El disclaimer por delante: la víctima de esta denuncia es mi tía. Pero no es solo mi tía. Nila Soledad Llatas Arteaga es una persona de 67 años que ha sobrevivido a un trasplante de hígado y a un cáncer a la tiroides. Hoy debe afrontar el costo de 14 medicamentos y pagar puntualmente la hipoteca de un departamento en Miraflores que, para su desgracia, le alquiló a una morosa de lo más conchuda.

Blanca María Mercedes Figari Mendoza es el nombre de la inquilina que no ha pagado US$13.500 en renta y, según consta en denuncias policiales, exhibe a su perro cada vez que sus arrendadores llegan a cobrarle. Mercedes −el nombre que usa en su página de Facebook− alquiló hace más de dos años el departamento 107 del Pasaje Los Pinos 156 que Llatas Arteaga había comprado con la esperanza de tener ingresos para su vejez. Hoy podría usarlos para costear el tratamiento derivado de sus dolencias previas. 

El inmueble queda en el edificio que está encima de la conocida discoteca ValeTodo DownTown, en Miraflores, el negocio de la familia de los Achuy. De hecho, otro moroso en el bloque es esta discoteca, reconvertida por pandemia en un minimarket homónimo. Según datos de la administración, debía 15 meses de mantenimiento a agosto, lo que equivale a S/22.890. 

La cifra es ligeramente menor a los S/24.200 que su gerenta general, Claudia Achuy, desembolsó a Fuerza Popular para pagar las solicitudes de nulidad de los votos de Perú Libre en la segunda vuelta, según El Comercio. Y es ampliamente menor que los S/60.500 que aportó al mismo partido el padre de esta, Jesús Achuy, con el mismo objetivo. ¿Combatir al comunismo en vez de pagar las deudas?

 

UNA VIDA FALSA

Al inicio todo transcurrió con normalidad para Soledad Llatas: Mercedes Figari ocupaba el inmueble y le pagaba por ello US$500 mensuales. Algo coherente con el discurso de una persona respetuosa de la propiedad privada, que recientemente se mostró muy preocupada en sus redes sociales por la inminente ‘llegada del comunismo al país’. En julio del 2019, sin embargo, dejó de desembolsar: mucho antes de la pandemia, la crisis y el gobierno de izquierda. Hoy acumula 27 meses sin depositar un solo centavo de renta. El doble que Don Ramón.

Y lo que es peor: desde hace 15 meses, tampoco paga los servicios de mantenimiento del edificio. 

Mercedes Figari en su página de Facebook, donde hace cinco meses publicaba preocupados posts sobre la llegada del comunismo al país. 

Figari Mendoza hoy habita un departamento de 60 m2 en una zona ‘turística’ y lo hace prácticamente gratis. Sí paga algunos servicios, como la luz, para que no se la corten. Una vida falsa, pero suficiente para aparentar. Cuando Sudaca se acercó a la vivienda para pedirle descargos, la mujer amenazó con llamar a la Policía desde el otro lado de la mirilla. No dio la cara. La puerta del inmueble está roída y sucia. 

Mercedes Figari tiene 62 años y, al menos hasta el año pasado, vivía allí junto a su hija, Fiorella Guerra, de 25. En el 2015, esta última fue noticia en las secciones de farándula de los diarios locales por haberse vinculado con el ‘guerrero’ Patricio Parodi. En su página de Instagram dice ser una ‘artista de maquillaje’ (“makeup artist”) y, además, administra dos emprendimientos de repostería. Tiene más de 26.000 seguidores y un incipiente club de fans.

Su madre, la morosa, publicita un negocio de venta de comida en su página de Facebook. Se especializa −aunque no únicamente− en la entrega de pastas y lasañas. Este medio también intentó contactarla al número que lista para tomar los pedidos, pero nos bloqueó inmediatamente. 

No sabemos cuánto factura, pero sí que no usa nada de ese dinero para pagar por el espacio donde vive. Y tampoco está dispuesta a dejar su vida miraflorina, pues se niega a abandonar el inmueble pese a las dos cartas notariales que ha recibido y que pudimos revisar.

En el paquidérmico sistema judicial, la demanda de desalojo que le ha entablado Llatas Arteaga −junto a su esposo, el exdiputado de izquierda y excandidato al Congreso por Perú Libre, Manuel Benza− recién ha sido admitida el 5 de marzo de este año. Fue presentada el 10 de diciembre del año pasado. Falta todavía un lento proceso por delante. 

 

La página de Instagram de la micro-influencer Fiorella Guerra, la hija de Mercedes Figari que también ha habitado gratis el departamento de Soledad Llatas.

 

EL MALTRATO

Mercedes Figari no es muy querida por quienes la conocen en la zona. Sudaca conversó con el presidente de la Junta de Propietarios del edificio, Ramón Olcese, quien confirmó −más que contento− los datos sobre ella consignados en este artículo. Aseguró que a la señora ya le han requerido el pago del mantenimiento de todas las formas posibles, pero que ella se ha limitado a responder que no pagará. Ello −dice Olcese−, pese a que usa los servicios del edificio. 

Pero sobre Mercedes Figari hay más. No solo no paga, sino que también trataría mal a quien se le cruza. Sudaca conversó con un vecino del edificio, que reside en el mismo piso que la señora y rogó por anonimato para no tener más problemas con ella. El hombre cuenta que ha tenido dos altercados con la inquilina morosa al momento de usar el ascensor, porque ella quiere subir o bajar sola pero demanda hacerlo antes de quienes están esperando. La conchudez hecha persona. 

Además, dos porteros contaron a este medio que Mercedes Figari ha tratado mal al personal del edificio. Especialmente a uno, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar que lo despidan. Las fuentes manifiestan que lo trató con prepotencia y altanería, luego de ordenarle remover a unos jóvenes que estaban fumando al aire libre, afuera del lobby del inmueble. El portero no habría logrado hacerlo. 

 

UN INFIERNO FINANCIERO

A Soledad Llatas le llegó hace poco una carta fechada en abril de la Junta de Propietarios del edificio. La firma su presidente, Ramón Olcese, y dice que procederán a cobrarle judicialmente los meses de mantenimiento (S/2.673 hasta agosto) que debe su inquilina. Pese a que según el contrato esta debe pagarlo, por ser la dueña Llatas Arteaga aparece como la deudora oficial. 

El rol de morosos por mantenimiento del edificio consigna el nombre de Soledad Llatas, por ser la propietaria oficial del departamento, pese a que quien debería pagar es Mercedes Figari. También aparece la «discoteca local», que es la reconvertida Downtown, el negocio de los Achuy.

¿El problema? Que ella no solo no recibe un sol por su inmueble hace más de 2 años, sino que además sigue pagando la hipoteca mensual −de US$180− que debería descontarse de la mensualidad. Con lo restante, la jubilada planeaba pagar gastos derivados de su tratamiento como trasplantada del hígado. 

Por ejemplo: debe tomar de forma regular el escaso medicamento inmunosupresor Everolimus, para que su cuerpo no rechace el nuevo órgano. Al estar inmunosuprimida, sin embargo, se convirtió en una persona de altísimo riesgo frente a Covid-19, lo que la obligaba a sumar gastos adicionales durante la pandemia. Por primera vez durante esta, pudo recoger Everolimus con su seguro social en octubre. Antes tuvo que comprarlo. En total, toma 14 medicinas. 

“Imagínense, una señora de la tercera edad como yo compra un departamento con los ahorros de su trabajo de varias décadas en el Congreso con la esperanza de tener una vejez tranquila. Pero he tenido que cruzarme con esta señora que se niega a pagar y no deja mi departamento. Es un descaro”, dice Llatas a Sudaca. 

Sudaca intentó contactarse de todas las formas posibles con Mercedes Figari, pero evitó con igual insistencia declarar. Sin embargo, a Soledad Llatas le ha dado antes el argumento de que ella no es la dueña del inmueble. Ello en atención a una disputa judicial sobre la propiedad del mismo −que sería motivo de otro artículo− que Llatas ha ganado en primera instancia.

Sudaca también buscó la versión de Downtown Market en el local. Un representante aseguró haber hablado con la dueña y que esta se comunicaría con nosotros para dar descargos. No lo hizo al cierre de esta edición.

Después de jubilarse, Soledad Llatas vive pagando un departamento −con temor a que si deja de hacerlo, el banco la embargue− que disfruta otra persona. Ya ni siquiera espera que le paguen lo adeudado, sino que solo pide que la inquilina morosa desaloje pronto para poder alquilar de nuevo el lugar. Solo quiere que esto deje de ser un calvario.

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inquilina morosa, Miraflores
Por Paolo Benza y Alessandro Azurín

El gobierno del lápiz se estrena en los Emiratos Árabes. El pasado 25 de agosto, Promperú escogió cuál será la empresa que operará el pabellón peruano de la Expo Dubai 2020, un evento en el que participan casi 200 países que exhibirán sus principales atractivos turísticos y sus productos de exportación.

La compañía que administrará nuestro recinto, sin embargo, no tiene experiencia en eventos de esta magnitud, fue elegida a pesar de presentar la propuesta más cara y sus trabajadores tendrán que ser innecesariamente trasladados a ese país, elevando el desembolso de las arcas públicas. En comparación a una cotización inicial, se pagará más de un millón de dólares adicionales. 

 

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS COSTOS

La Expo Dubai 2020 es un monstruo de la industria turística. La exposición universal –como se le conoce en el argot del sector– fue pospuesta el año pasado por la pandemia. Perú tendrá una participación estratégica con un pabellón de aproximadamente 2.500 m2, ubicado al lado de la entrada principal. Comenzará el próximo 1 de octubre y Promperú espera recibir más de un millón de visitantes en sus seis meses de duración.

Por su magnitud, Promperú buscó a un experto internacional para construir el espacio: PICO International LLC. Si bien esta constructora colocará 78 personas para las tareas diarias de la expo, era necesario contratar, además, personal que controle y supervise la operación del enorme pabellón. Con ese objetivo, hicieron un sondeo del mercado local en Dubái. A inicios del 2020, Álvaro Silva-Santisteban, entonces consejero comercial de Promperú en los Emiratos Árabes, con más de 10 años en el país, cotizó y presentó una propuesta de salarios para el personal clave.

Los resultados de su búsqueda se plasmaron en un correo del 12 de enero del año pasado, enviado al entonces asesor del despacho minsterial en Mincetur, Eduardo Ferreyros, y al que Sudaca tuvo acceso. Silva-Santisteban explicó que los salarios para cinco puestos clave (director del pabellón, jefe de protocolo, responsable comercial, responsable de operaciones y responsable administrativo) deberían sumar entre S/110.000 y S/140.000 mensuales. Es decir, al cambio, entre US$214.216 y US$272.639 en lo que dure la feria.

Con base en esa cotización de funcionarios clave, más los sueldos del resto del equipo, se estimó una estructura de costos para toda la operación -de septiembre del 2021 a abril del 2022- que ascendía a US$535.365,85, según información interna que ha podido revisar este medio.

Más de un año después, en agosto último, Promperú aprobó contratar al consorcio encabezado por la empresa Continuous Events, que presentó una oferta tres veces mayor, de $1.657.127,21, lo que al elevado tipo de cambio actual equivale a casi S/7 millones de soles. De ese total, solo el sueldo del personal prioritario (o clave), que pasó de cinco a ocho, es de US$580.800.

Adicionalmente, trasladar al personal completo (12 profesionales) hasta Dubái desde Perú costará, entre viáticos, visas, vuelos, alojamiento y transporte citadino, unos $405.258, lo que supera el millón y medio de soles. Estos costos se pudieron evitar si Promperú seguía la recomendación de Silva-Santisteban, quien en su propuesta inicial repite varias veces lo que hubiera sido el escenario ideal: “contratar directamente” al personal clave en Dubái, para no desembolsar pagos por traslado.

La estructura de costos de Continuous Events, que no solo detalla sueldos más caros que los cotizados inicialmente, sino también conceptos que se podrían haber evitado: vuelos, visas, viáticos, alojamiento, etc.

Inexplicablemente, en Promperú agregaron como un requisito en los términos de referencia que el 60% de las 12 personas del staff de Continuous debían ser peruanos. Una exigencia que, según fuentes conocedoras del proceso, no tiene sustento. Promperú se justifica diciendo que “era necesario” porque es el pabellón de Perú. Así de sencillo.

“Se ha podido hacer una licitación pública internacional o una contratación directa por ejecutarse fuera del país, pero con empresas que están allá. No le vamos a agregar un sobrecosto de medio millón de dólares por pasajes y viáticos. Es muy desmotivador para los peruanos que el dinero se despilfarre de esa forma”, explica Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones del Estado. 

En Promperú prefieren echarle la pelota a Silva-Santisteban por el alza en las cifras. En un descargo a Sudaca, aseguran que el funcionario “no habría dimensionado adecuadamente la operación y riesgo de lo que conlleva sacar adelante un evento que tiene clasificación de interés nacional”, a pesar de que vive ya más de una década en Dubái.

 

DECISIONES INEXPLICABLES

En el camino a esta jugosa adjudicación, Promperú rechazó la propuesta de otro postor, cuya matriz es conocida mundialmente por trabajar en estas “expos” y que, además, pedía medio millón de dólares menos: US$1,149.771.63. Se trata de la empresa Noe Middle East. De acuerdo al informe donde se explica por qué la descartaron, y que este medio también pudo revisar, la compañía no cumplió apenas con criterios formales.

Según el documento, la empresa adjuntó archivos de su experiencia en otros eventos similares bajo otra razón social, “Noe Conceptos Especiales SL” Esa fue la razón para no considerar su propuesta. Pero dicha denominación es, en realidad, del mismo grupo empresarial –Noe Group–, solo que se trata de su oficina central en Barcelona. Algo sencillo de revisar en su página web.

Allí, Noe Group lista su vasta experiencia en “exposiciones mundiales”, como la Expo Dubai, que incluye la construcción y –lo más importante– operación de pabellones para países como España o Rusia.

“Si yo utilizó los contratos de mi base en España para ganar contratos en el Perú, aunque allá tenga un nombre y acá otro, una empresa es hija de la otra. No me pueden decir que la empresa de mi padre en España, por darle un término, no es válida, si son del mismo grupo. Ahí hay un posible direccionamiento para favorecer a una empresa u otra”, explica el especialista Castillo Luna. 

El correo en el que Silva-Santisteban adjunta la cotización de los sueldos del personal clave si fuera contratado en Dubái, en enero del 2020. Sudaca pudo revisar estos archivos.

Sobre esta decisión, Promperú contestó a Sudaca amparándose en el argumento formalista: “los documentos que se deben revisar y evaluar son aquellos que presenta el postor, por lo que no sería correcto considerar como válida la experiencia de otra empresa, más aún si no han presentado documento alguno que acredite que se encuentran consorciadas; como sería el caso de Noe Group”. Ello pese a que se trata de empresas claramente vinculadas. 

Para explicar la descalificación, el documento elaborado por Promperú adjunta un cuadro resumen colocando los requisitos que exigían, la propuesta de la empresa y las razones por las que no cumplían. Sin embargo, para explicar por qué Continuous Events sí fue escogida, solo colocaron dos párrafos, mencionando que “cumple con las características técnicas” y que resultaba “conveniente” su contratación.

Para el abogado Castillo Luna, esta diferencia  huele mal. “Eso es a dedo. Deberían haber colocado un cuadro para ver qué ofrece. Además, precisar cuál es la experiencia que ha acumulado esa empresa”, asegura. 

No es lo único que hiede. Continuous Events no se caracteriza por tener un recorrido en gestión de eventos de gran magnitud. Su trayectoría se enmarca solamente en campañas publicitarias, branding y de relaciones públicas, sobre todo en citas deportivas como el Rally Dakar –apoyando a la escudería alemana X-raid– o por hacerle la campaña de marketing a la marca Puma, como dejan saber en su propio sitio web.

De hecho, Promperú acepta que se ampliaron los acápites de convocatoria a aspectos que no tienen nada que ver con la operación de un pabellón. En respuesta a Sudaca, la institución dijo que fue “con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores”. 

Una fuente con conocimiento de este proceso de licitación indica que era fundamental tener trayectoría en gestión y operatividad de espacios para asumir una misión como dirigir la participación peruana en la Expo Dubai.

 

PERFILES QUE NO CALZAN

Existen casos puntuales en el personal presentado por Continuous para operar el evento que no calzan con lo que exigía Promperú en sus propios –y laxos– términos de referencia. De acuerdo a estos, se requiere un equipo total de 12 personas, entre puestos clave y complementarios.

Uno es el de jefe de operaciones. Para el cargo, la empresa presentó a Patricia Arce Herrera, una publicista que en su currículum enviado a PromPerú dice tener “más de 8 años de experiencia en gestión, producción y organización de eventos nacionales e internacionales”. Sin embargo, menciona que terminó sus estudios en publicidad y medios digitales recién el año pasado en la ISIL. Y según la misma documentación, su primera experiencia en una empresa de este rubro fue en MataOjo, de los mismos dueños de Continuous.   

Otra es Adriana Proaño Juliusberger, personal complementario en el puesto de especialista en Turismo. Según los términos de referencia, para ese rol se exigía, lógicamente, “tener estudios en turismo y/o negocios internacionales”. Proaño, según el documento presentado por la empresa, es licenciada en Administración de Empresas y tiene una certificación en Marketing Digital del Cordon Bleu expedida el 2021. No precisa más estudios.

Como asistente de hospitalidad, Continuous presentó dos alternativas. Una de ellas es Andrea Terzi Urteaga. Para este cargo, nuevamente según los términos de referencia, se pedían mínimo cinco años de experiencia. Sin embargo, la trayectoria de Terzi no pasa de los cuatro, de acuerdo a los papeles que obran en Promperú. Terzi recién terminó sus estudios en administración y marketing en la UPC el 2019. Dentro de su recorrido profesional, incluye apenas dos prácticas: una en Gloria y otra en una empresa de importación pesquera.

Promperú asegura que Terzi, pese al cargo con el que va, es un “adicional” que presenta Continuous y que su cargo lo ocupa actualmente otra persona. En suma, que la envían de buenas gentes.

Finalmente está el caso de Emiliano Rodríguez, el fotógrafo del equipo. De él se menciona que tiene “más de 15 años involucrado en proyectos como pasarelas de moda internacionales, documentales, programas televisivos, coberturas musicales y deportivas”. Rodríguez, en efecto, tiene aquella experiencia. Pero en la documentación no se incluye foto, ni nada similar que pruebe su trayectoria ante PromPerú. Así que, si de formalidades se trata, el personal de Continuous tampoco las cumplió.

El director de la empresa, el uruguayo Marcelo Carballar –para más referencias: exmanager de Soda Stereo y Molotov– tiene un papel crucial en esta historia. Ya en Dubái, su Facebook lo muestra hoy feliz junto a su esposa –quien también fue incluida en el equipo, como especialista en comunicaciones–, brindando en el frontis del lujoso Hotel Rixos.

Marcelo Carballar y su esposa, Sofía Sanguinetti, ya están en Dubái. Aquí, aprovechan la estadía para una salida romántica frente al lujoso hotel cinco estrellas Rixos Premium.

 

UNA RELACIÓN PREVIA

El exagente de Cerati no solo dirige Continuous. Carballar también es cabeza de Mataojo, una agencia de comunicaciones hermana de la gestora peruana para la Expo Dubai 2020. Allí también ha trabajado junto a su esposa y algunos otros miembros del equipo convocados para la misión en los Emiratos, como la ya mencionada Patricia Arce.

Sudaca encontró que Mataojo registra, al menos, dos órdenes de servicio del 2016 que la vinculan la actual gerenta general de Promperú, Irene Suárez. En aquel entonces, la funcionaria ocupaba el cargo de jefa de operaciones del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos del 2019. Como tal, Suárez solicitó dos servicios que cayeron en manos de la empresa de Carballar. Los trabajos fueron la implementación de sendas estrategias comunicacionales para los juegos.

Suárez, que ya conocía a la empresa de Carballar, fue la responsable de aprobar la operación de la Expo Dubái 2020. Si bien se creó un grupo de trabajo para el evento –el “Departamento de Gestión”–,  según la resolución de Promperú que le da vida, toda contratación realizada por dicha unidad “es dependiente de la gerencia general”. En cristiano: nada se aprobaba sin el visto bueno de Irene Suárez.

Sudaca intentó contactar al uruguayo por teléfono y en sus redes sociales, pero no tuvimos respuesta. Expo Dubai 2020 arranca el próximo viernes 1 de octubre y la participación peruana en dicha cumbre se extenderá hasta abril del 2022.

Así se ve por fuera el pabellón peruano para la Expo Dubái 2020. Tiene una altura promedio de 15 metros y una superficie construida de 2.500 m2 aproximadamente. Foto: Andina.

 

DESCARGOS DE PROMPERÚ

Sudaca buscó la versión de Promperú. La institución asegura que, aunque no lo coloca en su informe de indagación, rechazó la propuesta de Noe Middle East porque “excluían varios costos que al final se cargarían a PromPerú”. Pusieron como ejemplos las horas extra y la capacitación del personal. Cabe acotar que Continuous Events tampoco especifica estas variables en su cotización.

Sobre el caso de Emiliano Rodríguez, dicen que Continuous acreditó su experiencia antes de cerrar el contrato mediante un certificado de trabajo simple de MataOjo. Lo que no mencionan es que esta es la otra empresa de Carballar. 

Además, acusan a Silva-Santisteban de haber supervisado incorrectamente la operación del pabellón, no autorizando la contratación de la empresa encargada de la construcción, Pico, por dos meses con la excusa de ahorrar ese dinero “para mejorar el servicio de limpieza y seguridad”. Sudaca buscó al consejero para que responda al respecto, pero prefirió no pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.

En sus respuestas, Promperú revela que actualmente Continuous tiene un personal de “22 personas para el logro del objetivo”, pero que “ellos deberán asumir los gastos de estas 10 personas adicionales”. ¿Cómo podría una empresa meter adicionales a un presupuesto que, en teoría, era el mejor que se podía conseguir? ¿Es que no van a tener ganancias o es que el precio estaba sobrevalorado?

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Expo Dubái, Promperú

Han empezado a publicar los rankings de las empresas “más quejadas» por los consumidores, separados por sectores. Constantemente veo en esos ranking empresas de Intercorp. ¿Hay algo que se pueda hacer con un grupo empresarial que constantemente aparece entre los más quejados o sancionados?

Hay dos maneras de resolver un problema de este tipo: uno es la sanción y la otra, la prevención. Una no quita a la otra. La sanción es competencia de los órganos resolutivos, ese no es mi fuero. Pero sí es mi fuero trabajar más estrechamente con estos grupos de empresas, y te va a parecer un poco naif, para tratar de sensibilizarlos de que ese proceder no es correcto. Cuando son monopolio, sin embargo, por más que los trates de sensibilizar, no tienen un incentivo de castigo del consumidor que se va con la competencia. ¿Qué hacer con los monopolios? Ya tenemos la ley de control previo de fusiones, que va a evitar posibles concentraciones horizontales o verticales hacia el futuro. ¿Y con los actuales? Ahí hay varios caminos, que dependerá de los principios que quiera establecer la nueva gestión [de Pedro Castillo]. 

¿La estrategia detrás de publicar los más quejados y sancionados es que las empresas cambien por mala publicidad?

Hemos visto que al empresario, y sobre todo al grande, el efecto reputacional le importa mucho. El objetivo es decir «estás en la lista de los más quejados, cambia tu conducta». El objetivo también es hacer una lista de los buenos empresarios. Por más inocente que suene, sigue siendo válido. El efecto disuasivo va a ser completo. Pero los peruanos tenemos la queja y no la felicitación, por eso estamos viendo qué mecanismos crear para empezar a hacer esas listas de buenas prácticas. Nuestra voluntad no es malograrle el negocio a la empresa, sino [decir] «consumidores y empresarios, dense cuenta». 

Los combustibles están por las nubes y la gente pide que el Indecopi haga algo. ¿Pero no es un problema de falta de competencia, correcto?

No. Ya hemos hecho el análisis a detalle hace unos meses cuando subió el GLP. Lo mismo pasa ahora con la gasolina: los precios internacionales están por las nubes. 

Antes había una franja que amortizaba las subidas y las bajadas [el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles], que ya no existe. ¿Ustedes recomendaron que se quite?

No, eso fue una decisión del sector y Osinergmin. 

¿Deberían regresarla?

Es una respuesta que no te puedo dar yo. Lo que es importante es que no hemos visto que haya concertación de precios, no hemos visto que haya alguna práctica anticompetitiva. Como bien dices: coincide con la salida de estos combustibles del fondo. El beneficio del fondo se da cuando los precios están al alza, porque los amortigua. Cuando los precios están a la baja, ahí no se benefician los consumidores. Esta alza se debe particularmente a la subida internacional de los precios. 

Durante la pandemia hemos visto precios astronómicos en medicinas y balones de oxígeno. ¿Hay competencia en el mercado del oxígeno?

Es un sector concentrado. Hay dos actores predominantes. No estoy segura, en una situación regular no pandémica, de si el mercado dé para tener un tercer competidor de ese nivel. Yo misma a veces he dicho «el sector concentrado del oxígeno» y me mantengo. Pero tenemos que ver si el tamaño del mercado es lo suficientemente grande o tiene potencial de crecer para ver si da para más empresas. Yo soy una convencida de que, a mayor competencia, más eficiente es el modelo social de mercado. Los mercados concentrados tienden a perder competitividad. 

¿Así como el «concentrado mercado del oxígeno» podemos hablar del «monopólico mercado de las farmacias?

No solo de las farmacias. Hay una integración vertical entre los bancos, los seguros, las clínicas, las farmacias de las clínicas, etc. Por el lado horizontal, sí, es un gran grupo el que maneja el mercado [de farmacias, se refiere a Intercorp], aunque ellos te van a decir que no. Sí creo que hay un nivel de concentración y hay que reflexionar sobre qué hacer con eso. Por eso era tan importante la ley de control previo de fusiones. Probablemente, gran parte de los sectores que hoy están concentrados en el país no lo estarían si esta ley se hubiese aprobado hace 15 años. Ahora, en todo lo que tiene que ver con prestaciones y precios de salud, el ente regulador es SuSalud, no Indecopi.

¿Indecopi puede hacer algo para que Inkafarma y Mifarma no tengan un porcentaje tan alto del canal moderno de farmacias? 

En la ley actual, no. Si quieren hacer cambios de ese tipo, tendrían que haber modificaciones normativas. Dependerá de cuáles vayan a ser los principios económicos del nuevo Ejecutivo. 

¿Ya han recibido solicitudes para revisión de fusiones por la nueva ley de control previo?

Todavía no hemos recibido ninguna solicitud. Me imagino que eso se debe a la incertidumbre política. Una vez ya la decisión establecida y con presidente nuevo, los mercados, que son mucho más pragmáticos de lo que creemos muchos, van a empezar a tomar decisiones. Haciendo cálculos, creemos que alrededor de unas 10 fusiones se van a dar como máximo a lo largo del segundo semestre. Puede ser menos. Va a depender de cuán activos se vuelvan los mercados de acuerdo a los resultados [electorales]. 

El Indecopi siempre ha sido visto como una entidad atada de manos o muy amable con las empresas. ¿Es así?

Hay que recordar que el Indecopi son dos instituciones en una: tienes el área administrativa y el área resolutiva. Quizás esa percepción viene más por el tipo de fallos que tienen los órganos resolutivos [comisiones y salas]. Ellos son totalmente autónomos para tomar sus decisiones. No sé si necesariamente [esos fallos] son pro-empresa, pero sí creo que estábamos muy alejados del interés del consumidor. No necesariamente el ser pro-empresa significa ser contra-consumidor. Ese es el gran desafío de mi gestión:  no ser pro-empresa, sino ser pro-mercado. Creo en la libre competencia, la sana, no la desleal. Si hay empresas que no van en esa línea, seré contra-empresa. 

¿No es verdad que, por años, el Indecopi ha estado pasmado frente a vulneraciones de la libre competencia? ¿O es que se han sancionado todos los cárteles que se debían sancionar?

Creo que no es cierto. Indecopi funciona dentro de un marco regulatorio. Si hay algo en lo que Indecopi ha venido trabajando es en perseguir a los cárteles. Pero el proceso es muy largo. Descubrir un cartel puede tomar varios años. El primer informe del Cartel de la Construcción debería salir en noviembre. ¿Cuántos años lleva la Secretaría Técnica investigando? Dos o tres. Luego la Comisión resuelve en primera instancia. La parte tiene derecho a apelar a la segunda. Allí te llevas dos años más. Por último, si no estás contento con la resolución, te vas al Poder Judicial y ahí hay casos que llevan más de 15 años, aún sin resolver. ¿Cuál es la solución? Hay reformas por hacer. 

¿Cuáles son?

Por lo pronto, hay que revisar cómo están funcionando los órganos resolutivos [del Indecopi]. Si están resolviendo a tiempo de acuerdo a los plazos de ley, si hay conflictos de intereses o puertas giratorias. Hay órganos resolutivos que funcionan mejor, otros que no necesariamente están funcionando como debieran funcionar. 

¿Por ejemplo?

En general, la gestión del sistema concursal en el Indecopi debe ser revisada. Yo planteé una reforma. Ya se cambió a los secretarios técnicos de la Comisión [de Procedimientos Concursales] y de la Sala. Se ha hecho una propuesta de actualización de la Ley General del Sistema Concursal y se han propuesto dos sistemas acelerados: el pare y el pase. Ambas cosas están en PCM. Con el nuevo gobierno serán revisadas y pasarán a consideración del Congreso. 

Con el mediático proceso concursal de la U quedó claro que el sistema no está funcionando muy bien. Han cambiado personas. ¿Pero qué falta?

Por la propia composición del sistema concursal peruano, Indecopi no tiene capacidad dirimente. Quien decide qué se hace con el dinero de la empresa en concurso es la Junta de Acreedores. Indecopi es una suerte de garante de que los acuerdos son respetuosos de las normas. Decir que el Indecopi ha hecho que no funcione la ley concursal es un poco injusto. Muchas veces los procesos duran eternamente porque la propia Junta de Acreedores no se pone de acuerdo sobre qué hacer. 

Eso pasó con la U, entre Gremco y Sunat. 

Eso pasó con la U y pasa con otros, como Doe Run. Pero es el sistema el que ha sido concebido así. Si uno quiere pasar a un sistema como el de antes, con el juez de quiebras, ahí es distinto. Una sola persona decide cómo se reparte el dinero. Ahora bien, existe otra secretaría técnica, la de Fiscalización, que debe verificar si la Junta de Acreedores y los administradores [temporales] se están comportando de acuerdo a ley. Es allí donde ha habido la mayor laxitud. Han sido muy pegados a la norma, que es cierto que no les daba los suficientes dientes. Hay cosas que se le han escapado a los funcionarios, sí, definitivamente. 

Ustedes mandaron observaciones a la ya publicada Ley 31279 [que hace que la Sunat pase a manejar unos cuantos clubes de fútbol, especialmente Universitario de Deportes]. ¿Es una ley con nombre propio? 

Sí. 

¿Es para salvar a la U?

Hay que ver quiénes eran los que estaban en las calles manifestando y protestando delante del Congreso cuando se estaba por votar esa ley. La respuesta la hemos visto en los medios. Hemos hecho observaciones y recomendaciones, pero finalmente el Congreso decidió votarla por insistencia. Ahora toca ver si el Ejecutivo se va a ir por la inconstitucionalidad o no. 

¿Debería?

Esa es una decisión de PCM en coordinación con Indecopi y Sunat, que adquiere un protagonismo especial con esta ley. 

¿Usted recomendaría que vayan por la inconstitucionalidad?

En tanto la norma plantea procedimientos que actualmente no son tan viables, diría que sí. Pero uno no manda las cosas por inconstitucionalidad porque no le gustan, tiene que haber un fundamento jurídico y presupuestal que sustente la demanda. 

Su periodo como presidenta del Indecopi acaba en setiembre. ¿Va a renunciar en agosto, luego de que asuma Castillo?

No lo sé ahora. 

Lo pregunto porque el nuevo gobierno no parece pro-mercado. ¿Podría trabajar en ese contexto político?

Quisiera ver primero qué va a pasar. Se especula mucho. Va a depender mucho de a quién va a poner como ministro de Economía. Eso va a marcar más claramente cuál es la pauta. Tomar una decisión ahorita es prematuro. Tendría que suceder algo muy grave entre agosto y setiembre para que renuncie. 

También la podrían ratificar. 

Podrían hacerlo, pero no ha sucedido nunca en la historia del Indecopi. Siempre que ha habido cambio de gobierno, ha habido cambio de presidente. Yo creo que es mejor culminar el mandato de manera ordenada, seria. 

¿Es usted pragmática, como los empresarios? ¿Podría trabajar con un gobierno de Castillo?

Soy una mujer pragmática, sí. Eso no significa que no me guíen ciertos valores y principios. Soy una persona que cree en la democracia, firmemente, y en la economía social de mercado. No te diría que no puedo trabajar con un gobierno de Castillo o de otro presidente hasta no tener claridad de cuál va a ser la política económica que va a marcar esta nueva gestión. Democracia y economía social de mercado son los dos principios que para mí son inalienables. Tienes dictaduras de izquierda y de derecha. Mis alertas se activan cuando estás acercándote al límite de la no democracia, o la no economía social de mercado. 

Si Castillo pretende controlar precios, ¿esa sería una alerta?

Según el régimen [constitucional] actual, sería una alerta. Pero si hay un cambio constitucional, tendría que pensar cuál es su alcance. Es una reflexión que me he hecho, muy personal. Yo debo, en tanto funcionaria pública, respetar las normas vigentes en mi país más allá de mi percepción personal. Pero yo me preguntaba: en situaciones de emergencia, como la que hemos vivido, ¿podemos permitir que haya esos niveles de alza de precios tan descarados? No necesariamente tengo la respuesta, pero yo no creo en la mano invisible [del mercado]. Creo que el Estado tiene un rol medular para regular ciertos mercados y actividades, siempre y cuando no se vulneren los principios de las libertades fundamentales. Pero sí me alarma cuando veo a gente que se le mueren los familiares porque no tienen para pagar balones de oxígeno de S/5.000. Me interpela, me indigna. Entonces digo: quizás en algunos casos, muy excepcionales, sí ameritaría [un control de precio], como existe en otros países. 

¿En qué sector el Indecopi todavía tiene más tarea pendiente?

Algo que hemos visto mucho últimamente es todo lo relacionado al comercio electrónico. Vino con la pandemia y creció de manera exponencial. Es importante entrar a revisar cómo están funcionando las reglas de juego. Hay gremios que te dicen «déjalo así, tal cual, se va a autorregular». 

La mano invisible. 

Yo no creo que eso suceda así tan fácilmente. Tenemos casos de países vecinos que han entrado a regular esos mercados. El otro que me sigue pareciendo fundamental es el sector financiero. 

Con eso termino, entonces. ¿Se puede romper el dominio de cuatro bancos sobre el sector financiero?

Indecopi ya puede entrar a hacer un control previo de fusiones bancarias, excepto en caso de riesgo sistémico. A partir de ahora, Indecopi podría monitorear o emitir opinión sobre el tema. ¿Qué hacer sobre los monopolios actuales? Es parte de la discusión que el nuevo gobierno tendrá que evaluar en el marco de la política económica y los principios que quiere que rijan su gestión. 

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Indecopi

Ayer Beto Ortiz salió con una pistola en su programa, asemejándola al machete de los ronderos. «La pistola para mí es algo cultural», dijo. ¿Qué opina sobre este paralelo?

Nosotros usamos el machete, pero no como un arma. Y no la exhibimos como arma tampoco. El machete para nosotros es un instrumento de trabajo. No es más que eso. Hay algunos que no pertenecen a la organización y seguramente quieren figurar, y esta vez han sacado un machete. Pero no pertenecen a la organización. Como ronderos, nosotros a la gente tampoco la intervenimos a la fuerza, ni a golpes, ni a patadas, ni a palos. Previamente hacemos investigación. Aquí ha habido personas que se autodenominan «ronda» solo para apegarse a Pedro Castillo. Ellos tienen que responder por esas acciones que están haciendo. Beto Ortiz seguramente conoce de comunicación, pero no conoce absolutamente nada de organización. Ojalá nos entreviste para ilustrarle. 

¿Han identificado a estas personas que menciona, que se autodenominan «rondas», pero no pertenecen a la organización nacional? 

Los tenemos plenamente identificados. 

¿Quiénes son?

Ellos vienen dirigidos por un señor Vallejos. En todo caso, [en Willax] tendrían que mostrar quiénes realmente son la estructura nacional. Yo también puedo reunir a unos cuantos compañeros, les doy su chaleco, su uniforme y hacen de ronderos. Nuestra estructura es base, caserío, centro poblado, distrito, provincia, base regional y luego la nacional. Todo sale mediante procedimientos de elección. Lamentablemente, esos señores están haciendo quedar mal a nuestra organización. Nosotros tampoco les prohibimos que se organicen, pero sí tenemos que deslindar con claridad. El señor Beto Ortiz desconoce mucho, pero también tiene una intención clarísima.

¿Y quién es este señor Vallejos? 

Víctor Vallejos Tinoco [lidera una organización paralela, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas del Perú – Cconarc]. El señor Vallejos viene de una trayectoria complicada. Él se apega siempre a alguien. Ahora se ha apegado al compañero Castillo. Tampoco vamos a decirle «que no se apegue a ti» o «sácalo». Lo que sí estamos diciendo con claridad es que sus acciones no pueden manchar la imagen de nuestra organización. No digo que somos perfectos, porque podemos cometer errores, pero eso no lo hacemos. Menos sacamos un machete para decir que somos guerreros y que hay que enfrentarse así a las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos otra forma de organización, principios, normas. Estos señores tienen que aprender mucho de lo que es la organización rondera. 

Entonces, como CUNARC, ¿condenan que el machete sea usado como elemento en las marchas?

Exactamente. Nosotros estamos totalmente opuestos, por ejemplo, a un proyecto de ley en el que el Estado quiere armar a la población. Nosotros hemos combatido el terrorismo con organización, educación. No hemos dejado que se infiltre ningún narcotraficante ni delincuente a nuestra organización. Estamos convencidos de que eso es lo que da resultados más óptimos. El machete se usa como instrumento de trabajo. Todos hemos usado nuestro machete para limpiar la maleza, hacer las estacas para amarrar nuestro ganado, para la leña. Que quede bien claro, no lo usamos como instrumento en las movilizaciones, ni para enfrentarnos a los delincuentes y agarrarlos a machetazos. 

¿No veremos a ningún miembro de la CUNARC usar un machete en una marcha?

Jamás, eso no es posible. Nosotros usamos nuestra binza, que llamamos “el armonizador” [el látigo o chicote] y solo se usa en caso haya una decisión colectiva. Tampoco es para usarlo indiscriminadamente. No es así. Ahora, si viene alguien a faltarnos el respeto, por supuesto que se le hace el verdadero procedimiento. 

¿Cómo toman la comparación entre el machete y la pistola, entonces?

Primero, que hay una intención: desprestigiar, satanizar, terruquear a las organizaciones. Un pueblo organizado es un pueblo más consciente y las acciones que toma tienen más impacto. Nosotros, como ronda campesinas, no pertenecemos a Perú Libre ni al compañero Castillo. Tenemos autonomía, independencia, autodeterminación. Lo que sí hacemos es defender lo nuestro. Hemos optado por el compañero Castillo porque él ha ofrecido el cambio, atender y redistribuir mejor, rescatar derechos. No es sino el apoyo a los procesos de cambio que tienen que darse obligatoriamente en el país.

¿Cómo se van a defender de los ataques de la fuerza de choque de la extrema derecha, como La Resistencia o los Combatientes? ¿En sus mismos términos?

Nuestra lucha siempre será inteligente, planificada y con estrategia. No hemos respondido a las agresiones ni al llamamiento que hizo [Rafael] López Aliaga en su momento: muerte a todos los que pensamos diferente y queremos el cambio. Creemos que estos momentos no están para eso. Nuestra manifestación es pacífica. 

Se lo pregunto porque los familiares de un hombre, Richard Muro, denunciaron que ronderos lo atacaron en el Centro de Lima. Dijeron que tuvo heridas fuertes. ¿Qué diría sobre este tipo de actos?

Esas acciones vienen, lamentablemente, de estos señores que se hacen llamar ronderos y están confundiendo a la población. No se puede atacar a la gente de esa manera. Ahora, ellos nos han atacado a nosotros con palos con clavos. Tenemos heridos, pero nosotros no actuamos de la misma forma. 

¿Han llegado a Lima para qué exactamente?

Principalmente en defensa de la democracia. Para nosotros no es justo negar el voto del indígena. No es justo negar el voto del campesino, de aquel que vive lejos. Hemos manifestado un voto de identidad, más que uno ideológico. Negar ese voto es antidemocrático por donde lo veamos. 

¿Cuál es la estrategia de defensa del voto que tienen pensada?

Estamos ahí desde el 7 de junio [frente al JNE]. Han querido masacrarnos, pero no han podido. Hemos tenido ya acciones importantes. Lo otro es que el 17, el 20 y el 24 vamos a seguir en movilización. Estamos en contra de que se extienda demasiado, porque se apunta a que el 28 de julio no juramente Pedro Castillo. 

¿Qué pasaría si el 28 de julio, por cualquier razón, no se tiene proclamado a Castillo como presidente?

El día 17 va a haber una movilización, también el día 20 y el día 24. Si hasta el día 22 [de julio] vemos que no hay intención de proclamar a Castillo, estamos preparando un paro nacional indefinido. No podemos, a estas alturas donde se ha esclarecido todo, donde la comunidad internacional ha sido clara, dejar que la voluntad de un pueblo sea torcida por la lideresa de una organización criminal y por fuerzas fascistas.

Para tenerlo claro: si hasta el 22 el JNE no ha proclamado a Castillo como presidente, ¿ustedes tienen pensado responder con un paro nacional indefinido?

Sí, estamos alistando todo para el día 24, que se puede convertir en un paro nacional indefinido si hasta esa fecha no se proclama. Porque ya no falta nada. La transferencia en pocos días no sé cómo va a ser. Es un problema serio que va a tener el gobierno. No estamos haciéndole daño a Pedro Castillo, sino a todos los peruanos. Lamento que a los abogados de la señora K no les importe la situación de la gente, del Estado, de la economía. 

¿Cuántos ronderos vinculados oficialmente a la CUNARC han llegado a Lima?

En su momento hasta 300.

¿Cómo se ha financiado el traslado y la estadía?

Saludo la gran solidaridad que tiene nuestro pueblo. Para hacer esto hemos tenido que recurrir a esta solidaridad. Somos una organización de 2 millones 200 mil ronderos. Cada uno colabora voluntariamente para los pasajes. Acá en Lima, para qué, una inmensa solidaridad. La gente nos ha dado ambientes, comida, que no nos ha faltado, y medicina también. Ahora ya hay en Lima un promedio de 70, porque han regresado. 

¿Han recibido financiamiento de Perú Libre o de gente vinculada, o que quiere estar vinculada a Castillo?

Ha habido alcaldes, candidatos, de todo, que nos han querido dar dinero. También gente que ha querido darnos una gallinita, un torito, una vaquita. Desde el momento en que recibes ya eres cómplice. Somos imparciales. Imagínate qué tal si el compañero Pedro Castillo de Perú Libre se orienta por otro lado, ya sea que se va a los brazos de la Confiep o al otro extremo. No tendríamos la cara de denunciar. Además, ¿qué tipo de ronderos seríamos? Falsos ronderos. La autonomía de nosotros es económica, social y política en todo sentido. Nosotros rendimos cuentas a nuestra propia organización. 

¿Cobran cuotas? ¿Ese es su esquema de financiamiento?

Colaboramos voluntariamente. Aquí en Lima la gente nos busca para proveernos de alimento. También cierta indumentaria. Nos han donado unos casquitos para que cuando vengan los fascistas no nos rompan la cabeza. 

¿Ustedes le van a exigir a Castillo que en sus primeros meses de gobierno ponga en marcha el proceso para una nueva Constitución?

Aquí la gente quizás se ha confundido. En lo que se requiere actuar ahora es en ponernos de acuerdo en los procedimientos. Hay varios. Uno, por ejemplo, recolectar firmas para presentarlas al Congreso. Luego se pasará recién a convocar a elecciones para los constituyentes, quienes pondrán en debate nacional la [nueva] Constitución. Hay gente que está diciendo que al medio año ya debemos tener nueva Constitución: eso no va a ser así. Tiene su procedimiento. En una nueva Constitución tienen que estar los intereses de todos, también de los grandes empresarios. De los pueblos en su conjunto. 

¿Qué pasa si Castillo hace un gobierno como el de Ollanta Humala, con la Confiep o con los “caviares”, que no son del pueblo?

Es un riesgo permanente, latente. Puede ser que el compañero Castillo caiga en esa red. Pero Pedro es como nosotros: un productor, un campesino, que ha salido como nosotros sudando la camiseta. Obviamente somos conscientes de que los poderes fácticos de la derecha nunca van a dejar de luchar por sus intereses. Lamento que haya este tipo de derecha en nuestro país, pero es nuestra realidad. Lo que sí: nosotros no vamos a torcer nuestro brazo en luchar por el cambio. Por eso hemos votado. Esos cambios tienen que darse. Si Pedro no lo hace, quedará en la historia. 

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Pedro Castillo, Rondas campesinas

¿Cómo te has convertido, Beto, en el periodista preferido de mis padres?

No sé. Supongo que los que somos más viejos y hemos vivido las épocas feas de este país no somos caviares como ustedes, los jóvenes. 

¿Qué es un «caviar» para ti?

Es un chico de sector socioeconómico A/B que estudia en la PUCP, trabaja en Cosas* y cree que es de izquierda. ¿Te suena?

*[Nota de edición: Esta entrevista fue realizada en alianza de medios entre Cosas y Sudaca.pe]

Entonces, ¿yo soy un caviar?

Total. 

¿Qué es para ti un «terruco»?

Es una pregunta bien seria, porque «terruco» es la manera más coloquial de llamar a la gente que durante años trató de tomar el poder por la violencia en este país. No lo logró y ahora parece que se la van a llevar fácil. 

¿Y Salas Arenas, por ejemplo, para ti qué vendría a ser: un «caviar», un «terruco»?

Salas Arenas es un caso más grave, porque tiene un pasado marxista, leninista, maoísta. Podría ser el de cualquier joven normal: cuando tienes 20 años corresponde que seas de izquierda. No sé quién fue el que dijo «cuando tienes 20 años y no eres de izquierda, eres un imbécil, y si tienes 40 años y eres de izquierda, eres un imbécil». [Pero] en el caso de él [Salas Arenas] no es una conducta aislada. Él, a lo largo de su carrera, ha defendido terroristas siendo abogado. Y es algo de lo que el magistrado Lecaros te puede contar, off the record. 

¿Defender, como abogado, personas que pueden haber sido inocentemente convictas por terrorismo es ‘haber defendido terrucos’?

Mira, yo he trabajado con presos durante varios años de mi vida y no tengo ningún problema de sentarme a tomar un café con un asesino. Siempre y cuando esta persona no quiera convencerme de que ser asesino es bueno. La diferencia entre un terrorista y un asesino, un descuartizador, es que el terrorista considera que esta es una vía para liberar a los pobres de su situación o para que el Perú consiga la justicia social. Es una manera de pensar que considero delirante. 

Alberto Fujimori, en 1996, indultó a 469 personas bajo esta misma modalidad: determinó que eran inocentes que habían sido injustamente convictos por terrorismo. ¿Por qué cuando Salas Arenas defiende a posibles inocentes no es correcto, pero cuando Fujimori los indulta sí lo es?

¿Yo he dicho que es correcto que Fujimori los indulte? ¿En qué parte?

Has apoyado una candidatura que reivindica ese gobierno.

Bueno, yo he apoyado una candidatura por default. Me parece que antes que entregarle el país al comunismo, es preferible cualquier otra alternativa. Cualquier otra. Si hubiera sido Ricardo Belmont, ‘Porky’, Hernando De Soto, Acuña… prefiero a cualquiera de ellos. Bueno, Belmont ya no, porque está en la categoría un poco de «inimputable».

¿Contra algún político sí podrías haber endosado a Castillo? 

No, pero eso ya va más allá de la política. Si Castillo fuera un candidato de derecha, diría también que es inelegible, porque es una persona que evidentemente no tiene ni la preparación ni las suficientes neuronas para asumir un cargo como ese. Si me dijeras que el candidato comunista es Mariátegui, Arguedas, Pablo Neruda, César Vallejo, ok. Javier Diez Canseco, Henry Pease, Carlos Malpica, Alfonso Barrantes. Ok. Yo he tenido grandes amigos comunistas. Esa tendencia a satanizar y a creer que una persona de derecha y una de izquierda no se pueden sentar a conversar es muy millennial

También dijiste que Salas Arenas «liberó a dos terroristas» como juez. Lo que hay detrás es que firmó una prescripción. ¿No hay un matiz importante ahí que debiste hacer?

¿Que los haya liberado porque sus casos prescribieron?

Porque el delito de terrorismo tiene prescripción. 

¿Lo cual haría bueno a Salas Arenas?

No. Te estoy preguntando por las afirmaciones periodísticas de tu programa. 

No, es que Salas Arenas no me parece que sea la persona equivocada para el JNE solamente por ese pasado, sino porque tiene una cantidad de vínculos con Martín Vizcarra. Es evidentemente puesto ahí por Vizcarra. Su hermano fue su médico de cabecera. ¿Por qué tenemos que resignarnos a este sistema totalmente armado por Vizcarra?

Uno de los bulos que empezó a correrse sobre tu programa fue que tenías audios sobre Vizcarra con Salas Arenas, supuestamente demostrando que este había sido puesto por aquél. ¿Puedes aclarar si esos audios existen?

No. Todo el mundo me escribía a preguntarme y yo decía «no sé, no los tengo». No es el tipo de publicidad que le conviene a un programa periodístico. Si no lo tienes, para qué lo promocionas. 

Hacia allá voy. Dijiste en una entrevista con Quehacer que Lúcar era ‘el pregonero de la noticia’. Que te vendía la noticia de tal manera que tenías que verla. ¿Con tu programa se ha generado eso? 

Trato de tener un tema atractivo todos los días, pero de ahí a que la gente imagine que tengo cosas que no tengo…. Si lo quieren decir y van a hablar del programa, bueno hablen. No es algo que yo genero. 

Pero, por ejemplo, ¿sigues convencido de que la vacuna de Sinopharm no tiene eficacia? [Con las 5 millones de dosis cuya llegada se suspendió, miles de muertes de la segunda ola se podrían haber evitado

Absolutamente. Todos los días hay nuevas evidencias. 

¿Cuáles son esas evidencias?

Los países que han escogido Sinopharm se van por la tercera dosis. 

Que se estén poniendo una tercera dosis no significa que tenga 11,5% de efectividad como dijiste en tu programa.

Bueno, a ver, el informe de Sinopharm que pusimos, y que el Dr. Bustamante tradujo, porque no se entendía nada, la verdad, fue útil en su momento porque hizo que este gobierno dejara de comprar esa vacuna mediocre y comprara la Pfizer. La gente se está vacunando con una vacuna de calidad. 

Es decir, ¿piensas que la gente tiene que agradecerte que no se haya comprado la vacuna de Sinopharm?  

No, yo nunca pienso que alguien tenga que agradecerme. No hago las cosas para que me las agradezcan.

La OMS en su informe dice que se ha probado calidad, seguridad y eficacia. ¿Cómo seguir diciendo que se ha desechado una vacuna por ‘mediocre’ [aún cuando efectivamente no es la de mayor transparencia]? 

Bueno, tú quédate con la OMS y yo me quedo con los países que siguen comprando terceras dosis. 

¿No confías en la OMS?

Cada uno busca su santo que le dé la bendición. 

¿Bustamante es mejor santo que la OMS?

El Dr. Bustamante fue mi fuente, la OMS es tu fuente ahora. 

Dijiste que los muertos iban a votar porque había miles y miles de nombres de fallecidos en el padrón. Resulta que el padrón se cierra un año antes. En tu siguiente programa, preguntaste si la Reniec no podía trabajar un poco más y cerrarlo después porque hay pandemia. Eso por ley no se puede hacer. 

Bueno, ya el cierre del padrón es un tema menor cuando ves personas que han muerto hace dos décadas, y que siguen con el DNI activo y con edades que nunca cumplieron en la vida real. De hecho, me has adelantado un poco algo que estamos trabajando desde la semana pasada. 

La pregunta es si esto se trata de tirar la red y ver a cuál se le ‘chunta’. 

Bueno, yo no estoy compitiendo en un campeonato de tiro al blanco, estoy haciendo periodismo, hace 33 años. No trato de ‘chuntarle’ o no ‘chuntarle’. Investigo, entrevisto y opino. No juego a ensayo-error. 

¿A partir de ahora serás más «anticaviar» que apegado al fujimorismo?

Ser anticaviar es una manera de ser disidente, ¿no? En un país en el cual todos son caviares. Son caviares por necesidad, porque tienen que pertenecer. Si quieres pertenecer a la argolla académica, literaria, gastronómica, tienes que ser caviar. Yo estoy en una posición en la que no me interesa pertenecer a ninguna argolla, y no tengo que pedirle favores a nadie. No tengo que opinar de determinada manera para que me sonría el editor, la editora o la jefa. Pero entiendo que hay gente que tiene que hacerlo. 

¿Por ejemplo?

La gran mayoría del país, [la gente] que trabaja en el medio que tú trabajas. 

Dame un nombre. 

No me provoca pelearme gratis. Es un tema de pertenencia real o imaginaria a determinados grupetes. 

¿Grupetes como cuál?

Toda la cofradía de influencers y opinantes de redes sociales. Las Tatianas Astengos, los Jason Days, las Mónica Sánchez, las Jackie Fowks, los Ocrams. Todos se están ganando alguito. No es por amor a la camiseta. Siempre hay su comercial, su auspicio. ¿Qué es el Consejo de la Prensa? Otro club caviar. 

Está El Comercio, que ha tenido tu misma línea en esta campaña. 

¿Hay algo más caviar que El Comercio?

¿Te sientes mucho más a la derecha que El Comercio, entonces?

Es que El Comercio se acomoda. Puede poner a alguien como Álvarez Rodrich, que es un caviar de manual, dirigiendo Perú 21, que era un mejor periódico en esos tiempos que ahora, o puede poner a un aristócrata de apellido compuesto para dejar el abolengo de la familia en la portada. 

¿Cuánta injerencia tienen los Wong en la línea editorial de Willax?

No lo sé, porque no los conozco. He visto al hijo, pero al papá no lo conozco. De verdad, nunca he hecho tanto lo que me da la gana en un canal como en este. Creo que es una suerte, Wong es un dueño ausente. Está ahí, hay un chat en el que puedes participar o no, pero no te va a preguntar a quién vas a invitar o por qué, o te va a decir «invítame a mí». Cosa que sí pasa definitivamente en los medios de tradición familiar. 

Me imagino que los Wong están contentos: están marcando contigo más agenda que otros grupos económicos. Más que la Confiep, por lo menos. 

Yo también me imagino, pero no lo sé. Es obvio que otros negocios les dan mucha más plata que Willax. Pero supongo que un medio de comunicación te da poder. 

¿Cuándo tendría que haber presidente?

No sé.

¿Crees que tendríamos que tener uno proclamado antes del 28 de julio?

Me parece que sería más importante que las dudas que existen hasta ahora en la mitad de la población se aclaren antes de la huachafería del Bicentenario. 

Si no se designa un presidente antes del 28 de julio, ¿no pueden darse escenarios no democráticos?

Mira, no creo que una prórroga de unos días pueda ser tan catastrófica. Hemos tenido un periodo en el cual hemos pasado de PPK a Vizcarra, de Vizcarra a Merino, de Merino a Sagasti. Si va a servir para que recuperemos alguna estabilidad, o por lo menos la tranquilidad de saber que no te están metiendo el dedo, esperemos pues. 

¿Qué es el periodismo para ti, Beto?

El estilo de vida que escogí. Porque no es una chamba, no es un oficio. 

Cuando dijiste que sólo morían los Bryans en las manifestaciones de noviembre, ¿no pensaste «quizás eso no lo puedo decir”, como periodista?

No, te lo puedo volver a decir. Si la gente que fue a mi casa a protestar no entendió, te lo puedo volver a explicar: cuando hay manifestaciones, protestas, la gente que muere no es la gente como tú, es la gente como Bryan. ¿Qué te pareció clasista? ¿Que diga «los Bryans? Los Albertitos De Belaúnde no mueren en las marchas. Lo Danielitos Olivares no mueren en las marchas. Mueren los cho, puntos suspensivos porque no puedo terminar de decirlo. Significa que son tontos útiles. Significa que la gente como Tatiana Astengo, Jason Day, Mónica Sánchez, Renato Cisneros, Ocram, que están fuera del país llaman a que vayan a pelear y los cholos babosos van, pelean y mueren. ¿Te parece bonito?

Me refiero a esto: ¿decirles «tontos útiles» cuando los acababan de asesinar, ahí mismo, no te parece demasiado?

No les dije tontos útiles. Dije «los que siempre mueren son los Bryans». Si no proclaman a un presidente y esto se vuelve una matanza, que es probable que se vuelva, ¿quiénes van a morir? ¿Los Miró Quesada? 

¿Te mantienes en televisión por el dinero?

Willax es lo que peor paga. 

¿Por vocación, por adicción?

La televisión tiene un poder que no tiene la prensa escrita. Cuando quieres hablar es para que te escuchen, no para ser un bloguero clandestino o para que te comenten tus amigos. 

¿Es para tener poder, entonces?

Es para tener un público grande, que te escuche y te pueda rebatir. Pueda estar de acuerdo conmigo, como tus papás, o en desacuerdo conmigo, como tú. 

¿Y en ese afán de tener una voz, no pecas de decir «Sinopharm tiene 11,5% de eficacia» cuando no es verdad?

Es tu opinión. 

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Beto Ortiz, Erasmo Wong, Willax

“Un político es un abogado más viejo”, escribió Hernan Casciari en esta sátira publicada por el diario español El Mundo. El último 7 de junio, día posterior a la segunda vuelta, decenas de abogados de las más célebres firmas jurídicas del país −muchos de ellos aún jóvenes− emprendieron una misión política: la revisión de documentos para defender los intereses de uno de los dos partidos en competencia. A favor de Fuerza Popular y en contra de Pedro Castillo.

Desde aquel día, distintos medios periodísticos han corroborado la participación de abogados de grandes estudios −cuando menos inicialmente− en la estrategia legal del fujimorismo. Estrategia que ha tenido poco éxito en primera instancia en los jurados electorales. Lo propio ha hecho Sudaca, llamando a algunos de los abogados que fueron registrados como parte de las coordinaciones iniciales de ese camino. 

Una de las firmas cuyos empleados participaron en la revisión documentaria a favor de Fuerza Popular −una de las más reputadas− fue Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados (PRCP), o simplemente el Payet, como es más conocida. Sudaca ha conversado con empleados y revisado comunicaciones que indican que sus abogados participaron del emprendimiento keikista. No solo eso. Uno de los socios principales del estudio, José Antonio Payet, fue personero del partido naranja el pasado 6 de junio. 

José Antonio Payet, socio fundador de la firma que lleva su nombre. Fue personero por el fujimorismo este último 6 de junio, pese a que su ‘Código de conducta’ prohíbe la participación activa en política.

En la semana previa a la elección, Payet convocó a una reunión a sus colaboradores en la que les explicó que “lamentablemente, esta situación que tenemos ahora es una donde el impacto de la elección en nuestro futuro inmediato va a ser dramático” y dijo que “no es válida la opción de no tomar una decisión [votar en blanco o viciado], de abdicar”. Sus palabras causaron malestar en las fuentes que conversaron con este medio, que se preguntaban extrañadas por qué su jefe les daba indicaciones políticas. 

En su charla, el socio fundador detalló, primero, los motivos por los que no quería votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, luego retrucó diciendo que un gobierno de Perú Libre sería peor. No llamó directamente al voto por Fuerza Popular, pero sí enumeró las razones por las que una presidencia de Castillo sería “mucho peor que el Covid”. Le preocupaban −dijo− sus hijos, que tendrían que emigrar, las libertades individuales en el país y la supervivencia de su firma. 

“Nosotros facturamos en dólares […] En un gobierno de Cerrón nadie va a poder tener dólares. En la época de Velasco era delito tener dólares, te metían a la cárcel”, aseguró. También dijo que las medidas que tomaría un eventual gobierno del profesor chotano ‘matarían’ al estudio. 

José Antonio Payet es reconocido por las fuentes de su firma como fujimorista. Ha sido asesor del entonces llamado Ministerio de Industria y Turismo hasta 1993, tras el autogolpe, según este perfil que le escribió la cementera UNACEM. Y en esta segunda vuelta fue personero de Fuerza Popular en la mesa 033904 de la universidad San Marcos, donde ese partido sacó 140 votos y Perú Libre 63.

Mesa de la universidad San Marcos donde Payet Puccio fue personero fujimorista. Como anécdota: su firma no es idéntica a la que estampa en el ‘Código de conducta’ de su empresa.

Payet Puccio es uno de los abogados más respetados en su área de especialización: el derecho corporativo. Ha sido formado en la PUCP y luego fue becario Fulbright en Harvard. “Los clientes le otorgan comentarios positivos, con uno de los entrevistados remarcando: ‘Es de primera categoría. Discutimos asuntos estratégicos con él; no solo asesoría legal, sino estrategia del negocio’”, dice su reseña de Chambers & Partners, una empresa británica que elabora listas de referencia para abogados en todo el mundo.

“Cuando el mejor en algo es, al mismo tiempo o por eso, el peor, tenemos un problema”, escribió Casciari hace cuatro años. Y más allá de que se trata de una sátira, su afirmación implica una división clave: una cosa es el buen manejo de las leyes y otra, la conducción ética del actuar personal. Quizá por eso sea importante recordar las palabras del propio Payet en una conferencia de la CADE 2018:  “Es necesario erradicar la zona gris, la zona de la ambigüedad”.

Mientras que en la dimensión legal está todo aquello que un abogado puede (o no) hacer, en la ética está lo que debe hacer si quiere −cuando menos− ceñirse a la cultura empresarial de su firma. 

¿Cuál es el manual de referencia que detalla el buen comportamiento en términos éticos según los valores del Payet? Su ‘Código de conducta’, un documento interno al cual este medio pudo acceder. En él, los socios −incluido Payet− firman una introducción que dice: “queremos asegurarnos que quienes formamos parte del PRCP conozcamos las reglas y lineamientos que deben guiar nuestro comportamiento, disminuyendo ambigüedades y confusiones”.

El cuarto acápite del segundo capítulo detalla el comportamiento referido al financiamiento de campañas políticas. Es muy detallado y abarcador. Empieza afirmando: “PRCP declara ser neutro políticamente y, en ese sentido, PCRP no apoyará a ningún partido, movimiento político o candidat@, sea financieramente o de cualquier otra forma”. 

Luego, el estudio Payet detalla cómo se deben comportar sus miembros: “Aun cuando respetamos las posiciones políticas de quienes forman parte del PRCP, creemos que el ejercicio político activo por parte de cualquier miembro del PRCP, sea a través de algún puesto en un partido o movimiento político o sea a través de financiamiento a favor de candidat@s a puestos políticos, genera incompatibilidad y posibles conflictos de interés en nuestro actual profesional”. 

Y la conclusión del acápite sentencia: “Por lo tanto, quienes formen parte de PRCP tienen prohibido participar activamente en política (sea como candidat@, o asumiendo funciones en cualquier partido o movimiento político) y/o financiar a título personal a cualquier partido o movimiento político”. 

‘Código de conducta’ del Payet. Un saludo a la bandera.

Para Natalia Manso, profesora de responsabilidad social empresarial y compliance de Pacífico Business School, es claro el incumplimiento de Payet -socio y personero- de su propia guía ética. También de los abogados que participaron en la revisión documentaria. “Que incumplen su propio código de conducta es clarísimo y no hay que ser abogado para decirlo. […] La empresa está exigiendo que en el ámbito privado sus colaboradores no realicen esta labor de voluntariado para aportar ni su dinero, ni conocimientos ni tiempo en favor de un partido político”, afirma. 

Manso explica que un código como este “no se ciñe a la legalidad, porque sería una redundancia”, sino que “tiene que ser un compromiso más allá del cumplimiento meramente legal, que va hacia el campo de la ética, de los valores”. Agrega que, en concordancia con su código de conducta, el Payet tendría que haber “levantado una bandera para hacer la investigación interna para saber si eso estaba pasando” apenas medios independientes publicaron la noticia de que había abogados coordinando para realizar trabajos con implicancias políticas, así sea a título personal.

Sudaca se contactó tanto con José Antonio Payet a título personal como con los encargados de prensa de su firma. Por ambas vías se negaron a dar declaraciones para la elaboración de esta nota. Tampoco quisieron responder la pregunta explícita de si la semana pasada habían transgredido sin empacho su ‘Código de conducta’. 

También hubo abogados de esa firma que prefirieron no contestar. Uno es Mario Lercari, asociado que se especializa en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, y mercado de valores, cuyo nombre fue registrado como parte de las coordinaciones iniciales para defender el voto naranja. A puertas de la segunda vuelta del 2016, Lercari escribió una columna −en el portal Enfoque Derecho− en la que alertaba sobre los riesgos de darle al fujimorismo la posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). 

A la consulta de este medio, dio una respuesta vaga: “Prefiero no comentar sobre el tema. Mi nombre estuvo publicado en una lista [de coordinación] que se generó el lunes 7 de junio, cuando se pensaba apoyar con las impugnaciones de actas que había presentado PL. Eso finalmente lo vio directamente el equipo de FP”. Ante la pregunta puntual de si había participado en instancias posteriores, dejó de responder. La mayoría de abogados de esa lista han alegado que su participación fue a título personal: así es como se salvan de romper una norma.

¿Un comportamiento como el de Payet debería ser sancionado internamente? Según Manso, sí. “Si no conlleva una consecuencia, es un código que no tiene una validez real […] El mismo socio, propietario o jefe de la organización [al ser personero] está incumpliendo su propio código y debería por tanto ser sancionado. Los primeros que tienen que cumplir son las cabezas de la organización”, dice.  

Y también explica: “El código de conducta ayuda al colaborador a dirimir dilemas éticos. Por ejemplo, si un funcionario público me pide una reunión en casa, puedo decirle que el código de mi empresa me lo prohíbe. Es una coraza ante dilemas éticos”. Al menos, así debería funcionar. 

Una de las fuentes de esta nota, que ha pedido el anonimato por temor a previsibles represalias, explica a Sudaca por qué era importante que su estudio, el Payet, se ciñera a la prohibición sobre participar en política, así sea para cada abogado: “Lo que me molesta es que terminamos sirviendo al mismo discurso que hoy cobija a personas que piden un golpe de Estado o que se repitan las elecciones injustificadamente”

El código, que debía marcar los límites para no caer en eso, terminó siendo un saludo a la bandera.

 

*Fotoportada: Leyla López.

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Payet

¿El voto de Castillo hoy, que es resiliente a casi todo, es una continuación del voto nacionalista del 2011?

Tiene bastante similitud. El sector poblacional que está respaldando a Castillo fue el que creyó en las promesas de Ollanta Humala. Hubo una identificación con La Gran Transformación y [se pensó] que las cosas iban a cambiar. Otra gran parte ha sido construida por los gobiernos de turno y por la pandemia, que desnudó las falencias de un sistema de gobierno que se cae a pedazos por sí solo. 

¿Te refieres a que el voto castillista es uno que quiere, en su mayoría, un cambio radical [y no es antifujimorista]?

Sí, eso ha sido creado, por decirlo, artificialmente. Ha sido provocado por la arrogancia, la prepotencia, los abusos, los oligopolios, los monopolios, el rechazo de cualquier atención a lo que el pueblo necesite. Gran parte del voto se dio cuenta que ha sido engañado permanentemente y que todos los que vienen del mismo lado siguen defendiendo solo sus intereses.

¿Un votante de segunda vuelta de Castillo hoy no es uno que se sintió engañado, traicionado, por el gobierno de Humala?

Definitivamente. Ese es uno de los elementos principales. La gente salió frustrada y desilusionada de lo que Ollanta prometió. Pero viendo las cosas en el tiempo, ahora se agarran de la teta de Ollanta, de sus reformas. Aquellos que lo criticaron a morir. Carranza, por ejemplo, que dijo que Pensión 65 era un desperdicio e inflacionario. Ahora habla de multiplicarlo. Leyendo hoy La República, veía que Keiko Fujimori recibió tantos millones de acá, tantos de allá, y me dije: es candidata a la presidencia. ¿Qué es esto? ¿Estamos legalizando la corrupción? ¿Estamos aceptando que cualquiera pueda hacer lo que quiera en este país? ¿Antes estaba bien robar, matar, secuestrar, corromper, traficar droga? ¿Dónde quedaron todos los discursos? No estamos hablando de especulaciones, sino de hechos. El avión del papi lleno de cocaína, el tío Montesinos recibía dinero por vuelo.

En un reciente tuit asocias al fujimorismo con el narcotráfico, pero también dijiste que Castillo era «inviable». Además, sus acercamientos al brazo político de Sendero Luminoso son reales y documentados. ¿Qué hacemos?

Esperar al 2022. Yo creo que esto indefectiblemente debe terminar en una vacancia, o sucesivas vacancias y cierres del Congreso. Es lo que el país necesita. No podemos legalizar el narcotráfico, el lavado de activos, el robo, que es lo que estaría haciendo con la señora Fujimori. Y en el caso del lapicito, lamentablemente el hombre no está acompañado de un equipo de gente. Nunca se preparó para ser presidente de la República, nunca pensó en llegar a disputar una segunda vuelta. Si me preguntas a mí cuál me da más miedo, es Keiko. 

¿Ves entonces viable un gobierno del lápiz o eso también se acaba en el 2022?

No es un hombre escaso de recursos mentales. Es inteligente. Esta segunda vuelta es como meterte al purgatorio. Eso ha sido para Castillo. Ha visto lo bueno, lo malo y lo feo. Los demonios, los dioses, todo. Y ha habido una reacción positiva de parte de él. 

¿A qué te refieres? Porque la moderación en términos económicos −que es lo que asusta a muchos− no se ha visto. 

Me he enterado por gente que está cerca que tienen perfectamente claro que el 90% de sus propuestas no se pueden hacer si no hay un apoyo masivo de parte del Congreso. Y sabemos que el Congreso no va a apoyar reformas que no están dentro del modelo que ellos respetan. 

¿Por ese proceso también crees que transitó Humala, con la ‘hoja de ruta’?

En el caso de Humala fue después. Fue el equivalente al 7 de junio. Después de que juramentó Ollanta ya no había decisión alguna que se tome con él. «Te va a llamar fulano, habla con mengano». O con mengana, que era la mayor cantidad de las veces. En su caso, creo que vio la luz, verde, después del proceso electoral. Una luz que dicen que ilumina, pero bueno. 

¿Ves que si Castillo gana se le van a acercar empresarios de forma similar, a hacerlo pisar tierra?

Sí, definitivamente. El empresario peruano, como lo estamos constatando, puede haber pasado por el Club de la Construcción, Odebrecht, Lava Jato, lavado de activos, y le está besando los pies a la señora Fujimori el día de hoy. Con las mismas, mañana se los van a besar a Juan Pérez. Son animales que no ven quién les da de comer, ven la comida nada más. Ven el billete. No les interesa de dónde sale, sino que su mesa esté llena de billetes. 

Vamos al otro lado: ¿qué esperas de un Carranza como ministro de Economía en época de crisis?

Hay una situación de desesperación de la candidata, no olvidemos. Viene de un proceso tortuoso, 15 años de frustración. Si ella llega va a hacer lo posible e imposible por generar apoyo popular. Tiene la escuela del tío Montesinos, la escuela del papi. La diferencia es que ahora la economía está de cabeza. Creo que se puede terminar por quebrar al país. Ahora el conchudo de Carranza dice: «tenemos que hacer reformas porque no hay una gestión adecuada a nivel de las regiones». Oye, lo que no hay es capacidad de gestión en el Ejecutivo, que hay que reformarlo comenzando por el MEF. Acá se ha generado la creencia de que un economista es casi equivalente a un sabio. ¡Un economista es un simple economista! Si quieres gerenciar, necesitas gente con estudios en gerencia, capacidad de gestión. 

¿Pero cuál sería el camino de quiebra del país con un MEF de Carranza?

Van a disparar el déficit fiscal. La deuda se va al 40%-45%. Bueno, podrían tener la fortuna que tuvo García en el 2006, que se disparen los precios de los minerales y que se compense con las regalías e impuestos mineros. Ese es un aspecto a favor del país, que esperemos [se dé]. Lo demás va a ser deuda, que no la va a pagar él. 

¿Carranza es un tipo que solo se va a preocupar del numerito de crecimiento del PBI y de nada más?

Por supuesto. Él no sabe otra cosa. Para él, los números son la gente. Cuando hablas de pobreza, en el Perú son S/360, si tienes S/361 ya no eres pobre. Eso está en la cabeza del señor Carranza. ¿Cómo vive un hombre con ese dinero, su familia? Eso no importa. Eso no está en los libros ni en el Marco Macroeconómico Multianual, ni en los reportes del BCR, ni de Moody’s. Ahora, creo que la gran presión será tener a una Keiko desesperada por recursos para mantener una imagen y ganar popularidad, porque creo que no es tonta: un porcentaje ínfimo de la población ha votado por ella en primera vuelta. Si le gana a Castillo, va a ser con la gente que votó tapándose la nariz, como se dice en Lima, como con Alan. 

¿Qué nos espera, entonces, en el 2026?

No creo que lleguemos al 2026. No más allá del 2022 ya se tiene que estar convocando a elecciones. Salvo que ocurra un milagro. El milagro de que las bancadas se ponen de acuerdo, aparece un San Martín con su escoba, su perro, su ratón y su gato. Lo que pasa es que aquí se habla de bancadas como que los partidos realmente supieran qué cosa han llevado al Congreso. Es increíble que hasta ahora no se den cuenta de que los partidos simplemente son vehículos para caudillismos. En el caso que he visto de cerca: César Acuña. De los 15 congresistas que ha metido, 13 son de provincias. Muchos [de ellos] preguntaban «¿y el otro quién es?», “¿y aquél quién es?».

Tú te subiste al vehículo de Acuña. 

Mira, yo tenía una permanente contradicción entre el ying y el yang, entre volver al Congreso o no. Quería y no quería. Realmente, sabiendo que en Lima la votación de Acuña [como candidato] nunca pasaba de 1%, estaba perfectamente consciente de que eso no pasaba de dos congresistas. Aceptar el número 4, sabiendo que el 1 y el 2 se llevan la mayoría de los votos siempre, era parte de mi «quiero y no quiero». Pero prácticamente no hice campaña [Abugattás obtuvo 8.175 votos]. Me subí a un carro que en un momento pensé que era de la persona indicada. El Acuña que conocí es un hombre con ideas muy claras, enfocado en la gente. Pero bueno, han tomado un camino de apoyar a Keiko. Yo simplemente ya no he vuelto a tener contacto con ellos y no lo volveré a tener. 

Acuña ha apoyado a Keiko. Tú no, me queda claro. ¿Cuál es el interés que lees en Acuña para ese apoyo público?

Honestamente, creo que ha cometido un error que le va a costar su base social. Esa gente quizás ha votado por APP al Congreso, pero votó por Castillo a la presidencia. Al irse él con Keiko, creo que los pierde definitivamente. 

¿Entonces por qué crees que se ha ido con Keiko, si no es por intereses personales?

Creo que hay una deformación cultural en el país de aceptar las cosas. Hay cosas que se pueden aceptar y cosas que no se pueden aceptar en la vida. Yo no me puedo sentar al lado de alguien que está acusado con pruebas más que evidentes de tráfico de influencias, lavado de activos. Aparentemente, al señor Acuña no le importa. A mí me hicieron puré, pero ahora a todos les parece bien sentarse al lado de una persona que ha cometido delitos de toda naturaleza. 

¿Qué entra detrás del fujimorismo si llega a Palacio?

Mucho miedo. Viene la parte oscura del Ejército, de la Marina. Comienza el marcaje, el seguimiento. Escuchas, filmaciones a todas las personas que sean opuestas al régimen. Comenzarán amenazas de toda naturaleza, directas o indirectas. Despidos del centro de trabajo: no te amenazo a ti, pero llamo a tu jefe y le digo «esta persona no es conveniente, por favor despídela». O al hijo. Ese gobierno no se va a sostener solo con el apoyo de la Confiep, de Adex. No resultan siendo más que 500 empresas las que están representadas ahí. A la hora que las papas queman, desaparecen más rápido que cualquiera. Toda esta gente ha estado con Velasco, papá Fujimori, Alan García versión I, Toledo, Alan García versión II, y Ollanta. ¡Pueden estar con dios y con el diablo!

¿Qué va a pasar cuando haya marchas contra el gobierno de Fujimori?

¡Mano dura! ¡Ofrecí mano dura y aquí está! Para que esto se mantenga, no se puede mantener dentro de los cánones democráticos. No hay una forma de que obligues a un policía, un fiscal, un juez, a participar de una maniobra si no tienes una organización criminal dentro de ti. Y eso es como la ley de la mafia. Quien comete un error, balazo en la cabeza. 

¿No ves la posibilidad de un fujimorismo ‘democratizado’, que superó al albertismo y que quiere seguir participando en democracia?

Mira, tendríamos que ser bastante ciegos. Si no hubiéramos visto a la Keiko del periodo de PPK, podríamos tener la duda. Pero después de haber visto cómo se comportó, que me disculpen, pero hay que ser bien cojudo para creerle una palabra a esa mujer. Los cambios: odio a papá, odio a mamá, ahora adoro a mamá… ¡Es una psicópata! ¡Son comportamientos psicópatas! ¿Una psicópata de presidenta de la República? Dios nos coja confesados. 

¿Vas a votar por Castillo?

No. No voy a ir, porque le he hecho una promesa a mi mujer. No voy a asistir a votar. 

¿Temes por tus ahorros si sale Castillo?

Para nada. 

¿No has cambiado tu plata a dólares para sacarlos del país?

No. Más bien, tengo temor si sale Keiko. Ya estuve averiguando, en Panamá puedes conseguir residencia con ciertas facilidades.

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Daniel Abugattás, Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Pedro Castillo

El Partido Morado (PM) se desmorona. De la plataforma que hace seis meses colocó a Francisco Sagasti en la presidencia, tras una audaz negociación parlamentaria, hoy queda un páramo arrasado por riñas intestinas y un grupo de dirigentes tratando de recoger los escombros para volver a construir. Los sueños electorales se apagaron con el fracaso de abril, y el cariño entre el gobierno y el aparato partidario está roto.  

Los dirigentes que aún quedan junto a Julio Guzmán culpan de su derrota en las urnas a Sagasti. Ello pese a que, en lugar de servirle como pararrayos natural ante los embates de sus adversarios, eligieron un discurso de distanciamiento retórico. “¿De dónde sale esa absurda separación?”, reclamó ayer por la noche Carlo Magno Salcedo, en una reunión virtual con otros 375 militantes a la que Sudaca pudo infiltrarse.

Salcedo es asesor presidencial desde noviembre. Pidió licencia a sus cargos partidarios, pero ha sido un personaje clave en la construcción de la doctrina republicana que ha adoptado el PM. Como tal, es el nombre más pesado entre los 14 dirigentes −nacionales y regionales− que ayer renunciaron públicamente a un proyecto político en naufragio. A solo dos años de conseguir su inscripción, el Partido Morado está a poco de perderla. Y en las bases se cocinan más dimisiones.

Para entender por qué los que se van acusan a los que se quedan de ‘argolleros’ e incapaces, mientras que al revés son condenados como desleales y revanchistas, queda por contar la historia de los últimos seis meses. Y no es este apenas un lío de blancos, sino el ocaso de una organización a la que todavía está afiliado el presidente de la República.

 

Sentimiento centralista

“Si el ciudadano Sagasti es presidente, es porque hubo un morado en cada región del país recolectando firmas”, dijo uno de los que participaron en el Zoom disidente de anoche, al que se llamó ‘Conexión Republicana’. Tal como los apristas se llaman “compañero” y los accionpopulistas “correligionario”, los morados han agregado un “ciudadano” antes de referirse los unos a los otros. 

Esta no es la única costumbre que el partido ha copiado de la política tradicional. La otra es el manejo centralista de las decisiones clave, en desmedro del poder de las bases regionales. Así lo indican hasta cinco fuentes con las que conversó Sudaca para esta nota. Y lo acepta como error de esta última campaña el propio secretario general del partido, Rodolfo Pérez. “Sí, esta fue una campaña que no tuvo un mensaje para las regiones”, dice.  

Wilder Mamani, secretario de plan de gobierno de Arequipa y otro de los renunciantes, asegura que el malestar de sus bases tiene varios meses. Se queja de las decisiones de su bancada y, luego, de la democracia interna. En octubre del año pasado, un mes antes de las elecciones internas que dieron como vencedor a Guzmán, militantes arequipeños enviaron un oficio al actual congresista José Antonio Núñez pidiendo que se investigue la inscripción irregular de “aproximadamente 400” nuevos militantes y advirtiendo la intención del guzmanismo de, con ello, “asegurar una elección interna”. 

El 19 de diciembre del año pasado, en una reunión con las bases de esa región, el ya electo Julio Guzmán le dejó claro a Mamani lo siguiente, de acuerdo a un audio al que pudo acceder Sudaca: “El comando de campaña va a tomar decisiones sobre la gente que confíe, y que confíe no solo en el jefe de campaña, sino que confíe y crea en el candidato presidencial. Todos aquellos que lamentablemente tengan dudas o no crean o están confundidos o lo que sea, no van a ser parte del equipo. Porque para esto […] hay que estar convencidos de que la fórmula presidencial Guzmán-Pablo va a ganar”.

Después de Lima, Arequipa es el segundo bastión de los morados. En estas elecciones, fue la única circunscripción además de la capital donde pelearon una curul. La perdieron contra el partido de su acérrimo enemigo Rafael López Aliaga. Fue la región que quedó más molesta tras el último 11 de abril. 

“Los candidatos al Congreso [de Arequipa] tuvieron que cargar una mochila muy pesada en función a los errores de campaña del partido […] El efecto arrastre de la candidatura presidencial fue más un ancla”, se queja Mamani. Señala dos ejemplos ya clásicos: el spot del bus morado y la conversación sobre marihuana. Agrega que se trató el tema agrícola “como si fuera solo semillas, vacas y créditos agropecuarios, demasiado simplón para un partido con un reto nacional”.  

Desde el 13 de abril, Sudaca adelantó que las bases regionales se preparaban para pedir la cabeza de Guzmán y, de no tener éxito, dimitir. El comunicado publicado ayer combina −a partes iguales− firmas de militantes vinculados a la Secretaría de Doctrina con dirigentes regionales de Arequipa, Lambayeque, Junín, Huancavelica y Áncash. Decenas de militantes de las bases departamentales discuten sumarse al pronunciamiento de sus cabezas. 

El documento de los renunciantes detalla los errores de Guzmán y su círculo: “su profunda incapacidad para generar espacios de decisión colegiada y de diálogo que empoderen a la militancia, su opción por las argollas, y la acomodada y falsa lealtad personal (o subordinación acrítica) al líder”. 

En las internas, la congresista Carolina Lizárraga ya había llevado la bandera de la representación de las regiones en contra del centralismo de Guzmán. Perdió rotundamente, aunque sus seguidores acusaron irregularidades en el proceso. Pedro Gamio, exintegrante de la plancha de Lizárraga y otro de los renunciantes, asegura que ella no renunciará al partido hasta que acabe su mandato como congresista, pese a que desde hace mucho no hace vida institucional. 

Todas las fuentes que hablan sobre centralismo político acompañan su afirmación con un nombre: Jonathan Reynaga. Huancaíno radicado en Nueva York, ha hecho su carrera y su vida en Estados Unidos. Está tan afianzado en la cultura norteameriana que incluso hoy habla el español con la sintaxis del inglés y un ligero acento gringo. 

Reynaga, exasesor del británico de Tony Blair, fue uno de los socios fundadores de la productora de contenido de entretenimiento Tiny Horse, que se vendió por US$30 millones hace un año, según la revista Variety. Es amigo de Daniel Olivares y de Guzmán, y también dirigió su campaña ‘contra los dinosaurios’ en el 2016. Asegura creer en el proyecto morado, pese a la cantidad de anticuerpos que este medio ha podido comprobar que tiene en la interna.

Mamani, por ejemplo, dice haberse sentido “ninguneado” por el jefe de campaña. Otras fuentes que pidieron anonimato recalcaron su molestia con la selección de los invitados que él tuvo a cargo. 

Reynaga se defiende brevemente en diálogo con Sudaca. “Después de las elecciones internas, los que perdieron saboteaban a los ganadores. Y los ganadores estaban más concentrados en [las municipales del] 2022. El compromiso de hacer campaña no estaba ahí”, dice sobre el fracaso electoral fuera de Lima.

Jon Reynaga (el segundo de la izquierda) junto a otros tres socios fundadores de Tiny Horse, la empresa estadounidense que vendieron el año pasado.

La grieta de origen

Si el barco morado hoy se hunde, es porque se empezó a agrietar hace varios meses. Según lo que explicó en el Zoom de anoche Salcedo, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Política, Guzmán tomó junto a su círculo cercano la decisión de separar al gobierno de Sagasti de la bancada y la militancia apenas este asumió. En lugar de abrazar su rol como partido que gobierna, buscó que los posibles errores del presidente no afecten la campaña morada. Obtuvo 2,3% de los votos. 

La grieta entre el Ejecutivo morado y el partido del mismo color se agrandó en diciembre, cuando Sagasti firmó dos decretos supremos que autorizaban a una minera fantasma a adquirir derechos mineros en la convulsionada zona de frontera de Tambogrande, en Piura. La congresista morada de esa región, Angélica Palomino, movió a su bancada para solicitar en conjunto la derogación de ambas normas. 

El gobierno cedió y anuló los decretos luego de unos días. Sin embargo, Palomino se sintió desairada por el presidente, a quien pensó poder llegar con mayor facilidad. El trato que recibió en el interín, cuentan dos fuentes cercanas a ella, la hizo tomar una actitud casi de oposición de allí en más. Un congresista de su región confirma que se sentía defraudada porque esperaba ser recibida con más amabilidad por un presidente de su partido.

Según dijo Salcedo en el Zoom, el gobierno quedó desamparado políticamente ante sus adversarios. En tienda morada tienen especialmente presentes los ataques de programas como el de Beto Ortiz, en Willax TV. Fuentes del partido alegan que, de haber tenido un aparato institucional como respaldo político, el gobierno habría podido responder con más contundencia a sus ‘informes’ sobre la vacuna de Sinopharm, que retrasaron el proceso de inmunización. 

En el Zoom de anoche, Salcedo aseguró que el gobierno ha podido conversar con sus congresistas en los últimos seis meses apenas de forma individual, como en los casos de Olivares y Gino Costa, pero no con la bancada como un bloque. Fuentes cercanas a la presidencia de la República confirman que incluso el vínculo entre Sagasti y Guzmán se ha resquebrajado. 

Tras el desastre electoral del último 11 de abril, y pese a la retórica de distanciamiento que intentaron poner en medio, el guzmanismo ha hecho circular en la interna una explicación sobre la derrota que tiene como pilar la baja aprobación de Sagasti. Así lo confirma a Sudaca Rodolfo Pérez, quien atribuye la mala performance electoral a tres factores: “un serio problema de posicionamiento político”, los ataques de Willax y compañía, y el gobierno de Sagasti. 

Pérez dice que a Sagasti hoy “no le ayuda que su asesor principal [Carlo Magno Salcedo] esté tomando este protagonismo político” y acusa a Gamio de esgrimir un “revanchismo infantil” por perder en las internas. Asegura que no entiende a los firmantes del comunicado, porque ya hay un proceso interno de reestructuración, en el que primero se está escuchando a la militancia y “analizando los errores”. Pero el presidente sigue siendo el mismo que perdió. «No hay voluntad de enmienda», reclama Gamio.

La gota que terminaría hundiendo al barco que Guzmán se niega a abandonar cayó el último lunes 10. Según tres fuentes, Salcedo −quien intentó regresar a los espacios políticos del partido en las últimas semanas− fue expectorado de un Zoom partidario en que estaba Reynaga. Este niega haberlo sacado de la reunión virtual, pero con ese confuso incidente la grieta terminó de quebrarse. 

Salcedo, quien presidió la Secretaría de Doctrina, fue el enlace entre el descontento regional y el nacional, confirman sus firmantes. Así fue que se terminó alumbrando el comunicado que señala: “denunciamos la decisión manifiesta de la mayoría de la dirección nacional de no asumir responsabilidades, de no rectificar y, por lo mismo, liquidar a una organización política que estuvo llamada a hacer la diferencia en el país”. 

Pérez, del ala guzmanista, y Zenaida Solís −quien tuvo un choque con Sagasti recientemente por la promulgación de la Ley Antimonopolio− han asegurado que lo que le ocurre al Partido Morado no es una rotura. A menos que tengan éxito en una eventual impugnación, la próxima tarea que tendrán para reflotar el barco es la reinscripción partidaria.

Además de los 14 dirigentes que firman el comunicado, han renunciado ya Raúl Salazar, socio de Macroconsult y exjefe del plan de gobierno y Marco Zevallos, ex personero legal. El columnista de este medio Daniel Parodi también ha manifestado su alejamiento. La mayoría de ellos había abandonado al guzmanismo. Y aún más: ahora el PM podría quedar solo con invitados en el nuevo Congreso. 

Tocará ver si Guzmán asume la responsabilidad en la derrota política o se coloca nuevamente al frente del nuevo partido cuando se reinscriba, que probablemente tenga el mismo nombre porque él lo ingresó bajo su titularidad en Indecopi. Lo que sí es claro es que será un proyecto distinto al que está naufragando. 

 

Fotoportada: Leyla López

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Francisco Sagasti, Julio Guzmán, Partido morado

Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo. El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años. 

Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano. 

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.

La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero. 

Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.

 

Manos invisibles

Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia. 

El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable. 

Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.

Si no es solo retórica, el modelo que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.

El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño. 

El beneficio extraordinario que la CLC calcula que los miembros del cartel de las imprentas apostaron ganar durante toda su operación. Gráfico: Leyla López.

 

Indiscutible cartel

Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.

El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse

Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.

Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.

Renzo Mariátegui Bosse, ex hombre fuerte del negocio de imprentas de El Comercio. Foto: Facebook.

La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación. 

Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.  

Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui. 

Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.

¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”:  cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes. 

Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango. 

Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde. 

Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones. 

Tras los últimos años de operación del cartel de las imprentas, la facturación de Amauta al Estado cayó. Sin embargo, se recuperó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Gráfico: Leyla López.

 

Si delaté, ¿soy inocente?

Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas. 

En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”. 

Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi. 

Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017. 

Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.

Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.

“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi. 

César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante. 

“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.

“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña. 

Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables. 

En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics. 

El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”. 

Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito. 

 

Clemencia y desfachatez

La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional. 

Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.

La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad 

“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público. 

O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez. 

 

*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.

Fotoportada: Leyla López.

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Elecciones 2021, Grupo El Comercio, Keiko Fujimori
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