“Tengo conocimiento de que los madereros de Madre de Dios le realizaron un apoyo a Hidalgo, con el pago de una bolsa [de dinero] en su campaña para que todo siga y sean favorecidos”, le dijo el 23 de julio un aspirante a colaborador eficaz al fiscal Dionisio Quicaño, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se refería a Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios y militante de Alianza para el Progreso (APP).

El fiscal Quicaño viene investigando una mafia de traficantes de madera a la que ha bautizado como “Los Hostiles de la Amazonía”. Logró sus primeras detenciones a mediados del 2020. Se detuvo a varios funcionarios que ocupaban mandos medios en el gobierno regional y también cayeron policías, fiscales y agentes de la Sunat. Todos ayudaban a la organización criminal a falsificar documentos y burlar los controles para el traslado ilegal de madera, como ya ha reportado este medio.

Ahora, la trama criminal más importante de Madre de Dios le ha tocado la puerta al mismísimo gobernador. Las escuchas telefónicas han revelado sus vínculos con empresarios madereros que se vieron beneficiados por decisiones de su gestión. El último 12 de octubre, la Policía allanó la casa de Hidalgo y una decena de inmuebles más. Tres personas tenían orden de captura, una de ellas no fue ubicada. Sudaca accedió a la carpeta fiscal del caso.

Para el procurador en delitos ambientales Julio Guzmán, este es uno de los casos más importantes en materia ambiental del país. Cada vez aparecen involucrados funcionarios de mayor nivel. “La visión que tengo es que los mandos medios no actúan de manera aislada, no dirigen un modus operandi, sino forman parte de una estructura de poder que va más allá”, dice.

colaborador pagos a hidalgo
El aspirante a colaborador eficaz dice que la mafia maderera financió la campaña de Luis Hidalgo «para que todo siga y sean favorecidos».

ENCUBRIMIENTO

El colaborador eficaz le dijo al fiscal que el apoyo a la campaña del gobernador Hidalgo por parte de Edith Huaricancha Arenas, sindicada como la líder de la organización criminal de tráfico de madera, la había convertido en un personaje poderoso en la Dirección Regional Forestal. Esta se encarga de fiscalizar el producto que sale de la región. “Decía que ella podía manejar el Inrena, es decir, la Dirección Regional Forestal”, aseguró el delincuente arrepentido.

Señaló -por ejemplo- que Harry Pinchi, a quien nombraron en esa dirección en 2019 y se opuso a los intereses de Huaricancha, fue removido por presión de esta. “Edith y su grupo demostró que a este Harry lo harían botar. Es así que, efectivamente, luego de un corto período, lo botan. Previa bolsa [de dinero] que los tramitadores hicieron”, contó.

Pero, a pesar de su mala relación con Huaricancha, la Fiscalía considera que el ingeniero Harry Pinchi tampoco actuaba derecho. En noviembre de aquel 2019, le habría hecho un favor a unos amigos del gobernador regional, luego de que se interviniera un camión con una dudosa carga de madera. Pinchi habría impedido una inspección al aserradero desde donde salió la mercancía, que pertenece a la compañía Empefoc. Ese es el otro hilo que jaló el fiscal Quicaño para tocar las puertas de Luis Hidalgo.

Empefoc pertenece al peruano Christian Stapelfeld Asayag y funciona como un aserradero y un centro de almacenamiento de madera. Stapelfeld, según la Fiscalía, trabaja para un empresario chino asentado en el Perú hace años: Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos. Es gerente y apoderado de otras firmas del rubro maderero y dirige un periódico para la comunidad china llamado ‘La voz de la colonia china’. Ambos -Stapelfeld y Fidel- tienen una relación bastante cercana con Luis Hidalgo, como veremos más adelante.

ciudadano chino empresa madera
El 12 de octubre se allanó la vivienda del empresario chino Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos.

La hipótesis fiscal es que ellos proveen las guías de transporte forestal -documentos donde se consigna el nombre del dueño de la madera y hacia dónde se está dirigiendo la mercancía- a la mafia. En los papeles se coloca que Empefoc es la dueña del cargamento, cuando no es así. Es decir, se falsifican los datos.

El 7 de noviembre de ese 2019, por ejemplo, agentes de la Dirección Regional Forestal intervinieron un camión conducido por Raúl Suta Quispe, un sujeto con antecedentes por delitos ambientales que en ese momento transportaba madera de procedencia presuntamente ilegal. Para justificar el cargamento, Suta presentó una guía de transporte que decía que aquella madera estaba a nombre de Empefoc.

Los días posteriores a la intervención de Suta, Christian Stapelfeld se comunicó en varias ocasiones con él, preocupado por las consecuencias que podía haber en su contra. También se comunicó con un presunto miembro de la mafia detenido el año pasado, Jesús Aranzabal, a quien le pidió solucionar el problema y evitar que esto llegue a la prensa.

“Con nosotros se ha sentado [se refiere a Stapelfeld] y le hemos dado la idea de que él agarre y diga a todo el mundo que esas guías él no las había autorizado y que las están clonando […]. Nosotros le damos a Christian [Stapelfeld] su pago mensual, ahora está fregado”, se le oye decir a uno de los investigados -Francis Diaz- en comunicación con Jesús Aranzabal. Díaz fue detenido en abril de este año y Aranzabal a mediados del 2020.

Este último habría ayudado a Stapelfeld a librarse de la justicia luego de la intervención al camión que manejaba Suta. El 16 de noviembre, Aranzabal llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. La razón: ya había hablado con la fiscal a cargo y no lo iban a investigar. 

Señor Christian, ahora sí me he metido a hacer de todo para que en la fiscalía quede ahí nomá […] Yo ya hablé con la fiscal y bueno ahorita la investigación no está dirigida a la empresa de usted […] Es una amiga mía la fiscal”, le comenta Aranzabal. El empresario acepta entregarle “una luquita” por las gestiones.

fiscalia corrupcion
El 16 de noviembre, uno de los investigados llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. Ya había hablado con la fiscal a cargo.

Pero la intervención de Suta no podía ser pasada por alto en el gobierno regional. Quedaba pendiente una inspección al aserradero de Empefoc. Ahí entró a tallar el ingeniero Harry Pinchi en favor de los amigos del gobernador Hidalgo, según la Fiscalía.

De acuerdo a las escuchas, el 25 de noviembre Christian Stapelfeld y Fidel se reunieron luego de la hora de almuerzo. Al poco rato, Palmer Pastor -asesor del gobernador regional Luis Hidalgo- se comunicó con Pinchi y le pidió que atienda a Stapelfeld. Pinchi aceptó recibirlo.

Tras la reunión, se interceptó una llamada de Stapelfeld al asesor del gobernador, donde el primero de le comentó al segundo: “Eso ya lo solucioné, me ayudó al toque, al toque me solucionó”. La Fiscalía asegura que hablaban de detener la inspección al aserradero.

El 26 de noviembre, Fidel y el gobernador Luis Hidalgo tuvieron una reunión cerca de las 7:30 de la mañana en el Hotel Centenario. Los investigadores creen que además de la inspección frustrada, habrían tratado otros temas de interés mutuo. La sospecha tiene correlato en eventos posteriores.

BUENAS RELACIONES

La relación entre el gobernador y el empresario chino, alias Fidel, no es nueva. En mayo del 2019, ambos viajaron a China, junto a Christian Stepelfeld, para participar de la Expo Central China 2019. Según la fiscalía, “Xiadong Ji Wu y Christian Stapelfeld habrían comprado los pasajes”. 

Meses después, en diciembre de aquel año, el ciudadano chino habría tramitado becas en el extranjero para familiares del gobernador y de su asesor Palmer Pastor, de acuerdo a la Fiscalía. De hecho, en las escuchas entre Fidel y Stapelfeld, el primero le dice que Pronabec cuenta con cupos limitados de becas y que ha conseguido cinco para cualquier carrera en Shanghai, pero en la misma embajada. 

Fidel incluso le consiguió al gobernador una reunión con el embajador chino para el 16 de diciembre de aquel 2019. No se tiene información de en qué quedó ese asunto, pero sí los vínculos de los empresarios con el poderoso funcionario de Madre de Dios. 

¿Para qué sirvieron tantos favores? Según las escuchas, desde el 2020 funcionarios de la Dirección Regional Forestal ayudaron, a cambio de coimas, a acelerar la transferencia de una concesión ecológica a favor del empresario chino. En marzo del 2021, además, la misma dirección condonó una deuda a Turbina SAC, de propiedad del empresario chino y de Stapelfeld. 

A inicios de este mes, el fiscal Quicaño pidió la detención de Luis Hidalgo y de Fidel, pero el juez consideró que las pruebas contra ellos aún no eran suficientes. Solo ordenó el allanamiento de sus casas. Contra quien sí dictó detención fue contra el director forestal Harry Pinchi y el empresario Christian Stepelfeld.

Los detectives se llevaron una sorpresa al allanar el despacho del gobernador y ver que había una resolución judicial del 6 de octubre que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones de varios investigados. Entre ellos, el de él.

Contactamos a Luis Hidalgo, que prometió atendernos la noche del martes. Al cierre de esta edición, no volvió a responder nuestras llamadas. También llamamos a los números del empresario chino, pero no hubo respuesta.

PRENSA VENDIDA

La mafia, sin embargo, no se ha preocupado solo en reclutar funcionarios. También lo ha hecho con ‘periodistas’. Las investigaciones del fiscal Quicaño salpican a un hombre de prensa conocido localmente, que no tiene vergüenza en admitir que recibió pagos de personas que hoy son investigadas por el tráfico de madera que deforesta su región.

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El ‘periodista’ Julio Blanco Rocca admite que recibió dinero de los madereros. «Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’», dice.

A mediados del 2019, en su programa de Radio Selva, el comunicador Julio Blanco Rocca dio algunos nombres de madereros que estarían cometiendo irregularidades coludidos con funcionarios regionales. Nombró a una tal Edith, sin dar su apellido.

Huaricancha se sintió aludida y lo llamó para preguntarle quién le había dado la información. “Me vas a contar todo, conmigo no vas a jugar. Yo soy tu pinky”, le dijo la mujer. Y luego de unos segundos añadió: “Voy a mandarte para tus gastos, ya no hables nada mierda”. Minutos después, Huaricancha se comunicó con uno de sus cómplices y acordaron armar una bolsa mensual para el ‘periodista’.

Sudaca se comunicó con Blanco, quien aceptó haber recibido el dinero. Asegura, sin embargo, que eso no lo involucra en el delito de tráfico de madera.

“A la ‘Yayita’ [se refiere a Edith Huaricancha] la conozco hace más de 10 años. Uno no sabe si ella trafica con madera, blanquea guías, uno no sabe. Sus acciones no me involucran a mí”, dice. Y luego añade, con total desparpajo: “Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’, ‘a zutano’, ‘a fulano’. Y uno dice: ‘apoya con algo’ y te colaboran con 200, 300, por lanzar una noticia que interesa a una persona y que puede perjudicar a otro. Eso no es delito y lo hice antes de que ellos caigan”.

El juez solo ordenó el allanamiento de la casa de Blanco y rechazó que se le detenga bajo el increíble argumento de que estaba ejerciendo su “libertad de expresión”.

LOS CONSEJEROS

Las escuchas telefónicas también demostrarían que el gobernador Luis Hidalgo le hacía favores a consejeros a cambio de que aprueben las decisiones de su gestión. Uno de ellos es Marcial Tapullima Yuyarima, que llegó al cargo como invitado de Perú Libre.

Según las escuchas telefónicas, en noviembre del 2019 Tapullima se comunicó con el asesor del gobernador para pedirle que su esposa sea contratada en una red de salud que controla la región. A cambio de la ayuda, el consejero votaría a favor de aprobar un viaje del gobernador a España. Las escuchas demuestran que Hidalgo movió sus hilos para ayudar a Tapullima.

luis hidalgo ayuda a tapullima
El gobernador acepta «ver» la solicitud de un consejero, que pidió favorecer a su esposa con un cargo público.

Nos pusimos en contacto con Tapullima, pero su celular estaba apagado. La vivienda del consejero fue allanada la semana pasada.

También lo fue la casa de la consejera Fátima Pizango, responsable política de Alianza para el Progreso en la región desde el 2014. En su inmueble, la Policía halló S/70.000 en efectivo. “Yo soy una profesional que viene trabajando en muchas instituciones, tengo un colegio particular, he vendido una camioneta. Por la pandemia, todo ese dinero no lo pude invertir”, dice Pizango. 

La funcionaria es acusada de recibir financiamiento para la campaña de APP de parte de la mafia que lidera Edith Huaricancha, y de gestionar la compra de un pasaje para un consejero con el dinero de los taladores. “No conozco a Huaricancha y por ningún motivo hemos tenido algún aporte. El colaborador tiene que demostrarlo”, señala.

El procurador Julio Guzmán dice que hasta ahora no hay sentencias por crimen organizado vinculado a delitos ambientales. “Los Hostiles de la Amazonía” podría ser la primera de ellas, si el Poder Judicial lo permite.

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En el último año y medio, cuatro indígenas kakataibo, asentados en la frontera de Huánuco y Ucayali, han sido asesinados a balazos. Mayor es el número de los que están amenazados. Herlin Odicio (35), cabeza de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), responsabiliza a forasteros y falsos líderes indígenas de ser los responsables. Según Odicio, han venido tomando posesión de sus tierras para instalar cultivos ilegales de hoja de coca, plantas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas. Le ha pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que no se frene la erradicación. 

Señor Odicio, vive usted en la clandestinidad. ¿Cómo llegó a eso?

El 5 febrero [de este año] asesinaron a Yenser Ríos, de la comunidad de Puerto Nuevo, en Ucayali. El 23 de febrero, asesinaron a Herasmo García. Luego recibí un mensaje de texto que decía que vivo o muerto me iban a encontrar, que me iban a sacar de donde esté. En ese momento, me sentí preocupado y, sin pensar, llamé a un abogado de Amazon Watch. Le dije: ‘doctor, esto me está pasando, qué hago ahora, quiero salir’. Me llevaron en un auto a Pucallpa y después en un vuelo directo a Lima. Luego empecé a denunciar todo en los medios. Salí en los periódicos, en la televisión, ahí ya me complicó más. Ya regresar a mi comunidad es difícil. En realidad siempre estoy oculto.

Pero tiene usted medidas de protección, ¿cuenta con resguardo policial?

Después de eso, me dieron garantías [para mi vida]. Y este año, en julio, me dieron la resolución directorial [del Ministerio de Justicia]. Estoy reconocido como defensor de derechos humanos, como líder indígena, pero yo veo que es lo mismo. No tengo ninguna protección.

¿Y ha recibido otras amenazas?

Cuando regresé a Aguaytía (Ucayali), en abril de este año, estaba en la oficina de la federación. Cuando salí, encontré una camioneta cuatro por cuatro con lunas polarizadas, que estaba al frente. Cada vez que yo miraba, bajaban la luna. Eran tres personas que estaban ahí. Pensé que era mi último día. En ese momento, pensé que ya no existía. Hasta que llegó mi compañero y justo se cuadró con su motocar al frente. Llamé a la Policía, identificaron al vehículo y me dijeron que lo habían usado para actividades ilegales. Tuve que regresar nuevamente a Lima. Ha sido difícil vivir acá en plena pandemia y alejado de mi familia.

A fines de setiembre pasado denunció además que le cortaron la oreja a su tío y que los amenazaron por permitir que se erradiquen los cultivos ilegales.

Le dijeron que él era uno de los que había firmado el convenio para la erradicación. Él es monitor comunal, es decir, vigila y hace patrullaje para cuidar las tierras. Ya es conocido, por eso van a él. Pero hay más líderes.

oreja odicio tio
A fines de setiembre, atacaron a Merino Odicio Huayta, tío de Herlin. Lo culpaban de haber permitido la erradicación de hoja de coca en el sector.

¿Desde cuándo viven esta situación?

El problema empieza desde que yo era vicepresidente de mi comunidad, de Yamino, en 2017. Ahí empezaron las amenazas, porque yo veía todo lo que pasaba en las comunidades y empezamos a proteger nuestro territorio ante la invasión de nuestras tierras. El 2018, asumí la presidencia de Fenacoka para dirigir las ocho comunidades [kakataibos] y ahí nosotros empezamos a ver que el tema de nuestro territorio estaba muy olvidado y empecé a denunciar también. Escuché por medio de otras personas que decían que me iban a matar, pero eran amenazas indirectas. También había comuneros que ya se enfrentaban a los cocaleros. En febrero del 2020, el jefe de la comunidad de Unipacuyacu, Arbilio Meléndez, denunció que recibió amenazas. El 12 de abril, en plena pandemia, lo asesinaron. 

¿Qué pasó con el caso de Meléndez?

Fue identificado el asesino por nosotros, por la Policía y por la Fiscalía. Lo detuvieron unos días y luego fue liberado. Él supuestamente trabajó para los cocaleros, tiene antecedentes penales. Yo me pregunto, ¿por qué si se le ha identificado, si tiene antecedentes, denuncias por otros delitos, por qué el Poder Judicial lo soltó y ahora está libre? Y luego, el mes de julio, asesinan a Santiago Vega Chota, un comunero de Sinchi Roca (Ucayali).

Vega es uno de los cuatro indígenas kakataibo asesinados durante la pandemia. Además del narcotráfico, usted reclama por la impunidad, ¿han recibido alcances de las investigaciones de esos casos?

Esa es nuestra lucha. Contra la impunidad. Ahora hay niños huérfanos. A esa niña que sufre, a ese niño que no tiene cuándo vuelva su padre, ¿quién les da de comer?

Algunos fiscales han mencionado que se ven imposibilitados porque ustedes no colaboran, ya que tienen miedo a represalias.

Nosotros siempre vamos a colaborar, pero lamentablemente ellos no hacen un trabajo articulado. Si el fiscal me dice: ‘mire, señor, hay que hacer un trabajo, voy a ir a la comunidad, conversa con el jefe de la comunidad’, nosotros los ayudamos. Pero ellos esperan en su oficina. ¿Cómo crees que de esa forma vamos a avanzar? Son excusas que buscan los fiscales. Hemos visto claramente cómo el asesino de Arbildo Meléndez lo liberaron. 

Usted ha admitido que hay indígenas de su comunidad que se prestan al servicio de la mafia. ¿En quién confía Herlin Odicio?

No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos malos líderes, que nos han hecho quedar mal. Entonces, nosotros pedimos que no se dejen engañar por falsos dirigentes que nos han traicionado. Hay muchos líderes que han falsificado documentos, que extorsionan a los madereros, a las pequeñas empresas, pidiendo dinero para su beneficio personal. Hay hermanos que se han metido en esos trabajos ilegales, pero no son [la mayor] cantidad. Y a veces es la culpa de nuestro gobierno. Hay una comunidad llamada Puerto Nuevo, abandonada, adonde llegas luego de viajar de 9 a 10 horas. Entonces, solo el que tiene su bote se va de esa comunidad a trabajar. ¿Quién tiene la culpa?

¿Y el interés de esos líderes falsos es apoyar las economías ilegales?

Exactamente ese es su trabajo. Hay líderes, dos o tres, que se oponen ahorita a la erradicación, que no quieren que se erradique, sino que legalicen la hoja de coca. Y ahorita se ha detenido en la zona la erradicación, es lo que me han escrito mis hermanos.

Ha contado que alguna vez le ofrecieron S/500.000 para dejar trabajar a los narcotraficantes. ¿Se ha ganado problemas por rechazar el dinero?

El 6 de setiembre del 2020 me buscó un narcotraficante y me ofreció S/500.000 por cada vuelo. Era colombiano. Su intención era que yo deje de denunciar. Agarró su teléfono y me dijo: ‘mira, solo para ti’ y me mostró cómo cargaban la pasta básica a las avionetas. Era una pista y se veía cómo volaban. Me dijo que cada vuelo no duraba ni 5 minutos [en despegar]. ‘Tú dirás’, me dice y me comenta que me iba a dar S/500.000 como jefe de las comunidades. Me explica que los vuelos saldrían cada 15 días. Me dio unos días para darle una respuesta. Yo no dormí esa noche. No quise comer, no salí hasta dos días más. Y era muy difícil hablar. Pasó una semana. Luego pensé que si yo hacía esa cosa [aceptar], estaría perjudicando a mi pueblo. Dije: ‘yo voy a morir con mi ley, no voy a aceptar ninguna propuesta’. Luego de eso vino el asesinato de dos líderes más y las cosas fueron muy difíciles.

¿No volvió a ver al colombiano?

Nunca más lo identifiqué, pero sí me preocupa.

Señor Odicio, ha venido a Lima por enésima vez buscando ayuda, ¿cuáles son sus demandas?

Nuestra demanda son que se titulen los territorios que no lo están y que tienen varios años de solicitud; el segundo, es la protección de los defensores; y el tercero, que se continué con la erradicación de hoja de coca.

foto reclamos
12 de octubre. Un delegación de indígenas kakataibos reclama por la impunidad en la que han quedado las muertes de sus hermanos y las amenazas que viven. (Foto: IDL)

Ya se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Justicia, de Cultura y la Defensoría del Pueblo, ¿llegaron a compromisos?

Ayer nos reunimos con el viceministro de Justicia y llegamos a un acuerdo para que hagan seguimiento a las denuncias que hemos realizado. Con la ministra de Cultura hemos quedado, aunque no es su competencia, en que coordine con los otros ministerios una sola estrategia contra las pistas, contra los cultivos ilegales. Y también tuvimos una reunión con la premier Mirtha Vásquez. Hemos hablado sobre la paralización de la erradicación de hoja de coca que ha anunciado el ministro del Interior. Nosotros estamos en contra. No vamos a permitir que se legalice, porque sea legal o ilegal, el 80% se va al narcotráfico. Nos preocupa. Por esa plantación ilegal nos están matando. Nos están atando. Nosotros sembramos plátano, yuca, eso es nuestro. Por eso nosotros repudiamos esa planta, nunca hemos sembrado eso.

¿Qué le respondió la primera ministra?

Respondió que va a hacerle presente a todas las bancadas para reforzar la política de erradicación.

Ahora, ustedes ya se habían reunido antes con el gobierno anterior.

Nosotros nos reunimos en Pucallpa con los ministros el 14 de mayo de este año. Hasta el momento no tenemos resultados, seguimos con lo mismo. Nosotros hemos hecho muchos viajes al Congreso de la República, hemos denunciado a medios internacionales, pero no hay resultado. Eso nos preocupa muchísimo.

Señor Odicio, ¿hay algo que le haga pensar que esta vez será distinto?

Pensamos que con este gobierno algo iba a mejorar, pero vemos el tema político… No sabemos si a este Gabinete le van a dar la confianza o no. Es algo preocupante, no sabemos si estamos hablando nuevamente por gusto, si van a ingresar otros ministros. No estamos seguros y eso nos perjudica cada vez más. Mientras nosotros sufrimos eso lo aprovecha el enemigo.

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De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.

Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad. 

La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor. 

protestas puno
Organizaciones de la sociedad civil protestaron a inicios de setiembre por el desfinanciamiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para el 2022.

DESASTRE

El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.

Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.

“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.

Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.

El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.

La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.

La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.

congreso sobre traductor que desmiente
Parte del informe del Congreso que señala que la única experiencia internacional que acreditó el consorcio a cargo del Hospital Manuel Núñez fue desmentida por un traductor ante la Contraloría General de la República.

En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.

Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma. 

Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.

La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.

La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.

El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles. 

Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.

“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.

Arriba: el estado actual del hospital Manuel Núñez. Abajo: lo que debería entregarse el 2022, pero no ocurrirá.

 

ARBITRAJE EN ILAVE

Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.

La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.

Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.

Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.

resolución hospital ilave mayo
La resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que solo ha devuelto S/4,9 millones.

En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.

La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.

Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.

 

ONCE AÑOS DE ESPERA

El pasado 21 de abril, un dirigente local agarró a correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Le increpaba la ausencia del gobernador a una charla informativa sobre el avance del hospital Materno Infantil de Juliaca. La obra, valorizada en S/113 millones, lleva once años en construcción y apenas tiene un avance físico de un tercio, según recientes declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack.

correazos onda azul
21 de abril. Un dirigente local agarró a correazos al gerente general del GORE Puno por la inasistencia del gobernador a una charla informativa acerca del Hospital Materno Infantil de Juliaca.

Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.

El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.

En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.

Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa. 

*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

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Sobre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) hay dos consensos. Uno es que sus tres primeros años han estado marcados por la incompetencia, lo que impidió avanzar con las obras en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017. El segundo es que la actual gestión, a cargo de Amalia Moreno Vizcardo, fue la que empezó a destrabar el asunto.

Hoy el gobierno del lápiz quiere remover a Moreno, abogada especializada en gestión pública, quien llegó al puesto en octubre del 2019. Asumió el cargo luego de ser responsable de la estrategia de los convenios de gobierno a gobierno para los Juegos Panamericanos, uno de los factores que permitió llegar a tiempo con la infraestructura del evento.

El pasado viernes 1 de octubre, la directora ejecutiva de la ARCC recibió la llamada de un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, según una fuente con conocimiento del episodio. A pedido del premier, este funcionario le pidió a Moreno su carta de renuncia. Moreno estaba aquella mañana en el Congreso, presentando los avances de su gestión ante una comisión especial.

La persona que la llamó, según la misma fuente, es Carlos Zavala Polanco, encargado de la Secretaría Administrativa de la PCM. Zavala −un abogado de carrera en el Estado− pasó a aquel cargo durante el gobierno de Martín Vizcarra. El último 30 de julio, a poco de asumir el gobierno del lápiz, tuvo una “reunión de trabajo” con el recientemente nombrado jefe del Indecopi, Julián Palacín. Sudaca llamó al emisario del premier varias veces a su celular, pero no obtuvo respuesta. 

Amalia Moreno se había reunido con Guido Bellido en dos ocasiones. La primera fue el 4 de agosto, pocos días después de que él asumiera la jefatura del Gabinete. En la reunión, la abogada le presentó los avances de su trabajo. La segunda vez lo vio en la oficina del presidente, el 9 de agosto. Afinaron detalles del viaje de Pedro Castillo a Piura, una de las regiones más afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017.

En ambas reuniones, registradas en los cuadernos de visitas, la abogada no recibió ninguna señal de que sería removida, según fuentes cercanas a la autoridad. De modo que la reciente llamada la sorprendió. Por eso, no presentó su renuncia de inmediato. Pidió, por el contrario, una reunión con Guido Bellido, su jefe directo y a quien corresponde comunicarle su despido. Hasta el cierre de esta edición, aquel encuentro no ocurría.

Los rumores sobre la salida de Moreno, sin embargo, ya empezaron a correr entre autoridades y dirigentes de varias regiones. Sudaca conversó con algunos de ellos, quienes temen que la ARCC sea copada por gente cercana a Perú Libre sin experiencia en estas lides. O, peor aún, por personajes cuestionados. Ya sucedió en Indecopi, con Julián Palacín, y en EsSalud, con Mario Carhuapoma.

“Si cambiamos de jinete a mitad de carrera, ¿nos vamos a encontrar con qué? ¡Vamos a perder la carrera!”, dice el dirigente del Alto Piura Alejandro Raffo Risco, del colectivo “Guido Raffo Varona”, que impulsa el proyecto de reservorios en su localidad.

“Nosotros con la doctora Amalia Moreno teníamos casi hecho el cronograma para incluir reservorios en el Alto Piura para que cuando crezca el río retengan el agua y no se vayan al Bajo Piura. Ella estaba dando indicaciones para que esto entre en el convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido”, cuenta Raffo. El dirigente anuncia que, si la salida de Moreno se concreta, han coordinado una movilización junto a dirigentes del Bajo Piura.

En la región quedan pendientes varias obras, como el proyecto integral del río Piura, que apunta a controlar inundaciones y que debería ser entregado hacia noviembre de este año. A nivel nacional también: por ejemplo, supervisar los contratos con el gobierno británico por más de S/6.000 millones y otros 11 en proceso de selección por S/2.646 millones. “Los ingleses no son como los peruanos. Quieren gente con experiencia y ese es el problema”, argumenta Angélica Palomino, excongresista por el Partido Morado. Palomino fue vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento a la Reconstrucción hasta julio de este año.

«El avance de la [ARCC] en mi región [Piura] ya estaba al 60% después de cuatro años de haberse iniciado. Desde que ella ingresó, no ha habido adendas de contratos. Y lo otro que ha hecho es acompañar con equipos técnicos a casi todos los alcaldes distritales. A todos les han salido sus obras de reconstrucción con cambios. ¿Qué hicieron los anteriores directores? No hicieron nada”, apunta.

Según cifras de la ARCC, durante la gestión de Moreno -desde octubre del 2019- se han triplicado las obras terminadas a nivel nacional. Pasaron de 1.748 a 4.983 obras, un crecimiento de 265% de ejecución en comparación a los inútiles años 2017, 2018 y 2019. Una de las claves fue que dejó de ser un ente netamente financiador y empezó a ejecutar por sí mismo varios proyectos.

En Sudaca ya habíamos reportado cómo el Minedu había sido incapaz de reconstruir los colegios que le correspondían, mientras que la ARCC se había puesto las pilas el último año.

El temor por el cambio de Moreno ha generado más pronunciamientos. La Cámara de Comercio de Piura, por ejemplo, ha señalado que reemplazar a la cabeza de la ARCC “pone en peligro el proceso de reconstrucción”. Decenas de alcaldes de Áncash, Cajamarca y Ayacucho se han comunicado con la alta dirección de la ARCC para mostrar su preocupación, según pudo confirmar este medio. 

“Estamos coordinando con los alcaldes de la región para respaldarla. Lo que no hemos hecho en dos años, lo hemos logrado en seis meses con su gestión. Que se cambie sería un retraso”, dice, por ejemplo, Juan García Moscoso, alcalde del distrito de Culebras (provincia de Huarmey, Áncash). 

La decisión de cambiar a Moreno se da mientras que el gobernador regional de Piura, Servando García, la critica por no aprobarle expedientes técnicos de algunas obras. “No le apruebo porque me presentan expedientes técnicos que no van en la línea de la reconstrucción. ¿[Acaso] va a insistir para que mi sucesor o sucesora en el cargo haga algo ilegal? ¿Eso es lo que él pretende?”, respondió la funcionaria en una reciente entrevista con El Tiempo de Piura. 

Las cifras de la última gestión al mando de la ARCC, que son irrebatibles, no parecen ser suficientes para evitar que ruede la cabeza. Salvo que la PCM varíe su decisión a última hora, el recambio es inminente. 

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Amalia Moreno, Guido bellido, Reconstrucción con Cambios

Usted ha pedido investigar cómo se financia la campaña por la Asamblea Constituyente que impulsa Perú Libre. Yo le hago una pregunta también importante: ¿cómo se financia la suya?

Solo para que quede claro: no es que yo sea un mastín, un sabueso, que esté pidiendo que se investigue. Eso que dije fue a consecuencia de una pregunta del periodista de Correo, que preguntó qué pensaba del financiamiento de la campaña de Perú Libre para la Asamblea Constituyente, si creía que había dinero público. Yo le dije que no sabía, que eso es algo que se debe investigar, porque es de interés público. No es que me interese que rueden cadenas, ni que sea un inquisidor. Nosotros estábamos haciendo hasta hace poco una campaña basada 100% en el voluntariado. Es decir, todo lo pagaba yo mismo y la gente que me acompañaba de sus bolsillos. Hasta hace dos o tres semanas que hemos empezado a recibir donaciones pequeñas de personas naturales que transfieren dinero a una asociación que es la que impulsa nuestra iniciativa.

¿Cuál es esa asociación?

Se llama Asociación por la Causa de la Libertad. Tiene un RUC, su cuenta, todo hecho legalmente. Y cuando llegue el momento, vamos a transparentar todo. Es una asociación que se ha constituido este año, recientemente.

¿Erasmo Wong es uno de los donantes?

Hasta donde sé, él no ha contribuido. Son otras personas, con donaciones muy pequeñas. Lo que sí ha hecho Erasmo Wong es respaldar la iniciativa permitiéndonos colocar mesas para la recolección de firmas en los exteriores de centros comerciales que pertenecen a sus empresas.

¿No desembolsa nada el estudio Ghersi?

Tampoco. No es que haya dinero en esta campaña.

La inversión de tiempo que usted le dedica a la campaña la podemos entender como una inversión. Me imagino que su padre le habrá dado licencia.

Podría verse de esa manera, quizá.

Ha estado en territorio enemigo: en Cajamarca, ¿cómo lo han recibido?

Muy bien. De hecho, la Plaza de Armas de Cajamarca ha sido el lugar donde más firmas hemos recolectado en un solo lugar. Se ha obtenido más ahí que en los centros comerciales de Lima. Un respaldo masivo de la ciudadanía. A mí me sorprende: siempre que vamos a un lugar que es territorio enemigo, siempre que nos advierten que tengamos cuidado o que nos dicen que nos van a recibir mal, encontramos todo lo contrario. En Chota mismo se ha recolectado firmas a pequeña escala, pero este fin de semana se va a instalar una pequeña mesa en la plaza de armas.

Recientemente se ha sumado a su campaña una organización de ronderos. ¿Qué otros colectivos lo apoyan?

Fue el presidente de la confederación nacional de ronderos, pero a título personal. No es que haya una organización de ronderos que esté institucionalmente comprometida en este movimiento. Hay todo tipo de peruanos que apoyan, individuos y militantes de partidos políticos. Y gente de diferentes ideologías. No hay mucho apoyo institucional ni lo buscamos. El único partido político que ha dado un apoyo institucional ha sido el Partido Popular Cristiano.

Y Lourdes Flores también, a manera personal.

Sí, como ciudadana, ha ayudado a recolectar firmas. Pero no es solo ella, sino muchos militantes del PPC, y de otros partidos y muchísima gente que no tiene filiación a un partido.

¿Y no teme usted que la doctora Flores lo sale?

No, yo no creo en la sal.

Lo digo porque a ella las victorias le son esquivas.

[ríe] Bueno, puede ser, pero yo no creo en la sal. Ella está como ciudadana y agradezco mucho el apoyo de la doctora, así como agradezco a todos los que apoyan esta iniciativa.

Hablemos de su propuesta. Quiere usted “agregar un párrafo al artículo 206 de la Constitución que prohíba de manera expresa una Asamblea Constituyente en el Perú”. ¿Eso no es recortar el derecho de los ciudadanos?

La razón por la que estamos en contra, es porque la Asamblea Constituyente significa poder absoluto y el poder absoluto significa arbitrariedad absoluta. El Congreso puede cambiar la Constitución, pero tienen que respetar límites: los derechos fundamentales y los principios democráticos. La Asamblea Constituyente no reconoce ningún límite y podría cambiar la Constitución eliminando la libertad de prensa o los límites a la reelección presidencial, o la separación de poderes. Mientras una Asamblea Constituyente trabaja, además, la asamblea podría intervenir otras instituciones públicas. Podría decir: ‘si voy a refundar el país, ¿para qué va a haber un Poder Judicial o un Ministerio Público? Mejor los intervengo’. La propuesta de Perú Libre es que los peruanos escojamos con los votos solo a 60% de los constituyentes y el 40% restante de organizaciones de la sociedad civil elegidos por ellos mismos, es decir, un mecanismo corporativista. Esas son declaraciones que dio el presidente Pedro Castillo en una entrevista con Enrique Castillo. Y esa fórmula es idéntica a la que se empleó para la asamblea del 2017 en Venezuela. No es parecida, ni similar. Es idéntica.

La abogada María Teresa Gonzáles-Otoya ha calificado este proyecto como inconstitucional, pues -dice ella- atenta contra el artículo 32°, que señala “que no puede someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona”.

Bueno, esa es una visión sui generis de los derechos fundamentales porque hasta donde yo recuerde no hay un derecho fundamental al poder absoluto. Y la Asamblea Constituyente es un espacio de poder absoluto. Lo único que decimos nosotros es que debe haber un poder limitado. ¿Existe tal cosa como el derecho fundamental a que haya una asamblea con derechos absolutos? De ninguna manera, ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. Es una comprensión autoritaria, anticonstitucional.

¿Pero usted cree que Chile va a convertirse en una sociedad donde el Ejecutivo tenga el poder absoluto o que Ecuador se convirtió en una dictadura luego de su asamblea instalada el 2007?

Yo no estoy diciendo que todas las asambleas constituyentes llevan a una dictadura, sino que las constituyentes pueden llevar a una dictadura. Y que generan poder absoluto. La de Ecuador tenía poder absoluto y seguramente cometió errores. La asamblea de Chile está actuando con poder absoluto. En Venezuela han cometido arbitrariedades tremendas. No es algo que se pueda pasar por agua tibia. Generas la concentración del poder y eso genera el riesgo de la arbitrariedad. Además, la asamblea que se está proponiendo en el Perú no se parece al caso de Chile, sino al de Venezuela por dos motivos importantes: en Chile se hizo en contra de lo que quería el gobierno y la mayoría fue conformada por pequeños partidos independientes. En Perú lo está impulsando el gobierno con una fórmula venezolana. 

Entiendo por lo que me dice que le tiene más temor a lo que Vladimir Cerrón y sus amigos leninistas pueden hacer con una Asamblea Constituyente que a la asamblea en sí. ¿Es así?

Bueno, le tengo temor a las dos cosas. No es que yo esté en contra de la asamblea solo en el caso de Perú Libre. Yo estoy en contra en general. Hay partidos políticos menos malos que Perú Libre, que harían una Asamblea Constituyente menos mala, seguro que sí. Pero eso no significa que yo vaya a estar a favor de la Asamblea Constituyente. Mi oposición es una oposición de principio y no una posición de oportunidad.

Doctor Ghersi, usted viene señalando que hay que proteger a las instituciones democráticas de una Asamblea Constituyente, pero cuando las instituciones democráticas fueron petardeadas con el grito de fraude en mesa usted estaba allí [con los manifestantes]. ¿Qué fraude hubo?

Yo no sé, yo no he investigado ese tema. Yo no tuve ninguna participación en nada del proceso electoral.

Pero usted estuvo en las marchas, al menos según una nota del diario Expreso.

¿En una marcha haciendo qué? Yo en todas las marchas en las que he estado he ido a hablar del tema de la Asamblea Constituyente. No tuve ninguna participación del presunto fraude que hubo o no hubo. Independientemente de eso, no he presentado impugnaciones, no he sido abogado de Fuerza Popular, no conozco los hechos como para darte una opinión jurídica. Sin perjuicio de eso, discrepo radicalmente de lo que has mencionado. Estás equivocado. Denunciar fraude y hacer una denuncia o presentar una impugnación, ¿por qué es petardear una institución democrática? Si los partidos políticos tienen derecho a presentar impugnaciones. Eso no es petardear una institución democrática. Esa es una visión equivocada del estado de derecho.

No le hablaba de las impugnaciones, sino de los que salían a petardear una elección avalada por organismos internacionales que la calificaron como democrática y justa. Y el diario Expreso lo pone a usted en medio de una de estas marchas.

Todas las marchas a las que yo he acudido, he ido a hablar del tema de recolección de firmas. Sin perjuicio de eso, una manifestación pública de ciudadanos que pensaban que la elección tenía algún tipo de vicio es parte de su derecho de reunión, de protesta, de reunión. ¿Por qué eso es petardear las instituciones democráticas? Esa visión de las cosas no es tolerante ni consistente con el estado de derecho. Ahí tengo una discrepancia bien profunda contigo.

Pero el dato de que estuvo en estas marchas es correcto entonces.

En la mayoría de marchas que yo he estado hablando de este tema, hay gente te va a hablar de vacancia, hay gente que te va a hablar de fraude en mesa. Yo no soy responsable por lo que las demás personas dicen. No voy a estar de acuerdo con todo lo que dicen en una marcha. Yo sí creo que la elección tiene vicios graves de legitimidad. No puedo probar fraude, pero, por ejemplo, cuando se presentan impugnaciones, todos los jueces en todo tipo de procesos, incluidos los magistrados del JNE, tienen la obligación de intentar resolver el problema de fondo y adecuar los requisitos de forma a el fondo. Si un juez dice que no puedo resolver tu impugnación porque es extemporánea, fuera de horario de oficina, pero no hay horario de oficina porque es una mesa de partes virtual, eso es sospechoso. Entonces el JNE tuvo un actuar incorrecto. Denunciar eso no es de ninguna manera petardear las instituciones democráticas. Sí me molesta que me hayas dicho lo que me has dicho. Revela una convicción democrática que no me parece sólida.

Lamento que lo haya molestado. Pero, en todo caso, discrepamos.

Todo con buen humor.

Juan Carlos Tafur ha llamado a renovar los cuadros del centro y de la derecha. Uno de los nombres que lanzó fue el suyo. ¿Se va a lanzar usted a “las grandes ligas”, como dice él?

Bueno, yo voy a aclarar que en las elecciones regionales y municipales no voy a participar. Por ahora mi preocupación es sacar adelante la campaña en contra de la Asamblea Constituyente y luego evaluaré si tengo alguna otra participación. Evidentemente tengo un interés en los temas públicos, no lo niego. Tengo interés en defender el estado de derecho. Pero por ahora no tengo interés en el mediano plazo ni en el corto en la política partidaria.

¿No lo ha llamado ningún partido?

He tenido conversaciones con varios partidos, pero yo he expresado que no tengo interés en postular o afiliarme.

Esta campaña que usted está haciendo puede ser un trampolín.

No lo veo como un trampolín. Para mí esto no es un medio para lograr otro objetivo. No es un medio, sino un fin. Estoy abocado en el cumplimiento del objetivo que, desde mi punto de vista es resguardar el estado de derecho e impedir el establecimiento de la dictadura en el Perú. Porque la Asamblea Constituyente abre la puerta al establecimiento de una dictadura.

Como futuro político también es blanco de críticas. Una de ellas es que, pese a su poca experiencia, usted fue invitado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República para ser parte del Consejo Consultivo. ¿Aceptó?

He aceptado. Como abogado, desde hace tiempo vengo respondiendo consultas al Congreso en distintos temas. Es parte de mi ámbito profesional. A mí me llama la atención la crítica que se me hace, que estaba relacionada con mi edad. Pero esa crítica yo la rechazo, porque cuando una persona de mucha experiencia, de mucha edad asume un encargo, se le dice dinosaurio. Cuando una persona que es joven asume un encargo, se le dice que no tiene experiencia. Entonces, con ese argumento se puede cuestionar a todos. Con toda humildad y respeto, considero que tengo la suficiencia profesional para absolver ese tipo de consultas. Por el trabajo académico que he hecho, por la maestría que tengo, por la experiencia en el Tribunal Constitucional.

Pero la crítica además fue que su experiencia se reducía al estudio de su padre.

Eso es falso. Yo tengo una experiencia de varios años en el TC antes de estar en el estudio y además tengo la maestría de la universidad de Chicago. Entonces, hay medios de prensa que faltaron a la verdad, además sin llamarme, sin buscar mis descargos.

¿Se siente usted “el hijo de”?

Yo tengo una gran admiración y aprecio por mi padre. Pero además de ser su hijo, soy una persona con una carrera propia. Yo no me siento el hijo de, me siento Lucas Ghersi.

 

(*) Foto de portada: Diario La República.

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Asamblea Constituyente, Lucas Ghersi

Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.

Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.

Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita. 

“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.

La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.

Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.

accidente haitianos
6 de setiembre. En la curva de Chastudal, a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica, se despistó el bus que dejó dos haitianos muertos.

 

EL ORIGEN

11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.

Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.

María: A la pista… ¿peruana es?

Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.

[…]

María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser? 

Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.

“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.

La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.

La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.

La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.

Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.

bunker migrantes
9 de setiembre. Fiscales especializados en crimen organizado encuentran en un inmueble cercano a la frontera a un grupo de migrantes. Había venezolanos y colombianos.

En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.

En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.

documentos a venezolana
Conversación interceptada entre uno de los coyotes y un falsificador de documentos. El primero le pregunta si le puede hacer una autorización para que un menor viaje. El segundo le responde: “normal, no hay problema con eso”.

Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.

El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.

La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.

No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser  parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.

fisca changa
Fiscal especializado en Crimen Organizado César Changa Echevarría. Lleva investigando tres años a la mafia de coyotes junto a su colega Evelyn Taboada.

Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.

La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:

Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?

Chueco: ¿Qué ha pasado?

Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?

Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.

Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?

Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha. 

La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.

Y luego están las condiciones climatológicas en medio de ese desierto. En setiembre del año pasado, un grupo de 23 venezolanos, entre ellos varios menores, se salvaron de morir de sed y frío en Arica. Un grupo de motociclistas los encontró mientras pasaba por allí y alertaron a los carabineros.

“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.

ya la mandé por la trocha
Comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre el presunto cabecilla de esta mafia y uno de sus cómplices, que le cuenta que ha tenido que mandar a una migrante “por la trocha”. Es decir, por el desierto.

Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años. Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.

Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.

Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Chile, corrupción, migraciones, Tacna, tráfico ilícito de migrantes

Ministra, ¿qué opina de que el Foro de Mujeres del Mercosur, una ONG que lucha por “lograr la igualdad de género”, le haya dado un reconocimiento a Guido Bellido por su compromiso de trabajar para todas y todos los peruanos?

En primer lugar, decir que las noticias se tergiversan de una forma bastante cuestionable. Tal como la presentan tanto RPP como Canal N era “Guido Bellido, reconocimiento por su trabajo a favor de la mujer”. Cuando vi esto dije: ¿de dónde salió este reconocimiento? En ningún punto dice que sea un reconocimiento a favor de la mujer. Hay una preocupación legítima por las acusaciones sobre hostigamiento que le han hecho al premier, que se tendrán que investigar y esclarecer, y no solo por el premier, sino por otras autoridades. Tenemos otros congresistas que también han sido cuestionados. Tenemos una serie de autoridades con estos cuestionamientos sobre su machismo estructural, pero no podemos caer en este tipo de tergiversación.

Lo concreto es que la ONG se dedica a la lucha por la igualdad de género.

No estoy al tanto de todas las ONG, es legítimo, ellos verán. Hay que respetar a la sociedad civil.

Es que suena a ironía.

[La ministra guarda silencio].

¿Cree al menos que ha sido espontáneo el reconocimiento, luego de todas las acusaciones contra Bellido?

Mira, yo respeto a la sociedad civil. Respeto la división de poderes, no puedo prohibir a ninguna asociación hacer lo que ha decidido hacer. Solo digo que no se sobredimensione, ni se tergiversen las legítimas luchas de las mujeres por tener una vida libre de violencia, sin acoso ni hostigamiento.

¿Ha leído los posts del premier que han salido la última semana?

No.

Algunos son recientes. Los tengo acá.

Casi no leo Facebook. Me imagino lo que dicen, he escuchado comentarios.

Y a raíz de lo que ha escuchado, ¿le parecen condenables?

Sé que estas últimas semanas han estado sacando posts pasados de distintas autoridades, no solo del premier. Creo que estamos en un momento en que ya estamos en el gobierno. Espero que esto no se repita. No he revisado los posts del 2012, 2019, de una persona que en ese momento no era una autoridad. Yo quisiera que el debate se centre en la política, en lo que queremos emprender como gestión. Y no en el rebusque del Facebook del 2012, porque eso empobrece el trabajo que queremos hacer y el debate político.

Pero si queremos hablar de política, tenemos que hablar del líder de esa política. Y el líder de este equipo es el señor Guido Bellido.

Es el señor Guido Bellido de ahora, no del 2012 o 2013.

¿Le cree a Patricia Chirinos [quien acusa al premier de haberle dicho “ahora solo falta que te violen”]?

Es que este no es un acto de fe mío, de que yo crea o no. Es un tema muy grave que se tiene que investigar y esclarecer.

¿En este caso no juega un papel el lema “yo te creo”, que ha sido importante en el activismo mundial?

No estoy diciendo que no sea importante. Lo que digo es que hay que esclarecer toda denuncia. No solo la de la congresista Chirinos.

Entonces, ¿la presunción de inocencia debe ser la regla ante estas denuncias?

Yo estoy diciendo que debe de investigarse, esclarecerse y sancionarse de ser el caso.

Insisto porque hubo muchas críticas en redes sociales a su reacción luego de este episodio. Algunas personas, incluso feministas, señalaban que no hubo una condena tajante contra Bellido, como sí lo ha hecho la izquierda en casos anteriores.

No. El ministerio en un primer momento sacó una reacción que, me parece, fue oportuna. Que las cosas no se digan en los términos que quieren determinadas periodistas o personas no quiere decir que no se digan. Creo que ahí no hay mucha vuelta que darle. La reacción fue tajante y en su momento.

Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando denunciaron a Lescano por acoso, usted señaló en un tuit: “Lescano es un adulto y se comportó como un acosador cualquiera”. Eso es una condena mucho más tajante.

Pero ahí teníamos el chat de quien lo acusaba. Lo mismo con Mamani, teníamos cosas…

Del señor Mamani teníamos una denuncia de parte.

Parece que había más cosas que esa. Y luego se burló con lo de la “mano zas”. Pongamos en su real dimensión las denuncias.

Usted pidió en el caso de Mamani: “Esperemos que sea desaforado de inmediato”.

Y lo blindaron las mismas señoras que ahora salen con ‘Ni Una Menos’. No usemos, y te lo pido a ti también, la justa demanda de las mujeres por una vida libre, sin acoso político, sin hostigamiento para poder ejercer sus derechos… No instrumentalizarlas [las denuncias], ni tergiversarlas ni minimizarlas.

anahí twitter
Noviembre del 2018. Durand pidió que el entonces congresista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos, sea desaforado de inmediato.

¿No considera entonces que hay una contradicción entre los tuits que le he leído y el comunicado que ha sacado sobre el caso Bellido?

No, ¿por qué? En absoluto.

Ministra, luego de este incidente ha planteado que todo funcionario de alto nivel pase por un curso de inducción…

Esto no es a raíz del incidente. Es algo que ya habíamos planteado. Ya habíamos conversado. Y eso se basa en evidencia internacional. En Argentina está la Ley Micaela, por ejemplo, que plantea que los altos funcionarios y los servidores públicos puedan pasar obligatoriamente por estos cursos de inducción.

¿Cómo ha tomado esa iniciativa el señor Bellido?

Tengo todo el respaldo del Gabinete y del presidente.

A quienes no les debe haber gustado mucho es a los ministros que han sido denunciados por violencia psicológica, maltrato físico. Hablo de los señores Rubén Ramírez y Juan Silva. ¿Ha podido hablar con ellos sobre estos casos?

Por supuesto, esto se está discutiendo en Consejo de Ministros y lo vamos a presentar ahí para que tenga rango de ley. Para que no sea solo en este Gabinete, sino en todos los gabinetes a futuro.

¿Pero ha hablado con ellos de las denuncias que han tenido?

El tema está planteado, el curso se va a dar, vamos a seguir trabajando en ello. Quien tiene que hablar de las denuncias… Creo que ahí hay un tema que es otra parte de lo que hemos afirmado, que es el padrón de agresores.

¿No cree que hay un patrón de violencia entre sus colegas? Ramírez, por ejemplo, tiene dos denuncias.

Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en soluciones que vayan a la raíz, de mediano, corto y largo plazo, que abarquen a la totalidad del sistema público más allá de una persona u otra. Y en esa línea estamos trabajando.

Ministra, ¿se siente cómoda en el Gabinete?

Por supuesto. Si no, no estaría aquí.

Hace unos días, César Hildebrandt tuvo palabras muy duras contra usted. Escribió en su columna que “se tuvo que tragar el sapo de seguir aceptando el liderazgo de Guido Bellido. La señora Durand apostó por el sueldo, la circulina y el resguardo”. ¿Es así? ¿Apostó usted por el sueldo?

Mira, yo tengo mi sueldo, siempre me he ganado la vida trabajando desde los 18 años. Me dio un poco de pena porque, por ejemplo, mi mamá lee a Hildebrandt. A mí, la verdad, me parecía bastante reaccionario hace bastante tiempo. De hecho, en la campaña atacó mucho a Verónika Mendoza. Yo diría incluso que con ciertos toques de misoginia. Pero en fin, las opiniones son las opiniones. Se respetan. Yo no la comparto. Me pareció bastante lamentable esa declaración.

¿No fue muy acrítica usted al momento de asumir su cartera? Hoy [viernes 10 de setiembre] Carlos León Moya recordó en su columna que Pedro Francke tomó distancia cuando Castillo nombró a Bellido como premier. Dice León Moya: “utilizó su poca influencia política para torcerle un poco el brazo al presidente y al presidente del Consejo de Ministros. Por otro lado, Anahí Durand juramentó sin mayores conflictos ni pedidos”.

Bueno, esa es la imaginación de Carlos León Moya. ¿Cómo sabe lo que yo hice? Me encanta su imaginación. A veces lo leo en sus columnas.

¿Qué hizo usted?

Yo juramenté como parte de un compromiso, del compromiso con una política a seguir. No juramenté para hacer lo que a mí me diera la gana, ni lo que le diera la gana al premier o al presidente. Estamos hablando de un compromiso de Estado. Tenemos un compromiso político con Perú Libre, con el presidente y una agenda política que estamos llevando adelante. Creo que la imaginación de los opinólogos ha estado muy en boga últimamente, pero hay que empezar a hacer análisis político sobre lo que se va trabajando desde el Estado.

No hizo pedidos ni puso condiciones, entonces.

Yo no trabajo sobre pedidos y condiciones. Trabajamos bajo un programa conjunto, que es el Plan Bicentenario, donde está bien claro y afirmado el derecho de las mujeres y la lucha contra todo tipo de discriminación.

Ministra, le leo un tuit: “La solución al problema de la mujer no pasa por hacerla depositaria de la lástima o lograr normas proteccionistas, sino por reconocerle sus derechos y posición económico social en el modelo de producción que se desenvuelve”.

Tú te has leído todos los tuits. Has chismeado todos los tuits habidos y por haber. Ese es de Cerrón.

¿Está de acuerdo con esta interpretación?

Es su opinión.

¿Pero está de acuerdo?

Es su opinión. No puedo opinar sobre eso.

Hace una semana publicamos una crónica sobre los dos ministros a los que Bellido les pidió su renuncia y que le dijeron que no. La titulamos “El premier al que nadie le hace caso”. ¿Le parece una descripción acertada?

No, para nada. Estamos trabajando coordinadamente con el presidente y con el premier.

¿Usted le responde a él o al presidente Castillo?

Los ministros responden en primera instancia al presidente y luego al premier. Lo dice la Constitución.

Pero usted responde más al presidente, tengo la intuición.

Estamos trabajando coordinadamente.

Ministra, se acaba de estrenar un documental en YouTube llamado “Peruanas del Bicentenario”. Mirtha Vásquez, por ejemplo, dice que sus congresistas no la llamaban presidenta, que socavaron su poder tildándola de “generala”, de “dictadora”. Marianella Ledesma contó que cuando asumió la vicepresidencia del TC, le dijeron que debía ocuparse del cafetín. ¿Ha vivido usted una experiencia similar en estos meses?

En estos meses no. La he vivido desde que salí de la universidad. Yo he sido asesora de la PCM y he tenido que lidiar con ministros. También he sido directora en el Ministerio de Cultura y asesora en el Minedu. Siempre he tenido que lidiar con ese tipo de cosas: que te digan mamita, cómo has venido vestida, qué linda te pusiste hoy. No es de este Gabinete. Y ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que existía el machismo y el acoso, empezando por ciertos sectores de la prensa. A mí esto me fastidia porque estoy en política desde los 18 y en la gestión estatal desde los 30, que acabé la maestría. Siempre he pasado por eso. Entonces, no nos hagamos los sorprendidos, trabajemos en cuestiones de fondo y tratemos de salir adelante con este tema.

El pasado 7 de setiembre se instaló la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. (Foto: Ministerio de la Mujer).

Hablemos de las políticas de su cartera. La Defensoría advirtió que más de 3,400 niñas, adolescentes y mujeres fueron reportadas como desaparecidas entre enero y julio. El 2019, se registraron 168 feminicidios y el 2020, 132. ¿Qué está proponiendo?

Estamos muy preocupados por el tema. La pandemia ha agravado esta situación. Hemos tenido ya un par de reuniones con el ministro del Interior, porque es un tema de la Policía, sobre todo. Y responde a dos cosas: por un lado, la trata de personas, para fines laborales o de explotación sexual. Por otro lado, el tema ligado a la violencia. Lo que sabemos es que más o menos el 20% de personas desaparecidas, luego se revela que han sido víctimas de feminicidio. Se está tratando de implementar la mesa de desaparecidas y viendo cómo se puede ajustar al sistema para no llegar tarde. Hay casos emblemáticos sobre los que se puede trabajar, como el de Solsiret Rodríguez. Un ejemplo de cómo pudieron encontrarse los restos de una persona desaparecida hace cuatro años, con un poco de empuje del sistema judicial, de la Policía y fiscalía.

Recientemente se ha inaugurado la Comisión nacional de alto nivel para la igualdad de género, donde se verán políticas multisectoriales para acabar con estos problemas. ¿Qué asegura que no sea otra comisión de nombre rimbombante que solo sirva para que los funcionarios compartan el coffee break?

En esta comisión no se toma coffee break, porque además estamos en pandemia. Es una comisión que tiene un mandato muy concreto: supervisar que la igualdad de género esté al nivel de los servicios. Son 52 servicios, de 12 instancias del Estado, que tienen que ser supervisadas anualmente para que estén incorporando la igualdad de género. Y en esa línea es que tienen que responder sobre lo que están avanzando.

Sobre los niños y adolescentes que han quedado huérfanos por la pandemia, ¿qué medidas se están adoptando?

Esa es una preocupación que ojalá llamara más la atención que distintos temas y tuits que circulan. Pero bueno, se agradece la pregunta. Espero que ahí haya más consenso nacional, en vez de estar rebuscando Facebook y Twitter. Hay 98.000 niños huérfanos. Estamos proponiendo dos cosas concretas: por un lado, ampliar para poblaciones vulnerables la pensión nacional de orfandad, porque no todos han reportado que efectivamente la muerte fue por Covid-19. Y estamos implantando una estrategia para impulsar el proceso de adopción, porque los niños necesitan estar con una familia. La vamos a presentar el miércoles en Consejo de Ministros.

Para terminar, ministra, las fuerzas oficialistas y opositoras ya han sacado a relucir las armas de la vacancia y el cierre del Congreso. ¿Hay algún motivo para pensar que estos cinco años van a acabar bien?

Creo que hay un sector de la oposición que sigue viviendo la resaca de la segunda vuelta, que es claramente golpista, que no tiene problema en decir que se puede llevar a cabo una vacancia. Espero que ese sector quede aislado y que lo que prime sea el respeto a las reglas de juego democráticas. A nadie le conviene un proceso de vacancia, de cierre de Congreso. Estamos en una crisis social. Somos el país que tiene más huérfanos en el mundo, eso debería decirnos algo. Somos uno de los países más afectados por la pandemia. Creo que es el momento de dejar trabajar.

Y que le deje de preguntar por tuits.

Pues sí, parece que te gusta revisar Twitter.

 

Foto de portada: Ministerio de la Mujer.

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Congresista, usted dice que el 13 de marzo de 1999 no firmó un acta de sujeción, sino una lista de asistencia. Pero el 2001 los altos mandos de las Fuerzas Armadas reconocieron que esa acta existió y que se acordó, por ejemplo, respaldar el autogolpe [de Fujimori] y la impunidad para miembros de las instituciones castrenses.

No fue un acta, fue una comunicación que tomó el Comando Conjunto, el alto mando. Un acta es cuando yo participo en la discusión, me convocan para tal fin y luego me la pasan para estar de acuerdo en la redacción y firmo cada una de sus hojas. Cuando me comunican una información, un resumen de la reunión, simplemente firmo mi asistencia. No doy mi aprobación ni nada.

El contenido del acta está en una publicación del Congreso de la República. De acuerdo a la transcripción, el entonces jefe del Ejército, César Saucedo, dice: “Luego de haber manifestado esto, voy a permitirme leer los acuerdos que van a figurar posteriormente en un acta”. Es decir, estaban tomando acuerdos, no era una reunión sobre cualquier tema.

Estaban comunicando sus decisiones. Las Fuerzas Armadas tienen sus organizaciones. El jefe del Comando Conjunto es una de ellas. En esa época existía una división para el tema de la subversión y había dos cabezas. Luego estaban los comandantes generales de cada una de las instituciones. Ellos, a través de sus estados mayores, sus consejos consultivos, determinan acciones y esas acciones las comunican por escrito o verbalmente. En este caso, ellos estaban comunicando lo que habían hecho. Mi trabajo en ese momento estaba en el norte del país, no estaba en Lima.

Pero el corrupto general Saucedo no habla de acciones, habla de acuerdos.

Son acuerdos de ellos, del alto mando, no de nosotros.

¿Puso algún “pero” sobre aquella sesión?

No, fuimos como oyentes.

¿Y en la totalidad de lo acordado usted estaba a favor?

Ni siquiera me acuerdo de cuál fue el primer punto.

Apoyar el autogolpe.

En ese momento todos apoyaban el golpe. Parte de nosotros no participamos. Yo no participé. Fue un tema más civil que militar.

Que los altos mandos el 2001 hayan reconocido que se trató de un acta vergonzosa para la institución y que usted diga que solo firmaron una lista de asistencia, ¿no lo hace un negacionista de la historia?

No es cambiar la historia, es decir lo que sucedió realmente. Y en ese momento también estuve en contra de lo que ellos comunicaron. Estaba en una situación en que no podía hacer nada más que decir ‘estoy en contra’. Era contralmirante.

 

montoya publicacion de el congreso
La sesión del 13 de marzo de 1999 se encuentra transcrita en el libro ‘La sala de la corrupción’ publicado por el Congreso de la República. En este extracto, el general César Saucedo señala que lo que allí se trataron fueron «acuerdos». Montoya asegura que él no suscribió ninguno de estos y que fue un asunto de los altos mandos de la época.

 

Congresista, antes de la segunda vuelta dijo que estábamos entre la democracia y la dictadura comunista. Pero hoy los renunciantes de su bancada lo acusan precisamente de tener actitudes dictatoriales y posiciones antidemocráticas. ¿Qué responde?

Creo que debería preguntarles a los miembros de mi bancada, porque decirlo yo… no saco nada. Defenderme de algo que no he hecho… Más bien, pregúnteles a los miembros de mi bancada sobre mi manera de trabajar y de actuar. Esas personas salieron porque fueron desleales con el partido. Esa es la realidad.

Dicen los renunciantes que usted no les avisó que estaba presentando su lista a la Mesa Directa, ¿es eso cierto?

No. En reunión de partido se autorizó mi participación para el proceso electoral para la Mesa Directiva como candidato a la presidencia. Se descartó la posibilidad de ir como vicepresidente. Yo he hecho las negociaciones, he conversado con los partidos, he estado haciéndolo de manera activa para conseguir una lista o con otros partidos o con el nuestro. No estaba prohibido. Tenía autorización libre para operar y así lo hice. Cuando vi que el cambio de actitud de los partidos con los que había hablado se dio un día antes, decidí participar sí o sí.

Entonces, para el momento de la inscripción, usted ya sabía que se habían volteado las cartas, ¿por qué insistir si al final perdió por goleada?

Porque el asunto es participar, tener presencia, cumplir lo que uno dice. Y a nuestros militantes les dijimos que íbamos a participar de la contienda electoral para la Mesa Directiva. Los principios valen más que los resultados.

¿Le molestó más perder por goleada o la traición de sus excompañeros de bancada?

No me molestó perder por goleada, porque eso fue un acuerdo entre las bancadas con intereses parlamentarios diferentes a los nuestros. Eso es parte de la democracia y lo acepto tal como es. Pero la falta de lealtad nos indignó a todos los miembros de la bancada. Ellos [los renunciantes] mostraron su voto haciendo escarnio y eso para mí es lapidario.

El jueves, Norma Yarrow dijo en una entrevista que luego de esta votación usted los apartó, que sacaba comunicados sin consultarles y los ignoraba de cara al reparto de las comisiones, ¿ese ha sido su comportamiento?

Le voy a explicar qué pasó, ya que ella ha sacado cosas internas de la bancada. Luego de esa actitud, pedí una reunión en el partido para someter a disciplina a los tres miembros y fue una larga reunión para tomar decisiones y acuerdos. Yo pedí que saliera la señora Yarrow de la bancada. Yo no podía trabajar con alguien que trabaja en contra de uno. Y se votó y ganó mi posición para que saliera de la bancada. Por eso no le comunicábamos a ella específicamente del tema.

En el caso de las otras dos personas, se les dio una oportunidad. Le retiré la confianza al vocero alterno, que era Bazán, porque no podía tener de vocero a alguien que opinaba opuesto a lo que había opinado yo. Pero se le ha comunicado de todas las sesiones que hemos tenido. El único que ha asistido ha sido Bazán y en algunas se retiraba apenas empezaba. La otra señora, Jéssica Córdova, no asistió a ninguna. Los chats de comunicación existen. Saben que yo no iba a hablar, porque no me gusta hablar de las cosas internas, pero si me hacen una pregunta como la suya y estamos tratando de encontrar la verdad, sí le contesto de esa forma.

En efecto Yarrow ha brindado detalles que no lo dejan muy bien parado. Dijo, por ejemplo: “Nosotros no tenemos trolls, somos tres personas que afrontamos la dura realidad que existe cuando no hay una democracia dentro de la bancada”, ¿tiene usted una horda de trolls?

[ríe] No. Yo mismo manejo mis redes y lo hago con muchas limitaciones. He aprendido en el camino. Trolls no tengo.

Congresista, ¿qué opinión tiene de Rafael López Aliaga?

Es nuestro líder del partido. Entré al partido justamente por él, desde agosto del año pasado. Me convocó y, conociendo sus cualidades personales, decidí entrar a la política.

El señor Beto Ortiz ha dicho ayer en su programa que López Aliaga está decepcionado”, que “siente que se equivocó al convocarlo” a usted al partido. Esto a raíz de una reunión de su bancada con el señor Castillo supuestamente sin el conocimiento de él. ¿Le ha manifestado su decepción?

No. Esa es una opinión de Beto Ortiz y me llamó la atención de cómo trata de destruir una acción [la reunión con Castillo] que no tiene nada que ver con lo que él ha dicho. Me ha llamado seriamente la atención cómo puede manipular la información de esa manera.

Pero Ortiz afirma que López Aliaga piensa así. Da a entender que ha hablado con él.

Si piensa así, López Aliaga ya lo dirá en su oportunidad. Pero no hemos hablado nada de eso.

Lo otro que dijo Ortiz fue lo siguiente: “El almirante (r) Montoya puede ser el congresista más votado que sea, pero el presidente del partido es López Aliaga”. ¿Es así? ¿López Aliaga es el mandamás y usted su subordinado?

No. López Aliaga es el presidente del partido. El secretario general es Gustavo Pacheco. Yo soy un militante y, dentro de las elecciones, he salido como congresista. Eso es todo.

Tomo las declaraciones de Ortiz porque el señor López Aliaga es muy asiduo a Willax. ¿Lo llegó a ver la semana pasada en una entrevista que le dio a Carla García?

No tuve oportunidad de verla. He visto los comentarios.

¿No ha visto la actitud del señor López Aliaga? Parecía estar bajo efectos de alguna sustancia.

No, no lo he visto.

Se lo pregunto porque hace unos meses la abogada Beatriz Mejía describía al líder de su partido como un constante bebedor, prepotente y lisuriento, ¿usted no lo ha visto en circunstancias similares?

Yo soy abstemio, no tomo. Nuestras reuniones siempre son tomando una taza de café y comiendo algunos dulces.

Congresista, ¿piensa en la vacancia presidencial?

No. Yo pienso en solucionar el problema. El gobierno tiene que cambiar de Gabinete, no puede seguir un Gabinete en el que buena parte de sus miembros son impresentables. Tendría que cambiarlo si quiere tener continuidad.

¿Y al premier, le dará la confianza?

Dependiendo de cómo lleguemos ese día. Y la decisión no es mía solamente, sino de la bancada completa. Vamos a conversar, discutir y tomaremos una decisión. Si no cambia la situación, veo muy difícil darle la confianza.

Usted en algún momento defendió a Bellido de la acusación por apología al terrorismo. Dijo: “He escuchado sus declaraciones y se han sacado de contexto realmente. No ha dicho lo que dicen que dijo”. ¿Se mantiene en esa declaración?

El video se toma antes de salir al aire. Se grabó lo que hablaba él con la conductora antes de salir al aire. Lo que han sacado es lo previo. Como usted sabe, muchas veces se conversan cosas off the record.

Pero usted hizo una defensa.

No, era tratar de poner la situación en blanco y negro. Si antes de esta entrevista hablamos entre los dos temas particulares que no tienen que ser publicados, no significa que yo piense eso exactamente. No hay que perder de vista cuál fue mi intención, que fue generar un diálogo en el gobierno. En ese momento no se había nombrado los ministros todavía.

¿En todo caso, la investigación al señor Bellido por apología le parece abusiva, fuera de lugar?

No, está de acuerdo con lo establecido y debería retirarse del premierato.

Usted ha anunciado que la estrategia del Congreso ahora es ir ministro por ministro. Los primeros serían Héctor Béjar (Relaciones Exteriores) y Juan Carrasco (Interior). ¿Tiene planeada la censura?

Tenemos listo todo para proceder poco a poco con estos temas. Esperemos que se pueda solucionar sin llegar a esa situación.

¿Y no teme que Castillo haga cuestión de confianza por su gabinete?

Podría ser, pero una amenaza de esa naturaleza no debe implicar que uno no deba actuar como considera que debe hacerlo. Tenemos que decir lo que pensamos y hacer valer nuestras decisiones.

Si se logran sortear las amenazas de cierre, ¿cuáles son los proyectos que impulsará desde el Congreso?

Lo que tenemos que hacer todas las bancadas es ponernos de acuerdo en punto comunes para darle gobernabilidad al país y salir de la crisis económica y sanitaria en la que nos encontramos. Eso es lo primero que haría, tratar de concertar para encontrar una agenda común. Y esto tiene que nacer más del Ejecutivo que del Congreso, porque no sabemos cuáles van a ser sus líneas de acción. Nosotros estamos para facilitar las cosas.

Usted anunció que promoverá una ley para que los partidos comunistas no puedan participar en las contiendas electorales. ¿Eso no le parece poco democrático?

No, porque los partidos comunistas no creen en la democracia. Ahora, lo dije en una forma gráfica para que quede en la mente de las personas qué era lo que pensaba. Pero sí vamos a trabajar una ley que proteja al Parlamento y a la democracia de actitudes que no son democráticas. No va a haber un proyecto para prohibir un partido, porque no se puede prohibir la existencia de un partido. Pero sí para no tener en el Congreso a gente que ha estado en Sendero Luminoso, o gente que tiene acusaciones por terrorismo, o ministros que tengan ese perfil.

¿Pero una persona que ya pagó su condena, no debería ser libre de participar en democracia?

No a los que son terroristas, de ninguna manera.

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Usted ha señalado en un reciente tuit que conoce de qué pie cojea el señor Guido Bellido. La pregunta entonces es obvia: ¿de qué pie?

Son varios aspectos. Tuve la oportunidad de compartir reuniones de trabajo con las comunidades que están en torno al corredor minero de Chumbivilcas y en el mismo Cusco [Arce ha asesorado a las comunidades que permanecen en conflictos sociales en este corredor, primero lo hizo de manera individual y luego como funcionario del Gobierno Regional de Cusco]. Más allá de su posición política, me genera mucha preocupación por su carácter y personalidad.

¿A qué se refiere?

Para empezar: se requiere una persona con capacidad de diálogo, tolerante, que genere consensos. Y esa persona no es Guido Bellido. Él es más bien una persona que tiene posiciones radicales, extremas. Él impone su posición. La legitimidad del reclamo [de las comunidades] existe. Pero yo me refiero a su falta de capacidad de dialogar, de buscar consensos, de hablar con la verdad. No es una persona con la que tú puedas dialogar, con la que puedas llegar a consensos. Él tiene una posición fija y se va a cerrar. Y menos es una persona que genere confianza.

¿Qué posición tenía usted y qué posición defendía Bellido en aquella oportunidad?

Nosotros planteamos una mesa de diálogo y la posibilidad de generar un fondo de desarrollo social, una especie de fideicomiso, donde intervenga el Estado, las empresas mineras, incluso gestionar financiamiento de cooperación. Y la insistencia de Bellido era seguir con las demandas, con los procesos judiciales. Y eso suena bien cuando estás frente a la asamblea comunal. La gente se emociona cuando escucha eso, entienden que van a lograr una indemnización y hasta pueden mandar a la cárcel a los funcionarios. Pero un proceso judicial es largo y la solución no es de corto plazo. Los técnicos tratábamos de explicar, porque apoyábamos a las comunidades, que el procedimiento judicial es largo, extenso y para lo que ellos tenían como expectativa no era un camino viable.

¿Podría dar un ejemplo de la poca tolerancia del señor Bellido?

Recuerdo bien su posición intransigente de querer imponer. Terminaron presentando esas demandas al Poder Judicial. Y el tiempo nos fue dando la razón, porque incluso vino la pandemia, han vuelto a bloquear la carretera [se refiere al nuevo conflicto social en Las Bambas, activo hace cinco días], siguen en el mismo problema y no hay mucha transparencia en la información que ellos manejan. Pero en esa interacción, su posición era de imposición y no generar diálogo. Él no fue dirigente de los frentes de defensa que están en Chumbivilcas, pero sí participaba en las reuniones. Entiendo que por ser chumbivilcano participaba como dirigente del Frente Único de Defensa de los intereses de Chumbivilcas. 

Ha señalado en un siguiente tuit “que la prensa le pregunte qué piensa de fusilar a los maricones”, porque recuerda que así se expresó en una reunión de noviembre del 2019.

Para mí fue chocante cómo él se expresó. Por eso sería bueno que le pregunten. Textualmente no sé cómo fue, pero definitivamente era una posición homofóbica de que deberían “fusilar a los maricones”. Eso es un tema anecdótico, podría entenderse como si fuese un chisme y esa no es mi intención. Acá hay un tema mayor: una persona homofóbica, que tiene aversión a la homosexualidad ¿Cómo va a abordar la educación con enfoque de género? ¿Qué va a pasar con esa política pública si hay mucha ignorancia? Con estas decisiones [nombrar a Bellido como premier], es una obligación hasta moral salir al frente. Quedarse callado es complicidad.

homofobia de bellido
Un tuit que pinta de cuerpo entero el nuevo premier.

¿Cuáles cree que son las consecuencias inmediatas de haber nombrado a una persona que usted califica como poco dialogante en la PCM?

El primer escenario es que el Congreso no le daría el voto de confianza y lo más grave es que estos grupos que no estuvieron de acuerdo con los resultados electorales, grupos golpistas, se van a sentir empoderados para preparar la tormenta perfecta para un escenario de vacancia. Eso no le conviene al país. Ya hemos vivido esa situación del 2016 al 2021. Castillo está agotando el crédito de credibilidad con la población.

¿Y las consecuencias a largo plazo, si se logra sortear al Congreso?

Un gabinete debilitado definitivamente, con poca capacidad de maniobra. Yo tengo una sospecha: Vladimir Cerrón tiene experiencia en las lides políticas y hay una tesis marxista que se llama la agudización de las contradicciones. Parecería que él estuviera poniendo en juego esa estrategia para generar el caos, la confrontación y, en ese ambiente, tener la posibilidad, por ejemplo, si le rechazan el pedido de confianza, de poner otro Gabinete. Luego tendrían un argumento para disolver el Congreso.

¿Lo ve posible?

Ese podría ser el objetivo, pretenden hacer una revolución, es una especie de autogolpe en el propio gobierno. Juegan con fuego definitivamente. No se dan cuenta que afectan al ciudadano de a pie y al sector más vulnerable del país. Todo por sus ambiciones políticas y por la notoria megalomanía del señor Cerrón.

Otro tema son las declaraciones del señor Bellido sobre Sendero Luminoso, organización a la que le cuesta calificar de terrorista, y su participación en un homenaje a la senderista Edith Lagos. ¿Cómo cree que van a reaccionar las Fuerzas Armadas y policiales?

Es un tema muy delicado. Él ya estaba limitado a ser parte de la comisión de Defensa e Inteligencia por la investigación fiscal de apología al terrorismo en su contra, y es notorio en entrevistas de las simpatías que podría tener con estos grupos. Ahí hay que zanjar abiertamente, por el daño que ha causado esa ideología demencial. Si como sociedad no hemos aprendido ese pasado y ahora tenemos un premier que simpatizaría con estas posiciones, deja muy mal paradas nuestras lecciones aprendidas y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Usted ya había criticado la alianza de Nuevo Perú con Vladimir Cerrón el 2019. ¿Este ha sido un nuevo error de Verónika Mendoza?

Ese fue el argumento con el que renuncié a la construcción de Nuevo Perú, el proyecto que yo tenía con Verónika Mendoza. Tuve que renunciar porque era imposible que nos aliáramos a un sentenciado por corrupción. Fue un momento muy difícil porque estábamos construyendo un partido político y eso tiene sus consecuencias. El resultado electoral es el epílogo y [Mendoza] tendrá que asumir ese costo. Lo que sí creo es que le han hecho un terrible daño a la lucha de sectores minoritarios de la población, postergados. El mensaje es terrible.

¿Qué significa el nombramiento de Bellido para esta alianza?

Lo primero es que Vladimir Cerrón es quien corta el jamón, es el poder bajo la sombra y es el que está tomando las decisiones. Es más que evidente. Y deja muy mal parados a sus socios políticos, a quienes respaldaron, a los que le dieron una carta fianza para su gestión. Y desdice mucho de lo que Castillo dijo ayer. No es coherente el discurso del mensaje a la nación con una persona que tiene esos problemas. Es riesgoso. Lo grave es que han hecho estas alianzas buscando una cuota de poder, pero no han puesto ninguna condición. Y ahora tienen que asumir su responsabilidad.

¿Usted votó por Castillo?

Yo promoví el voto viciado. Si bien es cierto tenía dudas con Castillo, con Keiko teníamos certezas. Quise votar por Castillo…

¿Y qué lo detuvo?

Traté de que deslinde de Vlamdir Cerrón. [Si lo hacía], no hubiese necesitado todo el período de incertidumbre en el resultado electoral, porque la votación hubiese sido contundente y ganaba de lejos. Castillo optó por seguir al lado de Vladimir Cerrón y ahora se confirma: no era el portero, era el dueño de las llaves.

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