Usted ha señalado en un reciente tuit que conoce de qué pie cojea el señor Guido Bellido. La pregunta entonces es obvia: ¿de qué pie?

Son varios aspectos. Tuve la oportunidad de compartir reuniones de trabajo con las comunidades que están en torno al corredor minero de Chumbivilcas y en el mismo Cusco [Arce ha asesorado a las comunidades que permanecen en conflictos sociales en este corredor, primero lo hizo de manera individual y luego como funcionario del Gobierno Regional de Cusco]. Más allá de su posición política, me genera mucha preocupación por su carácter y personalidad.

¿A qué se refiere?

Para empezar: se requiere una persona con capacidad de diálogo, tolerante, que genere consensos. Y esa persona no es Guido Bellido. Él es más bien una persona que tiene posiciones radicales, extremas. Él impone su posición. La legitimidad del reclamo [de las comunidades] existe. Pero yo me refiero a su falta de capacidad de dialogar, de buscar consensos, de hablar con la verdad. No es una persona con la que tú puedas dialogar, con la que puedas llegar a consensos. Él tiene una posición fija y se va a cerrar. Y menos es una persona que genere confianza.

¿Qué posición tenía usted y qué posición defendía Bellido en aquella oportunidad?

Nosotros planteamos una mesa de diálogo y la posibilidad de generar un fondo de desarrollo social, una especie de fideicomiso, donde intervenga el Estado, las empresas mineras, incluso gestionar financiamiento de cooperación. Y la insistencia de Bellido era seguir con las demandas, con los procesos judiciales. Y eso suena bien cuando estás frente a la asamblea comunal. La gente se emociona cuando escucha eso, entienden que van a lograr una indemnización y hasta pueden mandar a la cárcel a los funcionarios. Pero un proceso judicial es largo y la solución no es de corto plazo. Los técnicos tratábamos de explicar, porque apoyábamos a las comunidades, que el procedimiento judicial es largo, extenso y para lo que ellos tenían como expectativa no era un camino viable.

¿Podría dar un ejemplo de la poca tolerancia del señor Bellido?

Recuerdo bien su posición intransigente de querer imponer. Terminaron presentando esas demandas al Poder Judicial. Y el tiempo nos fue dando la razón, porque incluso vino la pandemia, han vuelto a bloquear la carretera [se refiere al nuevo conflicto social en Las Bambas, activo hace cinco días], siguen en el mismo problema y no hay mucha transparencia en la información que ellos manejan. Pero en esa interacción, su posición era de imposición y no generar diálogo. Él no fue dirigente de los frentes de defensa que están en Chumbivilcas, pero sí participaba en las reuniones. Entiendo que por ser chumbivilcano participaba como dirigente del Frente Único de Defensa de los intereses de Chumbivilcas. 

Ha señalado en un siguiente tuit “que la prensa le pregunte qué piensa de fusilar a los maricones”, porque recuerda que así se expresó en una reunión de noviembre del 2019.

Para mí fue chocante cómo él se expresó. Por eso sería bueno que le pregunten. Textualmente no sé cómo fue, pero definitivamente era una posición homofóbica de que deberían “fusilar a los maricones”. Eso es un tema anecdótico, podría entenderse como si fuese un chisme y esa no es mi intención. Acá hay un tema mayor: una persona homofóbica, que tiene aversión a la homosexualidad ¿Cómo va a abordar la educación con enfoque de género? ¿Qué va a pasar con esa política pública si hay mucha ignorancia? Con estas decisiones [nombrar a Bellido como premier], es una obligación hasta moral salir al frente. Quedarse callado es complicidad.

homofobia de bellido
Un tuit que pinta de cuerpo entero el nuevo premier.

¿Cuáles cree que son las consecuencias inmediatas de haber nombrado a una persona que usted califica como poco dialogante en la PCM?

El primer escenario es que el Congreso no le daría el voto de confianza y lo más grave es que estos grupos que no estuvieron de acuerdo con los resultados electorales, grupos golpistas, se van a sentir empoderados para preparar la tormenta perfecta para un escenario de vacancia. Eso no le conviene al país. Ya hemos vivido esa situación del 2016 al 2021. Castillo está agotando el crédito de credibilidad con la población.

¿Y las consecuencias a largo plazo, si se logra sortear al Congreso?

Un gabinete debilitado definitivamente, con poca capacidad de maniobra. Yo tengo una sospecha: Vladimir Cerrón tiene experiencia en las lides políticas y hay una tesis marxista que se llama la agudización de las contradicciones. Parecería que él estuviera poniendo en juego esa estrategia para generar el caos, la confrontación y, en ese ambiente, tener la posibilidad, por ejemplo, si le rechazan el pedido de confianza, de poner otro Gabinete. Luego tendrían un argumento para disolver el Congreso.

¿Lo ve posible?

Ese podría ser el objetivo, pretenden hacer una revolución, es una especie de autogolpe en el propio gobierno. Juegan con fuego definitivamente. No se dan cuenta que afectan al ciudadano de a pie y al sector más vulnerable del país. Todo por sus ambiciones políticas y por la notoria megalomanía del señor Cerrón.

Otro tema son las declaraciones del señor Bellido sobre Sendero Luminoso, organización a la que le cuesta calificar de terrorista, y su participación en un homenaje a la senderista Edith Lagos. ¿Cómo cree que van a reaccionar las Fuerzas Armadas y policiales?

Es un tema muy delicado. Él ya estaba limitado a ser parte de la comisión de Defensa e Inteligencia por la investigación fiscal de apología al terrorismo en su contra, y es notorio en entrevistas de las simpatías que podría tener con estos grupos. Ahí hay que zanjar abiertamente, por el daño que ha causado esa ideología demencial. Si como sociedad no hemos aprendido ese pasado y ahora tenemos un premier que simpatizaría con estas posiciones, deja muy mal paradas nuestras lecciones aprendidas y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Usted ya había criticado la alianza de Nuevo Perú con Vladimir Cerrón el 2019. ¿Este ha sido un nuevo error de Verónika Mendoza?

Ese fue el argumento con el que renuncié a la construcción de Nuevo Perú, el proyecto que yo tenía con Verónika Mendoza. Tuve que renunciar porque era imposible que nos aliáramos a un sentenciado por corrupción. Fue un momento muy difícil porque estábamos construyendo un partido político y eso tiene sus consecuencias. El resultado electoral es el epílogo y [Mendoza] tendrá que asumir ese costo. Lo que sí creo es que le han hecho un terrible daño a la lucha de sectores minoritarios de la población, postergados. El mensaje es terrible.

¿Qué significa el nombramiento de Bellido para esta alianza?

Lo primero es que Vladimir Cerrón es quien corta el jamón, es el poder bajo la sombra y es el que está tomando las decisiones. Es más que evidente. Y deja muy mal parados a sus socios políticos, a quienes respaldaron, a los que le dieron una carta fianza para su gestión. Y desdice mucho de lo que Castillo dijo ayer. No es coherente el discurso del mensaje a la nación con una persona que tiene esos problemas. Es riesgoso. Lo grave es que han hecho estas alianzas buscando una cuota de poder, pero no han puesto ninguna condición. Y ahora tienen que asumir su responsabilidad.

¿Usted votó por Castillo?

Yo promoví el voto viciado. Si bien es cierto tenía dudas con Castillo, con Keiko teníamos certezas. Quise votar por Castillo…

¿Y qué lo detuvo?

Traté de que deslinde de Vlamdir Cerrón. [Si lo hacía], no hubiese necesitado todo el período de incertidumbre en el resultado electoral, porque la votación hubiese sido contundente y ganaba de lejos. Castillo optó por seguir al lado de Vladimir Cerrón y ahora se confirma: no era el portero, era el dueño de las llaves.

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“Hay 500 pacientes esperando por entubado, la lista de espera es grandísima, muchos no llegan. Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la entubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta. Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”.

Este es uno de los audios que tiene la fiscalía anticorrupción. Lo atribuye a la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui Girano, que el pasado 11 de marzo le habría ofrecido al hermano de un paciente grave de Covid-19 saltarse la cola de quienes necesitaban ser atendidos en una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI) o de cuidados especiales (UCE).

ana cecilia voz
En una conversación atribuida a Ana Cecilia Aróstegui y el denunciante, esta le dice: “Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”.

El hombre, al que llamaremos Rodrigo, aceptó creyendo que por fin su hermano sería conectado a un ventilador mecánico. Pagó, en dos tandas, los S/82.000 requeridos por Aróstegui a una cuenta que ella le había proporcionado y que estaba a nombre de su hijo. Y lo hizo por gusto: la familia del paciente luego tuvo que reclamarle a la inescrupulosa mujer el haber pagado por un ventilador mecánico que no llegó sino hasta que fue demasiado tarde.

Con su hermano ya muerto, Rodrigo denunció por los canales administrativos de EsSalud. Y en mayo pasado, el caso llegó a la fiscalía. El hombre entregó audios de las conversaciones y pantallazos de los chats. Luego de dos meses de investigación, un equipo de fiscales liderados por Reynaldo Abia y la policía especializada lograron rastrear adónde había ido a parar el dinero y descubrieron que los involucrados usaban como testaferros a sus familiares para recibirlo.

Entre los nueve detenidos esta madrugada hay dos funcionarios de EsSalud que, a inicios de este año, fueron nombrados en cargos de confianza por la gerencia general de la entidad. En la mañana de hoy, la presidenta ejecutiva del seguro social, Fiorella Molinelli, señaló que apenas tomaron conocimiento de la denuncia, los habían separado del cargo.

transferencia 35 mil
La primera transferencia (S/35.000) que hace el hermano del paciente al hijo de Ana Cecilia Aróstegui.

Miserables cupos

La historia empezó seis meses atrás. El pasado 1 de marzo, J.F.C.C. fue ingresado al área de emergencias del Hospital Guillermo Almenara con un severo cuadro de Covid-19. Allí, un médico de turno le dijo al hermano del paciente -’Rodrigo’- que requería de una cánula de alto flujo o, directamente, ser internado en UCI. Agregó, sin embargo, que en el establecimiento ya no había una.

Los familiares hicieron un esfuerzo y consiguieron la cánula unos días después.  No era suficiente. Otro doctor de turno había hecho la interconsulta para trasladar al paciente a la Unidad de Cuidados Especiales (UCE), que tiene un número menor de ventiladores mecánicos y donde trabajan médicos que no son intensivistas. Para ambas áreas, según la fiscalía, había que estar en una lista de pacientes con prioridad. De hecho, desde el 11 de marzo, J.F.C.C. estaba en el puesto 20 de esa nómina de espera para acceder a una cama UCI.

Desesperado, ese mismo día Rodrigo contactó a una conocida de la familia, Iraida Muñoz Arróspide, quien le dijo por WhatsApp que podría ponerlos en contacto con una persona “muy amiga de la gente de gerencia del directorio”. “Creo que a ellas les cobran, no lo sé. Pero si me dice que sí hay, si me dice: ‘sí, Vane, sí te puedo ayudar, que no sé qué’, ya yo te paso su número de contacto”, le dijo la mujer, de acuerdo a un audio de WhatsApp entregado a la fiscalía.

En ese momento entró a tallar Ana Cecilia Aróstegui Girano, que sigue figurando en registros públicos como tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, “una asociación sin fines de lucro, que se encarga de brindar ayuda a niños y adolescentes con cáncer de bajos recursos”, según sus redes sociales. Vaya forma de hacer el bien.

En una primera comunicación con el hermano del paciente, según el requerimiento de detención preliminar de la fiscalía, “le habría indicado que perteneció a una ONG que tenía mucha influencia en el Hospital Almenara y que conocía a todo el aparato administrativo”. Fue en esa conversación que le habría pedido S/85.000, que luego fueron rebajados, por intermediación de Iraida Muñoz, a S/82.000.

La ruta del dinero

La familia del paciente no perdió más tiempo. Ese mismo 11 de marzo, Rodrigo realizó una primera transferencia, por S/35.000, a una cuenta que figura a nombre del hijo de Ana Cecilia Aróstegui, Sebastián Bazalar Aróstegui. No pasaron muchas horas para que el paciente lograra ingresar a la Unidad de Cuidados Especiales.

 

conversaciones de marzo
Ya habiendo internado a su pariente en la UCE, Aróstegui le escribe: “Ahora con fe y pendiente de él, mañana en la mañana te paso informes de él”.

Pero el dinero siguió fluyendo. De acuerdo a los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitados por el fiscal Reynaldo Abia, de la cuenta de Bazalar salieron S/3.000 para su madre, Ana Cecilia; S/1.011 fueron a la cuenta de la pareja de Iraida Muñoz; y S/400 a la de la ciudadana Chris Gafo Alméstar.

Los investigadores también descubrieron que una cifra mayor -S/24.000- fue transferida a favor de Piero Pino Carmona, hijo de uno de los coordinadores de Extensión y Cobertura I de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara. El funcionario se llama Pedro Pino Gonzáles, y tenía injerencia en los procesos para la evaluación y asignación de camas.

Pino había sido nombrado en ese puesto de confianza por el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo Moyano, en enero de este año. Al igual que Nery Ochoa Menacho, otra de las coordinadoras del área. Cuando al día siguiente el hermano del paciente depositó los otros S/47.000 que quedaron pendientes, hubo otra serie de transferencias entre los involucrados. Y de las cuentas del hijo de Pino, por ejemplo, salieron S/27.000 para la hija de Nery Ochoa. Todo quedaba entre familia y entre colegas.

 

transferencia entre pino y nery
La fiscalía estableció que hubo una transferencia de S/27.000 entre los funcionarios de EsSalud Pedro Pino y Nery Ochoa.

 

Coima en vano

La repartija continuó, a decir de los movimientos financieros, pero la familia no estaba contenta. El hermano del paciente recibía constantes mensajes de este en los que le indicaba que estaba mal. Además, se habían enterado de que ni siquiera estaba conectado a un ventilador mecánico, sino que seguía con una cánula de alto flujo. Según la denuncia, el ofrecimiento que le había hecho Ana Cecilia Aróstegui era que estaría conectado a un ventilador.

El 12 de marzo, por ejemplo, Iraida Muñoz le dice al hermano del paciente, en una comunicación por WhatsApp: “Cecilia [se refiere a Ana Cecilia Aróstegui] me ha escrito, sé que estás preocupado por tu familiar. Créeme que era casi imposible conseguir cama, pero ella la consiguió en horas”.

Tres días después, ante la presión de Rodrigo, la tensión crecía. “Ya no me vuelvas a decir que ‘no cumpliste’, ya no hables de una manera de negocio o algo [sic], háblalo de cariño, porque yo la verdad estoy muy pegada a tu hermano, mi mayor alegría sería que tu hermano salga”, le dijo la misma Ana Cecilia Aróstegui el pasado 15 de marzo, según el registro de comunicaciones que tiene la fiscalía.

Ese mismo día, por la noche, Rodrigo le escribió a Iraida Muñoz, la mujer que había servido como enlace, para quejarse del supuesto incumplimiento del acuerdo: “Yo confié sin conocerte a ti y a Ana Cecilia [Aróstegui]. Mi hermano me escribe y me pide que lo ayude, hice que mi familia junte 82 mil soles por cama UCI. Desde el jueves venimos esperando. Si no vas a cumplir, devuélvenos el dinero para buscar otro lado”.

Muñoz solo atinó a recriminarle: “¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado? Tu hermano ha entrado donde hasta esta hora no puedo meter a mi tía, que ruega por un minuto más de vida, porque si tuviera tu dinero, ya la hubiera metido ahí”.

chats con iradia
Iraida Muñoz, el enlace con la presunta mafia, responde ante los reclamos de la familia: “¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado?”.

 

Los reclamos no parecían resolver nada. El 17 de marzo, sin embargo, una doctora comunicó a la familia del paciente, luego de una tercera tomografía, que el diagnóstico era grave, que el hombre tenía una sobreinfección y que sus pulmones estaban afectados en un 90%. Solo después de eso, Ana Cecilia Aróstegui -según declaró ella misma a la fiscalía- entregó un ventilador mecánico a la unidad donde estaba internado el paciente. Supuestamente, lo había comprado.

Minutos después, una asustada Iraida Muñoz llamó a la esposa del paciente y le dijo: “Yo vuelvo a repetir, te lo subrayo y en negritas: yo no recibí ni un sol y puedes abrir todas mis cuentas y puedes hacerme seguimiento y reglaje y buscarme (…) Lo que sí es que cuando me has pedido ayuda, me he puesto a moverme. Entonces ya se dejó el ventilador, ya está ahí, hasta aquí llegamos”.

La oscura trama a la que se había metido la familia del paciente no pudo salvar su vida. El 18 de marzo, apenas un día después de la llegada del ventilador, el hombre falleció. Y una semana después, el hermano de este ingresó una denuncia al sistema de EsSalud, que luego inició un proceso administrativo contra los funcionarios Pedro Pino Gonzáles y Nery Ochoa Menacho.

Entonces Iraida Muñoz le escribió a Rodrigo para rogarle que retirase la denuncia y hasta lo acusó de haberse quedado con el ventilador: “Te lo suplico, devuelvan el ventilador y recupera tu dinero, que al final quede en nada todo esto, te lo suplico de rodillas”. Ana Cecilia Aróstegui hizo lo mismo en otro mensaje: “No sé por qué dicen que soy parte de una red, yo no entiendo por qué me están acusando. Solo por recomendar, no puedo ir presa por ello”.

La fiscalía anticorrupción se hizo cargo del caso en mayo. Aróstegui y los demás involucrados fueron detenidos por un plazo de siete días. Pero si deciden cantar, podría ser el inicio de un caso más complejo. “Este hecho ya está determinado y lo que ahora tratamos de verificar es si están involucradas otras personas, como el personal médico que se había encargado del diagnóstico y la ubicación y hospitalización en cuidados intensivos”, dijo a la prensa el fiscal Reynaldo Abia durante el operativo.

reclamos de hermano
Reclamos del hermano del paciente a Ana Aróstegui: “Mi familia hizo un gran esfuerzo para juntar los S/82.000”

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camas uci, Covid-19, hospital almenara

Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.

Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.

“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.

Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.

conclusiones fiscalia
“(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.

El origen

La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.

El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.

Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.

Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.

Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.

Romero: ¿Cuál es la verdad?

Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.

Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?

Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.

conversación atribuida a romero
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.

Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.

La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.

Explicaciones que no convencen

Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.

El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.

El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.

El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.

En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.

Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.

depositos de Bautista
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.

Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.

La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.

Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.

En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”. 

Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.

De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.

declaración de testigo protegido
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training”.

“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.

Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.

Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.

Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.

Con la plata de todos

El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.

El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.

acusación peculado
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.

Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.

Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.

El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.

Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

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Fuerza Popular, jorge romero castro, ministerio público, parlamento andino

Ni reconstrucción, ni cambios. Hay 1.173 colegios en el país que aún no tienen cómo regresar a clases porque o bien se caen a pedazos, o recién están siendo reconstruidos. El Estado ha sido incapaz de renovarles la infraestructura en los últimos cuatro años, luego del Fenómeno de El Niño del 2017. Desde aquel momento, el proceso para recuperar cientos de escuelas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales, ha avanzando como si no se tratase de una tarea urgente. Y tiene vergonzosos capítulos de lavado de manos. 

Las dos principales responsables de esta situación son la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación. Aunque la primera sí se ha puesto las pilas en el último año, aún hay cientos de colegios en condiciones calamitosas. Y un grupo de estos -en especial- sobre los que ambas instituciones se culpan entre ellas. 

“Dadas las condiciones epidemiológicas [se podrá] estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre”, dijo el pasado 7 de julio el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, luego de hacer un balance positivo de las vacunaciones a miles de maestros. La noticia fue resaltada por la agencia de prensa estatal Andina. ¿Pero en qué condiciones regresarán los niños a las aulas? 

 

La peligrosa vuelta al cole 

El plan del gobierno, según ha declarado Cuenca desde abril de este año, es que los colegios de zonas rurales sean los primeros en retomar sus actividades presenciales. Por eso a Heydi Berrou, la directora del colegio Santa Sara, en el caserío del mismo nombre en Piura, le hicieron una encuesta telefónica en la que se le preguntó si deseaba regresar a las clases presenciales. Su respuesta fue tajante: las condiciones para ello no están dadas. 

“Nos ha llamado el ministerio de Educación, más o menos en abril, preguntando si queremos regresar. Pero les dijimos que no teníamos condiciones de infraestructura. No tenemos ni agua. Acá se abastecían con cisternas”, dice la docente, que llegó a dirigir su institución el año pasado.

El colegio tiene dos aulas donde estudian cerca de 60 alumnos de primaria. Eduardo Morales Litano (46), secretario general del caserío, cuenta que fueron los vecinos los que levantaron la construcción en 1960. Sin expediente técnico. “En el 2000, Defensa Civil lo declaró inhabitable, pero desde ahí solo se le ha dado mantenimiento”, apunta.

Morales dice que desde el 2018, y por mientras, el Minedu construyó dos pequeños módulos donde los estudiantes tomaban las clases, pero un espacio así de estrecho en plena pandemia es riesgoso. Otros colegios de la región optaron por alquilar la casa de algún vecino. Y en otros casos, como veremos, los menores tuvieron que exponerse y seguir tomando clases en los pabellones que habían sido menos afectados por los huaicos.

colegio piura
Colegio Santa Sara, en Piura. Uno de los afectados por el Fenómeno del Niño del 2017. No tiene ni agua.

Santa Sara es parte de las más de mil instituciones educativas que se vieron afectadas por el Fenómeno del Niño el 2017 y a las que el gobierno de PPK prometió volver a poner a punto.

De las 1.527 instituciones que había que reconstruir o rehabilitar, 932 están a cargo de los gobiernos regionales y locales, y 447 del Pronied, una unidad del Minedu que se encarga de los proyectos de inversión pública de la cartera que tienen que ver con infraestructura de colegios. Todas las obras son financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). ¿Quién se encarga de gestionar la transferencia de los recursos y monitorear el avance? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que a la vez debe ejecutar 147 obras.

La efectividad de esta maraña de instituciones, sin embargo, ha dejado mucho que desear. Cuatro años después del desastre natural, apenas se han entregado 354 colegios. Desde la ARCC admiten la demora, aunque resaltan que ya hay 530 obras más en ejecución y que lo más probable es que este año se termine la mayoría de estas. Un salto importante respecto a las gestiones anteriores, pero también un anuncio entusiasta que tiene otra cara que no lo es tanto. Hay cientos de colegios que no solo siguen esperando, sino que ni siquiera ven la reconstrucción en el horizonte porque no les habilitan el presupuesto. 

 

El problema Pronied

“Como congresista de la región Piura, puedo decirle que desde el año pasado se ha agilizado la entrega de presupuesto para estos colegios”, dice la congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción.

Palomino señala que en la sierra del país ha habido cierto retraso por temas climatológicos, lo que ha impedido la entrega de materiales de construcción; y también por el alza en el precio del fierro y el cemento. “Sobre los colegios que tiene el Ministerio de Educación (Pronied), sí con mucha pena he visto que algunos que ya debían estar en un 80% de avance, están en 15%”, apunta, sin embargo.   

Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC, que llegó al cargo a fines del 2019, también hace un balance negativo del Pronied. “Yo te puedo decir que de estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied”, señala. De hecho, en 2020 la ARCC gestionó un financiamiento de S/654.386.284 para el Pronied, del cual apenas se ejecutaron S/14.950.347. Es decir, el 2.28% del presupuesto transferido.

En un reciente ensayo titulado ‘La reforma imposible: enfrentando desafíos del sector educación’, el exministro de Educación Martín Benavides describe así la situación en la que encontró al Pronied en el 2020: “Se trata de la unidad ejecutora responsable de todos los programas de infraestructura del ministerio, y, como tal, maneja un presupuesto considerable, pero tenía muy poca eficiencia en su gasto y siempre estuvo rodeada de sospechas de corrupción”.

amalia moreno arcc
Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: “De estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied [del Minedu]”.

Durante la gestión de Benavides se hicieron cambios y la unidad pareció tomar un paso importante. En febrero, con los recursos asignados por la ARCC, el Pronied anunció que invertiría S/530 millones en un grupo de 130 colegios cuyas obras debían empezar ese año. El proceso quedó desierto. En agosto insistieron y, finalmente, se adjudicaron más de 100 de estas obras.

Pero llegó setiembre y, en vísperas de firmar los contratos, el programa del Minedu anunció que solo había dinero para 15 colegios ese año. Esto significaba que 115 instituciones de la cartera se quedarían en el aire, como publicó en octubre el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Santa Sara fue uno de estos colegios.

La explicación que le llegó a los postores de las licitaciones y a los directores de los colegios en aquel momento fue que se estaban haciendo los esfuerzos de conseguir el financiamiento para el 2021.

En febrero pasado, Nemesio Cayhualla, director del colegio ‘El Tigre’ de Cañete, pidió que se le informe si finalmente consiguieron el dinero. La respuesta lo decepcionó. “Yo he estado enviando constantemente oficios al Pronied pidiendo informes de cuándo va a empezar la reconstrucción. La última respuesta fue que están en proceso de contar con el presupuesto de la Autoridad con Cambios”, dice Cayhualla.

conclusiones el tigre 2019
Informe de Defensa Civil del 2019 sobre el colegio ‘El Tigre’, de Cañete: “Los alumnos están sujetos al daño que pueden ocasionar estas estructuras”. Con el sismo del pasado 23 de junio, la situación se agravó.

La respuesta a la que se refiere es del 4 de febrero pasado. La carta revela que no lograron incluir a los 115 colegios en el presupuesto general del 2021: “A la fecha, el Pronied sigue cursando documentos y gestionando reuniones con la ARCC a fin de que se pueda confirmar la transferencia de recursos para el 2021 de todas aquellas intervenciones que no fueron atendidas en el 2020 por el tema presupuestal, con la finalidad de poder ejecutar las obras”.

Cayhualla ha escuchado las noticias sobre el retorno a las clases, principalmente de los colegios de zonas rurales como el suyo, que consta de dos pabellones y que atiende unos 380 alumnos de primaria y secundaria. El 2019, cuenta, el Minedu le instaló un módulo prefabricado, pero el espacio era muy pequeño. Tuvieron que tomar el pabellón del colegio que resultó menos afectado por los huaicos.

Luego del fuerte temblor del pasado 23 de junio, cuyo epicentro fue en su provincia, esta opción ya no es viable. “No podríamos retornar. Más aún porque en este último sismo que hubo [del pasado 23 de junio], la situación empeoró. Se han rajado más las columnas, las paredes y los salones ya están totalmente inhabilitados”, dice Cayhualla.

En el distrito de Mariatana, en Huarochirí, los colegios Daniel Alomía Robles y Glorioso San Cristóbal, que atienden a 90 alumnos de primaria y secundaria, también siguen a la espera. “Hice una consulta a Pronied y me dijeron que estaban solicitando una transferencia presupuestal a inicios de este año. Eso fue en febrero o marzo, ¡ya estamos julio! No es posible retornar a las aulas. Hay aulas que están totalmente destruidas, a punto de caerse”, apunta el alcalde distrital Julio Santos.

huarochiri colegio daños
Grietas en el patio del colegio Daniel Alomía Robles, de Huarochirí. Un peligro para los estudiantes.

El pase de pelota entre la ARCC y el Pronied

Los colegios de los que habla Santos también son parte de los 115 supuestamente excluidos por falta de presupuesto. En un comunicado enviado a Sudaca, el Pronied intenta responsabilizar a la ARCC del asunto. “El presupuesto para la reconstrucción de estas instituciones educativas estuvo asegurado desde febrero del 2020, razón por la cual el Pronied pudo lanzar 42 procesos de contratación (15 en febrero y 27 en agosto). Si estos procesos hubieran obtenido la previsión de recursos por parte de la ARCC para el año 2021 se hubieran desarrollado de acuerdo con sus cronogramas, el total de escuelas estarían ya en proceso de ejecución, próximas a culminarse”, dice por escrito.

Desde el Minedu insisten en que fue una situación no prevista. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sin embargo, precisan que el presupuesto estaba listo para ser ejecutado el 2020, pero que el problema está en que el Pronied quiso postergar su uso al 2021. “Al no haber sido ejecutados en el año que fueron programados, los recursos retornarnon al Tesoro Público como todo presupuesto no utilizado por una institución pública”, señalan en un escrito enviado a Sudaca.

“En agosto o setiembre, prácticamente estamos cerrando el presupuesto del siguiente año. Eso lo sabemos todos [los funcionarios públicos]. Cuando ellos han terminado el proceso en setiembre, me dicen que les asegure S/400 millones para el 2021. Yo tengo que voltear al MEF y decirle que me aseguren esa plata. ¿Qué me dijeron en el Mef? ‘Mira, te felicito por tu preocupación, pero yo no tengo esa plata, pero sí te voy a dar una plata para tus obras que están en ejecución y priorices el trabajo con los gobiernos subnacionales’. Son los gobiernos locales los que están funcionando en estos momentos”, precisa Amalia Moreno, la directora ejecutiva de la ARCC.

Moreno señala que en el MEF ya no querían darle más recursos al Pronied porque los años 2017, 2018 y 2019 (cuando fueron ministros de Educación Marilú Martes, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo) lo habían hecho y no habían construido nada. Todo parece indicar que ya no tendrán que hacerlo.

En comunicación escrita a Sudaca, el Pronied señala que ya tiró la toalla con este grupo de 115 colegios y que el pasado 1 de julio “realizó la devolución de la cartera de inversiones del Plan integral de Reconstrucción con Cambios por falta de asignación de recursos presupuestales”. Es decir, los colegios tendrán que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que los gobiernos regionales o locales, o la propia ARCC, tengan que ejecutar las obras. Así estamos.

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Colegios, fenómeno del niño, Minedu, reconstrucción, ricardo cuenca

¿En qué momento decidió solicitar la medida cautelar?

Yo estaba viendo cómo se desarrollaba el proceso. Lo último que supe es que en noviembre del 2020 los mismos grupos políticos hicieron un mea culpa. pidieron desactivar esta comisión y dijeron que sea el nuevo Parlamento el que elija el nuevo Tribunal Constitucional (TC). Pero de un momento a otro, de manera sospechosa, continuaron con el concurso. Luego veo que no publican los fundamentos del puntaje y, esto sí es algo subjetivo, me puse a analizar: ¿por qué tanta desesperación en una cuarta legislatura que para mí es ilegal? Yo tengo una tesis: estos señores han querido capturar el TC para buscar la impunidad de sus líderes políticos. No olvidemos que toda detención se puede librar con un habeas corpus y en última instancia resuelve el TC. No olvide el peligro de que un Congreso sea cerrado y un presidente sea vacado. Entonces dije: de repente quieren capturar el TC para que las leyes que emita el nuevo gobierno sean obstruidas por acciones de inconstitucionalidad en el Parlamento. Y vienen preguntas que eran sospechosas: por ejemplo, un congresista le pregunta a un candidato qué pensaba sobre la disolución del Congreso. 

¿Piensa entonces que hay un plan desde el Congreso para blindarse de un gobierno de Castillo y, más bien, mellar sus poderes?

Yo lo que pensé es una tesis, no estoy afirmando: que quisieron capturar el TC para convertirlo en un caballo de Troya y destruir la democracia en el Perú. Uno: buscar impunidad para sus líderes políticos; y dos: que en caso de que un presidente llegue al poder, presentar acciones de inconstitucionalidad sobre leyes o una vacancia por incapacidad moral. El TC es un bastión que pudo haber tomado el fujimorismo con sus aliados políticos. No olvidemos que en un momento el Consejo Nacional de la Magistratura fue tomado; que el Ministerio Público, con Pedro Chávarry, fue tomado; que el Poder Judicial, con César Hinostroza, fue tomado; y que en el Parlamento había 73 congresistas de Fuerza Popular. También estuvo tomado. Y me animo a decir que el propio Colegio de Abogados de Lima (CAL) también estuvo vinculado a Fuerza Popular. No se olvide que, cuando yo quería sacar la medida cautelar [se refiere a un recurso administrativo del CAL] para suspender a Pedro Chávarry, decían que no choque con Fuerza Popular. Y parece mentira que tenía la razón, porque me dijo que me iban a perseguir. Y ahora hay medios de comunicación que me están difamando, que tratan de dañar mi imagen.

Es cierto que no es la primera vez que usted interpone esta medida. La obtuvo para detener las elecciones del CAL y también emitió una medida cautelar para suspender a Pedro Chávarry.

Yo fui presidente del consejo de ética [del Colegio de Abogados de Lima], y en el consejo de ética vemos la conducta de los abogados. Si un abogado no respeta el código de ética, siendo autoridad, siendo juez o fiscal, incurre en una falta. En ese momento abrí una investigación de oficio contra los miembros del CNM, contra Pedro Chávarry, y muchos más agremiados, muchos árbitros vinculados a Odebrecht. Entonces, tuve muchas personas que querían impedir mi labor, pero puse mano dura y suspendí colegiaturas. Le suspendí la colegiatura a Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gustavo Pebe, Rodolfo Orellana, César Hinostroza y Pedro Chávarry. Y justo por haberle quitado la colegiatura a Chávarry, este deja de ser Fiscal de la Nación, porque él estaba enquistado y nadie lo podía sacar.

Hay congresistas que creen que no terminarán procesados por haber desacatado la orden judicial que suspende la elección de magistrados del TC. ¿Usted cree que sí es posible [que los procesen]? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra?

La medida cautelar dice que se suspendan las elecciones programadas para el 7 y 8 de julio hasta que termine el proceso de amparo, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas, de acuerdo a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. Como ellos no han acatado la orden, han entrado en rebeldía, entonces se tiene que hacer efectivo ese apercibimiento. Ya no recomendarles. Lo que estoy pidiendo es que se aplique la medida menos gravosa, que sería la multa. Hoy he presentado un escrito en el que pongo de conocimiento a la jueza que primero tiene que multarles. Una multa de 10 URP (unidad de referencia procesal), que son más de S/4.000 a cada congresista. Y como se mantienen en la posición de continuar con la elección, he pedido que hagan un apercibimiento nuevo que diga que, si continúan sesionando, va a destituir a cada congresista. Un juez tiene la potestad de destituir a un funcionario público así haya sido elegido por voluntad popular.

¿La multa sería un paso previo a un proceso por desacato o van por vías distintas?

No. Sin perjuicio de la multa, estoy pidiendo que se manden copias al Ministerio Público, porque el delito ya se cometió. Así paguen sus multas, así sean destituidos. Se tiene que abrir una investigación para determinar que se cometió el presunto delito. Y quien tiene que determinar eso es un juez.

¿Los candidatos al TC que no renuncian a su candidatura también estarían en problemas?

Yo pienso que sí, porque se están prestando al juego. Y la tipología penal establece cómplices primarios, secundarios. Ya el Ministerio Público tiene que ver en qué supuesto están calzando estos candidatos. Pero pienso que los postulantes que se han sometido a un proceso que al comienzo era irregular y que ahora es ilegal se encuentran descalificados para ser miembros del TC. Para mí, con esto han sepultado su carrera hacia el TC. Si se vuelven a presentar, ya han demostrado que se someten a un proceso irregular, que se someten a preguntas donde hay conflicto de intereses. ¿Con qué confianza pensaríamos que estos señores van a estar administrando justicia en el más alto tribunal del Perú?

El problema es que el nuevo Congreso no va a ser mejor y tendrá la facultad de elegirlos.

Justamente ahí puede intervenir la sociedad civil, así como ahora hemos intervenidos nosotros. Ahora la sociedad civil ya sabe quiénes son los que se han sometido a este proceso irregular.

Para usted, ¿cuál sería el mejor mecanismo de selección de nuevos magistrados?

No olvidemos que los líderes de los grupos políticos que representan al pueblo en el Congreso están cuestionados o procesados por corrupción: José Luna, César Acuña, Keiko Fujimori, este señor vinculado a Antauro Humala [José Vega]. Algunos incluso han estado con detención [preventiva]. Con esta calidad de políticos, no tenemos un filtro para escoger gente que pueda elegir a los miembros del TC sin cálculo político a futuro. Lo mejor sería que la Junta Nacional de Justicia u otro organismo que no esté vinculado al Congreso [los elija], porque vemos que los parlamentarios no tienen cultura jurídica y sus líderes están vinculados a casos de corrupción.

Finalmente [después de varios días] se publicaron los argumentos que sustentan las votaciones de los congresistas. ¿Qué opina de lo que ha podido leer?

Ni un estudiante de Derecho de primer año… No hay motivación, han copiado y pegado, otros están vacíos. Yo he sido juez, he trabajado en el Poder Judicial cerca de 20 años, y cuando uno hace una sentencia, motiva. Usted leerá mis resoluciones y se fundamentan en un análisis lógico, jurídico. Si ellos no están en la capacidad de hacerlo, al menos que consulten con sus asesores. Pero ni siquiera eso han hecho. Un alumno de la facultad de Derecho, de primer año, argumenta mejor.

¿No hay una valla que impida que se sustenten así las elecciones? Si no, cualquiera puede poner tres palabras y cumplir con el requisito de la transparencia.

Si usted revisa en Internet, el Tribunal Constitucional ya ha establecido qué es una motivación: tiene que argumentarse cuáles son las fundamentaciones, el razonamiento con el cual uno llega a una conclusión. No es solamente decir: ‘bueno, por su trayectoria le pongo 11’. No han dicho nada.

Entonces, ¿las motivaciones que han presentado los congresistas son inválidas? ¿Cómo las calificamos?

No ha habido motivación. En algunos casos han puesto frases que no constituyen una motivación. La demanda y la acción de amparo tuvieron tres fundamentos, pero lo irregular es que la misma comisión [de selección de magistrados] hace un reglamento y no cumplen con eso. No cumplieron con motivar su decisión ni con publicar esta motivación. Ha habido falta de transparencia porque la sociedad civil no pudo conocer cuáles han sido los fundamentos para ponerle las notas. Como consecuencia de la no publicación, la sociedad civil no ha podido participar.

El congresista César Combina dice que detrás de esta movida están los amigos de Cerrón, de Castillo o Vizcarra. ¿Usted es amigo de alguno de ellos?

No, no soy amigo de nadie. Al señor Vizcarra lo conozco por la televisión, al señor Cerrón tampoco lo conozco. Al único que conozco es al señor Castillo, porque me llamó, quizá enterado de mi trayectoria en el tema anticorrupción, para aclararme que el señor no quiere convertir al Perú en un país comunista. Le pregunté qué pensaba del señor Bermejo que tuvo frases infelices y de ahí me retiré. Ahora se me está vinculando diciendo que soy su alfil, que soy amigo del señor Palacín, a quien sí conozco porque él también fue postulante para decano al CAL. Pero nada más.

¿Esa comunicación con Castillo ocurrió para que sea parte del equipo técnico?

Sí. Él en ese momento me pidió que lo apoye a su equipo técnico, pero no he tenido participación. Fue después de la segunda vuelta. Pero no hubo más comunicación.

 

Foto: IDL.

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Congreso, Tribunal Constitucional, walter ayala

Usted ha dicho que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón están distanciados, pero un reciente informe del periodista Ricardo Uceda habla de un gobierno tripartito. Por un lado, Pedro Castillo. Por otro, el partido liderado por Cerrón. Y la tercera parte, la bancada de congresistas electos. ¿Esto no lo contradice?

Pedro Castillo está distanciado de Cerrón. Cualquiera sea el partido, es natural que todos tengamos que conversar, que nos tengamos que poner de acuerdo, escuchar al uno y al otro. No podemos rechazar al otro solo porque tiene opiniones contrarias a la nuestra. Por supuesto, alejándonos de cualquier terrorismo, de cualquier extrema derecha o extrema izquierda. Pero todos nos tenemos que comunicar. Pedro Castillo se ha distanciado del que ha sido el jefe de ese partido [Vladimir Cerrón, de Perú Libre]. Yo no sé por qué ustedes insisten en eso. Lo que ustedes han visto es ese distanciamiento. 

Ciertamente algunas declaraciones del señor Castillo manifiestan un distanciamiento, pero…

Y declaraciones del señor Cerrón también.

Pero más bien el señor Cerrón y su partido se proclaman ganadores de estas elecciones.

Pero impídanlo ustedes, pues [ríe]. ¿Lo podemos impedir nosotros? ¿Lo puede impedir un tribunal? ¿No hay libertad de expresión para el país?

Doctor Torres, ha dicho para un reciente informe de Sudaca que usted salió a defender a Pedro Castillo “porque lo llamaron terrorista y comunista” y que él “no lo es porque en Chota no hubo terrorismo gracias a los ronderos”. Terrorista no es. Pero sí viene de un partido [con un ideario] comunista. ¿Usted comparte el ideario de Perú Libre?

Pedro Castillo no es comunista, no es terrorista. Es un rondero, un profesor de una escuela rural. Y justamente por eso a mucha gente le duele que él haya ganado la presidencia. ¿Pero a  quién le duele? A esos acomplejados, que tienen el complejo de superioridad con relación a los demás peruanos. A esos que desprecian al sur, al centro del Perú que han votado por Pedro Castillo y que para ellos han cometido delito de fraude. En cambio, quienes vivimos en San Isidro, Miraflores, en otros barrios, somos personas honestas, decentes. El que tiene complejo de superioridad o inferioridad es un pobre diablo, inservible, negativo para cualquier sociedad. Y eso es lo que hay que superar en el país. Aprendamos a hablar como personas decentes, honestamente y no desvirtuar las declaraciones de Castillo u otras personas. Y menos tergiversar mis declaraciones.

Yo no he dicho que Castillo sea comunista, sino que lo alberga un partido comunista.

No es verdad. Fue invitado por Perú Libre y por supuesto que se ha distanciado de Cerrón y no tiene nada que ver con eso. Acá todos los peruanos tenemos que hablar con transparencia, todos nos tenemos que unir, a todos nos necesita el Perú.

No estaríamos hablando de esto con usted si de repente el señor Castillo se animara a dar entrevistas. ¿Por qué no lo hace?

Le voy a decir la verdad: ¿cómo fue tratado por el 99% de la prensa peruana Pedro Castillo? Él declaraba una cosa e inmediatamente tergiversaban su declaración. ¿Para llevar a qué? Justamente a eso, a señalarlo de comunista, de terrorista.

¿Y acaso no hay medios más serios que el Grupo El Comercio o que Willax para que él pueda aclarar varias cosas?

Lo tendrá que hacer y lo va a hacer. Para que haya una comunicación más franca y leal con la población. Yo he salido a declarar para defender a Castillo del abuso de la prensa.

Ha hablado usted también de racismo. Dijo hace poco: “Todos nosotros que estamos aquí en esta sala somos despreciados por un pequeñísimo grupo que se creen superiores”. ¿Cómo se ha evidenciado este racismo en la campaña?

Mire usted. No desconozcamos la realidad. ¿No estamos viendo cómo está actuando Fuerza Popular? Con un absoluto desprecio por la gente del sur y del centro. Solo porque no pertenecen a su clase social. Esa discriminación existe, solo que se ha evidenciado ahora. Nosotros somos dos personas dialogando. Usted tendrá sus ideas, yo las mías. Dialogamos y al final, a lo mejor, nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar en función del interés nacional. Castillo es un peruano más, ¿a dónde va el odio?

Doctor, ¿cómo llega usted a Pedro Castillo? ¿Quién se acerca a quién?

Yo tengo una página en Facebook. He escrito alguna cosa ahí defendiendo algunas posiciones de Perú Libre. Pero por esa consecuencia me llama Pedro, que es mi paisano. Los dos somos de Chota. Eso se da luego de la segunda vuelta, para enfrentar las impugnaciones. A mí no me gusta estar en los medios, no es esa mi vida. Estoy aquí accidentalmente, ocasionalmente y estoy esperando que termine esta cuestión para regresar a mi actividad privada. Yo vivo de mi trabajo.

¿No aspira usted a ningún cargo? ¿No le ha ofrecido ninguno el señor Castillo?

No aspiro a cargos, él tampoco está ofreciendo cargos.

Pero Castillo debería hacerlo, para su eventual gobierno.

Sí, tiene muchos asesores. Se dice que no, pero yo veo varios economistas alrededor de Pedro Castillo, entre ellos a Pedro Francke que, según mi opinión, debería ser el ministro de Economía. Pero yo no cuento para nada en esa elección.

El tema con Francke es que no es muy del agrado de algunos miembros de Perú Libre.

Es muy posible. En toda agrupación social, hasta en la familia, se producen esas cuestiones.

Usted escribió a inicios de mayo, antes de sumarse al equipo de Castillo, que “afirmar que no se puede convocar a una Asamblea Constituyente porque no está regulada en la Constitución es de una ignorancia supina del Derecho”. Pero muchos constitucionalistas han salido a decir que no es posible hacerlo vía referéndum. ¿Qué responde?

Esa es la ignorancia, pues. Esos son, entre comillas, los grandes juristas en el Perú. Le voy a dar una respuesta facilísima. Si el poder constituyente estuviera regulado en la Constitución ya no sería poder constituyente, sería un poder constituido. Como lo es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todos los otros órganos con poderes limitados que representan a la sociedad. El poder constituyente es un poder absoluto, que radica en el pueblo, el creador de la Constitución. El Congreso, por delegación de la Asamblea Constituyente, puede modificar la Constitución, pero lo que no puede hacer es dar una nueva Constitución porque esa es facultad del poder constituyente, a través de la Asamblea Constituyente.

También dijo recientemente que “si el pueblo dice que quiere una Asamblea Constituyente, allí se verá si continúa el Tribunal Constitucional o si desaparece este organismo que ha causado enorme daño al país y sus funciones son asumidas por la Corte Suprema, como ocurre en Estados Unidos y en otros países” ¿Qué lo hace pensar que el Poder Judicial va a estar más capacitado que el TC?

Pero también dije ahí que se debe hacer una reforma en el sistema de justicia a fin de contar con una Corte Suprema de calidad. Y también expliqué por qué el TC ha causado mucho daño al país. En una sentencia, por ejemplo, actualizó, como si las haciendas estuvieran en su apogeo, el valor de los bonos de la reforma agraria. Y ahora el Perú debe una suma fabulosa que los medios de comunicación no dicen y todos los medios y grandes juristas aplaudieron. Y nadie dijo que en el Perú también queremos un TC que, por ejemplo, ordene la indemnización de todo el daño que se ha hecho a los trabajadores de las haciendas o los herederos de esos trabajadores. Un daño inmenso porque se les sometió a esclavitud o semiesclavitud. Yo lo he visto, lo he vivido como estudiante en San Marcos y, por ser norteño, he conocido cómo fue la vida en las haciendas azucareras del norte. Hablo conociendo la realidad. El TC además ha hecho un gigantesco daño al país promoviendo la corrupción en el Poder Judicial, haciendo retornar mediante acciones de amparo a aquellos magistrados destituidos por corrupción. Hay todo eso, se tiene que evaluar.

¿Acaso lo que está fallando no es más bien el modo de elegir al TC y no el TC en sí mismo?

Esa es la otra alternativa que mencioné. Que no pueden designarse a los miembros del TC mediante la repartija, que no todos los miembros deben ser elegidos por el Congreso, porque ya vemos las consecuencias y la calidad de los miembros que han llegado al tribunal.

Doctor, ¿qué hará Perú Libre si llegamos al 28 de julio sin que el JNE proclame a Castillo como presidente?

Esa posibilidad es muy remota, porque ya lo único que falta es que el JNE resuelva rápidamente algunos casos de nulidad y termine proclamándolo. El JNE está en la obligación de proclamar al presidente aun si no ha resuelto esas nulidades por haberse interpuesto estos actos negativos de renuncia de uno de sus miembros o que al otro no se le ubica. 

¿Ve improbable entonces que Castillo no sea proclamado el 28 de julio y que el señor Jorge Montoya asuma la presidencia como cierta derecha quiere? Le recuerdo que se está enfrentando usted a un aparato que incluye estudios de abogados ‘top’, exmagistrados del TC y una serie de políticos conservadores que han salido a defender a la señora Fujimori. Sin mencionar a los grandes medios.

Sí, ellos están trabajando en ese sentido. Es verdad, pero el JNE está en la obligación de proclamar al presidente antes del 28 de julio. Sea cual sea la situación. Situaciones que no se han producido solo aquí en el Perú, sino en otras partes del mundo. En el mismo Estados Unidos, en una ocasión, no pudieron resolver todas las nulidades dentro del plazo y declarar al gobernante vencedor.

Analizando la correlación de fuerzas, ¿ve posible un golpe, en cualquiera de sus formas?

Eso es lo que está trabajando Fuerza Popular. Con ese objetivo ya sea de parte de las fuerzas armadas o utilizando algún mecanismo para anular las elecciones. Lo que pasa es que no tienen ninguna causal para eso. La única es que los votos nulos y viciados superen los dos tercios y eso no se ha dado en el Perú.

¿Teme lo que pueda pasar en las calles si no se proclama Castillo como vencedor?

Sí. Eso sí lo tememos. Por eso estamos pidiendo por todos los medios a la población que, si bien tienen derecho a la libertad de reunión y mítines, que todo debe hacerse dentro del ordenamiento jurídico, con paz, con orden, sin afectar la propiedad pública ni la propiedad privada. Hay que conservar la calma, hay que conservar la prudencia. Que Fuerza Popular persigue eso, que haya dos, tres muertos y que siga la escalada, no me cabe ninguna duda. Porque ellos no tienen ningún límite. Hay que darnos cuenta de que nos estamos enfrentando a una organización delictiva que viene desde el papá hasta ahora. Ella está acusada por gravísimos delitos, como lavado de activos. En realidad, no debería estar postulando a la presidencia de la República.

Ahora, si uno revisa sin apasionamientos el caso de los ‘Dinámicos del Centro’, ¿no le parece que hay indicios para pensar que Perú Libre empieza a funcionar también como una presunta organización criminal? Hablamos de militantes importantes que trafican con puestos de trabajo en los gobiernos locales que ellos manejan.

En ese aspecto yo he visto que Pedro no se deja influenciar. Lo vemos una persona muy humilde, muy sencilla, pero no he notado que sea débil de carácter. Hemos hablado al respecto y él mismo me ha dicho: ‘doctor, todo el que esté cerca a nosotros y que esté implicado en hechos delictivos, no tenemos por qué defenderlo. Estos deben responder ante la justicia’. Esa es una forma de actuar en mi tierra. En mi tierra la gente es decente, es honesta, respeta la palabra empeñada. Lo que no se respeta ya lamentablemente en nuestro medio capitalino.

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anibal torres, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular toda una organización que se habría dedicado a facilitar -a cambio de coimas- los trámites para quienes querían sacar o renovar sus licencias de conducir. Ello, en complicidad con los funcionarios del órgano encargado: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). 

Sudaca accedió a la resolución judicial que ordena la detención de 38 personas involucradas en estos presuntos delitos. En ella no solo se explica el modus operandi de la red y se expone su organigrama. También se registran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en los últimos dos años, las cuales han servido para establecer que algunos personajes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón e involucrados en la campaña electoral, habrían usado su influencia en el partido al servicio de la corrupción, para contratar, cesar o reubicar a los funcionarios del aparato público. 

Las investigaciones preliminares de la fiscalía se vienen realizando desde el 2019 y se saldaron el pasado martes con la detención de 27 personas, siete de ellos vinculados a Perú Libre. Según fuentes de la región, esta mafia estaría enquistada en Junín desde hace varios años. Lo único que cambian son los funcionarios. “Esto no ocurre ahora nada más, sino también en gestiones pasadas. La única diferencia es que ahora los han agarrado con las manos en la masa, pero esto siempre ha sido parte de la región Junín”, dice José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo.

Tráfico de influencias

Uno de los que se mantiene legalmente prófugo es precisamente el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, uno de los más cercanos colaboradores de Vladimir Cerrón y -como reportó Sudaca- opositor junto a él de la “moderación” representada por Pedro Francke en el entorno de Pedro Castillo.

Ayer, Cárdenas publicó un comunicado “apersonándose” al proceso y pidió que se levante la orden de captura en su contra. Su abogado, Wilder Romero, dice que al cierre de esta edición su patrocinado no le había dado autorización para declarar.

La resolución señala, por ejemplo, que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, cuando trabajaba como externo para la dirección de Educación, el dirigente se habría comunicado con Marina Vásquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del partido que ha llevado a la presidencia a Pedro Castillo. 

Ambos acordaron, según el documento judicial, “dar por concluido los contratos CAS de Edgar Fredy Capcha Sanabria y una persona señalada como Yanina y favorecer en la contratación de Miguel Ángel Rivera Mauricio para que labore en la entidad regional antes señalada, decisiones que fueron dadas por razones de afiliación y/o vínculo político”. Rivera figura como militante de Perú Libre desde septiembre de aquel 2020.

¿Qué hacía un importante militante de Perú Libre, sin competencia en los temas de transporte, coordinando renovaciones, reubicaciones y hasta ceses de personal en este sector? Llamamos a Arturo Cárdenas, pero su celular está apagado.

Según la resolución, “se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos donde el partido político Perú Libre se encuentra en gestión”, como lo venía denunciando Sudaca. Ello a pesar de que Cárdenas no tenía ningún cargo que le brinde estas atribuciones. Esta es una de las conclusiones atribuidas a la fiscalía.

La imputación contra Arturo Cárdenas, según la resolución judicial: “(…) quien aprovechándose de su condición de secretario nacional de Perú Libre tiene la facultad de colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en los puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones”.

En un diálogo, Cárdenas hablaría con una mujer sobre la presunta reubicación de personal a distintas áreas del gobierno, como las subgerencias de desarrollo económico, social y promoción de inversiones:

Yiuliana: Oye Arturo, ¿cómo es el tema de la renovación? Cantorín nos ha sacado de la lista, algunos dicen que a ti también

Arturo: Sí, justo Ronald, de recursos, me ha llamado y me ha dicho: ‘ oye, te han llamado a la reunión de gerentes y subgerentes, incluso nos han sacado del whatsapp’ […] pero no importa, hemos cumplido con la valla en inversión, pero los únicos cambios que se han dado en desarrollo económico y social.

Yiuliana: Arturo, más que nada quiero empezar en otra cosa, en el tema de salud.

Arturo: Ya, yo voy a chequear […]  voy a conversar bien ese tema porque yo le dije a Carlos que, bueno, ahí el monopolio lo tiene él, pero el partido está por encima. También Eduardo Gutarra de transportes salió, yo voy a ver ese tema.

Otra conversación que cita el juzgado redondea la hipótesis. En esta, Cárdenas le dice a su interlocutora que ya no hay “espacio” en el gobierno regional, y por eso tendrá que quedarse en una municipalidad:

Arturo: Dame tus datos por WhatsApp y en qué área vas estar de la muni. Sí, para que te quedes ahí.

Tali: Pero yo quiero ir al gobierno [regional].

Arturo: Es que ahí ya no hay espacio, te vas a quedar en la muni.

La fiscalía, según recoge el documento judicial, cree que la influencia de Cárdenas también habría servido para obtener recursos con el objetivo de movilizarse durante la campaña electoral. El dinero, según el documento, habría salido de los “cupos” regularmente cobrados por la mafia de los brevetes.

“Tal poder lo ejercería por su vinculación con el partido político Perú Libre, que se encuentra en la gestión regional actualmente […] siendo que “Waldys”, a fin de continuar desarrollando la actividad criminal de la organización en la provincia de Satipo, vendría entregando a “Arturo” o “Burro” [los alias de Cárdenas] el importe obtenido por concepto de un acto ilícito [cobro de cupos] de favorecimiento, cuyo monto oscilaría entre los S/1.300 a S/1.500”, apunta el escrito, que no precisa la periodicidad en la entrega de estos montos.

“Waldys” es Waldys Vilcapoma Manrique, encargado desde el 2019 de la sede Satipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. También es militante de Perú Libre. Según denunció Correo, durante el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón fue designado como director regional de Producción pese a no contar con el grado de licenciado, requisito para ejercer el cargo. En estas recientes elecciones, postuló como congresista por la región de Pasco.

Otro viejo militante que también quiso ser congresista y actualmente está no habido es José Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador de Perú Libre el año 2012 y actual secretario de prensa nacional. En abril del 2019, fue nombrado por Vladimir Cerrón como director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Cuando a fines de aquel año Cerrón fue destituido luego de su condena por corrupción, Bendezú siguió en su puesto hasta mayo del 2020.

Según la resolución judicial, en sus comunicaciones una funcionaria de nombre Marina “le proporciona información que debería ser clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección para plazas CAS, que efectuarán funcionarios de la DRTC Junín, con lo cual Bendezú podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus recomendados”.

Bendezú no se detuvo ni cuando en diciembre del 2020 fue contratado como gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, otro de los bastiones más importantes del partido del lápiz. El 9 de ese mes, Benedezú conversó telefónicamente con una persona que se identificaba como Flores, para interceder por un vehículo que acababa de ser internado en el depósito. “Un servicio, espérame ahí o, si no, espera al señor Pompeyo. ¿Sabes qué? Su carrito lo han intervenido, es un auto, por favor dale todas las facilidades, por favor dale todas las facilidades de parte del mismo alcalde”, le dijo a su interlocutor, según la resolución.

bendezu imputacion fiscal
La imputación a José Bendezú Gutarra, “al haber colaborado e influenciado en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización, por la contratación en puestos laborales que se vinculan al trámite y emisión de licencias de conducir”.

El documento también recuerda que en mayo del 2020 Bendezú fue denunciado públicamente por el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cobro de cupos. Así informó el medio ‘Portal Central’, de Junín: “el sindicato denuncia que existe un ‘negocio de cupos’ para los exámenes de conocimiento y manejo”. El gremio también involucraba en sus acusaciones a Marina Vásquez López -la “Marina” antes mencionada-, jefa de personal de la mentada Dirección y cofundadora y actual secretaria de organización Oriente de Perú Libre. 

Daniel Reyes Salguerán, militante de Perú Libre entre el 2013 y el 2017, es otro de los embarrados en todo este asunto. El pasado 7 de enero, en una conversación con Francisco Muedas Santana, un funcionario del área de licencias y afiliado al partido desde septiembre del 2020, Reyes coordinaba el favorecimiento a su hijo durante un examen de manejo. El documento describe así al retoño del funcionario: un “postulante que durante su evaluación resultará desaprobado, pero que producto de las influencias ejercidas por Reyes Salguerán posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir A-I”.

El negociado quedó registrado en las escuchas telefónicas:

Fran: Su hijo ha desaprobado. En el último se ha parado encima del blanco (…) Depende de usted si le apoyamos.

Reyes: Claro, de una vez. Para olvidarme del tema

Fran: ya, pero no le diga nada, porque yo lo he dejado que siga nomás. 

Reyes: Ah, ya, ya.

José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo, apunta que varios de los funcionarios involucrados en esta investigación nunca debieron ocupar estos cargos pero que fueron protegidos por Vladimir Cerrón desde el inicio de su gestión. “En un momento se mencionó que ellos [funcionarios como Arturo Cárdenas] no cumplían con el perfil para asumir estos cargos. Hay informes de la Contraloría que mencionan que no se debía mantener en el cargo a estas personas por no cumplir ese perfil. Sin embargo, en ese entonces, el exgobernador Cerrón manifestó una frase que hasta ahora queda en Junín: ‘Mis técnicos son altamente políticos y mis políticos son altamente técnicos’, palabras con las que se excusó para no hacer ningún cambio”, dice.

Operativo en riesgo

La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue citada el día de ayer al Congreso por este caso, denominado “Los Dinámicos del Centro”, en un nuevo episodio parlamentario de pérdida de tiempo. Esto a raíz de que el diario Perú21 dijera que el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había frustrado que el megaoperativo se lleve a cabo antes de la segunda vuelta electoral, algo que hubiesen aplaudido los dueños del Grupo El Comercio por el golpe que podría haber significado para la candidatura del profesor.

Carta Peru21
Carta de la fiscal Bonnie Bautista dirigida a Perú 21: “debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”.
Sin embargo, Sudaca accedió ayer a una carta firmada por la fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, y dirigida al diario de marras. En esta aclara que ella recién comunicó a Tello la fecha tentativa del operativo el pasado 8 de junio, dos días después de las elecciones.

“Debo rechazar tajantemente tales afirmaciones por ser falsas. El despacho bajo mi cargo no planificó ni coordinó llevar a cabo el operativo al que se refiere la publicación antes del 6 de junio, dado que todo megaoperativo debe planificarse conjuntamente con el personal de la Diviac a fin de garantizar el éxito del mismo”, escribe Bautista.

“Asimismo, debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”, agrega la fiscal. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se usa como arma política.

 

(**) Fotoportada: Leyla López: En la imagen aparecen (a la izquierda) José Bendezú Gutarra y (derecha) Arturo Cárdenas Tóvar. Ambos militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

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corrupción, Junín, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Hace dos semanas, llegó de visita a la casa de una vecina mía un hombre que, por la voz, pasaba los 60 años. Era familiar de la dueña de la vivienda, quien celebraba su cumpleaños con una parrillada en la terraza que da a una de las ventanas del departamento que alquilo. “Yo juntaría a toda esa gente de la sierra y les invitaría un buen desayuno, les pondría su panetón con veneno. Y se acabó el problema”, le escuché decir al sujeto. 

Luego arremetió contra Pedro Castillo, que muy a su pesar hoy es virtual presidente de la República, al 100% de actas contabilizadas por la ONPE. Ocurrió en pleno siglo XXI, pero la escena pudo haber nutrido tranquilamente un episodio de ‘El Último Bastión’. 

El último fin de semana, un grupo de casi treintañeros con reciente formación universitaria repetía similares argumentos en un chat privado que se filtró a una cuenta de Twitter. Sudaca pudo comprobar su veracidad. Sus apellidos sonarán familiares para quienes hayan asistido alguna vez a las páginas de alguna de las revistas que cubre la anacrónica vida social de la alta sociedad limeña.

chat racista galliani
El asqueroso chat donde Galliani reclama que vuelvan las esterilizaciones del gobierno de Fujimori.

“Conclusiones personales: Ayacucho merece ser destruido, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno. En esos lugares voy a votar mi basura al piso, escupir en la calle, violar a sus mujeres, pegarle a sus niños”, escribía uno de ellos. A continuación Sebastián Galliani, a quien pudimos identificar plenamente como Sebastián Galliani Paredes (29), extendió la metralleta de perversiones: “Esterilizar a todos, hombres, mujeres, gatos, perros”.

En otro momento, se lee un mensaje del mismo personaje: “Mano, Pedro Castillo es un cholo de mierda. Sin educación y va a cagar al país, sus votantes son alpacas que ni saben por qué votan. Ni leer deben saber […] Cuando no tenga ni un sol para hacer todo lo que prometió voy a ser bastante feliz viendo a sus votantes siendo más pobres que antes. Ojalá algunos mueran de hambre. Lamentablemente los ignorantes así aprenden, a la mala”.

Y agregaba luego: “Que a ese ganado de mierda, por favor, les anulen todo. Y sepan su lugar, al costado de los cerdos y vacas, en el granero, por corruptos, estúpidos y coimeados. Y pa tomarse fotos con los gringos nada más. QUE VUELVAN LAS ESTERILIZACIONES”. 

El señorito Sebastián Galliani, acostumbrado a las páginas de sociales de Asia Sur.

En casa de Galliani, en la exclusiva urbanización Rinconada del Lago, en La Molina, una voz dice por el intercomunicador que los chats son falsos y no acepta más preguntas. Pero Sudaca se puso en contacto con dos miembros pasivos del grupo, Luis Carlos Arce y Sergio Cardozo, las únicas personas que le pedían al sujeto que se tranquilice. Ninguno negó su participación en los mensajes. Todo lo contrario. “Decir que yo he participado es mucho. Yo solo he puesto [la palabra] ‘tranqui’”, dice Cardozo (*). Ambos se abstuvieron de dar más declaraciones para este artículo.

(*) En la primera versión de esta nota esta cita aparecía atribuida a Luis Carlos Arce, cuando en realidad fue dicha por el señor Cardozo.

Galliani creció en una de las zonas más exclusivas y excluyentes de La Molina. A los 19 años, según un parte policial, se cruzó frente a un vehículo “al parecer en evidente signo de ebriedad” y fue atropellado. Según su cuenta de LinkedIn, que tuvo que borrar por estos días, es egresado de la Universidad Pacífico y trabajó hasta febrero en la cervecera transnacional AB Inbev, dueña en el Perú de Backus. 

No sabemos qué logros tiene el señor Galliani, pero al menos al interior de este chat de amigos el joven encontraba eco entre sus congéneres. Alberto Parodi, a quien hemos identificado como Alberto Parodi Castro (29), responde: “Serrano ignorante, tío, es la verdad. Es de la sierra e ignora demasiadas cosas que un candidato presidencial debería saber, serrano ignorante. Mejor dicho imposible”.

Parodi, egresado de la Universidad de Lima, posee el huachafo título de ‘managing partner’ en la empresa VC Soluciones Legales, una firma dedicada a la asesoría jurídica de empresas y de la cual es gerente. Es, además, comentarista del medio deportivo ‘Ovación’. Nos comunicamos con el medio, pero no pudieron ubicar a Parodi a lo largo del día. Tampoco contestó nuestras llamadas y mensajes al número que coloca en el sitio web de VC.

parodi racismo
A la izquierda: los chats donde Alberto Parodi Castro llama “serranaso de mierda” a Pedro Castillo. Derecha: Parodi, egresado de la Universidad de Lima, quien tiene el huachafo título de managing partner en la empresa VC Soluciones Legales.

El pasado 11 de junio, sin embargo, esta empresa publicó un comunicado aceptando la veracidad de los mensajes. “No compartimos las prácticas realizadas por Alberto Parodi, ya que no representa la identidad ni los valores emprendedores, de crecimiento y desarrollo” de la empresa. Y añadía: “Cumplimos con informarles que hemos tomado las medidas correctivas correspondientes y hemos removido a Alberto Parodi del cargo de gerente general de la compañía”.

En la conversación, aparecen otros dos personajes a quienes no hemos podido identificar plenamente. Uno respondía refiriéndose a Castillo, y en mayúsculas, como “SERRANO ASQUEROSO”. Y otro hacía lo propio: “Es un campesino, es lo que es. SERRANASO DE MIERDA”. Todos los amigos tienen como núcleo social al colegio de sodalites ‘San Pedro’. 

Según algunos abogados consultados para este breve informe, el Ministerio Público podría actuar de oficio y abrir una investigación. Esperamos que así sea.

comunicado VC soluciones
Comunicado de la empresa VC Soluciones Legales publicado el 11 de junio en el que rechaza “las prácticas realizadas por Alberto Parodi” y corrobora la existencia del chat.

 

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Elecciones 2021, Pedro Castillo, Racismo

Ha sido recordada estas semanas por un vaticinio: Keiko será la primera presidenta mujer del país y luego despertará. ¿Qué la hacía pensar en el 2019 que esto iba a ser efectivamente así?

Yo era congresista y era la época más dura del obstruccionismo, la mentira, el atraso, los gritos de una bancada, de otra, del terruqueo. A ellos no se les podía decir nada, por más que no tuvieran la razón. Recuerdo bien en esa entrevista que mencionas, cuando Beteta dice que Keiko será la presidenta, todavía en el Bicentenario. Claro, pues, les dije: ‘será y después despertará’. Porque creo que ningún peruano en pleno uso de sus facultades quiera eso para el Perú.

El fujimorismo negaba haber liderado un Congreso obstruccionista [finalmente lo aceptaron]. Usted tiene ejemplos de que sí lo fueron.

No solo ejemplos, tengo sistematizado cada una de las reuniones en las comisiones, cómo entraban en bloque, cómo te cambiaban el voto y se iban. Y si alguien con el cual ya habían conversado les fallaba, les hacían un escándalo. Me parece perturbador ahora decir que las dos candidaturas eran las peores opciones. No podemos comparar a un profesor de primaria, multigrado, que viene de pobreza, de zona andina rezagada, con una señora que ha tenido todos los beneficios en estudios, en status de vida, en preparación. Ahora que hemos visto que todo el mundo se puso a sus pies, no podemos comparar.

Usted cree entonces que el actual comportamiento de Keiko Fujimori, negando su derrota hasta el final, es la continuación de la lógica de aquellos años en el Congreso.

No solo eso. Tenemos 30 años defendiéndonos de las decisiones del fujimorismo, de lo que dice, de lo que trae, de lo que lleva. No te olvides que en la familia hay muchos elementos perturbadores: el hermano Kenji y las acusaciones de Limasa, el tema de Joaquín Ramírez, las tías que vendían la ropa donada por agentes internacionales. ¿Todo un circuito de corrupción lo vamos a olvidar en unas elecciones solamente por una campaña de terruqueo o porque goza de todos los aliados que ha tenido para generar miedo, terror? No puede ser.

Ahora, usted fue parte de la bancada que compartió mesa directiva con el fujimorismo por aquellos años, Alianza para el Progreso (APP). El señor Acuña hijo [Richard], por ejemplo, fue blindado en ese Parlamento frente a investigaciones que tenía en Trujillo por apropiarse de un terreno.

Fue blindado él, fue blindado Donayre, fue blindado Benicio Ríos, como son blindados ahora otras personas luego de haber sido yo fundadora de APP, dos veces secretaria nacional, de haber viajado por todo el país pidiendo a las mujeres que participen en política. Se puede decir que hay militantes muy buenos, importantes en APP, pero lamentablemente los intereses económicos de la cúpula o sus problemas con la justicia son más fuertes que la verdadera democracia. Yo anticipé en reiteradas oportunidades la mala actuación de la bancada. Y si analizan todas mis votaciones, cuando estas tienen que ver con principios, mi voto no va con la bancada. Yo no iba a ser siempre la opinión divergente. Por eso renuncié.

César Acuña parece estar arrimándose ahora a Castillo, luego de haber dicho que Keiko era la opción democrática. ¿Qué opina del señor Acuña?

Creo que cometió un gravísimo error en pegarse a Keiko Fujimori, en pegarse nuevamente a la corrupción. Siendo él de la misma tierra del profesor [Tacabamba], de una zona rural de extrema pobreza. Siendo él uno de los liderazgos importantes en el norte, debió dar ejemplo y, más bien, ayudar a esa esperanza que tiene el pueblo por un Perú libre de corrupción, de racismo, de discriminación, de violencia. Creo que perdió una oportunidad.

¿Y qué cree que lo motivó, ansias de poder o la búsqueda de un blindaje frente a eventuales investigaciones?

Creo que como él, muchos líderes que se pegaron a esta opción de extrema derecha lo hicieron de manera totalmente interesada, totalmente inconsecuente con aquello que dicen los principios partidarios y con aquello que busca la política. Lamento muchísimo la intervención de Mario Vargas Llosa. Lamento y me duele la participación de Cateriano. Lamento y me duele que muchos empresarios puedan terruquear a la gente y puedan hacer sentir que el otro es menos, que el otro no vale, que los votos que vienen de la serranía no tienen valor. Yo creo que hay un rol ciudadano, un rol de partidos políticos y de la empresa privada, y la mayoría de estas en esta contienda electoral se ha comportado dándole la espalda al bien común, y a lo que pregonan en su misión y visión empresarial.

¿Usted votó convencida por el señor Pedro Castillo?

Voté convencida y he estado todo este tiempo hablando sobre el tema con los grupos de voluntarios y voluntarias que hacemos trabajo social, mostrando la realidad de las zonas de pobreza y extrema pobreza. Por ejemplo, cómo en las zonas mineras desde donde sale el mineral directo al extranjero no cuentan con agua, ni electrificación, ni desagüe. Son zonas donde las pistas no duran un año por la corrupción y donde hay muchas autoridades presas. Hemos analizado cuántos alcaldes han sobrevalorado las canastas de alimentos en esta época de pandemia.

Sin embargo, Castillo y Perú Libre no han propuesto absolutamente nada para corregir esta descentralización fallida y corrupta de la cual el señor Vladimir Cerrón es parte.

Julio, la pregunta es: ¿pensaban ellos llegar a segunda vuelta? ¿Estaban preparados para eso? Esta es la tercera presentación de la señora Keiko, que ha tenido técnicos, ha tenido de todo y tampoco satisface su plan de gobierno. Por eso, este es el momento en que técnicos de manera plural se unan, aporten. Tú has tocado un tema central. Hay que trabajar por una verdadera descentralización, que no solo pase por la desconcentración del poder, sino que transfiera recursos, que fortalezca capacidades, que dé tecnología y una Contraloría que haga control concurrente, que sea vigilante para que los recursos se usen de la mejor manera y se rinda cuentas a la ciudadanía. Yo me quedo con el plan de gobierno del Partido Morado, que se trabajó durante años con técnicos, gente correcta, gente honesta.

Un Partido Morado en el que usted sigue inscrita, pero que hace agua, que naufraga.

Como todos los partidos. Mira Acción Popular y las corrientes que tiene, mira APP y su desempeño. Tócame a cualquier partido. ¿con cuál te quedarías?, ¿con Podemos Perú? Por eso es la importancia de fortalecer partidos, de hacer que realmente funcionen y que haya muchos jóvenes que les guste la política, que se formen para ello, con una mente plural, crítica y de sana convicción a favor del Perú y sus necesidades. 

¿Se quedará entonces en el Partido Morado?

Claro que sí. Yo respaldaré a todo aquel que represente al país, que quiera el bienestar al país y que pueda sumar a esos esfuerzos de inclusión social, de desarrollo social junto al económico. Porque si ese crecimiento económico no lo transformamos en desarrollo  que permita una sana gestión descentralizada, pues el país no va a avanzar como quisiéramos.

Regresemos a un eventual gobierno de Castillo. Usted ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿teme lo que se pueda hacer en esa cartera, en vista de la actitud machista, homofóbica, transfóbica que ha mostrado el señor?

Qué bueno que ahora todos toquen el tema. Por donde he ido, he hablado del daño que le hace la cultura machista a nuestro país. El daño del machismo y la cultura patriarcal lo vemos no en un candidato, lo vemos en todos. Y ahora en los dos finalistas. Pero sí me gustó mucho cuando veo cómo el profesor Castillo se despide de su familia, cómo su hijita se prende de él y cómo la recibe. En una mente que quiere a sus hijos, a sus hijas, es fácil comenzar a hablar y tocar estos temas de la diversidad. Yo sé que lo van a entender, que se podrán trabajar estos temas. Lo que no se puede entender es cómo una persona educada con nuestro dinero en el extranjero [se refiere a Fujimori], que tiene a la mano todos los técnicos que quisiera, que pone en su plan de gobierno la importancia del enfoque de género, nunca lo cumplieron. Y nunca aprobaron proyectos de ley importantes en la parte social solo porque llevaban la palabra “género”.

Ahora, “género” no es una palabra que le guste mucho a Castillo, ¿no?

En el momento que entienda que el enfoque de género tiene que ver con igualdad de oportunidades, con igualdad ante a ley… Yo le preguntaría: ¿te gustaría que tu hijita sea una gran científica o prefieres que se quede en un lugar sin que se le dé la oportunidad de desarrollarse? Sería bueno que Cajamarca, Cusco, Puno tengan centros tecnológicos de desarrollo donde hombres y mujeres puedan ingresar, aprender y desarrollarse. Le voy a decir: ‘ese es el enfoque de género, así que sé que estás de acuerdo con él’.

Eso quiere decir que lo va a ir a visitar pronto.

Bueno, soy muy activa en redes y supongo que me lee.

¿Y no teme lo que pueda hacer en general con la institucionalidad y la economía teniendo en cuenta que alrededor de Castillo hay personajes que hablan de “pelotudeces democráticas” o está el mismo señor Cerrón, que tenía un ideario leninista?

Mira, analiza ese plan, esas frases, esos personajes. Y analiza también a Acción Popular, que habla de pluralidad, de respeto, de democracia, de institucionalidad, y que fue el que se trajo abajo al presidente. Una cosa es lo que está escrito y otra lo que puede ser o no ser. Lo que sí es seguro es que el profesor no tiene mayoría en el Congreso para hacer cambios radicales, no tiene la posibilidad de intervenir en el TC, ni el radicalismo sembrado. Él ha estado en el partido de Toledo. Yo lo atendí en mi despacho cuando fue la huelga magisterial, he podido conversar con él. No vi ningún término radical más allá de lo que despierta la opción sindical. Así que espero que haya una apertura de mente, una conciliación de criterios y poner sobre la mesa aquello que el Perú requiere de manera urgente y necesaria.

Finalmente, ¿cree que los próximos cinco años sea un ‘deja vu’ de lo que usted vivió desde el congreso disuelto y en este congreso?

Creo que el fujimorismo no aprende, que tiene elementos muy radicales. Tú los conoces, los conoce el Perú. A ellos hay que mirarlos de frente, no temerles y contestarles. Porque en la medida que los dejemos, si de ellos dependiera, todos seríamos sus súbditos. Entonces no hay que dejarnos. Hay que tenerlos en la mirada y bajo control.

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César Acuña, Elecciones 2021, gloria montenegro, Keiko Fujimori
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