La reciente trifulca surgida respecto de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria debiera servir también, de paso, para despercudir a la derecha y que empiece a marcar su cancha ideológica sin tapujos.

Claramente, la ley de marras se trata de una norma que en su capítulo laboral ha sido enormemente positiva y así lo reconocen todos aquellos que no están influenciados por prejuicios de izquierda respecto de beneficios laborales inconducentes. Hay encuestas que además indican lo propio. La gente mayoritariamente está a favor de flexibilizar la legislación laboral si la misma va a servir para generar empleo.

Pero la derecha, salvo Fernando Cillóniz, ha guardado cautelas inconducentes sobre la materia. Se anda con remilgos, como si las mayorías pensasen lo contrario a sus puntos de vista. No hay medición de la opinión pública que no demuestre que la mayoría del país comulga con criterios de derecha. ¿Por qué entonces tanto pudor?

Una encuesta de Ipsos a propósito de orientación económica de los peruanos es muy clara. El 13% se autodefine como controlista y el 26% como semicontrolista, es decir un 39%, que no es poco, pero no es la mayoría. En sentido contrario, un 47% se define como de semilibre mercado y un 15% abiertamente de libre mercado. Es un 62% del país que claramente se inclina por un modelo más o menos liberal o afín a criterios que conlleva una economía de mercado.

La mayoría está a favor de la inversión minera, de la privatización de empresas públicas, de la libertad de fijación de precios, de la flexibilización laboral, de la inversión privada primordial, etc.

A ese sector mayoritario del país es al que se debe dirigir la derecha sin pudores tontos. La izquierda le aventaja en ello. Mendoza, Arana, Castillo o Vega dicen lo que piensan y no se andan en curatelas absurdas. Y así van creciendo poco o poco o convenciendo a los incautos.

La definición de esta elección va a ser muy apretada y no va a influir para nada el sambenito de que mientras más al centro se sitúe uno mejor le va a ir. Por el contrario, la soberana crisis múltiple y simultánea que vivimos ha sincerado los pensamientos de la gente. Es hora de que los candidatos de la derecha lo entiendan así.

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Francisco Sagasti, Ley de Promoción Agraria, Paro

Es una feliz conjunción la presencia de autoridades mujeres en altas instancias del poder, tales como Marianella Ledesma en el Tribunal Constitucional, Elvia Barrios en el Poder Judicial, Zoraida Ávalos en la Fiscalía de la Nación, Violeta Bermúdez en la Presidencia del Consejo de Ministros y Mirtha Vásquez de Presidenta del Congreso de la República, amén de diversas ministras, sumadas a la también inédita presencia de mujeres en las cabezas de importante gremios empresariales (María Isabel León en la Confiep, Leonie Roca en AFIN, Claudia Cooper en la Bolsa de Valores, Elena Conterno en IPAE, Cayetana Aljovín en la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Torriani en la Cámara de Comercio de Lima, y por añadidura Carmela Sifuentes en la CGTP).

Por supuesto, es indicador del permanente avance del empoderamiento de la mujer en la sociedad peruana, pero no puede destacarse esta presencia significativa si no va a la par de la puesta sobre el tapete de sinfín de puntos de agenda que es menester atender. Se debe pasar de lo femenino a lo feminista. Y allí hay mucha tela por cortar.

Por ejemplo, desde el sector mujer, implementación y presupuesto para la política de igualdad de género, reforma del Programa aurora, programa que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero que tiene muchísimas quejas sobre atención.

Desde salud, seguimiento a la aplicación del protocolo de aborto terapéutico y garantizar que se distribuya la AOE (anticoncepción oral de emergencia). A la postre, el país ya debería incorporar desde el más alto nivel la posibilidad de aprobar el aborto de libre albedrío (¿alguna de las mujeres citadas lo pensará y estará dispuesta a promoverlo? Sería de inmensa ayuda).

Se debe, asimismo, garantizar el enfoque de igualdad de género e intercultural en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas e impulsar un protocolo interinstitucional para la atención e investigación de casos de mujeres y niñas desaparecidas.

Debe haber asimismo una estrategia nacional para erradicar la política de sueldos diferenciados que existe en el sector público y privado dependiendo de si el trabajador o ejecutivo es hombre o mujer.

Estas son tareas que corresponden a la gestión de Sagasti. Ya es hora de que la agenda feminista se instale como política pública y qué mejor que la grata circunstancia de tener a tantas mujeres en cargos de influencia para propender a ello y para exigirle al gobierno que haga al respecto.

El gobierno no viene dando pie con bola. Ahora anuncia que quiere derogar el aspecto laboral de la Ley de Promoción Agraria y dejar incólume el tributario, cuando es exactamente al revés lo que la realidad aconseja.

En verdad, la flexibilidad laboral que existe en el agro o en sectores como construcción civil debería extenderse al resto de la economía (iniciativas como la bautizada “ley pulpín” eran buenas, pero la algarada callejera se la tumbó). El llamado régimen general laboral es solo posible de ser cumplido por las empresas con alta productividad y así ya lo están haciendo.

En general, lo que se necesita en el agro es modernizar a la pequeña propiedad, que se integre al gran mercado y de esa manera mejore su rentabilidad y por ende las remuneraciones de sus trabajadores (ellos sí en situaciones casi feudales de subsistencia).

Si el Ejecutivo insiste en su propuesta o lo que es peor el Congreso va más allá y deroga la ley completa, el principal afectado va a ser el trabajador agrario porque o será despedido, reemplazado por máquinas o simplemente transitará hacia la informalidad.

Lo peor que puede hacer Sagasti es disponer un gobierno hiperreactivo a las crisis. Se publican diez comunicados rancios contra la purga policial, se vuela al ministro; le hacen bloqueos en las carreteras, se tumba la ley, sin meditar correctamente; y así sus ocho meses van a ser un suplicio político.

Por lo pronto, haría bien en afinar una estrategia frente a la protesta social. Normalmente, en periodos preelectorales suelen intensificarse, pero en el caso particular que vivimos, sin posibilidad de que se desplieguen campañas electorales propiamente dichas (mítines, visitas, etc.), la protesta se convierte en un mecanismo de campaña.

Frente a ello, tiene que tener reflejos y a la vez sapiencia. No se trata de querer contentar a tirios y troyanos. A la izquierda le ofrece volarse la ley y a la derecha le garantiza represión. Al final, lo peor de ello, es que ni la izquierda ni la derecha van a quedar contentas y el gobierno va a transitar antes de lo pensado por una crisis de subsistencia. A este paso va a llegar extenuado a las elecciones de abril del próximo año.

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Francisco Merino, Francisco Sagasti, Gobierno

El presidente Sagasti le ha entregado la cabeza del ministro del Interior, Rubén Vargas, a los termocéfalos del Congreso, quienes llevados de las narices por la ultraderecha local, amenazaban con no darle el voto de confianza al gabinete Bermúdez si se mantenía en el cargo al titular del Interior.

Por lo que se ve, la mano firme cuando escribe, acaricia y golpea -según sus términos-, se empezó a poner temblorosa a la primera andanada política.

Quizás se cometieron algunos errores en la purga policial desplegada por Vargas, pero eso se podía resolver rápidamente sin necesidad de descabezar un proceso necesario, que tenía como objetivo controlar la corrupción policial y sancionar a los responsables de los abusos cometidos durante las movilizaciones recientes. Pero lejos de eso, no solo se saca a Vargas sino que se nombra en su reemplazo a su antípoda. Marcha atrás vergonzosa.

Ya Sagasti había transmitido una sensación de debilidad cuando en su mensaje de asunción del cargo se dedicó a engreír a los mismos congresistas que horas antes habían vacado malamente a Vizcarra e impuesto al inefable Manuel Merino, un operativo digitado por las mafias universitarias, empresarios del Club de la Construcción y ambiciosos de poder político.

Sagasti se equivocaría garrafalmente si se llega a convencer de que va a tener una tregua de esta mafia vacadora que sabe que después de las elecciones e instalación del nuevo gobierno perderá probablemente todo poder de imposición de sus intereses y que por ello saben que se juegan la vida en estos pocos meses. Sin duda se reagruparán para tratar de tumbarse a Sagasti y volver a sentar en Palacio de Gobierno a alguien dócil a sus intereses y con mayor habilidad política que un torpe Merino.

Frente a ello solo queda anteponer mano firme y capacidad enérgica de reacción. A Sagasti solo lo respaldan unos pocos congresistas, pero fundamentalmente la calle, que seguramente se volverá a movilizar si siente que desde el Congreso se perpetra otro zarpazo, pero nada de ello ocurrirá si el inquilino palaciego no se comporta a la altura de las circunstancias y se muestra débil y dubitativo. La calle no marchará para defender a alguien ya rendido.

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Francisco Sagasti

Es realmente digno de un ejercicio psicoanalítico el que amerita el quehacer cotidiano de la derecha empresarial y sus acólitos de terruquear a la primera que se pueda cualquier atisbo de reclamo o protesta social. Desde jóvenes ejecutivos hablando de que la protesta de estos días solo es comparable a la violencia terrorista de los 80 hasta quienes han hecho referencia a que, curiosamente (¿?), coincidía el natalicio de Abimael Guzmán, insinuando de que detrás de las movilizaciones había motivaciones subversivas encubiertas.

Es curioso este tic terruquero. Se puede entender, claro está, el trauma colectivo que en la sociedad peruana ha dejado aún vivo los casi 20 años que sufrimos de violencia terrorista. Sus secuelas psicológicas se trasladarán, inclusive, a una o más generaciones.

Pero si queremos ser objetivos deberíamos decir que el sector social que más sufrió la insania demencial del senderismo, no fue el sector más pudiente del país si no, básicamente, los sectores populares y campesinos en particular. Y los hijos de esos pobres asesinados y violentados por el terrorismo seguramente eran muchos de los que hoy marchan en Ica terruqueados a mansalva.

Es evidente, respecto de la protesta agraria, que hay un problema suscitado por una ley de promoción extendida infinidad de veces y que aún desde un punto de vista liberal merece serias observaciones respecto de la necesidad de su vigencia (un sector como el agropexportador no tiene por qué recibir excepcionalidades distintas a las de otros sectores igual o menos rentables).

Es torpe negarse a entender la lógica de la protesta y por ende conducir el conflicto a tan solo represión policial, como dejaba entrever el candidato Fernando Cillóniz, al reclamar airadamente la presencia del Estado (no se refería, por cierto, a mesas de diálogo o interlocutores calificados, sino a tropa policial represiva que restableciera el orden público).

La derecha terruquera busca un baguazo y después pedirá que rueden cabezas (eso es también lo que busca ahora, desestabilizar al gobierno, aun a costa de muertos y heridos). Es de esperar, por cierto, que el régimen no sea tan tonto de caer en esta lógica alentada por empresarios reaccionarios y sus cavernas periodísticas habituales.

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Gobierno, Terrorismo

¿Puede alguien dudar que durante los primeros meses de la pandemia se produjeron hechos abominables de corrupción al interior de las Fuerzas Policiales? Las denuncias abundaron y con documentación suficiente. ¿Para alguien es un secreto que una de las instituciones más corruptas del país es la Policía? Años de denuncias sin fin lo demuestran y miles de experiencias cotidianas de ciudadanos de a pie lo certifican.

¿A la luz de los hechos conocidos queda alguna incertidumbre respecto del punible manejo de la represión policial durante las marchas de protesta contra la asunción de Manuel Merino como Presidente, que han dejado dos muertos, decenas de heridos, algunos de ellos de irremediable gravedad?

A pesar de todo ello, ha bastado una poda policial efectuada por el flamante ministro del Interior Rubén Vargas para que un sector del país se agite en defensa de la sacrosanta institución tutelar, como si no se tratara de un organismo que quizás requiera, inclusive, de podas mayores y más profundas.

En el colmo de la irresponsabilidad hay medios y analistas que deslizan y difunden los rumores de una paralización policial los próximos días, soñando con una orgía de caos, violencia y sangre que simplemente les sirva como munición para atacar al nuevo gobierno. Y no es casualidad de que la mayoría de estos azuzadores indirectos no sean si no viudas políticas del régimen deleznable de Merino.

Ha hecho bien el presidente Sagasti en respaldar a su ministro del Interior. Frente a lo hecho no debería haber marcha atrás. Por el contrario, se espera que la reforma policial siga su curso, que la salud de la República exige una institución tutelar limpia de corrupción y de intereses políticos.

Junto a los temas de agenda ya señalados por el Presidente respecto de su régimen de transición, como son el control de la pandemia, la reactivación económica y la garantía de elecciones limpias, tiene que sumarle el restablecimiento del orden interno, que un sector corrupto e ineficaz de la policía ha permitido crecer.

A pesar de todo, un importante sector de la Policía Nacional es honesta y mantiene vivo su compromiso cívico. En esa policía es que debe apoyarse la tarea señalada.

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Cuarentena, Pandemia, Policia

La decisión del expresidente Vizcarra de acudir a las listas de Somos Perú para candidatear al Congreso pinta de cuerpo entero a alguien que gracias a un extraordinario marketing político les hizo creer a muchos que era la encarnación de un líder republicano que iba a retomar las banderas fallidas de la transición y que para lograrlo era capaz de enfrentarse a las mafias políticas que lo acechaban desde el Congreso.

Lo cierto es que conforme transcurrían los meses se iba viendo el fustán creciente de un líder taimado, traicionero y de poca monta. Que, además, tiene en su haber serísimas denuncias de corrupción que a la postre le han costado la propia Presidencia que ejercía. Y que probablemente a futuro -de no mediar la inmunidad congresal- lo podrían llevar a la cárcel.

Carece de toda perspectiva política o ideológica esta postulación. El cuento de que Vizcarra lo hace porque está interesado en retomar sus ideas reformistas de la institucionalidad política es una quimera que pocos pueden creerle. Vizcarra busca la inmunidad relativa que le otorgaría ser congresista por cinco años, que si bien no le alcanza para no ser investigado por hechos precedentes a su elección congresal sí le permiten gollerías que le aseguran un mejor pasar.

Si Vizcarra hubiese tenido solera y dignidad, pues se soplaba a pie firme la investigación fiscal y al cabo de los años, si salía bien librado, tentaba suerte el 2026, cargado del inmenso activo de la altísima popularidad que ha obtenido, sumada a la limpieza moral que las pesquisas judiciales le fueran a otorgar.

Al final, Vizcarra postula por un partido que votó a favor de su vacancia, con autoridades seriamente comprometidas en corrupción (acaban de detener al segundo vicepresidente de la agrupación, en calidad de gobernador de Ancash), y el exmandatario se tiene que tragar todos esos sapos vergonzosamente.

Mal final para un aventurero político al que le tocó en suerte ocupar la Presidencia y que debido a la crisis alcanzó tan altos niveles de aprobación ciudadana que parecen haberle hecho creer que goza de una investidura francamente discordante con alguien que hace gala de enorme medianía.

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Martín Vizcarra

Frente a la ofensiva ideológica de la izquierda por cambiar la Constitución, es preciso que la derecha le entre al debate y zanje claramente con el propósito de tirarse abajo la estabilidad fiscal y monetaria que la Constitución del 93 ha permitido y que ha hecho posible que en el país se reduzca la pobreza y se reduzcan las desigualdades.

La mayoría de candidatos en la partida electoral es de derecha y, sin embargo, no hacen gala de los preceptos ideológicos que los define como tal. Y en este envite planteado por la izquierda sería terrible perder por walk over.

Claramente lo que el Perú necesita es profundizar el capitalismo existente, hacerlo competitivo, extirpar la infinidad de núcleos mercantilistas que en diversos sectores productivos exageran las ganancias y concentran la riqueza artificialmente, en base a leguleyadas, no en función de la libre competencia.

Esa es la tarea pendiente de la transición, dejada de lado últimamente con grosera inacción, lo que nos ha hecho perder grandemente en materia de productividad y competitividad.

La última vez que se produjo una campaña ideológica fue en 1990 y si bien su portavoz Mario Vargas Llosa perdió, impregnó de sus ideas la atmósfera ideológica reinante en adelante. Hoy debiera ocurrir lo mismo. Si todos los candidatos de derecha o centroderecha aprovechan la misma para hacer hincapié en la defensa del modelo económico liberal, le será más fácil a quien nos gobierne del 2021 en adelante llevar a cabo las múltiples reformas que hacen falta para construir una cabal economía de mercado en el Perú.

Si la izquierda y sus ideas económicas triunfan en la próxima elección, el Perú retrocederá décadas de crecimiento. Es menester por ello dar la batalla y no escamotear el debate planteado por la izquierda, que, aunque minoritario, empieza a prender en algunos sectores sociales, aun cuando en muchos casos (como ha revelado una última encuesta de Datum) se responde favorablemente por un cambio de Constitución, pero contrariamente a lo que pretende la izquierda, para hacerla más punitiva, más reaccionaria.

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Constitución del 93, Derecha, Izquierda

Hernando de Soto viene subiendo en las encuestas digamos que sostenidamente. Ha pasado, según la encuesta de Ipsos, de 2% de intención de voto en setiembre a 4% en noviembre; estadísticamente ha duplicado su caudal electoral.

Es junto a Julio Guzmán y Verónika Mendoza parte del pelotón que ha trepado en la última medición. Y en su caso en particular no se detecta vínculo alguno con la reciente movilización anti Merino y antivacancia. Por el contrario, el autor de El misterio del capital, se puso de costado frente al tema.

De Soto es claramente una opción de derecha, pero tiene la virtud de no dejarse encasillar. Se sale de la caja permanentemente. Y lo hace no solo convocando a gente tan dispar como Francisco Tudela y Jorge Paredes Terry, sino también haciendo planteamientos disruptivos o teniendo iniciativas audaces, como retar a un debate a Verónika Mendoza, aun antes de que saliese la encuesta que los mostrase a ambos como beneficiarios del favor popular.

Tiene buen olfato político y será por ello un candidato con visos protagónicos. Por alguna extraña razón, sin embargo, es fértil también en cometer dislates, como, por ejemplo, decir que Patria Roja era quien dominaba a Martín Vizcarra o como cuando, hace unas pocas horas, declaró rotundamente que él había visto una foto de Verónika Mendoza con senderistas (¿?).

Le hemos dado la bienvenida a De Soto a la contienda. Más allá de los brulotes mencionados, aporta ideas y planteamientos programáticos y su peso específico hace que ello irradie al resto de contendores, lo cual puede convertir ésta en una campaña atípica, con debates ideológicos y no solo un torneo de pullas y memes.

Desde ya la suya es una candidatura que asume un pacto electoral para ganar la contienda. Recoge personajes de diversas tendencias y trayectorias. Beberá, sin duda, de buena parte del fujimorismo desencantado, de un sector liberal y también, de sectores populares que normalmente se inclinaban por opciones de izquierda, inclusive radicales. Dependerá de él morigerar sus arrebatos mediáticos irreflexivos si quiere ser tomado en serio.

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Hernando De Soto, Julio Guzmán, Verónika Mendoza
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