[INFORME] Entre los nombres mencionados preliminarmente en la investigación, figuran Oscar Peña Aparicio, así como Víctor Matta Curotto y su hijo. El testimonio revelaría una supuesta alianza entre estos actores para apropiarse indebidamente de cuotas pesqueras asignadas a la empresa Pesquera Mar.
Presuntas irregularidades y omisiones
Según la información a la que tuvo acceso Bulos, el esquema incluiría el uso de una licencia de producción de harina de pescado presuntamente obtenida de forma irregular, sin cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes. Este hecho se vincula a una disputa legal aún vigente: la Ejecutoria Suprema N° 1756-2010, emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordena anular todo lo actuado sobre los derechos pesqueros de Pesquera Mar y retrotraer el proceso al año 1992.
Pese a esta sentencia, el cumplimiento de la misma no se ha concretado. De acuerdo con la misma fuente, esta omisión tendría como raíz el accionar del entonces procurador del Ministerio de la Producción, Fernando Vidal Malca, quien habría contribuido a bloquear su ejecución.
Compra cuestionada y supuestas maniobras
Otra de las líneas investigativas incluye la aparición del empresario Víctor Matta Curotto, acompañado por su abogado Martín Kohatsu y el empresario Martín Belaunde Lossio, quienes —según se relata— intentaron adquirir los derechos de Pesquera Mar. Al no concretarse el acuerdo, habrían presentado un contrato cuya validez está siendo cuestionada debido a supuestas firmas falsas, situación que derivó en una investigación por delitos como lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y falsedad documental.
Dicho contrato fue validado en su momento por el Ministerio de la Producción, lo que habría permitido a la sociedad formada entre Oscar Peña y otros continuar sus operaciones sin interferencias. Esta situación incluso habría derivado en la expulsión de la empresa Exalmar de la SNP, en un contexto de disputas internas.
Un patrón reiterado
Según Bulos, el testimonio a presentarse indicaría que las mismas personas han intentado en 2024 reactivar cuotas de la empresa Pesquera Don Rosendo mediante una medida cautelar, a pesar de que estas ya habían sido anuladas. El patrón, apunta el investigador, evidencia un posible modus operandi reiterado para mantenerse dentro del sistema pesquero nacional, eludiendo regulaciones legales vigentes.
Además, se menciona la existencia de un entramado de relaciones políticas y empresariales que habría permitido sostener estas acciones en el tiempo, incluso frente a decisiones judiciales desfavorables.
Impacto económico y legal
El perjuicio económico estimado sería significativo, con pérdidas para el Estado peruano que —según cálculos preliminares citados por Bulos— alcanzarían cientos de millones de dólares. Más allá del aspecto financiero, el caso abre interrogantes sobre el respeto al Estado de Derecho, la independencia del sistema judicial y la protección de los recursos marinos.
Con el testimonio programado para esta semana, el Ministerio Público busca desentrañar la magnitud de una supuesta red de corrupción que habría operado impunemente por décadas. De confirmarse las acusaciones, al ser delito continuado contra los recursos protegidos del Estado, la denuncia por delito flagrante de sus actores es inminente.
