Recuerdo cuando hace pocos años atrás mostrábamos preocupación por la banalidad de las actividades del gobierno de Vizcarra proyectadas para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. El asunto sobre esa conmemoración llegó a mayores cuando el año pasado irrumpe la pandemia y con la restricción social se tira abajo muchos más de los actos planificados. Pero eso no fue todo, pues su sentido se trastoca nuevamente cuando tras la vacancia de la Presidencia de la República y el golpe del congresista Manuel Merino, se le otorga un nuevo significado: doscientos años de sometimiento y explotación negados por el exitoso modelo neoliberal, quedan develados ante la envergadura de nuestras profundas carencias en salud, la pérdida de un año de educación regular y la exposición de los puntos más débiles de nuestra institucionalidad democrática. Es entonces cuando el emblema del bicentenario pasan a encarnarlo las vidas de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sacrificadas durante la lucha en las calles contra la descontrolada represión policial, otorgándole con el nombre “Generación bicentenario” un homenaje a los jóvenes que con su fuerza consiguieron un gobierno transitorio que convoca a elecciones presidenciales y de pronto…

Debido a que nuestro sistema democrático permite postular hasta a una candidata en plena investigación judicial por dirigir una presunta organización criminal de lavado de activos; ante el desconcierto nacional, pasan a la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y un recordado y sorprendente líder sindical, profesor de escuela rural de educación primaria, llamado Pedro Castillo que postula invitado por un partido cuyo líder se encuentra también acusado de corrupción. Lentamente, Castillo deslinda sus vínculos con el fundador del partido marxista leninista que lo albergó, cambia su postura sobre el enfoque de género y da forma a un equipo técnico, con claro esfuerzo porque quedara conformado con una notoria mayoría de intelectuales y científicos regionales y con el menor número de capitalinos posible.

Keiko y los sectores socioeconómicos A y B de las principales ciudades de la costa peruana, entre ellas la más desproporcionadamente poblada Lima, declararon cerrar filas contra el comunismo. Pero en realidad, cerraron filas contra los campesinos, con un racismo y un clasismo quizá sólo vistos hasta cuando los terratenientes pudieron mantenerlos analfabetos en las décadas de 1950 y 1960, aquellas del “desborde popular”.

Esa es la razón por la que el triunfo de Pedro Castillo no simboliza una división para el país, sino la primera integración real, radical y democrática de las hijas, de los hijos de los campesinos analfabetos que pudieron atender a la escuela por primera vez en sus familias. Y ya su esposa se ha encargado de contarnos cómo fue que se conocieron en sus aulas, en su patio, en ese espacio que Castillo supo reconocer y valorar desde niño como un medio de transformación.

Keiko Fujimori y el sector que la respalda (encabezado por el marqués Mario Vargas Llosa, defensor “porque sí” del sistema liberal) insisten en que Castillo sí lo divide, pues encabeza a los “resentidos sociales” o “ignorantes” que han sido capaces de realizar un “fraude” organizado a nivel nacional. La prueba principal para exigir la nulidad de las actas se basa en considerar que las firmas no totalmente similares al DNI son falsas, única explicación que justifica que pueblos rurales enteros hayan votado por Castillo.

Al resto del Perú no le queda la menor duda que la razón por la que acusa sin verdaderas pruebas es porque falta poco para retornar a la prisión preventiva el próximo lunes 21 de junio y porque luego será condenada a treinta años de prisión por los delitos cometidos. Pero lo interesante es que sus seguidores, quienes repiten todo lo que ella denuncia de manera obcecada, parecen perpetuar un juego especular en el que ella proyecta sus delitos y culpas en sus opositores. Ella se declara protectora de la libertad y la democracia cuando niega los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, amenaza al Jurado Nacional de Elecciones y sus aliados políticos piden golpe de estado. Sus seguidores gritan portando antorchas que se respete su voto, pero ellos insisten en que el voto de los pobladores rurales es falso. De ser así, si todo aquello de lo que son culpables lo proyectan, ¿quiénes están sintiendo el “resentimiento social” al que se refieren? La población que ha venido hasta Lima para velar por su voto, para defenderse de la cárcel que la imputación de firma falsa implica como castigo, solo ha compartido, desde que ha llegado a la capital, solidaridad, sonrisas y alegrías durante las marchas. Una esperanza y una unión nunca antes vista. Si de rencor se trata, entonces, que aprendan a darse cuenta de que puede estar dentro de quien lo acusa, que quizá sea esa rabia que da ver que el poder que se ejercía sometiendo y despreciando a quienes no hablan su castellano, comen o se visten como ellos, es la patética furia que ya llegó la hora de apagar, pues llegó el tiempo, doscientos años después, para que los igual de verdaderos y merecidos dueños de nuestra tierra se encarguen de nuestro gobierno.

15 de junio de 2021

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corrupción, Fraude, Generación bicentenario

Que la corrupción siempre ha existido en el Perú, eso es indiscutible. Un país que desde la colonia siempre ha vivido del extractivismo y la exportación, ha tenido que aprender de buena o mala manera a lo largo de sus dos siglos de república, a combatirla y rebajarla lo que fuera posible. Sin duda, si las prácticas de abuso y corrupción como las del siglo XIX (cuando antes y después de la guerra del Pacífico un puñado de familias peruanas y extranjeras se repartió tierras, ganado y minas con todo y población para enriquecer sus bolsillos) siguieran vigentes hoy en día, seríamos un serio motivo de preocupación internacional. Sin embargo, aunque los criterios éticos mundiales contemporáneos de buen gobierno y nuestra dolorosa lucha interna por los derechos humanos se han encargado de ir cerrando el paso a los descalabros de angurria política que busca regresar a aquellos tiempos de leyes con apellidos, las actuales cabezas de redes de clientelaje regional, agroexportación, minería, y narcotráfico han encontrado una vía inesperada que nos ha resultado terriblemente amenazante: han descubierto que pueden perpetuarse en el Congreso y en el Poder Judicial mediante una simple reforma constitucional que les permita perpetuarse en su curul.

 

Esa potestad que tenían los congresistas de poder reelegirse indefinidamente gracias a la Constitución de 1993, las peruanas y los peruanos la habíamos logrado eliminar con el referéndum del año 2018. Como en el referéndum también se planteó la bicameralidad, quisieron los congresistas dárselas de criollos y utilizar esta otra reforma solicitada como un recurso para que el Poder Ejecutivo no pudiera disolver el Congreso tras haber negado la confianza a dos gabinetes ministeriales. Su jugarreta consistió en poner en el proyecto que, si tanto la cámara de Senado como la de Diputados se oponía a esta decisión, esta orden de disolver quedaba anulada. ¡Así de simple! No nos quedó más remedio que tener que abandonar la bicameralidad para que no la utilizaran a su favor. Pero no les dimos el gusto.

 

Ahora bien, sin rendirse, y sacando provecho de la circunstancia electoral presidencial que en estas últimas semanas ha copado nuestra preocupación, y escondiéndose detrás de la campaña acordada por los propietarios de los principales medios de comunicación para no hablar de otra cosa que no sea la que provoque el miedo al comunismo, la mayoría del Congreso, de manera aún más burda, nuevamente ha conseguido cómo cambiar la Constitución para recuperar su posibilidad de reelegirse. Incansables, sabiendo estos congresistas que con una sola legislatura ya no podían modificar nada, porque los cambios a la Constitución solo pueden darse si consiguen la votación favorable en dos legislaturas ordinarias consecutivas o la aprobación en una legislatura y la ratificación en un referéndum, de pronto, de manera tan sorprendente como desconcertante, ¡aprobaron dividir la última legislatura en dos! Aunque usted no lo crea, como en un truco de sombrero o en un momento irónico de Lewis Carroll, consiguieron las dos legislaturas necesarias. El plazo entre la primera y la segunda, la que permite discutir sus propuestas de reformas antes de que cesen sus funciones, durará solo un mes. Un mes tendrán para aprobar la bicameralidad, de tal manera que pasar del cargo de senador a diputado y viceversa, elimine el impedimento para conseguir la reelección indefinida perfecta.

 

Como bien les señaló la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, puede que sea legal, pero indudablemente, no haberse inventado la posibilidad de crear una legislatura de esa manera no puede ser legítima. De decretarse esta reelección, los congresistas de las 10 bancadas del parlamento que entrará en funciones el 28 de junio (6 de las cuales están vinculadas a Fuerza Popular y otras agrupaciones con congresistas investigados por corrupción) podrán reelegirse una y otra y otra vez. Lo ha leído correctamente. Y si además, usted no vota por la candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República (ya se lo deben haber dicho por la televisión o la radio). perderá su canon familiar y se hundirá en la peor miseria comunista.

 

¿Hasta dónde podrán llegar los engaños y cortinas de humo de las cabezas de las redes de corrupción nacional? Quizá ya deberíamos ser un serio motivo de preocupación internacional.

 

1 de junio de 2021

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Congreso, corrupción, Perú

La polarización política en la que nos ha sumido la pandemia, nuestro pasado cercano y la reacción electoral propia de la segunda vuelta parece haber sacado a la luz que buena parte de nuestra sociedad está regida por una despectiva y egoísta actitud que busca controlar todo lo distinto que le conviene tener sometido: el idioma que no habla, el cuerpo ajeno, la mano de obra civil y rural.

El discurso de Pedro Castillo parece concretizar el anhelo del resto de nuestra sociedad, (aquella que no tiene casi nada de buena parte) que está decidida a alterar ese orden, a transformarlo, así sea mediante una vieja y moderada ilusión planificadora y estatista. Sin embargo, no basta el simple hecho que plantee cambiar las cosas, sino que resucita un recuerdo: el intento ni capitalista ni comunista del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de 1968, que quiso hacer del Estado un medio ya no al servicio de la oligarquía peruana, sino uno de liberación y desarrollo de cerca de la mitad de peruanas y peruanos sometidos a niveles de vida denigrantes. Y que para ello, tuvo que tomar Palacio de Gobierno, cerrar el Congreso de la República y legislar por decreto durante seis años.

En este marco, dos aspectos son capitales para comprender el temor implicado en ese recuerdo: uno, que el ensayo de que el Estado se hiciera cargo de los medios de producción derivó en el enorme crecimiento de la deuda externa y en el también desafiante crecimiento de una burocracia corrupta e ineficaz en las empresas estatales, y dos, que las hijas, los hijos de aquella población que hablaba otro idioma, que vive y trabaja en las zonas del país “a la espalda” de Lima, que sufrió el terrorismo de Sendero y del Estado, pues gracias a la escuela y la democracia, tiene este año por primera vez una opción institucional para ponerle un freno a ese sistema de sometimiento reflejado con absoluta claridad en el impacto del virus en las familias que apenas si pueden acceder a la mascarilla y que han visto mermado su acceso a la educación.

El riesgo principal de este temor es que al tener que defender un orden injusto sólo puede reaccionar de manera autoritaria y amenazante. Y aquí el discurso de Keiko Fujimori y la reapropiación de los medios de comunicación y publicidad masiva son el hito de una imposición violenta en tanto nos limita el acceso a la información necesaria justamente para poder disipar el miedo, alimentado por paneles y campañas disfrazadas de patriotismo. En este caso, el recuerdo asociado a la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000) es el de tantos actos escalofriantes que nos remiten no a un temor económico sino a uno más básico de supervivencia, ese que surge cuando los cuerpos de miles de mujeres sufren la intervención quirúrgica forzada para esterilizarlas y truncar sus vidas, cuando la persecución y la desaparición de quienes denunciaban las atrocidades del gobierno era cosa de todos los días, y cuando la muerte y desaparición indiscriminada provenía también del Estado durante la guerra contra Sendero.

Es muy difícil que Perú, en un marco democrático, pueda ser como Venezuela. No sólo porque se necesitaría de un respaldo militar hoy inconcebible en nuestro país, sino porque nuestra economía no depende de un solo producto de exportación, que, por cierto, es la razón de fondo de la crisis que el país caribeño vive actualmente. Pero es muy sencillo, con camiseta de fútbol, reactivar una mafia de corrupción y un sistema amenazante de muerte y desaparición. Los indicios surgen en la impávida negación de las esterilizaciones forzadas al punto de haber intervenido y falseado la información sobre Giulia Tamayo en Wikipedia, son indiscutibles en las amenazas y despidos a periodistas, en el control de la información en casi todos los medios. Pero como se cantó en las calles el año 2000, con la marcha de este sábado quedará en claro que para la mitad y más de peruanas y peruanos, aquí y allá, el miedo se acabó.

19 de mayo de 2021

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Elecciones 2021, Pedro Castillo, Polarización

Esta vez la pobreza peruana no necesitó de un grupo de élite militar que diera un golpe de estado a la élite económica que la causaba. Tampoco tuvo necesidad de que un grupo de católicos comprometidos hablara por ella. La pobreza cobró vida doscientos años después de fundada la República y se encarnó en personas con mayoría de edad, capaces de elegir a un candidato presidencial que ha llevado sus reclamos hasta el gobierno con la ilusión que los resuelva. Un candidato y un partido que no son de Lima.

Cuando se promulgó la Ley orgánica de Gobiernos Regionales el 19 de noviembre de 2002 se aceptó, tras varios intentos fallidos de integración departamental, que cada departamento establecido en la Constitución de 1979 tuviera su propio gobierno regional, menos la capital, la ciudad de Lima (y luego dicen que no hay discriminación). Desde ese momento las elecciones regionales fueron provocando una crisis en los partidos nacionales que ya en la década de 1990 habían sufrido una desideologización severa. En las primeras elecciones regionales del 2002 se impuso el APRA como el principal partido de oposición a Perú Posible, el partido del entonces presidente Alejandro Toledo. Pero en las siguientes elecciones del año 2006 la mayoría de los gobiernos regionales fueron a manos de movimientos políticos locales en lugar de ir a partidos nacionales. El APRA, que ganó las elecciones presidenciales, sólo logró ganar en dos departamentos y los demás partidos nacionales aún menos. Se produjo entonces una escisión entre los partidos nacionales, todos con sede principal en Lima y los movimientos políticos locales, de tal manera que los nacionales lideraban las elecciones presidenciales, y los locales, las regionales. Mientras tanto, el Congreso se mantuvo como un lugar de confluencia de gobernantes regionales o alcaldes provinciales que al culminar sus periodos se integraban a las listas de candidatos al congreso que albergaban los partidos nacionales. En este proceso de democratización y desarrollo político de movimientos locales la fragilidad de su permanencia en el tiempo y el clientelismo han sido rasgos característicos debido a que los cargos públicos en muchas ocasiones son la principal fuente de ingresos para un sector de la población, sobre todo en zonas de difícil acceso. En ese marco, el Movimiento Político Regional Perú Libre fundado en Junín el año 2007, da origen a un Partido Político Nacional que hasta el año 2016 simplemente se retira en las elecciones presidenciales. De ahí que se pueda deducir que ha sido el candidato Pedro Castillo y no el fundador del partido, acusado de corrupción, quien ha logrado atraer la votación del 40% de votantes regionales.

Más allá de que concordemos o no con los reclamos y soluciones de los que nos habla el candidato Castillo en sus discursos, estamos viviendo un momento particular en nuestra historia. En esta ocasión no es un migrante que viene del campo a la ciudad para poder sobrevivir huyendo del hacendado, tampoco es un senderista que viene del campo a la ciudad para imponer su justicia de terror: nos encontramos ante un dirigente político que tuvo el poder de derrocar a la ministra de Educación y que ha conseguido que la población más pobre del país se sienta representada por su discurso. El discurso del SUTEP es sumamente criticado. Se considera que su orientación ideológica prioriza lo salarial y la estabilidad laboral al aumento de calidad en la enseñanza, pero en una crisis como en la que nos encontramos, ¿cómo no va a representar al más pobre el defensor de la protesta, del salario y de la estabilidad laboral? ¿No es acaso lo más deseado por sus votantes?

El Perú es un país que cumple doscientos años de ser gobernado por alguna élite costeña que siempre se ha enriquecido gracias al trabajo mal remunerado o alguna forma de enganche. Nos acostumbraron a vivir pensando en que algo nos chorrearía. Pues resulta que doscientos años demoró la democracia peruana en conseguir que la mayoría decida. Si la mayoría del país está signada por la pobreza y desde ahí toma sus decisiones, aceptemos la responsabilidad de haber tenido la educación como parte de un sistema que buscaba la conveniente sostenibilidad de la ignorancia y por favor, como limeños, dejemos de lanzar aullidos de miedo, abstengámonos de imponer nuestras recetas y propuestas políticas al candidato. Tiene todo el derecho a decidir a quiénes se acercará para conformar el equipo que pueda realizar sus ideas lo más cercano que pueda a como él las ha imaginado para el país y para la población que representa. Nuestra tarea consistirá en defender, nuestros derechos, nuestras instituciones democráticas y el equilibrio de poderes si sus propuestas son injustas, autoritarias o ineficaces. Demos un salto de madurez política. Las peruanas, los peruanos más pobres ya no creen en promesas de 3,000 colegios. Han conseguido llevar su demanda laboral, y desconfianza en la corrupción y el extractivismo hasta la presidencia. Les queda ahora asumir su responsabilidad al respecto. Llegó la hora de que nos tratemos como iguales.

5 de mayo de 2021

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Elecciones 2021, Gobierno, Perú Libre

El extremismo de los resultados electorales ha despertado un gran temor al tener que escoger entre la líder de una de las organizaciones de mafia y corrupción más consolidada del país, y un dirigente sindical que promete un socialismo estatista. El temor a ambas propuestas (y a sus coincidencias) se ha manifestado a través de un conjunto de acusaciones entre los votantes según el extremo que consideran “el mal menor” como lo llamó Mario Vargas Llosa: que si se es delincuente, terruco, clasista, racista, ignorante, fanático, paternalista, vengativo, resentido, etc.

 

La pregunta de por qué la población peruana se ha descubierto en medio de estos extremos es muy obvia: al ladrón se le perdona cuando hace obra y al ladrón que roba al ladrón, se le deben muchos años de perdón. Keiko Fujimori, de liberar a su padre y gobernar con él, tendrá la mano dura necesaria, como en la década del 90 la tuvo Alberto, para “librarnos de la pobreza y el terrorismo”, sin importar (o todo lo contrario) la inversión en clientelajes y en las tajadas correspondientes a las grandes decisiones estatales. A la otra orilla, las estatizaciones y redistribución de la riqueza a través del Estado que propone tan simplificadamente Pedro Castillo pueden llevar a desbancar al país, pero estarán muy cerca de cumplir con la justicia popular reclamada por los pobres.

 

La pobreza es entonces la causa principal y ninguna otra la que nos ha llevado a este enfrentamiento. De acuerdo con el último Reporte técnico de Unicef sobre el impacto del COVID-19 en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú (2021), la población más afectada es la que se encuentra en la sierra rural, con un incremento de la pobreza al 44.5% y en la selva rural, con un incremento durante este periodo a 51.5%. Si comparamos con el 2019 la pobreza rural ha crecido cerca de un 14%. Y no sólo en el campo. En las zonas más pobres de Lima metropolitana, la pobreza ha alcanzado también el 44%.

 

Y por alguna razón, a esa pobreza se le sigue dando la espalda y se continúa estigmatizando las protestas y reacciones apelando a la ilegalidad. Un ejemplo fueron las huelgas y protestas del sector agrícola. Es cierto que el estado ha entregado una serie de bonos y de incentivos económicos, pero en las zonas rurales la crisis de la economía agrícola migratoria, el aislamiento, la reducción de los servicios públicos, primordialmente el de salud, y la caída del sistema escolar, han hecho retroceder a la población casi una década de avances.

 

Otro ejemplo es el de las invasiones de terrenos en Lima. Es cierto que entre setiembre del 2020 y enero de este año, el Congreso aprobó una populista normativa que amplía los plazos de la titulación de terrenos hasta el año 2026 y que por esa razón se favorecerá la ocupación ilegal y el tráfico de terrenos. Pero los casos que hemos visto en Lima, tanto en Chorrillos como en Villa El Salvador, nos muestran que dos de cada tres inquilinos han tenido problemas para pagar sus alquileres debido a la pandemia. Las personas que se resisten a ser desalojadas no cesan de repetir que no tienen, simple y llanamente, a dónde ir.

 

Y en medio de todo este escenario, ¿qué representantes del Estado peruano se han sentado a escuchar, a tomar decisiones y a plantear alternativas concretas a la población? ¿La policía y los funcionarios sectoriales? La justificación de que estamos bajo la tutela de un gobierno transitorio no sirve de nada ante la pobreza que, con los resultados electorales, ya no pudo ser más maquillada, silenciada, escondida.

 

Irónicamente, hoy invadido, Villa El Salvador reubicó 50 años atrás a un grupo de 350 familias desesperadas por contar con un lugar donde vivir que tomaron una zona de Pamplona con el interés comercial suficiente como para que la policía interviniera de manera violenta. Avergonzado, el Estado de la mano con la iglesia católica progresista de aquel entonces, llevó el año 1972 a las familias hacia una zona urbana planificada por profesionales, de tal forma que respondiera a la organización autogestionaria que se propuso como modelo a la población. El tener donde vivir no acabó con la pobreza, pero pudo con la dignidad. En 1987 Villa El Salvador ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, entregado por ser “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva”. Ahora viven en el distrito más de 420,000 personas.

 

Los terrenos urbanos en Lima sin duda cada vez son más escasos y lejanos, pero el Estado ¿simplemente los va a desalojar para combatir el tráfico de tierras? ¿Vamos a esconder que no tienen siquiera un lugar dónde dormir y dejaremos, como en las zonas rurales, que vean con un par de bonos al año cómo sobrevivir? Al menos en las comunidades más alejadas siempre hay un techo que ofrecer a la familia, esa que observa cómo sus niñas y niños han perdido ya dos años de formación escolar.

 

En este marco no es difícil imaginar por qué ambos candidatos se encuentran disputando la Presidencia de nuestro país.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Voto

En estas elecciones para el Congreso de la República podremos votar 9,830,538 mujeres y 9,764,762 hombres. Pero es muy probable que, de los casi veinte millones de votantes, adultos mayores, personas que tendrán que cuidar a pacientes y familiares, y quienes debían desplazarse interprovincialmente prefieran pagar la multa. Sólo la siguiente semana sabremos cuántos votos quedaron tras esta comprensible deserción. Los votos de quienes sí caminaremos hacia nuestros centros electorales estarán distribuidos en 27 distritos electorales: el de cada departamento, el de Lima Provincias, el de la Provincia Constitucional del Callao y el de Peruanos en el extranjero.

 

Cada distrito electoral no tiene el mismo número de congresistas. Hasta el Congreso actual, varios departamentos han tenido solo dos congresistas: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes. Madre de Dios tiene solo uno. Arequipa tiene 7, La Libertad tiene 8. Lima 37. Esa desproporcionada diferencia sin duda afecta al país porque inevitablemente centraliza la producción legislativa desde la perspectiva de la capital. Sin embargo, esta aparente mala distribución de las curules siempre culmina en otra distribución organizada de acuerdo con los intereses económicos que representa cada partido político. Surge de este modo una apariencia sumamente fragmentada entre los partidos políticos más relevante que la departamental.

 

Esta fragmentación que proyectan las encuestadoras entre 6 y máximo 20 curules por partido político no es una novedad, pues el actual Congreso ya presenta esa estructura. No obstante, si observamos como se comportó debido a ello, podemos imaginar cómo rápidamente, incluso desde antes de saber los resultados, qué alianzas se configurarán a partir del 28 de julio, día del Bicentenario de nuestra República.

 

Las bancadas de Soto, López y Fujimori se unirán espontáneamente. Ya vimos en este Congreso cómo los integrantes de Solidaridad Nacional y Fuerza Popular se reacomodaron rápidamente en los partidos de alquiler. Distribuidos ahora en este triada, se llevarán armoniosamente bien en tanto comparten intereses comunes como el dar carta blanca a redes de corrupción, defender la evasión tributaria, el monopolio y liberar la informalidad en los grandes sectores económicos como minería, turismo y agroexportación. En otra alianza, las bancadas de Acuña, Urresti y el FREPAP cerrarán filas para defender sectores menos rentables pero fundamentales en nuestra economía como la educación y los cultivos ilegales. Frente a este desmadre, las bancadas de Guzmán y Mendoza representan una alianza que representa los intereses económicos del sector público y cultural, que agrupa un amplio abanico técnico y profesional vinculado a servicios del Estado, instituciones artísticas, educativas, de investigación y organizaciones no gubernamentales. Eventualmente, las bancadas de Forsyth y Lescano, que representan otros sectores económicos como la mediana construcción, industria y exportación, estarán usualmente en alianza con el grupo de Soto y compañía, pero que ante situaciones de trastabilleo de la democracia o derechos fundamentales, se aliarán con Guzmán y Mendoza. Como vemos, no se trata de una fragmentación de fondo, sino de alianzas locales y nacionales que prefieren trabajar en paralelo y fortalecer sus propias redes políticas y económicas. Son cuatro sectores claramente definidos en un campo en el que se juega muchas veces tres contra uno, pero a veces dos contra dos.

 

Los resultados que se publicarán la próxima semana, dejarán en claro que nuestro voto habrá respondido a los ideales que cada peruana, que cada peruano tenemos entreverados con nuestra situación socioeconómica. Más aún en esta situación de pandemia. Pero si hay algo que nos une, nuestro dos contra dos debe ser nuestra apuesta: no queremos corrupción y no cejaremos de pelear. Preparémonos porque para eso necesitamos dos tareas: asegurar que sea quien sea que ocupe el sillón presidencial por primera vez este 28 de julio, cuente con una cantidad de congresistas necesaria, entre 40 y 50, que aseguren el contrapeso necesario para un gobierno estable y vigilado en la defensa de nuestros derechos y nuestra salud. Y la segunda es terminar, a punta de protestas, referéndum y acuerdos colectivos, las reformas políticas necesarias para que el 2026 tengamos un congreso sin delincuentes y con capacidad para legislar fuera de la corrupción.

 

Tengamos en cuenta que podemos votar por un partido para Presidente y otro para congresista, pero no se puede votar por dos congresistas de diferentes organizaciones políticas. Tiene que ser una sola. El número total de votos por cada partido determinará cuántos congresistas tendrá. Como no sabemos quiénes de ellos tendrán más votos, verifiquemos que los primeros 30 candidatos aseguren que saldremos dignamente de esta crisis, sin pisar a nadie para correr detrás de un billete. El lapicero azul está en sus manos.

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Carla Sagástegui, Elecciones, Elecciones 2021

Días estos muy interesantes los que estamos viviendo durante las campañas electorales, porque se vuelven un deleite de falacias y falsos argumentos con los que se intentan justificar muchos miedos. Los miedos más interesantes que comentaré solo son cuatro, pues seguro hay más si se presta atención al entorno:

 

El primero es el miedo de las clases medias y altas a un gobierno de izquierda. Estas lo expresan terruqueando a Verónika Mendoza, lo cual no significa que crean que cometerá las atrocidades de Abimael Guzmán; es sólo una forma grosera, violenta, un insulto para mostrar su miedo. Si prestamos atención, observaremos que este se trata de una reacción casi automática de correr a proteger propiedades e intereses financieros, pues se tiene el convencimiento de que apenas llegue Mendoza a Palacio de gobierno impondrá una estatización como la del general Juan Velasco Alvarado cuando tomó las empresas extractivas y los grandes latifundios y los puso en manos de un estado que rápidamente se corrompió y trajo abajo la producción nacional (cuando llegan aquí ya les falta el aire).  ¿Ya ven que está planteando estatizar la producción de oxígeno? Terminaremos como Venezuela, añaden. Como final, para asustar más y mejor, recurren a Nicolás Maduro, la gran sombra amenazante, como lo fue en tiempos de Nadine Heredia, el presidente Hugo Chávez.

 

Ahora bien, la izquierda sabe que Verónika Mendoza se encuentra lejos de esos modelos estatistas latinoamericanos y que su promesa está centrada en el modelo de Estado de bienestar contemporáneo. De ahí que su plan se haya estructurado en relación con los derechos humanos. Pero es justamente esta postura la que despierta el segundo miedo, en este caso, en los marxistas de la vieja escuela internacional, que, al ver esta posición en una candidata, ¡una mujer!, que ha mejorado su discurso hasta convertirse en la más coherente y cuerda de todos los candidatos, están convencidos que seguirá el modelo de Nadine, traicionará todos los principios revolucionarios y se amistará con la CONFIEP rápidamente. Lo cual conduciría a un gobierno muy parecido como con el que contamos actualmente, algo cercano al que en un inicio pareció prometer Yonhy Lescano de Acción Popular, pero que luego resultó ser solo una lista de declaraciones sin mayor sustento que han conseguido que nadie, pero nadie, ya le tema.

 

El tercer miedo es el que despierta Rafael López y bueno, aquí las razones son todas y una a la vez, porque desde su mirada, postura, hasta la forma de mentir e improvisar sin siquiera prestar atención a principios mínimos de ética, nos dan cuenta de un hombre que se debe lacerar para poder contenerse. Si no se gobierna a sí mismo, ¿cómo no temer el violento desborde al que nos llevaría su fascismo, su fanatismo religioso y su marcado desprecio por los demás cuando tenga el poder de dirigir nuestro país? Parece un anuncio apocalíptico pleno de angelitos celestes.

 

Pero el cuarto miedo es el que siento más y por eso lo dejo al final. Lo despierta en nosotras, en nosotros, el ver que una parte significativa de la población de Lima e Ica se siente entusiasmada por el don que tiene López de poder imponer lo que realmente le da la gana, sin sustento alguno. Por el goce que les da como sacerdote, como falso candidato o como la rica mujer sometida, como lo que sean, de no tener que pensar en los demás y poder pasar por encima sin culpa alguna. Y claro, después no quieren que el resto de peruanas y peruanos no miremos a Velasco y le sonriamos recordando viejos tiempos…

 

23 de marzo de 2021

 

No sé si con el deterioro político, la retórica y recursos electoreros de nuestros candidatos y candidatas se han ido simplificando y empobreciendo con los años, pero el debate presidencial organizado por El Comercio e IDEA Internacional el martes 9 de marzo, develó casi como una caricatura los estereotipos a los que estaban apelando. Para ganar la simpatía, acrecentar su popularidad y competir por la Presidencia del Perú a pesar de las investigaciones judiciales bajo las que estuvieron y de una prisión preventiva de la que ahora se saca provecho, casi todos concentraron sus discursos en vender una imagen literalmente ganadora.

 

Sin duda George Forsyth es un deportista en competencia permanente. Y por eso agota seguirle un discurso reiterativo hasta lo inimaginable. Su recurso retórico consiste en apelar al comenzar cada frase, que él pertenece a una nueva generación que “sacará a patadas” a los políticos de siempre. Porque todo lo que no supieron hacer (tan obvio) él lo hará como a nadie se le ocurrió. Él es, sin duda, el campeón que arreglará las cosas para enrostrarles a los políticos de siempre lo fácil que era si lo hacían a su estilo victoriano. Ah, y claro, por favor, que entonces el público lo vitoree.

 

Daniel Urresti, “parado y sin polo” como se describió enfrentando los retos de gobierno, había llegado cual gladiador a la arena. Se burlaba de los demás candidatos y luego los acusaba, con más lugares comunes, de ser unos improvisados (cuando en realidad todos presentaban propuestas un poco más complejas o ambiciosas que las suyas). Nunca dejó de decir lo bien que sabía pelear, que sacaría el pecho por quien lo necesitara y que metería a la cárcel a todos. “Palabra de Urresti”, por mi madrecita.

 

Frente al pecho henchido de ambos contrincantes, Yonhy Lescano no se pudo contener. Dedicó el espacio para alabarse como el buen congresista que aportó leyes a favor de la economía, de la seguridad y contra la corrupción. Así que todos eran inferiores a este sabio patriarca, ninguno sabría ningún tema del que estuviesen hablando tal como él gracias a sus principios de Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella. Como Urresti no se rendía bajo su sapiencia, lo acusó públicamente de haber provocado que lo denunciaran falsamente. Lescano el probo, por favor, es invencible.

 

Keiko Fujimori también había llegado con un estereotipo novedoso para su edad bajo la manga. Con la intención de ubicarse por encima de los demás, se presentó como la gran madre con “mano dura” que necesita el país. Gracias a la injusticia del poder judicial, la nueva Fujimori ha forjado durante su prisión el carácter de una gran y comprensiva mujer junto con los más sufridos del Perú. Su propuesta sin embargo es blanda, porque es a favor de la informalidad empezando por la agricultura, tal cual su padre en 1990. Pero eso qué importa. Déjenme ser la primera mujer presidenta del Perú, pide por lógica simple la gran madre.

 

Los cuatro montaron una transparente puesta en escena de guerreros peleando por el poder: el deportista, el guardia, el patriarca y la gran madre desautorizándose los unos a los otros para poder demostrar que se es mejor que el resto. ¿Y qué estereotipo performaba Verónica Mendoza mientras tanto? Pues no jugó ninguno. De manera un poco desentonante, no calzaba en la pelea de titanes electorales a la peruana. Simplemente exponía sus ideas y propuestas. En ningún momento nos dijo que ella era la persona indicada, si no, por el contrario, constantemente aludía a que ni siquiera tomaría las grandes decisiones que los demás candidatos sí se adjudicaban a sí mismos, sino que mediante votaciones y consultas populares se acordaría si se requiere una nueva Constitución (por dar un ejemplo). Mostró una clara propuesta de cómo debía funcionar el aparato estatal, qué impuestos cobrar y qué hacer con la Policía Nacional. No prometió nada para ganar popularidad. Ni siquiera respondió el manido reclamo por Venezuela. Sólo ofreció proteger nuestras vidas y nuestros derechos.

 

El voto en el Perú no es un voto racional. La primera vuelta prioriza a los candidatos más populares y la segunda vuelta nos protege del peor de los que quedaron primeros. ¿Se puede ser popular en el Perú con estereotipos de mujer de izquierda? Nuestra historia reciente aún nos indica que ese no puede ser el camino y menos aún en el contexto de competencia en el que nos encontramos. Quedando tan pocos días, ¿Sabrá Mendoza qué mujer le gustaría tener al Perú para que venza a los demás y los guíe?  En una vuelta electoral tan llena de emociones y desconfianza, a los estereotipos no se les puede dar la espalda.

 

9 de marzo de 2021

 

Las vacunas contra la covid-19 de la empresa china Sinopharm terminaron representando, sin haberlo previsto, uno de los síntomas más graves de los que está sufriendo en este momento el país: la desconfianza. Esta ya se había sembrado con cada encarcelación en el nuevo milenio de nuestros presidentes y con el suicidio de Alan García, pero se intercalaba con dosis de justicia con las acciones, a veces ciertamente impulsivas, de un grupo destacado de fiscales.

 

El derrumbe se acrecentó cuando se confirmó que los males del Congreso de la República no se debían a las personas que en aquel momento habían sido elegidas, sino que se trataba de un sistema de representación de redes de corrupción que no estaban dispuestas a perder la batalla y entregarse a la justicia. Todo lo contrario, coparon los partidos políticos y regresaron al Congreso con otros cabecillas. Pocas y pocos congresistas honestos siguieron siendo la breve noticia esperanzadora. Y fue con esas ganas de querer volver a confiar, luchando con marchas, presión y dando incluso dos vidas, como la sociedad civil recibió ciertamente emocionada al nuevo presidente del Congreso y por ello de la República, elegido gracias a ella.

 

Los contratos y arribo de las vacunas de inmediato propalaron una nueva incertidumbre que se sumó al impacto de la segunda ola pandémica por las mutaciones del virus y la falta de producción de oxígeno en nuestra población. Muerte, miedo e incertidumbre encendieron nuevamente la desconfianza y en este momento, cuando se recibió con gran emoción y cobertura mediática el arribo de las vacunas, se descubre que las ministras de Salud y Relaciones exteriores habían mentido, que se habían vacunado como parte de unas sospechosas entregas de acuerdos irregulares con los productores chinos. Miedo, mentira e incertidumbre llevan en crisis económicas como en la que nos encontramos a un resquebrajamiento social donde solo queda “confiar en los amigos” porque no se puede confiar en la educación que actualmente se está ofreciendo, tampoco en los gobiernos regionales, ni en el Congreso, ni el gobierno central. Valga preguntarnos sobre qué sustrato ético está creciendo nuestra juventud, quedando cada vez más desamparada por la muerte de sus familiares.

 

Uno de los indicadores de desconfianza hacia el mundo institucional que estamos viviendo en este momento se refleja en que a mes y medio de las elecciones generales 2021, el 30% de personas encuestadas no sabe por quién votar, votará en blanco o lo hará viciado. Hasta la fecha, ningún candidato o candidata puede ser considerado representativo si ninguna ha alcanzado siquiera el 12% de la preferencia.

 

Ante todo lo acontecido, sin duda este entorno de desconfianza continuará con el próximo Congreso y gobierno. Tengamos claro que serán cinco años más de lucha en la calle. Quizá dos años tarde después del bicentenario, pero no importa, preparemos el terreno para que el 2026 ya no puedan postular congresistas corruptos y consigamos una persona honesta y resolutiva para el encargo de reformar de una vez por todas a un Estado que ya tenemos muy claro de qué males sufre. Sabemos cómo lucharla.

 

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