La crisis que envuelve a Innova Ambiental, antigua operadora de parte del sistema de disposición final de residuos de Lima, ha llegado a un punto sin retorno. Con la culminación de su contrato con la Municipalidad de Lima y una serie de denuncias ciudadanas acumuladas por años, la empresa se encuentra ahora en el centro de una tormenta política, social y ambiental.
A pesar de haber devuelto las instalaciones que gestionaba y solicitado su exclusión del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras ante el Ministerio del Ambiente (MINAM), la sombra de su paso por los rellenos sanitarios sigue generando tensiones. Comunidades cercanas, expertos ambientales y diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir una investigación profunda y una reestructuración completa del modelo de gestión de residuos sólidos en la capital.
Un contrato que terminó, pero no cerró heridas
En mayo de 2024, Innova Ambiental puso fin oficialmente a sus operaciones en varios centros de disposición de residuos en Lima, marcando la clausura de un vínculo de décadas con la administración municipal. A través de una carta firmada por su gerente general, Marcelo Socoowski Azev, la empresa informó al MINAM sobre su decisión de dar por concluidas sus obligaciones contractuales, solicitando que se actualice el listado de infraestructuras bajo su operación.
Sin embargo, la salida no ha significado una desconexión total. El Ministerio del Ambiente no dio una respuesta formal a la solicitud de Innova, lo que generó incertidumbre sobre quién está asumiendo de facto la gestión técnica y ambiental de estos espacios. Este limbo burocrático es visto por muchos como una estrategia para diluir responsabilidades y desviar la atención de las múltiples denuncias acumuladas durante los años de operación.
Olores insoportables, proliferación de vectores y filtraciones en las napas freáticas son solo algunas de las quejas que se repiten en los testimonios recogidos en campo. Para muchos, la empresa no solo falló en su rol operativo, sino también en su obligación de informar y dialogar con las comunidades directamente afectadas.
Una historia marcada por los excesos
Las cifras, que aún no han sido auditadas de forma independiente, han avivado el debate sobre el uso de los recursos públicos y la falta de fiscalización en un sector clave para la salud pública de la ciudad.
Además, ciertos cambios en la estructura administrativa de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima han sido interpretados como maniobras para silenciar las voces disidentes dentro del aparato estatal. La salida de funcionarios críticos con el modelo de gestión de Innova ha generado sospechas sobre presuntas alianzas políticas que habrían protegido a la empresa incluso en sus momentos más críticos.
El desafío de recomponer la confianza
El caso de Innova Ambiental revela una problemática más profunda: la fragilidad institucional en la gestión de residuos urbanos en Lima. Más allá del nombre de una empresa o de las acusaciones puntuales, lo que está en juego es la salud de cientos de miles de personas, la protección del ambiente y la confianza en las entidades responsables de garantizar ambos.
La necesidad de un nuevo pacto social sobre cómo gestionar los residuos de una ciudad que genera más de ocho mil toneladas diarias se hace cada vez más urgente. Esto implica no solo mejorar la infraestructura, sino establecer mecanismos reales de fiscalización, acceso a la información y participación comunitaria en las decisiones que afectan su entorno inmediato.
