En estas elecciones apunta a regresar al sillón municipal y CPI lo ubica como uno de los favoritos con un 16,1% de intención de voto, apenas a 0,8% de Juan Dupuy (Alianza para el Progreso), quien va primero. El 41,1% de vecinos, sin embargo, no precisa candidato o no le gusta ninguno.

El pasado 28 de julio, L.L.V., quien hasta entonces trabajaba como su secretaria personal, acudió al Centro de Emergencia Mujer a denunciarlo por violencia psicológica. La mujer de 29 años contó allí que los insultos y frases misóginas que recibió se dieron desde que fue contratada, en noviembre del año pasado, hasta mayo de 2022.

Describió, por ejemplo, que el día en que le lanzó aquella frase que reseñamos al inicio, estaba en su local de campaña sentada en su escritorio. Benavides atendía, por su parte, una llamada personal. Cuando colgó, volteó a mirarla y lanzó el comentario.

Lo peor, como ya informó el dominical Panorama, fue el acoso sexual que vivió de parte del candidato. Cuando se ausentó a la oficina, luego de estar dos semanas enferma de covid-19, Benavides le hizo un comentario que casi la hizo llorar.  “Él me dijo: ‘Lesly, qué falta de confianza, me hubiera dicho, tú sabes que yo tengo la mano sanadora. Tú te echas desnuda en la cama y yo paso mi mano por todo tu cuerpo’. En ese momento, mis ojos se pusieron rojos, estaba por votar una lágrima y él me vio. Me dijo que me iba a dar el pago por mis semanas de ausencia”, recuerda la mujer, en comunicación con Sudaca.

medidas de proteccion
Medidas de protección dictadas a favor de la presunta víctima de Benavides.

Los comentarios sobre su cuerpo siguieron con frases que ella prefiere no recordar. Pero llegó un momento en que le ‘hizo el pare’ y le dijo que ese tipo de comentarios se los hiciera a su esposa. Fue luego de eso que se vino una ola de desplantes que la denunciante entiende como hostigamiento laboral. Un día, durante un evento en el comedor popular de Huaycán, Benavides volvió a hacer gala de sus modales y le espetó a la víctima: “Esta reunión es una mierda, lo que haces es una mierda”.

Hubo dos situaciones más. Una, con las madres de una olla común, donde el candidato le habría increpado: “¡Qué mierda te crees para aceptar cosas sin mi permiso!”, a pesar de que la mujer señaló que lo que había aceptado era algo que el mismo Benavides le solicitó. La última, en un evento posterior, donde Benavides le habría dicho “que era una tonta, que las mujeres no servían para hacer política”.

De todo esto tiene conocimiento su jefa inmediata, quien también trabaja en la campaña de Benavides. Pero no hizo nada. Quién sí actuó fue un juzgado de familia que ordenó medidas de protección a su favor.

machismo
Los mensajes de la víctima a Claudia Barnett, parte del equipo de Benavides, donde le advierte del trato machista del candidato. A la izquierda, se puede ver una foto del señor escribiendo un mensaje por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer.

No es la primera vez que alguien señala el carácter agresivo de Benavides. A inicios de junio del 2018, en el último año de su última gestión en Ate, Vicenta Espinoza, actual presidenta de Huaycán, lo denunció por violencia psicológica. Era la única mujer en una reunión en la que se tocaban temas relacionados con el aniversario de la comunidad. Benavides, cuenta Espinoza, empezó a increpar a los dirigentes sobre algunas de sus gestiones.

La mujer, cansada de escuchar la perorata del alcalde, pidió la palabra y anunció que se retiraría. Fue entonces que el ahora candidato del partido de César Acuña estalló. “En ese momento, se levantó, se puso a mi lado a gritarme, me decía que qué me creía. Así que me paré, lo miré, le pedí que se controle y él siguió gritando. Él siempre fue arrogante, siempre ha actuado con esta prepotencia de desconocernos a nosotras las mujeres. Él tiene una fijación con las mujeres que se le van a enfrentar de tú a tú”, dice Espinoza, quien recuerda que, a una de sus antecesoras en el cargo, Benavides nunca quiso reconocerla.

De acuerdo con la presidenta de Huaycán, el cuatro veces alcalde de Ate ha sabido tejer sus redes clientelares entre las organizaciones del vaso de leche y comedores populares, además de consolidar a gente cercana a él en cargos de dirigencia no solo en Huaycán sino en otras juntas vecinales. “Les da dádivas, sobre todo a las cabezas, las convierte como en unos operadores y por eso se ponen sumisas”, comenta Espinoza. Llamamos a Benavides y le dejamos un mensaje, pero no respondió.

SURQUILLO: EL USURPADOR

José Luis Huamaní, sentenciado.
José Luis Huamaní, sentenciado.

El dos veces alcalde de Surquillo, Jose Luis Huamaní, también tienta a la suerte en estas elecciones. Según la última encuesta de CPI, tiene un 22,2% de intención de voto, muy por encima de su contendora principal, Sandra Gutiérrez, que apenas tiene 13%. Juntos, sin embargo, no igualan el 43% de personas que no votaría por algún candidato o no precisa sus intenciones. 

Pero si en las encuestas parece irle bien a Huamaní, no ocurre lo mismo en los pasillos del Poder Judicial. En 2018 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de usurpación agravada. La víctima era un humilde agricultor, posesionario de un terreno de más de 1,500 metros cuadrados situado en Santa Eulalia.

La historia data de septiembre del 2015, cuando la familia del agricultor fue amenazada por la esposa de Huamaní, que se presentó en el terreno junto a un efectivo policial. “Vamos a regresar y los vamos a sacar”, amenazaba la señora, según la denuncia. Un día después, un grupo de 50 matones entró al terreno y desalojó a las víctimas de manera violenta, haciendo disparos al aire e incluso quemando a una persona con agua caliente. “Huamaní es el dueño, no saben con quién se han metido”, se le escuchó decir a uno de los agresores. El Poder Judicial concluyó que había sido Huamaní quien había ordenado este salvaje atentado. Sudaca le dejó un mensaje al candidato, pero no recibimos sus descargos.

Huamani
Extracto de la denuncia por usurpación contra Huamaní. Su esposa amenazó a los posesionarios y al día siguiente hubo un violento desalojo perpetrado por 50 matones.

No son los únicos que quieren volver a ser alcaldes. Otros son Salvador Heresi, en San Miguel; Juan Navarro Jiménez, en San Juan de Lurigancho; Manuel Masías, en Miraflores; y Francis Allison, en Magdalena. Los últimos tres son de Alianza para el Progreso.

“La mayoría de las personas, a una semana de la elección, ve dos cosas: el local de votación y, segundo, el partido por el cuál van a votar. Y eso es porque los candidatos municipales como regionales suelen ir de elección en elección con un partido distinto. Entonces, la gente tiene intención de votar por equis, pero días antes recién averigua por qué partido postula”, dice Omar Castro.

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Aducían, entre otras cosas, que no tenían el expediente técnico completo, que no contaban con licencia de Osinergmin para ciertos trabajos y reclamaban algunos pagos. En el Pronis rechazan la postura del consorcio. Admiten, sí, que hay algunas deficiencias que la obra arrastra desde sus orígenes, de fines del 2019. Aún así, dicen, ninguna de estas es causal de resolución. “Lo que ellos han tratado de presentar es una resolución injustificada y no lo van a poder defender en el proceso arbitral”, advierte Cantorín.

El Pronis aún tiene que lidiar con el mismo consorcio, pues en noviembre del 2019 firmaron un contrato por más de S/97 millones para refacciones en el hospital  de Espinar, en Cusco. “He pedido una evaluación concreta de esta otra obra. Tiene un avance sostenido, pero sí ha habido problemas que los anteriores funcionarios no les ha dado la gana de atender”, dice el jefe del Pronis.

La dupla Sinohydro-CMO también se hizo de otro contrato otorgado por el Gobierno Regional de Cajamarca por S/103 millones, para la construcción del “saldo” de un hospital; y uno más por S/138 millones, en marzo del 2021, firmado con el gobierno regional de Junín para la ampliación de los servicios de un nosocomio en Chupaca.

pronis
Carlos Cantorín, coordinador general del Pronis, en entrevista con Sudaca. “Han sido multados”, dice sobre algunas de las faltas cometidas por Sinohydro. (Foto: Pronis)

JUNÍN Y LA ERA CASTILLO

En Junín, Sinohydro también ha encontrado una mina de oro. En diciembre del año pasado, la compañía asiática recibió el encargo para el “mejoramiento de los servicios” del Hospital de Apoyo de Pichanaki.  El contrato es por casi S/122 millones. Y en abril de este año, volvió a ganar otra licitación, por S/128 millones, para la ampliación de los servicios de un centro de salud en Huancayo.

Ambos contratos fueron firmados por el director de finanzas del gobierno regional, Luis Alberto Salvatierra, recordado por presentar, junto a Vladimir Cerrón, un habeas corpus para evitar la captura de los integrantes de los “Dinámicos del Centro”. También ha estado en la mira de la Contraloría, como hemos relatado en este informe.

Pero el contrato más jugoso es por el aeropuerto de Chinchero. Son más de S/1,792 millones que el contrato tiene estimados para el consorcio Natividad Chinchero, conformado por cuatro empresas, entre ellas Sinohydro, con igual participación. El acuerdo fue firmado el 27 de julio del año pasado, último día de la gestión de Francisco Sagasti.

La Contraloría también ha advertido retrasos en estas obras y responsabiliza a la contratista de esto. “El principal problema es que aún no se aprueba el informe favorable para la construcción del terminal de pasajeros en el dique sur del aeropuerto (…) El contratista no logró que el supervisor le apruebe este componente”, informó el diario La República hace dos semanas.

La suerte de Sinohydro continuó con la llegada del nuevo gobierno, que se subió a la ola china iniciada por gestiones anteriores. 

El Ministerio de Educación, por ejemplo, a través del proyecto de Escuelas Bicentenario, le dio el encargo a la firma china de construir 14 colegios que deberán ser entregados a fines del 2023. El contrato fue por más de S/65 millones y bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Sinohydro también fue elegida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios bajo el mismo esquema, para obras en Ica y Piura, por más de S/370 millones.

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Como fuese, Bayly parecía tener las de ganar en su batalla legal ante Indecopi. Pero, oportunamente, apareció un tercero en discordia: una fiduciaria a la que el canal le había transferido la marca.

El 21 de junio del 2021 –tres meses después de que Bayly demandara a Latina y poco antes de la resolución que le dio la razón en primera instancia– la televisora y Fiduciaria SA firmaron un contrato donde se le transfería a esta –como garantía ante el BCP– el registro de la marca ‘El Francotirador’. En setiembre de ese mismo año, este contrato fue inscrito en el Indecopi.

Bayly Latina
La inscripción del fideicomiso ocurrió luego de la demanda presentada por Bayly.

“El fideicomiso es como una caja fuerte. El único que puede decidir qué se hace con los activos del fideicomiso [en este caso, la marca] es la empresa que lo controla. Pero esta empresa solo puede hacer lo que el contrato que ha firmado con el BCP le permite hacer”, explica Carlos Rojas, especialista en finanzas y bolsa.

“Esta es una manera muy rápida y expeditiva de poner las garantías a su nombre [del banco]. Imagínate que el BCP ha prestado 20 millones de dólares a Latina y han valorizado la marca en 10. millones Si la marca pasa a un tercero, potencialmente esos valores ya no existen y ya no está coberturado el contrato”, añade Rojas.

Lo que ha sugerido la segunda instancia del Indecopi es, precisamente, emitir una nueva resolución, advirtiendo que, de cancelarse la marca, se afectarían esas garantías. “En el presente caso, la marca de servicio cuya cancelación se pretende se encuentra registrada a favor de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Sin embargo, sobre dicha marca existe inscrito un Contrato de Fideicomiso en Garantía por lo que, de cancelarse por falta de uso, se afectarían las garantías que pesan sobre esta”, se lee en el fallo de julio último.

Para el abogado Alain Delion, Latina solo ha ganado tiempo, porque lo que primará serán las pruebas de que la marca ha sido usada recientemente, ya sea por el canal o por un tercero. “Ese contrato de fideicomiso no acredita el uso. Encima, si el contrato es posterior a la solicitud de cancelación. No sirve de nada. Lo que tiene que hacer Latina es demostrar el uso de la marca. Si es un programa de televisión, tienen que demostrar que se da en tal horario”, opina el abogado. En los próximos meses veremos quién tuvo mejor puntería en esta batalla legal.

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“Las mesas técnicas con Produce no han generado ningún resultado. En la mesa teníamos que tratar los temas de seguridad, la informalidad y el tema de las salvaguardas, o sea, la invasión de la ropa china, pero ninguno de esos tres pilares tuvo ningún resultado”, se queja Saldaña.

Otros gremios siguen conversando, aunque admiten que no ven los avances que esperan aún. Se logró, por ejemplo, la vacunación para los comerciantes de Gamarra, el incremento del aforo y la creación del Centro de Innovación Tecnológica para el sector, que les va a permitir a los empresarios capacitarse, investigar y analizar insumos para mejorar sus productos. Pero hay un problema de liquidez que se acentúa con la presencia de informales y sobre eso no han visto soluciones reales.

Muchos emprendedores quedaron fuera de los créditos de Reactiva Perú. Las esperanzas de los más pequeños estaban, por ejemplo, en el programa de Compras MyPerú. “Es un programa donde participamos todos los microempresarios para poder reactivar nuestra economía. Pero el programa está trabajando con un presupuesto anterior, que se está acabando. ¿Qué va a pasar? Se va a romper toda la cadena productiva. Actualmente el presidente Castillo ha propuesto un presupuesto adicional, pero este no se ha hecho efectivo”, alerta la dirigente Marisol Guillen, que también ha visto sus ventas descender durante la pandemia.

“Nosotros trabajamos con diferentes empresas y a mí me deben varios clientes. Estoy esperando aunque sea que me den de a pocos, porque también muchos empresarios han cerrado”, agrega.

Marisol Guillén Gamarra
Marisol Guillén, presidenta de la Sociedad Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, y Humberto Machaca, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Esperan más efectividad del gobierno.

Otros han puesto sus esperanzas en programas como el Fondo de Apoyo Empresarial de textiles y confecciones, un fondo que nació hace ya dos meses. Sin embargo, muchos empresarios no podrán acceder, porque la pandemia los ha dejado en rojo. Uno de los requisitos es, precisamente, estar al día. “Hay emprendedores que se han quedado con moras, con atrasos. Hemos solicitado al gobierno que reconsidere los términos”, comenta Humberto Machaca.

En mayo pasado, el gobierno de Castillo declaró 90 días de emergencia en el sector textil. En ese tiempo, tenía que replantearse su estrategia para salvar a la industria. “No sucedió nada de eso. Solo han dispuesto 900 mil soles para la capacitación para 10 o 20 empresarios. Eso ha tenido un impacto nulo”, señala el dirigente.

Machaca señala que, junto a otros gremios como los pescadores artesanales, han planteado “un rescate financiero”. Dice que varias organizaciones van a hacer plantones en los próximos días.

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dinero, Gamarra, George Forsyth

Le cambio la pregunta entonces: ¿por qué dentro de esas opciones considerar a una persona con antecedentes judiciales como una carta a la presidencia? Lo único que parece haber cambiado el Andahuaylazo es la vida de cuatro familias que ahora no cuentan con uno de sus miembros.

Creo que hablamos de temas diferentes. Yo no me estoy refiriendo a personas, sino a grandes cambios que el Perú necesita: un sistema de justicia que no funciona, un sistema de justicia que no funciona. No estoy defendiendo a ninguna persona…

Justamente porque ha expuesto sus planteamientos, yo le pregunto por las personas que van a llevar esas riendas.

No es el momento de hablar de personas, sino de difundir nuestras propuestas, nuestra doctrina y espero que usted lo escriba.

Entonces hablemos de ideas: ¿esto del etnocacerismo no le parece a usted un asunto anacrónico? El nacionalismo extremo, la visión idílica del Tahuantinsuyo…

Yo no puedo defender ni los idearios ni los objetivos del etnocacerismo porque no soy etnocacerista. Yo defiendo una propuesta de autonomía de cada región, de unidad para el país, una propuesta de esperanza y optimismo. Y alrededor de eso, que vengan todos los líderes y organizaciones para que construyan un nuevo país.

Pero tendrá que tener alguna afinidad con los partidos con los que se va a aliar. Una de las propuestas del antaurismo, por ejemplo, es la restauración del servicio militar obligatorio. Otra es la pena de muerte por varios delitos. ¿Eso entraría dentro del pensamiento de Perú Federal también?

La propuesta es la autonomía de cada región, como funciona Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suiza. Dentro del país habrá regiones que promuevan la pena de muerte para corruptos, habrá diferentes posiciones respecto al servicio militar, respecto de la salud. Por eso se llama federal. Dejaremos que cada región tome decisiones para temas específicos.

¿La refundación del país pasa por un proyecto autoritario?

No, nosotros somos absolutamente demócratas y refundar la República significa una discusión política. No estamos en una guerra a muerte con nadie, estamos en una actividad política y eso es una confrontación permanente de ideas. Descartamos de plano todo lo que sean actitudes dictatoriales…

¿Esa no es una contradicción con su alianza con Antauro Humala, que se perfila como un dictador?

Yo tengo amigos en todos los sectores y no puedo negar a mis amigos de izquierda, de derecha, de todos los tipos. Con 40 años de vida política y 50 de vida profesional, conozco mucha gente y eso no significa que porque soy amigo de Juan voy a tener la misma actitud de Juan. Yo tengo una personalidad formada. No puedo negar a mis amigos pero tampoco puedo aceptar que las actitudes de un amigo me las chanten a mí. Cada uno responde por sus actitudes políticas.

Pero si su amigo es a la vez su aliado y este tiene un proyecto dictatorial, ¿va a romper con él?

No nos pongamos en ese extremo, porque mi trabajo actual, mi recorrido por todo el Perú, mi conversación con miles de dirigentes regionales apunta a construir el partido político Perú Federal. Teniendo eso, llamaremos a todas las fuerzas políticas y sociales. No entrarán en nuestro grupo los corruptos ni líderes políticos que han fracasado, porque una de las razones por las que el Perú está jodido es por los líderes políticos que tenemos actualmente. Ayer mismo una congresista (Patricia Juárez) se burlaba de que el compatriota Antauro preparaba pasteles para Navidad. Esa actitud de los políticos de despreciar a la gente, al trabajo… Carajo, yo soy admirador de la gente que trabaja.

¿Usted considera que un proyecto de Hello Kitty es algo serio dentro de un programa de resocialización?

Yo considero que todo trabajo dignifica al hombre y que solo el trabajo será la actividad que pueda llevar a un hombre a la felicidad. Por eso soy un defensor del empresariado nacional. Yo conozco el mundo, he recorrido los cinco continentes y la enseñanza más ejemplar que he tenido ha sido la de Corea del Sur, que ha salido adelante por el progreso de sus cuatro empresas, entre ellas la Hyundai, Samsung… Conozco Estados Unidos, donde la libertad y la empresa han hecho que este país sea grande.

Pero el temor de la gente es que el frente patriótico no siga los lineamientos de Corea del sur, sino de Corea del Norte…

Están equivocados los que piensan así. Mi propuesta y la de los compatriotas de Perú Federal es que cada región tenga grandes empresas. Un empresario es un hombre que transforma, no un hombre que compre y venda. Un empresario es un hombre que hace industria, que hace fábrica. Mi sueño a mis 70 años es que las regiones tengan sus grandes empresarios, porque ellos harán que cada región progrese.

Revisando algunos paneles de Perú Federal, veo que le gusta que le digan “el tío Virgilio”. Deja usted muy buenas propinas: 150 mil soles por la reparación de Antauro Humala, por ejemplo, ¿lo hizo gratis?

El nombre de tío Virgilio no surge de la propina, sino de mi conocimiento de la industria de los videojuegos, tanto que he planteado que el gobierno apueste por esa industria, que tiene que está ligada al talento y a la creatividad de la gente. Yo conozco a miles de jóvenes que son gamers, youtubers, influencers y ellos son los que me empezaron a llamar el tío Virgilio. En un gobierno de Perú Federal, la mayor importancia, nuestra concentración, va a estar en la tecnología, la innovación, la creatividad…

¿Y qué nos puede decir del apoyo de los 150 mil soles?

Esos son temas políticos. Es un acto solidario de mi parte con un amigo que se llama Antauro Humala.

Hace unos meses, Sudaca entrevistó a un vocero del etnocacerismo. Decía, entre otras cosas, que se debería formar un trípode: el presidente Pedro Castillo, el doctor Vladimir Cerrón y el mayor Antauro Humala. ¿Qué le parece esa propuesta?

Soy respetuoso de las propuestas de mis compatriotas. Respeto la opinión de ellos, lo importante es que las propuestas vayan para construir un nuevo país.

¿Pero qué le parecen las figuras de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo?, ¿está a favor, por ejemplo, del adelanto de elecciones?

No. Somos un país demócrata, hemos elegido a un presidente por cinco años y tenemos que esperar cinco años. Tenemos que ser respetuosos de nuestra constitución.

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Antauro Humala, Elecciones, partido, Virgilio Acuña

Según una nota de Epicentro de inicios de año, en la lista de Gallardo figuraba Mejía, a quien quería asignar a la Dirección contra la Corrupción o a la Dirección de Lavado de Activos. Nada menos. Con la salida de Gallardo, aquellos cambios no se dieron. Mejía pasó a la Dirección de Medio Ambiente y luego a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy, sin embargo, es inspector general y número 3 de la PNP.

Mejía –ha recordado el periodista Daniel Yovera– fungió de “sheriff” del cuestionado exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervanes Liñán. Según el informe periodístico, Mejía realizaba acciones de supervisión, vigilancia y control a los alumnos de la universidad, desde su cargo de jefe de Seguridad y Protección Interna. 

Pedro Castillo ha realizado los cambios más peligrosos en la institución, no solo por el elenco, sino por la oportunidad: en medio de las acusaciones por corrupción contra el mandatario, lo que temen los oficiales es que se copen las plazas con el objetivo de controlar la institución al antojo del jefe de Estado y su camarilla.

Varios oficiales entrevistados para este informe coinciden en señalar que los siguientes objetivos, además de Colchado, serán el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, y el coronel Franco Moreno. “Alfaro tiene la personalidad para oponerse, pero ahí se van a producir las fricciones. Sabemos que van a hacer todo lo posible para sacarlo”, dice un alto mando de la Policía. “Los que están atrás de la cadena de mando son los que están empujando para promover todos estos cambios”, asegura a Sudaca otro oficial.

PNP
Coronel Franco Moreno, General Óscar Arriola y coronel Harvey Colchado. Peligran sus cargos.

Hay quienes advierten otras influencias. La de Guillermo Bermejo, por ejemplo. No solo por aquella reunión en el despacho de Barranzuela donde su abogado coincidió con Vicente Álvarez, en octubre del año pasado. Bermejo se reunió con el presidente Pedro Castillo también el 26 de agosto, un día antes de los últimos cambios en el alto mando. La cita se dio entre las 4:50 pm y las 7:18 pm.

El último martes, en RPP, el periodista Omar Mariluz señaló que fue Bermejo quien sugirió no solo cambiar al alto mando policial, sino al ministro Willy Huerta porque “no se estaba protegiendo a la familia del presidente”. En comunicación con Sudaca, el congresista de la bancada Perú Democrático negó esta versión. Descartó, en cambio, que en la reunión con el jefe de Estado se haya hablado de cambios en la PNP y aseguró que no tiene idea de qué temas se trataron en la reunión de octubre entre su entonces abogado, el entonces ministro Barranzuela y el general Vicente Álvarez. De momento, y a la espera de que se desarrollen los acontecimientos, el ambiente dentro de la Policía Nacional está marcado por la incertidumbre y la sospecha.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Gobierno, MININTER, Pedro Castillo, Policía Nacional

“Es un error asociar el consumo de estas sustancias exclusivamente a migrantes, porque eso no tiene mucha evidencia. Es probable que haya muchos jóvenes de otras nacionalidades y peruanos que también están vendiendo y consumiendo. Es mucho más amplio el tema en un mundo globalizado”, dice el psicólogo Milton Rojas.

En la misma línea apunta Gamio, de Devida. “No podríamos afirmar categóricamente que sí [que la migración ha permitido la expansión de la droga]. No existe una investigación ni estadística sobre ello, tendríamos que tener mayor información”, comenta.

El tráfico de tusi, sin embargo, se presenta ahora como un problema regional y Perú es, al menos, coprotagonista de su historia. Sudaca conversó con un agente de la Policía de Investigaciones de Chile, que alerta sobre el creciente tráfico de ketamina –el principal fármarco que se usa en el tusi– desde Perú hacia Chile. Además, entrevistamos a una periodista venezolana, investigadora en temas de crimen organizado, que señala que parte del tráfico en el sur de nuestro continente está controlado por ‘El Tren de Aragua’. El Perú no sería la excepción.

KETAMINA: DE PERÚ A CHILE

“Ha ingresado muy fuerte esta sustancia. Nosotros tenemos establecido que empezó a aparecer hace unos cuatro o cinco años. Su consumo está asociado al nivel medio y alto, por lo menos en sus comienzos: gente joven, universitaria. Pero ahora ya se ha estandarizado al nivel de otras drogas”, dice a Sudaca el comisario Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.

Aunque no asocia la droga a un grupo criminal en particular, Santander señala que, en sus comienzos, la elaboración estaba a cargo de ciudadanos colombianos o venezolanos. Pero los peruanos también aportamos en la cadena del tráfico de esta sustancia: y es que las incautaciones de ketamina, uno de los fármacos más usados para la elaboración de esta droga, han crecido exponencialmente en el país del sur. Gran parte entra por el complejo fronterizo ubicado entre Tacna y Arica, apunta Santander.

“Es altamente posible afirmar que el aumento exponencial de las incautaciones de ketamina está asociado al consumo de tusi, ya que prácticamente la única forma en que se incauta es a nivel de consumidor, no como ketamina sino como tusi. Por tanto, casi todo estaría asociado. La mayor incautación se da cruzando por el paso fronterizo de Chacalluta”, dice el comisario. La ketamina está regulada en su país desde fines de la década de los 2000.

GONZALO SANTANDER
Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.

En abril del 2021, por ejemplo, 11  viajeros –entre venezolanos, colombianos y peruanos– fueron interceptados en Iquique –a cuatro horas de Arica– transportando ketamina al interior de envases de agua. En total se incautaron 66,423 kilos. El Director Regional de la Aduana de Iquique señaló: “Las bandas criminales lo utilizan como droga de sumisión para abusos sexuales y también para la fabricación de otras drogas como el tusi, por lo cual es muy importante impedir su comercialización e interceptar estos cargamentos”.

También a inicios del año pasado, un grupo de venezolanos intentó ingresar a Chile por un paso no habilitado desde Bolivia. Cargaban varios kilos de ketamina. Rodrigo Fuentes, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Norte, explicó al medio LUN que las personas no eran directamente burreros, sino migrantes obligados a traficar bajo amenaza.

«Si dicen que no, entonces los someten a torturas. Pero la mayoría dice que sí, porque las víctimas son todas venezolanas y cuando a un venezolano le nombran el Tren de Aragua se llena de pánico porque conocen la fama de la organización», dijo Fuentes.

La cifra de incautaciones en el vecino del sur ha subido radicalmente desde el 2018. Y este año promete romper récords. “Si entre enero y mayo de 2022 se incautaron 10,105 gramos de ketamina transformada en tusi, el año pasado, a la misma fecha, la cifra llegó a los 1,793 g, lo que refleja un aumento de más de 463%”, advierte un informe de La Tercera, con cifras oficiales.

CUADRO KETAMINA
Cuadro elaborado por La Tercera sobre la incautación de ketamina y ketamina convertida en tusi en los años 2021 y 2022.

En Perú, la Dirandro también ha intervenido personas que intentaban pasar ketamina hacia el país sureño. El 11 de marzo pasado, por ejemplo, en Arequipa, la Policía Antidrogas detuvo a dos venezolanos que llevaban este medicamento de uso veterinario. Pedimos las cifras oficiales de la incautación, pero no nos respondieron.

Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, concedió una entrevista a Sudaca, en medio de la elaboración de su libro sobre El Tren de Aragua. “En las entrevistas que he hecho con gente de otros países que está trabajando el caso del Tren de Aragua, resulta que ha salido el tema Perú como un sitio en el que mueven droga. En los audios que han incautado los chilenos han encontrado que hay movimiento de droga también en Perú”, dice la investigadora, aunque no puede especificar qué tipo de droga.

RONNA RISQUEZ
Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, afirma que el Tren de Aragua está metido en el tráfico del tusi en Chile y que probablemente lo esté en Perú. Prepara un libro sobre la organización criminal.

“Lo que se identifica en Chile es que hay efectivamente una conexión [del Tren de Aragua] con Perú y Colombia. Si es la misma gente, si la gente incluso se mueve de plazas, es muy probable que haya una conexión con esta presencia del tusi”, agrega.

Según Risquez es probable también que haya otros grupos traficando tusi por la frontera. “Es posible que haya más gente moviendo la droga, pero pareciera que, en algún punto, ese comercio pasa por el Tren de Aragua: o al momento en que dan el permiso para que tú lo comercialices o el momento en que ellos mismos lo hagan”, señala.

 

(*) Habla Franco cuenta con la Línea 1815 que brinda información, orientación y consejería psicológica especializada en la temática de drogas. Es gratuita, anónima y confidencial. Se puede llamar de lunes a sábado de 9 am a 9 pm.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.

El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.

La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.

De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.

Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.

UN PERSONAJE VIGENTE

javier ochoa nuñez
Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire, también es investigado por la fiscalía especializada contra el crimen organizado.

Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana. 

Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.

La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Las Bambas, Poder Judicial

Como ha contado La República, la reunión se produjo en un inmueble de Surquillo. “Quiero precisar que, como señalé antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del presidente de la República pero no conocía de qué personas se trataban. (…) En la reunión estaba el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que lo acompañaban eran amigos y paisanos del presidente, que estaban en Lima para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción”, detalló el testigo.

Allí, esta persona pudo identificar no solo a José Nenil Medina, sino a Jackeline Castañeda del Castillo, jefa de presupuesto del ministerio de Vivienda; al ya mencionado Salatiel Marrufo y a Abel Cabrera Fernández, uno de los financistas de la campaña del presidente Castillo. Cabrera, además, ha sido identificado como el hombre que colocó a cargo de Vivienda a Geiner Alvarado. Así lo dijo el colaborador eficaz el 24 de julio pasado.

“De mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda. Por eso ellos manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, señaló. Alvarado, entrevistado por la fiscalía el pasado 4 de agosto, admitió que Cabrera lo propuso para el cargo.

Todo este círculo de confianza del presidente habría concertado la repartija de obras. Con estos y otros elementos, el pasado 19 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder dispuso formalizar investigación preparatoria con la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David y los alcaldes de Anguía, Nenil Medina; Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui; y Chadín, César Cabrera. También se encuentran comprendidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, quienes vienen colaborando con la justicia. En Palacio siguen jugando el papel de víctimas.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Gobierno, Lilia Paredes, Pedro Castillo, yenifer paredes
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