aquello, pero no quiere arriesgar el futuro pensional de los actuales afiliados a las AFP, debe manejar sus fondos previsionales desde el Estado, en las  condiciones que hoy están vigentes, y con mayores flexibilidades para retiros durante el tiempo laboral. Y el último camino es simplemente devolver los dineros de propiedad privada. Mientras tanto, el presupuesto peruano está en perfecta capacidad de jubilar con – por lo menos – 500 soles mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que no tengan afiliación a sistema alguno, o que reciban menos de esa cifra en alguno de los dos sistemas posibles. Sería histórico y oportuno en el bicentenario, y sobre todo muy desarrollante en términos económicos.

 

* Constitucionalizar significa, aquí, legalizar con una norma que la constitución del 93 no coloca en el dominio de la acción de inconstitucionalidad, lo que la deja prácticamente fuera del control del TC. Tratándose de una norma previsional, es muy posible alegar que sus únicos caminos de derogación sean los establecidos en el artículo 200 de la carta magna, relativos a una reforma constitucional.

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Tags:

AFP, Constitución del 93, Ley
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