[INFORMES] Hace unos días, un medio digital argentino recordaba que durante las crisis económicas que asolaron nuestra región en el último cuarto del siglo pasado proliferaron los estafadores de todos los pelajes y, sobre todo, de todas las nacionalidades posibles. La nacionalidad de más ingrata recordación es la de los nigerianos, quienes incursionaron en Sudamérica y algunas regiones de Estados Unidos con el cuento de la herencia millonaria de los ‘príncipes nigerianos’. Como muy pocos de los ciudadanos de estos lares conocían que Nigeria es un país rico en petróleo, es el epicentro de la industria cinematográfica de África y posee
tantas organizaciones criminales como delitos existen en los códigos penales, cientos de personas cayeron en el fraude llamado internacionalmente Timo 419, porque ese es el número del artículo del código penal nigeriano.
El Timo 419 consistía básicamente en el envío de una carta personalizada escrita y ensobrada en papel de la mejor calidad. En ella, el estafador le decía al destinatario que tenía una fortuna de varios millones de dólares en un banco suizo y necesitaba su ayuda para retirarla. El requisito para acceder a esa montaña de dólares era abonar 10 o 20 mil dólares, dependiendo del monto depositado en el banco. Por información del medio argentino, sabemos que los receptores de las cartas nigerianas fueron personas de alto perfil, quienes se sentían
halagados por ser reconocidos desde el extranjero como miembros de tan selecto grupo. Es decir, los huachafos de hace cuarenta años se sintieron importantes por estar en la lista de correos de los estafadores, depositando los 10 o 20 mil dólares pedidos y perdiéndolos como en la guerra.
Hoy, cuando nadie usa papel para comunicarse con sus congéneres, la ‘estafa nigeriana’ pasó a realizarse a través del teléfono fijo, primero, y el celular, después, hasta terminar en el ultra conocido whatsapp. Es a través de esa vía cibernética que los ‘herederos’ de los príncipes africanos vienen estafando a los incautos. Veamos cómo lo hacen:
“Me hackearon mi cuenta de whatsapp,” me cuenta Milagros, quien agrega que el viernes se quedó dormida revisando sus redes sociales en su teléfono y todo estaba bien, pero cuando despertó ya no tenía control sobre su whatsapp, y los delincuentes cibernéticos en el colmo de la audacia habían migrado su línea a otro operador. “Parece increíble, pero es real”.
“Agarro el celular para ver los mensajes y me doy cuenta que no podía ingresar a la aplicación (el whatsapp). En ese momento pensé que mi celular estaba fallando. Pero luego de unos minutos, recibo la llamada de un familiar preguntando qué estaba pasando, por qué estaba pidiendo que deposite dinero a una cuenta que no era mía ni tampoco la de mi esposo, tras lo cual quedé absolutamente y le dije que no deposite nada, pues no estoy pidiendo nada. Es solamente una estafa”.
“De pronto recibo otro llamada de una amiga que vive en el extranjero y me pregunta que si es verdad que necesito urgentemente el dinero solicitado y que sólo había podido transferir la mitad. Cuando me dijo eso, yo me asusté mucho y le dije que tenía problemas con el whatsapp y que no podía ingresar. Ella me dijo que primero había recibido una llamada mía y luego un mensaje de whatsapp que decía lo siguiente:
‘Amiga, tengo problemas de conexión. No puedo activar el token. Necesito tu ayuda, tengo que hacer un pago urgente de 4.000 dólares y no hay forma de hacerlo. ¿Podrías ayudarme?, por la tarde te devuelvo. Y le envían un número de cuenta a nombre de un tipo’.
Como nunca pido plata prestada, mi amiga se preocupó de que algo malo estuviera pasando y me timbró al celular. En ese momento entendí todo: me habían robado la cuenta de whatsapp y estaban estafando a mis amigos y familiares de la lista del teléfono”.
“Sentí rabia, impotencia. De inmediato mi esposo se puso a averiguar cómo podemos recuperar mi cuenta. Yo ingresé a mis otras redes para advertir a mis allegados que no depositen dinero en las cuentas de los delincuentes que me habían hackeado la aplicación. Hice todo lo que pude para avisarles a todos mis contactos para que no caigan en la estafa. Paralelamente, me preguntaba cómo me robaron, cómo accedieron a mi clave. Sólo sé que me fui a dormir y me desperté hackeada y debiendo los 20 mil soles que les habían robado a mis amigos.
Después de hacer todo lo anterior, fui a la empresa telefónica Claro para cancelar el número y preguntar qué podían hacer para mitigar el daño, y un ejecutivo de mando medio me dijo que Claro no podía hacer nada porque yo ya no pertenecía al operador mexicano, pues había migrado al operador chileno Entel. Y que la migración había sido realizada durante la noche, es decir, mientras dormía”.
Cómo se accede a una cuenta de whatsapp ajena
Los delincuentes tienen dos formas de adueñarse de nuestras cuentas de whatsapp: primero, comienzan por descargar la aplicación e ingresan al número telefónico de la víctima escogida; segundo, solicitan la verificación a través de mensaje de texto o por llamada de voz, entonces, como en la mayoría de veces nosotros no atendemos las llamadas de números desconocidos, ese código termina yendo al buzón de voz; es ahí cuando el ‘príncipe nigeriano’ del siglo XXI llega a nuestros datos. ¿Cómo así? Porque lo que no nos explica ningún operador telefónico es que cada uno de nosotros debe personalizar su buzón de voz y cambiar el código predeterminado por la compañía, que, por lo general, es muy simple y los ‘príncipes negros’ se aprovechan de eso para apropiarse de nuestras aplicaciones. Parece un proceso largo, pero los hackers que ‘vacacionan’ en los penales tienen todo el tiempo del mundo. Y sus cómplices en el instituto penitenciario y en las compañías telefónicas, también.
[ENTREVISTA] En esas semanas en las que la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski estaba en su peor momento y el asesor político cubano Mario Elgarresta le tiraba la puerta a Peruanos por el Kambio, acusando a la cúpula del partido de ‘grupo politiquero que era la perdición de Kuczynski’, unos alumnos de Aguiar le presentaron a Mercedes Aráoz para que le dijera qué se podría hacer para reflotar esa campaña. Meche Aráoz conversó con Maxi, que era como lo llamaban sus amigos, coincidieron en el diagnóstico de los problemas de la campaña, simpatizaron inmediatamente y se lo presentó a Kuczynski. Acto seguido, Maximiliano Aguiar, llamado Maxi por los amigos, se incorporó al equipo de campaña de Peruanos por el Kambio (PpK), cuyo jefe era el expresidente regional moqueguano Martín Vizcarra. Varios testigos del primer encuentro entre Aguiar y Vizcarra aseguran que desde ese momento hubo un clic, constituyéndose el argentino en un hombre cercano al candidato a la primera vicepresidencia de PpK. Tan cercano que, una vez que Kuczynski pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, y que Susana de la Puente, Lady Su, tomó el control absoluto de la campaña, contratando al español Jordi Segarra como asesor de Kuczynski, Vizcarra, jefe de la campaña, pero sin mando ni comando, mantuvo a Aguiar a su lado.
Lo demás es historia harto conocida: Kuczynski ganó la segunda vuelta, Susana de la Puente consiguió el poder y Vizcarra obtuvo como premio consuelo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta que tuvo que marcharse a Canadá como embajador.
Hasta marzo de 2018, cuando Martín Vizcarra asume la Presidencia de la República, se sabe poco de Maximiliano Aguiar; aquí intentaremos conocer qué tareas realizó al lado del presidente Vizcarra y qué piensa de la política y de los políticos de nuestro país y del suyo.
En unas semanas, la Argentina podría tener la posibilidad de emprender un proceso de cambio económico, cuyo primer paso sería ponerle un freno a la inflación, pero los siguientes tendrían que ver con múltiples factores, a saber, existencia de subsidios indiscriminados, de deudas públicas impagables, de sindicalistas voraces y de empresarios mercantilistas, ¿qué apoyos políticos tendría que convocar Milei entre los peronistas menos ortodoxos para realizar una parte de su oferta electoral?
En primer lugar, lo que hay es un proceso electoral en el cual podría haber un cambio político, porque ese proceso electoral aún no tiene resultados; en el caso de que Milei ganara -más allá de toda la cuestión valorativa que usted hace en la primera parte de su pregunta-, la realidad nos dice que cualquiera de los tres candidatos que consiguiera el triunfo tendrá desafíos enormes: como una inflación galopante, peor que todas las inflaciones anteriores, una Argentina empobrecida y una Argentina enormemente endeudada, con el agravante de que quien asuma no tendrá una mayoría parlamentaria, es decir, con una crisis económica que desde 2001 no ha llegado a esos niveles y con una escasa cantidad de herramientas políticas para llevar adelante las medidas que tiendan a modificar esa situación. Los desafíos serán múltiples y las herramientas serán bastante acotadas, con lo cual más allá de la crisis actual se prevé que la Argentina podría tener una crisis peor que la actual, sea cual fuere el resultado de las elecciones de octubre.
Si Milei ganara y no consiguiera realizar alianzas en pro de la gobernabilidad con los sectores -si los hubiera- menos estatistas del peronismo, su fracaso será visible más temprano que tarde, ¿qué tendría que hacer para ganar tiempo mientras consigue frenar la inflación y lograr los acuerdos con los organismos multilaterales que lo ayuden a revertir la situación económica actual?
El peronismo no es anti estatista por principios, el anti estatismo vendría a ser el liberalismo; como digo, estamos suponiendo que gana Milei, cosa que todavía estaría por suceder, porque ha quedado bien posicionado de cara a las elecciones generales, pero nada asegura que va a obtener la victoria: es una figura con posibilidades de ganar, pero todavía no ha ganado. A ver, primero este es un juego de tres actores que usted lo plantea como un juego de dos, es un juego de tres, no de dos, un actor es el justicialismo que tiene diferentes vertientes, una es la vertiente kirchnerista, que es la dominante, por lo menos en este momento, pero tiene también un grupo de gobernadores con poder territorial que no responde al kirchnerismo de manera directa, un segundo actor es Juntos por el Cambio, que tiene diversos partidos, como el Pro de Macri y la histórica Unión Cívica Radical, que trabajan como un interbloque. Ambos, el justicialismo y Juntos por el Cambio tienen fuerzas legislativas importantes, y, en el caso hipotético que ganase Milei, tendrían que generar una serie de acuerdos, para adentro y para afuera. Como la Argentina es un país federal, donde hay una gran dependencia de las provincias respecto de los fondos estatales, tendrían que hacerse una serie de acuerdos con los partidos o sectores que conforman los bloques justicialistas y de Juntos por Cambio. Múltiples y simultáneos.
Dejemos por un momento el futuro político argentino y fijémonos en el pasado reciente del Perú, por lo tanto, quisiera que me diga cuál fue su verdadera función durante la presidencia de Martín Vizcarra, toda vez que durante los dos años y medio del gobierno vizcarrista, incluidos los meses de aislamiento general por la pandemia, su nombre fue primero susurrado y luego ultra conocido en el Perú por su rol de asesor en la sombra del expresidente.
Usted no me adelantó que fuera a haber preguntas sobre ese tema. Hay un montón de prejuicios en todas las preguntas que me hizo antes, no porque dijo los gremialistas malísimos y no sé qué, bueno, son valoraciones que yo respeto, pero separo la pregunta de la afirmación. Primero, yo no estuve durante la pandemia, yo fui asesor de Vizcarra, eso es público y notorio, no hay ninguna sombra en eso, lo que hay detrás de eso es un ataque político -no suyo, por cierto-, básicamente en el intento de crear un personaje malvado, donde lo qué hay es un portador de servicios. Fui asesor de Vizcarra en la primera etapa de su presidencia, volví a la Argentina unos días antes del inicio de la epidemia por un evento familiar, tal como figura en un libro de la época, me quedé en casa sin poder regresar y luego presenté mi renuncia formal al cargo de asesor en comunicaciones de la Presidencia del Perú.
Con las tendencias políticas existentes, y con cargo a trasmitirle en unos meses la misma inquietud, ¿hacia dónde cree que se inclinará la mayoría electoral peruana, a la derecha como en la Argentina o a la izquierda como en el Perú?
¡Uf! Muy buena pregunta, muy difícil de responder, porque lo cierto es que justamente la inestabilidad política peruana y la fragmentación política peruana hacen que los resultados electorales sean de muy difícil pronóstico, digo, si usted me hubiera hecho esta pregunta cuando faltaba el mismo tiempo que falta ahora para las próximas elecciones, que ni siquiera sabemos cuándo van a ser, pero antes de la asunción de Castillo, seguramente no hubiera nombrado a Castillo y, probablemente, no hubiera nombrado a la izquierda, creo que en el contexto de fragmentación como el que existe en el Perú es difícil hacer un pronóstico respecto hacia dónde va a virar. Creo que la crisis de gobernabilidad de la presidencia de la señora Boluarte tiene que ver con el hecho macizo que, a pesar de haber sido elegida en la fórmula presidencial de Castillo, ella está haciendo lo opuesto a lo que hacía Castillo y la legitimidad de origen de su gobierno ha sido abandonada: ella ha abandonado el mandato dado por las urnas. Por la debilidad de sus instituciones democráticas y la (casi) inexistencia de los partidos políticos se hace difícil predecir lo que podría suceder en un corto plazo en el Perú.
Teniendo en la línea telefónica a un consultor político de las grandes ligas es inevitable preguntarle por su colega ecuatoriano Jaime Durán, quien convirtió a un empresario y ex presidente de Boca Juniors en el primer presidente de derecha de la Argentina en más de medio siglo, ¿fue esa hazaña tanto o más grande que la que usted logró en el referéndum peruano de 2019 con un 85 por ciento de los votos a favor de Vizcarra?
En primer lugar, respeto muchísimo a Jaime, es un querido amigo consultor. Segundo, los consultores políticos tenemos una influencia más limitada de lo que se puede pensar que sucede en los procesos electorales, ni Macri ganó porque tenía al lado a Durán Barba ni el resultado de ese referéndum en el cual tuve participación absolutamente limitada fue un triunfo mío. En el caso de Macri, la propuesta de Jaime Durán Barba llega cuando la Argentina se está moviendo hacia la derecha; en el mío, no hubo campaña a favor de las reformas, porque así funcionan los referendos.
Usted debe ser uno de los pocos conocedores absolutamente imparciales de la esencia y de la argamasa de esa coalición ciudadana que derrotó tres veces a Keiko Fujimori y entronizó por descarte a Humala, a Kuczynski y a Castillo, ¿a quién cree que apoyaría esa coalición en una no negada cuarta postulación de Fujimori: a un izquierdista o a un fenómeno ultra derechista como Milei?
Después de la experiencia del gobierno de Castillo, entiendo que debe haber algún nivel de resistencia en el Perú a un candidato de esas características. Yo no estoy siguiendo de cerca la política peruana, no estoy trabajando ahí en este momento para decirlo con claridad, pero cómo soy un estudioso de lo que sucede en los diversos países de Latinoamérica y en particular en el Perú, al que le tengo un afecto enorme, entiendo que lo que sucedió con Castillo debe haber dejado un nivel de recordación negativo. Ahora bien, no estoy seguro que sean los conceptos de derecha y de izquierda los que van a definir la votación final en el Perú, porque primero hay que ver si se presentará Keiko Fujimori, luego, si la señora Fujimori se presenta, hay que ver cuál es la potencia que tiene la dicotomía fujimorismo-antifujimorismo, es decir, si es igual a la que tenía hace 15, 10 o 5 años atrás. Y, finalmente, si Keiko Fujimori no se presenta hay que ver cuál será el eje central de la lucha por el poder, a saber, derecha versus izquierda, conservadurismo versus progresismo o Lima versus provincias.
¿Sabe usted cuáles son los planes del expresidente Martín Vizcarra, toda vez que tiene una inhabilitación para ejercer o para postular a un cargo político durante los años que nos separan de los próximos comicios?
Los desconozco. Yo ya dejé de trabajar con Vizcarra hace mucho tiempo, por lo cual creo que más bien tendría que preguntarle a él mismo.
– ¿Le quedó algún sinsabor de esa época?
No, fue una experiencia dura, intensa, digamos como suelen ser las experiencias laborales en mi profesión; además han pasado ya muchos años y yo he seguido realizando consultorías en diversos países. La verdad es que me queda un enorme cariño por el Perú, un conocimiento mucho más profundo que el que tenía cuando comencé a trabajar ahí hace muchos años y una pena profunda por el derrotero político que ha tenido que padecer. Fue una experiencia enormemente vital, la sufrí, pasé momentos muy buenos y muy malos en ese país. La situación económica en la Argentina es terrorífica y en ese sentido me alegra que el Perú no tenga que atravesar por una crisis similar. Tengo muchos amigos que conciben las largas etapas que viví ahí, y lo repito: sigo ligado al país, porque es un lugar al que quiero mucho.
[INFORMES] Pero una de las estafas, precisamente la de la empresa Primus Capital, reunió las características que la convirtieron en una historia digna de ocupar la primera plana del Trome y en informe principal del programa del carismático Rodrigo González, Peluchín. Y la característica más importante es que uno de los estafadores, el gerente chileno Ignacio Amenábar, perdió la cabeza, la razón y la vertical y se tiró a los pies de la señora Elva Vracko, madre de uno de los hijos del futbolista fallido Jean Deza.
La historia oficial de esta estafa comienza los últimos días de marzo pasado cuando un informe de auditoría interna revela la existencia de operaciones que habrían sido respaldadas por cheques falsificados por una suma ascendente a 10 millones de dólares. Desde entonces, Coeymans y Amenábar fueron acusados de ser responsables de la existencia de un esquema criminal destinado a defraudar a la compañía en Chile y en el Perú.
Según las líneas de investigación de los medios chilenos, el pecado (mortal) de Amenábar fue haberle comprado un departamento a la modelo peruana Vracko con fondos de la compañía. Como es lógico, uno de los testigos de ese ‘affaire’ descubrió la operación, se volvió loco de rabia y de envidia y les dijo a las autoridades: ‘los comprobantes de los pagos del regalo de ese departamento eran enviados regularmente por Amenábar a Vracko vía correo electrónico’.
Enterados del escándalo internacional entre el gerente chileno y la damisela peruana, a quien el programa ‘Amor y fuego’ de Peluchín había defendido meses atrás de la violencia de Deza, los productores del programa conducido por González iniciaron su propia investigación. Sorprendidos por el espectacular estado de vida de Vracko, los reporteros quedaron boquiabiertos cuando descubrieron que la antigua compañera de Deza vivía como rica, usaba un automóvil de alta gama y viajaba por el mundo como cualquier integrante de la ‘socialité’ peruana. Ante semejante despliegue de riqueza, los reporteros de ‘Amor y fuego’ decidieron buscarla para preguntarle cómo lo haces, y la encontraron en el Jockey Plaza, específicamente en el local de Louis Vuitton. Al abordarla y preguntarle qué sabía de Primus Capital, ella dijo algo así como la frase de los guachimanes desorientados: ‘desconozco totalmente’.
Los ejecutivos de Primus Capital Perú, con la finalidad de conservar los lazos ganados con Promperú, donde eran invitados frecuentemente como expositores en seminarios institucionales, además de ser una empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros, declararon que Coeymans y Amenábar dejaron de asistir a sus oficinas desde 2020, y que estaban más interesados en atender sus negocios propios.
En las estafas piramidales no hay inocentes
Y así como ese grupo de chilenos chuecos cayó por la exhibición de riqueza de un ‘zapatos rotos’, en lo más alto de la estructura socioeconómica limeña un individuo tan parecido al primer ministro Alberto Otárola que ni la mismísima Dina Boluarte notaría la diferencia, timó a media docena de ministros de diferentes gobiernos, al gerente general de la consultora más importante del país y a unas cuantas docenas de aspirantes a ricos, a millonarios y a multimillonarios, dependiendo de cuánto pusieron para obtener más. Obtener más sin importarles cómo reventarían los que venían atrás, porque si hay algo que ningún sacerdote confesor perdonaría es que ellos sí sabían que ‘la plata no viene sola’. Pero como este asunto es un tema para arreglar entre iguales, el desenlace terminará con un suicidio, uno o dos recluidos en clínicas psiquiátricas y dos o tres alcoholizados hasta dar pena. Punto final.
El caso de Primus reviste unas características muy, pero muy diferentes, porque involucra en primer lugar al mecanismo de conversión de papeles por pagar en plata constante y sonante, el llamado ‘factoring’, una industria que tiene más de tres décadas en nuestro país, pero ahora mueve más de 3,500 millones de dólares. Y que por Primus, por unos traferos que tomaron el nombre de Promperú y por la falta de controles estatales está en el medio exacto de una tormenta.
En las dos crónicas anteriores sobre unos vivazos que engatusan a cientos de personas desesperadas por tener un poquito más de platita, hemos visto que en ambos casos hay unos ‘inversionistas de primera línea’ que invitan a familiares y amigos para usufructuar de sus aportes. Son tan culpables como Juan Carlos Reynoso, Montes de Oca y Vecco Scavino, cómplices secundarios diría un policía de la División de Estafas.
En los casos relatados en este informe, el chileno enfermo de amor es tan culpable como la ex número dos de Jean Deza y los funcionarios de Promperú. Y en el caso de los ex ministros de Estado de Humala y de García, como de sus primos, yernos y entenados sólo cabe preguntarnos: ¿en manos de quiénes han estado los intereses económicos, los productivos y los territoriales de nuestro país? Y, para no olvidarme, ¿cómo pudieron ser tan cándidos Ernesto de la Jara y Patricia Arévalo, fundador del Ideele y directora del Fondo Editorial de la universidad mejor ranqueada del Perú.
A fines de febrero de 1962, un grupo de integrantes de la élite empresarial del país apoyado por la jerarquía de la Compañía de Jesús, la congregación más grande de la Iglesia Católica y a cuyos miembros se les conoce como los jesuitas, fundó una universidad que debería dedicarse a la formación y a la investigación en materia económica. Tiempo después, las autoridades de esa joven institución que usaba como sede un edificio de pequeñas dimensiones en el centro de Lima decidieron especializarla en las carreras de Administración y de Economía, tal como había sido el sueño de sus fundadores: Carlos Ferreyros, Alfonso Montero, Juan Pardo Heeren y Alberto Benavides de la Quintana. Esos ejecutivos, quienes fundaron desde abajo cuatro dinastías empresariales sólidas y preocupadas por el país, fueron asesorados por el conocido jurista y ex ministro de Economía Rómulo Ferrero Rebagliati y por Felipe McGregor (S.J.) en el diseño, formación e impulso de una universidad dedicada a las disciplinas económicas. Como diría Henry J. Winterberger (S.J.) de la Universidad Loyola: ‘la Universidad del Pacífico debe dedicarse fundamentalmente a las áreas administrativas y socioeconómicas’.
Entonces, ¿cómo entender que un centro de estudios económicos y administrativos creado por las más prominentes figuras de la actividad empresarial nacional y extranjera afincada en el Perú y respaldado por los prominentes jesuitas de los años sesenta derivara a un campo de batalla ideológico que siembra el desconcierto entre sus ex alumnos?
Para intentar una explicación al conflicto público entre la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico (AGEUP), liderada por José Espósito Li Carrillo y el rector Felipe Portocarrero, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), debemos situar el momento histórico en el que se fundó la Universidad del Pacífico (UP) y el tiempo de inestabilidad política e ideológica en el que vivimos en los últimos treinta años. En los primeros años de la sexta década del siglo XX, nuestro país vivía el fin de más de una década de ‘vacas gordas’, como resultado de la utilización coherente de las divisas procedente del auge exportador, y una evidente preocupación de los mineros, industriales y agro exportadores por los años por venir. Se habían dado cuenta que el país necesitaba más y mejores economistas, administradores de empresas y especialistas en ciencias contables. Paralelamente, opinaron que la Compañía de Jesús tenía todo lo que se necesitaba en organización, en experiencia académica y en contactos internacionales para iniciar desde cero una institución formativa de los alumnos que serían al cabo de unos años los economistas y administradores requeridos. Además, vista por el espejo retrovisor, la era abierta por la Presidencia decadente de Manuel Prado, el golpe anti aprista de los militares liderados por Ricardo Pérez Godoy y el sexenio belaundista interrumpido en 1968 por los militares socialistas encabezados por el resentido, ignorante y abusivo Juan Velasco, fue altamente complicado, nunca analizada con suficiente claridad y destructiva a más no poder.
Sin hacernos cargo de ninguna de las dos posiciones enfrentadas por el control ideológico de una universidad que alguna vez fue un modelo de excelencia académica y un centro de estudios dispuesto a admitir a los postulantes que tuvieran en talento lo que sus padres no tenía en sus cuentas de ahorros, creemos que en algún momento la institución creada para formar economistas, administradores e investigaciones de ambas disciplinas se desplazó peligrosamente a terrenos circunscritos en su acta fundacional a otras universidades. Probablemente, también habría que preguntarnos si los jesuitas de ahora no han contribuido a esa invasión a territorios vedados por los jesuitas fundadores por causas que se pueden intuir, pero que no tienen explicación oficial de los miembros de la jerarquía de la orden de los jesuitas. ¿Se ha izquierdizado esa jerarquía y al izquierdizarse ha permitido el ingreso de profesores y autoridades llamadas progresistas a los claustros de la Universidad del Pacífico? Según los conocedores, los jesuitas de ayer y los de hoy defienden los mismos valores que en el siglo XVIII, cuando fueron expulsados de España. Y lo harán siempre.
La asociación de ex egresados emitió este comunicado
Intentamos hablar con Esposito Li Carrillo y nos respondió que no le interesaba hablar sobre el tema.
Posteriormente la universidad publicó un larguísimo comunicado dónde sienta su posición, pero siembra más dudas que certezas.
También nos comunicamos a la Universidad del Pacífico, pero no obtuvimos respuesta.
[INFORMES] A fines de los años sesenta del increíble siglo veinte peruano, un general de ojos inyectados de odio y de voz aguardentosa decidió confiscar todas las tierras, todas las minas, todas las empresas de servicios y todo lo que tenía algún valor en el Perú de mis abuelos, creando un imperio de ineficiencia productiva y miles de puestos de trabajo que no servían para nada. Veinte años después, un joven muy alto y de rostro cargado de soberbia confiscó los ahorros en dólares, primero, y un año más tarde intentó apoderarse de toda la banca nacional y extranjera para ponerla en manos de sus seguidores, intentando crear una nueva clase dominante repleta de militantes de su partido. Así, a la mala, la generación de mis abuelos y la generación de mis padres aprendieron a detestar a la burocracia abusiva, repudiar sus actos y desconfiar de los políticos aventureros, ya sean estos velascos prepotentes o garcías iluminados. En respuesta a la mezcla de miedo, de aversión y de desconfianza por la burocracia, los peruanos volcaron durante varios años su confianza a la empresa privada: bastión de la defensa de los derechos de los ciudadanos contra el poder.
Años más tarde, unos hechos aislados comenzaron a resquebrajar el sólido apoyo de la gente a los empresarios privados, sobre todo cuando estos, abusando de posiciones dominantes que manejaba a su antojo el mercado, a pesar de las constantes campañas periodísticas contra ese oprobioso mercantilismo. Poco después, descubrimos que algunos ejecutivos encargados de dar soluciones de pago a los clientes con créditos hipotecarios comprometidos hacían uso y abuso de su posición para obligar a los clientes a vender sus activos a precios de incendio para permitir que sus parientes o sus amigos se adjudicaran los predios, permitiendo que ventanilleros o supervisores de medio pelo ‘adquirieran’ departamentos de lujo en San Isidro. Tal cual.
Y esa práctica se ha vuelto costumbre, como veremos a continuación:
“Tengo con el Banco de Crédito una deuda aproximada de 4 millones 700 mil soles, garantizada por dos propiedades que a precio de mercado están valorizadas en 8 millones de soles y mi tasa promedio es de 4.5 por ciento anual. Hace 45 días hablé con mi sectorista para que reprogramara esa deuda con un cronograma un poco más largo, basándome en un historial de más de 20 años de pago puntual de todas mis obligaciones, explicándole que los meses de julio, agosto y septiembre iban a ser muy complicados por una serie de motivos que expuse. Como al banco le pago alrededor de 120 mil soles mensuales, y no quería comprometer mi historial crediticio, le pedí a esa señorita que gestione la reprogramación de dichos pagos. Patricia me puso en una ‘mecedora’ por una semana, y luego de eso me contacto con su jefe Paul García, gerente de Soluciones de Pago, quien me escuchó, pero no dio ninguna respuesta a mi pedido después de 45 días aproximadamente, él junto al Comité de Riesgos, me han puesto en aprietos porque no dieron solución alguna a un tema que requiere menos de 15 días para arreglarlo. Como es lógico suponer, estoy atrasado en algunos de mis créditos y expuesto a que mi deuda en lugar de estar en proceso de reprogramación pase por propuesta del BCP a un proceso de refinanciación, con el consecuente aumento de la tasa de interés anual y reclasificación financiera. Estoy seguro que lo que quieren los Paul García del Banco de Crédito, el banco del Cuy Mágico, es que la deuda aumente. Entonces, yo pregunto: ¿cuánto ganan los Paul García del BCP, transformando una deuda manejable por el cliente en una inmanejable?, ¿a cuánto asciende el bono de éxito que los Paul García del BCP reciben por realizar esa maniobra a todas luces tramposa y mañosa?
Acá, solo cabe preguntar: ¿dónde está la regulación, dónde está la Superintendencia de Banca y Seguros, pero, sobre todo, dónde están los sistemas regulatorios del banco que no permiten detectar a los Paul García que deben abundar en la institución?”
Para que Paul García nos dé respuestas a esas y otras interrogantes, lo llamamos y le hicimos las preguntas pertinentes. García, quien debe alucinarse el hijo negado del dueño del banco me dijo: “Estoy ocupado y si quieres me llamas el lunes al final del día”.
Un malcriado de tomo y lomo, sin lugar a dudas.
Desde Sudaca seguiremos investigando más casos de abusos a los clientes a ver si es una política tramposa del banco.
[INFORMES] El pasado 20 de julio, Sudaca advirtió a las autoridades del Ministerio de Salud que el único hospital de emergencias con el que cuenta una ciudad de más de 10 millones de habitantes tenía dos de sus tres quirófanos inoperativos, sus emergencistas no contaban con vendas, esparadrapo, algodón y gasa para tapar las heridas de los pacientes y las ingenieras que tenían el control administrativo del Hospital Casimiro Ulloa desde el ingreso del último director a fines del año pasado habían decidido quitarles el lonche a los trabajadores del nosocomio miraflorino.
Esa situación de extrema gravedad había sido denunciada por el cuerpo médico del hospital a las autoridades del sector Salud, pero, como la mayoría de las denuncias que no tienen la suerte de ser recogidas por la gran prensa capitalina, no había sido atendida por los burócratas de la cartera que peor se maneja, como había sido evidenciada durante la crisis sanitaria derivada de la epidemia de la Covid en el bienio 2020-2021.
Como los pedidos de los médicos del hospital de emergencias eran desoídos hasta la publicación de nuestro informe en julio pasado, ellos aprovecharon la luz de esperanza abierta por nuestro informe para volver a reclamar. Este es el derrotero de la segunda queja, explicado por la doctora Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos:
“La Asociación del Cuerpo Médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa presentó un memorial al ministro de Salud Carlos Vásquez, con copia a las distintas entidades del Gobierno, a efectos de que se evalúe y se pongan en conocimiento las distintas precariedades del hospital, como el tema de la infraestructura deteriorada, como el tema de la contratación del personal y las demás deficiencias anotadas en sus quejas anteriores. En respuesta a ese memorial, tanto la representante del sindicato de trabajadores del hospital como el representante del cuerpo médico han recibido sendas cartas notariales, conminándolos a no emitir ningún pronunciamiento a los medios de prensa e ‘invitándolos’ a retractarse de los comunicados emitidos. Adicionalmente a esto, los funcionarios ligados a la dirección del hospital han notificado a los trabajadores sobre la obligatoriedad de ‘proteger’ la información, con la finalidad de amedrentarlos e impedir las denuncias. El cuerpo médico ya ha comunicado esa situación al ministro de Trabajo Antonio Varela Bohórquez, pidiéndole que tome acciones conducentes a ponerle coto a esa campaña de amedrentamiento”.
En paralelo, se produjeron dos hechos: el hospital Casimiro Ulloa recibió una inspección ordenada por las autoridades de Salud y el propio Casimiro Ulloa emitió un documento, sosteniendo sin el menor rubor de las ingenieras al mando de la administración del hospital que el único nosocomio encargado de atender todas las emergencias médicas de la capital está en perfectas condiciones y plenamente abastecido.
Sin embargo, como todos los tripulantes no quieren sucumbir en el naufragio, la Contraloría interna ha evacuado un informe que concluye que existen problemas de desabastecimiento de medicinas y de materiales médicos esenciales. Para ilustrar esas deficiencias, tenemos una serie de fotografías que prueban fuera de toda duda que tanto la que tanto la primera como la segunda denuncia están sustentadas en hechos no solo en palabreras. Véanlas ustedes mismos.
Por su parte, la abogada penalista que defiende los intereses del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, doctora Gabriela Navarro nos dice:
“La inacción del director de la institución, luego de haber sido informado de la situación en la que está ‘funcionando’ el hospital, ha hecho que el cuerpo médico nos haya solicitado denunciarlo penalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El doctor Raúl Hinostroza Castillo, como director del hospital está rehusándose a dar solución a los problemas que están aquejando y que está en sus manos tomar las acciones correspondientes para darles solución, a pesar que en reiteradas oportunidades se le han puesto en su conocimiento los mismos, y que él, como médico, puede observar. Es más, el doctor Hinostroza tiene conocimiento pleno de la falta de medicamentos y de la situación calamitosa de los equipos usados para atender a los pacientes. En ese sentido, el otro delito grave en el que estaría incurriendo el doctor Raúl Hinostroza es la exposición de personas al peligro, justamente porque él tiene el dominio del hecho al conocer plenamente los peligros a la vida y a la salud de los pacientes.
Esperamos que el Ministerio Público haga una investigación diligente de todos estos hechos que están ocurriendo en este mismo momento en el hospital, que encuentre al o a los responsables y pida a una autoridad judicial que les aplique las sanciones correspondientes, pero, principalmente, que tome acciones para obligar a las autoridades hospitalarias a subsanar en el plazo más breve las carencias, las deficiencias y los severos deterioros de la infraestructura”.
¿Por qué lo hacen?
Probablemente en ninguna capital del mundo civilizado haya un solo hospital de emergencias de las características del Casimiro Ulloa para atender a una población que se calcula en unos 10 millones de personas. Probablemente en ningún país del planeta que haya recibido cada año más y más divisas por la exportación sostenida y creciente de sus minerales, de sus productos agrícolas elaborados con el auxilio de la tecnología y de su harina y aceite de pescado de alta cotización en el mundo desarrollado, los presupuestos de salud y de educación se dediquen a la contratación de asesores, de consultores y de expositores de mil y un asuntos probablemente importantes, pero no esenciales ni vitales para las personas. Si además nos enteramos que el hospital Edgardo Rebagliati, el más grande y el mejor equipado de los hospitales de EsSalud (que tiene solamente un resonador magnético malogrado desde hace meses y que subcontrata las resonancias para los pacientes privilegiados para que se efectúen 6 y 9 meses después de ordenadas por sus médicos), fue construido por el gobierno del general Odría en los años cincuenta. Si además nos enteramos que los nombramientos de los directores de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud -entre ellos el Casimiro Ulloa- son hechos por las burocracias enquistadas por años en el sector y que los nombramientos o designaciones son hechas a dedo por cada nuevo director, dándose el caso que los altos funcionarios del Casimiro Ulloa son ingenieras. Si sumamos todas esas causas directas o indirectas de muertes tempranas, de largas agonías y de miles de horas de personas enfermas a la espera de un turno de atención, de un medicamento o de un diagnóstico largamente esperado, entenderemos porqué los últimos gobiernos han acabado como acabaron.
[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.
En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.
Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.
Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.
Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.
Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.
Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.
Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:
Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.
Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?
Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.
Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?
Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.
¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?
El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.
¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?
No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.
Cuando el futuro nos alcance
Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.
Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.
¿Qué hacer?
En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.
Desde que los humanos tenemos memoria, cada segundo, cada minuto, cada día, cada vez que una mujer sale sola a la calle, siempre hay un miserable que nos lanza una mirada asquerosa, una palabra que no pronunciaría en la oreja de su madre o se nos acerca para sobarnos, para tocarnos, para olernos como si fuéramos su bocado favorito; en fin, para realizar el ritual milenario de intentar tomarnos, de poseernos como si nosotras no tuviéramos albedrío, voluntad, gusto.
Estudiado fundamentalmente por hombres, el acoso sexual a las mujeres indefensas no es más que la parte más oprobiosa de la capacidad ilimitada que tienen los que ostentan el poder para hacer los que les dé la gana sobre las que no tenemos ningún poder. Y en términos prácticos es el origen del maltrato de los hombres abusivos sobre las mujeres y los niños que dependen de él. Es pura cobardía, porque un hombre sólo ejerce ese abuso cuando sabe que el abusado no puede defenderse de él.
Y no nos equivoquemos por los matices que parecen diferenciar al niño que golpea con un calcetín relleno de talco seco o piedrecillas a la empleada del hogar, al animal que coge un palo o un fierro y golpea hasta cansarse a su mujer. Ambos son unos abusadores, y sobre el niño que golpea con el ‘matacholas’ a su niñera se construye inevitablemente un salvaje que desfogará en el futuro todos sus complejos sobre la hembra sometida.
Pero el tema no es solamente una historia que tenemos que repasar cada vez que hay uno de esos homicidios que ahora se denominan feminicidios, pero que son nada más que unos homicidios cometidos con más alevosía y con más ventaja que los que comete un hombre contra otro hombre.
Enterémonos qué pasó el viernes último en un supermercado de Surco:
La señora Andrea Chamorro Ríos, de 36 años de edad, denunció en la comisaría de Sagitario, Surco, al suboficial superior en situación de retiro de la Policía Nacional Juan Martínez Farfán, de 60 años, por haberle realizado tocamientos indebidos dentro del supermercado Plaza Vea de La Bolichera, Surco. Según relató Andrea Chamorro a Sudaca, el acosador se le acercó y le tocó los glúteos cuando ella se encontraba en la sección de venta de zapatillas del centro comercial.
“El viernes por la tarde, yo estaba haciendo mis compras en la sección de damas de la venta de zapatillas de Plaza Vea y una señora de mediana edad se encontraba delante mío. En ese momento, la hija de la señora le dice: ‘mamita, ponte detrás de la señorita para que hagan sus compras’; yo seguí viendo las zapatillas e intuí que madre e hija estaban detrás, cuando, de pronto, siento que alguien se abalanza sobre mi costado izquierdo, pone su cara delante de la mía y pega su pecho al mío, buscando tener un contacto estrecho conmigo. Entonces, la señora que estaba a mi lado me pregunta si ese hombre era un familiar o un conocido porque se había acercado tanto a mi. Negar eso con firmeza y voltear a increpar al acosador fue simultáneo, por lo que la respuesta del agresor, quien dijo que estaba ‘ciego’ porque lo acababan de operar de la vista, nos sorprendió a ambas, las cuales nos dimos cuenta que era una excusa falsa para esconder su conducta impropia. Inmediatamente, la señora le dice que cómo puede estar de compras si está ‘ciego’, y él respondió que tenía que hacer sus compras porque era un hombre solo. Más tarde, ante las autoridades que lo interrogaron, el suboficial retirado Juan Martínez dijo tener retinopatía diabética”.
En la denuncia policial, Andrea Chamorro precisó que la señora que le advirtió el acercamiento y el tocamiento indebido dijo al trabajador del supermercado que las imágenes de la agresión tenían que haber sido registradas por la cámara que se encontraba exactamente sobre sus cabezas.
“Afortunadamente, la señora estuvo detrás mío y observó cómo el tipo se me acercó y con toda la intención se me fue encima y tocó ambos glúteos. Para cuando salimos de la tienda el hombre se me acerco a pedirme mis datos personales porque me iba a poner una denuncia, él me amenazo que iba a llamar a su abogado. Cuando le hago el reclamo grabando con mi celular a Martínez Farfán, él se quita los lentes y nunca más se los volvió a poner alegando que no veía bien y luego cuando tuvo que dar su testimonio al agente policial no les dijo que estaba recién operado porque seguramente no tenía como demostrarlo”, puntualizó Chamorro.
“Lo que más me indigna es que yo he presentado la denuncia por tocamientos indebidos no por agresión y en la comisaría me dicen que el resultado del médico legista dio negativo, obviamente pues, si el tipo no me ha pegado, pero ellos querían ver si tenía moretones, yo me pregunto es normal que un cualquiera venga a tocarme. Para colmo a Farfán no le han hecho examen toxicológico, cuando el fiscal llegó les preguntó a los policías si ya habían realizado el examen toxicológico y le respondieron que no porque no hay patrullas para llevarlo a realizar el procedimiento, ayer sábado recién se lo han hecho por eso el fiscal les dijo se supone que cuando pasan más horas es peor porque ya no queda pruebas si tenía algo o no en la sangre”, manifiesta la agraviada.
Asimismo, la mujer comentó que en Plaza Vea le dijeron que no querían que haga escándalos, que vaya y ponga la denuncia porque el Gerente del supermercado había visto el video junto a un brigadista y lamentablemente la intención es clara en el video.
“Yo no dejaba que el hombre salga de la tienda y mientras seguridad pedía apoyo de la Policía el Gerente estuvo viendo el video de las cámaras de seguridad con el brigadista que me llama y me dice que la intención es clara y que no me lo podían mostrar por un tema de protocolo. Ya han solicitado las imágenes, pero está a la espera de un documento que tiene que emitir el gerente de la tienda. Es indignante que no se apuren con esto, no imaginan el asco que llegué a sentir que ese hombre me toque. Ahora me dice el suboficial Castro, que el abogado de Juan Manuel Martinez Farfán ha solicitado que hagan una ampliación de mi declaración porque según él hay una contradicción en mi declaración”.
No es el primero ni parece que será el último
Años atrás, no muchos, pero separados de esta realidad por una pandemia demoledora y dos o tres cambios presidenciales abruptos, hubo un congresista fujimorista que tocó todo lo que no se debe tocar del cuerpo de una aeromoza en un vuelo que debería haber partido de Juliaca a Lima con él a bordo. El parlamentario Moisés Mamani Choquehuanca, quien murió durante la pandemia sin haber aceptado nunca su culpa, dijo al ser desembarcado del avión por su conducta aparentemente delictiva, que debido a su diabetes sufrió un desvanecimiento cuando pasaba a su lado la hostess brasileña, y tuvo que cogerla por la cintura para evitar caerse. Evidentemente, esa disculpa fue tan falsa como la del mañoso suboficial de Policía en situación de retiro, Juan Martínez Farfán, y tan falsa como las de todos los Mamani de este mundo tan machista en el que nos ha tocado vivir.
[INFORMES] Según dicen los historiadores, la noción de policía es antigua, aunque la palabra no la es. Y, aunque no sepamos los detalles concretos de cómo y cuándo nació la primera función policiaca, es lógico suponer que apenas los hombres descubrieron la manera de cultivar la tierra para obtener sus frutos, y, paralelamente, domesticar a los cuadrúpedos que compartían con ellos el territorio ubicado en el Mediterráneo oriental hace más de diez mil años, buscaron la forma de cuidarlos y evitar que los extranjeros se los robaran. Y así, crearon un cuerpo policial que protegiera sus fronteras y mantuviera el orden interno en sus tierras.
Como no existen testimonios de los pormenores de esa primera gran transformación de la humanidad, que consistió básicamente en dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo existente hasta nuestros días, varios escritores imaginaron ese enorme arco histórico de varios centenares de años, entre ellos el finlandés Mika Waltari en Sinuhé, el egipcio, el norteamericano Norman Mailer en Noches de la antigüedad y el israelí Yuval Noah Harari en Sapiens. Todos ellos coinciden en que el concepto de propiedad individual reemplazó poco a poco al de propiedad tribal, obligando a los más fuertes y a los más listos a crear fórmulas destinadas a imprimir en los súbditos las ideas de jerarquía, de territorialidad, de encargo divino y de obediencia a todos los anteriores.
Siglos después, como es lógico suponer, el concepto fue buscando la forma de transformarse en la palabra policía. Entre uno y otro fueron creándose cuerpos de seguridad en diferentes lugares de Europa, como la Santa Hermandad española de 1476, el Lieutenant Générál francés de 1667 y los alguaciles ingleses en la misma época. Pero el dato más cierto del ‘matrimonio’ entre el concepto y la palabra se dio en el siglo XVII francés, cuando París era la ciudad más grande y más peligrosa de Europa, momento en el cual las autoridades políticas deciden unificar todos los cuerpos de seguridad en uno solo y lo llaman Police. A partir de la Police francesa nacen la Police anglosajona, la Polizia italiana, la Polizei alemana y todas las demás policías europeas, que en escritura latina o cirílica son muy similares, reconociéndose rápidamente que la palabra fue posterior al concepto.
La propuesta de una policía rápida vista por el ex ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes:
“Yo no creo que la creación de ese cuerpo policial mellaría el profesionalismo de la Policía; primero, porque el proyecto de ley tiene el mensaje subyacente de que nuestra Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad: tenemos un desborde de la criminalidad organizada y de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista, enfrentando, a la vez, una situación en la que la Policía sufre un grave déficit de personal no sólo por el aumento de la criminalidad, sino porque -según información oficial documentada- anualmente pasan al retiro a su solicitud entre cuatro y cinco mil agentes policiales, es decir, en diez años han dejado la fuerza policial más de cincuenta mil agentes, generando un serio problema para atender el creciente avance de la criminalidad en sus diferentes versiones. Entonces, yo creo que debemos de evaluar medidas urgentes que permitan revertir dos cosas fundamentales: el serio problema de inseguridad pública en el que 90 por ciento de los peruanos coincidimos y, también, el tema de la victimización. Ahora bien, en el tema específico de esta propuesta, yo parto señalando que no es Made in Perú, pues en condiciones similares también se está trabajando una propuesta similar en Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene dentro de su estructura a un policía con un perfil muy parecido al que acá estamos empezando a discutir; lo mismo pasa en Chile, en Francia y en otros países, es decir, no estamos ante una figura nueva, sino que estamos ante un fenómeno mundial en el cual cada país involucrado está tomando decisiones parecidas en contextos similares al peruano, especialmente en Lima, una ciudad del tamaño y con la población de un país chico. Las experiencias internacionales nos dicen que la medida ha sido positiva, la participación de una Policía de las características planteadas por las autoridades nacionales ha sido positiva en los países citados y ha ayudado a revertir la percepción de inseguridad, sobre todo porque ese trabajo se ha concentrado en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo; entonces, creo que debemos darle la bienvenida a la discusión de un tema tan importante y no rechazar pero se a esa posibilidad.
Uno de los problemas que podría poner en riesgo el proyecto de la Policía Comunitaria es lo siguiente: si no se tienen los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad no son suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos -más bien- estar incubando un serio problema; si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación de los suboficiales, entonces también podríamos tener serios problemas de formación, como hemos observado en el pasado. Esos son, qué duda cabe, dos problemas centrales.
Esta nueva Policía está destinada básicamente a trabajar en aspectos preventivos, en aspectos comunitarios, es decir, en las comisarías y en los municipios, no en la persecución de los crímenes eventuales o contra la criminalidad organizada. Estamos hablando de un cuerpo de prevención del delito, no de una policía especializada en perseguirlo y combatirlo”.
Así las cosas, veamos cuáles son los pro y cuáles los contra de la cien veces mencionada ‘policía rápida para combatir los delitos menores en el Perú del 2023’. Leamos:
El pasado viernes 28 de julio, durante la lectura de su extenso mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional, denominada tentativamente Policía de Orden y de Seguridad.
Como todos sabemos, para que ese proyecto se transforme en ley debe transitar el camino que realizan las normas vigentes, es decir, debe ingresar a la Comisión de Orden Interno, recibir la opinión de la Comisión de Constitución y, posteriormente, con el visto bueno de Orden Interno, llegar al pleno, donde se debatirá y se pondrá a votación. En síntesis, contando con el apoyo político de la mayoría de los congresistas, en el mejor de los casos, tomará como mínimo más de dos meses para su eventual aprobación y, de darse esta, se necesitará un tiempo igual o mayor para su reglamentación. Sólo así, la Policía Nacional podría comenzar a reclutar a las mujeres y a los hombres que integrarían la primera promoción de ese cuerpo de seguridad. Vale decir que, a toda máquina, los primeros graduados saldrían a las calles entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.
Como quiera que nuestro país está sufriendo de un altísimo nivel de inseguridad y que la fuerza policial tiene un déficit de alrededor de 50 mil efectivos, es indispensable que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible la carencia de efectivos policiales y la falta de armamento, de movilidad y de avituallamiento de los cuerpos policiales existentes, además de encontrar la forma más rápida de conseguir que se cree y reglamente esa nueva policía que esté más cerca al ciudadano para protegerlo ”de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista”, según palabras del ex ministro Rubén Vargas Cespedes.
Revisando las opiniones de los expertos en seguridad ciudadana consultados acerca de la viabilidad de la propuesta presidencial, hay un consenso que esa nueva categoría policial permitiría incorporar a 6 mil nuevos efectivos debidamente capacitados y equipados cada año, los cuales trabajarían bajo la supervisión de policías experimentados y al lado de los miembros de los serenazgos distritales respectivos.
El proyecto presentado por la máxima autoridad del Ejecutivo ante el Congreso prevé que la formación de los policías de Orden y de Seguridad tendrá una instrucción de dos semestres en los cuales se les entrenará en defensa personal y manejo de armas de fuego, y se les capacitará en materia legal, todo ello de acuerdo a los manuales y a los protocolos vigentes. Para intentar que las nuevas incorporaciones no sean solamente los reemplazos apurados de los policías experimentados que piden su baja anualmente, ya que 6 mil ingresos contra 5 mil egresos al año ayudan poco o nada, el proyecto ha previsto que los reclutas que hayan tenido instrucción previa de dos años en las Fuerzas Armadas podrán convalidar cursos relacionados con destrezas y habilidades propias de un oficio con un gran componente físico en tan solo un semestre académico. Estos últimos tendrán la opción de postular posteriormente a las escuelas de oficiales y suboficiales para lograr eventuales ascensos. Y como sus funciones según las normas legales están en el ámbito de la protección ciudadana, podrán portar armas de fuego y detener a los delincuentes en flagrancia, mas no podrán realizar funciones de investigación ni de trabajo administrativo.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Los integrantes de la Policía de Orden y Seguridad podrán acceder a un contrato inicial de tres años, con la opción de extenderlo por otros tres años adicionales. Con una remuneración mensual equivalente a S/ 2,153.84 soles esto incluye EsSalud, además recibirá S/ 300.00 soles en el mes de diciembre y S/ 300.00 soles por escolaridad.
Tentativamente se puede albergar a los aspirantes a la Policía de orden y Seguridad en las 10 escuelas de Suboficiales que ascendería a un costo por implementación de infraestructura de S/ 13´512,853.00 soles. Se debe tener en cuenta que para el 2025 el número de escuelas van a reducirse, esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN. Y que también prohíbe la creación de nuevas Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.
Datos:
El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que entre octubre y noviembre de este año se hará el cambio de mil patrulleros para Lima, también se estarían sumando 2000 motos que serán entregadas por un convenio con la Municipalidad de Lima.
El titular del Interior ha pedido plazo de 1 año para ver resultados. Pero la mayoría de ex ministros del Interior coinciden que se debe recuperar la institucionalidad porque la Policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, se debe priorizar el presupuesto en temas de logística, de infraestructura y de tecnología ya que es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado
Existen iniciativas similares que han dado resultados positivos en otros países, esto no significa que en el Perú tengan los mismos efectos, teniendo en cuenta las graves falencias que aquejan a la Policía desde hace varias décadas.
Ajustes necesarios en materia policial y penal
Hace poco más de 100 años, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía creó la Brigada de Investigación y Vigilancia que tenía como funciones la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. El cuerpo policial encargado de investigar y perseguir el delito perdió su independencia administrativa cuando el gobierno de Alan García decidió fusionarlo en 1988 con la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En lugar de mejorar sus funciones, la nueva institución llamada Policía Nacional del Perú ingresó en un proceso de descomposición con muchas fricciones internas, debido a que los guardias civiles y los investigadores tenían funciones distintas y poco compatibles, y los guardias republicanos vieron limitadas sus funciones desde el comienzo de la fusión.
De otro lado, dada la estructuración de la sociedad peruana hasta la llegada del gobierno militar de 1968, la criminalidad rural estaba circunscrita al abigeato y la urbana a los esporádicos asaltos a los bancos y a los homicidios de alto perfil en las clases sociales más favorecidas. Por esas razones, ni la Policía estaba preparada para combatir el terrorismo que nació al acabarse el gobierno militar ni a perseguir los delitos derivados del crecimiento desmesurado de la población capitalina por la gigantesca migración interna. Paralelamente, los abogados que ejercían el derecho penal se vieron desbordados por la proliferación de los delitos de cuello y corbata. Con la misma lógica existente en todos los procesos comparativos entre la función privada y la pública, los abogados de diferente formación se reciclaron y los más listos entre ellos se volvieron penalistas, enriqueciéndose rápidamente, mientras los policías de investigaciones tuvieron que graduarse sobre la marcha cuando persiguieron y capturaron a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas -Sendero Luminoso y el MRTA- más sanguinarias de América del Sur. Como ‘premio’ a semejante esfuerzo, los legisladores le quitaron a la Policía la función de investigar los delitos y se la dieron al Ministerio Público, generando muchos de los problemas que hoy lamentamos.
Recapitulando, la solución a los problemas de la criminalidad creciente tiene que ver no sólo con la escasez de policías, sino con la falta de legisladores inteligentes, con la carencia de fiscales y de jueces bien preparados y con la súper abundancia de abogados penalistas mal preparados y de malos periodistas al servicio de fiscales ansiosos de popularidad a cambio de falsas primicias.