“En el Perú tenemos la mala costumbre de apropiarnos de elementos identitarios de marcas ajenas y nos parece absolutamente natural. Pero esto obvia que la razón por la que se hace es porque alguien ya se tomó el trabajo de construir esa marca. Si no, no tendríamos ningún objetivo para robárnosla”, dice Carlos Zuñiga, presidente de la asociación Elegir.
“Uno se apropia de la marca porque la gente asocia cierto tipo de valores y criterios. Ese es el razonamiento detrás del robo. El único objetivo es el de confundir al consumidor final, porque estás tratando de transferir esta identidad de marca a una cosa nueva que no la tiene. Y sin pagar nada por beneficiarse de eso. Al final, lo más gracioso de todo es que esto también es plagio, están plagiando a una marca”, agrega el especialista en defensa del consumidor.
Hoy el colegio ha adoptado un nuevo nombre, aunque mantiene el espíritu anglosajón: UCV College. Así nos lo confirmaron cuando llamamos a pedir una entrevista con su directora, quien no aceptó la solicitud. En el área de comunicaciones de la universidad tampoco quisieron atendernos.
Recientemente, un grupo de padres y madres de familia protestó en el frontis de la institución para que las clases vuelvan a ser por las mañanas y no por las tardes, como viene siendo desde inicios de año. Señalaban que sus hijos se exponían a la delincuencia de la zona. Tras presentar su reclamo ante las autoridades del centro educativo, “estas les recomendaron cambiar de colegio a sus hijos si no están de acuerdo con el cambio de horario”, señala una nota del diario La Hora, de Piura.
Fiel a su nulo respeto por la libertad de expresión, el colegio de la UCV les recordó a los tutores de los alumnos que, según su reglamento, tienen prohibido “hacer comentarios a través de diferentes medios que generen divisiones, afecten el prestigio y la buena imagen de la comunidad educativa”. Así se lee en un comunicado dirigido a ellos. La empresa Universidad César Vallejo SAC figura en el puesto cinco de las casas de estudio más sancionadas por el Indecopi.
Protesta de los padres de familia contra la UCV College. Recibieron una bravuconada como respuesta.
Nada augura, sin embargo, que una iniciativa así prospere. “Pueden darse decisiones que nos retrotraerán a inicios del año 2000. Perderemos todo lo poco avanzado. Eso preocupa porque nuestro país es extremadamente machista y tenemos una pandemia interna respecto a las violaciones sexuales. Estas instancias, que deberían garantizar un Estado constitucional de derecho, no lo van a hacer. Se vienen tiempos preocupantes”, pronostica Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde, una oenegé que da asesoría legal a personas procesadas por aborto.
Pero hay más temas pendientes en el Tribunal. “En este momento existen causas de relevancia para la igualdad que seguramente van a ser decididas por la composición recientemente elegida. Está pendiente el reconocimiento del matrimonio de Susel Paredes y Gracia Aljovín”, apunta Álvarez.
A la postura de Gutiérrez se suma la ya conocida de Luz Pacheco. Utero.pe ya ha resaltado sus críticas al currículo escolar del 2017, además de su aval a posturas que califican al transgenerismo de patología. La abogada, además, es docente en la conservadora Universidad de Piura, donde enseña seis cursos, entre ellos Argumentación Jurídica e Introducción al Derecho. También obtuvo un doctorado por la Universidad de Navarra. Ambas casas de estudio están vinculadas al Opus Dei.
“Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer, la mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil. Sin embargo, eso se ha establecido en el Perú”, indicó Pacheco durante su entrevista en la Comisión Especial de Selección del Tribunal Constitucional del Parlamento. Como no podía ser de otra manera, terminó convenciendo al Pleno: obtuvo 92 votos.
La postura de Pacheco preocupa, porque en el TC aún está pendiente un recurso de agravio constitucional presentado por Promsex para que se garantice la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, más conocido como la pastilla del día siguiente. Pacheco ha manifestado estar en contra.
“En nuestro país una composición conservadora [del TC] es la que prohibió su distribución en el 2009 señalando que posiblemente era abortiva cuando la evidencia científica decía lo contrario”, explica Brenda Álvarez. En el caso puntual de la píldora, sin embargo, Gutiérrez Ticse ha manifestado una postura a favor de distribuirla gratuitamente, siempre pensando “en la maternidad y paternidad responsables”.
El presunto favorecimiento a Lagunas del Perú se gestó desde el Comité Evaluador de Procesos de Inversión de la municipalidad, el máximo órgano promotor de la inversión privada del distrito. En el 2011, el comité aprobó la estructura de compraventa del terreno, así como la contratación de una fiduciaria para que administre el inmueble hasta que se cumplan las cláusulas del contrato. Pero la Fiscalía descubrió fácilmente que dichos acuerdos eran, en buena medida, fantasmales.
“Dos de los miembros de esa comisión han manifestado que no se realizaron tales sesiones que se glosan en las actas […] Se tiene la declaración de la acusada Cecilia Sánchez Vásquez, quien como miembro del comité suscribió todos los documentos emitidos por el mencionado proyecto, pero [dice] que para ello no se reunió a fin de discutirlo y decidirlo”, se lee en la acusación presentada por el fiscal Richard Cirilo Ruiz.
Sánchez Vásquez −a la sazón, sentenciada por corrupción− contó a la Fiscalía que se emitían informes y documentos como si los hubiesen hecho los miembros del comité, pero que ellos sólo firmaban. “Las documentaciones las trabajaban los asesores externos de Javier Musiris Díaz”, apunta la acusación fiscal.
De la misma manera, Alejandro Morales Espinoza, presentado como el supuesto representante de Lagunas del Perú que en los papeles participaba de las sesiones del comité, desmintió haber estado en dos reuniones del 2011. Menos aún, dijo, las había certificado con su firma.
El abogado de Musiris no recuerda que algún trabajador de la empresa haya declarado en ese sentido. Sudaca accedió al testimonio de Morales ante la Fiscalía y corrobora que este dijo lo que señala la acusación. El hombre, además, precisó ser un extrabajador de las empresas de Musiris, pero aseguró nunca haber estado vinculado a Lagunas del Perú. Es decir, habrían usado su nombre “No recuerdo haber firmado esa acta, menos haberlo hecho en San Bartolo”, se lee en su declaración.
La fiscalía anticorrupción también recogió el testimonio de dos regidores, quienes señalaron que no habían recibido la información para votar por la aprobación del proyecto de Musiris en el Concejo Municipal. Se trata de Juan Guevara Carazas y Madeleyne Carranza Capristrán. Ambos votaron en abstención. Esta última ratifica a Sudaca lo dicho a la Fiscalía.
Carranza asegura, además, que luego de dar su voto en abstención un regidor −del que pidió no dar su nombre, pero hemos verificado su paso por el consejo municipal− la llamó a pedirle que rectifique su votación. “Sólo aprobaron el proyecto tres regidores, más el alcalde: cuatro. Así que la empresa quería que rectifiquemos. Es como si hubiesen pasado con 11, y ellos querían pasar con 20. Así que el regidor me dijo que, si lo hacía [rectificarse], podía pedir hasta un carro y que la empresa podía ubicar a mi esposo, entonces desempleado, en un puesto de trabajo, pero en otra compañía. Le dije que conmigo no cuente”, recuerda la exregidora.
Exregidora Madeleyne Carranza Capristán votó en abstención por la propuesta del proyecto inmobiliario. Un regidor la llamó para decirle que, si se rectificaba a favor de la empresa, podía pedir hasta un carro y a su esposo podían darle trabajo, cuenta. Ella dijo que no.
EL COLABORADOR
A pesar de los acuerdos fantasma, el contrato se firmó en el 2011. Como parte de este, el terreno de 96 hectáreas pasó a ser administrado por Fiduciaria Perú SA. Lagunas del Perú, por su parte, tenía que transferir una primera cuota a la municipalidad, pero no lo hizo porque el terreno no estaba saneado. La comuna mantenía una controversia con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) por la posesión del predio desde el 2014. Además, asegura el abogado de Musiris mostrando una vista aérea de la zona, hay al menos tres empresas ocupando el predio de manera ilegal.
Mientras aquellos líos se resolvían, Lagunas del Perú cambió de gerente general: ya no sería Musiris −quien sigue siendo el accionista mayoritario, según Sunarp−, sino el socio minoritario José Vidal Hermoza. El 2016, este le pidió a la comuna que prorrogue el primer pago por un año. El entonces gerente municipal, Luis Tuesta, se negó, “indicando que la empresa debía cumplir con sus obligaciones”.
Barthelmess, sin embargo, le enmendó la plana y “le reclamó su proceder sin haberle hecho la consulta”, dice la acusación fiscal. Entonces, la solicitud de la inmobiliaria recién fue aceptada. Pero los investigadores descubrieron que para esto también se fraguaron documentos, una constante de la gestión del exalcalde de San Bartolo.
En el acuerdo del Concejo que permitía la ampliación, por ejemplo, la firma del secretario general, Daniel Farfán Soto, no fue reconocida por este. “En tal sentido, resulta por demás evidente que la formulación del acuerdo de Concejo que aprobaba su pedido [el de la empresa de Musiris] se hizo a consecuencia de los acuerdos ya establecidos entre los acusados. No cabe otra inferencia”, concluye el Ministerio Público.
¿Por qué tanto interés en aprobar dicha prórroga? Sudaca accedió a un acta de la declaración de un colaborador eficaz del caso. El arrepentido delincuente afirma allí que corrió plata entre los funcionarios. “El año pasado [2016] se amplió el plazo de pago para lo cual se entregó una suma de dinero al alcalde y otra suma de dinero a cada regidor por el tiempo de un año, que duraba esta ampliación. A cada regidor se le estaba pagando la suma de S/5.000 mensuales”, se lee en la declaración de este testigo. Los investigadores del caso señalan que el pago lo habría hecho la empresa detrás del proyecto Acqua.
La declaración del colaborador eficaz habla de coimas de hasta 5.000 soles mensuales. El abogado de la compañía lo niega tajantemente.
Jorge Márquez, abogado de Musiris, niega que la empresa haya coimeado a alguien. Dice que hacer las prórrogas “para cumplir con las condiciones del contrato” era obligación de la municipalidad. Apunta, además, que, desde que empezó la investigación no se ha señalado a Musiris por el pago de coimas, que la Fiscalía descartó en su momento haber encontrado más pruebas sobre aquello y que “el delito por el que se acusó es colusión simple y no cohecho”.
“Cuando cae el alcalde Barthelmess, cae con él un grupo de funcionarios. Algunos, buscando beneficios premiales para reducir su condena, empiezan a tirar lodo con ventilador a todos los proyectos en los que Barthelmess estaba involucrado”, agrega el abogado.
El proyecto siguió sobreviviendo con prórrogas desde aquel 2016. A mediados del 2019, la controversia entre la Municipalidad de San Bartolo y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales culminó favoreciendo a la primera. Los posesionarios ilegales, sin embargo, siguen ocupando el terreno.
EL LEGADO DE BARTHELMESS
El 2020, la actual gestión municipal de San Bartolo negó una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú y recalcó que el proyecto no era compatible con lo establecido por la ley que declara de necesidad pública el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Aguas Residuales del cono sur (ley 27040). Es decir, podían construir ahí un campo santo, clubes deportivos o campestres, viveros y hasta un zoológico. No entraba en la categoría, sin embargo, nada parecido a un centro comercial.
La Procuraduría de esta gestión municipal, además, había pedido al Poder Judicial que declare nulo el contrato firmado con Lagunas del Perú para lograr que los terrenos vuelvan a manos de la comuna. Los regidores y el alcalde estaban pendientes de qué se iba a resolver en esa instancia. Parecían querer enmendar lo hecho por Barthelmess. Un año después, sin embargo, cedieron.
En un Concejo Municipal de setiembre del 2021, la mayoría de regidores −todos, menos una− votaron por acatar una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú. El acta del acuerdo lleva la firma del alcalde Rufino Enciso y el secretario general Alexander Abarca. Los funcionarios argumentaron que el Poder Judicial aún no había admitido la demanda de la municipalidad. Nos comunicamos con Abarca para pedirle una explicación, pero se negó a responder.
Un funcionario que pidió el anonimato intenta defender a la gestión actual así: “Tratamos de luchar, de recuperar ese terreno, pero no se pudo, porque nuestra área legal es completamente pequeña en comparación con el manejo que tiene esta empresa. Nuestra posición siempre fue pelearla, pero nos dimos cuenta de que batallábamos contra un gigante”, dice.
Izquierda: el actual alcalde Rufino Enciso. Derecha: el secretario general Alexander Abarca. No quisieron responder nuestras preguntas. Por algo será.
Recién en enero de este año, el Poder Judicial admitió la demanda para anular el contrato. Pero es demasiado tarde. Al permiso que el proyecto ha obtenido del alcalde y sus regidores, se le suma que la municipalidad de Lima ya aprobó el “Planeamiento integral” pedido por Lagunas del Perú. Esto significa que las 96 hectáreas de terreno eriazo que le cedió San Bartolo ya son urbanizables. La ordenanza fue firmada por Jorge Muñoz en febrero pasado. El próximo paso es obtener un cambio de zonificación.
No obstante, según una carta de Lagunas del Perú enviada a la comuna a mediados del año pasado, la compañía ha anunciado que cambiará “el objeto” del contrato. “Ahora que el sistema económico está muy golpeado. después de la pandemia, esto nos exige algunas modificaciones. Si antes se quería construir determinada cantidad de departamentos, ahora será un poco menos, por ejemplo”, explica el abogado de Lagunas.
Además, la trama de presunta corrupción que presentamos en este informe fue declarada prescrita a fines de marzo. Así lo venía pidiendo la defensa de Musiris cuando este fue acusado, alegando que el supuesto hecho delictivo ocurrió desde el acuerdo municipal del 2011. Por lo tanto, según su interpretación, el hecho habría prescrito antes del momento en que el fiscal acusó, el 2018.
Pero la posición fiscal siempre fue que los hechos de corrupción fueron sucesivos. Es decir, que ocurrieron mientras se seguían renovando las prórrogas al proyecto, al menos hasta el 2017. Dos instancias judiciales le dieron la razón a esta interpretación. Pero entonces, el abogado de Musiris presentó un habeas corpus a la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados aceptaron la interpretación del acusado.
Así que, mientras los funcionarios de confianza de Jorge Luis Barthelmess pasan o han pasado un tiempo en prisión y el exalcalde se mantiene prófugo de la justicia (por otros hechos de clara y conocida corrupción), este caso no será sometido a juicio.
Arriba: el exitoso empresario Javier Díaz Musiris. Abajo: la decisión judicial que prescribió la acusación en su contra.
Pero eso no fue lo único que detectó la Contraloría. Como dijimos, el club aún tenía pendientes. Para el año en que acabó la concesión, el 2014, el Terrazas aún no había cumplido con entregar cuatro obras a las que se había comprometido en el contrato original y en la primera adenda: el remodelamiento del estacionamiento público frente a la playa Makaha, un centro de servicios comunitarios que incluya el tópico de primeros auxilios y el depósito de tablas de surf, una ciclovía en el malecón Cisneros, y un puente que conecte la playa y el mentado centro de servicios comunitarios.
Todas estas obras incumplidas se incluyeron como nuevas en la cuestionada Adenda N°2. Y aunque algunas se hicieron con posterioridad, no estuvieron exentas de observaciones por parte de la Contraloría. La comisión auditora, por ejemplo, realizó una visita a la ciclovía y verificó que presentaba fisuras y desniveles. Lo más grave es que fue la municipalidad la que se encargó de reparar esas deficiencias y no el club, según el informe de control de fines del 2018.
Por lo tanto, la Contraloría consideraba que la ampliación del contrato sólo era beneficiosa para los socios del club y venía “ocasionando una afectación a su finalidad pública”. El ejemplo más claro es el inexistente centro comunitario que el Terrazas se había comprometido a construir para uso de los bañistas.
En el contrato y en la Adenda N°1 se señaló que dicho centro debía construirse “al interior del terreno que la sede de la playa viene ocupando”. Pero la Adenda N°2 le permitía hacerlo fuera de este terreno. “Al acordar en la Adenda 2 que dicha obra se construya en la zona adyacente a la playa y no en el terreno concesionado significó en la práctica que el club tenga una extensión mayor del terreno concesionado”, se lee en el informe de Control que es la base de la investigación fiscal.
El club nunca pudo construir el centro comunitario, pues esto hubiese enfrentado las normas urbanísticas que rigen sobre la Costa Verde. Es algo que ambas partes no tomaron en cuenta (o no quisieron hacerlo). “Como se puede advertir, se acordó la construcción de obras sin antes considerar si técnica y legalmente estas eran posibles de ser ejecutadas”, concluyó la Contraloría.
Sudaca pidió una entrevista con el área legal del Terrazas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
La sede de la playa Makaha del club, favorecida por un empeñoso Jorge Muñoz.
El informe también es claro en advertir que no había justificación para ampliar la concesión por tantos años. “No existe ningún sustento técnico-legal que justifique el plazo de renovación de 25 años más y si este corresponde a la inversión que haría el club en contraprestación”. Y añadió algo peor: “Tampoco se incluyó ninguna cláusula que precise las garantías que debía dar el club a favor de la municipalidad en caso de incumplimiento”.
El órgano de control responsabilizó a Muñoz por dirigir los acuerdos que llevaron a favorecer al club Terrazas con la ampliación de la concesión. Por lo tanto, concluyó que este “incumplió sus atribuciones como alcalde establecidas en el Manual de Organización y Funciones”. Lo mismo les achacaron a siete regidores, entonces de Somos Perú, y al gerente de asesoría jurídica, Greem Leiva Abanto, quien tuvo la suerte de ser jalado por Muñoz para su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Leiva fue, hasta el 2020, subgerente de fiscalización de la Empresa Municipal de Mercados S.A.
Pero el problema no es administrativo, sino penal. La fiscal Rosario Quico investiga de manera preliminar a los personajes mencionados en el informe de control. Lo hace por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. También está comprendido en la indagación el mencionado Eduardo Ángeles de Rivero (expresidente del club).
El despacho de Quico abrió la carpeta fiscal a inicios del 2020, pero la pandemia impidió el avance. Actualmente, explican fuentes con conocimiento del tema, a la fiscal sólo le falta culminar algunas diligencias para decidir si hace suya la denuncia de la Contraloría y arrancar así una segunda fase de investigación antes de acusar.
La mala gestión de Jorge Muñoz, además, ha llevado a la comuna miraflorina a enfrentar un arbitraje contra el club. “La gestión actual de Molina, para dejar sin efecto esta concesión de ampliación, ha entablado un proceso arbitral. Y eso está en trámite”, dice el procurador Hernández.
Sudaca se comunicó con el área de prensa y relaciones públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no aceptaron darnos una entrevista con el alcalde. Muñoz vuelve a hacer de la técnica del avestruz su política más efectiva.
El 2016, dos años después de la sospechosa Adenda N°2, Muñoz participaba de un evento junto a autoridades del club Terrazas.
Desde el 2003 hasta mediados del año pasado, Alexander calcula haber recibido alrededor de S/300.000. Por eso, en sus últimos años buscó la forma de reunirse con Félix Navarro Grau, llegar a un acuerdo y que le hicieran un desembolso único para dejar de lidiar con ellos. Pero fue en vano. El abogado falleció el 2017 sin recibirlo, asegura.
Alexander se enteró de su muerte mucho después. “Lo supe por el portero del estudio Navarro dos años después”, se queja. Entonces, le hizo llegar a uno de los hijos firmados de Félix el pedido de que se le reconociera como hermano. Recibió una respuesta negativa, dice. El testamento ya estaba escrito desde octubre del 2015.
Al rechazo se sumó la pandemia, que lo agarró con una deuda con la municipalidad de Barranco. Además, dice, hubo retrasos en los pagos de su seguro de parte de los descendientes de Félix Navarro Grau. “El Covid me podía agarrar flotando en el aire. Si yo no hubiese estado con Rocío [su pareja], estaría muerto ahorita. Con S/700 mensuales, pagar el agua, teléfono, comida… y hasta que reactivó la economía pasaron ocho meses de cuarentena. ¿De dónde iba a sacar?”, apunta Alexander.
Al lado izquierdo, Alexander Navarro. Derecha: Félix Navarro Grau, fallecido el 2017.
Ahí fue que algunos amigos lo convencieron de que empiece la demanda. Así se lo advirtió el 10 de junio del 2021 a Francisco Navarro Grau Hurtado, el albacea de la herencia de Félix Navarro Grau. “Me causa sorpresa tu comunicación, por cuanto a lo largo de tus años de vida, has ostentado la posesión constante de hijo de mi tío Miguel Navarro Grau, reconociéndolo y comportándote siempre como tal”, es parte de la respuesta que recibió 13 días después.
“Si yo era hijo de Miguel Navarro Grau, como ellos afirman, ¿por qué dejaron de pagarme los S/700 mensuales a partir de que yo les envío la carta del 10 de junio del 2021 y también dejaron de pagarme el seguro? Si el dinero con que se hacían esos pagos supuestamente provenía de la herencia de este. Y si el fondo de dinero de dicha supuesta herencia se hubiera agotado, ¿por qué nunca fui avisado?”, replica Alexander en su demanda presentada al juzgado de familia dos meses después.
Los hermanos Navarro Grau Hurtado no quisieron atender nuestras consultas sobre esta y otras preguntas. “Quizá podríamos sentar el precedente de que estas familias millonarias no puedan ‘cholear’ a la gente, que no puedan decir ‘¿sabes qué?, yo hago lo que me da la gana, yo soy un pituco millonario’”, dice un ofuscado Alexander. Hoy sus esperanzas están puestas en un cadáver.
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
Pero un personaje clave en esta trama, del que queda mucho por contar, es Wilfredo Alayo Jiménez. Se trata de un excandidato al Congreso por Unión por el Perú, y también exmilitante del APRA y Cambio Radical (movimiento político liderado por José Barba Caballero). La Fiscalía le atribuye a Alayo conversaciones con Salinas en las que este le pide ayuda para destrabar una licitación en San Juan de Lurigancho.
Los mensajes muestran que, para tal fin, Alayo habría fungido de intermediario entre Salinas y Tello. El congresista de Perú Libre, sin embargo, no quiso respondernos sobre ese personaje en particular. ¿Por qué intenta ocultar su vínculo con Alayo? Todo indica que las respuestas a esta pregunta serán cruciales en la investigación fiscal.
Sobre Alayo ya hemos dicho que tiene una sentencia por negociación incompatible del 2017 y que visitó, junto a Tello, al actual ministro de Educación, Rosendo Serna, el 4 y 6 de enero. El 24 de noviembre del año pasado, además, ambos se reunieron con el entonces presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, de acuerdo a los registros.
Pero hay más incursiones a entidades públicas, un viaje a la selva y hasta un abogado en común que evidencian una relación innegable entre el congresista de Perú Libre y un personaje que siempre tuvo problemas con la justicia. Y es que, además de la condena del 2017, Alayo figura como “sentenciado” en un proceso de usurpación del 2002, según registros del Ministerio Público. También ha sido acusado de agresiones y amenazas, y tiene un proceso por falsificación de documentos a la espera de juicio.
¿Qué hace un hombre con esos pergaminos rondando a un padre de la patria? La fiscal de la Nación podría tener la respuesta en algunos meses.
Wilfredo Alayo junto al congresista Edgar Tello. Posan frente a la puerta del Congreso.
ACOMPAÑANTE EN LA SOMBRA
El 19 de enero, Wilfredo Alayo visitó junto a Tello y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, el despacho del director ejecutivo del Programa Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda. A la cita asistieron otros funcionarios del municipio.
Alayo señala que él nunca estuvo en la reunión y que solo lo registraron en la puerta. Fue, dice, para hacerle servicio de taxi al congresista de Perú Libre. Pero una de las hipótesis en el caso de tráfico de influencias seguido contra Tello es, precisamente, que el empresario Miguel Ángel Salinas lo buscó -con Alayo como nexo- para que lo contacte con el alcalde de SJL.
El domingo pasado, el dominical Punto Final reveló imágenes en las que Alayo acompañaba al congresista Tello a varias de sus actividades públicas en Lima. Este personaje dijo al programa televisivo que él le había hecho varias “carreras” al parlamentario.
Pero Sudaca obtuvo una grabación más en la que Alayo aparece filmando al parlamentario del lápiz en una incursión a una comunidad de Loreto. Las imágenes son, según nuestras fuentes, de fines del 2021. ¿Hasta allá le hizo la movilidad al parlamentario?
“Bueno, señor. Allá también alquilan carros y puedo manejar. Yo también puedo pedir un favor y no hay nada de malo. No hay ningún problema”, responde Alayo. Le preguntamos cuánto le cobra al congresista y si tiene recibos que corroboren su versión. “Esas ya son cosas personales”, dice. Y niega ser el autor de los chats con Salinas.
Alayo filma con su celular al parlamentario Edgar Tello en un viaje a Loreto. Se trata de una relación que va más allá del taxi.
CUENTAS PENALES
Wilfredo Alayo es un personaje conocido en los pasillos del Poder Judicial. El 2017, como hemos visto, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible e inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos.
Los hechos se produjeron el 2011, cuando Alayo Jiménez se desempeñaba como subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en la gestión del exalcalde Adolfo Ocampo Vargas. Lo que hizo Alayo fue comprar un vehículo de segunda como si fuese nuevo.
Durante su paso por ese cargo también tuvo algunos choques con los vecinos del distrito. Uno de ellos denunció en la comisaría que Alayo entró con 40 personas a su terreno y se llevó a la mala 35 paneles de mallas metálicas valorizados en S/24.000.
Pero eso no fue lo peor. Sudaca pudo conocer que este personaje tiene pendiente un juicio en su contra por falsificación de documentos. Al terminar la gestión de Ocampo Vargas en SJM, asumió Javier Altamirano Coquis. Y una de las primeras cosas que hizo fue eliminar algunos requisitos para los postulantes a distintas gerencias, entre ellas la de Desarrollo Urbano. Antes se necesitaba el título universitario de Ingeniería, pero con Altamirano al mando eso se eliminó.
A los pocos meses, Wilfredo Alayo, quien decía haber estudiado un par de ciclos de Ingeniería en la Universidad Peruana de Integración Global, fue nombrado jefe de esta gerencia. La Fiscalía, sin embargo, descubrió que no contaba con documentos que acreditaran, siquiera, sus estudios de secundaria.
Alayo había presentado un certificado de estudios con actas de supuestas evaluaciones de cursos como Lenguaje, Geografía, Historia del Perú, entre otros. Él mismo había pedido a una institución educativa que le tomen exámenes de los cinco años de educación secundaria, porque su colegio había desaparecido y le era imposible acreditar que pasó por ahí.
La acusación del fiscal Richard Cirilo. Pide 10 años y cuatro meses de cárcel para Alayo.
En las evaluaciones habían participado supuestamente 11 docentes, pero al menos tres de ellos dijeron que nunca lo habían hecho. En las actas consolidadas figuraba, por ejemplo, Rocío Florían Fernández. “Sin embargo, dicha docente no laboró en la IEP Latinoamérica [el colegio que le tomó las evaluaciones a Alayo], pues las actas son del 2014 y la citada docente recién obtuvo su título profesional en el 2015”, dice la acusación fiscal presentada el 2018.
Otro nombre que figuraba como docente evaluador era el de Slim Pareja Romero, pero este no reconoció su firma plasmada en las actas. “Además, dicha persona es docente de educación física, pero en las actas se consignó como docente de Geografía del Perú y del Mundo”, señala el escrito.
Pero, además, la institución educativa no estaba autorizada para emitir certificados de primero a cuarto de secundaria, como deja ver un oficio de la UGEL de San Juan de Miraflores enviado a la Fiscalía. La misma unidad ejecutora respondió al Ministerio Público que el certificado presentado por Alayo “no era auténtico”.
Por estos hechos, el fiscal anticorrupción Richard Cirilo acusó a Alayo, al alcalde y al director del colegio que le tomó las supuestas evaluaciones por los delitos de falsedad ideológica, nombramiento indebido y negociación incompatible. Contra Alayo pidió 10 años y cuatro meses de prisión en julio del 2018. Increíblemente, aún no hay juicio. “Bueno, puedo tener miles de juicios. Usted dice que está en investigación. Que salga la investigación y ahí podemos hablar”, dice el aludido.
Las comisarías también dan detalles de quién es este amigo negado del parlamentario Edgar Tello. El 4 de setiembre del 2018, alejado forzosamente de la gestión pública, Alayo fue intervenido a la medianoche por un agente policial por realizar “maniobras temerarias”. “Al vociferar, el presunto infractor, presentó aliento alcohólico, refiriendo también que no podía ser intervenido, porque tiene amigos oficiales de alto mando; amenazó al personal [diciendo que] la intervención policial [le] costará el cambio de unidad”, se lee en el parte policial de aquel día.
En marzo del 2019, además, fue acusado por Ronald Mosayhuate Reyes por haberle destrozado las lunas de su vehículo, además del equipo de música y los faros. “Asimismo, los denunciantes refieren que sufrieron amenazas de muerte por parte de los denunciados”, se lee en un parte policial. Alayo asegura que esta denuncia fue archivada.
CONTRA LA REFORMA DEL TRANSPORTE
Los documentos a los que accedió Sudaca revelan más conexiones entre Wilfredo Alayo y Edgar Tello. En la apelación a la acusación por falsificación de documentos y en un Hábeas Corpus presentado ante el TC, figura como abogado de Alayo el letrado David Mujica Castillo. Se trata del mismo abogado que representa a Edgar Tello en su reciente proceso por tráfico de influencias.
David Mujica Castillo, abogado de los transportistas que piden condonación de multas. Figura como abogado de Wilfredo Alayo en sus líos judiciales y ahora defiende a Edgar Tello.
Mujica es, además, abogado de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que en noviembre se sumó a un paro nacional.Pedían la cabeza de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y de la exmandamás de la Sutran, Patricia Cama. Esta fue despedida aquel noviembre.
Los gremios de transportes también solicitaban la rebaja urgente de combustible, la reducción de peajes y la amnistía de papeletas. El ministro Juan Silva, en un acta revelada por El Comercio, se comprometió a esto último, anunciando que presentaría un proyecto de ley. El mismo diario reveló que las empresas representadas por Anitra debían hasta fines del año pasado S/18.460.000. La huelga se canceló tras el acuerdo.
Una serie de mensajes de WhatsApp y una nota de inteligencia comprometen al congresista oficialista Edgar Tello en un caso de presunto tráfico de influencias. El favorecido era un consorcio que, en diciembre pasado, ganó la buena pro para la construcción de la Casa de la Mujer en San Juan de Lurigancho. Por eso, el último miércoles, la fiscal de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra el parlamentario por 60 días.
El 23 de diciembre del 2021, el consorcio Casa de la Mujer -conformado por las empresas Iconsa SA y Construyendo Infraestructura SAC- recibió la buena pro de la licitación realizada por la comuna de SJL. El costo de la obra era de S/15 millones, pero el contrato no llegó a suscribirse “por observaciones de orden formal”, señala la resolución firmada por Zoraida Ávalos que abre indagación por estos hechos. Y es que a uno de los consorciados el OSCE no le había entregado su «constancia de libre contratación», un documento que certifica el monto por el cual un proveedor aún puede seguir siendo contratado.
Por ese motivo, a inicios de enero, un empresario llamado Miguel Ángel Salinas Cámac buscó contactar al mismísimo alcalde del distrito, Álex Gonzáles, y al congresista de Perú Libre, Edgar Tello, para que lo ayuden a destrabar el proceso y que se firme el contrato de una vez. Salinas, según fuentes que ven el caso, no es parte del consorcio, pero fue el encargado de hacer el lobby a favor de la empresa. Uno de los consorciados lo niega. «En lo particular, yo como representante de Construyendo Infraestructura, no lo conozco. Hasta la fecha, mi socio también está sorprendido», dice Jairo Mendoza Martínez.
Miguel Ángel Salinas, presunto líder de una organización criminal, fue el encargado del lobby, según la Fiscalía.
Ya detenido, la policía y la fiscalía especializadas identificaron conversaciones en su celular que mostraban su nexo con el parlamentario Edgar Tello. No solo le había pedido que lo contacte con Álex Gonzáles -de quien Tello es cercano, a decir de varias fotografías-, sino también que realice gestiones ante el OSCE y el MEF. Los agentes, además, ya habían captado al de Perú Libre y a Salinas en una reunión, antes de que el empresario cayese en desgracia.
El congresista Edgar Tello y el alcalde de SJL, Álex Gonzáles, en octubre del 2021.
MENSAJES COMPROMETEDORES
Miguel Salinas, actualmente con prisión preventiva, tenía registrada conversaciones con una persona a la que agendó como “Alayo Congresista”. Según la fiscalía, se trataría de Wilfredo Alayo Jiménez, excandidato al Congreso por Unión por el Perú y un visitador del despacho del congresista Edgar Tello.
Alayo ha visitado al parlamentario de la llamada ‘bancada magisterial’ en dos ocasiones, entre setiembre y octubre del 2021. Además, lo acompañó a una reunión con el ministro de Educación, Rosendo Serna, la tarde del 6 de enero pasado. Al encuentro también asistieron otros congresistas de Perú Libre, como Jhakeline Ugarte, Pasión Dávila y Alex Paredes Gonzáles.
Según consta en el registro de visitas, Alayo figura como un representante más del Congreso de la República, aunque no tiene ningún contrato con esta entidad. “Yo no trabajo en el Congreso. Yo puedo visitar a cualquiera, señor”, responde a Sudaca el aludido, quien el 2017 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.
El parlamentario Edgar Tello no quiso responder sobre su vínculo con este personaje.
Izquierda: Wilfredo Alayo Jiménez. Derecha: Sus incursiones junto a Edgar Tello al Minedu. Alayo fue condenado el 2017 por negociación incompatible.
Como fuese, entre los chats que la fiscalía le atribuye a Wilfredo Alayo, figura uno del 8 de enero en el que el empresario Salinas le envió los datos del consorcio y luego le escribió: “Amigo, ¿el hombre ya sabe del tema?”. Alayo, según los registros fiscales, le contestó: “Claro, hermano, escuchaste. Delante tuyo le dije. Ya coordinó el congresista mañana te llamo”. Minutos después agregó: “Hermano, es positivo”.
Esa misma noche Salinas tiene la siguiente conversación con Edgar Tello:
Salinas: Una ayuda con lo conversado.
Tello: Claro, mañana me reuniré.
Salinas: Ok, me avisa. O voy donde me indique.
Tello: Belisario Suarez 845, SJM. Lo espero.
Esta dirección corresponde al domicilio del congresista, según su ficha del Reniec.
Las gestiones del lobista Salinas siguieron en los días posteriores. El objetivo ya no solo parecía ser contactar al alcalde Álex Gonzáles, sino que se presione a otras entidades del Estado, como el OSCE. Según Jairo Martínez, socio de Construyendo Infraestructura, el organismo supervisor no le entregó a tiempo su «constancia de libre contratación», lo que le impedía al consorcio firmar el contrato. Martínez, sin embargo, niega que haya enviado a algún emisario a que resuelva ese problema.
El 12 de enero, sin embargo, en un nuevo mensaje atribuido a Alayo, este le dice a Salinas: “Que ya el OSCE se va a comunicar nos han dicho”. Y al día siguiente, le envía una inusual lista de comestibles:
-100 bolsas de arroz de un kilo.
-100 bolsas de ½ kilo de arroz.
-100 botellas de aceite de ½ litro
-100 bolsitas de avena 3 ositos
-100 panetones de esos que están en oferta.
100 bolsas de ½ kilo de lentejas
-100 atunes el más barato.
-100 tarros de leche
-100 bolsas de fideo para sopa
Como mensaje final, agregó: “Esto es todo para la canasta, amigo. Solo falta buscar bateas y celofán, eso lo compramos nosotros”.
En comunicación con Sudaca, Wilfredo Alayo no reconoce estos chats como suyos, pero la resolución fiscal dice lo contrario. Además, se ha dispuesto recabar su testimonio como parte del proceso. “No sé de qué empresario me habla. Se ha confundido”, apunta el excandidato al Congreso.
Edgar Tello, por su parte, no desmiente la autenticidad de los mensajes, pero niega haber participado de algún hecho ilícito. “Yo recibo en mi despacho a todos los ciudadanos, dirigentes, sindicalistas. Toda la ciudadanía que me conoce, me envía mensajes. Eso es materia de investigación”, apunta.
Conversación atribuida a Miguel Salinas y Wilfredo Alayo, el 8 de enero, en la que el lobista le comparte el nombre del consorcio y le pregunta si «el hombre ya sabe del tema». Alayo le responde: «Ya coordinó el congresista».
REUNIÓN EN KALLPA
Pero no es lo único que tiene el Ministerio Público en su carpeta. Como parte del caso ‘Los Incorregibles’, los investigadores ya le seguían los pasos a Miguel Ángel Salinas. Y el 14 de enero lo captaron al interior del club Kallpa, en San Juan de Miraflores, junto a unas 20 personas. “Es preciso indicar que dentro del área se encontraba también el actual congresista Edgar Tello Montes”, se lee en un informe de inteligencia de la PNP.
Luego de aquella reunión, los mensajes de Salinas al congresista siguieron por algunos días más. El 16 de enero, Edgar Tello le escribió: “Ya solucionaron, que el MEF dé el visto bueno y listo”. El Ministerio Público indaga de qué visto bueno hablaba el parlamentario.
Ese mismo día, el empresario fue alertado de que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de una unidad de inteligencia. En una conversación que Salinas mantuvo con una policía llamada Rosario Escobal, esta le dice que incluso tenían registrada su reunión con Edgar Tello.
Rosario: Me están confirmando que son de la Diviac.
Salinas: Ese día estaba con el congresista.
Rosario: Ahorita voy a averiguar, pero no quiero decirle nada al congresista aún porque ele [sic] dijo que mañana lo tuyo sale sí o sí. Si le digo lo que está pasando, no te apoyará en nada por miedo.
Informe policial que da cuenta de la reunión en el club Kallpa. Allí estuvieron Salinas y Edgar Tello el 14 de enero.
DÁDIVAS
Como la solución aún no llegaba para el empresario y lobista Miguel Salinas, el 17 de enero este le insistió a Tello en un mensaje de WhatsApp: “Por favor, puede confirmarme si va a ser viable”. A lo que el parlamentario respondió: “En eso estoy, amigo, no te preocupes. Ahora debo coordinar y aclarar eso”. Esa noche, el docente le envió el número telefónico de un funcionario de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Pero, al final, de nada sirvieron las gestiones. El 19, dos días después, Salinas fue capturado junto a decenas de sus presuntos cómplices en el caso de ‘Los Incorregibles’.
En ese momento, como hemos visto, se descubrieron sus nexos en el Parlamento. Del análisis de las conversaciones y el seguimiento policial, la fiscalía concluyó: “Se puede advertir que el presunto integrante de una organización criminal, Miguel Salinas, tenía directo interés en el otorgamiento de la buena pro a favor del consorcio Casa de la Mujer que venía participando sin cumplir con las condiciones legalmente exigidas”.
La resolución que abre indagación por estos hechos añade que el empresario “habría tratado de buscar personas allegadas al alcalde de dicha municipalidad”. “En dicha gestión, tuvieron participación la miembro policial Rosario Escobal y una persona identificada como Alayo, quien de acuerdo con la información obtenida sería Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, una persona del entorno del congresista Edgar Tello”, se lee.
La Fiscalía sospecha que la ayuda de Tello al empresario fue a cambio de dinero. “El congresista se habría reunido y mantenido comunicación mediante WhatsApp con Miguel Ángel Salinas Cámac, a quien le habría ofrecido interceder ante el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho a cambio de beneficio económico”, apunta la resolución.
Jairo Mendoza, uno de los consorciados, no se anima a poner las manos al fuego por nadie más que por él en este caso. «Por mi lado, no tengo conocimiento. Espero que se esclarezca qué sucedió, cómo sucedió, ver realmente cuál es el trasfondo del asunto», asegura.
Conversación del 8 de enero entre Miguel Salinas y Edgar Tello. El parlamentario lo cita en la dirección que figura como su domicilio en el Reniec.
La muerte de un hombre persigue al flamante primer ministro desde hace cinco años. Administrar el camal municipal de Coronel Portillo, en Pucallpa, Ucayali, no solo le trajo a Héctor Valer una denuncia por colusión, sino también una investigación por homicidio culposo. El hecho ocurrió en junio del 2017 y al interior del recinto que, en ese entonces, manejaba su empresa: el Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (Coincar).
La municipalidad provincial le había entregado el camal en concesión a fines del 2016. Esto, “sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regir las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad”, según una nota de prensa de Contraloría de la época.
La tarde del 13 de junio, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región, Aster Diaz Ruiz, llegó al lugar para retirar diez cabezas de ganado que había adquirido previamente. Antes, sin embargo, tenía que marcarlas. Como no había personal que realice esa tarea, él mismo entró al corral y empezó a pintar sus iniciales en el cuerpo de las vacas. Una lo atacó de un cuernazo por la espalda.
Así informaba la prensa local aquel junio del 2017. Resultó que el ataque fue de una vaca y no un toro.
El hombre murió seis días después en el hospital regional. Su familia denunció a Coincar porque no tenía trabajadores capacitados para el manejo de los animales, a pesar de que los Díaz pagaron S/1.150 por ese servicio. Sudaca ha accedido a una serie de disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacochas, que abrió investigación preparatoria el 27 de junio del 2017, en las que se cuenta el suceso con detalles.
En la denuncia presentada por el hijo de la víctima, Maxcel Díaz Moreno, se menciona una situación que era común en el camal: “adolece de personal idóneo y capacitado encargado de realizar tales labores, por lo que su señor padre tenía que ejecutarlas”. El familiar dice, además, que aquel día “únicamente se encontraba una persona que hace las veces de guardián, el mismo que desconoce sobre las actividades de manejo de ganado”. Y añade: “Coincar cobra por estos servicios, a pesar de que no tiene personal capacitado, en un claro abuso de poder y de derecho”.
Díaz Moreno apuntó al mandamás del consorcio, Héctor Valer. “No ha cumplido con brindar las garantías y seguridad al personal externo que ingresa animales para el sacrificio al camal, con personal idóneo y capacitado para realizar tales labores”, aseguró. Durante las diligencias preliminares, el ahora premier replicó que sí tenía personal y que el local era constantemente inspeccionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Además, le echó la culpa al ganadero, a quien acusó de haber ingresado a los corrales burlando la seguridad.
Los hijos de Díaz, sin embargo, presentaron a la Fiscalía el contrato de compra-venta que suscribieron por los animales y el comprobante del pago de S/1.150 a favor de Coincar a cambio de los servicios de faena. Cuando los investigadores le preguntaron al chofer que llevó a Díaz al camal por la seguridad del recinto, este respondió: “no cuenta con las garantías necesarias para brindar ese servicio”.
Apenas ocurrió la muerte, la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región inició un paro indefinido. Y ese mismo año, el Órgano de Control Interno de la municipalidad detectó las ya mencionadas irregularidades en la concesión del recinto.
El 2019, la nueva gestión municipal encontró en pésimas condiciones el camal municipal que administraba la empresa de Valer.
Resulta que el Consejo Municipal había incorporado el camal a un proceso de asociación público-privada en setiembre del 2016, pero ese acuerdo fue desconocido en diciembre del mismo año. El Consejo, entonces, le permitió al alcalde darlo en “administración temporal”, algo que -según la fiscalía que ve el caso- no estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta de Valer para manejar el lugar llegó el 9 de diciembre. Tan solo cuatro días después se le dio el visto bueno.
El contrato fue suspendido tras el escándalo por la muerte del ganadero y la intervención, en paralelo, de los auditores. Coincar tuvo que abandonar el camal y fue dada de baja en abril del 2018. A inicios del 2019, la nueva gestión municipal inspeccionó el lugar y encontró un escenario lúgubre: puertas y ventanas rotas, áreas administrativas destruidas, techos deteriorados, la zona de sacrificio de reses y porcinos en pésimo estado. En general, todo el procesamiento de vísceras se realizaba en condiciones inapropiadas, según una nota informativa de la comuna.
“Hay equipos que han desaparecido”, agregó Rafael Paredes Delgado, entonces gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad. La Fiscalía también señala que Valer mantuvo el lugar en condiciones insalubres. “Hubo contaminación, olores fétidos, problemas inclusive en los sistemas de evacuación, residuos sólidos y otros factores que, en la práctica, provocaron mayores daños a la entidad pública y al servicio”, le dijo el fiscal Gomer Santos, que investiga las irregularidades en la concesión del camal, a El Comercio.
En tanto, el caso de la muerte de Aster Díaz pasó a la etapa de investigación preparatoria en el 2018. La fiscal provincial Karen Yzaguirre se pronunció a fines del año pasado a favor de sobreseerlo, pero ahora parece haber dado marcha atrás. “Hay un pronunciamiento en ese sentido y va a ser objeto de absolución de parte de la Fiscalía. Pero dado que el caso se ha hecho emblemático, parece que está ampliando su investigación”, dice el abogado de Valer, Millet Tello Salazar.
Y así fue. El 18 de enero de este año, el despacho de Yzaguirre decidió recabar más testimonios durante febrero. Según el abogado de los deudos, la fiscal tuvo que recular luego de que sus superiores no aceptaran el archivamiento del caso. “El juzgado, al ver la inconsistencia del sobreseimiento, ha elevado la consulta a la fiscalía superior y esta ha ordenado a la provincial que continué la investigación”, explica el doctor Marco Antonio Texeira. Sudaca llamó a la fiscal del caso, pero no obtuvimos respuesta.
En enero de este año, la fiscalía dispuso seguir recogiendo testimonios.
