Durante las últimas semanas, en que —debido al proceso electoral— el Perú ha vivido en carne propia una polarización inédita en nuestra historia republicana, ha sido evidente el apoyo que le ha dado a la candidatura de Keiko Fujimori —incluso asumiendo casi como dogma de fe la quimera del fraude— un grupo conformado por burgueses limeños de los sectores socio-económicos A y B, a los que designaré como la élite pituca, y que tiene en el Club de Regatas Lima uno de sus focos de concentración poblacional. Y esto no quiere decir que todos los socios del Regatas presenten las características de esta élite racista y clasista, pero mi descripción, basada en mi propia experiencia y por ende subjetiva, se aplica de manera general al fenómeno como tal.

Mi padre llegó a ser socio vitalicio del Club Regatas y yo pasé mi infancia y mi adolescencia en el club. Guardo buenos recuerdos de esos años, que para mí estuvieron llenos del espíritu aventurero de la infancia que aprende a conocer el mundo. Allí me sentía seguro, pero también con la libertad de ir adonde quisiera sin experimentar la continua tutela y vigilancia de mis padres, quienes podían despreocuparse sabiendo que, sea donde sea que estuviera, siempre me hallaría en algún lugar dentro de la burbuja que es el club, ya sea retozando en la playa, desafiando las olas en el mar o practicando deporte con algún amigo.

Crecí en ese mundo, creyendo, dentro de las limitaciones de mi perspectiva infantil, que ese estilo de vida era lo más normal y corriente en el Perú. De manera similar a como mi vida se desarrollaba entre Miraflores —donde vivía mi familia— y San Isidro, y ocasionalmente Monterrico y La Molina, siendo que los distritos que estaban más allá de esos límites constituían un mundo aparte, remoto, lejano y hasta peligroso. Ir al centro de Lima era como visitar otro país.

Pero poco a poco, a medida que iba entrando en la adolescencia, varias sombras se me fueron haciendo evidentes en ese país de las maravillas que era el Regatas. Pues en el club no sólo se admitía socios con determinado perfil —y con una billetera abultada para poder pagar la cuota de ingreso, que actualmente asciende por lo menos a 500 cuotas ordinarias mensuales a ser desembolsadas de golpe—, sino también se excluía —por lo menos simbólicamente— a los peruanos con un perfil mayoritario en la población. Desde el muelle de la primera playa del club, que se extendía en el mar como prolongación de un muro que marcaba los límites de su territorio, podíamos ver a los bañistas de la populosa playa vecina Pescadores, a los que considerábamos como parte del pueblo ignorante y mal educado, gente de otro nivel que no conocía las normas de higiene y era proclive a la delincuencia. En nuestro inocente mundo infantil, que no era otra cosa que un reflejo sin culpa del universo de los adultos, cualquier cholo de esa playa que intentara colarse en el club a través del mar constituía un peligro, del cual nos protegían los trabajadores de seguridad, también cholos ellos, pero que eran vistos de distinta manera porque estaban al servicio de la élite que pululaba en las instalaciones del club.

En ese microcosmos del Club Regatas, que no era sino una muestra de una élite mas amplia que habita los distritos residenciales acomodados de Lima y nunca ha sido el reflejo de un Perú multirracial, multicultural, con iguales oportunidades para todos, sin racismo, sin misoginia en las jerarquías de mando —pues el consejo directivo del club está integrado exclusivamente por especímenes del género masculino—, lo más importante era mantener a toda costa la imagen institucional de una asociación de gente bien y decente, lo cual se ha plasmado en la renuencia que han mostrado sus autoridades a lo largo del tiempo para actuar decididamente en caso de comisión de un delito dentro del club. Como lo demuestra recientemente la agresión que sufrió Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 26 de junio pasado, en el local del Regatas en Chorrillos. El personal del club se negó a identificar al agresor y en un comunicado del 27 de junio el consejo directivo ha puesto obstáculos para la entrega de material probatorio, señalando que “el Club, a través de Junta Calificadora y de Disciplina, órgano autónomo, viene llevando a cabo las acciones correspondientes, en observancia de su competencia”. Y concluye diciendo que el Club “es una asociación civil, deportiva y cultural que cultiva el respeto mutuo entre sus asociados”. Lo cierto es que una de las acciones correspondientes hubiera sido elevar una denuncia penal contra el presunto agresor por cometer un delito dentro del recinto del club. Pero la institución, buscando salvaguardar su imagen, ha preferido en casos como éste actuar sin transparencia, omitiendo denuncia, lo cual también configuraría un delito.

Lo peor es, que si se demuestra la agresión, Corvetto podría denunciar al Club por omisión de denuncia, considerando que hubo testigos y videos que probarían el hecho. Pero en ese caso podría ser sancionado con suspensión o expulsión del club, pues en sus Estatutos se enuncia como causal de sanciones «iniciar, mantener o publicitar querella o acción judicial contra el Club, a excepción de las acciones de impugnación establecidas en el Artículo 92º del Código Civil» (Art. 61°, e).

En otras palabras, el socio pierde el derecho a denunciar al club si hay responsabilidad de éste por un abuso o delito que haya sufrido dentro de sus instalaciones. Y también el club tendría carta libre para sancionar a los socios aplicando criterios discriminatorios, pues otra de las causales de sanciones es «cometer actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres» (Art. 61°, f). Lo cual, planteado bajo esa amplia ambigüedad, puede incluir hechos como presentarse abiertamente como homosexual, el beso de dos lesbianas en un espacio público o simplemente que una mujer ande en topless, cosas que no constituyen ninguna falta o delito en ninguna parte del territorio peruano.

A la élite pituca no le importa convivir con la corrupción con tal de mantener sus privilegios. En consecuencia, ha optado masivamente por apoyar a Keiko Fujimori y le tiene un miedo apocalíptico a un gobierno de Pedro Castillo. No me extrañaría que haya socios del Regatas que hayan estado de acuerdo con la agresión a Corvetto sólo por no haber impedido que el campesino de Chota obtenga más votos que la hija del dictador. Más aun cuando el mismo presidente del club, Jaime Cornejo Bustillo, ha manifestado que la responsabilidad de lo sucedido recaería sobre el jefe de la ONPE: «Yo he estado presente en el tema así que podría decir que casi he sido testigo de los hechos. Y para mí ha sido completamente orquestado por el señor Corvetto». Y es que Corvetto lo único que hizo fue hacer bien su trabajo, garantizando unas elecciones limpias y transparentes. Pero la transparencia y la incorruptibilidad son cosas que pasan a segundo plano cuando se trata de que la realidad se modele según los intereses arbitrarios de la pituquería limeña.

Por eso mismo, cuando en grupo de WhatsApp de antiguos compañeros de colegio del Colegio Humboldt critiqué la veneración casi fanática que algunos le prestaban a Keiko, alguien me llamó “conflictivo, acomplejado y resentido social”, calificativos que suelen aplicar los de la élite pituca a todos aquellos que hagan legítimas observaciones críticas a su clasismo y racismo inveterados. Por definición, ninguno de quienes forman parte de ese élite puede ser considerado un “resentido social”, pero sí aquellos de otros sectores sociales que no admiten su supremacía social.

El problema no lo he percibido recientemente. Ya desde hace décadas, en aquella época en que decidí unirme al Sodalicio, había una parte de mi ser que había quedado incólume a los rasgos clasistas que también había en el Sodalicio, y cuando alcancé la mayoría de edad rechacé la oportunidad que se me presentó de convertirme en socio del Regatas. No me arrepiento y me siento orgulloso de haber sido siempre un disidente de mi estrato social. O quizás un resentido social por motivos éticos y por respeto a la dignidad de todos los peruanos, sin distinción de clase, color ni condición social.

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Club de Regatas Lima, Corvetto

En julio de 2019 la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones del Congreso de la República, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, terminó su Informe Final, donde se analiza la problemática del abuso sexual contra menores, tras una investigación de los casos emblemáticos de violencia sexual en las escuelas públicas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), el Sodalicio de Vida Cristiana, el Colegio Héctor de Cárdenas y otros casos de relevancia como los abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes católicos en Huamachuco (La Libertad) y por dos miembros de la Congregación Salesiana, el caso de la niña que sufrió abusos sistemáticos y prolongados en un local de la Iglesia Evangélica Bautista “Lirio de los Valles” en San Juan de Lurigancho (Lima) y el caso de la alumna de intercambio Mackenzie Severns, de nacionalidad estadounidense, que fue violada por un alumno del Colegio Markham.

El cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019 cortó las posibilidades de que el informe de la Comisión De Belaúnde fuera discutido en el Pleno y finalmente dado a conocer a la opinión pública. Alberto de Belaúnde fue reelegido en el nuevo Congreso, pero lamentablemente no se le presentó la oportunidad para que el informe fuera sometido a debate en el Pleno y publicado oficialmente.

La importancia de este informe en lo que respecta al caso Sodalicio es que las investigaciones fueron hechas por personas independientes y no contratadas por la institución, como ocurrió en el caso de los dos breves informes de febrero de 2017 elaborados por expertos extranjeros contratados por el Sodalicio (Kathleen McChesney, Monica Applewhite, Ian Elliott), quienes, además de no conocer adecuadamente la realidad de la sociedad peruana y del papel que cumple en ella la Iglesia católica junto con sus instituciones, se orientaron más hacia una estrategia de control de daños que favoreciera al Sodalicio, limpiándole la cara, en vez de atender adecuadamente las justas demandas de las víctimas.

La publicación del Informe De Belaúnde evidenciaría que el Sodalicio todavía tiene varias cuentas que saldar e incluiría datos relevantes para el desarrollo de la denuncia penal contra miembros y ex miembros del Sodalicio que fue formalizada mediante resolución el 20 de noviembre de 2017 por la Décimo Octava Fiscalía Penal de Lima. Allí se acusa a Luis Fernando Figari, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones psicológicas graves) en agravio de 14 personas, entre las cuales se cuentan José Enrique Escardó, Pedro Salinas, los hermanos Vicente y Martín López de Romaña, Óscar Osterling, Álvaro Urbina y yo mismo.

La publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz en noviembre de 2015 fue solamente el disparo de partida para otros libros sobre el tema que aún están pendientes de ser publicados.

El psicoterapeuta y ex sodálite Gonzalo Cano Roncagliolo, quien, para optar al grado de magíster en la Pontifica Universidad Católica del Perú, presentó en el año 2014 una tesis con el tema “Del uso de la religión para la perversión: una mirada psicoanalítica al caso de Marcial Maciel”, ha preparado un libro que amplía las ideas de esta tesis y hace un análisis comparativo desde las ciencias psicológicas de los tres mayores abusadores de la Iglesia católica en Latinoamérica: Maciel, Karadima y Figari. Cano ya ha publicado una novela, “Sepulcros blanqueados”, donde recurre a la ficción para presentar una sociedad religiosa que es un calco del Sodalicio, a diferencia de la fallida novela “Y líbranos del mal” de Santiago Roncagliolo, primo hermano del anterior, que nos presenta una institución religiosa que se parece muy poco al Sodalicio real que conocimos quienes hemos sido víctimas de abusos en la institución.

Están también en lista de espera para ser publicados el testimonio autobiográfico de un ex sodálite así como mi propia historia personal, que no es solamente un relato autobiográfico sino una panorámica del Sodalicio desde adentro en las décadas de los 70 a los 90, sin centrarse en los abusos sexuales sino en el sistema mismo, que puede caracterizarse como secta destructiva.

Asimismo, también está el libro que ha anunciado Paola Ugaz sobre las finanzas del Sodalicio.

Las cuentas pendientes que tiene el Sodalicio son muchas. Su comisión de expertos internacionales habría contribuido a reducir a 67 el número de víctimas, en comparación con las más de cien víctimas —según fuentes confiables— que habría reconocido la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada en noviembre de 2015 por el mismo Sodalicio e integrada por los abogados Manuel Sánchez Palacios y Rosario Fernández Figueroa, el obispo de Lurín Mons. Carlos García Camader, la psiquiatra Maita García Trovato y el periodista Miguel Humberto Aguirre, quienes rechazaron las remuneraciones ofrecidas por el Sodalicio a fin de mantener su independencia.

Además, el Sodalicio habría implementado muy pocas de las recomendaciones hechas por ambas comisiones, y mucho menos habría aplicado castigos contra los abusadores que siguen perteneciendo a la institución. Las reparaciones indemnizatorias otorgadas a las víctimas no se ajustaron a estándares internacionales de justicia, muchos menos tomaron en consideración que el Sodalicio tiene un patrimonio millonario que le da la capacidad para pagar indemnizaciones que realmente mitiguen los daños producidos. A esto hay que añadir que las reparaciones fueron concedidas previa firma de acuerdos de confidencialidad que vulneran el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia. No conozco a ninguna víctima indemnizada por el Sodalicio que se haya sentido realmente agradecida a la institución por la manera en la que actuó.

Finalmente, el Sodalicio tiene cuentas pendientes conmigo, pues nunca me reconocieron como víctima, no obstante que la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación sí lo hizo, no obstante que el Ministerio Público me reconoce como agraviado en el delito de lesiones psicológicas graves, no obstante que viví más de 11 años en comunidades sodálites de consagrados y pasé por sufrimientos y abusos similares a los que padecieron Pedro Salinas y José Enrique Escardó, que estuvieron menos tiempo en esas comunidades y, sin embargo, sí fueron reconocidos como víctimas por el Sodalicio.

El Sodalicio también ha sido una cuña en mis relaciones familiares, pues mi hermano Erwin sigue perteneciendo a la institución y apenas me habla desde hace varios años; más aun, ha dado indicios de que no quiere que yo sepa en qué lugar del mundo se encuentra. El resquebrajamiento de los vínculos familiares se dio desde los 70, cuando mi madre aún vivía, y afecta hasta ahora a mi entorno familiar.

El Sodalicio, a través de la productora ICTYS (Instituto Cultural y Social) ha explotado comercialmente, desde la década de los 90, por lo menos 18 canciones de las cuales soy autor y compositor —tal como lo reconoce explícitamente ICTYS—, sin que yo haya cedido en ningún momento ningún derecho emanado de la propiedad intelectual de esas canciones y sin haber yo recibido nunca ningún céntimo por concepto de regalías.

El Sodalicio me ha quitado el sueño, me ha hecho despertar cada día con la conciencia obsesiva de ser un sobreviviente de un sistema sectario destructivo, ha envenenado y destruido muchas de mis amistades, me ha difamado como un ser desquiciado que sólo busca hacer daño a quienes quieren vivir una auténtica fe cristiana dentro de la Iglesia católica.

Pero aún me quedan la fe, producto de experiencias personales, y una esperanza indoblegable, que espera ver algún día al Sodalicio saldando sus cuentas pendientes.

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Sodalicio

El crítico literario Jose Carlos Yrigoyen dijo alguna vez que en las novelas de Santiago Roncagliolo se cumple «una regla donde lo trivial, lo frívolo y lo predecible se imponen». Y no es otra la impresión que he tenido al terminar de leer su última novela “Y líbranos del mal”.

La falta de originalidad del autor se evidencia desde el mismo título, usado tantas veces en otras obras que describen males presentes en el seno de la Iglesia católica, en especial el excelente documental “Deliver Us from Evil” (2008) de Amy Berg, que aborda el abuso clerical al hilo de una entrevista con el P. Oliver O’Grady, un pederasta en serie que actuó en la arquidiócesis de Los Angeles (California) y que se retiró a vivir a Irlanda después de purgar condena en cárceles de Estados Unidos.

El punto de partida de Roncagliolo es sospechosamente muy parecido al de “Sepulcros blanqueados”, otra novela inspirada en el Sodalicio y publicada el año pasado por el psicoterapeuta y ex-sodálite Gonzalo Cano, quien además es primo hermano del escritor. En ambas novelas, el hijo de un hombre que ha emigrado del Perú a los Estados Unidos regresa a Lima para averiguar sobre el oscuro y misterioso pasado de su progenitor. Mientras que en la novela de Cano el padre se suicida al principio, en la novela de Roncagliolo está vivo y se llama Sebastián Verástegui, pero por motivos desconocidos no quiere volver a pisar Lima en su vida y, cuando su madre (Mamá Tita) enferma gravemente, envía a su hijo a la capital peruana para que éste cuide de su querida abuela. En ambas novelas el pasado oculto y secreto del padre está vinculado a una orden religiosa de características sectarias, en las cuales él mismo habría cometido abusos sexuales.

Pero mientras que la novela de Cano se desarrolla como un thriller policíaco que sigue a tres personajes, sumidos en una atmósfera de miedo y angustia, en la novela de Roncagliolo el miedo no está tan presente, sino más que nada los silencios reveladores y el temor de quienes rodean al protagonista respecto a que éste descubra la verdad sobre su padre.

Durante los dos primeros tercios de la novela el autor nos da algunas pistas, algunos indicios, sugiere sospechas, pero poco llegamos a saber sobre la organización sectaria que está detrás del meollo. En una trama predecible, cansina y cargada de clichés literarios y lugares comunes, Roncagliolo nos narra las peripecias de Jimmy Verástegui en un ambiente burgués limeño de clase media acomodada, ubicado en una zona urbana entre San Isidro y Miraflores, donde conocemos a algunos personajes que le revelan información sobre la institución a la que perteneció su padre, antes de callar definitivamente. Aquí no llegamos a enterarnos de ningún abuso concreto que se haya realizado en la organización, no obstante que ya se nos adelanta que efectivamente habrían ocurrido.

Es en la tercera parte donde Roncagliolo busca poner la carne en el asador, pero la pone mal, pues lo que al final llegamos a saber parece sacado de un thrilller comercial hollywoodense o de un cómic barato de kiosko. Pues la organización religiosa descrita por Roncagliolo se parece poco o nada al Sodalicio en que se inspira. Los personajes basados en los abusadores Jeffery Daniels (Sebastián Verástegui), Luis Fernando Figari (Gabriel Furiase) y Germán Doig (Paul Mayer), las víctimas inspiradas en Rocío Figueroa (Marisa Vega) y Álvaro Urbina (Daniel Lastra), el periodista inspirado en Pedro Salinas (Julián Casas) no se asemejan a sus originales ni por asomo, al contrario de lo que ocurre en la novela de Gonzalo Cano, donde los personajes ficticios son retrato fiel de las personas reales en las que se basa. Roncagliolo, en cambio, se limita a poner en escena personajes planos sin mayor profundidad.

No le niego al autor, como novelista, su derecho a escribir las ficciones que le vengan en gana. Pero en una buena novela el escritor recurre a la invención literaria para profundizar mejor en una realidad que la pura documentación testimonial no logra reproducir plenamente. Además, Roncagliolo presenta como parámetro de su ficción realidades sociales que supuestamente existen. Sus descripciones de los ambientes neoyorkinos y de la burguesía limeña se mueven dentro del marco de una descripción naturalista que busca reflejar aspectos de la realidad. Pero yerra el blanco cuando intenta recrear los ambientes de esa orden que supuestamente tendría como modelo al Sodalicio. Más aún, traiciona la veracidad de los testimonios de abusos al hacer interpretaciones personales que resultan deshonestas y ofensivas para las víctimas. ¿Tiene sustento en la realidad presentar a quienes sufrieron abusos en el Sodalicio como una camarilla de compadres que se juntan solo entre ellos para contarse sus historias consumiendo cerveza y whisky hasta la ebriedad en reuniones parrilleras? ¿Existen fundamentos para presentar a Daniel Lastra —el avatar de Álvaro Urbina— como alguien que sólo busca figuración a través de sus denuncias, que es un homosexual que en cierto momento intenta seducir a Jimmy Verástegui y que anteriormente había tomado la iniciativa en la seducción de su padre Sebastián —avatar de Jeffery Daniels—, mientras que éste había intentado resistirse a los avances del joven muchacho, pero finalmente había cedido a la tentación? Sin contar con que el abuso sufrido por Marisa Vega —tomado del testimonio de Rocío Figueroa en “Mitad monjes, mitad soldados”— es narrado con tal ligereza y superficialidad, que el lector termina preguntándose si lo que se describe es verdaderamente un abuso o una exploración de la sexualidad en personas adultas.

Además, no llegamos a saber en concreto cuáles fueron los abusos sexuales, porque Roncagliolo simplemente no los cuenta ni detalla. Nada de nada. En ese sentido, la novela es casi pudorosa, decentemente burguesa, sin descripciones gráficas que puedan incomodar a la multitud de lectores dispuestos a pasar el tiempo con una novela de digestión fácil y complaciente.

Como resultado, los abusos sexuales parecen evaporarse en la incógnita del quién sabe, pues lo que se ve en la novela de Roncagliolo es una institución religiosa donde había relaciones homosexuales consentidas entre algunos de sus miembros. La manipulación psicológica —favorecida por la asimetría en las relaciones jerárquicas—, el control mental producto del lavado de cerebro, el miedo solapado inculcado en los miembros de la organización, todo ello está ausente del relato, probablemente porque el autor no entiende cómo ocurrieron esas cosas. Tampoco llegan a entenderse los daños que puede generar el abuso sexual en los afectados. En la novela, el personaje de Tony “El Vaquero” es presentado como aquel que mayor daño psicológico ha sufrido en lo personal por algo ocurrido cuando tenía como compañero de andanzas en el barrio a Sebastián Verástegui. Pero nunca llegamos a enterarnos de qué es lo que efectivamente le sucedió.

No puedo sino estar de acuerdo con lo que José Carlos Yrigoyen escribe en su columna de crítica literaria en El Comercio: «Más que ser una novela sobre el abuso sexual, la ligereza con que Roncagliolo asume sus materiales hace de “Y líbranos del mal” la crónica de un triángulo gay con música de denuncias de fondo. Se restringe a detallar los celos y venganzas de Sebastián, Daniel y Furiase; prefiere no ahondar en el infernal mundo que los rodea, el cual apenas podemos adivinar o imaginarnos, pues Roncagliolo, por razones misteriosas, ha escogido ocultarlo».

Al final, el autor no llega a profundizar en la temática del abuso. Su novela no sirve para entenderlo a mayor cabalidad, pues queda reducido a un acontecimiento impreciso, subjetivo y —por qué no decirlo— banal. Qué más se puede esperar de una narrativa que hace de la ligereza y la frivolidad su bandera, su estilo, su atractivo, su gancho para embelesar a lectores poco exigentes.

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Abuso, Literatura, Santiago Roncagiolo

El 15 de marzo de este año el Vaticano, a través de su órgano inquisitorial, la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un comunicado sobre la siguiente pregunta: «¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo?» La respuesta fue negativa. Aunque indignante, era de de esperarse, dada la tradicional postura discriminatoria y anticientífica que la Iglesia mantiene sobre la homosexualidad.

Lo más irritante, incluso para muchos creyentes católicos, fue la manera de fundamentar esta decisión: «no es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios». La Iglesia «no bendice ni puede bendecir el pecado: bendice al hombre pecador, para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él».

En otras palabras, la orientación homosexual, que la psicología moderna sacó desde hace ya tiempo del catálogo de trastornos o enfermedades mentales, sigue siendo considerada por la Iglesia como una anomalía en el mundo creado por Dios. O peor aún, como algo que el mismo Dios rechaza.

Se trata de una doctrina basada en un puñado de textos bíblicos interpretados sin considerar el contexto histórico y social de su época. Aplicando la misma metodología deberíamos considerar no sólo la homofobia, sino también la misoginia, la esclavitud, la pena de muerte, el genocidio de pueblos enteros como cosas queridas por Dios sólo porque en tiempos bíblicos se consideraban como normales y aceptables.

Y no es que el texto de esta declaración vaticana incite explícitamente al odio y a la discriminación de los homosexuales. Sin embargo, el lenguaje suave y aterciopelado que emplea no da lugar a confusiones. Con su llamado a la comunidad cristiana y a los Pastores «a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales» se nos da a entender que ser homosexual es para la Iglesia un problema, una aberración, una mancha en ese espejo de perfección y pureza que debería ser la Iglesia según la jerarquía católica. Es claro que para esta gerontocracia —o gobierno de carcamales— los homosexuales no merecen un trato normal —como el que se le concede a cualquier hijo de vecino— sino que, además del respeto debido, deben ser tratados con “delicadeza”, es decir, con un cuidado especial que sólo revela la hipocresía de quienes dicen practicarlo.

El problema abarca mucho más que la simple homosexualidad. El meollo está en la moral sexual de la Iglesia católica, que se ha quedado anclada en esa visión ya superada de que las relaciones sexuales sólo son lícitas, no sólo si expresan amor, sino también si incluyen una necesaria vinculación o apertura a la reproducción del género humano. Todo lo que se salga de este parámetro reproductivo, por más que sea expresión de amor y comunión humana, es condenado como pecado, olvidando que el libro más sexual de la Biblia, un poema de amor apasionado conocido como el Cantar de los Cantares, no menciona para nada la reproducción humana en sus imágenes cargadas de explícito erotismo.

Para completar el cuadro de la infamia, se debe tener en cuenta lo que el periodista francés Frédéric Martel señala en su libro de investigación periodística “Sodoma: Poder y escándalo en el Vaticano” (2019): que un alto porcentaje del clero católico —incluyendo presbíteros, obispos y cardenales— es homosexual, no sólo plátonico sino practicante. De lo cual se puede concluir que los dardos de la actual doctrina católica sobre la homosexualidad sólo se dirigen hacia aquellos gays que han salido del clóset. Mientras eso no ocurra, se puede escalar posiciones en la jerarquía católica, manteniendo los amores prohibidos ocultos detrás de la fastuosidad de los ritos y de las proclamas a favor de la familias compuestas exclusivamente por padre y madre unidos en santo matrimonio y, en lo posible, abiertas a una progenie numerosa. Lo cual deja al margen a una inmensa multitud de seres humanos, que han formado familias que no se ajustan al modelo tradicional pero que se asientan sobre un amor auténtico y sincero.

Como respuesta a esa ceguera de la cúpula vaticana ante el hecho positivo y enriquecedor de las uniones homosexuales, ha surgido en Alemania el movimiento “Liebe gewinnt” (“El amor gana”), que comenzó organizando el 10 de mayo una maratón de servicios religiosos en alrededor de 100 iglesias de toda Alemania para impartir a todas las parejas que se presentaran —tanto hetero como homosexuales— la bendición de Dios. A este proyecto se han unido muchos párrocos y obispos, que mantienen una legítima objeción de conciencia ante la retrógrada e injustificada decisión tomada en el Vaticano.

La página oficial de esta iniciativa resume así su visión, expresada en una declaración oficial: «Ante la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe de bendecir uniones de parejas homosexuales, elevamos nuestra voz y decimos: Bendeciremos y también acompañaremos de aquí en adelante a personas que se comprometen en una unión vinculante. No les negamos la celebración de una bendición. Hacemos esto dentro de nuestra responsabilidad como agentes pastorales, que les prometemos a seres humanos en momentos importantes de su vida la bendición que sólo Dios obsequia. Respetamos y apreciamos su amor, y creemos, además, que la bendición de Dios está con ellos. Ha habido intercambio abundante de argumentos teológicos y de nuevos conocimientos. No aceptamos que una moral sexual discriminatoria y anticuada sea puesta sobre las espaldas de las personas y socave nuestra trabajo pastoral con las almas».

Ya el Papa Francisco parecería haber tomado distancia, tímida aunque clara, del pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe en una carta del 23 de abril dirigida al P. Michael Brehl, Superior General de la Congregación del Santísimo Redentor, con ocasión del 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso María de Ligorio como Doctor de la Iglesia, donde dice que «el anuncio del Evangelio en una sociedad que cambia rápidamente requiere la valentía de escuchar la realidad, para educar las conciencias a pensar de manera diferente, en discontinuidad con el pasado».

¿Podrá dar la Iglesia católica ese paso de discontinuidad con un pasado  salpicado de abusos, discriminaciones y crímenes que ponen en duda su pretensión de ser santa? Eso recién lo veremos en el futuro. Mientras tanto, muchos pastores de almas en Alemania ya han dado el primer paso al bendecir las uniones homosexuales de personas que quieren dar testimonio de un amor sincero y participar de una comunidad cristiana que los acepte tal como son.

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Catolicismo, Iglesia, Religión

Cuando trabajé en Karlsruhe (estado de Baden-Wurtemberg, Alemania) de 2008 a 2013 en el servicio telefónico multilingüe al cliente para unos productos (máquinas de diagnosis de automóviles) de la empresa Siemens, durante más de tres años —desde octubre de 2008 a febrero de 2012— tuve como compañero de trabajo a Odfried Hepp, un alemán ligeramente subido de peso, simpático, correcto, tranquilo y muy responsable que se encargaba de los clientes de habla alemana y francesa. Lo que yo ignoraba al principio era que quien realizaba sus labores a pocos metros de donde yo estaba sentado había sido el terrorista alemán más buscado por la Interpol entre 1983 y 1985 hasta su captura en París en este último año.

Nacido en 1958 en Achern, una localidad de la Selva Negra (suroeste de Alemania), Odfried se unió en su juventud al grupo paramilitar del neonazi Karl-Heinz Hoffmann y estuvo en el Líbano para ser entrenado en tácticas de guerrilla por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En 1982 fundó junto con el neonazi Walter Kexel la célula terorrista Hepp-Kexel, a la cual se le atribuyen cinco asaltos a bancos y por lo menos once atentados con bombas a objetivos estadounidenses en suelo alemán entre octubre y diciembre de 1982, en los cuales, además de haber daños materiales, resultaron heridos soldados norteamericanos. Cuando la célula fue desactivada por la policía a inicios de 1983 con la captura de Kexel y otros cuatro miembros más, Odfried huyó a través de Berlín hacia la entonces República Democrática Alemana, siendo reclutado por el Ministerio para la Seguridad del Estado —más conocido como la Stasi, órgano de inteligencia del gobierno comunista—, cuyos representantes lo enviarían a Damasco para labores de espionaje en calidad de doble agente. En Medio Oriente tomaría contacto con el Frente para la Liberación de Palestina (no confundir con la OLP), se trasladaría a Túnez y después a Marsella (Francia) donde fungiría de contacto a fin de conseguir armas para los terroristas palestinos.

Odfried fue capturado en París en abril de 1985, cuando intentaba conseguir un nuevo pasaporte falso, y entre Francia y Alemania pasaría más de ocho años en prisión hasta su liberación en diciembre de 1993, obtenida gracias a su colaboración con la policía para detener a otros antiguos camaradas que habían estado activos en el ámbito del extremismo terrorista de derecha.

En el año 2000 Odfried terminaría graduándose en Ciencias Aplicadas de Lengua y Cultura en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (en su sede en Germersheim, a 17 km de donde yo vivo actualmete) y se reintegraría al mercado laboral.

¿Una excepción? De ninguna manera. Pues el objetivo del Estado alemán nunca ha sido la eliminación de los ex-terroristas o la anulación de sus derechos, sino su reintegración en la sociedad. Tras cumplir su condena, tanto ex-terroristas de derecha como de izquierda que participaron en atentados incluso con víctimas mortales, se han reintegrado a la sociedad, trabajando en diversos oficios como maestros de escuela, escritores, documentalistas, traductores, transportistas, gastrónomos, etc. Algunos de ellos incluso han recibido una nueva identidad para que no se les vincule con su pasado.

Ser abogado de terroristas tampoco constituye en Alemania un motivo de deshonra, pues el derecho a una defensa legal le corresponde a todo aquel que sea acusado en un proceso judicial, independientemente de cuáles hayan sido sus delitos. En los 70 el abogado Otto Georg Schily (1932- ) defendió legalmente a terroristas de izquierda, miembros de la Fracción del Ejército Rojo, lo cual no fue obstáculo para que llegara a ser Ministro del Interior de Alemania de 1998 a 2005 durante el gobierno del canciller Gerhard Schröder.

Llamar terroristas a quienes son de izquierda, pretender vincular a los defensores de derechos humanos con grupos terroristas, considerar terrorista a quien tuvo encuentros casuales con personas que sí estuvieron vinculadas a grupos terroristas, señalar como apología del terrorismo las denuncias hechas contra quienes violaron derechos humanos en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, en fin, la infame práctica del terruqueo asume éstas y otras formas en su intento de descalificar a quienes no comulgan con las propias ideas. Detrás se esconde también una de las peores taras de la sociedad peruana: la discriminación de sectores enteros de peruanos y el recorte de sus derechos fundamentales.

Porque en el Perú nunca ha habido políticas para la reinserción social de quienes alguna vez militaron en grupos políticos que practicaron el terrorismo. O de quienes sólo colaboraron o simpatizaron con ellos. En el fondo se cree que la eliminación del terrorismo pasa por la eliminación de los terroristas, seres humanos de carne y hueso. Y como su eliminación física ya no es posible, se pretende eliminarlos como ciudadanos y dejarlos sin derechos.

Ciertamente, quienes planearon y ejecutaron acciones criminales deben ser juzgados y sentenciados, como se ha hecho con Abimael Guzmán, con Víctor Polay, y con varios militantes de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero la pena debe consistir en la privación de la libertad y no en la anulación de los derechos inalienables que les corresponden por su condición humana.

El 25 de agosto de 2017 Mávila Huertas, conductora de Canal N, le hizo la siguiente pregunta al renombrado periodista César Hildebrandt: «Hace muchos años recuerdo mucho y claramente, cuando el cáncer era una enfermedad incurable, que me dijiste: “el terrorismo en el Perú es como un cáncer”. Claro, hoy el cáncer si se detecta a tiempo y se recibe los tratamientos adecuados quizá ya no sea una un enfermedad incurable. Pero en ese momento me dijiste: “Si las distancias sociales continúan en el Perú como está, siempre habrá caldo de cultivo para el terrorismo”. Si la estrategia hoy es pelear con ideas, teniendo en cuenta cómo están nuestros partidos, es decir, quienes entrarían a discutir ideas con el MOVADEF y con estas otras plataformas, ¿tú estarías de acuerdo en permitirles participación política, así como están las cosas hoy?»

Ésta fue la respuesta deHildebrandt: «Es que la otra vía es que el caldero empiece a hervir y no tenga desahogos ni salidas. Si ellos quieren convertirse en partido político, renunciando a la lucha armada… ¡hombre! ¿no ha pasado en Colombia? ¿no está pasando en España con ETA? ¿no pasó en el Reino Unido con Sinn Féin, con los que fueron los terroristas más perversos de Dublín? ¿Quiénes somos nosotros para decir: no, es que el Perú es especial, aquí nadie retrocede y aquí, en fin, los rencores son invictos y el pasado manda? ¡No, pues! […] Tendrían eso sí, por supuesto, que renunciar a la política de la lucha armada, de la violencia y del terrorismo. Pero si quieren convertirse en partido político, ¡bienvenidos, puente de plata! Hay que ser muy torpe para decirle “¡no!” al adversario que quiere transformarse y quiere tener una vía pacífica de presencia, de protagonismo».

En el Perú se logró reprimir el terrorismo mediante la captura de sus líderes y la derrota de sus seguidores mediante el uso de la fuerza. Lo que nunca se hizo fue ofrecerles la posibilidad de una reintegración en la sociedad a quienes habían militado en las filas de Sendero Luminoso y del MRTA. Por otro lado, la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos efectuadas por las fuerzas armadas y avaladas por los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori —aquello que podríamos denominar “terrorismo de Estado”— han quedado impunes. Y mientras que tener vinculaciones con personas que apoyaron ese terrorismo de Estado no es mal visto en la sociedad peruana, la vinculación —por más remota que sea— con personas que participaron del terrorismo de izquierda es utilizada para desacreditar incluso a quienes ahora respetan las vías democráticas.

Mientras no se hagan realidad en el Perú políticas de inclusión que abarquen a todos los peruanos sin excepción —incluyendo a quienes alguna vez optaron erróneamente por el camino de la violencia—, seguirá habiendo miedo y rabia en el ambiente, y no podrán cicatrizar las heridas que ha dejado una historia de confrontaciones, divisiones y discriminación.

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Odfried Hepp, Terrorismo

Vivo en un pueblito agrícola de Alemania con un poco más de 300 habitantes, en medio del campo. La principal actividad económica es el cultivo de uvas para producir vinos de buena calidad. Pero también se cultiva papas, zanahorias, nabos, lechugas, coles, coliflor, brócoli, espárragos, remolacha azucarera, trigo, maíz y girasoles, además de manzanas, peras, membrillos, ciruelas, zarzamoras e higos. Los campos de cultivo empiezan a 50 metros de mi casa y rodean al pueblo por todos sus confines.

En el pueblo mismo no hay muchos negocios: cinco fabricantes de vino —dos de ellos incluidos en los prestigiosos catálogos vinícolas Gault&Millau y VINUM de Alemania—, una casa de huéspedes con un minúsculo restaurante que ofrece gastronomía local, un taller de mecánica automotriz, un anticuario, un experto en jardinería y un corredor de seguros.

La gente es sencilla, amante de sus tradiciones gastronómicas y festivas. Muchos, sobre todo quienes han nacido y crecido en el pueblo, hablan un dialecto de difícil comprensión para quienes sólo manejan el idioma alemán oficial, con un acento peculiar que los identifica como oriundos de esta región, el Palatinado. Incluso hay entre ellos quienes entienden el alemán, pero no lo hablan, como si se tratara de una lengua extranjera.

Además de la calle principal que atraviesa el pueblo, hay sólo ocho calles más, todas asfaltadas.

Hay agua corriente, luz, gas e Internet, que ha mejorado desde que yo llegué aquí en 2013 desde 1 MBPS hasta los 1000 MBPS que serán posibles cuando este año se instale conexiones de fibra de vidrio hasta los domicilios, aunque quien desee opciones más económicas puede optar por planes de 200 MPBS o 400 MBPS.

En fin, un pueblito rural del país profundo, pero no olvidado, como suele ocurrir con los pueblos de provincias en el Perú.

Pero no siempre fue así. Por los testimonios de las personas octogenarias en el asilo de ancianos donde trabajo, he sabido que aquellos que habían vivido en pueblos en sus años jóvenes no tenían ni agua, ni luz, ni gas. El agua había que sacarla de pozos. En las noches se prendían velas o lamparines de petróleo. Se cocinaba con leña. Las verduras, cereales y frutas se compraban en el mercado local o se cultivaban en huertas propias. Carne se comía sólo los domingos. La gente tenía sus gallinas y sus cerdos, a veces también gansos una que otra vaca, y elaboraba los embutidos y jamones de manera casera. Se utilizaban técnicas tradicionales para elaborar conservas de verduras y frutas, que eran almacenadas en el sótano junto con las papas. La letrina era una cabina con un hueco en el suelo, separada de la casa, y los excrementos se utilizaban como abono en el campo. El trasero se lo limpiaban con papel periódico. Sólo podían bañarse una vez a la semana, generalmente el sábado en familia, porque el agua no alcanzaba para más. Y, sobre todo, se trabajaba duro desde el amanecer hasta el atardecer.

Y así fue más o menos hasta los años 50, cuando el milagro económico alemán fue convirtiendo a Alemania en un país desarrollado. Esto fue posible gracias a una auténtica economía social de mercado —no sólo de nombre, como figura en la constitución peruana del 93—, donde el desarrollo económico va íntimamente unido al desarrollo social. Una economía de mercado donde los agentes económicos tienen que garantizar el bienestar de los trabajadores; donde hay sindicatos fuertes que tienen representantes en los directorios de las grandes empresas y le hacen contrapeso al poder de los empresarios; donde las políticas del Estado impiden que se formen monopolios; donde el sustento, la vivienda y la salud deben estar al alcance de quienes reciben un sueldo o salario; donde el Estado interviene con subsidios cuando hay quienes caen por debajo del nivel de subsistencia; donde el Estado interviene regulando el mercado, sin afectar las ley de la oferta y la demanda ni la competitividad, para corregir las tendencias que ocasionan desigualdades extremas que generen conflictos sociales. Y donde hay una preocupación por el desarrollo sostenible hasta del último pueblo de provincia.

Sólo en épocas de crisis ha surgido en Alemania la tentación de los gobiernos extremistas y totalitarios. El hambre y la situación de caos que hubo a fines de la Primera Guerra Mundial, con la consiguiente abdicación y huida del káiser Guillermo II, gatillaron una revolución comunista a ejemplo de la Revolución Rusa, que fue sofocada violentamente por fuerzas de derecha y culminó con los asesinatos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. El otro momento fue la crisis económica de los años 20 y el fracaso de la República de Weimar, que ocasionaron la subida al poder de Adolf Hitler en 1933.

Pero desde los 50 casi no habido en el campo la tentación de votar por partidos extremistas, sino que el péndulo se ha movido continuamente entre los demócratacristianos y los socialdemócratas. Porque lo básico y esencial también está garantizado en el campo, no sólo en la ciudad. E incluso hay en Alemania quienes prefieren vivir en el campo —por ser más económico— y trabajar en la ciudad. Porque —también hay decirlo— el transporte público está entre los mejores del mundo y las comunicaciones viales son buenas, pudiéndose llegar a cualquier lugar con vehículo propio.

Si en el Perú de las últimas décadas las autoridades —desde el presidente hasta los alcaldes locales— se hubieran preocupado efectivamente por el desarrollo de los pueblos de provincia, sin dilapidar los recursos en la corrupción, no tendríamos al campo dispuesto a elegir una opción política extremista, que conlleva grandes riesgos para el futuro del país. Una opción que ha recogido el clamor del campo y de las zonas empobrecidas de las grandes ciudades, que promete el gran cambio que con justicia anhela la población olvidada y desfavorecida, y que probablemente salga victoriosa en las próximas elecciones ante una opción que garantiza la continuidad de lo mismo de siempre, con sus fuertes dosis de corrupción, impunidad e injusticia.

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Campo, Voto

Durante mis primeros años en el Sodalicio, a fines de los 70, Germán Doig me recomendó leer un pequeño libro que también le gustaba mucho a Luis Fernando Figari: “Izquierdas y derechas: Su sentido y misterio” (1974), de Jorge Martínez Albaizeta. Publicado en España por la ultramontana Fundación Speiro —a cuya revista mensual “Verbo” estaba suscrito Figari—, este librillo de 124 páginas pretende analizar los términos de “derecha” e “izquierda” no sólo desde la política, sino también desde la teología y la metafísica, considerando ambos términos como categorías del ser y del lenguaje, afincadas en el subconsciente colectivo de la humanidad. De este modo, la derecha estaría asociada al dogma (entendido como verdad sólida e incontestable), la jerarquía y el orden, mientras que la izquierda implicaría el escepticismo, el igualitarismo y el desorden. La derecha se caracterizaría por “pensar bien” (objetivismo ante la realidad) mientras que en la izquierda primaría el “pensar mal” (subjetivismo). La derecha se asociaría con lo correcto y la dicha, mientras que la izquierda estaría asociada a lo incorrecto y la desdicha. En resumen, la derecha sería el Bien y la izquierda, el Mal. Así, con mayúsculas.

 

Ni qué decir, el autor, un estudiante argentino de 21 años cuando escribió este panfleto, es también un católico ultraconservador que cree a pie juntillas en la doctrina medieval que postula que Dios ha creado el mundo con un orden y jerarquías (metafísicas y sociales), por lo cual no extraña que considere que en el siglo XIII —época de su admirado Santo Tomás de Aquino— se dio la sociedad perfecta (teocrática, ciertamente) y que los siglos posteriores verían un proceso de decadencia debido a la progresiva “izquierdización” de Occidente.

 

Lo cierto es que la división del espectro político en derecha e izquierda tiene su origen en una votación del 28 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución Francesa. Los diputados que estaban a favor del mantener el poder absoluto del Rey se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que aquellos que estaban en contra y propugnaban la soberanía nacional y la voluntad general por encima de la autoridad del monarca, se situaron a la izquierda. Entre éstos se hallaban los jacobinos, que sostenían que la soberanía reside en el pueblo y defendían una democracia con sufragio universal, la obediencia a la Constitución y a las leyes, el libre comercio —lo que ahora llamamos economía libre de mercado—, el Estado como garante del bien común, las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la abolición de la esclavitud y la educación gratuita obligatoria —por lo menos a nivel de enseñanza primaria—. Es decir, el liberalismo —basado en la doctrina de Jean Jacques Rousseau— comenzó prácticamente su carrera política como ideología de izquierda.

 

A lo largo de la historia posterior se ha ido aplicando las categorías de “derecha” e “izquierda” a las más variadas ideologías, siendo la única constante que en la derecha se situaban los que defendían el status quo imperante, mientras que en la izquierda estaban todas aquellas posiciones que implicaban un cambio sustancial —y hasta revolucionario— del orden vigente.

 

Tratar de definir lo que es derecha o izquierda según otros criterios resulta complicado. Pues posiciones democráticas tanto como dictaduras las hay y las ha habido a ambos lados del espectro. El intervencionismo del Estado se da tanto en lo que se llama posiciones de extrema derecha cercanas al fascismo como en los regímenes socialistas. Y cuando uno habla de países europeos con sistemas socialdemócratas (como Alemania, Dinamarca y los países nórdicos), se considerarán como de derecha o de izquierda según el cristal con se que los mire. De hecho, no encajan dentro de las definiciones rígidas y prefabricadas de ambos conceptos, dándose en ellos una mezcla de intervencionismo estatal con economía de mercado sujeta a restricciones en aras de un sistema social que beneficie a todos sin excepción.

 

A fin de cuentas, los términos de “derecha” e “izquierda” han terminado convirtiéndose en la práctica en etiquetas vacías que expresan un juicio de valor. O un prejuicio. Pues cada uno de ellos suele despertar sentimientos encontrados y obnubilar la razón cuando se trata de analizar propuestas concretas.

 

Lo mejor que podemos hacer ante estas elecciones presidenciales y congresales, si queremos emitir un voto razonado, es aparcar en el desván del entendimiento ambas categorías y, prescindiendo de ellas, revisar las intenciones y los planes de gobierno de cada candidato. Y las capacidades y competencias personales que han mostrado en campaña.

 

Ni la izquierda ni la derecha son buenas ni malas, al contrario de lo que planteaba el libro que se me recomendó en el Sodalicio, o como pretenden hacernos creer ciertos discursos que alimentan el odio y el miedo en estas épocas aciagas. Lo único que debería hacernos temer son aquellas candidaturas que buscan defender privilegios injustificados, obviar los derechos humanos, imponer gobiernos dictatoriales de “mano dura” y posponer las reformas necesarias en educación, salud, política y economía.

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Derecha, Elecciones 2021, Izquierda, Martin Scheuch

Cuando en junio de 1966 el Papa Pablo VI anunció que ya no habría nuevas ediciones del infame “Índice de Libros Prohibidos”, publicado por primera vez en 1564 —donde se listaba los libros que todo católico tenía prohibido leer bajo pena de sanciones (censura y excomunión)—, y que debía ser considerado a partir de entonces solamente como un referente moral y nada más, Josemaría Escrivá de Balaguer, el curita estrambótico fundador del Opus Dei, exclamaría en varias de sus alocuciones públicas, levantando teatralmente el índice derecho: «Cuando el Papa quitó el “Índice” de la Iglesia, yo puse el mío».

 

¿A qué se refería? A la lista secreta de libros que bajo el eufemístico nombre de “Guía bibliográfica” todavía se mantiene en el Opus Dei, indicando qué libros pueden leer sus miembros y cuáles no, poniéndoles una valoración que va del 1 al 6, y cuya calificación sube de acuerdo al grado de formación —entiéndase adoctrinamiento o lavado de cerebro— que tengan los potenciales lectores. A partir de la nota 3 se requiere permiso del director espiritual para leer un libro. No se permite la lectura de los libros que tengan nota 5, salvo con permiso de la delegación local, y los libros con nota 6 son de lectura prohibida, salvo con autorización expresa del prelado, la máxima autoridad de la Obra.

 

Éste “Índice” lista más de 60.000 títulos, de los cuales más de 5.500 son de lectura no permitida y más de 6.800 son de lectura prohibida, lo cual da como resultado unos 12.400 libros que un miembro del Opus Dei por lo general no está autorizado a leer si no quiere ir contra las normas de la institución y cometer una falta grave.

 

Una somera revisión de la versión 2003 de este “Índice” —disponible de manera no oficial en Internet— nos proporciona un panorama curioso y preocupante del horizonte cultural del Opus Dei, institución a la cual Rafael López Aliaga pertenece en calidad de numerario o laico consagrado.

 

De arranque, los más importantes autores de la filosofía moderna están vetados : desde Descartes hasta el estructuralismo, pasando por el empirismo británico, la ilustración francesa, el idealismo alemán, el positivismo, la fenomenología, el existencialismo y el marxismo crítico. También están prohibidos los libros de los creadores de la psicología moderna en el siglo XX: Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, entre otros. Autores clásicos de la literatura francesa del siglo XIX también están entre aquellos cuyos libros deberían ser quemados en la hoguera: Honoré de Balzac, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola, etc. A mayor abundamiento, varios libros —y en algunos casos las obras completas— de los siguientes ganadores del Premio Nobel de Literatura no se verán en estantes de las bibliotecas opusdeístas: Anatole France, Henri Bergson, Thomas Mann, Sinclair Lewis, Hermann Hesse, André Gide, William Faulkner, Bertrand Russell, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Pablo Neruda, Saul Bellow, Isaac Bashevis Singer, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz, José Saramago, Günter Grass, Doris Lessing y Mario Vargas Llosa. La lista de la “infamia” continúa con autores latinoamericanos como Alejo Carpentier, Ernesto Sabato, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Alfredo Bryche Echenique, Manuel Scorza, Juan Carlos Onetti, José Donoso, Isabel Allende, Jaime Bayly. Otros clásicos peruanos como José Carlos Mariátegui, Cesar Vallejo y José María Arguedas también son de lectura prohibida. Sin contar con clásicos de la literatura española como Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Blasco Ibáñez, Rafael Alberti y Juan Goytisolo, entre otros.

 

Y así se podría continuar con autores imprescindibles para entender la cultura contemporánea como David Herbert Lawrence, Bertolt Brecht, Aldoux Huxley, Norman Mailer, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Gore Vidal, Woody Allen, Umberto Eco, etcétera, etcétera, etcétera. Como anécdota curiosa cabe contar que incluso una compilación de sermones de Martin Luther King , publicada en 1963 bajo el título de “Strength to Love” (“Fuerza para amar”), cae bajo la guadaña censora del index secreto del Opus Dei.

 

Bajo estos parámetros es prácticamente imposible que un miembro del Opus Dei sea una persona culta según los estándares actuales, aunque probablemente pueda serlo de acuerdo a criterios medievales. Esta prohibición masiva de lecturas sólo puede engendrar brutos ignorantes que se creen sabios en base a los pocos libros que se les permite leer y que compaginan con su visión de pequeños burgueses mojigatos sin mayores horizontes críticos en la vida y con una concepción estrecha y sesgada de la realidad.

 

Además, representa una suerte de control de la información, lo cual suele darse en organizaciones de características sectarias que se caracterizan también por mostrar una fuerte agresividad hacia aquellos que no comparten su cosmovisión religiosa y su ideología trasnochada. No es coincidencia que éste sea el estilo de quienes representan a la derecha más bruta y achorada que ha tenido el Perú, no sólo López Aliaga sino también otros personajes vinculados al Opus Dei: Rafael Rey, Martha Chávez y el cardenal Cipriani.

 

Por último, que López Aliaga, como cualquier miembro del Opus Dei, considere como lo más normal del mundo que haya miles de libros cuya lectura no le estaría permitida, constituye también una amenaza para la libertad expresión, si llegara a ocupar el más alto cargo público del país. Porque quien cree que hay libros cuya lectura debe serle inaccesible en lo personal, fácilmente puede dar el salto hacia la idea de que hay libros cuya difusión no debe ser permitida y que hay medios periodísticos que deberían ser prohibidos. Y que hay textos que nadie debería leer y noticias que nadie debería escuchar.

 

La Iglesia católica está de capa caída. O mejor dicho, de mitra caída. Porque a nivel mundial la confianza en los obispos católicos está venida a menos, con honrosas excepciones. La responsabilidad recae sobre los mismos obispos que, buscando defender la imagen de una Iglesia santa e impoluta, han encubierto los casos de abusos sexuales que han ido saliendo a la luz de manera viral, cual enfermedad grave, pandémica, que en cualquier momento deviene en terminal. Si es que algunos de ellos no han sido también abusadores, no sólo sexuales, sino también de conciencia, negadores de derechos humanos reconocidos por la conciencia moral colectiva de nuestro tiempo —esa cojudez, diría un arzobispo opusdeísta de nefasta memoria—.

 

Alemania no es una excepción. Las recientes decisiones que el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia, ha ido tomando desde octubre de 2020 han generado una crisis de tales proporciones, que en febrero de este año las solicitudes online de citas para salirse oficialmente de la Iglesia católica colapsaron la página web del juzgado de primera instancia de Colonia. Pues, a diferencia de otros países, el Estado alemán tiene que llevar registro de quién se considera católico o de cualquier confesión cristiana y quién no, ya que ello va unido al pago de un impuesto que se descuenta de los ingresos personales y que está destinado al sostenimiento de las instituciones eclesiásticas. Quien no esté dispuesto a pagar este monto, tiene que declarar ante el Estado su desafiliación de la Iglesia a la que pertenece, la cual lo considerará a partir de entonces prácticamente como un excomulgado.

 

Todo comenzó cuando, en un supuesto arranque de transparencia, Woelki le encargó en el año 2018 a un bufete de abogados de Múnich la realización de un peritaje sobre abusos sexuales en perjuicio de menores cometidos en la arquidiócesis de Colonia, para lo cual se les permitó acceso a los archivos diocesanos a fin de investigar los casos correspondientes desde el año 1946.

 

Ya listo el informe del bufete Westpfahl Spilker y Wastl, el 30 de octubre de 2020, sin embargo, el cardenal Woelki anunció en conferencia de prensa que no lo iba a hacer público debido a que presentaba deficiencias metódicas considerables y que, por lo tanto, no serviría para sacar consecuencias judiciales tanto a nivel de justicia civil como de derecho eclesiástico. Los abogados de Múnich, por el contrario, rechazaron las críticas de Woelki y se manifestaron posteriormente dispuestos a publicar el informe a riesgo propio, más aun cuando un informe similar elaborado por ellos mismos fue publicado en noviembre de ese año en la diócesis de Aquisgrán.

 

Aparentemente, el contenido del informe sería explosivo, pues en vez de las 135 víctimas de abuso y los 87 perpetradores entre 1946 y 2015 reconocidos oficialmente por la arquidiócesis de Colonia en el año 2018, en realidad habrían unas 300 víctimas y unos 200 perpetradores, además de encontrar responsabilidad de encubrimiento grave por parte de actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, entonces encargado de la sección de personal pastoral en Colonia, y Dominikus Schwaderlapp, actual obispo auxiliar de Colonia.

 

Woelki encargó la elaboración de un nuevo informe a otro bufete de abogados, que debería estar listo a más tardar el 18 de marzo de este año. Sin embargo, el descontento de los católicos alemanes ante lo que ellos consideran una falta de transparencia, con la consiguiente sospecha de hallarse ante un acto más de encubrimiento, se ha hecho sentir. El Consejo Diocesano de los Católicos de Colonia, el Comité Central de los Católicos Alemanes, la Asociación de Periodistas Católicos de Alemania, e incluso el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, han criticado el bloqueo a la publicación del informe por parte del cardenal Woelki. Esta manera de proceder es «desastrosa para todos nosotros», en palabras de Marx.

 

El 6 de enero de 2021 Woelki ofreció a cada periodistas la posibilidad de echarle un vistazo al informe durante 20 minutos, bajo la condición de que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Toda la prensa sin excepción rechazó esta amañada propuesta.

 

Las consecuencias han sido devastadoras. ¿Cuántos católicos que se toman en serio van a querer seguir aportando vía impuestos a una Iglesia que desampara moral, psicológica y judicialmente a las víctimas y protege a los perpetradores? Los representantes de la Iglesia han perdido toda su confianza.

 

Mientras tanto, el juzgado de primera instancia de Colonia ha tenido que elevar de 1000 a 1500 las citas disponibles al mes para hacer una declaración de abandono de la Iglesia. Hay muchos creyentes que en lo personal siguen manteniendo su fe cristiana, pero no están dispuestos a seguir colaborando con un sistema que se asemeja a la mafia en su proceder, con código de silencio incluido.

 

Este esquema, que también se ha verificado en el caso del Sodalicio, sigue en pie. Cuando un informe de abusos no es de satisfacción de la institución que lo encarga, entonces se manda hacer otro que dé la impresión de que se está haciendo algo para combatir los abusos, cuando lo que en realidad se está haciendo es ocultar sus verdaderas dimensiones.

 

Autor: Martin Scheuch

Fecha: 12/03/2012

 

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