Estamos viviendo un momento histórico, el 28 de julio juramentará como presidente Pedro Castillo Terrones; un líder del Perú profundo, un profesor de escuela, hombre andino y rural. Que esta sea la figura del Bicentenario, tras un proceso plagado de racismo, clasismo y actitudes antidemocráticas, es simbólico y significativo, representa una gran oportunidad a la vez que implica una gran responsabilidad.

Al presidente electo no le vienen tiempos fáciles, eso lo sabemos todos/as; sus opositores/as no dudarán en ponerle cientos de obstáculos en el día a día, lo cual no sólo es mezquino, sino que abonará a la crisis que ya vive el país a nivel económico, político, sanitario y social. Por ello, Pedro Castillo, debe tener claridad que su tarea es promover cambios y sacar adelante al país en democracia, haciéndole frente al enojo de sectores autoritarios que han visto amenazados sus intereses y cuya rabia, plagada de violencia racial, ya no se oculta.

En este contexto, debe concentrarse en tejer alianzas con sectores democráticos, dialogar con los movimientos sociales y no dejar ni un atisbo de duda sobre su honestidad y buenas intenciones separándose de figuras vinculadas a hechos de corrupción, de esta forma podrá dar mayor sostenibilidad a su mandato.

Parte de la agenda urgente que debe atender y que es constantemente recordada por el movimiento feminista y de mujeres es la lucha contra la discriminación y la violencia de género.  Una democracia real se construye promoviendo los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ son derechos humanos.

Es fundamental que, en el corto periodo de transición, que ya se ha iniciado, tome especial interés en conocer no sólo la problemática sino además los avances que tiene el Estado para promover la igualdad de género y una vida libre de violencia.

Son muchas las acciones pendientes, pero, para empezar y durante sus primeros días puede: garantizar la continuidad del Ministerio de la Mujer, fortaleciendo su rectoría en materia de igualdad de género; comprometerse con la mejora de los servicios de atención a la violencia de género para que las víctimas y sus familiares del área urbana, rural y amazónica encuentren una adecuada respuesta del Estado; pero, además,  debe promover la implementación de los lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género, como medida para avanzar hacia un cambio sociocultural a largo plazo.

De otro lado, debe promover la paridad en el Estado, empezando por designar un gabinete paritario, con profesionales comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la igualdad.

Muchas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres le dieron un voto crítico y vigilante, por lo que estaremos atentas para no permitir retrocesos, convencidas que una democracia real debe tener como uno de sus pilares la igualdad.

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igualdad de género, LGBTIQ, Pedro Castillo

El pasado 21 de junio el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 641/2021, la cual abre la puerta para traer abajo una de las instituciones patriarcales más naturalizadas que tenemos: la obligatoriedad de poner el apellido paterno en primer lugar.

La máxima instancia judicial del país, a través del análisis de un caso concreto, establece que, cuando el artículo 20 del Código Civil señala “que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre”, no puede interpretarse una jerarquía, por lo tanto, no debe obligarse a las personas a usar como primer apellido el paterno.

Es interesante notar como el TC, en su argumentación, reconoce que existe un contexto histórico de discriminación hacia las mujeres; por lo que la práctica de generar un orden de prelación entre los apellidos responde a lógicas de exclusión que el Estado debe enfrentar para garantizar el derecho a la igualdad en el ámbito familiar y el derecho a la identidad.

En concreto, el TC señala que los padres y las madres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, por lo que exhorta al Congreso a modificar el artículo 20 del Código Civil, estableciendo los mecanismos para la resolución de discrepancias entre los progenitores.

Con estas definiciones se abre una gran oportunidad para que las y los congresistas se comprometan con la igualdad y recuperen los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso – desde el 2017-  sobre esta materia.

Recordemos que, la primera legisladora que plantea esta iniciativa fue la ex congresista Marisa Glave, quién advirtió lo discriminatorio de la norma y su impacto sobre la vida de miles de personas. A su proyecto de ley le siguieron otros que acumulados lograron un dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer y opiniones favorables de diversos sectores.  A la luz de la actual sentencia del TC se requiere exonerar de dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que la propuesta sea priorizada y pase directamente al pleno, sea debatida y – esperemos-  aprobada; garantizando que el contenido y los mecanismos para la solución de discrepancias entre las partes, respondan a criterios de no discriminación.

A pocos días del bicentenario este Congreso tiene una última pero gran oportunidad para contribuir con la igualdad, modificando una norma patriarcal y que ha perpetuado relaciones desiguales en las familias, así como limitado el derecho a la identidad. Muchas madres, padres, hijos e hijas, lo agradecerán.

Es tiempo de garantizar  #ApellidosEnIgualdad.

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Apellidos, familia, Tribunal Constitucional

Según la encuesta del IEP el 69% rechaza la conducta obstruccionista de Keiko Fujimori, que usando diversas estrategias busca apoderarse de la presidencia y rechazar cualquier resultado que no la favorezca. Es claro para muchos/as que la consigna de la ex candidata y el sector que la apoya es ganar, a la buena o a la mala.

Keiko Fujimori no aprendió de sus errores. Ha sido evidenciado, lo que muchos sabíamos, no solo heredó las prácticas autoritarias y delictivas de su padre, también ha desarrollado un profundo desprecio por el país que dice defender.

Sólo así se explica que, sin importarle la pandemia que ha dejado más de 187 mil defunciones, pobreza y exclusión, la hoy ex candidata se haya dedicado las últimas semanas a promover un escenario de mayor polarización y violencia mediante las acusaciones de fraude, debilitando así a las instituciones electorales, deslegitimando un proceso transparente y advirtiendo, una vez más, un clima de ingobernabilidad para los próximos años.

Keiko Fujimori, sus tradicionales y nuevos aliados, han dejado claro que su actitud y “principios” democráticos son relativos, se mantienen siempre y cuando no se afecte el modelo social y económico que ideológicamente protegen. Mientras el poder siga concentrado en la elite “blanca”, “bien hablada”, “ilustrada” todo estará “en calma”. Entonces, la “democracia” que defienden es aquella que les permita seguir concentrando – sin cuestionamientos-  el poder real y simbólico, lo contrario es visto como una amenaza y para combatir dicho riesgo se han desplegado estrategias bastante perversas.

Una de estas es la profundización de la violencia racial. Todo el proceso electoral y el contexto que vivimos actualmente se encuentra atravesado por el racismo y el colonialismo. Citando las palabras de Nelson Manrique, arrastramos una fractura colonial no resuelta, por lo que construir solidaridad social es una tarea difícil (2002: 60)

Aprovecharse de esta fractura, potenciarla y hacer un llamado a todos los sectores que se sienten amenazados por la posible llegada al poder de un representante de “los nadies”; no sólo es irresponsable sino además es un directo llamado al odio y la violencia en un país discriminador y violento.

Expresiones como el “better dead that red”, las claras amenazas de golpe de Estado, la insistencia en posicionar el discurso de fraude (negando la legitimidad del voto de zonas rurales y alejadas), el acoso a las autoridades del sistema electoral   y el nombrar como “comunista” a todo aquel que se les oponga; es parte de una estrategia de miedo, atravesada por la violencia racial, en la que, lamentablemente, buena parte de la población ha caído.

Keiko Fujimori, en mi opinión, guarda un profundo desprecio por el país y ello ha quedado al descubierto. No se defiende al país escindiéndolo más. No se construye democracia liderando una crisis social y política racializada, no se construye un país garante de derechos negando legitimidad a las demandas de la población; no se construye una república realmente libre, destruyendo los principios democráticos. Lamentablemente, el daño está hecho.

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Golpe de estado, Keiko Fujimori, violencia racial

No hay fraude, lo que tenemos es el resultado de un proceso electoral extremadamente polarizado y agresivo que ha dejado graves heridas y afianzado temores en la población.

Estas elecciones serán recordadas no sólo por lo ajustado de los resultados, sino  fundamentalmente- por haber escindido mucho más a un país fuertemente afectado por el racismo y el clasismo, por haber mostrado esas taras sociales profundas y coloniales que – 200 años después de la “independencia”- se encuentran en nuestros imaginarios guiando no sólo el voto sino las narrativas de una parte importante de la población, que ha demostrado tener la capacidad de justificar prácticas corruptas y nocivas si se trata de bloquear, impedir y silenciar a esos otros/as que considera una amenaza.

Contradictoriamente, en nombre de la “la democracia”, se viene vulnerando sus principios fundamentales. Prácticas como: los insultos o descalificaciones racistas, la coacción del voto, el control de medios y la vulneración a la libertad de expresión, el despido de periodistas, la confluencia de poderes económicos hacia una misma candidata, la estigmatización de quienes comulgan con el pensamiento del opositor, el terruqueo impune y la invención de un supuesto fraude; nos colocan en un escenario de riesgo. Los intentos por deslegitimar el sistema electoral deben generar una alerta. Hay límites que no se pueden pasar.

A más del 98% de las actas contabilizadas sigue siendo el ganador Pedro Castillo, quién al parecer será el próximo presidente del Bicentenario, en un contexto preocupante de polarización y odios que afectará la gobernabilidad democrática. Es necesario que los diversos actores sociales y políticos – con responsabilidad- reconozcan el triunfo cuando este se haga oficial, bloqueando los intentos de poner en entredicho el trabajo de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazando narrativas como “el fraude en mesa”, que solo generan violencia, avivan los miedos y resentimientos que escinden mucho más al país.

Es muy irresponsable avivar las voces de un fraude electoral; si realmente los sectores opositores son coherentes con sus discursos de defensa de la democracia e interés por el país, deberán reconocer el trabajo realizado por las instituciones que son parte del sistema electoral y brindar la legitimidad que corresponde al ganador (elegido por voto popular y en el marco de elecciones libres).

Un presidente no puede gobernar solo, para garantizar la estabilidad democrática, para vigilar, para que este país siga adelante será necesaria la confluencia de actores con espíritu democrático de lo contrario asistiremos a nuevos periodos de crisis (como los vividos los últimos 5 años, gracias a la imposibilidad de un sector de la política de aceptar la derrota), pero esta vez en medio de una las peores crisis sanitarias, políticas y éticas de nuestra historia, lo cual agrava el escenario.

No hay fraude, lo que hay es preocupación e inconformidad de casi la mitad de la población, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el próximo gobierno, para generar puentes de diálogo y encuentro. Sin embargo, también tenemos una gran “pataleta” del partido y la candidata opositora, actitud que ya se conoce y que debe ser rechazada. Si realmente la clase política quiere sumar esfuerzos a la reconstrucción de un país fuertemente golpeado por la tragedia, esta es su oportunidad.

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Elecciones 2021, Fraude, Polarización

La violencia de género es una pandemia que no ha sido superada y que afecta la vida de miles de mujeres, niñas, adolescentes y de la población LGBTI a diario. En el actual contexto electoral, de segunda vuelta, las propuestas orientadas a enfrentar esta problemática han estado por completo ausentes; lo que es un mal indicador y evidencia el perfil conservador y poco vinculado a una lógica de derechos de ambas candidaturas.

Mientras tanto el feminicidio, las desapariciones de mujeres, la violencia sexual, el embarazo forzado, el embarazo adolescente y el odio hacia las personas de diversidad sexual son problemáticas que se han profundizado causando dolor, indignación, miedo y preocupación en las víctimas y sus familiares. La indiferencia frente a estos problemas es más que preocupante.

¿Puede hablarse de democracia sin que se garantice el derecho a la igualdad?, ¿Puede hablarse de un cambio real si las mujeres, niñas y población LGBTI siguen sufriendo – tanto en el ámbito rural como urbano- por la discriminación de género y la violencia que profundiza la exclusión y desigualdad?

En el debate electoral protagonizado por los equipos técnicos sólo una persona – Avelino Guillén del partido Perú Libre- enfatizó la importancia de la prevención de los crímenes, incluyendo la violencia contra las mujeres y los feminicidios, para garantizar la seguridad ciudadana. Esto es fundamental y representa un atisbo de esperanza para que la agenda urgente no quede atrás. Sin embargo, ningún otro representante se refirió a estas problemáticas ni hablo del impacto de la discriminación. Preocupa – a la vez – que no se escucha ninguna propuesta del señor Pedro Castillo frente a estos temas.

En relación a la candidata Keiko Fujimori, su equipo no presentó ninguna propuesta en materia de igualdad de género ni lucha contra la violencia. Si bien esto preocupa, no sorprende en la medida que su partido y ella misma ha sido una permanente opositora a los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, habiendo hecho mucho daño con su apoyo a la Campaña antiderechos “Con mis hijos no te metas”.

En días previos al debate, la candidata lejos de presentar alguna propuesta en este nuevo y supuesto escenario de “arrepentimiento” negó – nuevamente- las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de su padre y se atrevió a nombrar a las mismas como un “plan de planificación familiar”. Con ello volvió recordar no sólo su indiferencia frente a lo que se considera un crimen de lesa humanidad, sino además nos recordó su gran desprecio por la vida de miles de mujeres que llevan más de 25 años buscando justicia.

A pocos días de la segunda vuelta electoral es claro que cualquiera sea el resultado tendremos un escenario – probablemente- adverso para la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad, por lo que tocará mantenerse alertas y vigilantes para denunciar e impedir retrocesos.

Este domingo 30 de mayo es el debate presidencial, los candidatos tienen una última oportunidad para presentar propuestas orientadas a hacer frente a la discriminación y violencia de género. De no hacerlo quedará clara su indiferencia. Habrá que recordarles que no hay democracia sin igualad y que trabajar por la erradicación de todas las formas de violencia de género es defender la vida; y que nuestras vidas importan.

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Elecciones 2021, LGBTI, Perú

Aunque el resultado electoral aún es incierto, lo real y lamentable es que ambos candidatos representan una amenaza a la democracia, al estado de derecho y por supuesto un riesgo terrible para el avance en materia de derechos de las mujeres. La oposición de ambos al enfoque de igualdad de género es clara, explícita y de mucho tiempo atrás. 

Independientemente de los resultados tenemos que reconocer que esta elección la ganaron sectores opositores a la igualdad, dejando claro que:  (i) estamos en un país profundamente conservador y machista, (ii) el impacto de estrategias fundamentalistas como la Campaña “Con Mis Hijos No Te Metas” (a la que ambos candidatos se plegaron)  hizo muchísimo daño y (iii) a puertas del bicentenario el odio a las mujeres y a las poblaciones vulnerables se tolera, incluso un gran sector de población espera una regresión en los avances logrados.

El escenario futuro se muestra tremendamente hostil para la defensa de los derechos humanos; especialmente para asuntos vinculados con:  la memoria y reparaciones en el marco del conflicto armado interno, la lucha contra la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos vinculados a la población LGBTIQ+.

La firma de acuerdos y compromisos, el pensar que se puede dialogar una agenda mínima puede ser una peligrosa utopía que estamos creando ante la desesperación que genera el vacío de opciones democráticas. Sin embargo, en materia de derechos ¿puede pedirse una agenda mínima?, ¿a qué renunciaríamos o qué aceptaríamos se postergue?, ¿no son acaso los derechos humanos irrenunciables? 

Recogiendo los términos de algunas/os colegas no tenemos que exigir agendas mínimas, sino “agendas urgentes”, importantes y “fundamentales”. En coherencia con la ética de quién defiende derechos y aunque parezca una batalla perdida no podemos dejar de exigir aquello que es eje central para la democracia: la igualdad, la memoria, el respeto a las libertades, la justicia y la no discriminación por ninguna razón.

A escasas semanas del bicentenario no tenemos nada que celebrar, pero si mucho que reflexionar; evidentemente no hemos llegado a esta situación por nada. La desigualdad, la pobreza, el racismo, el clasismo, el machismo son realidades deshumanizantes con las que vivimos, taras que arrastramos vulnerando a millones de personas. 

Los próximos años ameritarán mucha coherencia, fuerza y entereza para vigilar el accionar de las autoridades; habrá que movilizarse cuando sea necesario, denunciar y promover el respeto irrestricto a los derechos humanos y al principio de igualdad y no discriminación. 

Que el pacto sea entre quienes defendemos derechos fundamentales, no daremos un paso atrás en la defensa de los mismos.

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DD. HH., LGTB

Las mujeres en situación de violencia enfrentan una serie de barreras para acceder a la justicia, por ejemplo, las barreras de género, vinculadas con la permanencia de una serie de estereotipos que operan para que se descalifique a la víctima. Las barreras lingüísticas, culturales, geográficas y económicas; relacionadas con el limitado reconocimiento de la diversidad y casi nula adaptación intercultural de los servicios, la ausencia de intérpretes para la atención en lenguas originarias, el racismo, la lejanía de las instituciones estatales de parte del territorio nacional y la falta de autonomía económica. 

Sin embargo, existe una barrera poco visibilizada: el acoso judicial.  Esta es una estrategia común en agresores, quiénes en un claro despliegue de poder utilizan el sistema judicial para amedrentar a sus víctimas, amenazarlas, vulnerar su salud emocional, afectar su estabilidad económica y así perpetuar la impunidad. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los derechos de la mujer, ha publicado su Informe Defensorial “Violencia contra las mujeres en forma de acoso judicial”, el cual, a partir del caso de Natalia Manso, detalla el calvario que tienen que vivir las mujeres afectadas por esta forma de hostigamiento, destacando el impacto de ello  en el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a vivir libres de violencia.

Según este reporte se entiende por acoso u hostigamiento judicial a una: “una especie de violencia psicológica y económica, que se configura con la indiscriminada utilización de los mecanismos legales de defensa, pero que tiene una finalidad distinta a la establecida en la ley, desnaturalizando así su esencia tuitiva.” (Defensoría del Pueblo 2021:5)

Natalia Manso, además de sufrir el incumplimiento del acuerdo conciliatorio de Antun Ucovich (ex pareja), tiene que enfrentar 18 procesos judiciales, 11 de los cuales han sido interpuestos por este, incluyendo 4 procesos por violencia psicológica sin fundamentos; utilizando para ello la Ley 30364, Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es decir, las mujeres que denuncian hechos de violencia o se encuentran en algún proceso judicial ya sea de tenencia, alimentos o cualquier otro, son amenazadas y amedrentadas por sus agresores. Lo perverso de esto es que utilizan “mecanismos legales” y se amparan en la neutralidad de las leyes para seguir violentando; desnaturalizando así el principio de justicia y manipulando el sistema a su favor. 

Las víctimas pasan de ser denunciantes a denunciadas, lo que les genera angustia, inseguridad, mayor desconfianza en el Estado y el sistema de justicia, temor y un gran desgaste de tiempo y recursos que puede determinar no sólo el abandono de sus propias denuncias, sino además la perpetuación de la violencia.

Pero este no es el único caso, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se han acercado víctimas de acoso sexual para reportar que sus agresores las amenazan o han denunciado por difamación.  Situaciones similares encontraremos en otras sobrevivientes de violencia física y tentativa de feminicidio, quienes con sorpresa toman conocimiento de denuncias hechas por sus agresores, las cuales – paradójicamente – suelen encontrar una mejor respuesta en el sistema. Es claro que necesitamos una justicia con enfoque de género. 

En efecto, una de las recomendaciones del Informe Defensorial es que se priorice el “fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evitando la existencia de una multiplicidad de procesos vinculados a un mismo hecho” (Defensoría del Pueblo 2021: 16)

Finalmente, el acoso y hostigamiento judicial, que podríamos nombrar como el empapelamiento dirigido especialmente a las víctimas de violencia de género no son casos aislados; por lo que las autoridades deben encender las alarmas para prevenir que –  mediante la manipulación del sistema – se perpetúe la discriminación. 

 

1 Ver Informe Defensorial disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Acoso-judicial-2.pdfhttps://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-Acoso-judicial.pdf

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Defensoría del Pueblo, Flora Tristán

Los resultados electorales del 11 de abril han definido una segunda vuelta inesperada pero que refleja la situación dramática que tiene el país. La pandemia está ahogando a las/los ciudadanos en la desesperación, la pobreza y el miedo. Las desigualdades se han profundizado y el Estado pierde legitimidad por su ineficiencia frente a un problema que evidentemente hace mucho que lo sobrepasó.

 

En este contexto propuestas autoritarias y de perfiles antidemocráticos han pasado a la segunda vuelta electoral, dejando a quienes creemos en la democracia y el estado de derecho en una cruel encrucijada, pues, aunque los resultados no nos gusten, estos deben respetarse.

 

Por un lado, Keiko Fujimori es la representante de la dictadura, cuyo perfil autoritario se expresa no sólo en la falta de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el gobierno de su padre Alberto Fujimori; sino además su afán por el poder la convirtió a ella y a su bancada en una barrera permanente para la gobernabilidad durante los últimos años, mostrando así su poco respeto por la democracia.

 

Si hay un partido que se opone de forma constante a los derechos humanos particularmente de las mujeres y de la población LGBTIQ+, es el partido Fujimorista. Su tradición autoritaria, prepotencia, clasismo, vínculos con la corrupción y con grupos antiderechos han hecho de este actor político uno de los principales operadores de la discriminación y la violencia de género.

 

Al otro lado tenemos a Pedro Castillo, quién logro la preferencia del electorado en 17 regiones del país, muchas de ellas con altos índices de pobreza y desigualdad como lo son Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Junín entre muchas otras. Es imprescindible reconocer que el triunfo de Perú Libre expresa el hartazgo frente a un Estado y sociedad excluyente, clasista y racista.

 

Aunque Pedro Castillo es expresión del descontento de un país golpeado por la desigualdad, no puede dejar de reconocerse que él y su partido representan un riesgo a la estabilidad democrática por sus posturas extremistas y autoritarias. El candidato ha planteado la eliminación del Tribunal Constitucional y el cierre del Congreso si este no sigue sus planes, con lo cual estaría adelantando una posible dictadura.

 

La situación es dramática, pues cualquiera de los dos opuestos son un riesgo real para la estabilidad de las instituciones democráticas; además ambos postulantes se oponen a una cultura de derechos y de forma especial a los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.  Lamentablemente, si tienen algo en común es su desprecio por la igualdad de género, lo que los lleva a promover discursos de odio muy peligrosos.

 

A puertas del bicentenario las mujeres y personas de la diversidad tendremos que enfrentar uno de los contextos más adversos de las últimas décadas: El avance de los fundamentalismos es una realidad, en pocos meses posturas autoritarias se instalarán en el poder y buscarán restringir derechos y libertades, lo cual implica un grave retroceso y la profundización de la discriminación.

 

Ante ello, en los próximos años el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos en su diversidad, las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía consciente serán indispensables para vigilar y resistir de forma pacífica al abuso y al autoritarismo. Para lograrlo, necesitamos mucha claridad en nuestra agenda:  los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ no se negocian con nadie.

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Democracia, LGTB, Liz Meléndez, Resultados

El sólo hecho que tanto Veronica Mendoza como Keiko Fujimori se encuentren participando del proceso electoral, como candidatas a la presidencia, es evidencia que hemos avanzado grandes pasos en la lucha por nuestros derechos políticos. Recordemos que las mujeres logramos que se reconozca el derecho al sufragio femenino hace tan sólo 66 años. Por cierto, este reconocimiento fue parcial, podían votar las mayores de 21 años, que sabían leer y escribir. El sufragio universal se logró en 1979. Es decir, hace 42 años.

 

La lucha por el reconocimiento de estas libertades ha sido larga y ha impregnado la historia del movimiento de mujeres a nivel mundial. De hecho, los movimientos sufragistas inspiran al movimiento feminista, siendo el derecho al voto y a la participación un paso previo y necesario para lograr la igualdad.

 

Aunque soy una convencida que mientras más mujeres participen en política se tendrán mejores condiciones para transformar la misma, ello no significa que todas las candidatas o autoridades comprendan la importancia de trabajar a favor de la igualdad y la erradicación de la discriminación.

 

De hecho, en el actual proceso tenemos dos polos opuestos.

 

Verónica Mendoza tiene en su plan de gobierno una serie de medidas orientadas a promover los derechos de las mujeres, en diversos ámbitos como:  salud, educación, derecho a vivir sin violencia, trabajo, justicia, políticas de igualdad y participación; relevando la importancia del enfoque de género como una perspectiva de trabajo y reflexión que contribuye a pensar un mundo más justo, igualitario y sin discriminación para todos y todas.

 

Este enfoque habla de lo bueno en el mundo, de la lucha contra la violencia y la exclusión como base para la construcción de sociedades pacíficas.

 

Al otro lado tenemos a Keiko Fujimori, quién en su Plan de Gobierno si bien considera medidas en relación a nuestros derechos, centra sus propuestas – fundamentalmente-  al ámbito de la violencia y políticas de igualdad de oportunidades; no existe ningún planteamiento para garantizar la salud de las mujeres, el derecho al trabajo o la participación política. Tampoco considera a la población LGBTI. Su enfoque claramente tradicional y patriarcal, se niega a reconocer desigualdades y las causas estructurales de la discriminación.

 

Recordemos que, la candidata Fujimori, se opone – de forma permanente y hasta obsesiva- al enfoque de igualdad de género, desinformando y tergiversando información. Esto pudo observarse en el reciente debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en donde aprovechó una de sus intervenciones para repetir (lo que escuchamos en muchos sectores y grupos antiderechos) que ella combatirá “ideologías” y quiere proteger a los niños.

 

Este tipo de afirmaciones no son casuales, por el contrario, es el clásico discurso de sectores  antiderechos como los vinculados a “Con mis hijos no te metas” cercanos al candidato Lopez Aliaga; quiénes difunden posturas contrarias a la igualdad y han logrado que se instale en el imaginario de la población miedos a avanzar en materia de derechos de las mujeres y de la población LGBTI. Para ello han nombrado a un enfoque que representa todo lo bueno en el mundo como una ideología, desinformando, pero a la vez operando a nivel político para eliminarlo de normas y políticas estatales.

 

El temor lo construyen inventando, señalando que quiénes trabajan considerando las desigualdades género y luchando contra ellas buscan “homosexualizar a los niños”. Nada más absurdo.  Este mismo discurso tendencioso, falso y tergiversado lo encontramos en el discurso permanente de la candidata.

 

El enfoque que – tendenciosamente-  Keiko Fujimori sitúa como ideología y peligroso es parte de reflexiones mundiales sobre lo bueno para la humanidad. De hecho, los Estados de todo el mundo se han comprometido a garantizar y promover la “igualdad de género”; pues esta dimensión es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

 

Las defensoras de los derechos de las mujeres, a lo largo de la historia, hemos luchado por los derechos de todas, pero, eso no significa que todas las mujeres, tan sólo por el hecho de serlo, van a defender nuestros derechos. Entre nosotras también hay guardianas y operadoras del patriarcado, vigilantes de los sistemas de opresión que buscan que se mantenga el status quo; aunque a la larga esto también las perjudique.

 

Este 11 de abril, la decisión es nuestra.

 

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