Tiene razón Pedro Francke cuando señala que no se necesita cambiar la Constitución para cambiar de política económica, por lo menos aquella que el equipo económico de Pedro Castillo encabezado por él plantea desplegar.

El único punto donde señala divergencia es en el tratamiento equitativo a la inversión nacional y extranjera. No resulta muy racional que se les distinga, pero si, en fin, quiere hacerlo, pues que proponga la reforma del artículo correspondiente y abandone la peregrina idea de llevar al país, a pie forzado, a la larga marcha de una Asamblea Constituyente.

Podría convencer a Acción Popular (17 congresistas) y Alianza para el Progreso (15) que se sumen a esa iniciativa y con los 42 que ya tiene (37 de Perú Libre más 5 de Juntos por el Perú) lograría 74 votos, el número suficiente para aprobar una reforma constitucional en primera instancia que luego sea aprobada en un referéndum.

En cambio, insistir en una Asamblea Constituyente es un suicidio político. Ni la ciudadanía lo quiere ni la realidad congresal lo permite. La única forma de llevarla cabo pasa por conducir al país al reino absoluto de la incertidumbre política por lo menos durante dos años, en desmedro de la estabilidad que justamente el eventual gobierno de Castillo va a necesitar para aplicar su nueva política económica.

Solo podría hacerlo disolviendo el Congreso, con lo cual el horizonte político pasaría por una nueva elección congresal. Si allí consigue al menos los 65 votos para aprobar el cambio del artículo 206 que agregue la potestad al Ejecutivo de convocar a un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente, recién tendría que convocar a un primer referéndum para aprobar esa reforma.

Luego de ello, si ese referéndum le resulta favorable, tendría entonces la capacidad legal de convocar al segundo referéndum esta vez para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con convocar a una Constituyente. Si gana esa consulta popular, recién entonces podrá convocar a elecciones para conformarla. Y solo si gana a su vez esa elección y logra mayoría en la Asamblea, podrá cambiar la Constitución a su antojo, en un proceso deliberativo que no durará menos de nueves meses.

Todo ello supondrá al menos resignar dos años de gobierno en medio de absoluta zozobra política, a la espera del resultado final. Inversiones paralizadas, agentes económicos en suspenso, consecuencias negativas para la economía, que más bien debería fluir aprovechando el super ciclo de precios de materias primas que se avecina. Ojalá Francke entre en razón y consiga lo propio con el maestro Pedro Castillo.

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Asamblea Constituyente, Pedro Castillo, Pedro Francke

Según la última encuesta del IEP, un 66% de la población considera ganador de las elecciones del pasado 6 de junio a Pedro Castillo. Eso quiere decir que al menos un 16% de los votantes de Keiko Fujimori cree que el ganador fue su adversario.

A la vez, según la misma empresa encuestadora, un 69% desaprueba la actuación de la candidata de Fuerza Popular después del día de las elecciones. Eso quiere decir también que al menos casi un 20% de los votantes de Fuerza Popular no está de acuerdo con el modo en que su candidata se ha venido comportando, alegando fraude e impugnando el resultado de la ONPE.

No hay hasta el momento, reiteramos, prueba fehaciente o indicio poderoso e irrebatible de que la jornada electoral haya estado teñida de irregularidades en masa que hayan hecho que el conteo rápido de Ipsos o el oficial de la ONPE hayan sido tergiversados, otorgándole un triunfo ilegítimo al candidato de Perú Libre.

Por cierto, hacemos votos para que el JNE acepte revisar todos los recursos de impugnación, inclusive los presentados después de la hora, y hacemos lo propio para que el hábeas data presentado por abogados allegados a Keiko Fujimori prospere y hagan que la ONPE muestre los padrones electorales y así permitan a cualquier veedor ciudadano o político confirmar o desmentir la tesis del fraude.

En tanto eso no ocurra, sin embargo, la reacción política que disputa los resultados está siendo interpretada por la ciudadanía como una pataleta picona de la perdedora. Y eso le resta inmensa legitimidad opositora a la derecha aupada detrás de la excandidata de Fuerza Popular.

La derecha congresal tiene 44 votos en el Legislativo, los suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional o de directores del Banco Central de Reserva. Tiene un poder inmenso que un sector de la ciudadanía espera que ejerzan con rigor y al mismo tiempo con inteligencia.

Si la derecha parte del no reconocimiento del triunfo de Castillo y lo considera ilegítimo, sin pruebas de su creencia, lo más probable es que los siguientes años (los que dure el nuevo Congreso), la labor de este segmento ideológico de la clase política peruana sea una dedicada al sabotaje antes que a una oposición recia y democrática.

En esa línea pueden terminar haciendo realidad su propia profecía: la radicalización reactiva de Castillo y su confrontación total con el Legislativo que probablemente lleve a su cierre para llevar adelante la tesis máxima de la Asamblea Constituyente.

La derecha radicalizada ha construido una narrativa irresponsable de fraude que lamentablemente ha calado en la opinión pública. Con fake news, dudosos especialistas, cobertura grandilocuente de los medios televisivos de señal abierta y complicidad de buena parte de la clase política, han asentado ese lugar común.

Y en ello también tiene responsabilidad la gente de Perú Libre. Según la última encuesta de Datum, un 65% del país considera que hay indicios de fraude; 85% de los que votaron por Keiko y 50% de los que votaron por Castillo lo piensan así. Un desastre político desde donde se le mire, que teñirá de ilegitimidad de base al inminente triunfo de Castillo en las urnas.

Mecha corta va a tener el candidato de Perú Libre para gobernar. No solo desplegará su gestión bajo las mencionadas sombras de la sospecha sino que pronto deberá lidiar con otra realidad incontrastable: el voto detrás suyo ha sido un voto anti establishment, no uno ideológico activista ni comprometido con su ideario radical de origen.

Según la propia Datum, un 69% está en desacuerdo con prohibir importaciones (entre ellos, nada menos que un 47% de los propios votantes de Castillo); 78% está de acuerdo con que se mantengan los tratados de libre comercio (73% de los que votaron por Perú Libre); 67% considera inadecuado el control de precios (65% entre los que votaron por el lápiz); solo 20% considera que se debe hacer un cambio total de la Constitución y un mayoritario 63% que solo algunos cambios (un similar 63% de los que votaron por Castillo considera que solo debe hacerse algunos cambios y apenas un 30% cambios totales). La mayoría contra el ideario de Cerrón.

Más razones para que Castillo entienda que su mandato está obligado a contemporizar si no quiere provocar un descalabro mayúsculo en el país y eventualmente poner en riesgo su propia estabilidad y permanencia en el cargo.

El país no quiere modelos estatistas, antimercado, ni radicalidades constitucionales. Ni siquiera los propios votantes de Castillo. Si éste soslaya esta realidad y se deja seducir o intimidar por el chantaje cerronista, cavará su propia tumba política, porque pronto caerá en niveles altos de desaprobación, las bancadas congresales le darán la espalda a un mandatario impopular y no logrará sostenerse con sus apenas 42 congresistas (sin considerar que los 12 incondicionales de Cerrón también podrían volteársele). En cambio, tiene el camino de la gobernabilidad a la vista. Es cuestión de que se guíe por la sensatez y el pragmatismo.

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Extrema derecha, Fraude electoral, Perú Libre

“Postergando la proclamación de Pedro Castillo piensan deslegitimarlo políticamente, sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría”.

Este tuit de ayer 20 de junio de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, pone en clara evidencia que los términos internos del partido que es casi un hecho nos gobernará cinco años no son tan pacíficos como algunos voceros pretenden mostrar.

Evidentemente, el sector cerronista no ve con buenos ojos la presencia creciente de técnicos y economistas de Juntos por el Perú (Pedro Francke, Oscar Dancourt, etc.) que ya han morigerado los términos radicales de la proclama vigente en el ideario de Perú Libre presentado en primera vuelta e, inclusive, de los contenidos en el Plan Bicentenario de la segunda vuelta.

Castillo no ha desmentido en ningún momento las declaraciones oficiosas de Francke y éste se ha despachado en eventos privados y medios, dando por sentado que representa la voz official del probable gobierno entrante. Hay una intento de Castillo por moderar sus posturas iniciales y Cerrón no lo quiere.

¿Qué consecuencias puede traer ello para la gobernabilidad del país? De hecho, hay que partir de la constatación de que Cerrón controla absolutamente al menos 12 congresistas de Perú Libre. Si rompen con Castillo por su moderación, dejarían a la bancada oficialista solo con 25 congresistas propios más los cinco de Juntos por el Perú, apenas 30.

Necesitaría con urgencia llegar a un acuerdo con las bancadas de centro, que suman 44 parlamentarios (17 de Acción Popular, 15 de APP, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados) y así llegar a 74 votos, que le permitan gobernar sin sobresaltos y además que se apruebe la reforma tributaria que plantea aplicar al sector minero y que según los cálculos de Francke, deberían permitirle (junto con el combate a la elusión y evasión), aumentar la presión tributaria de 14 a 22% del PBI (promedio de la región).

Ese acuerdo debe suponer, sin embargo, algunas concesiones, que pasan desde la conformación de un gabinete multipartidario hasta la renuncia explícita a forzar la disolución del Congreso o la convocatoria a un referéndum para imponer a como dé lugar una Asamblea Constituyente, lo que solo generaría caos e incertidumbre (según la última encuesta de Datum apenas el 20% del país está de acuerdo con un cambio total de la Constitución).

El genial político y periodista Enrique Chirinos Soto siempre señalaba que la vitamina más poderosa, la que movilizaba más las potencialidades y capacidades del ser humano, la que elevaba sus defensas en grado extremo, la que no tenía competencia respecto de cualquier otra sustancia, era la “vitamina P”, la vitamina del poder.

Hay cientos de estudios psicológicos que demuestran, en efecto, el grado sumo de influencia que tiene en cualquier persona el ejercicio de algún tipo de poder, así sea mínimo. Lo que deberíamos saber, sin embargo, es que su impacto tiene doble valencia: potencia tanto lo bueno como lo malo: la hiperactividad productiva como la psicopatía destructiva.

Hasta que Pedro Castillo no asuma cabalmente las riendas del poder no vamos a saber qué aspecto de su personalidad incrementará y cuál no. De ello dependerá, en gran medida, que prime un Castillo que sepa leer la adversidad que le muestra casi la mitad del país, y que concilie para tratar de ponerlo de su lado. O más bien que aflore un Castillo narcisista, creyente en su poder omnímodo y que busque así la confrontación patológica con el adversario para buscar su aniquilación.

A Toledo el poder se le subió a la cabeza muy pronto y convirtió a un líder contra la corrupción en un tremendo sinvergüenza que ya a los pocos meses de estar en Palacio recibía coimas de Odebrecht. A García le elevó a la máxima potencia un ego ya colosal de antemano, pero al menos en su segundo gobierno eso lo convirtió en hiperactividad proempresarial (lastimosamente nunca supo entender qué era una postura promercado antes que proempresa, pero ese juicio quedará ya para la historia); en su caso, ya había maltratado los influjos malignos del poder en su primera gestión, así que no le impactó mucho en su segunda.

A Ollanta Humala es al presidente que menos cambió el poder. Quizás acostumbrado ya al mando y a manejar situaciones complejas en su carrera militar, el ejercicio del poder no lo envaneció ni lo mareó. A Kuczynski lo transformó en un tipo soberbio, frívolo en extremo, indolente, incapaz de entender la inmensa tarea política que tenía al frente (en gran medida, que hoy estemos a punto de tener a un radical en el gobierno es también responsabilidad de su pésima administración).

Cuando Castillo asuma el poder a plenitud recién sabremos el camino político que seguirá, porque será su talante personal el que lo guiará sobremanera y no sólo las ideas o razones que lo puedan acompañar o le puedan mostrar.

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Pedro Castillo, Poder

En reciente entrevista hecha al alimón por varios economistas a Pedro Francke, vocero oficial de Pedro Castillo, publicada en El Comercio, éste no argumenta con fundamentos respecto de por qué es necesaria una Asamblea Constituyente para llevar a cabo el plan de gobierno que, según él, van a aplicar en caso de llegar al poder.

Es una mala noticia esa ambigüedad, porque no renuncian a esa premisa política y de no hacerlo colocarán al país en una pendiente de zozobra permanente. Forzar la Asamblea Constituyente sin tener la mayoría de votos en el Congreso (tienen apenas 42), probablemente lleve al camino de la cuestión de confianza para disolver el Congreso y ver si en esa nueva elección logran la mayoría calificada para sus propósitos, escenario políticamente inseguro dada la movilización activa de la derecha, que probablemente la haga tener mayor presencia, inclusive, que la que tiene actualmente en el Legislativo (44 congresistas).

Y suponemos que no nos vamos a pasar los cinco años de gobierno forzando cuestiones de confianza y disoluciones del Congreso hasta que por fin le toque en suerte uno que le permita los 87 votos necesarios para reformar la Constitución.

Otro escenario, menos confrontacional, es que logre llegar a un acuerdo con las bancadas de centro (APP, AP, Podemos, Somos Perú y morados), que suman 44 votos y con ellos logre 86 votos, que no le alcanzan para zanjar el tema, pero sí para aprobar por mayoría la reforma que le permita al Ejecutivo convocar a referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente (modificando el artículo 206 de la Constitución) y luego de ello convocar a un referéndum.

Habría entonces un primer referéndum para saber si se aprueba la reforma constitucional. Si lo gana, habría otro referéndum convocado ya por el Ejecutivo directamente para ver si se aprueba la Asamblea Constituyente. Si lo gana, se convocaría a dicha Asamblea. Si gana la mayoría en ella, recién podría reformar la Constitución a su antojo.

En medio de toda esta batahola, el país inversor estaría paralizado por la incertidumbre, desperdiciándose el super ciclo de precios de las materias primas que se avecina, que le podrían permitir a Castillo, si despliega un programa moderado y se olvida de la Constituyente, llegar al término de su gobierno con buenas cifras y mejores consecuencias políticas.

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Asamblea Constituyente, Pedro Castillo, Pedro Francke

Está jugando con fuego la derecha, hoy aupada bajo el mando de Keiko Fujimori, al no deslindar con claros pronunciamientos golpistas expresados, por ejemplo, en una proclama firmada por centenares de oficiales militares en situación de retiro conminando a sus mandos en actividad a que tomen cartas en el asunto e impidan la proclamación de Pedro Castillo como Presidente, bajo la sola sospecha, aún no probada, de que ha habido un fraude electoral en el Perú para favorecer un triunfo ilegítimo del mencionado candidato y que éste asuma el poder espuriamente.

Se entiende la desazón y eventualmente la convicción de algunos voceros de Fuerza Popular respecto de que su eventual derrota se ha debido a maniobras irregulares en ciertas localidades del país donde Perú Libre logró alzarse con el triunfo. De allí que nos parece legítima su lucha legal por lograr que el JNE atienda sus pedidos de impugnación y que no lo limite en función de temas horarios o asuntos menores.

Pero lo que no puede trasponerse es el marco legal para librar esa batalla. Lo que corresponde es pelear hasta las últimas aristas jurídicas posibles, con todos los recursos impugnatorios y legales pasibles de aplicarse a una circunstancia como la que nos toca enfrentar. Pero el telón de fondo sobre el que no debería caber discrepancia alguna es que sea cual sea el fallo final del JNE éste debe ser acatado sin dudas ni murmuraciones.

Si acepta las impugnaciones, las avala y le otorga el triunfo a Keiko Fujimori, aunque las huestes de Castillo incendien el país, el resultado se deberá respetar e imponer. Y si el fallo final favorece a Castillo, las fuerzas crecientemente beligerantes de la derecha deberán aceptar el resultado, resignarse a ver los siguientes cinco años un gobierno probablemente mediocre y negativo para el país, y esperar a que el 2026 el país haya aprendido de la nefasta experiencia y nunca más cometa el error de votar por la izquierda.

La llamada a los cuarteles, directa o indirecta, forma parte de un delirio colectivo al que un sector numeroso de la derecha se está sumando peligrosamente. Paños fríos y racionalidad democrática es lo que cabe anteponer como imperativo en estos momentos de conmoción en un Perú dividido en dos.

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Derecha, Fraude electoral, Golpe de estado

En el caso de ganar Castillo, mucho del destino político y social del país va a depender del papel de bisagra y de contención que ejerza el centro en el Congreso de la República. La izquierda está definida: son 42 (37 de Perú Libre y 5 de Juntos por el Perú); la derecha lo propio: son 44 (24 de Fuerza Popular, 13 de Renovación Popular y 7 de Avanza País).

En el centro recalan 17 de Acción Popular, 15 de Alianza para el Progreso, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados, en total 44. En el escenario de un Castillo tirado al centro, más moderado, con el plan de Francke bajo el brazo, es factible que se llegue a un acuerdo con este numeroso sector de congresistas y lograr así un holgado grupo de 86 votos, con los cuales se podría, sin problemas, hacerse las modificaciones tributarias que se han planteado particularmente para el sector minero (que es de donde Castillo piensa sacar la caja para sostener su proyecto de reconstrucción del Estado en materia de salud y educación).

Pero el elemento de negociación que el centro debería anteponer es que Castillo arríe las banderas de la Asamblea Constituyente. Primero, porque no es necesario para aplicar el plan Francke y segundo porque de querer hacerlo va a someter al país a una zozobra política e incertidumbre social gigantesca, cuyo principal perjudicado va a ser el propio gobierno (con las inversiones privadas retraídas no hay país que pueda prosperar).

La única manera de asegurarnos que el período Francke no sea una primavera rosada que a renglón seguido, apenas se acomode en el poder Castillo, dé paso a un verano rojo liderado por las huestes cerronistas, pasa porque Castillo renuncie a la idea de refundar constitucionalmente el país, pretensión que choca con el rechazo de por lo menos la mitad del país que no votó por aquella.

Meterse el escenario de una eventual disolución del Congreso, nuevas elecciones congresales, o referéndum inicial para ver si se convoca otro que consulte si se va a una Constituyente, elecciones para la misma, etc., teniendo en el medio planeando la posibilidad de una vacancia, sería una demostración de irracionalidad que ojalá Castillo entienda que sería terrible para el país y su propio mandato.

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Centro, Congreso, Pedro Castillo, Pedro Francke

Es políticamente muy importante que la derecha haya logrado el nivel de movilización que ha mantenido en ristre luego del proceso electoral. Más allá de algunos excesos, si se confirma el triunfo de Castillo, se avecinan varias pruebas políticas de primer orden que van a requerir que la mitad del país que votó por la derecha no se adormile o se desactive.

Aun en su plan moderado -el de Francke y Dancourt- el eventual gobierno de Castillo no descarta el camino del referéndum y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ello nos va a llevar a un nivel de confrontación permanente.

La única manera de lograr ese propósito pasa por conseguir 87 votos en el Congreso en dos legislaturas. No los tiene. Segunda opción: 66 y posterior referéndum. Tampoco los tiene.

Lo que va a hacer Castillo, si no desiste de la idea de la Constituyente, es presentar un proyecto de reforma constitucional del artículo 206, en el cual se plantee que el Ejecutivo pueda convocar directamente a un referéndum para disponer que el pueblo decida. Y hacer cuestión de confianza de ello.

Negada dos veces la cuestión de confianza, disolverá el Congreso. En consecuencia, habría elecciones prontas para nuevo Congreso. Allí la derecha tendrá que dar una batalla para ganar la mayor representación. Si la pierde y Castillo consigue la mayoría absoluta (87 congresistas) para aprobar reformas constitucionales, ya no habría necesidad de una Constituyente.

Pero si Castillo no consigue si no mayoría relativa, aprobará la reforma y deberá convocar a un nuevo referéndum para saber si se aprueba o no esa reforma constitucional. Segunda batalla política de la derecha será ganar ese referéndum. Si Castillo lo gana, podrá desde el Ejecutivo convocar otro referéndum ya para decidir explícitamente si se convoca a una Constituyente. Tercera batalla de la derecha.

Si finalmente se convoca a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente, será la cuarta batalla política que la derecha tendrá que dar para impedir que suceda lo de Chile y se imponga una mayoría de izquierda que logre cambiar el modelo que tantos éxitos le ha dado al país.

Para librar todas las contiendas electorales señaladas, en caso de ganar Castillo y persistir en su despropósito (no se necesita cambiar la Constitución para desplegar un gobierno de izquierda moderado como el que anuncian Francke y Dancourt), la derecha tiene que mantener el músculo entrenado y el activismo al tope.

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