[INFORMES] Durante varios meses, el entorno de Chandía fue objeto de señalamientos por temas que iban más allá de decisiones administrativas. Estaban en juego cuestiones graves: una denuncia por violencia familiar aún en proceso, un caso de presunta colusión en el uso de recursos públicos durante su anterior gestión en la misma institución, y tensiones internas ligadas a reclamos por censura y presiones a contenidos informativos.
Pese a todo ello, las autoridades optaron por el silencio. No hubo auditorías públicas ni investigaciones anunciadas. Tampoco explicaciones a los ciudadanos sobre la idoneidad o permanencia de una funcionaria en un cargo tan sensible como la dirección de la televisión y radio estatales. Lo que existió, más bien, fue una defensa institucional centrada en la “esfera personal” de la exfuncionaria, como si no existiera un vínculo directo entre ética pública y gestión.
Un canal público sin brújula clara
La crisis del IRTP no se limita a nombres. Desde hace años, la televisión estatal arrastra el problema estructural de su uso político, sin una política comunicacional clara ni garantías suficientes de independencia editorial. La salida de Chandía —sin una evaluación clara de su gestión ni mención alguna a los procesos abiertos en su contra— parece profundizar ese vacío.
A lo largo de su administración, hubo señales de alarma: cambios súbitos en la programación, decisiones editoriales controvertidas, y una progresiva pérdida de confianza por parte de sus propios equipos periodísticos. Algunas voces internas advirtieron sobre restricciones en coberturas noticiosas y el debilitamiento de espacios informativos autónomos. Todo esto sin que se activaran mecanismos internos de supervisión o canales transparentes de queja y control.
Relevo sin agenda pública
Tras la renuncia, la dirección del IRTP fue encargada a Rossella Giulianna Leiblinger Carrasco, funcionaria del Ministerio de Cultura. Más allá de su hoja de vida técnica, no se ha detallado cuál será su mandato al frente del canal: si será solo una encargatura temporal o parte de una reorganización más profunda. Tampoco se ha informado si su designación forma parte de una política de reformas o si responde únicamente a la necesidad de cubrir la vacancia.
En la práctica, la sensación es de improvisación. No se ha abierto una convocatoria pública ni se ha discutido la necesidad de revisar los mecanismos con los que se elige a quienes ocupan cargos directivos en medios públicos. Y mientras tanto, el IRTP sigue siendo administrado sin rendir cuentas claras sobre su papel en un contexto nacional de fragmentación, desinformación y creciente desconfianza ciudadana.
Un problema político, no solo administrativo
La televisión pública no es un espacio cualquiera. Es un servicio que, bien gestionado, puede ofrecer contenidos con valor educativo, cultural e informativo para amplios sectores del país. Pero cuando se vuelve rehén del cálculo político o se maneja sin transparencia, pierde su sentido democrático.
La renuncia de Ninoska Chandía puede cerrar un capítulo, pero no resuelve las dudas que lo acompañaron. ¿Por qué se mantuvo tanto tiempo a una funcionaria bajo cuestionamientos? ¿Qué medidas se tomaron frente a las denuncias que surgieron durante su gestión? ¿Quién responde por los posibles daños institucionales?
En vez de respuestas, el Estado eligió el camino del silencio. Un silencio que, lejos de proteger la institucionalidad, la debilita.
Nombramiento interino, pero sin política clara
En reemplazo de Chandía, la dirección del IRTP fue encargada a Rossella Giulianna Leiblinger Carrasco, funcionaria del Ministerio de Cultura. Su designación, también oficializada mediante resolución suprema, no ha sido acompañada de un anuncio político más amplio. No se ha explicado si se trata de una solución temporal o si existe una intención de reorganizar la gestión del canal público.
Tampoco se ha presentado una agenda para recuperar la confianza institucional ni una hoja de ruta para fortalecer los principios editoriales, la transparencia interna o la vocación de servicio público que debe regir en un medio estatal. A falta de información, todo indica que el relevo responde más a una necesidad de contención que a una propuesta de reforma.
Esto se enmarca en una situación recurrente: la televisión pública en el Perú carece de una estructura que garantice su autonomía. La jefatura del IRTP sigue siendo un cargo de libre designación política, sin filtros técnicos ni evaluación ciudadana. En la práctica, esto abre la puerta a nombramientos motivados por cercanías políticas antes que por méritos o trayectorias vinculadas al fortalecimiento de la comunicación pública.
Silencios que comprometen al Estado
La televisión pública cumple un rol crucial en países democráticos: no solo transmite contenidos educativos y culturales, sino que también debe garantizar acceso plural, cobertura descentralizada, y periodismo con independencia editorial. Por eso, las decisiones sobre su dirección deben ser tratadas con máxima transparencia.
Pero en este caso, las omisiones del Estado han sido sistemáticas. Ni se explicó por qué se mantuvo a Chandía en el cargo a pesar de las denuncias, ni se detallaron los procedimientos que llevaron a aceptar su renuncia. No se anunció ninguna investigación posterior sobre su gestión, ni se adoptaron compromisos institucionales para revisar lo ocurrido. El mensaje fue claro: se prefiere pasar la página antes que enfrentar el conflicto de fondo.
Este manejo opaco erosiona aún más la confianza pública. Cuando el Estado evade deliberadamente los temas incómodos, cuando elige callar ante posibles faltas éticas o legales de sus propios funcionarios, está reforzando una lógica de impunidad funcional. En lugar de corregir, se tapa. En lugar de prevenir, se improvisa.
Una oportunidad perdida para transformar
La crisis que envolvió al IRTP pudo haber sido una oportunidad para replantear el papel de los medios públicos en el país. Se pudo impulsar una reforma en los procesos de designación, establecer estándares editoriales más firmes, y construir canales de participación ciudadana en la gestión del canal.
Pero hasta ahora no hay indicios de que eso ocurra. La nueva dirección ha asumido sin rendición de cuentas ni cambio de visión. La institucionalidad del IRTP permanece frágil, sin blindajes contra los vaivenes del poder político. Y la ciudadanía sigue sin una televisión pública plenamente confiable.
La salida de Ninoska Chandía no puede interpretarse como un cierre satisfactorio, sino como una decisión apurada y poco transparente que elude asumir responsabilidades. En contextos de crisis democrática, los medios estatales deberían ser espacios ejemplares. Hoy, en cambio, siguen siendo tratados como oficinas más del aparato político.
