Las declaraciones de Roberto Sánchez, nada menos que cabeza de la lista congresal por Lima en Juntos por el Perú, respecto del dictador venezolano Nicolás Maduro, considerándolo “presidente constitucional” y pasando por agua tibia la feroz represión que en Venezuela existe contra la oposición, pone en clara evidencia que el tema de la democracia no ha sido zanjado positivamente en la izquierda peruana.

Ese tema fue aparentemente resuelto en la década de los 80, cuando un ala de la izquierda formal aún insistía en el manejo de estrategias paralelas para acceder al poder, una era por la vía democrática y la otra por la vía revolucionaria, violenta, pero el sector mayoritario decidió alejarse de esa tendencia y marcar la cancha a favor del reconocimiento de la democracia formal, representativa, burguesa como método político irrenunciable.

Fue con ese talante, aparentemente, que la izquierda se plantó como factor opositor y beligerante contra los devaneos autoritarios de Fujimori, pero por lo visto, el antifujimorismo de la izquierda o de un sector de ella más obedeció a un tema ideológico que a un tema democrático.

La inquietud sobre Venezuela es importante porque existe fundado temor en buena parte de la sociedad peruana respecto de que ese es el camino que quiere seguir la izquierda peruana en caso llegase al poder: estatismo económico y restricción democrática. Como es natural, prende sus alarmas cuando aprecia la simpatía que por ese régimen tiene uno de sus voceros más importantes, como es el citado candidato congresal.

En esta columna hemos advertido, con genuina preocupación, que los postulados económicos de Verónika Mendoza podrían llevar al país a una crisis descomunal, si no como la venezolana sí como la argentina. Por lo que se ve, los temores deben radicar también respecto de la vocación institucional democrática.

Llegada al poder, impulsada por una serie de medidas populistas y, por ende, una alta popularidad, una izquierda que no tenga claras las fronteras democráticas que no se deben trasponer, puede constituir un serio peligro para las libertades políticas que con tanto esfuerzo hemos logrado mantener más o menos incólumes desde el año 2000 (el periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana).

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Izquierda

El caso de la ciudadana Ana Estrada, quien clama porque le permitan disponer dignamente de su vida, no es solo un caso de dignidad sino también de la más íntima libertad.

La vida humana es el bien más preciado no sólo ética sino también legalmente. El mismo respeto debe existir, por ende, porque exista libertad para disponer de ella cuando uno, el dueño de la misma, así lo decida.

Víctima de una enfermedad degenerativa y autoinmune, ella considera que el tipo de vida que puede llevar -absolutamente dependiente, sufriente y limitada- no corresponde a sus deseos humanos de sobrevivencia y desea que le permitan morir por propia decisión.

El caso ha llegado a los juzgados. Luego de una larga lucha, Ana Estrada logró que la Defensoría del Pueblo la acompañe presentando una acción de amparo ante Jorge Ramírez Niño de Guzmán, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, quien ha declarado que resolverá en tiempo razonable.

Invocamos un sentido de justicia superior y por ello hacemos votos para que el magistrado calibre la real dimensión no sólo jurídica sino moral del amparo presentado. Al final de cuentas, debe recordar el juez, el derecho no es una abstracción teórica sino una herramienta ética.

No hay precedente legislativo en el Perú y en el mundo subsiste intenso debate respecto de este derecho humano. Será motivo para lograr que al menos en esta materia, nuestro conservador país se ponga a la vanguardia y se convierta en ejemplo mundial de respeto a las libertades más básicas y a uno de los más humanos de los derechos.

Ojalá nuestra legislación y quienes son llamados a interpretarla sepan ponerse a la altura de las circunstancias. Y ojalá la sociedad entera vea en este caso toda la hondura compleja y moral que implica la vida humana. La lucha incansable de Ana Estrada debe ser la de quienes creen en las libertades y en la defensa a ultranza de la dignidad humana.

La labor maravillosa y heroica que hasta el momento ella ha librado ya merece inmenso reconocimiento. Su lucha ha dignificado su vida y la nuestra.

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Libertad de expresión

La movida política detrás del activismo contra la cuarentena dispuesta por el gobierno, tiene la clara intención de mellar al régimen, en el mejor de los casos, y el de bajárselo, en el peor. Haría bien Sagasti en estar atento a ello e intensificar la narrativa política y médica que justifica la decisión tomada.

No estamos ante una movida libertaria, defensora de las libertades individuales a ultranza. Habrá así uno que otro bellaco, pero lo que realmente motiva esta convocatoria es el afán de golpear indirectamente a Guzmán, haciéndolo con el gobierno morado vigente.

No parece que vaya a tener mayor éxito esta movilización, a pesar del desembozado respaldo de los medios de comunicación ultraderechistas, pero si lograsen relativo apoyo ciudadano pueden animar, a su vez, al resto de competidores electorales de Guzmán, que verían en el golpe a Sagasti un modo de afectar la candidatura morada.

Y de esos hay varios en el Congreso, empezando por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el propio Frente Amplio, a quienes no les caería nada mal que Julio Guzmán se vea afectado por el desplome o descrédito del gobierno de Sagasti.

Pecaría de ingenuo Sagasti si subestima a la coalición vacadora que se llevó de encuentro a Vizcarra y que no dudaría un segundo en hacer lo propio con él si cree o supone que ello le reportará algún beneficio.

Al afán mafioso de algunas universidades privadas por tirarse abajo la Sunedu, la reforma universitaria y retornar al statu quo precedente, se suman muchos afectados por el proceso Lava Jato que buscan impunidad ahora que se acercan los juicios. La sumatoria de intereses los hace buscar hacerse del poder así sea por algunas semanas para lograr sus propósitos.

Si a estas razones, que estuvieron detrás de la vacancia a Vizcarra, se suma el interés electoral por golpear a Guzmán, la combinación puede ser explosiva y desestabilizadora.

A esta coalición le importa un comino que estemos en medio de una pandemia y ad portas de un importante proceso electoral. Sus intereses subalternos están por encima de los de la Patria. Hay que estar atentos para impedir que prosperen.

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Derecha

Hay una pregunta que los periodistas van a tener que agregar en sus habituales listados para los candidatos presidenciales de la derecha peruana, y es qué opinan del autócrata Donald Trump. Va a ser la mejor manera de distinguir a los liberales de aquellos que pretenden disfrazarse de tales cuando no es si no una vocación autoritaria y conservadora la que los identifica.

Así como legítimamente se le inquiere a la izquierda por Maduro o el chavismo y resulta una buena prueba ácida de las reales convicciones democráticas de sus portavoces (quienes, en lugar de quejarse de la pregunta deberían entenderla y responderla), a la derecha hay que someterla a idéntico test.

La derecha liberal es antizquierdista por principio. No comulga con el estatismo económico que la caracteriza y no tiene, por ende, vaso comunicante alguno con ella. Pero ello no hace que todo antizquierdista devenga en liberal automáticamente.

Un sector creciente de la derecha global y peruana se ha ido acercando a variantes autoritarias en lo político, mercantilistas en lo económico y ultraconservadoras en lo moral, que de liberales no tienen un pelo. En su versión más delirante, como la de los seguidores de Trump, esta derecha cree que estamos siendo víctimas de un plan siniestro global de la izquierda planetaria, que quiere acabar con Occidente. Basta rascar un poquito en las reales convicciones de estos derechistas para darse cuenta de su perfil medieval. Para ella la Ilustración ya fue, al parecer, una revuelta antioccidental y brutalmente llama neomarxismo prácticamente a cualquier pensamiento complejo que no se esfuerza en entender.

Esta derecha ultra no debe ser vista como un fenómeno folklórico al que se mira con sorna. Es muy peligrosa, es un riesgo para las libertades y para el pleno despliegue del tipo de capitalismo democrático que un país como el Perú necesita. Si ha puesto en jaque a la democracia estadounidense, sería perfectamente capaz de destruir la precaria institucionalidad nacional.

Por supuesto, esta derecha tiene todo el derecho del mundo de existir, de expresarse y de pretender ganar el favor popular en un proceso electoral, pero lo que merece denuncia ostensible es que se quiera disfrazar poniéndose ropajes ideológicos impostores.

Se le debe combatir desde sus gérmenes. Y esta campaña electoral debe servir para denunciar su intento de infiltración en diversas candidaturas presidenciales y parlamentarias. No hay que dejarla pasar.

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Donald Trump, EE. UU.

De los casi seis millones de venezolanos que han salido de su país producto de la demencia ideológica perpetrada por el chavismo y sus seguidores, casi un millón ha recalado en nuestro país.

De arranque debe decirse que desde esta columna no nos lamentamos de esta migración. Creemos que es positiva para el país, que el Perú debería ser, como siempre ha sido, destino de comunidades foráneas que luego terminan perfectamente asimiladas a nuestra cultura (véase la migración africana, china, japonesa o italiana).

La inmigración irriga y enriquece a un país, no lo contamina y mucho menos lo empobrece. A la postre, más allá de los problemas logísticos que pueda suponer un influjo masivo como el que se ha producido acá, la llegada de miles de extranjeros que buscan labrarse un porvenir en nuestras tierras debe ser saludado.

Por ello es que resulta cuestionable, moral y políticamente, que el gobierno peruano se haya desentendido del problema inmenso que ha supuesto para la comunidad venezolana la llegada de la pandemia. Vizcarra no los incluyó en ninguno de los programas de asistencia económica y muchos de ellos, dada su situación legal irregular ni siquiera pueden acceder a la salud pública viéndose obligados a costear atenciones privadas sumamente onerosas.

Es menester que se les incluya en el programa de vacunaciones que se iniciará este mes según ha anunciado hoy, al inicio de la tarde, el presidente Sagasti. Y ahora que se avecina la segunda ola y probablemente ello lleve al Ejecutivo a congelar nuevamente cierto sector de la actividad económica y se requiera nuevamente de entrega de bonos, es preciso alzar la voz para que en ese bolsón de beneficiarios también se incluya a los venezolanos afincados en el país.

Se debe acelerar las labores de reconocimiento legal del status migratorio de la comunidad de venezolanos. Es de interés estratégico del Perú que sea una migración definitiva, que se afinque en el país, y por ende se debe otorgar la mayor facilidad para que se normalice su situación legal y puedan así trabajar, estudiar o realizar cualquier trámite legal sin problemas.

Resulta inadmisible, además de contraproducente, dejar librados a su suerte a un millón de persona que radican en el país, así no sean connacionales. El virus y sus consecuencias no distinguen pasaporte ni documento de identidad.

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venezolanos

Si el gobierno de Sagasti no logra disponer la logística sanitaria necesaria para enfrentar el rebrote o la segunda ola del Covid19 que se halla en ciernes, y si además tampoco logra remediar el desastre administrativo heredado de Vizcarra respecto de la compra de las vacunas (que ya llegan a buena parte del planeta menos al Perú), va a tener serios problemas de gobernabilidad.

La segunda ola lo puede encumbrar, si la maneja bien, pero si no, le dará argumentos casi irrefutables a quienes aun conspiran para sacarlo del poder y colocar a alguien más cercano a la restauración derechista que representó Manuel Merino (el que, a la postre, no era otra cosa que una reedición emergente del espíritu fujiaprista del Congreso anterior).

Resulta francamente inaudito que se vuelva a repetir el escenario de los meses de abril, mayo y junio, con hospitales colapsados, sin unidades de cuidados intensivos, sin médicos a mano o sin oxígeno. En su momento, se indicó, mentirosamente, que la logística médica mundial había colapsado y que eso hacía imposible proveer los insumos necesarios. Si antes fue una antojadiza versión explicatoria, hoy sería una chapuza punible.

Lo mismo sucede con las vacunas. Cuando leemos que países como Bolivia, para mencionar uno cercano a nuestra realidad, ya tiene contratos firmados y suministro asegurado, indigna ver a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien ocupa el cargo ya el tiempo suficiente para haber previsto el tema, enredarse en explicaciones que más suenan a excusas negligentes que a razones fundadas.

El tema es doblemente grave, porque si la situación de la pandemia se complica y repetimos las escenas apocalípticas de mediados de año, el gobierno seguramente, ante la incapacidad de manejar con finura estratégica el tema, recurrirá a un confinamiento irracional.

Si ante la sola reaparición del problema, el Ejecutivo es capaz de medidas tan absurdas como prohibir, con soldados enfundados en armas de largo alcance, el acceso a las playas, o de establecer cuarentenas a todos los ciudadanos que lleguen al país, no queremos ni imaginar los grados de irracionalidad punitiva a los que podría llegar en caso la crisis se acreciente.

Y si eso ocurre, además del problemón político en el que embarcará al régimen, nos hará despedirnos del rebote económico previsto para este año. Tendremos recesión dos años seguidos, con el inmenso costo en vidas que eso genera y el brutal empobrecimiento de la sociedad peruana.

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Gobierno

En los últimos días se ha generado una batalla campal en las redes sociales entre algunos candidatos o voceros de Avanza País, de Hernando de Soto, y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga.

Frente a ello, han surgido algunas voces alarmadas que, templanza en ristre, han advertido que hacen mal peleándose entre afines y que el verdadero enemigo está en la izquierda y que frente a ello hay que unir esfuerzos.

Lo cierto, sin embargo, es que, lejos de lamentarla, debe saludarse tamaña trifulca y que de una vez por todas se marque la cancha entre la derecha liberal y la derecha conservadora, que no tienen nada que hacer juntas.

Si algo de bueno hay que saludar del desmembramiento del fujimorismo y su crisis institucional es que le ha permitido a la derecha desflemarse y mostrar sus claras diferencias ideológicas. Una de ellas, la señalada en este comentario, entre liberales y conservadores.

Hay margen suficiente para que la derecha se divida y no se sienta en la obligación de juntarse a pie forzado. La gran mayoría del electorado -lo confirman todas las encuestas- se define de centro y de derecha. Hay sinfín de interpretaciones para ello: la huella mnémica del terrorismo y su asociación a la izquierda, el fracaso económico de los 80 vinculado al populismo fiscal y monetario que un sector de la izquierda sigue pregonando, la migración individual rural-urbana, la proliferación de iglesias conservadoras en sectores populares, etc.

En esa medida, es refrescante que se produzcan encendidos debates entre las derechas. Es verdad que hasta el momento, no ha pasado de troleo en redes y artificios verbales, pero es claro que una cosa es una derecha liberal en lo económico, democrática y moralmente libertaria, y otra una derecha mercantilista, autoritaria y ultramontana en temas morales. No tienen casi nada en común.

A la postre, el electorado va a saber distinguir o va a aprender a hacerlo y a darse cuenta de que lo que comúnmente se ha definido como la derecha en el Perú admite muchas variantes. Por lo menos, a la opción más moderna, que es la liberal, le conviene plantear ese debate.

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Derecha

Lo que ha hecho el Congreso en las últimas horas, con la nueva ley agraria y la que pone topes a las tasas de interés, casi no tiene parangón en términos de incompetencia y demagogia populista inútil (porque ni siquiera va a producir el efecto deseado por la norma).

Lo que en la norma agraria cabía era mantener, con pocas variantes, un esquema laboral idóneo para la actividad y para una realidad de mano de obra poco calificada, y alterar, eso sí, un régimen tributario de escándalo. Bueno, pues, la norma aprobada ha hecho las cosas casi al revés.

Y respecto de las tasas de interés, cualquier economista serio lo que hubiera aconsejado es que el Parlamento investigue las causas del problema y así se habría dado cuenta de que lo que falta en el sector bancario es competencia, no controles absurdos. Más competencia hubiera logrado mucho más eficazmente y sin vulneraciones financieras básicas, el objetivo buscado.

Ojalá el 2021 nos traiga una elección en la que no solo triunfe una opción pro mercado, favorable a la inversión privada, y que además logre tener una bancada mayoritaria que lo acompañe. Sería lo mejor que le podría pasar al país para salir del trance que nos ha tocado cruzar.

Un gobierno de izquierda sería económicamente catastrófico y un gobierno de centro aguachento lo único que haría es prolongar la agonía y dejarle la cancha servida para que en la siguiente elección gane una opción ya abiertamente radical, antisistema y disruptiva con el modelo económico.

Va a ser difícil que ello ocurra este año entrante, dada la dispersión en candidatos con pequeños porcentajes de intención de voto. Lo más probable es que disputen la segunda vuelta dos postulantes que bordeen el 10% de los votos válidos, lo que hará que tengan una bancada claramente minoritaria.

En ese talante, queda al menos la esperanza de que se vote por mejores parlamentarios y en particular por aquellos identificados con las reformas liberales que el país necesita a gritos para salir del entrampamiento en el que se halla. Y los hay diseminados en varias agrupaciones. Que haya un voto derechista consciente y con capacidad de discriminar y elegir lo mejor, es mi deseo mayor para un 2021 que, de otro modo, podría ser peor, inclusive, que el malhadado 2020 que hoy nos deja.

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2021, Congreso

Es hora de que en el Perú se empiecen a discutir estos temas al punto de generar creciente masa crítica que permita algún día llegar a esos niveles de libertades morales. Por lo pronto, con el aborto, y no sólo con el terapéutico o en caso de violación, como hasta el momento se suele discutir, sino con aquel pleno de derechos.

Hay que dejar de hablar a media voz e ir por todo, que la estrategia de ir avanzando de a pocos ha demostrado su inutilidad, más aún en medio de una sociedad que mayoritariamente es conservadora en el Perú, pero que lo seguirá siendo si desde la clase política y periodística no surgen voces que hablen claro sobre el tema y desplieguen con energía los argumentos a favor de la opción liberal.

Del mismo modo, debe hacerse con un tema como el del matrimonio homosexual. Ya estuvo bueno eso de buscar fórmulas intermedias, con afán de ser progresivas, como las de la unión civil patrimonial. Acá se va por todo o nada. El Perú debe aprobar la unión matrimonial plena de derechos de personas del mismo sexo y a la vez reconocer todas las variantes de identidad de género que nuestro erotismo permite.

Y ya no puede dejar de estar en la agenda nacional la despenalización de la producción, distribución y consumo de las drogas. Cualquier riesgo potencial de que ello genere un aumento del consumo -cosa bastante improbable, porque ya hoy en día cualquier droga se consigue en todas las esquinas del país-, es nada comparado con el enorme y republicano beneficio de erradicar el narcotráfico, principal fuente del delito y la corrupción en el Perú.

La agenda moral liberal debe empezar a plantearse sin ambages. Si algún día queremos ser una sociedad de libertades civiles plenas hay que empezar a dar la batalla contra el conservadurismo reinante, cuya mayoría es real, pero no es aplastante.

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Aborto, Argentina
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