El 23 de abril, Día del Libro, el Grupo El Comercio (GEC) despidió de la dirección periodística de América Televisión y Canal N a Clara Elvira Ospina, quien llevaba más de 9 años en el puesto y −a la par− conducía el microprograma literario del canal. La decisión, intempestiva para unos y predecible para otros, tiene un trasfondo político. Así lo aseguran fuentes de la familia Miró Quesada, cuyo grupo controla ambas casas televisivas, así como múltiples personas cercanas a ellos. 

El viernes a las 4 de la tarde, Gustavo Mohme Seminario, heredero del Grupo La República (GLR), entró junto a su hijo, Gustavo Mohme Castro, a la sesión virtual de directorio de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A (América TV). Esta, junto a la Productora Peruana de Información S.A.C. (Canal N), son las dos razones sociales que agrupa Plural TV, el paraguas societario del negocio televisivo donde los Mohme son solo accionistas minoritarios

El tercero llamado a representar al GLR, Rubén Ahomed, gerente general del grupo, no pudo entrar porque estaba con descanso médico. Del otro lado, en representación del GEC, se conectaron seis personas. La dieta fija mensual que se le paga a cada miembro del directorio por asistir a estas breves reuniones es de US$3.000, según información bursátil. 

Pese a que los Mohme y los Miró Quesada suelen tener una relación cordial, el ambiente de aquella sesión de directorio fue “bastante tenso, aunque no llegaron a los gritos”, según una fuente con conocimiento del encuentro. Las palabras más fuertes llegaron por el lado del Mohme mayor. Luego de que la salida de Ospina se pusiera a debate, ‘Chicho’ se tomó varios minutos para requintar a quienes tenía en frente. Igual no lo escucharon.

“Se pasó un buen rato diciéndoles a los representantes de los Miró Quesada que eso [despedir a Clara Elvira] era un error y que hace 10 años habían hecho lo mismo. Ellos [escuchaban] callados”, asegura la fuente. También detalla que Mohme Seminario dejó entrever que la movida de hace 10 años, aunque más “matonesca”, había sido también más inteligente por parte de la familia dueña del GEC. Repetirla, olvidándose de las consideraciones políticas, solo revela la escasez de ases bajo la manga. 

Con la expresión “hace 10 años” Mohme se refería a un episodio harto conocido en el ambiente periodístico: el despido en 2011 de la exproductora general de Canal N, Patricia Montero, por la desobediente ‘humanización’ del entonces candidato radical Ollanta Humala. También fue a pocos días de haberse celebrado la primera vuelta de aquel año.

Luego vinieron la no renovación de contrato a Rosa María Palacios, exconductora de Prensa Libre, en junio; y la salida de Laura Puertas, ex directora periodística de toda la plataforma informativa, en diciembre. Ambas relacionadas a la campaña electoral de ese año. 

Pero así les recordara aquel antecedente, Mohme no tenía posibilidades reales de persuadir con sus palabras. Tras comprarle las acreencias a la colombiana Bavaria en el 2007, los representantes de la familia Miró Quesada tienen potestad de decidir de forma unilateral sobre las televisoras, en caso sea necesario. La decisión fue adoptada. Mohme padre aseguró que ello no quedaría allí, se negó a firmar inmediatamente el acta de la reunión y anunció que llevaría el tema a un arbitraje por no haberse seguido el debido proceso. Una movida, esta última, meramente simbólica.

El Grupo El Comercio dio cuenta de su decisión a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en un hecho de importancia colgado a las 7:15 de la noche. Pocos minutos antes, el portal web de La República había publicado una nota que hablaba sobre el “sorpresivo” cambio de Ospina. La última versión de esa nota dice que la periodista colombiana “había sido felicitada en más de una ocasión por el directorio, con carácter de unanimidad, la última vez a raíz del debate presidencial que Canal 4 organizó el 21 de marzo”.

El chiste que comenzó a correr en las redes fue que era “la primera vez” que ‘Chicho’ se oponía a un despido durante la pandemia. La broma aludía a los primeros meses del estado de emergencia, cuando La República despidió varios periodistas con la excusa de campear la crisis económica producto de la cuarentena. 

Fuentes de las plataformas informativas de América y el N confirman no haber percibido razones objetivas relacionadas al desempeño de Ospina en su puesto para que se le despida. En cambio, dos miembros de la familia Miró Quesada explican que se trató de una remoción netamente política, en contra de la candidatura de Pedro Castillo. 

“Se piensa erróneamente que la manera de combatir un mal [Castillo] es machacándolo. Se están tomando estos temas de manera muy alterada, asustada”, dice una. Y otra afirma que la familia estaría buscando una dirección periodística más “tenaz” en la cobertura contra Perú Libre.

Ambos comentarios apuntan a una reedición del episodio del 2011. “Esta vez mandaron un fly away [enlace televisivo] a Cajamarca para salir en vivo con un Castillo campesino, humilde, dándole de comer a sus animales”, dice una fuente con conocimiento directo de las salidas de hace 10 años. Ve un espejo claro con la situación actual.

“Yo particularmente, y algunos primos con los que he conversado, queremos ver una real cobertura periodística sobre los vínculos de Castillo con Movadef, sus afanes de entregar el mar peruano a Bolivia y su verdadera cara de extoledista, sindicalista y empresario, y no este personaje inventado de comercial de ‘Magia Blanca’ que ara la tierra sin ensuciarse la camisa, las manos ni los pies […] Periodísticamente se debe tratar el tema de manera veraz”, dice −por su parte− Martha Meier Miró Quesada, mediática representante de un ala de la familia y ex miembro del directorio del GEC hasta junio del 2020. Sin embargo, ella no atribuye la salida de Ospina a la cobertura electoral, sino a razones de largo plazo. 

 

Despedidas

Mientras el GEC reportaba la decisión a la autoridad supervisora bursátil, Clara Elvira Ospina tuiteó que acababa de ser notificada de su despido y enfatizó que la decisión había sido tomada por el accionista mayoritario de la empresa. Tuvo una reunión de despedida con sus cercanos reporteros de Cuarto Poder y envió un sentido mensaje por escrito a los periodistas de los dos canales.

“Llegué a este cargo con las credenciales de ser una periodista seria e independiente y estoy segura de que me voy conservándolas intactas”, dice el mensaje, que Sudaca obtuvo por distintas personas. “La prensa libre es el pilar de la democracia y esa libertad implica grandes responsabilidades, de las que ustedes siempre han sido conscientes”, recalca. 

Hasta cuatro fuentes han explicado que desde más de un año los directores del GEC venían hablando de la salida de la periodista colombiana. Rumores que, a su vez, tenían eco en los pasillos de la casa televisiva, pero que nunca llegaban a concretarse. Las razones de los ‘anticuerpos’ que hace tiempo generaba Ospina entre algunas figuras de la familia varían de acuerdo a la fuente. 

“En realidad, empezaron fricciones desde que armó su propio círculo de poder y maltrataba a todos aquellos que no seguían sus caprichos. […] Clara Elvira sale porque hace más de un año debió irse. Recordemos que despidió a Augusto Thorndike por incomodar a Vizcarra y la forma en que ha silenciado todo aquello que pudo afectar a Graña en el caso Lava Jato […] Esto no es ningún atentado contra la libertad de expresión como quiere hacer ver la señora”, asegura Martha Meier Miró Quesada. 

Meier dice que sacar a Ospina era una decisión que ya tenía varios meses, pero que esta se habría demorado debido a otros temas más urgentes y a que el despido de periodistas siempre es un tema incómodo. Otras dos fuentes de la familia aseguran, en cambio, que si bien la salida de la colombiana se viene comentando, ello no quita que la decisión se haya apurado por la coyuntura electoral. En el grupo este tipo de despidos se suelen demorar hasta que la balanza de poder se inclina a alguna de las alas de la familia por sucesos como el auge de Castillo. 

Este medio se comunicó con Ospina para recoger sus declaraciones en este informe, pero decidió no participar. ‘Chicho’ Mohme, por su parte, se excusó de declarar y dijo que la posición de su grupo editorial “ya está clara”. 

Desde el viernes han sonado distintas opciones para reemplazar a Ospina: desde Cecilia ‘Chichi’ Valenzuela, que dirige Perú21, hasta Gilberto Hume, uno de los fundadores del Canal N y exesposo de esta última. El que se vocea con más fuerza es Hume. Sin embargo, al cierre de esta edición no se ha definido quién ocupará el puesto. 

Mientras no haya nuevo director periodístico, uno de los que quedaría a cargo de supervisar que se cumplan los ‘principios rectores’ en América TV y Canal N es Felipe Cantuarias Salaverry, miembro del consejo consultivo editorial de la plataforma periodística. También es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). “¿Si hubiera un derrame de petróleo en estos días, cómo haría?”, se pregunta un miembro de la familia.

En escueta respuesta, Cantuarias dijo a Sudaca que el consejo consultivo “no interviene en la línea editorial” y solo ve que se cumpla con el Código de Ética y los ‘principios rectores’. Mientras no haya nuevo director periodístico, aseguró, la línea editorial será definida por responsables del área de prensa. En una reunión celebrada tras la salida de Ospina, los reporteros de América y Canal N fueron informados por sus jefes que Cantuarias no se involucrará en la cobertura periodística y que solo vería “temas económicos”. Un aviso que, en el GEC, nunca es garantía.

 

Lineamientos en el Decano

Desde el pasado 22 de abril, el diario El Comercio ha sacado cuatro portadas al hilo que apuntan la artillería directamente contra la candidatura de Castillo. Los titulares del buque insignia del conglomerado de medios han sido: “Voceros de Perú Libre amenazan el orden democrático”, “Castillo encabezó un sindicato con afiliados al Movadef”, el más soterrado “Acciones de cinco mineras caen a doble dígito en BVL” y “Dos congresistas electos con atestados por terrorismo” (ambos por el partido del lápiz). Ni qué decir de las portadas que su hermano tabloide, Perú21, le dedica al temido profesor chotano. 

“Sobre la cobertura del diario, es evidente la preocupación por el entorno de Castillo y por un plan de gobierno que amenaza las libertades. Compartimos la misma preocupación por el proceso [penal] que enfrenta [Keiko] Fujimori y sus coacusados. Esas investigaciones no pueden frenarse”, respondió Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, quien asumió la dirección del diario de su familia en diciembre pasado. Descontando la veracidad de lo informado por su medio, lo segundo que menciona Arévalo −las investigaciones de Fujimori− no ha merecido ni una sola abridora de portada de El Comercio desde el 11 de abril.

Cinco periodistas de distintas unidades del conglomerado editorial, además, confirmaron a Sudaca que el pasado 23 de abril Ronny Isla, el jefe del ‘núcleo de comunes’ −unidad que produce notas para todas las redacciones de los diarios del grupo−, envió un correo informando que habían recibido “la indicación” de que ningún contenido de su unidad sea publicado sin previo escrutinio del personal responsable en cada diario”. “Esta indicación se llevará a cabo inmediatamente”, asegura en el mail.

Si bien esta ya era una práctica común en la mayoría de las redacciones −revisar las notas que mandaba el ‘núcleo de comunes’, para corregir errores−, ponerla por escrito es relevante. 

Aquí el porqué: cuatro periodistas explicaron a este medio que dicha “revisión” se traduce en que la mayoría de periódicos del grupo ha reducido la publicación de notas enviadas por el núcleo que ensalzan o, siquiera, dan cuenta de propuestas ‘positivas’ de Castillo. Perú21 es el más radical en ello. Sudaca pudo confirmar mediante diversos mensajes las indicaciones que se imparten sobre el tema.

Si uno revisa, por ejemplo, las notas tomadas del núcleo por El Comercio, desde el 23 de abril, son todas negativas para el candidato cajamarquino. Incluso en temas que no tienen que ver con sus relevantes vínculos con el Movadef. Se reporta desde “la catástrofe” que Mario Vargas Llosa considera que se desataría si gana la presidencia, hasta que se niega a dar los nombres de su equipo técnico. La línea de cobertura es clara.

Y si bien el 22 hay una nota que informa del respaldo que le dará el Movimiento Nuevo Perú a Castillo, no hay rastro de la mediática entrevista que el profesor le dio a Nicolás Lúcar ese mismo día en Exitosa. Allí apareció con un discurso de moderación política y alejándose del ideólogo de su partido, Vladimir Cerrón. Esa información tampoco se encuentra en la web del Decano.

El problema es que la nota sí fue escrita por el núcleo, pero solo la publicaron Gestión y Correo. La que también recogió la noticia fue la web de Canal N, un día antes del despido de Ospina. En cambio, Perú21 y El Comercio contaron el mismo suceso de otra forma: levantaron una declaración de Keiko Fujimori criticando lo dicho por Castillo. En la cobertura de los núcleos alojada en el ‘tag’ de Keiko Fujimori en la web de El Comercio, de otro lado, destaca el apoyo recientemente brindado por su hermano Kenji y sus ataques a Castillo.

Juan Aurelio Arévalo aseguró que supo del despido de Ospina “al igual que todos [al mismo tiempo]” y que no tiene contacto “con nadie del 4”. Ronny Isla, el jefe del núcleo informativo en el GEC, dijo que respondería pero no lo hizo al cierre de edición. 

Quizás la pregunta más amplia que toque hacer finalmente sea esta: ¿honrarán los directivos del Grupo El Comercio la lealtad con el lector y el televidente que imponen en su trabajo la mayoría de sus reporteros de planta? ¿Encararán los jefes la campaña de manera honesta o repetirán −como apuntan las fuentes de esta crónica− los errores de hace una década?

 

*El autor de esta nota fue reportero de política del diario El Comercio hasta hace 10 meses. 

Fotoportada: Leyla López

 

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Elecciones 2021, Grupo El Comercio

Tras cruzar todo el Pacífico, el pasado 8 de setiembre un bividí llegó al puerto del Callao. 100% algodón, cuello redondo, largo a la cadera y un pequeño distintivo de su marca comercial, Doo Australia. Ancló, junto a otros 2.300 bividís y más de 40.000 prendas diferentes, en un contenedor lleno de ropa para la temporada de verano. ¿Su país de origen? La China. 

 

La empresa que importó aquel cargamento fue Saga Falabella, una cadena chilena de tiendas por departamentos que pertenece al mismo grupo que Tottus y Sodimac. Según documentos de Aduanas, compró el bividí a los chinos a US$1,87. Agregándole el flete, el seguro, los aranceles, el impuesto municipal y el IGV, la prenda le terminó costando US$2,48, poco menos de S/9, de acuerdo al tipo de cambio de entonces.

 

Falabella puso a la venta aquella prenda a S/39,90, cuatro veces más de lo que le costó importarla. Hoy, con el verano ya por terminar, la ‘remata’ a S/24,90. Una historia similar es la del polo para niños marca Cloudbreak, también 100% algodón, que llegó desde Bangladesh al Callao el 14 de agosto del 2020. A Ripley le costó, sumados todos los cargos, US$1,90 o S/7. Hoy lo vende a S/19,95.

 

Por aquellos días, el Perú vivía su tercera fase de reactivación económica. En setiembre, los conglomerados comerciales llevaban poco menos de tres meses reabiertos, tras haber estado casi 100 días paralizados. Gamarra operaba con aforo reducido: solo los dos primeros pisos de las galerías recibían al público. Detrás, la industria textil intentaba despertar de un largo coma inducido.

 

Y tenía esperanza. A la par de la reapertura, el 25 de junio, el entonces viceministro de Mype e Industria, José Antonio Salardi, había pedido al Indecopi que evalúe una medida de defensa para la comatosa producción nacional. ¡Salvaguardias!, fue el grito de los textileros peruanos que el funcionario trasladó a la entidad técnica. ¿Qué es eso? Un aumento de los aranceles, en este caso, a la importación de prendas de China y Bangladesh.

 

Las salvaguardias son medidas de defensa comercial que los países pueden usar ante una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando el aumento inesperado en las importaciones de un producto amenaza con causarle un daño grave a la industria nacional que lo fabrica. Se trata de que los empresarios locales puedan competir sin enfrentar un naufragio súbito.

 

Del otro lado, sin embargo, no se iban a quedar callados. Grandes empresas importadoras −entre ellas, Ripley y Falabella−, junto a los gremios que las representan, aportaron rápidamente argumentos en contra. Su voz no encontró eco en el Indecopi, que el pasado 25 de enero recomendó a una comisión multisectorial conformada por los ministros Waldo Mendoza (Economía), Claudia Cornejo (Comercio Exterior) y José Luis Chicoma (Produce) aplicar las salvaguardias de manera temporal. Pero la voz del gran empresariado sí encontró eco en el gobierno.

Industria textil
De izquierda a derecha: José Luis Chicoma (Produce), Claudia Cornejo Mohme (Mincetur) y Waldo Mendoza (MEF). La comisión multisectorial que no quiso defender a la industrial textil nacional.

Las salvaguardias fueron bloqueadas por estos tres ministros, que el 18 de febrero hicieron oficial su negativa de otorgar las salvaguardias en un decreto supremo. El miércoles pasado sustentaron su decisión ante el Congreso con los mismos argumentos que las compañías.

Sudaca hace público el informe preliminar elaborado por Indecopi y reconstruye, en cifras, la crisis que atraviesa el sector textilero. Decenas de miles de peruanos esperan que los representantes del gobierno reculen y atiendan la recomendación del ente que vela por la libre competencia.

 

La industria se muere

“Estamos arriesgando a toda una industria. No es solo Gamarra. Vamos a sacrificar el futuro de un millón de familias porque la ministra [de Comercio Exterior, Claudia Cornejo] no quiere ver la realidad”, dice con desesperación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Asegura que menos del 6% de los pequeños empresarios de su emporio accedió al fallido programa de créditos Reactiva Perú.

 

Saldaña recoge cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): el sector textil y de confecciones genera cerca de 1 millón de empleos indirectos en el país. “Se está exponiendo al aparato productivo más extendido del Perú a la quiebra inminente […] tal como ha sucedido en otros países”, asegura el presidente de este gremio, Ricardo Márquez. A diferencia de la Confiep, asociada al gran poder corporativo, la SNI es más cercana a las mypes.

 

Los números respaldan la preocupación de Saldaña y Márquez. El 2020 fue un año nefasto para los textileros peruanos. Un botón como muestra: el uso de la capacidad instalada −que equivale a lo que todas las fábricas y máquinas del país podrían producir− se desplomó a apenas 39,6% en el primer semestre del año pasado, según cifras del Banco Central de Reserva. Gran parte de la industria quedó paralizada.

 

Capacidad productiva

“Más del 80% de los productores de Gamarra no tiene capital para reiniciar su actividad. ¿En dónde liquidamos la mercadería que quedó del verano, si en todo el país está la ropa asiática a precios irreales? El mercado está completamente abarrotado”, dice hoy Saldaña.

 

Para volver a producir, un empresario necesita dinero. Sin acceso a crédito barato, puede conseguirlo rematando los saldos de su última campaña fallida, la del verano con segunda cuarentena. Sin embargo, no parece tener dónde.

 

La ropa importada ya muestra cifras ‘de remate’, explica Saldaña.  Los productores nacionales esperarían que el precio de una prenda se mueva siguiendo el patrón de los insumos que la componen, pero según datos recopilados por el Indecopi, en su informe preliminar, desde el 2018 el precio de las confecciones importadas viene bajando a un ritmo mayor que el de sus materias primas, el algodón y el poliéster. 

 

“Esto indica que estamos ante una situación que no ha podido ser prevista por los productores nacionales. La industria nacional no estuvo preparada para enfrentar esta competencia”, dice Luis Alberto León, secretario técnico de la Comisión del Indecopi que elaboró el informe preliminar

Precio Alghodon y poliester

Pero quizás la muestra más cruda de la situación del sector es el empleo. Según cifras recopiladas por el Indecopi, que asegura haber evaluado un porcentaje representativo del mercado, el número de trabajadores contratados por la industria textil cayó a la mitad en el primer semestre del 2020. Eso equivale a decenas de miles de nuevos desempleados

 

 

¿Nos salvamos o naufragamos?

En su informe, Indecopi recomendó subir en 20 puntos porcentuales el arancel para las confecciones chinas y de Bangladesh por 200 días. En su presentación ante el Congreso, sin embargo, la ministra Cornejo −exgerenta de la Confiep− aseguró que la decisión de no poner las salvaguardias se debió a que no hubo “pruebas claras para acreditar la relación causal entre el supuesto aumento de las importaciones y la amenaza de daño grave [a los textileros peruanos]”. En cambio, dijo, se encontraron “otros factores de alta importancia”, como “la emergencia sanitaria causada por la Covid-19”.

 

Un argumento muy parecido dio a Sudaca Jessica Luna, gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), un gremio afiliado a la Confiep que representa −entre otros− los intereses de grandes importadores de prendas asiáticas, como Falabella, Ripley, Zara o Cencosud. De hecho, Comex se presentó ante el Indecopi junto a todas esas empresas y, en su nombre, cuestionó la mera apertura de la investigación por salvaguardias.

 

“La investigación no ha demostrado un aumento de las importaciones, no ha demostrado que hay una amenaza de daño [a la industria local] y tampoco una relación causal entre ambos”, aseguró Luna a este medio. Y envió una presentación elaborada para Comex por una consultora en comercio exterior. Esta menciona, como Cornejo, que la culpa de la crisis textil es de la primera cuarentena. Dicha presentación fue expuesta al Indecopi en enero, pero no lo convenció.

 

El informe preliminar del organismo público es enfático: dice que sí se puede determinar, en etapa preliminar, la relación causal entre las crecientes importaciones asiáticas y el riesgo de daño grave a la industria nacional. Añade que “no resulta razonable inferir” que la cuarentena −y demás medidas de contención− tengan algo que ver con la crisis del sector textil

 

El argumento del Indecopi se traduce así: la industria peruana no ha tenido un accidente puntual, sino que padece una enfermedad crónica desde hace varios años. Entre el 2016 y el 2019, por ejemplo, las prendas de China y Bangladesh pasaron de ser el 159,2% de la producción nacional a ser el 265,9%. Un crecimiento innegable, que luego se disparó con la pandemia: entre enero y setiembre del 2020 las importaciones representaron el 509,9% de lo fabricado en el país.

 

Mercado nacional vs importaciones

En los últimos cuatro años, entre 2016 y 2020, la producción nacional pasó de tener el 17.2% del mercado de confecciones a apenas el 5.8%. Las importaciones de China y Bangladesh siguieron el camino exactamente opuesto: a setiembre del año pasado ya copaban el 82,2% del mercado. Como advirtió Saldaña, ya no parece haber lugar para el empresario peruano.

 

Pero hay un riesgo latente incluso peor. “China y Bangladesh tienen amplia capacidad exportadora y fácilmente pueden aumentar sus envíos a nuestro mercado”, dice Luis Alberto León. Ambos podrían ‘redireccionar’ sus envíos al Perú y terminar de hundir la producción nacional. ¿Por qué hacia aquí? Porque les cobramos solo 11% de arancel a las confecciones, mientras que en Colombia, Ecuador y Brasil les cobran entre el 25% y 40%. Una ganga impositiva.

 

Arancel

“Cualquier demora en la adopción de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de dicho producto generaría un perjuicio difícilmente reparable para la rama de producción nacional”, concluye el informe del Indecopi.

 

El ‘lobby feroz’

A la elaboración del informe no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria.

 

Lo cierto es que las presiones hicieron efecto. “La ausencia de relación causal” no es el único argumento contra las salvaguardias que comparten los ministros y Comex, por ejemplo. El gremio también reclamó a Sudaca que el Indecopi haya usado demasiados tipos de productos textiles para su informe. Luna dice que eso distorsiona el análisis porque no se trata de prendas similares entre sí, y porque le da demasiado peso a las medias y la ropa de cama, cuando en el Perú lo realmente relevante son los polos.

 

“Se están agrupando en un solo grupo de productos como polos, pantalones, medias, guantes, ropa de cama, de mesa […] Estos artículos no son comparables entre sí, usualmente no compiten en el mismo mercado y no tienen el mismo uso”, dijo Cornejo al Congreso. “Consideraron 284 subpartidas arancelarias, que definen como confecciones. Ahí tienes ropa de cama, pantalones, secadores, medias, etc. Son productos que no son similares entre sí”, asegura Luna a este medio.

 

Si bien es cierto que el sector textil peruano es más ‘polero’, eso no significa que no se produzca todo lo demás en el país. “En Gamarra tenemos cuadras enteras que hacen calzones y medias. Es todo un sector. Que se den una vuelta por acá, los que no conocen. También ropa de cama y para el hogar. Aquí compra el pueblo, que no tiene plata para Casaideas”, reclama Saldaña.

 

Pero además, el Indecopi ya explica en su informe por qué considera tantos productos dentro de su análisis. Se basa en jurisprudencia previa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La lógica es que los productos son “similares” o “directamente competidores” cuando un fabricante puede usar las mismas máquinas, mano de obra y materia prima para hacer cualquiera de ellos. Es decir, que, si tiene la posibilidad de reorientar rápidamente su producción de polos a calzones, vale.

 

Otro argumento utilizado por el empresariado para bloquear la salvaguardias fue el de las ‘represalias’. “Los países afectados [por las salvaguardias] tienen el derecho de establecer medidas restrictivas en contra de las exportaciones peruanas en los sectores que estimen convenientes”, dijo Cornejo. “Si no se cumplen los requisitos [para poner salvaguardias], ya se ha comentado que con China la preocupación es [que aumenten los aranceles a] nuestros productos agrícolas”, asegura Luna. ¿Toca agachar la cabeza?

 

Finalmente, Luna, quien aseguró hablar en nombre de todos los agremiados de Comex con intereses en torno a las salvaguardias, dijo que le preocupa que un aumento de los aranceles sea trasladado por las empresas al precio final que paga el consumidor. “Los consumidores son como los ‘hijos’ de Con Mis Hijos No Te Metas. ‘Pobrecitos los consumidores porque los precios se van a encarecer, ¿no? Eso no va a pasar”, reclama Saldaña.

 

León, de Indecopi, indica que el traslado de los aranceles a los precios finales dependerá de la competencia del mercado. “Los importadores podrán trasladar esos cargos al precio final en la medida en que haya poca competencia”, explica. Si hay competencia intensa, “va a ser difícil que pueda trasladar el costo de la medida [las salvaguardias] al precio final”, agrega.

 

Toca, entonces, volver al bividí de algodón que Falabella trajo de China. “Dependiendo del margen de comercialización que tiene una tienda por departamentos. Si importa un producto a US$3 y lo vende a US$15, su margen de comercialización podría verse castigado. De repente ya no va a ganar 400%, sino solo 200%”, asegura León. ¿Vale la pena salvar a la industria peruana por eso? Vale la pena.

*Para la elaboración de esta nota, Sudaca solicitó vía ‘transparencia’ al Mincetur y, formalmente a través de la oficina de prensa de los tres ministerios, los documentos que contienen el sustento técnico para negar la aplicación de las salvaguardias. Pese a que desde el Mincetur se comprometieron en responder, no lo hicieron. Hasta el cierre del artículo, los encargados del acceso a la información pública de este despacho tampoco respondieron a este medio.

**La fotoportada, las fotocomposiciones y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla Lopez.

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Importaciones, Ripley, Saga

“Lamentablemente, en el Perú hay un deseo de ser cabeza de ratón”, dijo el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, hace una semana a Canal N. La conductora le había preguntado por la reciente salida de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que ha cortado palitos con su gremio. Él eligió aludir a la forma inversa de un refrán español: “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”. La frase significa que es preferible ser líder de algo chico que la última rueda de algo más grande. Así se tiran los guiños en el gran empresariado.

 

Lo de Capeco es, sin embargo, el último de una serie de desencuentros al interior de la confederación de intereses corporativos más importante del país. Un reacomodo de poderes que puede rastrearse hasta una fecha muy especial en el calendario empresarial del país: la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) del 2019.

 

Sudaca ha conversado con siete fuentes que participan en la vida institucional de la Confiep y ha identificado ese día, hace poco más de un año, como punto de referencia para las últimas movidas que se han producido en el gremio sanisidrino. La partida de una de sus asociaciones fundadoras y la entrega de posta al jefe en el Perú de la multinacional KPMG no tienen como única explicación la proximidad de unas elecciones generales. El poder, en la alta sociedad, siempre está en movimiento.

 

‘Pequeña empresaria’

Si la Confiep es la iglesia matriz del gran empresariado nacional, la Cade viene a ser algo así como su Meca. Cada noviembre, con la excepción de estos años de pandemia, los principales apóstoles del sector privado −junto a conocidos lobbistas y demás personajes que pululan alrededor− salen de Lima en peregrinación hacia algún hotel de lujo. El motivo, según ellos, es hablar sobre los problemas más urgentes del Perú. Periodistas y políticos acompañan la comparsa.

 

Es el 28 de noviembre del 2019 y, en la explanada de la Cade, en Paracas, María Isabel León espera su turno para salir a escena. La presidenta de la Confiep sabe que el discurso que ha preparado −cuyas páginas ya mostró a su Comité Ejecutivo− está destinado a la basura. Ha sido invitada a una conferencia que se llama “Combatiendo la corrupción del sector empresarial”, y salir a decir las mismas tres tonterías vacías que se repiten sobre el tema parece no tener sentido ese día. La presión es fuerte.

 

La semana anterior, los peruanos se han enterado que Dionisio Romero Paoletti, cabeza de uno de los grupos empresariales más grandes del país, entregó maletines con dinero a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, el rechazo popular contra los empresarios allí reunidos ha llegado a un punto álgido. Para tensar aún más el ambiente, el presidente Martín Vizcarra, abanderado del discurso de la lucha anticorrupción, ha arribado de improviso a la carpa.

 

En aquella Cade del 2019, María Isabel León decidió no leer sus apuntes y se dedicó, en cambio, a lanzar titulares. Dijo que “sería vergonzoso” hablar de ética y anticorrupción con todo lo que pasaba, y que estaba dispuesta a seguir representando a los presentes solo si había un cambio. “No estoy dispuesta, de ninguna manera, a comerme más sapos”, reclamó. Y recordó que “cuando uno recibe a los amigos en la casa, si se sabe que alguno tiene por ahí alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa”. 

 

Con la idea ya clara, dejó una frase que despertó un aplauso cuasi enardecido en la carpa: “Tengo 3 millones 650 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado”. La cifra hacía referencia al dinero que Romero −entonces presidente del directorio de Credicorp− había entregado a la campaña del fujimorismo. En resumen: la ‘limpieza del empresariado’ terminó enfocada en el heredero de una de las tres fortunas más grandes y diversificadas del país. Al mes, Romero Paoletti dejó el Comité de Gobierno Corporativo de su firma; y a los cuatro, el directorio. “Para enfrentar la pandemia”, se reseñó como razón en un comunicado corporativo tras esta última salida.

 

Pero el día que León esperaba su turno para enfilar las balas contra el último Romero mandamás, no solo cargaba con la presión de lo que estaba por decir. También arrastraba un estigma que repitieron cinco de las fuentes: había sido elegida como una de las últimas opciones para el puesto. Además, y aunque ella se ha defendido varias veces alegando que su participación en la campaña fue puntual, en el 2016 había coordinado parte del plan de gobierno del hoy investigado fujimorismo.

 

El gremio, sin embargo, nunca había tenido una presidenta mujer. Tres fuentes masculinas indicaron que eso ayudó a que finalmente se alcanzara consenso en torno a su figura. Aunque existe la opción de presentar distintas candidaturas, a ‘la poderosa Confiep’ no le gusta que se publicite ninguna discrepancia entre sus miembros. Por eso, tiene la costumbre de elegir a su máximo representante, cada dos años, bajo estricto acuerdo previo. Pero ese consenso no dura para siempre.

 

 

Las declaraciones de León en la Cade generaron un fuerte malestar en algunos sectores de la Confiep. El reclamo general, relatan las fuentes, fue que una presidenta no podía dar esas declaraciones sin antes haberlas consultado con su comité. Lo cierto es que, de haberlo hecho, no se las habrían aprobado. León, empresaria de la educación, ha resaltado en entrevista con Semana Económica su condición de “pequeña empresaria”. Ciertamente, su instituto de aviadores, Avia, es modesto si se le compara con los negocios de las dos familias más ricas del país. La balanza no parecía tener mucho peso de su lado.

 

En los juegos de poder, además, todo ataque acarrea una contraofensiva. A los pocos días de aquel discurso, Arturo Woodman, miembro del Consejo Consultivo de expresidentes de la Confiep, dijo al conservador diario Expreso que era León la que había cometido un error y que, por eso, debía “dar un paso al costado”. Exdirector en varias empresas de los Romero y constructor piurano, Woodman también salió en defensa de sus paisanos en Panamericana Televisión. El ala financiera de los negocios de la familia tardaría, igual, en absorber el golpe reputacional.

 

Tres fuentes consultadas por Sudaca explican que Woodman, desde entonces, se mantuvo ‘distante’ de la vida institucional de la Confiep. Algo que resulta ajeno a un gremio en el que la influencia de los expresidentes, si bien no tienen derecho a voto, es muy fuerte. Una de las fuentes describió al grupo que conforman como un “consejo de ancianos”, en el sentido que nuestros antepasados le habrían dado al término. Ese órgano consultivo de ‘la tribu’, según cuatro entrevistados, pasó a mirar con resquemor a la entonces presidenta.

 

Tensa pandemia 

Pocos meses después de aquel discurso, al Perú le sobrevino la pandemia. Con los negocios cerrados por la primera cuarentena y las empresas ahogándose, se empezó a discutir si los bancos debían ofrecer la posibilidad de reprogramar créditos sin aumentarle los intereses a sus clientes. Ponerse la camiseta, digamos, en una situación bastante difícil. Días de silencio oficial por parte de las entidades financieras (aunque con uno que otro pronunciamiento de sus gestores de intereses), fueron rotos por León en TV Perú a finales de marzo. Declaró que la reprogramación debía hacerse sin intereses. 

 

La sensatez aterrizó pronto en los dos bancos más importantes del país: el BBVA Perú y el Banco de Crédito (BCP) −este último, de los Romero− anunciaron el mismo día que reprogramarían sin cobros adicionales. Fuentes cercanas al sector aseguran que uno de los dos tomó la decisión y que el otro no quiso enfrentar las consecuencias reputacionales de no hacerlo. Aunque León es una firme convencida del credo del libre mercado, con esa declaración volvía a poner la mira en sus principales jugadores.

 

Poco después, en junio, la Asociación de Bancos (Asbanc) le jaló la alfombra a la presidenta. Luego de que Vizcarra amenazara, sin decirlo, con intervenir las clínicas privadas, la Confiep emitió un comunicado de enérgico rechazo. Para darle potencia, la organización comandada por León decidió poner debajo del texto los logos de todos sus agremiados.

 

 

Fuentes con conocimiento directo de la situación han relatado a Sudaca que, por esos días, Asbanc tenía pendiente una agenda regulatoria con el gobierno. Salir con la pierna tan arriba no era conveniente si, además, aparecía su distintivo gremial. Entonces, la noche del 25 de junio, en su Twitter oficial apareció un mensaje: “Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta […] y hubiésemos preferido que no sea enviada”, aseguraron.

 

La publicación sorprendió a todos los analistas y empresarios del círculo, acostumbrados a que este tipo de choques se resuelvan con hermetismo. Algunas fuentes dijeron que la relación entre el representante de los banqueros, Martín Naranjo, y León se reconstruyó con el tiempo. Otras indicaron que ese ‘reconstruir’, en realidad, significó ‘tolerar y cooperar’ para calmar las aguas y que la cosa no escale. Woodman sí mantuvo para siempre su sana distancia.

 

Chau, Capeco

Durante la presidencia de León se han ido dos gremios de la Confiep: la poco conocida Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Aspor), tras un choque de intereses con la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), y la emblemática Capeco. Esta última no es poca cosa. Junto a otras seis asociaciones sectoriales de empresarios, la cámara de la construcción es una de las que, en 1984, fundó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), como una respuesta a la demoledora crisis en la que estaba ingresando el país.

 

Otros fundadores, como la Asociación de Exportadores (Adex) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también se han retirado de la Confiep en las últimas décadas por la percepción de que algunos gremios tienen más peso en las decisiones sobre qué líneas defender. “Confiep habla por los intereses de los grandes grupos y empresas. Los pequeños eran comparsa […] Adex y la SNI representan a grandes, medianas y chicas. Y cuando necesitamos solucionar algún problema, hablamos directamente con el gobierno”, explicó una fuente del gremio exportador ajena a las siete consultadas.

 

Otra fuente ha descrito la actitud de Capeco como “una pataleta”. Lo cierto es que todos aseguran que el gremio constructor ya venía meditando su salida, por lo menos, desde hacía año y medio. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, la cámara había quedado vulnerable entre sus pares. Una primera ‘limpieza empresarial’ renovó la cúpula para dejarla en manos de los desarrolladores inmobiliarios, en desmedro de las grandes constructoras. Los principales representantes ante Confiep pasaron a ser de ese rubro: el desarrollador Humberto Martínez, de Marcan, y el arquitecto Enrique Espinosa, de Espinosa Arquitectos. Sin embargo, no fue suficiente.

 

Diversas fuentes de Capeco han asegurado que el descontento con su iglesia matriz se debía al peso que tienen los banqueros y los mineros en las decisiones de la organización. No solo a través de sus directivos oficiales, sino de sus operadores políticos. “Una prueba clara es que, con el escándalo de las constructoras, se le hizo a Capeco renovar a su directiva, con razón. Pero cuando el escándalo involucra a un banco, como en el caso de Romero, se le tiran encima a quien dice algo”, explicaron.

 

Con la llegada del verano, a la Confiep se le empezaron a aproximar dos elecciones: la nacional, con sus consecuencias naturales sobre el crecimiento de la inversión, y la suya propia. Como León había asumido tarde su mandato, la fecha de cambio de posta en el gremio empresarial más poderoso del país iba a tener apenas unos días de distancia de la votación presidencial. Algo que, en idioma de empresario, suena bastante mal.

 

 

Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero. 

Para elegir a un presidente, como ya se ha explicado, se necesita consenso previo. La lista siempre debe ser única y mostrar un frente cohesionado. ¿Si eso les ha funcionado durante años, por qué hacerlo de otra manera? Este año Capeco jugó sus fichas a que sí cambiarían. La mayoría de fuentes ha confirmado a Sudaca que el gremio constructor evaluó presentar su propia candidatura, sin encontrar candidato en la interna. Nunca realizó una propuesta formal. Sin embargo, sí dejó claro que la elección debía ser eso: escoger, no ratificar.

 

“¡Imagínate a Capeco, después de los escándalos, presidiendo Confiep!”, dice una fuente. En paralelo, el ‘consejo de ancianos’, agrupado en un chat, deliberaba sobre quién podría ser el candidato único e ideal. Las conversaciones, para ello, se suelen dar en distintos niveles. De pronto, surgió un nombre que ya había sonado entre las opciones que fueron discutidas antes de la elección de León: Óscar Caipo. No pudo ser aquella vez por temas estatutarios.

 

Caipo ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a comandar la división peruana de la multinacional KMPG, una red de firmas que se dedican a la auditoría y a la asesoría legal, financiera y tributaria de las principales corporaciones alrededor del mundo. De hecho, KPMG es conocida como una de las consultoras ‘big four’, junto a PwC, Deloitte y Ernst & Young. Además de ser el socio administrador de esa firma en el país, Caipo preside Empresarios por la Integridad, una asociación cuyo nombre no da lugar a mayores explicaciones.

 

El consenso en torno a su figura se alcanzó rápidamente entre los expresidentes de la Confiep. Ellos son los que se encargan de producir al candidato que luego obtendrá la venia de los actuales representantes de los gremios afiliados. Así lo manda la tradición. ¿Quién le haría el ofrecimiento? Se decidió que el enviado sea Martín Pérez, uno de los pocos ‘ancianos’ que, a sus 55 años, comparte promoción con Caipo. Podría llegar a él con mayor facilidad.

 

Pérez también es de la misma generación que el joven Dionisio Romero Paoletti, de quien es amigo. Además, es director suplente en el BCP  “Pérez fue el encargado de hacer el nexo para que se entregue ese dinero a la campaña [de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011], no te pases”, reclamó una de las fuentes. En declaraciones ante el equipo especial Lava Jato, Romero Paoletti dijo que fue Pérez quien lo ayudó a tomar contacto con la organización que lidera Keiko Fujimori, según informó El Comercio.

 

Caipo aceptó y la mayoría de gremios se subió al barco. No Capeco. Fuentes de esta institución contaron que el nombre no era el problema, sino la forma poco democrática de elección. Tras descartar la opción de tentar ellos mismos la presidencia, movieron una ficha −de manera informal− para que María Isabel León se quedara de largo hasta después de la primera vuelta. Del otro lado, sin embargo, la discusión era diametralmente opuesta: los gremios planeaban adelantar su salida. Estos últimos ganaron la pugna.

 

De la nueva normalidad

Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca. 

 

No solo era “raro” tener un cambio de mando un día antes de la primera vuelta, sino que la Confiep −aunque sus representantes no lo acepten abiertamente− tiene un rol político que cumplir. Si bien no es que exista el mentado ‘candidato de la Confiep’, sí hay opciones ‘antimercado’ contra las que hay que estar preparados para hablar. Hacerlo con una gestión desgastada no es una buena idea.

 

Inicialmente León dio la impresión de no querer adelantar su entrega de cargo. Sin embargo, luego ella misma pidió que se convoque a las elecciones para que sean el último martes por la noche. No tenía ya, para entonces, gerenta: Patricia Teullet, quien la había acompañado en ese puesto, la había dejado en noviembre para formar parte del breve y sangriento Gabinete Merino. Poco a poco, León fue despidiéndose y dejando los chats de la Confiep. Decidió dejar el cargo el mismo día de la elección.

 

Días antes de ello, Capeco, sin poder conseguir el respaldo que buscaba, oficializó su salida. Caipo −quien declinó de responder para esta nota− asume un gremio en el que la balanza del poder ha sido recalibrada. Su vicepresidenta es Cayetana Aljovín, que viene del tradicional gremio de grandes pesqueras, y las pequeñas empresas han sido relegadas a la segunda vicepresidencia, con la figura de Ana María Choquehuanca. ¿Cómo canalizarán su discurso en las elecciones que se avecinan?

 

De la ‘pequeña empresaria de la educación’, férrea defensora del modelo y de pasado fujimorista, la Confiep pasa ahora al jefe local de una consultora con millonarios clientes. Algo así como decir que, tras una tensa aventura en la derecha más popular y confrontacional, el gremio de gremios ha regresado a la derecha más corporativa y discreta. Todos, por supuesto, aseguran que las rencillas ya han sido superadas. Entre empresarios, no fingir una sonrisa sí cuesta dinero.

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Capeco, Confiep

“En este momento tenemos sólo de Sinopharm y tenemos el registro de Pfizer”, aseguró el domingo pasado el presidente Francisco Sagasti en una entrevista para Cuarto Poder. Se refería al ‘registro sanitario condicional’ que ambas vacunas necesitan para ingresar al país. Su afirmación, sin embargo, es falsa. Sudaca pudo confirmar que hasta el martes de esta semana no se había tramitado dicho requisito para la vacuna china. Y el porqué es importante.

 

 

El ‘registro sanitario condicional’ es un mecanismo creado para que las vacunas contra la Covid-19 puedan ingresar al país pese a no haber terminado su fase III de ensayos en humanos. Sin él, ninguna podría llegar −por lo menos− en los próximos seis meses. No obstante, el producto de Sinopharm ni siquiera cumplió con los requisitos básicos exigidos por este nuevo procedimiento expedito. Por eso se le otorgó apenas una ‘autorización excepcional de importación’ para un millón de dosis hasta el 30 de abril. Un registro sanitario condicional, como el que sí obtuvo la droguería Pfizer, le permitiría traer un número ilimitado de vacunas durante todo un año.

 

 

La oficina de prensa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aseguró a Sudaca que ni siquiera existe una solicitud formal para tramitar el registro, la que debe ser presentada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). En esta última institución se limitaron a decir que ya se “está tramitando la solicitud” y que están “en plenas coordinaciones”. Digemid tampoco quiso ahondar en mayores detalles.

 

 

El porqué de todo esto es lo más importante, y está refundido entre las más de 2.000 páginas de anexos del inocuo informe que elaboró la comisión presidida por Fernando Carbone sobre el VacunaGate. ¿Dónde? En la entrevista hecha a Sofía Salas Pumacayo, quien hasta el último 22 de febrero fue la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid. Salas tuvo que renunciar por ser parte del escándalo, como reveló este medio: recibió dos inyecciones de la vacuna china y luego autorizó su ingreso al país mediante una resolución directorial.

 

 

Sofia Salas, químico farmacéutica de profesión, detalló a la comisión cómo en febrero pasado el primer millón de dosis de Sinopharm aterrizó en Perú sin que se hayan presentado todos los documentos necesarios para asegurar su calidad. Salas explicó que a las vacunas les hacían falta varios papeles básicos para poder acceder al registro sanitario condicional que aprobó el propio gobierno. Aún así, decidieron traerlas.

 

 

Un fragmento del registro de entrevista a Sofía Salas Pumacayo, directora de línea en la Digemid. Ella asegura que la vacuna china no tenía la documentación completa.

 

 

“No tenía los resultados preliminares del estudio técnico de fase III. La información que mandaron era de los ensayos clínicos en otros países”, contó la exfuncionaria. Esto, según fuentes especializadas en procesos de investigación clínica consultadas por Sudaca, implica que no se pueda garantizar la eficacia señalada para un producto.

 

 

Pero no fue lo único. La químico farmacéutica se explayó en más omisiones. Dijo, por ejemplo, que faltaba comprobar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para lo cual “tiene que ir Digemid a China”. Las BPM son el conjunto de procesos que aseguran la fabricación de una vacuna sea “uniforme y controlada”, según información del propio Ministerio de Salud (Minsa). Además de asegurar “la calidad del producto”, evitan, por ejemplo, casos de contaminación cruzada cuando se produce en serie. ¿Está capacitado el personal? ¿Son salubres las instalaciones de producción? La Digemid no tenía respuestas certeras para estas preguntas.

 

 

La resolución que firma Salas simplemente menciona que la autoridad de medicinas de China ya emitió un certificado alegando que las BPM sí se cumplen. Sin embargo, para que ello sea válido, China tendría que estar entre los países de alta vigilancia sanitaria reconocidos por el Perú. No es el caso: hasta el 2019 allí solo había países europeos junto a Estados Unidos y Canadá, cuyas instituciones el Perú considera lo suficientemente confiables de homologar.

 

 

Refundida entre los anexos no publicados del informe Carbone, la declaración de Salas aporta información clave sobre la llegada del primer millón de vacunas chinas.

Según Salas, tampoco se presentó un correcto “plan de gestión de riesgos”. Este debe contener todas las actividades de farmacovigilancia posteriores al arribo de las dosis, como verificar su eficacia, minimizar riesgos, prevenir situaciones adversas. La exfuncionaria de la Digemid dijo que el plan fue presentado, pero que recibió muchas observaciones.

 

 

“Hubo una reunión en el despacho el 26 de enero de 2021 y se les presentó los documentos [no precisa a quiénes] demostrando que faltaba documentación, pero ya estaba la compra y las vacunas iban a llegar”, explicó Salas a la comisión Carbone. Ese mismo día, firmó la resolución que autorizaba al Cenares a importar el primer millón. El 7 de febrero, una aeronave con las primeras 300.000 dosis llegó al Perú.

 

 

Para que el Cenares pueda tramitar el registro sanitario condicional, que aún está pendiente, se deberán haber solucionado los vacíos documentarios descritos por Salas. Mientras ello no ocurra, ni una sola dosis más −y el gobierno ha anunciado que planea traer 37 millones más− puede aterrizar en el Perú. A diferencia de Pfizer, que obtuvo el permiso mediante su sucursal en el país, el Cenares se encargará de los trámites de la vacuna de Sinopharm.

 

 

Esta información pone en duda la calidad de la vacuna que llegó al país. Cuando uno pide un registro a la Digemid, te demandan requisitos. De estos depende que funcione como dice funcionar”, explica a este medio una fuente que ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud y que pidió mantener su identidad en reserva. Sudaca ha intentado comunicarse con Sofía Salas a través de distintos medios, pero no tuvo éxito.

 

 

Pequeñas revelaciones

En 66 páginas, el informe Carbone no dijo casi nada que no hubiera sido advertido previamente por la prensa. Sin embargo, en sus anexos sí hay más información interesante. Por ejemplo, la comisión identifica a la estadounidense Kelika Konda, una de las personas que se vacunó sin ser parte del ensayo clínico, como miembro del Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) del propio estudio.

 

 

La comisión Carbone sí identificó a Kelika Konda como parte del supuestamente imparcial DSMB del ensayo clínico de Sinopharm. 

 

 

Los miembros de un DSMB no deberían tener lazos personales o profesionales con la investigación que van a supervisar. La naturaleza de ese comité es, per se, independiente. Entre sus funciones tiene −por ejemplo− la de analizar cualquier evento adverso que se produzca, sea la muerte de un voluntario o una reacción alérgica, para determinar si el estudio debe continuar. También analiza su progreso, monitorear que se cumpla su protocolo y certifica la integridad de los datos declarados.

 

 

Que Konda se haya vacunado por fuera del ensayo clínico, según una de las fuentes antes citadas, implica una falta ética y un serio conflicto de intereses. Además, asegura, podría someter a serios cuestionamiento todo el estudio de Sinopharm en el Perú.

 

Los anexos del informe Carbone, además, contienen la carta mediante la cual Luis Quesada, el embajador del Perú en China, le solicita formalmente a una subsidiaria de Sinopharm −la CNBG− 2.000 dosis adicionales para que “1.000 personas del equipo peruano” de investigación sean inmunizadas. Si bien el gobierno ya había hecho público el pedido diplomático, hasta hoy no se había revelado el la solicitud oficial. Hoy sabemos que la inmunización fue mucho más allá del círculo laboralmente vinculado al ensayo.

 

 

La carta oficial mediante la cual el embajador Luis Quesada pide 2.000 vacunas ‘para el equipo de investigación’.

 

Por su parte, el Dr. Aldo Lucchetti, exdirector general de intervenciones estratégicas en salud pública del Minsa, revela en su entrevista que la exministra Pilar Mazzetti le pidió a su oficina “hacer una resolución que justifique la vacunación del presidente [Sagasti] cuando llegaran las vacunas, porque no querían tener ningún problema”. Esto, debido a que “se había dicho que primero se vacunaba a la primera línea”. Si bien esto no implica ninguna responsabilidad penal o funcional, sí ayuda a entender cómo se resolvió la polémica sobre la inclusión de Sagasti en los primeros días de vacunación.

 

 

Lucchetti confirmó a Sudaca que el documento fue elaborado por su dirección y que se sustentó en el principio de que, ante una situación de catástrofe, siempre debe inmunizarse a las autoridades que rigen la nación. Efectivamente, el 9 de febrero, pocos días antes de que estallara el VacunaGate, el Minsa emitió una resolución ministerial incluyendo al presidente en la fase I de la vacunación. “Con el visado del Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública”, dice el documento. Sagasti fue uno de los primeros en recibir la inyección, pocos días después.

 

 

En las próximas semanas, este medio continuará revisando las miles de páginas de los anexos del informe Carbone para traer más novedades.

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La decisión fue tomada por la Junta General de Accionistas el mismo día que se supo que Blume, directora de la empresa, estaba en la lista del #VacunaGate. AFP Habitat ha resuelto no pronunciarse sobre su comportamiento.

El último martes se reunió uno de los principales órganos de gobierno de la AFP Habitat en el Perú: su Junta General de Accionistas (JGA). ¿Lo hizo para hablar sobre la conducta de uno de los miembros de su directorio, que se vacunó en secreto para el país, fuera de un ensayo clínico y antes que el personal de salud de la primera línea de lucha contra la pandemia? No, solo para repartirse dividendos. 

 

Este 16 de febrero, AFP Habitat decidió que dará a sus accionistas casi S/37 millones en dividendos de sus operaciones del 2020 en el Perú. Con 99,94%, su principal propietario −y para todo efecto práctico, el único con poder de decisión− es Habitat Andina S.A. A través de esta compañía, la AFP peruana es controlada y entrega utilidades a su matriz en Chile. El pago de dividendos se concretará el 8 de marzo. 

 

AFP Habitat tomó la decisión el mismo día que, por la madrugada, se conoció que una de sus directoras forma parte del escándalo denominado #VacunaGate. Se trata de la abogada y lobbista Cecilia Blume, quien recibió tres dosis de la vacuna de Sinopharm: el 21 de noviembre, el 16 de diciembre y el 7 de enero, según la lista elaborada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

 

“Se aprobó respecto de la utilidad distribuible generada durante el ejercicio 2020, que (i) se detraiga el monto de S/4.097.339,52 por concepto de reserva legal y que (ii) se distribuya dividendos por un monto ascendente a S/36.876.055,64 determinando un dividendo ascendente a la suma de S/0,45066301 por acción”, dice un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 

Este documento fue registrado en la SMV pasadas las 4 de la tarde del martes 16. Catorce horas antes, Sudaca fue uno de los medios que hizo pública la lista de vacunación de la UPCH. Blume tiene allí el número 178 y aparece como “invitada”. El reparto de dividendos que ha aprobado el accionista controlador de AFP Habitat es propuesto por el directorio que ella conforma. 

 

De ética y reputación empresarial

 

Blume es directora independiente (no vinculada a los accionistas) de AFP Habitat desde mayo del 2013. También forma parte del directorio de la pesquera Exalmar. Ha sido jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas que presidió Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hace casi dos décadas y ha sido parte del círculo de confianza del expresidente.

 

Según el consultor en ética corporativa y director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, el comportamiento de Blume respecto al #VacunaGate −vacunarse de forma irregular, sin conocimiento del público y sin tomar en cuenta el orden de prioridad− sí merecería una sanción o, al menos, un pronunciamiento público por parte de su empresa. 

 

“No estaba en la obligación formal de comunicar [a la empresa, que se había vacunado], porque no era un tema de conflicto de intereses corporativos, pero la transgresión ética en su vida personal sí merece una sanción. Tenía el deber de comportarse correctamente […] No podía permitir, además, que su vida personal embarre la reputación de una empresa”, dice. 

 

El Código de Ética de AFP Habitat, que “declara los valores éticos y de conducta en que deben enmarcarse las actuaciones internas y externas del directorio” de la empresa, establece: “Debemos actuar con rectitud y lealtad en todos los ámbitos, comportándonos de manera transparente y responsable en el desarrollo de nuestras tareas y en nuestra relación y comunicación con otros, valorando el respeto y sinceridad en nuestro actuar”. 

 

Según Herrera, este párrafo ha sido transgredido por Blume. “Esa cláusula amplia es la que te habla de que tienes que portarte bien siempre. El Código de Ética te habla del correcto comportamiento de la persona en todo su esplendor. Para la integridad, no es que yo soy ejecutivo en la mañana y en la noche nada que ver. Eres uno solo”, explica. 

 

Aún más: el Reglamento de la Junta General de Accionistas de AFP Habitat dice que ésta “evaluará constantemente que los miembros del directorio cumplan con […] las propias políticas de la compañía para desempeñar de manera satisfactoria dicho cargo; para tal efecto evaluará toda circunstancia o hecho relevante, incluyendo las relaciones comerciales, bancarias, legales, de imagen de cada uno de los miembros del directorio”. 

 

Herrera compara el caso de Blume con el de Luis Felipe Gómez, quien ocupó un cargo gerencial en la aerolínea colombiana Avianca hasta el Mundial de Rusia 2018. Gómez fue despedido por su exempleador luego de que un video viral lo mostró sirviendo licor desde un compartimiento oculto en unos falsos binoculares dentro de un estadio, y ufanándose de ello. Estaba prohibido ingresar alcohol al recinto.

 

“Te pongo el ‘caso Avianca’ en el Mundial de Rusia. Es paradigmático porque te muestra cómo la vida personal influye en la reputación corporativa. Avianca se dio cuenta y lo botó”, asegura el experto en ética y anticorrupción. El exempleado de Avianca ganó recientemente un proceso contra la aerolínea, pero solo para rectificar unos dichos puntuales y no para reponerlo en su puesto. 

 

Pese a todo, la AFP Habitat ha decidido no pronunciarse respecto a la vacunación irregular de Blume. No solo no lo hizo tras su Junta General de Accionistas, ni en los días posteriores, sino que respondió a Sudaca que no haría declaraciones al respecto. “Acá seguro te van a decir que no hay corrupción, que puede ser una falta ética, pero que esa es un área gris”, se quejó airadamente una fuente del sector financiero.

 

El Hecho de Importancia publicado por la SMV que registra los detalles del reparto de dividendos acordado por la Junta General de Accionistas de AFP Habitat. 

 

La persona y la empresa

 

El doctor Germán Málaga, investigador a cargo del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, declaró a la comisión conjunta de Fiscalización y Covid-19 del Congreso que la triple vacunación de Blume se debió a que luego necesitaba conseguir financiamiento para un proyecto. Las declaraciones de Málaga sobre otros implicados en el #VacunaGate han sido rebatidas por estos.

 

“La covocamos [a Blume] […] porque en algún momento pensábamos levantar fondos para construir nuestra propia UCI [Unidad de Cuidados Intensivos], teniendo en cuenta que podía venir una segunda ola y no queríamos estar con el problema de ahora de conseguir camas”, aseguró el investigador. Sudaca se comunicó con la abogada, pero ella también optó por no declarar. 

 

Más allá de esa afirmación, Blume es conocida en el país por su rol como ‘gestora de intereses’ privados. Este es un eufemismo para lo que, en todo el mundo, significa hacer lobby. El lobby no necesariamente implica un acto ilegal. Desde hace 14 años, la lobbista Cecilia Blume preside la consultora CB Consult. En ese tiempo también ha formado parte de los directorios de diversas empresas. 

 

En el 2016, Blume ocupó el primer lugar entre los ‘gestores de intereses’ más poderosos del país, según la Encuesta del Poder que elabora Ipsos para la revista Semana Económica. “Soy abogada: mi trabajo es abogar por mis clientes, representar sus intereses. Significa que lo estoy haciendo bien”, respondió ella aquel año, al autor de esta nota, para Semana Económica. 

 

Habitat, por su parte, es una de las cuatro AFP del mercado previsional peruano. Ingresó en el 2013, tras ganar la primera licitación de afiliados, lo que obligaba a todos los nuevos aportantes del sistema a ser sus clientes. La matriz de Habitat nació en Chile en los ochenta. Hoy la controla, a partes iguales, la gigante estadounidense Prudential y la Cámara Chilena de la Construcción. 

 

En abril del 2020, Habitat dejó sin efecto la repartición de dividendos del ejercicio 2019 que había dispuesto su accionista controlador el mes anterior. Lo hizo tras el revuelo mediático que causó el reparto de utilidades de su competidora peruana, Prima AFP, y “en atención a las nuevas condiciones nacionales e internacionales a consecuencia del Covid-19”. Finalmente, igual pagó esos dividendos en octubre.

 

Publicado: viernes 19 de febrero. 

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Sofía Salas Pumacayo, directora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID, recibió sus dos inyecciones entre setiembre y octubre del año pasado. Tres meses después, firmó documento clave para el ingreso de las vacunas.

La directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Sofía Patricia Salas Pumacayo, ha incurrido en un serio conflicto. A finales del año pasado recibió dos dosis −lo que equivale a una dosis completa de inmunización− de la entonces candidata a vacuna de Sinopharm y apenas tres meses después firmó la Resolución Directorial que autorizó excepcionalmente la importación de dicho producto. La químico farmacéutica es parte de las 487 personas que recibieron la vacuna china por fuera de su ensayo clínico. 

 

Según la lista elaborada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que Sudaca ha podido revisar en detalle, Salas fue inyectada el 12 de setiembre y el 3 de octubre del año pasado. Para entonces ya estaba al frente de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID. Apenas tres meses después, el 26 de enero, firmó como autoridad competente la Resolución Directorial N° 486-2021/DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA, que autoriza de forma excepcional la importación de un millón de dosis de la vacuna que ella ya había recibido. 

Sudaca pudo revisar también la mencionada Resolución Directorial. La misma responde a una solicitud del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para poder traer el producto con urgencia. Aún hoy, la vacuna de Sinopharm sigue siendo clave para la primera línea de lucha contra la pandemia. "Considerando la información de la morbi mortalidad del personal de salud, en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 está considerado la protección de dicho personal", dice el documento, que aparenta haber sido redactado con premura por la emergencia. 

 

Al final, el documento autoriza "excepcionalmente la importación y uso por situaciones de salud pública" del primer millón de "viales y/o jeringas" de la vacuna china. Esta autorización era necesaria porque el producto aún no había culminado todas las etapas para su registro regular, en una situación de no-pandemia. 

 

La resolución que Salas firmó el 26 de enero abrió un candado clave para que las vacunas puedan aterrizar en suelo peruano. Hasta el día anterior, el 25, la información que reportaban diversos medios era que la DIGEMID aún no emitía el permiso necesario para que los inyectables aterricen en el país. Sin embargo, el 26 por la tarde el diario El Comercio publicó que finalmente la documentación necesaria para traer las primeras dosis estaba lista. "Ya tenemos el permiso y documentos preparados para la exportación", confirmó una fuente a dicho medio. 

 

Salas es una de los cuatro funcionarios de DIGEMID que este medio ha podido identificar en la lista de vacunados irregularmente, en lo que la opinión pública ha empezado a llamar el #VacunaGate. El poder que le confería su cargo directivo hace especialmente relevante su vacunación. Sudaca confirmó con especialistas en ética médica que lo que Salas hizo configura, cuando menos, un grave conflicto de intereses. 

 

Este medio buscó recabar la versión de Salas por distintas redes sociales, sin éxito. También se comunicó con la oficina de prensa de la DIGEMID, pero esta se excusó de responder alegando que hay una investigación en marcha para todo el #VacunaGate y que se deben esperar sus resultados. 

 

 

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El jefe del plan de gobierno y candidato al Congreso de Podemos Perú cierra filas junto a Daniel Urresti frente al partido por el que ambos postulan. Desconfía de las AFP, propone una universidad pública abierta y digital, y un RUC universal.

He estado revisando el plan de gobierno que has armado con tu equipo y está bastante ‘marketero’. Lleno de colores, diagramas e “ideas disruptivas”. ¿Por qué?

Desde muy joven he estado en el mundo de las comunicaciones. Trabajé para The Economist. Una cosa que me quedó clara es que las buenas ideas, los intangibles, necesitan hacerse tangibles. Eso se consigue escribiendo bien y haciendo que se vea bien. Fondo y forma. Puedes tener una cosa muy linda, pero que no dice nada. Eso no sirve.

 

El primer punto del ideario de Podemos Perú es “defender la vida desde su concepción” y el número 12 dice que “la familia es la célula básica de la sociedad” y hay que defenderla. ¿Por qué el énfasis en estos dos puntos? 

Ese es el ideario, una parte declarativa del partido. No hay ningún énfasis. Esa es la visión del partido. Es un partido que busca proteger la vida en todas sus formas.

 

¿Tú compartes esa visión?

Creo que hay que proteger la vida de las personas. ¿Me preguntas “señor Anderson, usted está de acuerdo con el aborto”?. Es una decisión de la mujer que tiene que estar dentro de los márgenes señalados por la ley. Yo no soy miembro del partido Podemos Perú, soy invitado, un técnico. El ideario está ahí porque es un requisito del Jurado Nacional de Elecciones y lo hemos transcrito tal cual.

 

¿Cómo concilias tu visión del mundo con la de Podemos Perú, que parece estar distante de ti en esta y varias otras cosas

¿Te refieres en materia económica?

 

Sí, también, por ejemplo. Porque la bancada se ha mostrado bastante populista con temas como [el retiro de aportes de] la ONP. 

Lo que pasa es que “populismo” es un adjetivo que requiere definición. Algunas de las cosas que ha propuesto Podemos Perú, sin haber tenido parte en ellas, a nivel personal las suscribo. En mis artículos [columnas de opinión], desde el 2006 vengo cuestionando a las AFP. No he encontrado en ninguna parte del mundo un negocio como el de la AFP. No tiene ningún riesgo asociado. El año pasado, con todo lo que ha pasado, las AFP han ganado ‘apenas’ S/414 millones. Un poquito menos, 17%, que el año anterior.

 

Cuando hay pérdidas, pierde el aportante y cuando hay ganancias, gana la AFP. Tenía mapeada esa opinión tuya y la comparto, pero no la de ir por la devolución total de los fondos de la AFP, como dijo Daniel Urresti, y la ONP. ¿Eso no es lo populista?

Devolución total de los fondos de las AFP para aquellas personas que no cotizan y no tienen posibilidad de tener una pensión razonable. Acuérdate que el ahorro previsional forzoso es la excepción. Hay pocos países en los que funciona como aquí. Hay infinidad de modos de generar ahorro previsional en diferentes partes del mundo. Desde compañías de seguro que te ofrecen pólizas de vida con función de ahorro, que cuando llegas a los 65 años tienes ahí un montón de plata como seguro de vida. Puedes recibir anual o te llevas toda la plata. Tú decides. Hay muchas otras opciones. Yo descreo de las AFP. ¿Soy populista por eso?

 

La devolución del dinero de la ONP, previsiblemente declarada inconstitucional, ¿no te parece populista?

Tampoco me parece populista, sino el reconocimiento de una realidad. El sistema de ONP ha sido desde siempre una estafa, como el Fonavi o cualquiera de esos arreglos en los que el Estado hace una promesa que después no va a cumplir. Ya sea porque se gasta la plata en otra cosa o porque la promesa viene con trampa. En un país como el Perú, en el que la condición para tener una pensión es que aportes 20 años, con 70% de informalidad, esa regla fue siempre incumplible para una tremenda mayoría. Que el mecanismo que han buscado sea inconstitucional, de acuerdo. Pero lo dice un Tribunal Constitucional que no está exento de manipulación política. Si lo dijera la Corte Suprema de Estados Unidos…

 

¿Este es un TC irresponsable en comparación al Congreso?

La mayoría de ellos [los magistrados] ya terminó hace rato su gestión [su mandato]. En el caso de la ONP hay una deuda moral, así como con el Fonavi, que el Estado tiene que saldar. ¿Ha sido declarado inconstitucional? Hay que respetar. Pero digamos que no me inclino súper respetuosamente ante los miembros del TC. Nada más.

 

Un gobierno de Podemos Perú, ¿qué enfoque tendría para el sistema previsional?

Tenemos reformas que apuntalan el concepto de formalidad. Hemos propuesto la idea de un RUC universal: que tú tengas la posibilidad de tener todos los derechos de una empresa formal. Lo vas a poder usar para dos cosas: como una billetera fiscal, que te permita pagar tributos, y para que, con cada compra que hagas y pidas factura, un pedacito vaya a una cuenta individual de ahorro previsional. ¿Dónde estaría esa cuenta? Gracias a dios, después de dos años, el gobierno ha aprobado la cuenta DNI del Banco de la Nación. Son tres patas: RUC, cuenta DNI e IGV para todos.

 

¿Y específicamente para el tema previsional?

Que la gente no piense que lo previsional es igual a la AFP. Queremos competencia: que las compañías de seguros vendan productos de ahorro previsional, que las ‘fintechs’ vengan a vender mini ahorro previsional. Esto existe hace rato en el mundo. Hoy tuve un almuerzo digital con un grupo de esos que manejan el Perú y ha sido como caminar sobre llamas hirvientes en el infierno. Están llenos de prejuicios. Entiendo que les llame la atención que alguien como yo esté apoyando a Daniel Urresti por la imagen pública que él tiene. Imagen que en parte se la ha ganado, pero que en parte es hechura de los medios. Yo lo he vivido. Durante seis días fui titular en Perú21, donde decían “presidente de Ceplan no tiene título”. No importaba la verdad, sino que el director de ese momento se sentía herido porque en una oportunidad le maté un negocio.

 

¿Quién era?

Juan José Garrido.

 

¿Qué negocio le mataste a Garrido* [descargos al final de la nota]?

Cuando estaba de director de prospectiva de Ceplan, él quería vender la idea de que se hiciera un outsourcing del desarrollo de los planes al 2030-2050. Claro, con ese mandato en la ONG que él tenía [Soluciones Empresariales contra la Pobreza] se volteaba y le pedía al Banco Mundial US$3 millones. Yo me opuse. Esas cosas te las cobran. Yo le puse un pare. Hablé con los Miro Quesada y, en su cara, les dije que era un irresponsable porque estaba tratando de matar mi reputación. A mí me ha costado. A diferencia de él, que es hijito de papá, todo lo que he estudiado yo me lo he pagado. Me pagué la Universidad del Pacífico con mi esfuerzo.

 

Proponen convertir el MEF en un Ministerio de Hacienda y crear un nuevo ministerio que se llame ‘de Economía, Industria y Comercio’. Aparte proponen convertir el Ministerio de Salud en el de Info-Salud. ¿Necesitamos más ministerios y cambios nominales como solución a los problemas del Estado?

No está planteado como solución a los problemas del Estado, sino como un elemento de la solución para la reforma del Estado. El MEF hasta ahora solo ha actuado como un Ministerio de Hacienda, con preocupación por la caja fiscal y como un impedimento para que se hagan actividades de fomento. ¿Alguna vez has escuchado a un ministro de Economía hablando de transformar la economía digital? El país necesita un ministerio que impulse la transformación económica del país. Un ministerio productivo. En salud, queremos que deje de ser un ‘ministerio de la enfermedad’ y pase a ser uno de la prevención. Queremos crear un hospital digital que tenga todas las especialidades y que se conecte con centros de telemedicina en las postas médicas.

 

¿No es eso una lista de deseos? El gobierno de PPK quiso hacer la revolución simplificadora, con buena parte de digitalización de trámites. Trajo a los ‘mejores especialistas’ y no tuvo éxito. ¿Por qué ustedes sí?

Hay mafias de consultores a morir.

 

¿Por eso proponen reducir inmediatamente en 50% el presupuesto de consultorías de todo el Estado?

Sí, yo sé que cualquier cosa que haya se puede reducir a la mitad y no pasa absolutamente nada.

 

¿Tú no has hecho consultorías para el Estado?

He hecho una consultoría para una entidad del Estado que fue prácticamente ad honorem. Yo pedí que lo fuera, pero me dijeron que no. Fue con el Banco de la Nación: los ayudé a que tuvieran grado de inversión. Normalmente, para moverme me tendrían que pagar US$10 mil, pero aquí cobré mucho menos. Hay consultorías necesarias.

 

Pasemos a la educación. Proponen crear la Universidad Digital del Bicentenario y el Lima Institute of Technology. Antes que nada, una tontería: ¿por qué no el Instituto de Tecnología de Lima?

Muy fácil, porque yo soy medio gringo como tú sabes… [ríe sarcásticamente]. Pero esa no es la respuesta. El MIT (Massachusetts Institute of Technology) se ha convertido en una marca. En todos los países donde ha habido un proceso de rápido crecimiento y desarrollo en los últimos 50 años se ha creado un símil del MIT. Normalmente se llaman en inglés. Ellos construyen todo el campus, crean programas de investigación y de transferencia tecnológica. Para el caso de la Universidad Digital, hoy cientos de miles de jóvenes que no tienen recursos y no entran a las universidades públicas porque ofrecen muy pocas vacantes terminan en las universidades chatarra, tipo Telesup, antes de que tú me lo preguntes. Nosotros creemos que eso tiene que acabar. La mejor forma de hacerlo es dándole a los jóvenes la posibilidad de tener educación de altísima calidad con una universidad como el Open University de Gran Bretaña.

 

¿Cómo Podemos Perú propone la creación de universidades, cuando es un partido creado a partir de una universidad que no se licenció?

Para comenzar, esto es un plan de gobierno para un gobierno nacional. Dos: estamos planteando la creación de una universidad pública, no la de una privada. Tercero: el señor Luna puede haber tenido o tener los intereses que quiera en materia educativa, pero eso no significa absolutamente nada a la hora de plantear lo que debe hacer un gobierno. Esto no es la extensión de los intereses privados.

 

¿No suenas un poco inocente? ¿Si Podemos llega al gobierno, crees que ‘Pepe’ Luna no se va a meter?

¿Por qué? ¿Porque él es el dueño del partido? ¿Quién es la dueña de Victoria Nacional? ¿Esa señora va a manejar el gobierno de [George] Forsyth? ¿Quién es el dueño del partido de Hernando De Soto? Un señor que ni me acuerdo cómo se llama. Aquí, el candidato presidencial es Daniel Urresti. Quienes estamos alrededor somos un grupo fuerte de profesionales que tenemos las cosas bien claras. Si esto se desvirtúa, me verás a mí el primerito diciéndolo. Yo no le debo nada ni le tengo temor a nadie.

 

¿No estás siendo usado para legitimar los intereses políticos de ‘Pepe’ Luna?

Tengo 60 años, mi estimado. No sé cuántos tienes tú. No es tan fácil que me usen como ‘tonto útil’. Lo segundo que te voy a decir es que de repente tú me conoces como una persona amable, intelectual, buena gente, pero yo he trabajado 23 años en Wall Street y en Londres. Las películas que has visto no son nada con la realidad. No quiero subestimar a la política, que es terrible, pero lo mismo es el mundo en el que yo me he movido. No hay amistades. Yo no tengo un solo amigo banquero.

 

¿Has hablado con ‘Pepe’ Luna sobre todo esto?

Mira, a ‘Pepe’ Luna lo he visto dos veces en mi vida. La segunda vez ha sido cuando ya se había presentado el plan. Él ni siquiera lo ha visto antes de [presentarlo]. Yo he controlado eso hasta el final. Después que lo presentamos, a los tres días, hubo una reunión en el partido. Me pidieron que le hablara a todos los candidatos del plan. Ahí lo vi y lo escuché [a Luna]. Un tipo bien articulado, sorprendente para mí. Buen orador. Entendí por qué tiene pasado aprista: todos tienen la misma forma de hablar, se peinan igual, se tiñen el cabello. Es muy elocuente. Me presentó. No tengo ni su número.

 

¿El proceso penal de Luna por la creación de Podemos Perú no te genera preocupación?

Hay algo que se llama la prevalencia de la realidad. Este partido está tan bien inscrito que ha participado en dos elecciones consecutivas, municipales y para el Congreso. Ha elegido congresistas que están en actividad y ahora está participando en un proceso electoral donde ha cumplido con todas las normas. Que en paralelo haya una investigación sobre él, son sus problemas de carácter personal. Y cuando uno se pone a mirarlo, es bien difícil demostrar las cosas que le están diciendo [imputando].

 

¿Cómo te contactó Urresti?

A Daniel lo conocí cuando era presidente de Ceplan y a él lo nombraron comisionado contra la minería ilegal. Llegó con su equipo y, en la sala de reuniones, empezó a mandar. Lo vi, me sonreí y le dije “señor Urresti, creo que usted se ha equivocado, en este cuartel mando yo”. Yo soy así. En junio [del 2020], me llamó un amigo que me dijo que Urresti quería hablar conmigo. Vino para mi departamento, se acordó de la anécdota y me dijo “quiero ser presidente del Perú, pero me parecería irresponsable hacerlo si no tengo un equipo técnico que me dé soporte. El partido es joven y no [tiene] los cuadros técnicos”. Le hice preguntas de carácter personal: ¿si aceptara, estaría trabajando con un asesino o un violador? Me dijo “definitivamente no” y me explicó todo el Caso Bustíos. Luego le dije que estaba dispuesto, pero bajo mis reglas. En primer lugar, que yo solo iba a trabajar con la gente que conocía. En el plan no ha habido ningún técnico de Podemos.

 

Para cerrar, te menciono algunos candidatos y dime en una frase muy cortita qué opinas de ellos. ¿Hernando De Soto?

Hombre de una sola idea.

 

¿George Forsyth?

Hombre sin ideas.

 

¿Keiko Fujimori?

Mejor que no tenga ideas.

 

¿Verónika Mendoza?

Ideas equivocadas. Buen corazón, pero ideas equivocadas.

 

¿Julio Guzmán?

Corazón de chancho. Quiere a todos, quiere todo, está bien con todos.

 

*Ante la mención de Anderson, como corresponde, Sudaca buscó los descargos de Juan José Garrido. El exdirector de Perú21 y El Comercio aseguró que habló con el expresidente del Ceplan Mariano Paz Soldán entre el 2011 y el 2012. Este le pidió que lo ayude con ciertos trabajos de planificación, pero Garrido asegura que le dijo que no tenía tiempo. En contraparte, le sugirió tercerizar el trabajo de prospectiva.

 

“Nunca hubo una propuesta formal, nada por escrito, quedó ahí”, afirma. Agregó que cuando la denuncia sobre los títulos de Anderson llegó a Perú21 decidió hablar con sus editores. “Les dije ‘conozco a este señor y no me cae bien, no quiero saber de este caso’”, asegura. “Había cursado estudios [en la Pacífico], pero los había terminado. Cierto es que luego estudió una maestría”, se reafirma sobre las denuncias.

 

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Carlos Anderson, Entrevista

El candidato morado asegura que las actuales encuestas cambiarán para las votaciones abril, defiende a su líder del escándalo del incendio, y llama ‘políticas floreras’ a Sigrid Bazán y Adriana Tudela.

¿Son ambiguos como partido? Por ejemplo, ¿no lo han sido sobre el cambio de Constitución?

Yo no veo ambigüedad, veo malinterpretación. Una cosa son los textos constitucionales y otra la Constitución viva, que se hace en la vida de la gente. En la Constitución del 93 no existe el derecho a la protesta, pero constitucionalmente lo tenemos, porque un Tribunal Constitucional lo hizo. Nosotros nunca hemos creído, ni hoy, que la razón de los problemas de salud o educación de la gente esté en la norma constitucional. No creo que ese sea el problema.

 

¿Por qué sí plantean hoy, entonces, una nueva Constitución?

Nosotros siempre hemos usado el concepto de una mejor Constitución, no de una nueva. Un nuevo texto constitucional, sí, pero una mejor Constitución. Recientemente ha vuelto el fantasma de los enemigos de la democracia. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora ganan elecciones. Cuando están en el poder, buscan las letras chiquitas para violentar al Estado y ponerlo a su favor. Te voy a dar ejemplos de afuera: Rusia, Putin. Dos, para que se lo digas a Tejada: Chávez en Venezuela. Tercer caso: Trump, en EEUU. En el Perú: Merino. Eso nos lleva a que tenemos que reformar la Constitución para quitarle esas letras chiquitas.

 

Entonces, ¿apostarían por una Asamblea Constituyente o no?

Queremos una mejor Constitución, una mejora de las instituciones constitucionales. Eso puede pasar por una reforma del texto constitucional o por un nuevo texto. Si nosotros ganamos el gobierno, vamos a crear una comisión conformada por tres entidades: la sociedad civil, los jóvenes bicentenarios y los expertos académicos constitucionales. Esta debe iniciar un proceso constitucional de dos años. La alternativa 1 es un referéndum, para lo que tienes que modificar el texto. La otra posibilidad es que haya una Asamblea Constituyente. Proponemos consultarle al país [mediante un primer referéndum] qué camino quiere seguir.

 

Hablaste de que se debe modificar el capítulo político. ¿Solo ese?

No, esa es la razón fundamental para sacar adelante el proceso de hacer una reforma constitucional: las razones de orden político. Pero eso no quiere decir que no le consultemos a la gente las mejoras en otras partes de la Constitución. Por ejemplo, tenemos que recoger todos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y volverlo contenido: el derecho a la protesta, los derechos informáticos, etc. Y la parte económica tiene que estar pensada en los siguientes términos: explicitar que la Constitución le dé libertades económicas a todos y no solo a algunos con privilegios.

 

¿Cómo?

Necesitamos que las libertades económicas de las personas eviten que una posición del mercado pueda dañar a un ciudadano consumidor. El TC en el caso del ‘medio pasaje’, además, dijo que el rol subsidiario del Estado funciona, pero que hay situaciones donde la solidaridad debe imponerse. ¿Cuáles? Situaciones como la pandemia, de catástrofe nacional, donde el Estado deba tener la posibilidad de hacer controles. En un caso de emergencia nacional tendríamos que apelar a una cláusula social.

 

¿Controles de precio?

Por ejemplo.

 

¿Lo pondrías en la Constitución?

Estamos hablando de situaciones extremas donde todo está deteriorado.

 

¿El Estado, entonces, debería poder controlar el precio de las medicinas en las clínicas o del oxígeno medicinal?

Antes de responderte como candidato morado, te respondo como abogado constitucionalista: en el marco de la Constitución actual eso era posible.

 

¿Entonces para qué hay que cambiarla?

Por eso, el gran cambio de la Constitución está en la parte política. En todo lo demás, lo que necesitamos hacer es traer al texto lo que ya se deduce de los fallos del TC.

 

¿Consideran que se debió imponer el uso público de los recursos de las clínicas privadas para enfrentar la pandemia?

Por supuesto, si estamos en una situación de calamidad nacional, ¿tú crees que no deberíamos usarlos?

 

La actual bancada morada se ha ganado un montón de enemigos en el Congreso y hoy no es capaz de hacer alianzas para impulsar normas con Podemos Perú, Acción Popular, APP, etc. ¿Cómo pasar leyes así, en un Congreso donde no eres mayoría?

Pero no lo creas. En la peor crisis de la República ellos mismos llamaron a la bancada morada para que uno de sus miembros sea presidente del país.

 

Acorralados porque el pueblo en las calles no iba a aceptar un gobierno de una bancada que había votado por la vacancia. 

Entonces, el pueblo nos tendrá que ayudar a acorralar a los congresistas en el futuro también. Por supuesto. Lo que te puedo decir es que la nueva bancada morada va a seguir la misma trayectoria de honestidad que esta. Si eso nos gana enemigos, pues está muy bien. Y si ellos sienten que sus intereses personales están por encima del país, es responsabilidad de ellos. Nosotros estamos haciendo las cosas bien.

 

Pero en el Congreso para poder pasar leyes, convertir iniciativas en realidad, necesitas tener alianzas. Eso porque parece, por las encuestas, que nadie va a tener una bancada mayoritaria. Ustedes incluidos. 

El Perú cambia tanto y tan rápido, que los pareceres de hoy son de hoy, no los del día de las elecciones. Aspiro a que la bancada morada sea mayoría en el Congreso. En el hipotético caso que no lo seamos, la historia ha demostrado que cuando tienes liderazgos buenos en el Congreso, puedes llegar a acuerdos concretos sobre determinadas cosas. Siempre y cuando seas claro ante las demás bancadas y tengas el respaldo de la población.

 

Se acusa a Julio Guzmán de ser un ‘veleta’. De no tener posiciones concretas sobre temas importantes. ¿No lo es?

No sé si esa sea la imagen que tiene la población. Es la imagen que tienen los opinólogos como tú sobre lo que dice la población. Eso para empezar. ¿Por qué dices que tiene mucha ambigüedad? Yo creo que Julio ha dicho las cosas correctas y ha seguido una línea sobre cómo pensamos en el partido.

 

Lo primero que se me ocurre: Julio Guzmán dijo que necesitamos créditos universitarios, en un esquema similar al de Chile o EEUU. ¿Sigue pensando así?

Para nosotros, la educación pública es un valor constitucional. Eso Julio Guzmán siempre lo ha dicho. Hemos dicho también que las personas deben tener la oportunidad de hacer sus propios proyectos de vida. Eso implica tu libertad para decidir el centro universitario en el cual vas a estar. ¿Cuál es el concepto que tomamos del caso chileno? Que las personas puedan tener acceso a mejores elementos de crédito para financiar las decisiones de sus proyectos de vida. ¿Por qué eso está mal? No lo veo.

 

Puede degenerar en un sistema universitario en el que todos los alumnos están endeudados y el mercado laboral no los absorbe. 

Tú lo has dicho bien: puede degenerar. Eso quiere decir que necesitas otros instrumentos. Si descuidas la educación pública, va a degenerar. Si descuidas los controles sobre esos tipos de créditos, va a degenerar. Si no logras un sistema económico que promocione el trabajo para estos profesionales, va a degenerar. Pero si me dices que esa medida ya de por sí degenera todo, eso linda con una obsesión ideológica. ¿Acaso Julio Guzmán ha dicho que sería exactamente como en Chile? Eso sería un absurdo. Nunca lo ha dicho.

 

Parece que Julio Guzmán ya asumió la imagen en la que sale corriendo de un supuesto incendio. Incluso ya lo tiene como lema de campaña: “yo corro con Julio”. Pero sus enemigos le siguen diciendo ‘el correlón’. ¿Esa imagen no muestra su real ser?

Hay errores en tu intervención. Primero, no hubo incendio. Lo dice el parte policial. Segundo, él no está dejando una persona en peligro. Como abogado, sé lo que significa dejar a una persona en exposición del peligro. No hay peligro. Tercero: ¿por qué se piensa que porque alguien sale corriendo está dirigiendo la voluntad de la otra persona? ¿No podríamos pensar que se pusieron de acuerdo? ¿La persona que se quedó es un inimputable, un niño? Estamos hablando de personas adultas. Y te digo algo más: Julio Guzmán ha pedido tres veces perdón por eso.

 

Si no hubo incendio ni expuso a nadie al peligro, ¿por qué pide perdón?

No pide perdón por eso, sino por lo que significó esa situación para las personas en su partido y en la Nación. Como diría un Papa: por haber suscitado escándalo. Julio Guzmán no ha robado, no ha promovido un golpe, no se ha llevado el dinero del Estado. Estamos viendo la paja en su ojo y no estamos viendo la viga en los demás. Solo dios y los idiotas no se equivocan. Nosotros no somos dios y creemos que no somos idiotas. Por ende, nos equivocamos. El problema no es que te equivoques, sino que no aprendas de tu error y enmiendes.

 

¿Por qué hay tantas personas blancas visibles en la campaña del Partido Morado, si esa proporción no es representativa del Perú? Susel Paredes, Patricia Gamarra, Rodolfo Pérez, etc, etc. 

Te lo pongo de otra manera: tú has visto mi color. Yo soy miembro del Comité Político desde su nacimiento. Puedes preguntar y verás que soy miembro destacado de la vida institucional del partido. No creo que el problema sea tu color de piel, sino los principios y valores que defiendes. No sabía que Susel era blanca, pero ella defiende y cree en valores en los que yo creo.

 

¿No te parece que la composición de los líderes del Partido Morado reproduce el privilegio que tienen un grupo de personas?

Dudo que ellos representen a una clase social distinta a la del pueblo emergente. Conozco sus historias. Ese es un prejuicio de clase que yo no comparto. ¿Se está reproduciendo un sistema de privilegios al interior del partido? Creo que no. Si así fuera, no apostaría por estar aquí. Por último: cuando te refieres a privilegios, quizás estás pensando en estatus. Soy profesor universitario, abogado tributarista, conferencista internacional. En términos de estatus, seguramente tengo más estatus que varios de ellos.

 

Eres conocido abogado tributarista. ¿Cómo tiene que ser la reforma tributaria que necesita este país?

Lo primero es una reforma en la administración y su relación con los ciudadanos. Cuando la administración tributaria empezó a luchar contra la evasión fiscal, trasladó ese costo a las empresas y a los ciudadanos. Ahora tienes deberes de colaboración, declaraciones, bla, bla. Eso ya no puede seguir. Debes hacerle más fácil la vida a la gente. Luego, a la Sunat la han metido a hacer cosas que no son de su competencia. ¿Sabías que hace control de insumos químicos? ¡La Sunat lucha contra la minería ilegal! El nivel intermedio está en cómo construir un régimen tributario más simple, que establezca una mayor justicia tributaria. Que los que tienen más, paguen más. El Impuesto a la Renta del trabajo paga más que el del capital. Hay que arreglar eso: una tasa única para todos. El tercer nivel es una mayor adecuación del Perú a la lucha contra la elusión de las multinacionales.

 

¿Qué opinas de un impuesto a la riqueza?

¿De qué hablan con eso, de un impuesto a los patrimonios? Hubo uno al patrimonio neto personal hasta el gobierno de Alan García. Hoy tenemos impuestos al patrimonio como el predial para los inmuebles, el vehicular y el de embarcaciones de recreo. Hay que optimizarlos. Hubo un tiempo en que para el impuesto predial se dijo que la base imponible sea el valor del mercado. Eso nunca se aceptó. Hoy día es un valor catastral pequeño. El impuesto a las embarcaciones pequeñas es un chiste. ¿Si potenciamos estos impuestos antes de pensar en un impuesto de patrimonio global?

 

¿No estás de acuerdo con la propuesta general de la izquierda de gravar el patrimonio neto de los ricos?

No puedes, en momentos de crisis, introducir discusiones de largo plazo que tengan que ver con razones ideológicas. Hoy día necesitamos sacar al país adelante. Eso significa mantener unidades [productivas] y trabajo. Después, discutámoslo. Pero no metamos eso a un momento de crisis con fines populistas: confundir a la gente y ganar votos. Este asunto es técnico. Cuando una norma se hace mal, con fines políticos, los únicos que ganan son los abogados que defienden a las empresas.

 

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, dijo que la Sunat le tiene miedo a cobrarle a las grandes empresas. ¿Coincides?

Le respondí a su tuit y le dije que estaba haciendo populismo, porque eso es mentira. No la conozco, no tengo porqué pensar mal de las personas, pero sí creo que no sabe nada de tributos. La Sunat ha enfrentado una lucha dura con las empresas privadas en el tema de la prescripción. ¿Acaso la Sunat no las aprieta? Si casi todos los grandes casos tributarios han sido ganados por la Sunat. Ese es un dicho para las ventanas. Esos son los políticos floreros.

 

Adriana Tudela, de Avanza País, dijo que estaba en contra de que la Sunat acceda a la información financiera de los contribuyentes que tienen más de cierta cifra en sus cuentas. ¿Te preocupa?

No me preocupa en lo más mínimo. La reté a esa señora, porque vi que estaba recolectando firmas. Otra florera. Puedo pasarme media hora explicándote por qué es una barbaridad lo que dice. Pero en corto: esa información está en un sistema de la Sunat al cual solo un grupo bajo ciertas circunstancias tiene acceso. Es un compromiso de la Sunat que ha sido homogeneizado a través de una serie de tests que la OCDE ha aprobado. ¿Te imaginas a un candidato a congresista en Estados Unidos diciéndole a la IRS que la información que está recibiendo de sus contribuyentes puede llegar a manos de los piratas? ¡El IRS le está mandando información a la Sunat! ¿Crees que lo va a hacer si supiera que la información va a ir a Wilson?

 

Una última pregunta. Tú eres migrante, de Huancayo. En la pandemia se ha visto a mucha gente pasándola muy mal, incluso buscando regresar a pie a sus ciudades de origen. ¿Qué le dirías a ese migrante?

No puedo decirle nada. Siento mucho su sufrimiento. Siento mucho que el Estado y la sociedad no hayamos podido ayudar a que esté mejor cubierto hoy día. Nada más. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento humano es una experiencia donde la razón no se expone. Simplemente se acompaña y se solidariza con el dolor. Más bien callo y espero que haya otro tiempo mejor para todos. Hay una palabra: compadecerse. Pero no es de “pobrecito”, sino padecer con el otro. “Com-padecer”. Y hay una frase bíblica que es muy profunda para mí y me ha servido en los momentos difíciles, personales. Es esta: mientras más oscura está la noche, más cerca está el amancecer.

 

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Dice que cree en un “Estado pitbull’ y argumenta que “si la izquierda quiere crear Estado-adictos, es su tema”. El jefe del plan de gobierno y candidato al Congreso de Fuerza Popular detalla, además, que su filosofía del ’emprendedurismo’ implica que los peruanos avancen solos, “por su cuenta y riesgo”.

¿El Perú que asumiría un eventual gobierno de Keiko Fujimori está en una situación más crítica que el que asumió su padre en 1990?

 

Creo que sí. Tenemos a lo económico, que quizás era tan crítico como ahora, pero también el tema de salud, con una precariedad total. Vamos a estar vacunados solo un tercio de la población, con suerte. Eso significa que dos tercios de tu economía tendrá que estar cojeando. Escucho a los otros políticos que, con un populismo simple, van diciendo "vamos a crear esto, hacer esto". No hay dinero, es así de simple. 

 

¿Cuánto de esa precariedad en salud se debe al gobierno de Alberto Fujimori, como aseguró el candidato de Juntos por el Perú, Sergio Tejada?

 

Esa es una falacia que he escuchado mucho. Leí la entrevista que le hicieron a Tejada [quien dijo a Sudaca que el ingreso del “mercado de la salud” frenó la posibilidad de ampliar el servicio público]. Es una grosera mentira que esconde la ineficiencia con la que hemos gobernado la salud. Lo mismo ocurre en educación. Si la gente no hubiese tenido la opción de atenderse en clínicas, hubiéramos copado aún más los precarios hospitales nacionales. Lo que hizo el gobierno de Fujimori es aliviar al Estado. Si tengo que atender a diez y dos deciden atenderse por su cuenta, [me] quedan ocho. ¡Debería dar gracias! Igual con las vacunas. Si alguien quiere vacunarse por su cuenta, en buena hora. Me está dejando un sitio libre y está dando plata por su vacuna.  

 

¿Un gobierno de Fuerza Popular promovería que los privados comercialicen la vacuna?

 

Mira, lo primero que haríamos es asegurar que se puedan vacunar todos. Lo que no puedes hacer es promover que exista un mercado cuando no tienes asegurado que llegue la vacuna a todos. Pero si ya las tengo aseguradas, por supuesto que debería abrirse [la venta privada de la vacuna]. Mientras más acceso haya a la vacuna, menos carga tendrá el Estado. Aquél que quiere vacunarse en una clínica súper privada, me está dejando pagado su sitio para otro. 

 

¿No se estaría creando allí a dos tipos de ciudadanos: el que puede pagar, que se vacuna cuando quiere, y el que no puede, que debe esperar al lento paso del Estado?

 

¿Cuál es el objetivo? ¿Mirar si hay ciudadanos de categoría 1, 2, o salvar vidas? Con una decisión así no creas categorías. Los ciudadanos ya tienen diferencias. Hay grandes inequidades que nos preocupan y que quisiéramos que no sean así. Pero las inequidades no las creamos en el momento en que vas a vacunar a alguien. 

 

Me hablaste de educación. ¿Crees que el sistema universitario con fines de lucro creado por Fujimori, que parió universidades como Alas Peruanas o Telesup fue bueno?

 

Tengo un pensamiento que comparto con Fuerza Popular: tú no tienes que decirle a nadie dónde puede escoger educarse ni cómo hacerlo. El que quiera ir y no sienta que es malo, que lo pague. ¿Qué debe preocuparnos? Si tuviésemos una universidad pública eficiente, la gente no escogería esas universidades. A mí no me gustan las universidades con fines de lucro, me parece que sus exoneraciones deben acabar rápidamente. Pero si alguien quiere llevar a su hijo a una universidad [con fines] de lucro buenísima, bien; y malísima, bien [también]. 

 

¿Así lo que vaya a escoger sea una estafa?

 

¿Quién va a decidir si es estafa o no? ¿El legislador, el Estado? ¿Somos más inteligentes que la gente para decirle "no compres ese que es Sublime y compra ese otro chocolate? Es una mentalidad que yo no tengo. A la gente déjenle escoger libremente. De repente hay gente que te dirá que la universidad nacional es una estafa.

 

¿En un eventual gobierno de Fuerza Popular se apoyará a la Sunedu, entonces?

 

Sí. Hemos tenido una capacitación hace poco con todos nuestros candidatos al Congreso. Les hemos dicho que a nosotros Sunedu nos parece una institución respetable, que debe mantenerse y que irá mejorando la calidad. Lo que hizo el gobierno de Fujimori es abrir la posibilidad de que pueda entrar el sector privado, que felizmente ha entrado. 

 

¿Pero cómo encajas la idea de que "el Estado no es más inteligente que el ciudadano para decirle dónde puede estudiar" con que la Sunedu haga exactamente eso: decidir que una universidad no es buena y cerrarla?

 

Lo que pasa allí es que son criterios mucho más específicos. No es una sola elección: escoger una universidad u otra. Sí hay formas de intervenir en el mercado y ver calidad. Es como si dijéramos que no queremos que exista Indecopi, Digesa, Digemid. Hacen las funciones de ese organismo [Sunedu]. 

 

Postulaste a la Cámara de Diputados en el 90 por la izquierda socialista. Después has estado como precandidato en Fuerza Social y ahora estás en Fuerza Popular. ¿Cómo te defines políticamente? Cuando hago esta pregunta, muchos candidatos me responden "no soy ni de izquierda, ni derecha, porque eso ya no aplica". 

 

Claro, esa es la clásica. Mira, cuando postulé por la izquierda socialista era un joven de izquierda. Milité ocho años de mi vida en el Partido Socialista Revolucionario (PSR), de lo cual no me arrepiento. Creo que tuve una excelente formación, por la cual tengo amigos que me duran hasta ahora. 

 

¿Qué líder de izquierda todavía es tu amigo, ahora que estás en Fuerza Popular?

 

Alfredo Filomeno, que fue mi secretario general, es mi amigo y mi consejero; Fernando Sánchez Albavera, que fue diputado; Enrique Bernales fue siempre mi maestro; el 'Chema' Salcedo. Luego hay mucha gente a la que respeté, como el general Leonidas Rodríguez Figueroa. Pero tengo un punto de quiebre: en el 90 me voy a Rusia [después de la caída del Muro de Berlín] y ahí veo la mentira. La veo, la experimento, me la dicen los dirigentes. Regreso y renuncio. Ahí acabé con mis ideas de izquierda. Nunca fui un marxista, era más bien socialista. Luego, poco a poco, voy entrando a conocer el mundo de las mypes. Digo: este es el mundo del futuro. El emprendimiento, no la gran empresa ni la corporación. De allí he ido gestando mi pensamiento. 

 

Diste una vuelta, realmente, de 180 grados. 

 

No fue tan así, ni tan rápido. Conservaba algunas ideas socialdemócratas en los noventa. Pero viendo lo que hacía el fujimorismo dije “acá está el tema [correcto]”. Las privatizaciones, etc. Luego me voy a lo que llamamos "el emprendedurismo", algo que para mí es una ideología con un pensamiento político, una ética, una forma de ver el mundo. Y es lo que comienzo a desarrollar. Tenía mi alianza de emprendedores, ANDE, y por eso me invitaron a Fuerza Social. 

 

¿No te sentías parte de la ideología que exhibía Fuerza Social?

 

No, y lo tenían claro. Ellos necesitaban a alguien que les diera un lado competitivo. Ganaron y no me invitaron ni a la juramentación. De ahí nos quedamos con la idea de hacer un movimiento político. En ese intento nos encontramos con Yehude [Simon], que nos dejó plantados, y luego con UPP, donde el acercamiento fue porque mi padre conocía a ‘Pepe’ Vega. Pero nunca he militado. Ahora sí quiero hacerlo [en Fuerza Popular], porque no soy una persona, como pareciera, que voy de un lado al otro. 

 

¿El gobierno de Alberto Fujimori fue dictatorial?

 

No. Si uno ha leído ciencia política, las definiciones del gobierno de Fujimori que dan politólogos no peruanos dicen que fue un gobierno de corte autoritario, pero no dictatorial. En una dictadura, no tienes congresistas de oposición, partidos de izquierda legitimados, prensa que te ataca. Que la compraste [a la prensa], etc… pero eso no es una dictadura. Políticamente hablando, es un gobierno autoritario, autocrático, pero los politólogos serios no lo califican como una dictadura. 

 

¿Tú cómo lo calificas? 

 

Como un gobierno que tuvo un corte autoritario. 

 

¿A qué exactamente se refieren con "un corte autoritario"?

 

Por ejemplo, a la disolución del Congreso. Eso es salirte de las reglas en un contexto complicadísimo, de mucha oposición, de boicot. Era un boicot muy parecido al que [Martín] Vizcarra alude para disolver el Congreso, también ilegalmente. 

 

Ya, pero Fujimori sacó tanques a la calle y los metió [también] a los medios. 

 

Bueno, eso serán formas. Vizcarra se tomó la foto con el Comando Conjunto [de las Fuerzas Armadas]. Claro, no ocupó la primera plana de la prensa. Habrá que preguntarnos en qué momento había más libertad de prensa. 

 

Compraron diarios. ¿Eso es cierto o es mentira?

 

Hay una condena sobre eso. Fujimori la ha aceptado [la condena fue anulada en el 2016 por una sala de la Corte Suprema presidida por Javier Villa Stein]. Fueron prácticas hechas por un funcionario del gobierno de Fujimori. No vamos a tapar el sol con un dedo, pues, sí fue una mala práctica. 

 

¿Sigues convencido de que fue una práctica montesinista y no fujimorista?

 

Sí. Siempre he tenido el convencimiento y la información de que hubo un lado fujimorista y otro montesinista oscuro. Que si se permitió o no, es otra cosa. Pero sí hay personas muy valiosas que estuvieron [en el gobierno de Alberto Fujimori]. Vamos a llamarle el lado bueno y el lado oscuro. 

 

¿El fujimorismo hoy, investigado por lavar aportes de Odebrecht, ya no tiene ese lado oscuro montesinista?

 

No, porque el lavado de Odebrecht es el [caso] que menos ha avanzado. Cuando el fiscal ya no tiene claro Odebrecht se va a los aportes de [Dionisio] Romero. Y el fujimorismo no ha gobernado. Si hubiese habido aportes, son a [una] campaña, [lo] que no estaba legislado. No es correcto, pero no creo que sea el equivalente al montesinismo, de ninguna manera. Hasta ahora el fiscal no acusa, han pasado cuatro años. Pérez no le ha podido mostrar nada a Keiko, está desesperado. ¿Cuál es la otra hipótesis? ¿Que acá hay toda una exageración, no?

 

El sobrino de Yoshiyama ha sido claro en que se lavaron aportes ilegales.

 

Cuando es lavado de activos, el origen de los fondos es ilegal. Por ejemplo, en el caso de Dionisio Romero no es lavado de activos. ¿Es un aporte irregular? Sí. ¿Era delito? No. 

 

Háblame de emprendedurismo. ¿Qué es para ti?

 

Emprender es avanzar por tu cuenta y riesgo. Significa que no tienes que esperar a que otros te ayuden. Desde el punto de vista moral, si valoras al otro, no puedes pedir ni que el Estado ni ningún otro se sacrifique por ti. Avanzarás por tu cuenta. Si te quieren ayudar, enhorabuena, pero no es moral que los demás se sacrifiquen por mi. Si te quito tus audífonos para dárselos a otro que no tiene, eso tampoco es moral. El emprendedurismo tiene una base: el intercambio de un valor por otro. Y no hay nada más digno que dar algo y recibir algo a cambio. La relación comercial no es perversa. 

 

¿Los ciudadanos de un país no tienen derecho, entonces, a un Estado que los asista, les sirva, en algunas cosas?

 

Los estados dicen que les dan esos derechos. Para mí, desde el punto de vista moral, uno debería avanzar [solo]. El Estado debería dejarme avanzar. El primer derecho que tengo es que no me pongan obstáculos. Con eso es suficiente para un emprendedor. En general, el pueblo peruano quiere eso: déjenos avanzar, solitos [nos] arreglamos. ¿Qué me tienes que dar? Dame seguridad, hermanito, para eso te pago. Dame educación. Y listo. 

 

¿Esa no es la causa de la enorme informalidad del país? La retórica de que cada uno ve cómo hace. El Estado por su lado y los ciudadanos por otro. 

 

No te estoy diciendo que el Estado por su lado. Si el Estado me diera seguridad, no me estaría estafando. Yo le daría mis recursos feliz, porque no temería salir con mi dinero y que un marca me meta un balazo. Feliz le doy recursos para educación, infraestructura. Es un contrato. Si le entrego mis recursos al Estado y este no hace lo que debe, ¿dónde se rompió el contrato? 

 

¿No se ha usado la retórica del 'emprendedor' para justificar la precariedad del pobre? Es decir, como no lo ayuda nadie, hay que aplaudirlo porque sale adelante solo. 

 

A mí me encanta que se diga eso. Primero, porque significa que el paradigma del emprendimiento ha avanzado. Segundo, porque significa que ha tocado fibras en quienes se oponen a que la gente avance por su cuenta. ¿Qué le debo decir, entonces, a la gente? No, no te esfuerces, no avances. ¿A tu hijo lo vas a criar así? "Hijo, no te esfuerces". ¿De cuando acá esforzarse, avanzar por tu cuenta, querer sacar a tus hijos adelante es malo? ¿De cuándo acá tener es malo?

 

Una acotación: para ti es fácil decirlo porque no has tenido el origen y las condiciones de precariedad que tiene un ‘emprendedor’ que sale de la pobreza, ¿no?

 

Mira, yo he pasado los últimos 15 años de mi vida entrevistando, conociendo y haciéndome amigo de gente que avanzó en la precariedad. De la nada. Que debió tener cero. Podrás decirme "son excepciones". Son ejemplos. Esos son los ejemplos que necesitamos, no el del que dice "necesito que me ayudes". Perdóname: de la precariedad se sale. Hay quienes nos quieren hacer creer que, para salir de la precariedad, de la pobreza y la miseria, necesitas que el político o el Estado te ayuden. Yo no lo creo. La gente tiene la capacidad para hacerlo. Obviamente, hay que emparejar un poco la cancha. 

 

¿Un Estado gobernado por Fuerza Popular no pensaría que debe ayudar a sus ciudadanos?

 

Yo no estoy diciendo que no ayude. Tú me estás diciendo "es fácil decirlo por la precariedad". No. Yo estoy diciendo que la gente tiene la capacidad para avanzar. ¿Qué tenemos que darles nosotros? Que no los asalten, que tenga luz y agua, una educación básica. 

 

El plan de gobierno de Fuerza Popular toma en cuenta varios programas sociales. Por ejemplo, habla de Qali Warma, que reemplazó al Pronaa. ¿Los programas sociales no vendrían a ser lo opuesto de lo que me estás hablando?

 

Mira, los programas [sociales] deben seguir existiendo. Yo te he hablado de mi ideal del mundo del emprendedurismo. Eso, obviamente, se tiene que matizar cuando estás en una organización, haces un plan de gobierno y vas a proponer cosas. ¿Qué pasa con los programas sociales? Normalmente no tienen el impulso adecuado para tener un gran efecto, son mal administrados, comienzan a tener gastos corrientes [salarios] y terminan siendo burocracia. Programas hay que tener, pero hay que cambiarles el enfoque. Hay que buscar que ahorren, darles plazos y que tengan un enfoque de resultados. Y que puedan ejecutarse de manera rápida. Los programas [sociales] en el gobierno de Fujimori tuvieron esa característica: resultados rápidos.

 

Otro programas, como el del control de la natalidad, las esterilizaciones forzadas, no fueron tan buenos, ¿no? Hay programas y programas. 

 

Que un programa haya tenido una mala práctica, que también se ha reconocido… Es como que te dijera que en Cuna Más se intoxicaron. Sí pues, hay malas prácticas, pero eso no desnaturaliza el programa. 

 

¿Cuál es el 'paquetazo' que un gobierno fujimorista tendría que dar para el Rescate 2021 [así se llama el plan de gobierno] del Perú? Medidas urgentes. 

 

Antes quisiera decirte esto: nosotros no creemos que el Estado deba desaparecer. Creemos en un Estado fuerte, pero más pequeño. Yo creo en un Estado pitbull. ¿Medidas rápidas? Creemos en un empuje rapidísimo del empleo. Empleo, empleo, empleo. ¿Por qué? Cuando hay empleo, hay ingreso. Y cuando hay ingreso, hay consumo. Esa es la fórmula. ¿Cómo creamos empleo masivo rápidamente? Con muchas, muchísimas pequeñas obras. 

 

¿Obra pública?

 

Muchas pequeñas obras públicas, rápidas. 

 

Me estás hablando de un esquema keynesiano. 

 

Exactamente. En este momento, tenemos que tener un esquema más keynesiano. Uno como el del New Deal. Es la única manera de salir ahora. Salvo que quieras emitir. No podemos emitir. ¿Qué hay que hacer? Mucha obra pública, pequeña, rápida, administrada bajo sistemas público-privados, dirigida sobre todo a la sierra y a las áreas marginales. El fujimorismo ya lo hizo. 

 

¿Mucha obra pública a pequeña escala es compatible con un Estado más chico, un Estado pitbull?

 

No lo tiene que hacer el Estado, sí hay que centralizarlo. Nosotros no le daríamos dinero a los municipios para que reactiven la economía. Necesitas crear entidades desde las que se construya mucha obra pública, rápido. Eso no es un modelo súper liberal, es parecido al keynesiano, pero es lo que necesitamos ahora. Por lo menos, dos años. Una vez que tengamos el empleo, pasaremos a las segundas reformas que necesita nuestra economía: profundizar en la reforma del sistema financiero, el sistema de pensiones, laboral, tributario. Pero no puedes hacer nada de eso si el paciente se te muere ahora. Lo otro urgente es la salud. Hay que perseguir al virus con pruebas moleculares. No entiendo cómo Sagasti mantiene a Pilar Mazzetti con la misma política de Vizcarra. 

 

¿Tú no hubieras dictado la cuarentena?

 

En un gobierno nuestro no nos hubiese sorprendido la cuarentena como nos sorprendió. Dicen "todos podemos ser generales después de la batalla". No, Ernesto Bustamante lo dijo. Desde febrero debimos comprar las pruebas [moleculares]. Obviamente, en ese pellejo, cuando me doy cuenta que mi ministra no ha hecho nada, lo único que queda es cerrar. No hubiese hecho una cuarentena tan estricta. 

 

¿Y ahora, hubieses vuelto a dictar cuarentena, como Sagasti?

 

Si hubiese estado en el pellejo de él, sí. Esta es la circunstancia que le ha tocado a Sagasti. Keiko ha dicho "no nos podemos poner en contra de lo que está haciendo el presidente". Este es el momento en el que hay que tener unión. No podemos decir “que abran los negocios”. Eso es demagógico e irresponsable. Después nos juzgaremos. 

 

¿Haces, entonces, un mea culpa por el actuar del fujimorismo en el Congreso disuelto, obstruyendo al gobierno?

 

Sí, por supuesto. Además, lo hemos conversado. Hubo un obstruccionismo. Creo que en algunos casos se exagera la foto. La oposición es así en cualquier lado del mundo. Los ingleses le llaman "la leal oposición". Pero hay que entender algunas cosas: Keiko estuvo en prisión buena parte. Y cuando tú no puedes comunicarte con tu bancada, no puedes controlarla. Pero sí se salió, como dice Lucho Galarreta, con un cuchillo entre los dientes. Eso no estuvo bien. Igual, a todos los gabinetes se les dio la confianza. 

 

Cayó el Gabinete Zavala después de que se le negó una cuestión de confianza. 

 

Bueno, cayó después, pero se les dio [inicialmente]. Cuando tú eres un obstruccionista, ni siquiera les das la confianza. Vamos a ver la película correcta. . 

 

¿Acaso Keiko no tenía ganas de molestar al Ejecutivo?

 

Mira, yo te contesto sinceramente: no he hablado a ese nivel. Sí creo que hubo un fastidio. Cuando pierdes por 40 mil votos y sabes de qué cojea tu rival… A ti te están diciendo que eres el corrupto y sabes que el otro es el lobbista. Puedes tener un fastidio que no creo que pueda ser justificable, sino la razón para comprender. 

 

Tú, que has estado en la izquierda, ¿podrías dialogar con Juntos por el Perú?

 

Ayer Keiko en una convención de candidatos dijo "no estamos para enfrentarnos". No son nuestros enemigos, sino nuestros adversarios ahora. Si ves nuestro actuar, en general, la descalificación no viene de nosotros. Por lo menos, inicialmente. Cuando te vienen con el golpeo, de repente alguien sale con el ‘terruqueo’. Pero no es nuestro ánimo. Cuando comenzamos a trabajar lineamientos de campaña, Keiko dijo "vamos a delimitar: hay una izquierda con la que se puede conversar, una izquierda democrática, conversable, amiga, con la que hemos tenido buenas relaciones". 

 

¿Cuál es esa izquierda?

 

No habla de un sector, sino de personas. Ella citó a varias personas, a las que no voy a citar. Creo que Keiko no divide el mundo entre izquierda y derecha. Menos después de haber estado en prisión. 

 

Si ustedes pasan a segunda vuelta con Verónika Mendoza, ¿puedes asegurar que no van a ‘terruquear’ a Juntos por el Perú?

 

Mira, no creo que lo necesitemos. Va a ser mucho más fácil el contraste con una posición que no entiende de economía. No los sentimos ‘terrucos’. Nosotros nos hemos enfrentado al terrorismo, sabemos qué es, dónde se esconde. Una izquierda confundida no es terrorista. Es confundida, nada más.

 

¿Por qué dices que no entienden de economía?

 

Porque si tuvieran idea sobre el tema económico, se darían cuenta de que no hay recursos. Si tú dices que lo que hay que hacer es dar bonos y bonos y bonos, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De la emisión? Ya lo comenzaron a insinuar. Eso es no entender la economía, olvidarse lo que nos pasó. Nosotros queremos empleo formal y productivo. A la gente no tienes que regalarle el dinero, porque no lo quiere. La gente en el Perú tiene la capacidad de hacer cosas. 

 

Si le preguntas a un vendedor ambulante si quiere un bono, ¿diría que no?

 

Creo que si le preguntas a una persona si quiere que le des capital para que compre más cosas y pueda trabajar y crecer, te va a decir que eso quiere antes que le regales el dinero. Eso es lo que les hace sentir bien, les da orgullo. Si la izquierda quiere crear Estado-adictos, es su tema. 

 

En el 2016 dijiste "qué bueno que Julio Guzmán salió del closet". ¿Estás a favor del matrimonio igualitario o no?

 

Se me acusó de homofóbico porque usé palabras, de repente mal empleadas en ese momento. Lo dije porque él había revelado que su esposa era la que le paraba la olla. Lo dije con esas palabras, pero no porque haya pensado que [Julio Guzmán] sea [homosexual] o no. Ni me va ni me viene. Soy absolutamente respetuoso de las opciones sexuales. Lo que la gente haga con su cuerpo es su tema. En Fuerza Popular estamos en contra de toda forma de discriminación y lo tenemos en nuestro decálogo. Inclusive, de la discriminación política que muchas veces nosotros sufrimos. Hay gente que te dice "tú eres homofóbico" y es "fujifóbica". Entre una y otra cosa, es lo mismo. Denigras a la persona o porque piensa de alguna manera, porque se siente de una manera, o porque se viste de una manera. 

 

¿Es realmente lo mismo? ¿La aversión política frente es igual a la discriminación por opción sexual?

 

Tú tendrías que preguntarle eso a quien recibe esa ofensa. No somos nosotros los que podemos contestar si es lo mismo. Respondiendo concretamente: en el plan de gobierno de Fuerza Popular hemos abierto el espacio para la discusión de los temas LGTB. Lo estamos poniendo así, es la primera vez. Creemos que el matrimonio es una institución, diferente a una unión patrimonial. No hay una posición más hacia allá. Yo respeto esa posición y es la que tenemos oficialmente. 

 

Fidel Ramírez denunció y hostigó a tu padre [Nano es hijo de Roger Guerra-García, excongresista que combatió la creación de universidades ‘garage’ desde la antigua CONAFU, casi en solitario]. El sobrino de Fidel Ramírez, Joaquín, fue secretario general de Fuerza Popular. Los Ramírez han estado bien metidos en el partido. ¿Cómo concilias eso?

 

Yo no lo tenía así de claro. Sin embargo, creo que las enemistades, las discrepancias, no se heredan. Yo defenderé siempre la labor de mi padre. La canallada se puede aprender, pero no se hereda. 

 

¿Keiko ha heredado de su padre el afán autoritario del que me hablabas que caracterizó a su primer gobierno?

 

Mira, si algo le admiro a Keiko, es que es una persona muy cuidadosa en las formas con la gente. Muy cuidadosa. Si te llama, te va a preguntar "¿te estoy interrumpiendo?". Siempre que puede te va a pedir disculpas. Siempre se está preocupando por los otros. Eso no sé si lo sacó del papá, de la mamá, pero es una virtud que aprecio.

 

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