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Lambayeque: Industria azucarera entre la paja y el trigo

El Gobierno busca solucionar la crisis social de los trabajadores azucareros de la región con la instalación de una mesa de diálogo dirigida por la Presidencia del Consejo de Ministros. Con esto se ataca una problemática que afecta a miles de familias y tiene a algunas emblemáticas empresas en estado de postración.

La otrora poderosa industria azucarera de Lambayeque atraviesa su momento más difícil, y ello se refleja en la insalvable situación que atraviesa la empresa Agroindustrial Tumán. De haber sido uno de los ingenios más importantes del país, por su producción de más de 8 mil bolsas de azúcar diarias, en la actualidad mafias, con participación de cuestionados políticos y decisiones erróneas y cuestionables del Poder Judicial con Resoluciones de Administraciones Judiciales –que hacen de todo por  perpetuarse en el poder–, se han olvidado de la materia prima para la siembra y producción. Por ende, han dejado a su suerte a la masa trabajadora, impaga por varios años y en medio de interminables procesos judiciales en casos civiles, tributarios, penales y laborales.

El Gobierno actual, ha puesto en la mira esta situación y, con la participación de diversos actores técnicos, económicos y políticos, quiere plantear soluciones. Por ello el pasado 11 de junio, en el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó la creación de un  Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa de Diálogo”, para que aborde el tema y plantee soluciones a la crisis de la masa trabajadora que por años ha sido el sustento del movimiento económico en esta parte del país.

Este grupo será presidido por un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y participarán representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Frente Nacional de Defensa de la Industria Azucarera (FREDIAP) de Lambayeque y de la Coordinadora Regional de trabajadores y ex trabajadores de las empresas azucareras.

Ellos tendrán como función articular con las entidades públicas y privadas, y otros actores locales y nacionales, para elaborar un documento que identifique y proponga acciones que coadyuven, atiendan y solucionen la problemática social de los trabajadores y ex trabajadores de las empresas azucareras del departamento de Lambayeque.

trabajadores de las azucareras lambayecanas
Miles de trabajadores de las azucareras lambayecanas esperan que la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo llegue a acuerdos que solucionen su precaria situación.

El Grupo de Trabajo tiene vigencia de 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de su instalación. Vencido el plazo de vigencia, la Presidencia del Grupo de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica, dispone de 30 días calendarios adicionales, para presentar un informe final ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

MAFIAS PUGNAN POR CONTROLAR INGENIOS

Para nadie es un secreto que las agroindustriales de la región conviven con la corrupción, conducidas por desastrosas administraciones judiciales y en medio de la desidia de las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial para hacer frente a organizaciones criminales enquistadas en ellas, salvo la Agroindustrial Pomalca, cuya situación empresarial está en franco despegue, y la de Cayaltí, con acciones que apuntan a un resurgir. 

Las Empresas Azucareras de Tumán, AgroPucalá y Úcupe no solo agonizan, sino también continúan sin órganos de gobierno debidamente constituidos y sumidas en millonarias deudas, procesos judiciales con sus trabajadores, jubilados y acreedores, quienes –frente al desalentador panorama que se avecina– continúan exigiendo al gobierno de turno el cese del abuso de los investigados denominados ‘barones del azúcar’.

La mayoría de empresas en la región Lambayeque, hoy convertidas en sociedades anónimas producto del Decreto Legislativo 802, promulgado en marzo de 1996, continúan marchando rumbo a su extinción, pese al ofrecimiento que se hizo oportunamente para ser reflotarlas a través de la capitalización de sus deudas, declararlas en emergencia y hasta velar por su correcta conducción de la mano con el empresariado. 

Las azucareras de Tumán, AgroPucalá y Úcupe atraviesan su peor crisis y se encuentran hoy gravemente afectadas, sin sus ingenios o fábricas en funcionamiento y arrastradas a ser canibalizadas por falsos empresarios, disfrazados de inversionistas y envueltos en eternas investigaciones por criminalidad  organizada, donde suena fuerte la complicidad de ciertas autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional.

A ello se suma la cómplice e ineficiente fiscalización judicial que, en algunos casos –por más de una década– intervino en ellas avalando a los integrantes de las denominadas “Administraciones Judiciales”, y que lejos de recuperarlas, las han llevado a su hora cero, viéndose envueltas en burdas maniobras como la adulteración de documentos y la “fabricación” de millonarias deudas fantasmas para prolongar su permanencia.

TUMÁN: OTRORA PODEROSA

Sin sus órganos de gobierno debidamente definidos –directorio y gerencia general– y arrastrando cuantiosas deudas como la de más de 250 millones de soles a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la agroindustrial Tumán es hoy una de las que en los últimos 7 años refleja esta grave crisis, aprovechada por presuntas redes criminales no solo para sacar ventaja de su producción a través de la defraudación tributaria y lavado de activos, conforme a investigaciones de la Fiscalía Especializada en delitos de Criminalidad Organizada de Lambayeque, sino también para disputarse cada metro de sus 7,700 hectáreas utilizadas para la siembra de caña y traficarlas ante el total silencio de sus accionistas y sufridos trabajadores que sobreviven con el pago de 100 soles mensuales. 

En la actualidad, Tumán es canibalizada, padeciendo por la pérdida de su patrimonio y desvaneciéndose aquel recuerdo que –hasta el 2015– fue la fuente de trabajo de más de 3,000 trabajadores y de 10,000 familias que vivían directa e indirectamente de esta empresa que llegó a facturar anualmente más de 100 millones de soles al año. 

Las cifras que hasta ese momento se tenían sobre sus exitosas cosechas van pasando al olvido, pues a la fecha se ha evidenciado en corto tiempo, tras la abrupta salida del Grupo Oviedo, la presencia de hasta cuatro redes criminales: “Los Incas del Azúcar”, “Los Malditos del Azúcar”, “Los Tumaneños del Azúcar” y “Los Lavadores del Azúcar”, quienes no solo se habrían valido de la empresa para defraudarla tributariamente e incrementar exponencialmente sus ganancias, sino también permitido que se usurpen más de mil hectáreas, llevándola a afrontar un desolador panorama.

Tumán, es el claro ejemplo de cómo en ella operan presuntas redes criminales, que, en los últimos 7 años, han traído por los suelos aquellos récords históricos de molienda de caña y producción de azúcar alcanzados hasta el año 2015, de 998 mil toneladas de caña, según los reportes de la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima. Se precisa que la presencia del Grupo Oviedo, independientemente de la investigación que en la actualidad pesa sobre sus principales directivos, pagó al día los sueldos de sus trabajadores, hizo una inversión oportuna y manejó con eficiencia los campos, donde mientras su directorio manejaba el asunto societario, la administración judicial lo hacía con la parte operativa.  

Esta azucarera, que en los dos últimos años no ha producido ni una sola bolsa de azúcar –y que en el año 2019 solo molió 180 mil toneladas– padece hoy las consecuencias de la irresponsable actuación del Poder Judicial por el uso y abuso de medidas cautelares otorgadas por cuestionados magistrados de Amazonas y Lambayeque, quienes dieron luz verde al ingreso de siniestros personajes respaldados por seudocomisiones de dirigentes, amparados en supuestos millonarios ‘préstamos’ de dinero cedidos por las investigadas empresas Alimenta Perú SAC y Multinegocios del Pacífico SAC, que –se asegura– nunca ingresaron a las arcas de la azucarera.

Se estima que la otrora poderosa Tumán tiene una deuda que bordea los 800 millones de soles. Hoy sufren el abandono, con más de 200 millones de soles de impuestos no pagados al Estado (Sunat y EsSalud) y 100 millones de soles más por evasión tributaria, pero principalmente con la acelerada acumulación de deudas por el no pago de remuneraciones y beneficios sociales a los sufridos trabajadores.

A esto se suma que desde 2016, desde el ingreso de “administraciones judiciales” dirigidas por los propios trabajadores, desde Marcelino Llontop Suyón, pasando por Leoncio Egúsquiza Sánchez, hasta César Sandoval Lozada, Daniel Rioja Sánchez y Erick Benavides Timaná, no se han elaborado balances económicos que permitan conocer el manejo de sus fondos, situación que ha conllevado sean denunciados penalmente e investigados por presuntos delitos como criminalidad organizada y otros en las carpetas fiscales N° 216-2021, 03-2020, 18-2018 y 46-2018 y 09-2022.

Y es que mientras la gestión de Marcelino Llontop, investigado por ser presunto líder de la red criminal “Los Incas del Azúcar”, es señalada de haber generado un perjuicio de 12 millones 624 mil soles; la del investigado César Sandoval, voceado cabecilla de la red criminal “Los Tumaneños del Azúcar”, también habría generado un endeudamiento superior a los 6 millones de soles. 

Similar situación se extendería con la gestión de los administradores judiciales Daniel Rioja y Martín Martínez, año 2017, tiempo en que no solo se vería en acción a la presunta red criminal “Los Malditos del Azúcar”, sino también el incremento de sus pérdidas con contratos de reconocimiento de deuda por 4 millones de soles, firma de pagaré por 3 millones de soles, firma de letra de cambio por 2 millones de soles y contrato de anticipo de venta de alcohol por 1 millón de soles, hechos denunciados ante el Congreso de la República y las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

En la actualidad, con un V Directorio a un paso de retomar las riendas de esta azucarera y un gerente general como Jorge Rodríguez Gálvez pugnando su permanencia al frente de ella, el desgobierno se agudiza debido a la presencia de ‘piquetes’ de trabajadores y extrañas personas  a la empresa que bajo fuego solo buscan aliarse a investigados y conocidos comerciantes azucareros, vinculados a excongresistas, que buscarían satisfacer sus intereses anunciando planes de reflotamiento con inversiones de hasta 15 millones de soles, que a la fecha siguen sin concretarse.

AGROPUCALÁ: CRÍMENES SIN RESOLVER

Con un proceso concursal de acreencias casi consumado e impulsado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la SUNAT, por la acumulación de deudas anteriores al año 2004, AgroPucalá es otra de las empresas sumidas en una grave crisis económica, traducida en el no pago de 60 quincenas a sus trabajadores, pero a punto de cerrar una historia donde es notoria la presencia de una presunta megared criminal que no solo ha logrado su absoluto control, sino que para hacerlo ha protagonizado una serie de crímenes sin resolver.

El registro de 29 asesinatos que inició en el año 2008 con el feroz asesinato del abogado Fernando Arbulú Roca, sin resolver a la fecha, continuó en el 2010 con su colega Álex Minaya Delgado y tuvo otro episodio sangriento en el 2012 con el atentado contra la secretaria judicial Doris Ruiz Salazar, permitió que sin investigaciones serias sobre ellas se abriera el camino para que llegue una ola de muertes hasta la fecha impunes. 

A pesar de los anuncios de fiscales como Jorge Arteaga Vera, Juan Carrasco Millones y Giovanna del Río Carreño para investigar a fondo la fuerte presencia de una mega redcriminal instalada en las azucareras, los ajustes de cuentas y represiones a los trabajadores, a lo largo de esta última década han continuado. Sucedieron –entre otros– los homicidios de Sergio Yancul Zapata, Segundo Burgos Fernández, Gino Norino Vizcardo, Julia Gonzales Rojas, Elmer Chudán Calderón y recientemente Fernando Barboza Coronel.

No obstante, pese a este sangriento escenario, donde el brazo de la justicia no llega, AgroPucalá ha transitado por ocho administraciones judiciales en los últimos 18 años. Las dos últimas, encabezadas por Luis Dávila Dávila, Paulina Ventura Zapata y Yolanda Pérez Arrascue, aliados del controvertido abogado Max Ayora Inoñán, son –sin duda– las más cuestionadas por la masa trabajadora. Actualmente, todos ellos desfilan en condición de investigados en la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, en lo que sería la mega redcriminal “Los Lavadores del Azúcar”, con presuntos nexos ilícitos en la agroindustrial Tumán. 

En un intento por recuperar su control, de la mano de la CPC Yuly Herrera Llamocca, Administradora Concursal que aguarda recibir luz verde de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), esta empresa sufre por su golpeada economía, pues hasta antes del año 2004 ha logrado acumular una deuda social y de acreencias que supera los 300 millones de soles. Del 2004 para adelante, la deuda social ha ido incrementándose a razón de 3 millones de soles por año, haciendo un total aproximado de 51 millones de soles. Solo por concepto de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), las deudas por remuneraciones sumarían otros 70 millones de soles más.

Por esto último, dirigentes como Grimaldo Cadenillas Uceda, Hugo Siesquén Montoya y el litisconsorte Edmundo Gálvez Rodríguez han coincidido en señalar que quienes hoy están al frente de esta empresa formarían parte de una organización criminal con la finalidad de lavar activos y defraudar tributariamente al Estado, adquiriendo bienes muebles e inmuebles a través de terceras personas, y cuyo origen provendría de las arcas de AgroPucalá e Industrial Pucalá SAC, que se constituirían en agraviadas.

Hartos del abuso, del abandono económico y administrativo, con deudas de más de 58 quincenas y con una fábrica ‘a media caña’, los trabajadores insisten en rescatar lo poco que queda de su empresa antes que ocurran más pérdidas de predios como Huaca Blanca y Tablazos, que fueron cedidos en garantía por ‘préstamos’ de 3.3 millones de soles. Sorprendentemente, estos predios hipotecados por exdirectivos estaban valorizados en más de 7.3 millones de dólares. La historia del Fundo Tabernas es similar.

POMALCA: LA ÚNICA ESTABLE

A diferencia de los casos anteriores del mundo de las azucareras de Lambayeque, la agroindustrial Pomalca es la única en su rubro que cuenta con un Directorio, Gerencia General y Junta de Accionistas, y continúa avanzando con la recuperación, que contempla para este año 2022 la inversión de 25 millones de soles para ampliar su frontera agrícola hasta en 6 mil hectáreas de caña de azúcar e inversiones de más de 68 millones de soles en la mejora de su fábrica y del proceso de producción de su dulce producto.

Contrariamente a lo que ha venido ocurriendo en las agroindustriales vecinas, donde la falta de pagos genera permanentes reclamos ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Pomalca ha logrado ser reflotada permitiendo no solo el pago al día de sus 2,111 trabajadores, con desembolsos que superan los 3 millones de soles mensuales, sino también el pago por deuda laboral a los 3 mil jubilados, viudas y herederos que este año sobrepasan los 10 millones de soles. A ello se añaden otros 200 millones cancelados desde el 2006 a la fecha en un compromiso asumido al ingresar el Grupo Oviedo como principal accionista. 

Ello, sin contar el cumplimiento de pago de beneficios como gratificaciones, escolaridad y CTS y la asignación de utilidades a sus trabajadores, cuya entrega se hará efectiva en el primer trimestre del 2023. 

Las cifras, a decir de sus directivos, son auspiciosas, habiéndose previsto una inversión adicional de más de 10 millones en el pago por concepto de agua a la Junta de Usuarios, para garantizar el riego de sus campos, y también –frente al alza de precios en el mercado internacional– invertir otros 18 millones de soles en el año para garantizar la compra de la cotizada úrea y herbicidas.

Viviendas para los trabajadores de Pomalca
Viviendas para los trabajadores de Pomalca y sus familias, en el marco del proyecto “El Sol de Pomalca”

Y, como parte de su responsabilidad social, aspecto del que carecen el resto de azucareras, la citada empresa ha logrado que hasta el momento más de 3,900 familias vean realizado el sueño de la casa propia a través del proyecto de vivienda “El Sol de Pomalca”, impulsado por la agroindustrial. Asimismo, a través de su programa de titulación para vivienda, el acompañamiento necesario a través del programa del Fondo MiVivienda “Lote Propio” para contar con un título de propiedad a cuenta de su deuda laboral.

CAYALTÍ: AGROEXPORTACIÓN

Finalmente, aunque con menor movimiento de inversiones, y tras pasar por una prolongada etapa de intervención por parte de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A.), desde el año 1999, la empresa Cayaltí atraviesa por una nueva etapa dejando atrás los sembríos de caña de azúcar para pasar al alquiler de tierras y la siembra de productos agroexportables.

Aunque en esta empresa se ciernen algunas situaciones poco transparentes, como el interés que primaría en una presunta red criminal por apoderarse de ella y que fue denunciado en la encarpetada investigación que siguió la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima sobre la irregular compra –a través de la Sociedad Agente de Bolsa– de 1 millón 36 mil 873 acciones a un monto de 1 millón 119 mil 822 soles, realizada por tres trabajadores con el aval de la investigada empresa ligada a un conocido abogado.

Al margen de ello, Cayaltí, tras la llegada de Augusto Cillóniz a la gerencia general, busca cerrar oscuros episodios y se proyecta como una empresa agroexportadora de productos frutales como palta, arándano y próximamente mandarina. Para ello, en las más de 4,500 hectáreas de tierras que posee se tiene planificada la implementación de un sistema de riego por goteo, que busca no solo fomentar un ahorro significativo en el uso del agua, sino también una contribución con el planeta.

A la fecha son ya 1,650 las hectáreas de tierras que cuentan con este sistema, y se prevé una progresiva inversión en plantas de riego y la extracción de agua del subsuelo, de la mano con la generación de 6 mil puestos de trabajo.

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Azucareras, Gobierno, Pedro Castillo

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