Apenas sienten el sonido del motor, niños y adultos abren las polvorientas puertas de sus casas con una sonrisa y balde en mano. Hay un ambiente de carnaval, pero es todo lo contrario. Acaba de llegar un camión cisterna que recorre por primera vez la trocha carrozable hacia Shalom Maná, el centro poblado que alberga a 40 familias y que llevan más de una semana sobreviviendo a la escasez de agua potable en las alturas de San Juan de Lurigancho. Una de las vecinas ha tenido que ir en busca del vehículo que ha contratado Sedapal para proveer de agua a los vecinos del distrito más grande del país.

Shalom Maná está asentado sobre un terreno eriazo al que se llega pasando el penal Castro Castro, unos 20 minutos manejando cerro arriba. Las únicas veces que los vecinos han visto subir camiones ha sido para botar desmonte en un terreno que colinda con sus tierras.

Hace nueve años que llegaron a esta ladera inmigrantes provenientes de diferentes regiones del país. El agua, hasta hace una semana, era suministrada por un pilón, un caño público instalado en una comunidad aledaña que recibe agua de Sedapal. Cada jueves, desde la madrugada, los vecinos se turnaban para ir a recolectar el líquido en recipientes. Todo por una tarifa plana de S/25 soles mensuales, cuentan a Sudaca.

Pero desde el pasado 4 de enero, el pilón del que sacaban el agua está seco. Sedapal informó de un aniego de aguas servidas en el cruce de las avenidas Tusilagos y Próceres de la Independencia, a unos siete kilómetros de este pueblo joven. La rotura ocurrió debido a trabajos en su “Sistema Alterno de Emergencia”. Hace más de dos años, sufrieron una situación similar, cuando otra tubería se rompió debido a las obras en la estación del Metro de Lima.

El incidente ha provocado que el distrito se quede sin servicio de agua potable. Y la oferta, que llega en camiones cisterna, no es suficiente para satisfacer la demanda. “Al inicio no estábamos tan preocupados porque teníamos algo almacenado, pero ahora he tenido que ir a hacer cola en la avenida Santa Rosa [uno de los puntos donde los camiones cisterna reparten agua a los vecinos del distrito]. Luego, regresamos para abastecer a los vecinos”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.

Ninan Gamonal vive hace años en una zona que ni aparece en Google Maps (Foto: Giovani Alarcón).
Ninan Gamonal vive hace años en una zona que ni aparece en Google Maps (Foto: Giovani Alarcón).

Los ciudadanos de esta localidad se alimentan de esta olla, que usualmente reparte 150 platos de comida diarios. Con la escasez de agua, sin embargo, han tenido que disminuir las raciones. Gamonal cuenta que, para ahorrar agua, intentan cocinar menos arroz o, en la olla donde hacen tallarines, también ponen a hervir otros alimentos antes de cambiar el agua. Así evitan tener que lavar los utensilios tantas veces.  La crisis es tal que no podrán utilizar un centenar de sobres de caldo que les han donado en estos días. El lote está apunto de caducar.

Los problemas de salud tampoco son ajenos. Al menos dos niños han tenido infecciones que los vecinos relacionan a la falta de agua. Las enfermedades se suman al drama del Covid-19. Esta semana, cuentan, uno de los moradores ha tenido que ser internado por un cuadro de insuficiencia respiratoria.

El último jueves, los dirigentes de este centro poblado tuvieron una reunión con funcionarios de Sedapal, pero las promesas cayeron en saco roto. La empresa estatal, que había asegurado que iba a restaurar el servicio de agua el pasado fin de semana, no cumplió. Ahora dicen que lo harán antes del miércoles.

Los primeros días sin agua fueron de desconcierto para los vecinos de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país: tiene más de un millón de habitantes. Las autoridades locales llegaron a recibir denuncias de cisternas -contratadas por Sedapal- que no llegaban a las zonas de reparto y más bien aprovechaban para vender el agua en lugares donde se les pagara más. 

“Muchos vecinos se han estado quejando de que algunas cisternas no han estado llegando a los destinos o que no encontraban al contacto en la zona de reparto. Al parecer, en el camino, hacían lo que no debían”, comenta Nil Herquinio, regidor de la municipalidad. Las quejas, según Herquinio y los propios vecinos, acabaron cuando el Ejército empezó a supervisar el trabajo de los repartidores.

Parada frente a la puerta del local de la olla común, Ninan Gamonal recuerda sus primeros años en Shalom Maná, las primeras casas, la construcción de la trocha carrozable que hoy nos ha guiado hacia el lugar. La docente, que enseña tres veces a la semana a 15 niños, sueña con que las colinas frente a las cuales amanece algún día sean verdes. “Quiero que sean como Mangomarca, que está a la vuelta del cerro de enfrente”, apunta, señalando una pequeña planta que crece a mitad de una ladera.

A 20 minutos del penal Castro Castro, cerro arriba, está Shalom Maná (Foto: Giovani Alarcón).
A 20 minutos del penal Castro Castro, cerro arriba, está Shalom Maná (Foto: Giovani Alarcón).

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En el cruce de las avenidas Próceres y Tusilagos, en la parte baja de San Juan de Lurigancho, funciona hace 30 años la pollería La Kasiña. Desde su segundo piso, Rosa Espinoza (60), la dueña, ha sido testigo de primera mano de los aniegos que han inundado la zona, tanto el del pasado 4 de setiembre, como el del 2019.

“Fue el sábado como a las dos de la tarde. Los vecinos indignados llamamos y llegaron rápido con los hidrojets [maquinaria para succionar las aguas] a la media hora. Incluso vino el alcalde, pero lo corrieron al toque. Es muy figureti. Los vecinos le empezaron a gritar, a insultar. No hace nada, ni aparece, no hay gestión”, dice decepcionada la mujer.

Vista desde el segundo piso de La Kasiña el día del aniego del sábado 4 de setiembre.
Vista desde el segundo piso de La Kasiña el día del aniego del sábado 4 de setiembre.

Al día siguiente del último aniego, cerraron una de las vías de la avenida Tusilagos para que pueda ser ocupada por las cisternas. Al inicio, los vecinos se amontonaban para llenar sus baldes, pero conforme pasaron los días han encontrado otros puntos y han dejado la calle más libre.

La pollería de Rosa la pasó mal. Estuvieron tres días sin poder recolectar suficiente agua. Eso, sumado al tráfico generado por el cierre de la vía, generó que sus ventas cayeran hasta menos de la mitad de lo que suelen ganar. Su negocio está en una pequeña pendiente: gracias a eso, las aguas servidas no llegaron a tocar sus instalaciones.

En San Juan de Lurigancho no solo pululan pollerías, sino también los locales para lavar autos. Hay zonas en las que se pueden encontrar hasta tres car washes en una sola cuadra. Algunos se ubican frente a lugares donde, con el tráfico de los autos, se levantan polvaredas de manera frecuente.

César (58) es dueño de uno de estos negocios. Su local, La Merced CarWash, está frente al parque zonal Huiracocha. El llenado de un tanque -que le permite lavar hasta 100 carros- hoy le cuesta hasta S/70 diarios cuando antes del aniego costaba casi un tercio de aquel monto.

Con la escasez de agua, además, sus ganancias han disminuido considerablemente. Antes del incidente recibía hasta 70 autos diarios, hoy recibe menos de la mitad. Ha tenido que pedirle a tres de sus empleados que no vayan a trabajar hasta que regrese el agua.

“Sedapal no te llena nada, ¿y para qué uno se va a quejar si nunca aparecen? Ahora he tenido que subir la tarifa de S/8 a S/10 porque, con el pago del agua a las cisternas, ya no me alcanza”, reniega César. A nuestro lado pasa un bus de transporte público a toda velocidad y levanta suficiente polvo para teñir de marrón su gorra negra. 

***

Los camiones cisterna suelen quedarse a mitad de camino en la Agrupación Familiar Super S-II, un poblado de cerca de 300 familias asentado sobre la ladera de un empinado cerro. Los motores no dan más y los que viven en la punta son los últimos en ser atendidos. Por lo tanto, reciben menos agua.

El camino para ingresar a este centro poblado también desemboca en otras 14 agrupaciones, todas las cuales dejaron de tener agua desde el sábado y hoy ruegan porque las cisternas puedan superar la pendiente del trayecto.

Zoraida Rivera (60) llegó a la falda de este cerro hace 20 años, desde su natal Huánuco. No sufre como el resto ya que la parte baja del cerro cuenta con un sistema de agua y desagüe, que lograron instalar el 2009. Pero no es un sistema estable.

“A veces nos llega en la noche o en la mañana, pero sí nos cobran en exceso. Yo pago hasta S/100 soles en ciertas ocasiones, aunque apenas somos cuatro personas. He reclamado a Sedapal, revisaron el medidor y me dijeron que no había problema”, dice la mujer, que en el último mes también ha visto la tarifa de luz por las nubes, cuando ni siquiera tiene un refrigerador o una plancha en casa. 

Zoraida Rivera es fundadora de uno de los pueblos en la falda de un cerro en SJL y vive el día a día vendiendo alfalfa(Foto: Giovani Alarcón).
Zoraida Rivera es fundadora de uno de los pueblos en la falda de un cerro en SJL y vive el día a día vendiendo alfalfa (Foto: Giovani Alarcón).

Desde el aniego, debe recurrir al camión cisterna. Si el vehículo no pasa, debe trasladarse a los puntos de reparto, lo que se traduce en pasajes de S/5 o S/6. “Como es subida, a veces nos dicen que no vienen hasta acá. Si subo sin carga [se refiere al agua], me cobran un sol, pero ahora eso es lo que cobran [los mototaxistas]. Tengo que reciclar mucho el agua”, cuenta. Hoy una cisterna sí ha llegado al lugar, pero se queda estancada cuando empieza a subir la colina, dejando un reguero de agua que se seca rápidamente sobre el arenal.

Fotoportada: Darlen Leonardo. Foto: Andina.

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aniego, San Juan de Lurigancho, sedapal

La Derrama Magisterial es el siguiente objetivo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio fundado por Pedro Castillo. La institución previsional, que tiene cerca de 300.000 docentes afiliados, es un jugoso botín para este nuevo sindicato, que logró inscribirse oficialmente recién bajo el mandato del actual presidente. En concreto, tras menos de 72 horas de haber asumido Palacio.

Hoy la Derrama Magisterial (DM) está bajo el control del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), gremio vinculado al Partido Comunista del Perú-Patria Roja. El Sutep, como es de esperar, no dejará que le arrebaten tan fácilmente la gallina de los huevos de oro.

De acuerdo a sus Estados Financieros, hasta enero de 2020 la Derrama tenía activos por un valor de S/2.650 millones. Además de ofrecer créditos a sus afiliados, la institución ha invertido el dinero de los profesores -entre otros- en proyectos de vivienda y hoteles tres estrellas en Arequipa, Asia, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Ica, Nasca, Tacna y Tarapoto. También tiene una unidad de venta de retail online llamada DM Plaza y la más reciente joya de la corona: Librerías Crisol.

Esta última fue adquirida en 2016. Para esa fecha, el valor de la librería se estimaba hasta en S/36 millones, sin contar la deuda financiera. Su participación en el mercado, con una treintena de tiendas, era de más del 50% del canal moderno.

El manejo de todo ese imperio está ahora en juego. El movimiento magisterial que fundó Castillo, y que tiene irrefutables vínculos con el Movadef, cuenta con aproximadamente 50.000 afiliados y está en una activa campaña, en el sur y el norte del país, para captar más. Sudaca pudo conocer que al interior de la Fenatep hay dos vertientes sobre qué hacer con dicha entidad si llegan a tomarla. La primera es “democratizar” la participación de otros sindicatos en el directorio. La segunda: cerrar la institución y liquidar sus activos. Esta última responde a las voces más radicales de la agrupación.

Partidario de la primera opción es el actual congresista Édgar Tello, quien a fines del mes pasado ya solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la situación económica de la DM, aunque no ha tenido respuesta por el momento. “En el estatuto que el Minedu ha aprobado para la Derrama existe una condición para ser miembros del directorio y esta es ser afiliado al Sutep, lo que vulnera el derecho de la libertad sindical y de libre asociación”, se queja el parlamentario, consultado para este informe. 

El estatuto de la DM señala que el directorio está conformado por cuatro representantes del Sutep, uno del sindicato de profesores de educación superior y un representante del Ministerio de Educación. No se permiten cambios a menos que sean propuestos por el directorio y aprobados por la cartera ministerial.

Otra vía podría estar en el Congreso, donde la Fenatep es parte de la bancada de Perú Libre. En los dos últimos años se han presentado 14 proyectos de ley sobre la Derrama, a través de parlamentarios de distintas bancadas. Entre ellas, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú o Frepap. Algunos de los proyectos buscaban, por ejemplo, que se incorporen representantes regionales en el directorio, que se autorice el retiro de fondos y la desafiliación o que se modifique el estatuto mismo de la entidad. Ninguna de estas iniciativas vio la luz en El Peruano.

“La ley es muy clara en el sentido de que quien representa a los trabajadores es el sindicato mayoritario. Y el sindicato mayoritario, para todo efecto, es el Sutep. A no ser que cambien la legislación y adecúen todo a los intereses del Fenatep. Entonces ya sería un actuar mucho más descarado”, dijo hace unas semanas Lucio Castro, secretario general del Sutep, a Sudaca. El dirigente asegura tener más de 200.000 afiliados en su gremio.

Sudaca buscó la version de la DM, pero no obtuvo respuesta. Castro, en tanto, sí cuestionó la cercanía del Fenatep con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, y apuntó: “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen. Lo que ellos quieren seguramente es meter la mano en el dinero de los maestros. Eso los afiliados no lo vamos a permitir”.

Lo cierto es que otro sector de la Fenatep que no tiene intenciones de conformar el directorio, sino que quiere liquidar los activos para repartir los recursos entre los docentes. Luego se crearía una nueva entidad. “Nuestro planteamiento es que la Derrama sea intervenida y que se produzca una auditoría, porque no está funcionando a favor del maestro. Además, que se produzca la liquidación y la devolución de los aportes, tanto personales como de capital que existen ahí”, dice Segundo Vásquez, secretario general del nuevo gremio, a Sudaca.

Consultado sobre qué se haría con la previsión social de los docentes, Vásquez indica que eso se verá luego del cierre, en “los eventos realizados en cada base distrital y provincial para ir proponiendo contenido, estructura y estatuto de la nueva entidad de previsión”.

Vásquez no desaprovecha la oportunidad para arremeter contra la actual gestión de la DM. Dice, por ejemplo, que los créditos no son competitivos en comparación con otras entidades bancarias. El directorio -cuyo mandato acaba este año- lo preside Luis Espinoza Tarazona, quien figura como militante de Juntos por el Perú desde 2017 y es afiliado al Sutep.

La influencia del Fenatep sobre el presidente Castillo puede jugar un rol decisivo en la toma de la Derrama Magisterial. Sin embargo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, es hasta ahora un muro de contención. “Con nosotros se hace el difícil para conversar. Con Patria Roja sí para coordinando”, dice Segundo Vásquez. Veremos hasta dónde resiste las presiones.

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derrama magisterial, fenatep, Minedu, Sutep

El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministra de Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.

El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban “habilitados” para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.

Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.

*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión “algunos padres” fue hecha luego de publicado el informe. 

La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes sociales en febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.

Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.

La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.

PRESIONES Y RECLAMOS

Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu. 

Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.

Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.

A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.

Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una “agenda mínima” que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.

Acuerdo de GOREs del 14 de agosto.
Acuerdo de GORE del 14 de agosto.

Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.

Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.

Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.

De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.

Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.

“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.

El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.

En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.

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fenatep, Minedu, pronied, retorno a clases

La mañana del pasado martes, ocho congresistas de Acción Popular (AP), la tercera bancada más importante del Congreso y la que preside la Mesa Directiva, se reunieron por cerca de dos horas con el primer ministro Guido Bellido. La cita, si bien cordial, tuvo desencuentros.

Pese a ello, la primera opción que baraja la bancada es darle el voto de confianza al Gabinete. Según el congresista Edwin Martínez, al interior del grupo parlamentario ya se está hablando de optar por este camino con el ánimo -dice- de dejar trabajar al Ejecutivo, aunque con la permanente evaluación del Congreso.

Pero el objetivo real, según otras voces al interior de AP, es evitar una disolución del Parlamento. ¿Cuál sería la respuesta de Acción Popular ante este eventual escenario? El parlamentario Carlos Alva advierte: “si morimos nosotros, también el presidente”. No quiso explayarse en detalles.

Guido Bellido se reunió hace dos días con la bancada que dirige la Mesa Directiva (Foto: Canal N).
Guido Bellido se reunió hace dos días con la bancada que dirige la Mesa Directiva (Foto: Canal N).

Fuentes de la lampa dicen a Sudaca que, sorteada la cuestión de confianza, la estrategia pasará luego por asentar bien las comisiones parlamentarias y mostrar una actitud de fiscalización dura y permanente, esperando el traspié de algún ministro. “Lo que se hará es resguardar el trabajo congresal [dando la confianza], para que luego se imputen denuncias [a los ministros]. Por ahora no hay argumentos técnicos y legales, por lo cual no se puede imponer siquiera el hecho de cambiar un ministro por otro”, dice una fuente que estuvo presente en la reunión con el premier. 

Precisamente, las armas empezaron a calibrarse en la bancada acionpopulista luego de la reunión del lunes con Bellido, encuentro que algunos califican como decepcionante. Uno de los pedidos del partido de la lampa fue que el Legislativo abandone la iniciativa de una Asamblea Constituyente: “Le dijimos que el dólar está subiendo, que la canasta familiar disminuye y que deje de lado la Asamblea para ponerse en los zapatos de la población”, cuenta la congresista Silvia Monteza.

Los parlamentarios también insistieron, y al unísono, en que se aleje al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que los cargos públicos dejen de coparse con militantes de ese partido. Pero no encontraron mucho eco. “[Bellido] dijo que de repente van a cometer algunos errores [en los nombramientos], pero que se van a subsanar. Insistimos en que no impongan a gente que no reúne los requisitos, que no se rijan solamente por su partido, porque el país no está para seguir experimentando, pero no llegamos a un entendimiento”, dice Monteza.

La bancada, además, buscó que más mujeres integren el Gabinete, ya que el actual solo cuenta con dos ministras, pero no hubo una respuesta concreta del premier.

Parte de la bancada de AP en reunión con Bellido en la PCM (Foto: PCM).
Parte de la bancada de AP en reunión con Bellido en la PCM (Foto: PCM).

Durante la jornada, los parlamentarios dicen haber notado cierta desidia de parte de Bellido por conseguir los votos de confianza. “En un determinado momento aseguró que no nos había reunido con el fin de pedir el voto de confianza, porque para él era igual regresar al Congreso y trabajar desde ahí. Yo le dije que si no le importa el voto, es porque no le importa la democracia. Pareciera que poco le importa, que los pedidos le entraron por una oreja y le salieron por la otra”, apunta el congresista Edwin Martínez.

Los congresistas entrevistados por Sudaca coinciden en que en el Pleno de hoy buscarán presidir comisiones fundamentales como Presupuesto, Transporte, Educación y Descentralización. En paralelo, se ha acordado a la interna que no se piensa otorgar las presidencias de Constitución o Presupuesto ni a Perú Libre ni a Fuerza Popular. Esta última bancada declinó de sostener una reunión con Bellido. El juego de poderes ya empezó.

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Acción Popular, Congreso, Guido bellido, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Luego de la elección de la Mesa Directiva para la primera legislatura del Congreso -que liderará María del Carmen Alva de Acción Popular (AP),  junto a representantes de Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y Avanza País (AP)-, la bancada oficialista de Perú Libre (PL) quedó en el aire. 

La derrota no solo se debió a que registraron su lista fuera de hora, sino a que en las negociaciones PL mostró obstinación en presidir la Mesa y no cedió en la idea de impulsar una Asamblea Constituyente desde el Parlamento. El presidente Pedro Castillo, incluso, insistió en esta idea en su mensaje presidencial.

Hoy el nuevo objetivo de la bancada perulibrista es hacerse de las principales comisiones del Parlamento. Y si bien los congresistas de la oposición dicen que no hay ánimos de hacerle la vida imposible al oficialismo, a quien le corresponde presidir siete de esos grupos de trabajo, la mayoría de bancadas coincide en que hay varias demandas antes de ceder y cada una tiene, además, sus propias ambiciones.

“Estamos en ese proceso de iniciar las gestiones. […] Las comisiones más importantes [para el partido] son Educación, Trabajo, Salud, Defensa, Presupuesto y Constitución”, dice el congresista Edgar Tello, de Perú Libre.

Tello sabe, como su colega de bancada José Balcázar, que desistir de sus pretensiones de impulsar una Asamblea Constituyente va a ser puesto sobre la mesa por la oposición a cambio de comisiones clave. Pero no están dispuestos a ceder, así sea -en palabras de Balcázar- una intención “suicida”. 

Sudaca contactó unos días antes de su nombramiento al ahora premier Guido Bellido para consultarle sobre esta posición. “Todo es dialogable […] ¿Por qué les preocupa tanto la Asamblea? Están desesperados”, dijo y dejó de contestar.

Las negociaciones por las comisiones entonces se pondrán cuesta arriba para el oficialismo. Por ejemplo, Alejandro Cavero, de Avanza País, dice que a la fecha han tenido dos reuniones con Perú Libre [ninguna sobre las comisiones], luego de las cuales la única conclusión de su partido fue que no apoyarán la Asamblea Constituyente, aunque sí cambios constitucionales.

“A título personal pienso que, bajo ninguna circunstancia, deberían presidir Constitución, pero hay otras que son importantes para el oficialismo, como Presupuesto. Habrá que sentarnos a conversar, pero si no desisten de la bandera de la Constituyente, será difícil llegar a un acuerdo”, agrega.

Avanza País, a la que le corresponde presidir una comisión, también tiene su lista de deseos. “Tenemos varias comisiones en mente, pero es parte de la negociación con los otros grupos políticos. Está Energía y Minas, aunque también estamos apuntando a Educación, Trabajo o Producción. Calculo que, a partir de la próxima semana, estaríamos negociando”, dice Cavero.

Por su lado, en Fuerza Popular -la segunda bancada con más congresistas (24)- también quieren Constitución. De acuerdo al vocero alterno de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, competirán por este codiciado grupo de trabajo con la bancada oficialista. 

“Son cinco las comisiones para FP. En la segunda vuelta hemos ido con la defensa de la Constitución del 93, por lo que sería una de las comisiones por las cuales podríamos estar detrás”, apunta. Pese a ello, reconoce que recién luego del mensaje presidencial se reunirán como bancada para definir estos temas y que aún no tiene las coordinaciones avanzadas. 

Luego de la elección de la Mesa Directiva, José Arriola, vocero de Acción Popular, señala que no han tenido mayor acercamiento a Perú Libre. Sin embargo, señala que hay predisposición para apoyar a dicho partido en algunas comisiones. Educación, por ejemplo, sería una carta para negociar. Incluso, en la órbita está Presupuesto, una de las más codiciadas.

¿Qué pediría Acción Popular para no negarle al oficialismo la presidencia de estos grupos de trabajo? “Un primer gesto sería poner coto a este tipo de declaraciones de Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo. A partir de ahí, podríamos conversar, pero todavía no hemos empezado a negociar las comisiones con ellos”, dice Arriola.

Arriola se refiere, por ejemplo, a las recientes declaraciones de Bermejo luego de que el Pleno votó por no dejar participar a la lista que integraba Perú Libre con miras a la Mesa Directiva. “El fujimorismo y la derecha quieren vetar a la lista 3 […] El plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado”, escribió en Twitter el parlamentario investigado por sus vínculos con los narcoterroristas del Vraem. 

Por otro lado, Eduardo Salhuana, congresista por APP, señala que, más allá de que Perú Libre no tenga ningún representante en la Mesa Directiva, eso no significa que se vaya a actuar a sus espaldas. “Se coordinará también con ellos el tema de las comisiones para que algunas, como Presupuesto y otras importantes, sean asumidas por Perú Libre. Sería una mezquindad apoderarse de todas las comisiones”, afirmó. 

Ahora que se ha juntado con el Partido Morado, Somos Perú tendrá mayor ventaja para negociar, pues a esta alianza le corresponden dos presidencias de comisiones. Así, buscarán tener Descentralización y Ciencia y Tecnología, aunque todavía no se oficializa la creación de este Grupo Parlamentario más allá de las declaraciones de sus integrantes. 

Fuentes cercanas a esta coalición señalaron que también se están conversando con otros congresistas para que se incorporen a la misma. “Hay incomodidades en el Parlamento y algunos ven con bastante agrado las posiciones de Somos Perú. Esperamos que las incorporaciones se den a la brevedad. Uno de ellos es Héctor Valer, que es no agrupado (y estuvo en Renovación Popular)”, refirió una fuente.

Las claves

De acuerdo al exjefe de gabinete de la Mesa Directiva, Alejandro Rospigliosi, las comisiones más importantes a presidir son Presupuesto, Constitución, Economía, Energía y Minas, y Fiscalización. Esto, debido a que las principales decisiones de Estado, como fiscalizar al Ejecutivo y aprobar normas con gran impacto, pasan por estas.

Cabe recordar que, según el reglamento del Congreso, es el Pleno el que aprueba el cuadro de conformación de las comisiones. Para ello, debe haber un acuerdo previo del Consejo Directivo del Parlamento, el cual incluye a la Mesa Directiva y los portavoces de los grupos parlamentarios que llevan las propuestas. 

Todo indica que las negociaciones se darán a contrarreloj y que o Perú Libre aprende a ceder, o podría seguir perdiendo espacios clave en el Parlamento. 

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Asamblea Constituyente, Bicentenario, Congreso, Guido bellido, Pedro Castillo, Perú Libre

La novela del nuevo gabinete ministerial está en su momento más incierto. Luego de que se anunciara que el día de ayer se conocerían los nombres de los ministros del Bicentenario, la ceremonia se postergó al 30 de julio, dejando al país, dos días más, en zozobra.

A horas de la mañana, Sudaca fue el primero en informar por redes sociales que la juramentación de los ministros fue cancelada la noche de antes de ayer, de acuerdo a fuentes que estaban encargadas de organizar el evento y de Cancillería.


La ceremonia, que recién se empezó a gestionar el pasado lunes 26 por la noche, iba a albergar a 150 personas. Sin embargo, antes de las ocho de la mañana de ayer los organizadores recibieron la orden de que el evento no iba más. El anuncio interno lo dio José Corbera, jefe de la Oficina General de Administración de la Cancillería. 

Una hora después de la información que lanzó este medio, Presidencia emitió un comunicado donde señalaba que la juramentación del primer ministro se haría el día de mañana en Ayacucho y que la ceremonia de juramentación del gabinete se llevará a cabo el 30 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y no en Palacio de Gobierno, como se suele hacer.

La razón radica en que aún no está terminada la lista de los ministros que estarán a cargo. Más allá de los nombres que han circulado, varios indicios demuestran las indecisiones del presidente Pedro Castillo, y las presiones que está recibiendo.

El confeccionista Dante Grados -a quien tradicionalmente los gobiernos de turno le han pedido la elaboración de las bandas ministeriales y presidenciales-, aseguró a Sudaca que hasta las seis de la tarde del martes se habían entregado solo 12 fajines, de los cuales diez son para hombres y dos para mujeres.


Al ser 19 los ministerios aún vigentes extraña que para entonces no se hayan mandado a hacer más. Adicionalmente, este medio pudo conocer que Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Perú Libre, le compró al confeccionista uno de los fajines para un ministro. Contactado, el abogado negó que sea para él o su hijo. Pero no quiso dar más detalles.

Asimismo, a las cinco de la tarde del mismo día, 27 de julio, llegó al taller una camioneta de la cual bajó una mujer para comprarle un fajín adicional a Grados. Sudaca pudo comprobar mediante la placa que el vehículo es propiedad de la PCM. 

Hasta la noche del martes, Róger Nájar permanecía como la principal carta para ser primer ministro. Fuentes aliadas de Castillo -y otras cercanas al partido con las que pudo hablar Sudaca-, sin embargo, señalaron que hasta ayer existían serias dudas sobre su nombramiento, basadas principalmente en que tuvo una hija con una adolescente de 14 años cuando él tenía 30, como informó el diario La República. Es por ello que todavía no se termina de definir al 100% si es que asumiría el premierato, y Nájar venía perdiendo peso a la interna. 

A eso se le suma que ayer por la noche un grupo de cerca de 20 congresistas mujeres de distintas bancadas del nuevo Parlamento firmaron una misiva donde se exhorta a Castillo a que “no incluya en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres, niñas y niños peruanos”. Era una clara alusión a Nájar. Entre las firmantes están la fujimorista Ronsagella Barbarán, Norma Yarrow por Renovación Popular, la acciopopulista Marleny Portero, Rosio Torres por Alianza Para el Progreso, Rosselli Amuruz de Avanza País, entre otras. 

Lo más concreto es que Hernando Cevallos asumiría la cartera de Salud; Pedro Francke, el MEF; y la vicepresidenta Dina Boluarte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Otro voceado para ocupar es Héctor Béjar en Cancillería. Fuentes de esta cartera confirman que se trata del nombre que tiene mayor peso para ocupar dicho ministerio. Ayer llamó la atención su presencia en una de las primeras reuniones bilaterales lideradas por Castillo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Castillo, Béjar, el rey de España Felipe VI y Lasso almorzaron ayer en Torre Tagle. El electo presidente cerró con un brindis y la frase “seco y sin gota, al estilo de Chota”, lo que causó risas en los presentes.

Sudaca también conoció que el Frente Magisterial, organización de la cual ha sido activo integrante Castillo, propuso una terna para la cartera de Educación: los profesores Mario Guanilo de La Libertad, Segundo Vásquez de Cajamarca y Roger Apolinar de Lima Provincias. Sin embargo, el principal voceado para dicho ministerio sigue siendo Juan Cadillo, según ha trascendido.

Además, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas (Conarc), Víctor Vallejos, fue propuesto por esta organización a Pedro Castillo para ocupar el ministerio del Interior. Vallejos no es visto con simpatía por otras organizaciones de rondas, como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) 

Pero no todos se acercan a Castillo a proponer. Cerca de las siete de la noche del 26 de julio pasado, dos días antes de la fecha pactada para la presentación de los ministros, unos 50 militantes de Perú Libre llegaron a la base de Breña donde despacha Pedro Castillo. Querían presionar para que ningún “caviar” llegue al gobierno y exigir que, si hacía falta algún profesional para estar en el Ejecutivo, los elegidos debían estar entre quienes apoyaron la causa perulibrista desde el inicio.

“Castillo y Cerrón, un solo corazón” o “(George) Forsyth y (Daniel) Salaverry, la misma porquería”, coreaban luego de que terminase la visita de Vladimir Cerrón, líder del partido, a la base de Breña. Además, exigían a Roger Nájar como primer ministro. Los militantes también cantaban: “si Pedro se equivoca, el pueblo lo corrige”. 

Emerson López, secretario de profesionales del Comité Ejecutivo Regional de Lima, y vocero de dicho incidente,  sin embargo, no ha visto que el reclamo haya sido fructífero.  En comunicación con Sudaca, indica que todavía no les han comentado quiénes serán los que finalmente asumirán los ministerios y que recién el lunes sostendrán una reunión con el presidente Castillo.

Para la abogada constitucionalista Ana Neyra, al no contar con ministros, formalmente, ningún acto del presidente tiene validez ya que no tiene refrendo alguno, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución. “Cualquier acto que suscriba, como un proyecto de ley, no podría hacerlo, aunque también es cierto que en los días 28 y 29 no se hacen muchas cosas”, explica.

“Esperemos que por lo menos haya un primer ministro, porque es esta persona quien propone el gabinete al presidente. Me parece que algo así nunca ha sucedido, los cambios de gobierno siempre empiezan con el cambio de ministros”, agrega la exministra de Justicia.

Por ahora, habrá dos días en los cuales el país no tendrá ministros, hecho sin precedentes en la historia reciente del país. A 200 años de la independencia del país, la incertidumbre política sigue siendo nuestro sello distintivo. 

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Bicentenario, Cancillería, juramentacion de ministros, Pedro Castillo, Perú Libre, Roger Nájar, Vladimir Cerrón

A fines del 2020, DHL Express fue elegida como el segundo mejor lugar para trabajar a nivel mundial. La empresa incluso se jactó de que en el Perú no paró operaciones, además de mantener a su personal y no recortar sus salarios. Pero hace dos semanas explotó un caso de maltrato laboral que desencadenó en una serie de denuncias por despidos disfrazados de “mutuo disenso”. Sudaca pudo recoger varios de estos testimonios.

El pasado 16 de julio, Scarlett Loyola, hija del ahora extrabajador Luis Loyola, denunció públicamente que su padre había sido retenido en las oficinas de DHL y que fue obligado a renunciar. Luis tenía cerca de 10 años trabajando como mensajero en DHL y, desde que empezó la pandemia, le habían asignado tareas que podía cumplir en su casa. Es, además, una persona que padece hipertensión arterial.

Según el relato, el señor Loyola se encontraba con descanso médico por un infarto ocular del que fue dado de alta a inicios de este mes. El pasado 14 de julio fue citado a las oficinas de la empresa con la excusa de una capacitación.

El martes entregó su alta y lo llamaron para que vaya el miércoles 14/7 a la oficina en el Callao a una capacitación. Mi papá fue y lo llevaron a un cuarto con el jefe y la gerente de operaciones, Mireya Martin. Le dijeron que debía firmar su renuncia por mutuo acuerdo. Pero él nunca firmó suspensión perfecta de labores y encima tenía descanso médico. Mi papá dijo que no firmaría y no lo dejaban salir”, se lee en la publicación de su hija.

Contactada por Sudaca, Scarlett Loyola se ratifica y cuenta que ella estuvo en comunicación con su padre por el celular durante este penoso episodio.  Asegura, incluso, que le escuchó decir que se sentía mal de la presión, pero el personal de DHL apenas atinó a que una agente de seguridad le tome el pulso. Según la hija del trabajador, a pesar de la urgencia, no lo dejaron salir de la oficina. Hasta que, finalmente, firmó el documento.

La mujer, que hoy sufre injustificadamente una serie de insultos en Twitter por destapar este hecho (aunque también muestras de apoyo), asegura que, cuando llegó a ayudar a su padre, el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, la maltrató y le negó la opción de grabar una conversación que mantuvieron afuera de la empresa, en la vía pública. Según ella, le dijo que la denunciaría si hacía lo contrario. Mauricio Martinez  ha desactivado su perfil de LinkedIn.

Cuando Scarlett pidió explicaciones del despido disfrazado de “mutuo acuerdo”, Matínez habría puesto como excusa que su padre, a pesar de estar contagiado de Covid-19, se fue a almorzar con un trabajador de la empresa y, por lo tanto, lo había puesto en peligro. Lo que le llamó la atención es que su padre había estado infectado desde fines de febrero hasta el 7 de marzo pasado, en que lo dieron de alta. La supuesta comida ocurrió en mayo, asegura: dos meses antes de su despido.

“Se puso déspota y me dijo que si quería que denunciase en las redes, en Sunafil, donde sea, pero que tenían la firma de mi papá y eso los iba a avalar, dijo que tenían un staff de buenos abogados”, afirma Scarlett Loyola.

Horas después de que el caso de Loyola saliera a la luz, la empresa publicó un comunicado. En este decía que no iban a discutir casos individuales de excolaboradores por consideraciones legales y de privacidad, pero que rechazaban rotundamente cualquier acusación relacionada a algún maltrato o violación de derechos. 

Además, apuntaron: “Para aquellos considerados como grupo vulnerable, pero cuyos trabajos requieren operaciones en centros de servicio, también hemos hecho arreglos para que puedan quedarse en casa sin afectar sus ingresos ni su situación laboral”. No todos opinan lo mismo, como veremos a continuación. 

Más pretextos

Jair Yataco sufre de dislipidemia, una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos), y también de hipertensión arterial. Según Bryan Medina, médico del hospital Rebagliati, estas condiciones, en el contexto de pandemia, hacen que sea población vulnerable. 

Yataco asegura que la empresa conoce de su condición. A pesar de eso, señala que él siguió operando en la calle hasta poco tiempo antes de ser despedido, cuando se le dijo que haga trabajo remoto.

El pasado 15 de julio, sin embargo, tras 15 años trabajando como mensajero en la empresa, fue llamado a una “capacitación” por uno de los líderes de su área. Ahí le dijeron, para su desagradable sorpresa, que debía firmar un mutuo disenso. Según su relato, si no aceptaba, la empresa utilizaría como excusa un incidente que había ocurrido el 20 de noviembre del 2019, por el cual se le retuvo su brevete.

“Sabía que me iban a agarrar por eso, porque otros amigos ya estaban hablando de despidos, pero es algo que yo había comunicado en su momento. Me dijeron que si no firmaba, sólo me iba a ir con la CTS, en plena pandemia. Tácitamente estaba obligado a firmar”, recuerda.

Otro caso similar es el de Yanira Hermoza (28), quien había dedicado siete años en el área de Aduanas y fue retirada hacia fines de 2020. Según su testimonio, fue convocada de un momento a otro a la compañía tras un descanso médico y fue llevada a una oficina en el área de recursos humanos, supuestamente, para comunicarle que querían cambiar sus funciones.

Una vez ahí, le dijeron que ahora buscaban a gente de otro nivel y que no cumplía con las expectativas de la empresa. “Yo tenía hasta felicitaciones de DHL y había estado siete años. Me tenían a veces trabajando sábados o domingos y jamás me pagaron horas extras. Eran conscientes que era mamá soltera, pero igual me hicieron sentir muy mal y lloré. Me pareció raro que me dijeran que firme lo de mutuo disenso, pero para no pelearme, terminé firmando”, narra.

“Firmé por ignorancia, me dijeron que era la mejor opción para ambas partes, para que puedan dar buenas referencias mías. Llegué a casa y me dijeron que debí negociar de otra forma. Luego caí en cuenta de que, primero me dijeron que me sacaban por ser mala en el trabajo y luego me decían que me recomendarían en otro. Después de tanto esfuerzo, te dicen ‘chau’. Fueron injustos conmigo”, se lamenta.

María, nombre ficticio de una extrabajadora de casi 10 años, aún tiene una materia pendiente con la empresa y por ello pide anonimato. Ella también fue convocada para ver “un tema laboral” a inicios de enero de este año -según dice, para conocer cómo iba a ser el plan de trabajo-. Al llegar, estaba su jefa y la directora del área, con un sobre manila. Ella sabía, o algo le decía, de qué se trataba: el mutuo disenso.

“Sabía que no había ido a trabajar. Me dijeron que intentaron colocarme en otro lado pero que no se pudo, que estaban desvinculando a varios empleados y que necesitaban otro tipo de profesional para el puesto que dejaba. Incluso, me dijeron que me habían armado un pack que me convenía firmar [se refiere a una ‘buena’ liquidación]”, cuenta.

María cuenta que se contactó con su abogado y este le dijo que podía pelearla, pero que iba a demorar. Entonces pidió que la dejen sola y, al rato -dice- vinieron con una propuesta de liquidación mayor.

“Me advirtieron que tenía 10 minutos y que el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, decía que pasado ese tiempo, la oferta vencía. Me estaban presionando y respondí que necesitaba pensar en mi futuro. Estamos en pandemia y tengo una hija. Ni siquiera había tenido una sola amonestación en mi carrera. Luego me dijeron que si íbamos por el lado legal, iba a salir mal de la empresa y que, si renunciaba, iba a salir por la puerta grande”, afirma. Asegura que el jefe de Recursos Humanos también se jactó de contar con un staff muy fuerte de abogados.

Y luego añade: “Al final de la tarde, me enteré que hicieron una reunión y que dijeron que me habían sacado por mi desempeño, que me habían avisado incluso, pero es totalmente falso. En las evaluaciones tenía una puntuación de cuatro, donde cinco es lo máximo y el promedio era tres. Fue un golpe muy duro, lo peor fue cómo dejaron mi imagen”, señala.

Guillermo Boza, abogado laboralista y profesor principal de Derecho en la PUCP, señala que estos casos son comunes y muchas veces se convoca a un trabajador y se le presenta un documento de manera sorpresiva donde se le dice que si no firma, no se le pagan sus beneficios.

“Cuando alguien cuestiona o judicializa estos casos, va a tener que acreditar los hechos que alega, como el que haya sido coaccionado. Hay jurisprudencia, como un caso de Telefónica, que con los hechos se demostró que una persona fue encerrada en una oficina negándose a firmar. Fue una suerte de secuestro temporal. Se acreditó y se declaró nulo el acto de mutuo disenso”, explica.

Sudaca envió un cuestionario sobre estos casos a DHL, que se limitó a señalar que los despidos “se derivan de razones netamente relacionadas a temas de desempeño y cumplimiento de nuestro código de conducta interno, siempre en el marco de la ley”.

Mientras tanto, este medio conoció que para el caso de Loyola, Sunafil sostendrá en los próximos días una diligencia donde participará el afectado y DHL. De acuerdo a la entidad fiscalizadora, desde el 16 de marzo, DHL registra seis denuncias virtuales, de las cuales dos son por despidos arbitrarios. Además, desde que empezó la pandemia, se han impuesto 62 multas contra 55 empresas por este tipo de abuso. Este es un caso más de una empresa que dice se ampara en la ley, pero cuyos trabajadores apuntan lo contrario.

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Despido arbitrario, dhl, great place to work

El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.

De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.

Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.

La pirámide -que se marquetea como de “riesgo cero”- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.

Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.

Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.

El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.

En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.

El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.

En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.

“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.

Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.

“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.

“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.

A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.

“Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas”, responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.

A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.

Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.

“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.

No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que “pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma”. Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.

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estafa, Fuerza Popular, jorge romero castro, parlamento andino, pirámide, SBS

La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

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CAL, Elecciones 2021, JNE, Jurado Nacional de Elecciones
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