Jaime Villanueva - Sudaca.pe

(Des) equilibrio de Poderes

La crisis política que llevó a la disolución del Congreso en el 2019 fue a causa de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En esa oportunidad, se quiso hacer una elección que sirviera a los intereses de la mayoría fujimorista. Hoy la historia se repite, no como tragedia sino como una comedia bufa de un Congreso que es un remedo de sí mismo.

Con la única intención de constituir un Tribunal Constitucional a su medida y que sirva como obstáculo a toda iniciativa de reforma o cambio que quiera implementar el próximo gobierno, quieren tener por la vía de la leguleyada, el poder que les fue negado en las urnas. Este es un problema tanto de legitimidad como de legalidad.

Nadie discute que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una facultad constitucional del Congreso, pero a veinte días de vencer su mandato, los congresistas peruanos quieren conformar, entre gallos y medianoche, un Tribunal Constitucional que carecerá de toda legitimidad por lo turbio de su origen. Los parlamentarios, muchos de ellos de nivel precámbrico, no se dan cuenta que si llegan a perpetrar su despropósito generarán una enorme crisis política de consecuencias desconocidas.

En un alarde de su necedad y poco respeto a la institucionalidad han decidido ir en contra de un mandato judicial con tal de salirse con la suya. Esto hará, además de ilegítima, ilegal la elección de los magistrados, que si tuvieran un poco de vergüenza y modales democráticos, renunciarían a una elección espuria. Como la ignorancia es siempre atrevida, los sectores mayoritarios del Congreso, han llegado al colmo de sacar un comunicado en el que señalan que no acatarán la orden de un juez, porque a su parecer no tiene la debida motivación y es transgresora de la separación de poderes.

Parece que no se percatan que quienes están transgrediendo la separación de poderes son ellos y no la juez que declaró fundada una medida cautelar para que no se produzca esta elección. Al Poder legislativo no le compete pronunciarse sobre la debida o indebida motivación de una resolución judicial. Lo democrático y legal es que si no están de acuerdo con una resolución judicial pueden apelar, pero no desconocerla porque creen o consideran que no está bien motivada. De lo contrario, cualquiera que crea que una resolución judicial que no le da la razón podría ser desconocida sólo porque le parece que no está debidamente motivada, sin necesidad de recurrir a la instancia superior. Sería el estado de la barbarie de la que parece que muchos congresistas aún no han salido.

Cuando Montesquieu propuso la separación de poderes como base de un sistema republicano de gobierno, lo hizo porque sabía que “para prevenir el abuso, es necesario, por la naturaleza misma de las cosas, que el poder límite al poder” (Espíritu de las Leyes, Libro XI). Pues bien, lo que ha hecho el Poder Judicial es limitar el poder abusivo de un Congreso que no ha sido capaz de cumplir con su propio reglamento de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Hablando precisamente de la falta de motivación, la resolución judicial que otorga la medida cautelar lo hace, entre otras cosas, porque el Congreso no ha cumplido con el artículo 35 de su propio reglamento de selección de magistrados al Tribunal Constitucional que exige la motivación respecto a la calificación de los postulantes. Motivación que no ha sido realizada ni publicada en ningún lugar, como manda dicho reglamento. Entonces, no es que el Poder Judicial haya transgredido la separación de poderes, sino que ha cumplido con su trabajo de mantener el equilibrio entre ellos evitando la ilegalidad y el abuso.

El equilibrio de poderes busca precisamente que cada uno, dentro de sus funciones y prerrogativas, contenga los ímpetus de abuso del otro. En este caso, el desconocimiento de la resolución judicial acarrearía la ilegalidad de la elección de los magistrados si es que el Congreso continúa con su despropósito.

Esto nos lleva a un punto más de fondo que se deberá discutir con calma y a profundidad. El origen político y la necesidad de un Tribunal Constitucional. Con un Congreso unicameral el Tribunal Constitucional se vuelve una especie de senado integrado por siete miembros que el pueblo no ha elegido, pero además se convierte en una cuarta instancia en toda materia, desde impuestos hasta libertades, en la que sólo siete personas pueden enmendar la plana a tres instancias del Poder Judicial. Por eso se vuelve la pepita de oro de todos los políticos, porque el control sobre el Tribunal Constitucional supone el control sobre toda decisión relevante en el país.

Este será uno de los tantos temas que aún quedan pendientes para una reforma de fondo sobre la estructura de nuestro estado. Pero mientras no se dé, lo democrático es cumplir con la institucionalidad, legalidad y legitimidad de un Tribunal Constitucional que no sea el resultado de componendas y negociados que quieran desconocer la voluntad popular al intentar frenar las reformas que el pueblo ha pedido con la elección de un gobierno que ha prometido un nuevo pacto social. Esa ha sido la opción ganadora y la que todos debemos respetar.

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Congreso, Tribunal Constitucional

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