San Bartolo

Huellas de corrupción en San Bartolo

Un lujoso proyecto de casas de playa del empresario Javier Musiris recibió luz verde con documentos fraguados y −según un colaborador eficaz− gracias a presuntas coimas. Una exregidora apunta que, en su momento, le dijeron que podía pedir “hasta un carro”. El visto bueno a la obra, valorizada en más de S/400 millones, lo dio la gestión del sentenciado exalcalde Jorge Luis Barthelmess, hoy prófugo. Desde la empresa impulsora niegan los cargos.

La construcción de un conjunto de “viviendas saludables” con lagunas artificiales “de agua cristalina”, piscinas, spa, embarcaderos para botes de vela y un centro comercial es la promesa del proyecto ‘Acqua de San Bartolo’. La obra, valorizada en más de S/432 millones, fue definida por su creador, el reconocido empresario inmobiliario Javier Musiris Díaz, como “un emprendimiento urbanístico de categoría mundial”. Así lo señaló cuando presentó la propuesta a la municipalidad de ese distrito, en el 2010.

Pero para conseguir que le aprueben el proyecto, de acuerdo a una investigación fiscal, habría tenido la ayuda de funcionarios corruptos −muchos de ellos condenados en otros casos− que cedieron para la obra un terreno de 96 hectáreas luego de fraguar varios documentos. De acuerdo a un colaborador eficaz, además, se repartieron coimas entre el alcalde y sus regidores. Fue en la gestión municipal de Jorge Luis Barthelmess, hoy prófugo de la justicia.

Pese a ello, la obra −que estuvo paralizada desde entonces− ha recibido un reciente espaldarazo del alcalde en funciones. Ya ha conseguido que el terreno eriazo en cuestión pase a ser urbanizable y van camino al cambio de zonificación. Y en el Poder Judicial, la acusación que presentó el Ministerio Público se ha declarado prescrita mediante una cuestionable interpretación. “A mí me parece que todo esto ha sido muy arbitrario contra la empresa”, se defiende Jorge Márquez Rosales, abogado de Musiris y apoderado de la compañía que impulsa la obra.

MUSIRIS Y COMPAÑÍA

Javier Musiris Díaz es un exitoso empresario inmobiliario. A su nada despreciable imperio −que incluye inversiones en el rubro gastronómico y textil− se le conoce como Grupo Musiris. Su padre fue el magnate Elías Musiris Chahín, fundador del casino Atlantic City.

En la última década, Musiris Díaz saltó a las páginas de los medios especializados con su proyecto inmobiliario más conocido: La Jolla. Un complejo de casas de playa en el kilómetro 101 de la Panamericana Sur (la zona que se conoce como ‘Asia’) desarrollado por Inversiones Tenerife, una de sus empresas. Pero en paralelo, tenía en mente otra iniciativa similar, ubicada en San Bartolo: el ‘Proyecto Acqua’.

En el 2010 entregó una propuesta a la municipalidad de ese balneario para llevar a cabo la obra, que estaría a cargo de su empresa Lagunas del Perú −donde es accionista mayoritario− y sería asesorada por Arquitectónica GEO, una firma especializada en arquitectura paisajística con base en Miami. Se trata de un conjunto de 8.000 viviendas, “una o más eco-lagunas” y el resto de lujos mencionados al inicio de este informe.

Para ello, proponía que la comuna le entregase un terreno de 96 hectáreas bajo un contrato de “transferencia de activos”. A cambio, la empresa pagaría US$15 millones en ocho partes. Un precio muy por encima del mercado para evitar que alguien pudiera competirles, según el abogado de Musiris.

Ese mismo año, el Concejo Municipal de San Bartolo declaró de interés público el proyecto. Al siguiente, el 2011, se firmó el contrato. En el sillón municipal reinaba, desde el 2002, el corrupto exalcalde Jorge Barthelmess Camino, sentenciado por la emisión de cheques para pagar servicios municipales fantasma y por subastar terrenos del distrito a precio ganga. Uno de sus comprobados beneficiarios fue, por ejemplo, el célebre Racso Miró Quesada y su proyecto de viviendas exclusivas ‘Mar y Bosques’.

“El señor Musiris no iba a poner en riesgo un proyecto tan importante. Era necesario buscar una alternativa, porque las subastas estaban siendo muy mal usadas por el alcalde. Así que se decidió ir por una iniciativa privada”, dice el abogado de Musiris. Y añade: “La municipalidad, siguiendo las normas que señala la ley, lo admite a trámite y lo publicita para que cualquier interesado pueda presentar una observación o competir”.

Los testimonios recogidos por la fiscalía y Sudaca, sin embargo, apuntan a que no todo se hizo apegándose a la ley.

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El prontuariado exalcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess. De las canteras de Solidaridad Nacional. Cómo no.

DOCUMENTOS FRAGUADOS

El presunto favorecimiento a Lagunas del Perú se gestó desde el Comité Evaluador de Procesos de Inversión de la municipalidad, el máximo órgano promotor de la inversión privada del distrito. En el 2011, el comité aprobó la estructura de compraventa del terreno, así como la contratación de una fiduciaria para que administre el inmueble hasta que se cumplan las cláusulas del contrato. Pero la Fiscalía descubrió fácilmente que dichos acuerdos eran, en buena medida, fantasmales.

“Dos de los miembros de esa comisión han manifestado que no se realizaron tales sesiones que se glosan en las actas […] Se tiene la declaración de la acusada Cecilia Sánchez Vásquez, quien como miembro del comité suscribió todos los documentos emitidos por el mencionado proyecto, pero [dice] que para ello no se reunió a fin de discutirlo y decidirlo”, se lee en la acusación presentada por el fiscal Richard Cirilo Ruiz.

Sánchez Vásquez −a la sazón, sentenciada por corrupción− contó a la Fiscalía que se emitían informes y documentos como si los hubiesen hecho los miembros del comité, pero que ellos sólo firmaban. “Las documentaciones las trabajaban los asesores externos de Javier Musiris Díaz”, apunta la acusación fiscal.

De la misma manera, Alejandro Morales Espinoza, presentado como el supuesto representante de Lagunas del Perú que en los papeles participaba de las sesiones del comité, desmintió haber estado en dos reuniones del 2011. Menos aún, dijo, las había certificado con su firma.

El abogado de Musiris no recuerda que algún trabajador de la empresa haya declarado en ese sentido. Sudaca accedió al testimonio de Morales ante la Fiscalía y corrobora que este dijo lo que señala la acusación. El hombre, además, precisó  ser un extrabajador de las empresas de Musiris, pero aseguró nunca haber estado vinculado a Lagunas del Perú. Es decir, habrían usado su nombre “No recuerdo haber firmado esa acta, menos haberlo hecho en San Bartolo”, se lee en su declaración.

La fiscalía anticorrupción también recogió el testimonio de dos regidores, quienes señalaron que no habían recibido la información para votar por la aprobación del proyecto de Musiris en el Concejo Municipal. Se trata de Juan Guevara Carazas y Madeleyne Carranza Capristrán. Ambos votaron en abstención. Esta última ratifica a Sudaca lo dicho a la Fiscalía.

Carranza asegura, además, que luego de dar su voto en abstención un regidor −del que pidió no dar su nombre, pero hemos verificado su paso por el consejo municipal− la llamó a pedirle que rectifique su votación. “Sólo aprobaron el proyecto tres regidores, más el alcalde: cuatro. Así que la empresa quería que rectifiquemos. Es como si hubiesen pasado con 11, y ellos querían pasar con 20. Así que el regidor me dijo que, si lo hacía [rectificarse], podía pedir hasta un carro y que la empresa podía ubicar a mi esposo, entonces desempleado, en un puesto de trabajo, pero en otra compañía. Le dije que conmigo no cuente”, recuerda la exregidora.

Nota 003
Exregidora Madeleyne Carranza Capristán votó en abstención por la propuesta del proyecto inmobiliario. Un regidor la llamó para decirle que, si se rectificaba a favor de la empresa, podía pedir hasta un carro y a su esposo podían darle trabajo, cuenta. Ella dijo que no.

 

EL COLABORADOR

A pesar de los acuerdos fantasma, el contrato se firmó en el 2011. Como parte de este, el terreno de 96 hectáreas pasó a ser administrado por Fiduciaria Perú SA. Lagunas del Perú, por su parte, tenía que transferir una primera cuota a la municipalidad, pero no lo hizo porque el terreno no estaba saneado. La comuna mantenía una controversia con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) por la posesión del predio desde el 2014. Además, asegura el abogado de Musiris mostrando una vista aérea de la zona, hay al menos tres empresas ocupando el predio de manera ilegal.

Mientras aquellos líos se resolvían, Lagunas del Perú cambió de gerente general: ya no sería Musiris −quien sigue siendo el accionista mayoritario, según Sunarp−, sino el socio minoritario José Vidal Hermoza. El 2016, este le pidió a la comuna que prorrogue el primer pago por un año. El entonces gerente municipal, Luis Tuesta, se negó, “indicando que la empresa debía cumplir con sus obligaciones”.

Barthelmess, sin embargo, le enmendó la plana y “le reclamó su proceder sin haberle hecho la consulta”, dice la acusación fiscal. Entonces, la solicitud de la inmobiliaria recién fue aceptada. Pero los investigadores descubrieron que para esto también se fraguaron documentos, una constante de la gestión del exalcalde de San Bartolo.

En el acuerdo del Concejo que permitía la ampliación, por ejemplo, la firma del secretario general, Daniel Farfán Soto, no fue reconocida por este. “En tal sentido, resulta por demás evidente que la formulación del acuerdo de Concejo que aprobaba su pedido [el de la empresa de Musiris] se hizo a consecuencia de los acuerdos ya establecidos entre los acusados. No cabe otra inferencia”, concluye el Ministerio Público.

¿Por qué tanto interés en aprobar dicha prórroga? Sudaca accedió a un acta de la declaración de un colaborador eficaz del caso. El arrepentido delincuente afirma allí que corrió plata entre los funcionarios. “El año pasado [2016] se amplió el plazo de pago para lo cual se entregó una suma de dinero al alcalde y otra suma de dinero a cada regidor por el tiempo de un año, que duraba esta ampliación. A cada regidor se le estaba pagando la suma de S/5.000 mensuales”, se lee en la declaración de este testigo. Los investigadores del caso señalan que el pago lo habría hecho la empresa detrás del proyecto Acqua.

Nota 002
La declaración del colaborador eficaz habla de coimas de hasta 5.000 soles mensuales. El abogado de la compañía lo niega tajantemente.

Jorge Márquez, abogado de Musiris, niega que la empresa haya coimeado a alguien. Dice que hacer las prórrogas “para cumplir con las condiciones del contrato” era obligación de la municipalidad. Apunta, además, que, desde que empezó la investigación no se ha señalado a Musiris por el pago de coimas, que la Fiscalía descartó en su momento haber encontrado más pruebas sobre aquello y que “el delito por el que se acusó es colusión simple y no cohecho”.

“Cuando cae el alcalde Barthelmess, cae con él un grupo de funcionarios. Algunos, buscando beneficios premiales para reducir su condena, empiezan a tirar lodo con ventilador a todos los proyectos en los que Barthelmess estaba involucrado”, agrega el abogado.

El proyecto siguió sobreviviendo con prórrogas desde aquel 2016. A mediados del 2019, la controversia entre la Municipalidad de San Bartolo y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales culminó favoreciendo a la primera. Los posesionarios ilegales, sin embargo, siguen ocupando el terreno.

 

EL LEGADO DE BARTHELMESS

El 2020, la actual gestión municipal de San Bartolo negó una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú y recalcó que el proyecto no era compatible con lo establecido por la ley que declara de necesidad pública el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Aguas Residuales del cono sur (ley 27040). Es decir, podían construir ahí un campo santo, clubes deportivos o campestres, viveros y hasta un zoológico. No entraba en la categoría, sin embargo, nada parecido a un centro comercial.

La Procuraduría de esta gestión municipal, además, había pedido al Poder Judicial que declare nulo el contrato firmado con Lagunas del Perú para lograr que los terrenos vuelvan a manos de la comuna. Los regidores y el alcalde estaban pendientes de qué se iba a resolver en esa instancia. Parecían querer enmendar lo hecho por Barthelmess. Un año después, sin embargo, cedieron.

En un Concejo Municipal de setiembre del 2021, la mayoría de regidores −todos, menos una− votaron por acatar una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú. El acta del acuerdo lleva la firma del alcalde Rufino Enciso y el secretario general Alexander Abarca. Los funcionarios argumentaron que el Poder Judicial aún no había admitido la demanda de la municipalidad. Nos comunicamos con Abarca para pedirle una explicación, pero se negó a responder.

Un funcionario que pidió el anonimato intenta defender a la gestión actual así: “Tratamos de luchar, de recuperar ese terreno, pero no se pudo, porque nuestra área legal es completamente pequeña en comparación con el manejo que tiene esta empresa. Nuestra posición siempre fue pelearla, pero nos dimos cuenta de que batallábamos contra un gigante”, dice.

Nota 001
Izquierda: el actual alcalde Rufino Enciso. Derecha: el secretario general Alexander Abarca. No quisieron responder nuestras preguntas. Por algo será.

Recién en enero de este año, el Poder Judicial admitió la demanda para anular el contrato. Pero es demasiado tarde. Al permiso que el proyecto ha obtenido del alcalde y sus regidores, se le suma que la municipalidad de Lima ya aprobó el “Planeamiento integral” pedido por Lagunas del Perú. Esto significa que las 96 hectáreas de terreno eriazo que le cedió San Bartolo ya son urbanizables. La ordenanza fue firmada por Jorge Muñoz en febrero pasado. El próximo paso es obtener un cambio de zonificación.

No obstante, según una carta de Lagunas del Perú enviada a la comuna a mediados del año pasado, la compañía ha anunciado que cambiará “el objeto” del contrato. “Ahora que el sistema económico está muy golpeado. después de la pandemia, esto nos exige algunas modificaciones. Si antes se quería construir determinada cantidad de departamentos, ahora será un poco menos, por ejemplo”, explica el abogado de Lagunas.

Además, la trama de presunta corrupción que presentamos en este informe fue declarada prescrita a fines de marzo. Así lo venía pidiendo la defensa de Musiris cuando este fue acusado, alegando que el supuesto hecho delictivo ocurrió desde el acuerdo municipal del 2011. Por lo tanto, según su interpretación, el hecho habría prescrito antes del momento en que el fiscal acusó, el 2018.

Pero la posición fiscal siempre fue que los hechos de corrupción fueron sucesivos. Es decir, que ocurrieron mientras se seguían renovando las prórrogas al proyecto, al menos hasta el 2017. Dos instancias judiciales le dieron la razón a esta interpretación. Pero entonces, el abogado de Musiris presentó un habeas corpus a la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados aceptaron la interpretación del acusado.

Así que, mientras los funcionarios de confianza de Jorge Luis Barthelmess pasan o han pasado un tiempo en prisión y el exalcalde se mantiene prófugo de la justicia (por otros hechos de clara y conocida corrupción), este caso no será sometido a juicio.

Nota 005
Arriba: el exitoso empresario Javier Díaz Musiris. Abajo: la decisión judicial que prescribió la acusación en su contra.

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