Cuando trabajé en Karlsruhe (estado de Baden-Wurtemberg, Alemania) de 2008 a 2013 en el servicio telefónico multilingüe al cliente para unos productos (máquinas de diagnosis de automóviles) de la empresa Siemens, durante más de tres años —desde octubre de 2008 a febrero de 2012— tuve como compañero de trabajo a Odfried Hepp, un alemán ligeramente subido de peso, simpático, correcto, tranquilo y muy responsable que se encargaba de los clientes de habla alemana y francesa. Lo que yo ignoraba al principio era que quien realizaba sus labores a pocos metros de donde yo estaba sentado había sido el terrorista alemán más buscado por la Interpol entre 1983 y 1985 hasta su captura en París en este último año.

Nacido en 1958 en Achern, una localidad de la Selva Negra (suroeste de Alemania), Odfried se unió en su juventud al grupo paramilitar del neonazi Karl-Heinz Hoffmann y estuvo en el Líbano para ser entrenado en tácticas de guerrilla por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En 1982 fundó junto con el neonazi Walter Kexel la célula terorrista Hepp-Kexel, a la cual se le atribuyen cinco asaltos a bancos y por lo menos once atentados con bombas a objetivos estadounidenses en suelo alemán entre octubre y diciembre de 1982, en los cuales, además de haber daños materiales, resultaron heridos soldados norteamericanos. Cuando la célula fue desactivada por la policía a inicios de 1983 con la captura de Kexel y otros cuatro miembros más, Odfried huyó a través de Berlín hacia la entonces República Democrática Alemana, siendo reclutado por el Ministerio para la Seguridad del Estado —más conocido como la Stasi, órgano de inteligencia del gobierno comunista—, cuyos representantes lo enviarían a Damasco para labores de espionaje en calidad de doble agente. En Medio Oriente tomaría contacto con el Frente para la Liberación de Palestina (no confundir con la OLP), se trasladaría a Túnez y después a Marsella (Francia) donde fungiría de contacto a fin de conseguir armas para los terroristas palestinos.

Odfried fue capturado en París en abril de 1985, cuando intentaba conseguir un nuevo pasaporte falso, y entre Francia y Alemania pasaría más de ocho años en prisión hasta su liberación en diciembre de 1993, obtenida gracias a su colaboración con la policía para detener a otros antiguos camaradas que habían estado activos en el ámbito del extremismo terrorista de derecha.

En el año 2000 Odfried terminaría graduándose en Ciencias Aplicadas de Lengua y Cultura en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (en su sede en Germersheim, a 17 km de donde yo vivo actualmete) y se reintegraría al mercado laboral.

¿Una excepción? De ninguna manera. Pues el objetivo del Estado alemán nunca ha sido la eliminación de los ex-terroristas o la anulación de sus derechos, sino su reintegración en la sociedad. Tras cumplir su condena, tanto ex-terroristas de derecha como de izquierda que participaron en atentados incluso con víctimas mortales, se han reintegrado a la sociedad, trabajando en diversos oficios como maestros de escuela, escritores, documentalistas, traductores, transportistas, gastrónomos, etc. Algunos de ellos incluso han recibido una nueva identidad para que no se les vincule con su pasado.

Ser abogado de terroristas tampoco constituye en Alemania un motivo de deshonra, pues el derecho a una defensa legal le corresponde a todo aquel que sea acusado en un proceso judicial, independientemente de cuáles hayan sido sus delitos. En los 70 el abogado Otto Georg Schily (1932- ) defendió legalmente a terroristas de izquierda, miembros de la Fracción del Ejército Rojo, lo cual no fue obstáculo para que llegara a ser Ministro del Interior de Alemania de 1998 a 2005 durante el gobierno del canciller Gerhard Schröder.

Llamar terroristas a quienes son de izquierda, pretender vincular a los defensores de derechos humanos con grupos terroristas, considerar terrorista a quien tuvo encuentros casuales con personas que sí estuvieron vinculadas a grupos terroristas, señalar como apología del terrorismo las denuncias hechas contra quienes violaron derechos humanos en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, en fin, la infame práctica del terruqueo asume éstas y otras formas en su intento de descalificar a quienes no comulgan con las propias ideas. Detrás se esconde también una de las peores taras de la sociedad peruana: la discriminación de sectores enteros de peruanos y el recorte de sus derechos fundamentales.

Porque en el Perú nunca ha habido políticas para la reinserción social de quienes alguna vez militaron en grupos políticos que practicaron el terrorismo. O de quienes sólo colaboraron o simpatizaron con ellos. En el fondo se cree que la eliminación del terrorismo pasa por la eliminación de los terroristas, seres humanos de carne y hueso. Y como su eliminación física ya no es posible, se pretende eliminarlos como ciudadanos y dejarlos sin derechos.

Ciertamente, quienes planearon y ejecutaron acciones criminales deben ser juzgados y sentenciados, como se ha hecho con Abimael Guzmán, con Víctor Polay, y con varios militantes de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero la pena debe consistir en la privación de la libertad y no en la anulación de los derechos inalienables que les corresponden por su condición humana.

El 25 de agosto de 2017 Mávila Huertas, conductora de Canal N, le hizo la siguiente pregunta al renombrado periodista César Hildebrandt: «Hace muchos años recuerdo mucho y claramente, cuando el cáncer era una enfermedad incurable, que me dijiste: “el terrorismo en el Perú es como un cáncer”. Claro, hoy el cáncer si se detecta a tiempo y se recibe los tratamientos adecuados quizá ya no sea una un enfermedad incurable. Pero en ese momento me dijiste: “Si las distancias sociales continúan en el Perú como está, siempre habrá caldo de cultivo para el terrorismo”. Si la estrategia hoy es pelear con ideas, teniendo en cuenta cómo están nuestros partidos, es decir, quienes entrarían a discutir ideas con el MOVADEF y con estas otras plataformas, ¿tú estarías de acuerdo en permitirles participación política, así como están las cosas hoy?»

Ésta fue la respuesta deHildebrandt: «Es que la otra vía es que el caldero empiece a hervir y no tenga desahogos ni salidas. Si ellos quieren convertirse en partido político, renunciando a la lucha armada… ¡hombre! ¿no ha pasado en Colombia? ¿no está pasando en España con ETA? ¿no pasó en el Reino Unido con Sinn Féin, con los que fueron los terroristas más perversos de Dublín? ¿Quiénes somos nosotros para decir: no, es que el Perú es especial, aquí nadie retrocede y aquí, en fin, los rencores son invictos y el pasado manda? ¡No, pues! […] Tendrían eso sí, por supuesto, que renunciar a la política de la lucha armada, de la violencia y del terrorismo. Pero si quieren convertirse en partido político, ¡bienvenidos, puente de plata! Hay que ser muy torpe para decirle “¡no!” al adversario que quiere transformarse y quiere tener una vía pacífica de presencia, de protagonismo».

En el Perú se logró reprimir el terrorismo mediante la captura de sus líderes y la derrota de sus seguidores mediante el uso de la fuerza. Lo que nunca se hizo fue ofrecerles la posibilidad de una reintegración en la sociedad a quienes habían militado en las filas de Sendero Luminoso y del MRTA. Por otro lado, la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos efectuadas por las fuerzas armadas y avaladas por los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori —aquello que podríamos denominar “terrorismo de Estado”— han quedado impunes. Y mientras que tener vinculaciones con personas que apoyaron ese terrorismo de Estado no es mal visto en la sociedad peruana, la vinculación —por más remota que sea— con personas que participaron del terrorismo de izquierda es utilizada para desacreditar incluso a quienes ahora respetan las vías democráticas.

Mientras no se hagan realidad en el Perú políticas de inclusión que abarquen a todos los peruanos sin excepción —incluyendo a quienes alguna vez optaron erróneamente por el camino de la violencia—, seguirá habiendo miedo y rabia en el ambiente, y no podrán cicatrizar las heridas que ha dejado una historia de confrontaciones, divisiones y discriminación.

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Odfried Hepp, Terrorismo

Vivo en un pueblito agrícola de Alemania con un poco más de 300 habitantes, en medio del campo. La principal actividad económica es el cultivo de uvas para producir vinos de buena calidad. Pero también se cultiva papas, zanahorias, nabos, lechugas, coles, coliflor, brócoli, espárragos, remolacha azucarera, trigo, maíz y girasoles, además de manzanas, peras, membrillos, ciruelas, zarzamoras e higos. Los campos de cultivo empiezan a 50 metros de mi casa y rodean al pueblo por todos sus confines.

En el pueblo mismo no hay muchos negocios: cinco fabricantes de vino —dos de ellos incluidos en los prestigiosos catálogos vinícolas Gault&Millau y VINUM de Alemania—, una casa de huéspedes con un minúsculo restaurante que ofrece gastronomía local, un taller de mecánica automotriz, un anticuario, un experto en jardinería y un corredor de seguros.

La gente es sencilla, amante de sus tradiciones gastronómicas y festivas. Muchos, sobre todo quienes han nacido y crecido en el pueblo, hablan un dialecto de difícil comprensión para quienes sólo manejan el idioma alemán oficial, con un acento peculiar que los identifica como oriundos de esta región, el Palatinado. Incluso hay entre ellos quienes entienden el alemán, pero no lo hablan, como si se tratara de una lengua extranjera.

Además de la calle principal que atraviesa el pueblo, hay sólo ocho calles más, todas asfaltadas.

Hay agua corriente, luz, gas e Internet, que ha mejorado desde que yo llegué aquí en 2013 desde 1 MBPS hasta los 1000 MBPS que serán posibles cuando este año se instale conexiones de fibra de vidrio hasta los domicilios, aunque quien desee opciones más económicas puede optar por planes de 200 MPBS o 400 MBPS.

En fin, un pueblito rural del país profundo, pero no olvidado, como suele ocurrir con los pueblos de provincias en el Perú.

Pero no siempre fue así. Por los testimonios de las personas octogenarias en el asilo de ancianos donde trabajo, he sabido que aquellos que habían vivido en pueblos en sus años jóvenes no tenían ni agua, ni luz, ni gas. El agua había que sacarla de pozos. En las noches se prendían velas o lamparines de petróleo. Se cocinaba con leña. Las verduras, cereales y frutas se compraban en el mercado local o se cultivaban en huertas propias. Carne se comía sólo los domingos. La gente tenía sus gallinas y sus cerdos, a veces también gansos una que otra vaca, y elaboraba los embutidos y jamones de manera casera. Se utilizaban técnicas tradicionales para elaborar conservas de verduras y frutas, que eran almacenadas en el sótano junto con las papas. La letrina era una cabina con un hueco en el suelo, separada de la casa, y los excrementos se utilizaban como abono en el campo. El trasero se lo limpiaban con papel periódico. Sólo podían bañarse una vez a la semana, generalmente el sábado en familia, porque el agua no alcanzaba para más. Y, sobre todo, se trabajaba duro desde el amanecer hasta el atardecer.

Y así fue más o menos hasta los años 50, cuando el milagro económico alemán fue convirtiendo a Alemania en un país desarrollado. Esto fue posible gracias a una auténtica economía social de mercado —no sólo de nombre, como figura en la constitución peruana del 93—, donde el desarrollo económico va íntimamente unido al desarrollo social. Una economía de mercado donde los agentes económicos tienen que garantizar el bienestar de los trabajadores; donde hay sindicatos fuertes que tienen representantes en los directorios de las grandes empresas y le hacen contrapeso al poder de los empresarios; donde las políticas del Estado impiden que se formen monopolios; donde el sustento, la vivienda y la salud deben estar al alcance de quienes reciben un sueldo o salario; donde el Estado interviene con subsidios cuando hay quienes caen por debajo del nivel de subsistencia; donde el Estado interviene regulando el mercado, sin afectar las ley de la oferta y la demanda ni la competitividad, para corregir las tendencias que ocasionan desigualdades extremas que generen conflictos sociales. Y donde hay una preocupación por el desarrollo sostenible hasta del último pueblo de provincia.

Sólo en épocas de crisis ha surgido en Alemania la tentación de los gobiernos extremistas y totalitarios. El hambre y la situación de caos que hubo a fines de la Primera Guerra Mundial, con la consiguiente abdicación y huida del káiser Guillermo II, gatillaron una revolución comunista a ejemplo de la Revolución Rusa, que fue sofocada violentamente por fuerzas de derecha y culminó con los asesinatos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. El otro momento fue la crisis económica de los años 20 y el fracaso de la República de Weimar, que ocasionaron la subida al poder de Adolf Hitler en 1933.

Pero desde los 50 casi no habido en el campo la tentación de votar por partidos extremistas, sino que el péndulo se ha movido continuamente entre los demócratacristianos y los socialdemócratas. Porque lo básico y esencial también está garantizado en el campo, no sólo en la ciudad. E incluso hay en Alemania quienes prefieren vivir en el campo —por ser más económico— y trabajar en la ciudad. Porque —también hay decirlo— el transporte público está entre los mejores del mundo y las comunicaciones viales son buenas, pudiéndose llegar a cualquier lugar con vehículo propio.

Si en el Perú de las últimas décadas las autoridades —desde el presidente hasta los alcaldes locales— se hubieran preocupado efectivamente por el desarrollo de los pueblos de provincia, sin dilapidar los recursos en la corrupción, no tendríamos al campo dispuesto a elegir una opción política extremista, que conlleva grandes riesgos para el futuro del país. Una opción que ha recogido el clamor del campo y de las zonas empobrecidas de las grandes ciudades, que promete el gran cambio que con justicia anhela la población olvidada y desfavorecida, y que probablemente salga victoriosa en las próximas elecciones ante una opción que garantiza la continuidad de lo mismo de siempre, con sus fuertes dosis de corrupción, impunidad e injusticia.

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Campo, Voto

Durante mis primeros años en el Sodalicio, a fines de los 70, Germán Doig me recomendó leer un pequeño libro que también le gustaba mucho a Luis Fernando Figari: “Izquierdas y derechas: Su sentido y misterio” (1974), de Jorge Martínez Albaizeta. Publicado en España por la ultramontana Fundación Speiro —a cuya revista mensual “Verbo” estaba suscrito Figari—, este librillo de 124 páginas pretende analizar los términos de “derecha” e “izquierda” no sólo desde la política, sino también desde la teología y la metafísica, considerando ambos términos como categorías del ser y del lenguaje, afincadas en el subconsciente colectivo de la humanidad. De este modo, la derecha estaría asociada al dogma (entendido como verdad sólida e incontestable), la jerarquía y el orden, mientras que la izquierda implicaría el escepticismo, el igualitarismo y el desorden. La derecha se caracterizaría por “pensar bien” (objetivismo ante la realidad) mientras que en la izquierda primaría el “pensar mal” (subjetivismo). La derecha se asociaría con lo correcto y la dicha, mientras que la izquierda estaría asociada a lo incorrecto y la desdicha. En resumen, la derecha sería el Bien y la izquierda, el Mal. Así, con mayúsculas.

 

Ni qué decir, el autor, un estudiante argentino de 21 años cuando escribió este panfleto, es también un católico ultraconservador que cree a pie juntillas en la doctrina medieval que postula que Dios ha creado el mundo con un orden y jerarquías (metafísicas y sociales), por lo cual no extraña que considere que en el siglo XIII —época de su admirado Santo Tomás de Aquino— se dio la sociedad perfecta (teocrática, ciertamente) y que los siglos posteriores verían un proceso de decadencia debido a la progresiva “izquierdización” de Occidente.

 

Lo cierto es que la división del espectro político en derecha e izquierda tiene su origen en una votación del 28 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución Francesa. Los diputados que estaban a favor del mantener el poder absoluto del Rey se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que aquellos que estaban en contra y propugnaban la soberanía nacional y la voluntad general por encima de la autoridad del monarca, se situaron a la izquierda. Entre éstos se hallaban los jacobinos, que sostenían que la soberanía reside en el pueblo y defendían una democracia con sufragio universal, la obediencia a la Constitución y a las leyes, el libre comercio —lo que ahora llamamos economía libre de mercado—, el Estado como garante del bien común, las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la abolición de la esclavitud y la educación gratuita obligatoria —por lo menos a nivel de enseñanza primaria—. Es decir, el liberalismo —basado en la doctrina de Jean Jacques Rousseau— comenzó prácticamente su carrera política como ideología de izquierda.

 

A lo largo de la historia posterior se ha ido aplicando las categorías de “derecha” e “izquierda” a las más variadas ideologías, siendo la única constante que en la derecha se situaban los que defendían el status quo imperante, mientras que en la izquierda estaban todas aquellas posiciones que implicaban un cambio sustancial —y hasta revolucionario— del orden vigente.

 

Tratar de definir lo que es derecha o izquierda según otros criterios resulta complicado. Pues posiciones democráticas tanto como dictaduras las hay y las ha habido a ambos lados del espectro. El intervencionismo del Estado se da tanto en lo que se llama posiciones de extrema derecha cercanas al fascismo como en los regímenes socialistas. Y cuando uno habla de países europeos con sistemas socialdemócratas (como Alemania, Dinamarca y los países nórdicos), se considerarán como de derecha o de izquierda según el cristal con se que los mire. De hecho, no encajan dentro de las definiciones rígidas y prefabricadas de ambos conceptos, dándose en ellos una mezcla de intervencionismo estatal con economía de mercado sujeta a restricciones en aras de un sistema social que beneficie a todos sin excepción.

 

A fin de cuentas, los términos de “derecha” e “izquierda” han terminado convirtiéndose en la práctica en etiquetas vacías que expresan un juicio de valor. O un prejuicio. Pues cada uno de ellos suele despertar sentimientos encontrados y obnubilar la razón cuando se trata de analizar propuestas concretas.

 

Lo mejor que podemos hacer ante estas elecciones presidenciales y congresales, si queremos emitir un voto razonado, es aparcar en el desván del entendimiento ambas categorías y, prescindiendo de ellas, revisar las intenciones y los planes de gobierno de cada candidato. Y las capacidades y competencias personales que han mostrado en campaña.

 

Ni la izquierda ni la derecha son buenas ni malas, al contrario de lo que planteaba el libro que se me recomendó en el Sodalicio, o como pretenden hacernos creer ciertos discursos que alimentan el odio y el miedo en estas épocas aciagas. Lo único que debería hacernos temer son aquellas candidaturas que buscan defender privilegios injustificados, obviar los derechos humanos, imponer gobiernos dictatoriales de “mano dura” y posponer las reformas necesarias en educación, salud, política y economía.

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Derecha, Elecciones 2021, Izquierda, Martin Scheuch

Cuando en junio de 1966 el Papa Pablo VI anunció que ya no habría nuevas ediciones del infame “Índice de Libros Prohibidos”, publicado por primera vez en 1564 —donde se listaba los libros que todo católico tenía prohibido leer bajo pena de sanciones (censura y excomunión)—, y que debía ser considerado a partir de entonces solamente como un referente moral y nada más, Josemaría Escrivá de Balaguer, el curita estrambótico fundador del Opus Dei, exclamaría en varias de sus alocuciones públicas, levantando teatralmente el índice derecho: «Cuando el Papa quitó el “Índice” de la Iglesia, yo puse el mío».

 

¿A qué se refería? A la lista secreta de libros que bajo el eufemístico nombre de “Guía bibliográfica” todavía se mantiene en el Opus Dei, indicando qué libros pueden leer sus miembros y cuáles no, poniéndoles una valoración que va del 1 al 6, y cuya calificación sube de acuerdo al grado de formación —entiéndase adoctrinamiento o lavado de cerebro— que tengan los potenciales lectores. A partir de la nota 3 se requiere permiso del director espiritual para leer un libro. No se permite la lectura de los libros que tengan nota 5, salvo con permiso de la delegación local, y los libros con nota 6 son de lectura prohibida, salvo con autorización expresa del prelado, la máxima autoridad de la Obra.

 

Éste “Índice” lista más de 60.000 títulos, de los cuales más de 5.500 son de lectura no permitida y más de 6.800 son de lectura prohibida, lo cual da como resultado unos 12.400 libros que un miembro del Opus Dei por lo general no está autorizado a leer si no quiere ir contra las normas de la institución y cometer una falta grave.

 

Una somera revisión de la versión 2003 de este “Índice” —disponible de manera no oficial en Internet— nos proporciona un panorama curioso y preocupante del horizonte cultural del Opus Dei, institución a la cual Rafael López Aliaga pertenece en calidad de numerario o laico consagrado.

 

De arranque, los más importantes autores de la filosofía moderna están vetados : desde Descartes hasta el estructuralismo, pasando por el empirismo británico, la ilustración francesa, el idealismo alemán, el positivismo, la fenomenología, el existencialismo y el marxismo crítico. También están prohibidos los libros de los creadores de la psicología moderna en el siglo XX: Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, entre otros. Autores clásicos de la literatura francesa del siglo XIX también están entre aquellos cuyos libros deberían ser quemados en la hoguera: Honoré de Balzac, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola, etc. A mayor abundamiento, varios libros —y en algunos casos las obras completas— de los siguientes ganadores del Premio Nobel de Literatura no se verán en estantes de las bibliotecas opusdeístas: Anatole France, Henri Bergson, Thomas Mann, Sinclair Lewis, Hermann Hesse, André Gide, William Faulkner, Bertrand Russell, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Pablo Neruda, Saul Bellow, Isaac Bashevis Singer, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz, José Saramago, Günter Grass, Doris Lessing y Mario Vargas Llosa. La lista de la “infamia” continúa con autores latinoamericanos como Alejo Carpentier, Ernesto Sabato, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Alfredo Bryche Echenique, Manuel Scorza, Juan Carlos Onetti, José Donoso, Isabel Allende, Jaime Bayly. Otros clásicos peruanos como José Carlos Mariátegui, Cesar Vallejo y José María Arguedas también son de lectura prohibida. Sin contar con clásicos de la literatura española como Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Blasco Ibáñez, Rafael Alberti y Juan Goytisolo, entre otros.

 

Y así se podría continuar con autores imprescindibles para entender la cultura contemporánea como David Herbert Lawrence, Bertolt Brecht, Aldoux Huxley, Norman Mailer, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Gore Vidal, Woody Allen, Umberto Eco, etcétera, etcétera, etcétera. Como anécdota curiosa cabe contar que incluso una compilación de sermones de Martin Luther King , publicada en 1963 bajo el título de “Strength to Love” (“Fuerza para amar”), cae bajo la guadaña censora del index secreto del Opus Dei.

 

Bajo estos parámetros es prácticamente imposible que un miembro del Opus Dei sea una persona culta según los estándares actuales, aunque probablemente pueda serlo de acuerdo a criterios medievales. Esta prohibición masiva de lecturas sólo puede engendrar brutos ignorantes que se creen sabios en base a los pocos libros que se les permite leer y que compaginan con su visión de pequeños burgueses mojigatos sin mayores horizontes críticos en la vida y con una concepción estrecha y sesgada de la realidad.

 

Además, representa una suerte de control de la información, lo cual suele darse en organizaciones de características sectarias que se caracterizan también por mostrar una fuerte agresividad hacia aquellos que no comparten su cosmovisión religiosa y su ideología trasnochada. No es coincidencia que éste sea el estilo de quienes representan a la derecha más bruta y achorada que ha tenido el Perú, no sólo López Aliaga sino también otros personajes vinculados al Opus Dei: Rafael Rey, Martha Chávez y el cardenal Cipriani.

 

Por último, que López Aliaga, como cualquier miembro del Opus Dei, considere como lo más normal del mundo que haya miles de libros cuya lectura no le estaría permitida, constituye también una amenaza para la libertad expresión, si llegara a ocupar el más alto cargo público del país. Porque quien cree que hay libros cuya lectura debe serle inaccesible en lo personal, fácilmente puede dar el salto hacia la idea de que hay libros cuya difusión no debe ser permitida y que hay medios periodísticos que deberían ser prohibidos. Y que hay textos que nadie debería leer y noticias que nadie debería escuchar.

 

La Iglesia católica está de capa caída. O mejor dicho, de mitra caída. Porque a nivel mundial la confianza en los obispos católicos está venida a menos, con honrosas excepciones. La responsabilidad recae sobre los mismos obispos que, buscando defender la imagen de una Iglesia santa e impoluta, han encubierto los casos de abusos sexuales que han ido saliendo a la luz de manera viral, cual enfermedad grave, pandémica, que en cualquier momento deviene en terminal. Si es que algunos de ellos no han sido también abusadores, no sólo sexuales, sino también de conciencia, negadores de derechos humanos reconocidos por la conciencia moral colectiva de nuestro tiempo —esa cojudez, diría un arzobispo opusdeísta de nefasta memoria—.

 

Alemania no es una excepción. Las recientes decisiones que el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia, ha ido tomando desde octubre de 2020 han generado una crisis de tales proporciones, que en febrero de este año las solicitudes online de citas para salirse oficialmente de la Iglesia católica colapsaron la página web del juzgado de primera instancia de Colonia. Pues, a diferencia de otros países, el Estado alemán tiene que llevar registro de quién se considera católico o de cualquier confesión cristiana y quién no, ya que ello va unido al pago de un impuesto que se descuenta de los ingresos personales y que está destinado al sostenimiento de las instituciones eclesiásticas. Quien no esté dispuesto a pagar este monto, tiene que declarar ante el Estado su desafiliación de la Iglesia a la que pertenece, la cual lo considerará a partir de entonces prácticamente como un excomulgado.

 

Todo comenzó cuando, en un supuesto arranque de transparencia, Woelki le encargó en el año 2018 a un bufete de abogados de Múnich la realización de un peritaje sobre abusos sexuales en perjuicio de menores cometidos en la arquidiócesis de Colonia, para lo cual se les permitó acceso a los archivos diocesanos a fin de investigar los casos correspondientes desde el año 1946.

 

Ya listo el informe del bufete Westpfahl Spilker y Wastl, el 30 de octubre de 2020, sin embargo, el cardenal Woelki anunció en conferencia de prensa que no lo iba a hacer público debido a que presentaba deficiencias metódicas considerables y que, por lo tanto, no serviría para sacar consecuencias judiciales tanto a nivel de justicia civil como de derecho eclesiástico. Los abogados de Múnich, por el contrario, rechazaron las críticas de Woelki y se manifestaron posteriormente dispuestos a publicar el informe a riesgo propio, más aun cuando un informe similar elaborado por ellos mismos fue publicado en noviembre de ese año en la diócesis de Aquisgrán.

 

Aparentemente, el contenido del informe sería explosivo, pues en vez de las 135 víctimas de abuso y los 87 perpetradores entre 1946 y 2015 reconocidos oficialmente por la arquidiócesis de Colonia en el año 2018, en realidad habrían unas 300 víctimas y unos 200 perpetradores, además de encontrar responsabilidad de encubrimiento grave por parte de actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, entonces encargado de la sección de personal pastoral en Colonia, y Dominikus Schwaderlapp, actual obispo auxiliar de Colonia.

 

Woelki encargó la elaboración de un nuevo informe a otro bufete de abogados, que debería estar listo a más tardar el 18 de marzo de este año. Sin embargo, el descontento de los católicos alemanes ante lo que ellos consideran una falta de transparencia, con la consiguiente sospecha de hallarse ante un acto más de encubrimiento, se ha hecho sentir. El Consejo Diocesano de los Católicos de Colonia, el Comité Central de los Católicos Alemanes, la Asociación de Periodistas Católicos de Alemania, e incluso el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, han criticado el bloqueo a la publicación del informe por parte del cardenal Woelki. Esta manera de proceder es «desastrosa para todos nosotros», en palabras de Marx.

 

El 6 de enero de 2021 Woelki ofreció a cada periodistas la posibilidad de echarle un vistazo al informe durante 20 minutos, bajo la condición de que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Toda la prensa sin excepción rechazó esta amañada propuesta.

 

Las consecuencias han sido devastadoras. ¿Cuántos católicos que se toman en serio van a querer seguir aportando vía impuestos a una Iglesia que desampara moral, psicológica y judicialmente a las víctimas y protege a los perpetradores? Los representantes de la Iglesia han perdido toda su confianza.

 

Mientras tanto, el juzgado de primera instancia de Colonia ha tenido que elevar de 1000 a 1500 las citas disponibles al mes para hacer una declaración de abandono de la Iglesia. Hay muchos creyentes que en lo personal siguen manteniendo su fe cristiana, pero no están dispuestos a seguir colaborando con un sistema que se asemeja a la mafia en su proceder, con código de silencio incluido.

 

Este esquema, que también se ha verificado en el caso del Sodalicio, sigue en pie. Cuando un informe de abusos no es de satisfacción de la institución que lo encarga, entonces se manda hacer otro que dé la impresión de que se está haciendo algo para combatir los abusos, cuando lo que en realidad se está haciendo es ocultar sus verdaderas dimensiones.

 

Autor: Martin Scheuch

Fecha: 12/03/2012

 

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