El “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” o el “Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro”; es una fecha emblemática en el calendario feminista que convoca a la movilización de millones de mujeres por el derecho a decidir. Es un día para hablar de libertades, así como de injusticias sociales, de barreras y de exclusiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

Ayer #28S, diversas expresiones de los feminismos se volcaron a las calles y a las redes sociales para expresar su indignación frente a estados patriarcales que limitan el derecho a decidir de las mujeres; recordando que la lucha por la autonomía sexual y reproductiva ha sido y es una de las principales batallas que ha librado el movimiento feminista global en su diversidad.

Recordemos que en el Perú solo se encuentra despenalizado el aborto terapéutico, aunque acceder a este derecho no es una tarea fácil. Según un reciente Informe de la Defensoría del Pueblo¹ existen una serie de barreras como el exceso de burocratización, la estigmatización y la falta de información en el funcionariado que limitan una adecuada atención a las mujeres y niñas.

Así mismo, en nuestro país, el Estado obliga a las víctimas de violación sexual a continuar con embarazos forzados, ya que no se ha despenalizado el aborto en casos de violación o incesto. 

Según cifras del MINSA, entre el 2019 y el 2020, se registraron 2,482 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a tener partos producto de una violación sexual. En lo que va del 2020 ya se han registrado 796 partos en niñas, de los cuales 10 fueron menores de 10 años. Es decir, el embarazo infantil forzado es uno de los principales dramas que tiene el país. 

En varias oportunidades, diversas instancias de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer y el Comité contra la tortura, han recomendado al Estado Peruano despenalizar el aborto por causal violación, como una medida para evitar la extensión del sufrimiento de las víctimas de crímenes sexuales. El Estado se ha mantenido indiferente frente a estas demandas. 

Desde las organizaciones y colectivas feministas se sigue trabajando por lograr la despenalización del aborto; en años anteriores se han promovido procesos ciudadanos y propuestas legislativas para – al menos- lograr la despenalización por causal violación; la respuesta ha sido siempre la indiferencia o el insulto. Es decir, se le sigue dando la espalda a las mujeres y a las niñas, se sigue perpetuando la discriminación, la injusticia social y la doble moral. 

Si bien hablar de la despenalización del aborto es un asunto de derechos humanos, también lo es de justicia social; son las mujeres y jóvenes en condiciones de pobreza las que se ven expuestas a espacios de clandestinidad que lucran con su dolor y desesperación.  La realidad es que las mujeres abortan, sólo que aquellas que tienen recursos lo pueden hacer salvaguardando su salud y las otras no. 

La siguiente consigna feminista, voceada en marchas y con mayor fuerza este 28S, clarifica las demandas pendientes que el Estado debe atender para construir una democracia real, la cual debe incluir a las mujeres y sus luchas históricas: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.  Es tiempo de avanzar. 

¹Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud. Defensoría del Pueblo, 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf

 

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28 de setiembre, Aborto, derecho a decidir, mujeres y niñas

Un reciente informe de Amnistía Internacional y el CMP Flora Tristán, titulado: “Las Mujeres que nos faltan” realizado en el marco de la Campaña Búscalas, vuelve a colocar en la agenda pública la preocupación por las mujeres desaparecidas. El estudio evidencia no sólo datos alarmantes, sino además testimonios de familiares que coinciden en visibilizar la indolencia de las autoridades frente a las denuncias y procesos de investigación que no cumplen con los estándares de la debida diligencia.

Entre los datos más impactantes tenemos que en el 2020 se registraron 18461 desapariciones, de estas el 63% corresponde a mujeres y el 62% fueron niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Llama la atención la falta de información desagregada por edad y sexo para el 2021, por lo que es necesario fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas – RENIPED, que es parte del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que incluye, además, el Portal de Personas Desaparecidas y la Línea 114 (línea de atención telefónica).

El mencionado informe intenta visibilizar la peligrosa relación que existe entre las desapariciones de mujeres y la violencia de género. En cerca del 25% de los casos de feminicidios las víctimas fueron reportadas como desaparecidas. Del mismo modo, se alerta del vínculo que existe entre este crimen y otros como la violencia sexual y la trata de mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009 a partir de la sentencia del Caso Campo Algodonero, estableció que los Estados tienen un “deber de debida diligencia estricta” frente a los casos de mujeres desaparecidas. Esto significa que las autoridades conociendo el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres por el contexto de discriminación de género, tienen la obligación actuar de forma efectiva y rápida, ordenando medidas oportunas para dar con el paradero de la víctima, presumiendo que la persona se encuentra con vida y privada de su libertad, por lo que las medidas tomadas en las primeras horas son fundamentales.

Lamentablemente, los testimonios de los familiares y la experiencia del litigio de los casos reflejan que el Estado no cumple con su obligación de debida diligencia estricta; todo lo contrario, se encuentran serias deficiencias en su accionar lo que pone en riesgo la vida de las mujeres a la vez que expone a las familias a episodios de dolor, impotencia e indignación. La mayoría de ellas no se sienten acompañadas por el Estado, resienten la falta absoluta de empatía con sus casos, llegan a sentirse humilladas y abandonadas por un sistema que no responde a sus denuncias y a una búsqueda que – finalmente – tienen que emprender por su cuenta.

Urgen cambios para hacer frente a esta problemática, entre ellos un protocolo específico de actuación para los casos de desaparición de mujeres, la sensibilización de las autoridades (especialmente PNP y Fiscalía) y el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda. Complementariamente a ello, se necesita establecer la desaparición de mujeres como una modalidad de violencia de género, promoviendo así su visibilización y políticas públicas integrales para hacer frente a este crimen.  “Las mujeres que nos faltan” ¡Búscalas!  es un grito para frenar la indiferencia, no dejemos de escucharlo.

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RENIPED

Muchas expresiones de la violencia de género contra las mujeres se encuentran naturalizadas, una de ellas es la violencia verbal, la violencia sexual y sobre todo el acoso. Tras años de luchas intensas de las feministas y de las defensoras de derechos, no se ha logrado subvertir esta situación; sin embargo, si se ha logrado colocar la preocupación en la agenda pública y política.

Ante diferentes episodios de violencia, las feministas y defensoras de derechos siempre hemos expresado nuestro rechazo e indignación, independientemente del matiz político de quiénes fueron agredidas y de los agresores. La violencia de género se ha rechazado de forma permanente, por principio y no dudo que este es el camino correcto y coherente.

Diversas feministas e instituciones se han pronunciado rechazando los hechos de violencia sexista y acoso denunciados en un medio de comunicación por la congresista Patricia Chirinos; se ha exigido investigación y sanción al premier como corresponde, empezando por separarlo inmediatamente del gabinete.

Desde mucho antes se sabe y se ha denunciado la actitud misógina y homofóbica del primer ministro, siendo los hechos narrados por la congresista un suceso inaceptable y que confirma su perfil contrario a los derechos de las mujeres y la igualdad.

De otro lado, no podemos negar el contexto de polarización política que se vive, la oposición al gobierno ha sido permanente, filtrándose discursos autoritarios y manifestaciones racistas cotidianamente. En este contexto, los hechos serán – evidentemente aprovechados por la oposición- pero además por sectores que poco o nada les importa la violencia contra las mujeres, pero que hoy se indignan no porque se han vuelto sensibles a la problemática sino por intereses políticos que van más allá del hecho concreto y del premier.

Creo es importante tener claridad, la conducta, perfil y antecedentes de Guido Bellido lo hacen una persona nefasta para el gabinete, su renuncia debió darse hace mucho. Su actitud misógina, homofóbica, así como su falta de garantías democráticas han sido evidenciadas desde muchas defensoras y – no hay duda- que la actual agresión contra la congresista es repudiable. No obstante, utilizar este contexto en contra del gobierno y de otros ministros/as como la actual Ministra de la Mujer, evidencia que las intenciones son otras y ello desdibuja la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La violencia machista se rechaza, debe ser sancionada venga de donde venga, en cualquier contexto político, sin importar quién fue la agredida y quién fue el agresor; pues no estamos hablando de un problema individual sino colectivo y estructural. Rechacemos la violencia, si, absolutamente, así también rechacemos la utilización de la misma con fines políticos. Aquellos sectores que hoy se indignan con los hechos, si bien tienen mucha razón, deberán ser coherentes y ojalá defiendan el derecho de las mujeres a no sufrir violencia desde la propuesta y aprobación de normas para la igualdad de género. Finalmente, la coherencia es importante.

 

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Guido bellido, Patricia Chirinos, Violencia de género

La tragedia en Afganistán está conmocionando al mundo, imágenes de personas huyendo desesperadas ante la toma del poder de los Talibanes ha despertado la indignación global. Es importante destacar que, en este contexto, son las mujeres y niñas las que llevan la peor parte; con menos posibilidades de huir, sin dinero y expuestas a un sin fin de precariedades temen por sus derechos fundamentales y la profundización de una serie de prohibiciones que anulará cualquier libertad posible y su existencia.

La crisis en Afganistán no es reciente, aunque debemos cuestionar y responsabilizarnos por haber mantenido silencio o tal vez indiferencia por lo que pasa al otro lado de “nuestro mundo”. Es claro que la toma de poder de los Talibanes, grupos armados poderosos, fundamentalistas, terroristas y que encarnan al patriarcado más asesino que podamos imaginar, afianza y pone en inminente riesgo a las mujeres de todas las edades.

Es importante recordar que los conflictos armados afectan de forma diferenciada y atroz a las mujeres, quienes son usadas como armas de guerra o como botín de las mismas, despojando de su dignidad a las víctimas. Con ello el patriarcado feroz envía un mensaje de poderío, anula la existencia y vulnera no a una, sino a todas las mujeres del mundo.

La profesora Chinkin, en un documento preparado para el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, afirmó que “las mujeres son violadas en cualquier conflicto armado, interno o internacional, independientemente de si el conflicto tiene orígenes religiosos, étnicos, políticos o nacionalistas o una combinación de todos. Ellas son violadas por hombres de todos los bandos”*

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 establece que se considera “Crimen de Lesa Humanidad” la violación sexual y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable cometida como un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. En su artículo 8 establece que, estos hechos son infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, por lo que se consideran “crímenes de guerra”.

Hechos atroces como la tortura y violencia sexual contra las mujeres cometidos en la Ex Yugoslavia, en los conflictos armados de Ruanda, Guatemala y Perú, por mencionar algunos, han puesto en evidencia como son las mujeres y las niñas, las más expuestas a la violencia y la barbarie. La exclusión que vivimos se profundiza en contextos de conflicto volviendo a recordarnos que aún nuestros derechos no se encuentran garantizados en todo el mundo ni por completo.

Hoy integridad y dignidad de las ciudadanas afganas esta en grave e inminente riesgo, su delito, ser mujeres. Es urgente que la comunidad internacional intervenga para salvaguardar la seguridad del pueblo Afgano y – especialmente-  de las mujeres, quiénes se encuentran huyendo y con gran temor frente al fanatismo y al fundamentalismo armado que terminará con sus vidas. El grito internacional debe ser uno #TodasSomosAfganas.

* En: De la Violación y otras graves violaciones a la integridad sexual como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario. Aportes del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Elizaebth Odin, 1997.

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Afganistán

La designación de Gino Bellido como Premier no sólo ha sido el primer gran error político del actual presidente, sino a la vez una decisión irresponsable con la gobernabilidad democrática, la paz, la igualdad y los derechos humanos.

Es preocupante y un pésimo inicio que el Primer Ministro no sea una persona con comprobada legitimidad y ética democrática. Un personaje con tan serios cuestionamientos, con una investigación en curso por apología al terrorismo, que ha promovido la discriminación hacia las mujeres y la población LGBTI, celebrado al patriarcado con total desparpajo de forma pública no debe estar en el Estado, mucho menos ser la mano derecha del presidente en la conducción del gobierno.

Más allá de las posturas políticas, de la brutal polarización que aún vivimos y la violencia racial que subyace en muchas resistencias al actual gobierno; no puede dejar se criticarse aquello que evidentemente está mal, resquebraja la confianza y genera mayor incertidumbre.

Tampoco puede dejar de evidenciarse que hay otros ministros con serios cuestionamientos, lo cual agrava el escenario: el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, fue denunciado en el 2011 por violencia física y psicológica contra su ex conviviente; así como el titular del Ministerio del Ambiente, en el 2019, fue denunciado por violencia psicológica y hostigamiento. De igual forma, otros  representantes levantan preocupaciones que no deben ser obviadas por el Presidente.

Sin embargo, no todo es gris. El Gabinete también ha sido integrado por profesionales con una amplia legitimidad, comprobada actitud democrática y ética como la titular del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, el actual Canciller Héctor Béjar, el titular del MEF Pedro Francke y el Ministro de Justicia Aníbal Torres.  Personas que han sentado una posición clara de rechazo frontal a los autoritarismos,  defensa de la democracia, el estado de derecho, la igualdad y los derechos humanos. Esto se ha reflejado no sólo en su trayectoria profesional sino además en sus juramentos y discursos que han devuelto – de alguna manera – la esperanza a muchos/as.

Pedro Castillo puede cambiar al premier y reconstituir su Gabinete (sin olvidar la paridad);  manteniendo a las personas probas en sus mismas carteras, no hay nada que se lo impida. El presidente está a tiempo de enmendar y tomar un mejor camino.

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Guido bellido, Pedro Castillo, Pedro Francke

Estamos viviendo un momento histórico, el 28 de julio juramentará como presidente Pedro Castillo Terrones; un líder del Perú profundo, un profesor de escuela, hombre andino y rural. Que esta sea la figura del Bicentenario, tras un proceso plagado de racismo, clasismo y actitudes antidemocráticas, es simbólico y significativo, representa una gran oportunidad a la vez que implica una gran responsabilidad.

Al presidente electo no le vienen tiempos fáciles, eso lo sabemos todos/as; sus opositores/as no dudarán en ponerle cientos de obstáculos en el día a día, lo cual no sólo es mezquino, sino que abonará a la crisis que ya vive el país a nivel económico, político, sanitario y social. Por ello, Pedro Castillo, debe tener claridad que su tarea es promover cambios y sacar adelante al país en democracia, haciéndole frente al enojo de sectores autoritarios que han visto amenazados sus intereses y cuya rabia, plagada de violencia racial, ya no se oculta.

En este contexto, debe concentrarse en tejer alianzas con sectores democráticos, dialogar con los movimientos sociales y no dejar ni un atisbo de duda sobre su honestidad y buenas intenciones separándose de figuras vinculadas a hechos de corrupción, de esta forma podrá dar mayor sostenibilidad a su mandato.

Parte de la agenda urgente que debe atender y que es constantemente recordada por el movimiento feminista y de mujeres es la lucha contra la discriminación y la violencia de género.  Una democracia real se construye promoviendo los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ son derechos humanos.

Es fundamental que, en el corto periodo de transición, que ya se ha iniciado, tome especial interés en conocer no sólo la problemática sino además los avances que tiene el Estado para promover la igualdad de género y una vida libre de violencia.

Son muchas las acciones pendientes, pero, para empezar y durante sus primeros días puede: garantizar la continuidad del Ministerio de la Mujer, fortaleciendo su rectoría en materia de igualdad de género; comprometerse con la mejora de los servicios de atención a la violencia de género para que las víctimas y sus familiares del área urbana, rural y amazónica encuentren una adecuada respuesta del Estado; pero, además,  debe promover la implementación de los lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género, como medida para avanzar hacia un cambio sociocultural a largo plazo.

De otro lado, debe promover la paridad en el Estado, empezando por designar un gabinete paritario, con profesionales comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la igualdad.

Muchas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres le dieron un voto crítico y vigilante, por lo que estaremos atentas para no permitir retrocesos, convencidas que una democracia real debe tener como uno de sus pilares la igualdad.

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igualdad de género, Pedro Castillo

El pasado 21 de junio el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 641/2021, la cual abre la puerta para traer abajo una de las instituciones patriarcales más naturalizadas que tenemos: la obligatoriedad de poner el apellido paterno en primer lugar.

La máxima instancia judicial del país, a través del análisis de un caso concreto, establece que, cuando el artículo 20 del Código Civil señala “que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre”, no puede interpretarse una jerarquía, por lo tanto, no debe obligarse a las personas a usar como primer apellido el paterno.

Es interesante notar como el TC, en su argumentación, reconoce que existe un contexto histórico de discriminación hacia las mujeres; por lo que la práctica de generar un orden de prelación entre los apellidos responde a lógicas de exclusión que el Estado debe enfrentar para garantizar el derecho a la igualdad en el ámbito familiar y el derecho a la identidad.

En concreto, el TC señala que los padres y las madres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, por lo que exhorta al Congreso a modificar el artículo 20 del Código Civil, estableciendo los mecanismos para la resolución de discrepancias entre los progenitores.

Con estas definiciones se abre una gran oportunidad para que las y los congresistas se comprometan con la igualdad y recuperen los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso – desde el 2017-  sobre esta materia.

Recordemos que, la primera legisladora que plantea esta iniciativa fue la ex congresista Marisa Glave, quién advirtió lo discriminatorio de la norma y su impacto sobre la vida de miles de personas. A su proyecto de ley le siguieron otros que acumulados lograron un dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer y opiniones favorables de diversos sectores.  A la luz de la actual sentencia del TC se requiere exonerar de dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que la propuesta sea priorizada y pase directamente al pleno, sea debatida y – esperemos-  aprobada; garantizando que el contenido y los mecanismos para la solución de discrepancias entre las partes, respondan a criterios de no discriminación.

A pocos días del bicentenario este Congreso tiene una última pero gran oportunidad para contribuir con la igualdad, modificando una norma patriarcal y que ha perpetuado relaciones desiguales en las familias, así como limitado el derecho a la identidad. Muchas madres, padres, hijos e hijas, lo agradecerán.

Es tiempo de garantizar  #ApellidosEnIgualdad.

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Apellidos, familia, Tribunal Constitucional

Según la encuesta del IEP el 69% rechaza la conducta obstruccionista de Keiko Fujimori, que usando diversas estrategias busca apoderarse de la presidencia y rechazar cualquier resultado que no la favorezca. Es claro para muchos/as que la consigna de la ex candidata y el sector que la apoya es ganar, a la buena o a la mala.

Keiko Fujimori no aprendió de sus errores. Ha sido evidenciado, lo que muchos sabíamos, no solo heredó las prácticas autoritarias y delictivas de su padre, también ha desarrollado un profundo desprecio por el país que dice defender.

Sólo así se explica que, sin importarle la pandemia que ha dejado más de 187 mil defunciones, pobreza y exclusión, la hoy ex candidata se haya dedicado las últimas semanas a promover un escenario de mayor polarización y violencia mediante las acusaciones de fraude, debilitando así a las instituciones electorales, deslegitimando un proceso transparente y advirtiendo, una vez más, un clima de ingobernabilidad para los próximos años.

Keiko Fujimori, sus tradicionales y nuevos aliados, han dejado claro que su actitud y “principios” democráticos son relativos, se mantienen siempre y cuando no se afecte el modelo social y económico que ideológicamente protegen. Mientras el poder siga concentrado en la elite “blanca”, “bien hablada”, “ilustrada” todo estará “en calma”. Entonces, la “democracia” que defienden es aquella que les permita seguir concentrando – sin cuestionamientos-  el poder real y simbólico, lo contrario es visto como una amenaza y para combatir dicho riesgo se han desplegado estrategias bastante perversas.

Una de estas es la profundización de la violencia racial. Todo el proceso electoral y el contexto que vivimos actualmente se encuentra atravesado por el racismo y el colonialismo. Citando las palabras de Nelson Manrique, arrastramos una fractura colonial no resuelta, por lo que construir solidaridad social es una tarea difícil (2002: 60)

Aprovecharse de esta fractura, potenciarla y hacer un llamado a todos los sectores que se sienten amenazados por la posible llegada al poder de un representante de “los nadies”; no sólo es irresponsable sino además es un directo llamado al odio y la violencia en un país discriminador y violento.

Expresiones como el “better dead that red”, las claras amenazas de golpe de Estado, la insistencia en posicionar el discurso de fraude (negando la legitimidad del voto de zonas rurales y alejadas), el acoso a las autoridades del sistema electoral   y el nombrar como “comunista” a todo aquel que se les oponga; es parte de una estrategia de miedo, atravesada por la violencia racial, en la que, lamentablemente, buena parte de la población ha caído.

Keiko Fujimori, en mi opinión, guarda un profundo desprecio por el país y ello ha quedado al descubierto. No se defiende al país escindiéndolo más. No se construye democracia liderando una crisis social y política racializada, no se construye un país garante de derechos negando legitimidad a las demandas de la población; no se construye una república realmente libre, destruyendo los principios democráticos. Lamentablemente, el daño está hecho.

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Golpe de estado, Keiko Fujimori, violencia racial

No hay fraude, lo que tenemos es el resultado de un proceso electoral extremadamente polarizado y agresivo que ha dejado graves heridas y afianzado temores en la población.

Estas elecciones serán recordadas no sólo por lo ajustado de los resultados, sino  fundamentalmente- por haber escindido mucho más a un país fuertemente afectado por el racismo y el clasismo, por haber mostrado esas taras sociales profundas y coloniales que – 200 años después de la “independencia”- se encuentran en nuestros imaginarios guiando no sólo el voto sino las narrativas de una parte importante de la población, que ha demostrado tener la capacidad de justificar prácticas corruptas y nocivas si se trata de bloquear, impedir y silenciar a esos otros/as que considera una amenaza.

Contradictoriamente, en nombre de la “la democracia”, se viene vulnerando sus principios fundamentales. Prácticas como: los insultos o descalificaciones racistas, la coacción del voto, el control de medios y la vulneración a la libertad de expresión, el despido de periodistas, la confluencia de poderes económicos hacia una misma candidata, la estigmatización de quienes comulgan con el pensamiento del opositor, el terruqueo impune y la invención de un supuesto fraude; nos colocan en un escenario de riesgo. Los intentos por deslegitimar el sistema electoral deben generar una alerta. Hay límites que no se pueden pasar.

A más del 98% de las actas contabilizadas sigue siendo el ganador Pedro Castillo, quién al parecer será el próximo presidente del Bicentenario, en un contexto preocupante de polarización y odios que afectará la gobernabilidad democrática. Es necesario que los diversos actores sociales y políticos – con responsabilidad- reconozcan el triunfo cuando este se haga oficial, bloqueando los intentos de poner en entredicho el trabajo de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazando narrativas como “el fraude en mesa”, que solo generan violencia, avivan los miedos y resentimientos que escinden mucho más al país.

Es muy irresponsable avivar las voces de un fraude electoral; si realmente los sectores opositores son coherentes con sus discursos de defensa de la democracia e interés por el país, deberán reconocer el trabajo realizado por las instituciones que son parte del sistema electoral y brindar la legitimidad que corresponde al ganador (elegido por voto popular y en el marco de elecciones libres).

Un presidente no puede gobernar solo, para garantizar la estabilidad democrática, para vigilar, para que este país siga adelante será necesaria la confluencia de actores con espíritu democrático de lo contrario asistiremos a nuevos periodos de crisis (como los vividos los últimos 5 años, gracias a la imposibilidad de un sector de la política de aceptar la derrota), pero esta vez en medio de una las peores crisis sanitarias, políticas y éticas de nuestra historia, lo cual agrava el escenario.

No hay fraude, lo que hay es preocupación e inconformidad de casi la mitad de la población, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el próximo gobierno, para generar puentes de diálogo y encuentro. Sin embargo, también tenemos una gran “pataleta” del partido y la candidata opositora, actitud que ya se conoce y que debe ser rechazada. Si realmente la clase política quiere sumar esfuerzos a la reconstrucción de un país fuertemente golpeado por la tragedia, esta es su oportunidad.

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Elecciones 2021, Fraude, Polarización
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