El problema mayor del Perú es la corrupción. Incluso la catástrofe que hoy vivimos, con miles de muertos por falta de oxígeno, de camas UCI, falta de pruebas moleculares, presuntos negociados en la compra de una vacuna con serias dudas sobre su eficiencia, etc., puede tener su explicación en el manejo corrupto de los intereses públicos. El bien común se ha extraviado, somos una sociedad fragmentada. En doscientos años de independencia no hemos podido cumplir la promesa de vida republicana de una sociedad libre, igualitaria y justa.
Hoy, en pleno tiempo electoral, podemos constatar que ningún candidato tiene la más mínima idea de cómo combatir con este flagelo de la corrupción. Más allá de los lugares comunes y las medidas cosméticas ninguno se ha planteado lo realmente importante, cómo lograr el suficiente civismo y compromiso colectivo para empezar a vivir en una comunidad política y no en un conglomerado de intereses difusos y egoístas en lo que hemos convertido al país.
La medianía y la orfandad de ideas en los candidatos a la presidencia es el sino de esta elección. Su enanismo electoral se explica por su absoluta incapacidad de convencer, pues para convencer se necesitan ideas, propuestas y ofrecer esperanza a los ciudadanos. Ninguno de los actuales candidatos es capaz de ello. Tal vez, porque todos se mueven en el marasmo de la corrupción ya sea porque ellos mismos o los líderes de sus partidos están siendo directamente investigados por corrupción, ya sea porque mantienen una relación conflictiva con la ley y son incapaces de cumplirla, ya sea porque hayan tenido que hacer pactos con organizaciones cuestionadas, ya sea por su “descuido”, sino complicidad, en llevar como candidatos al congreso a investigados o sentenciados. En todos los casos, la imposibilidad de ofrecer un plan concreto contra la corrupción obedece a su incapacidad de presentarse con las manos y el alma limpia frente a ella.
En los últimos 40 años la historia política del Perú ha ido cayendo en un proceso de descomposición cada vez más fuerte del que parece no existe salida. Un proceso que afectó la estructura misma del tejido social y que reproducimos en nuestras relaciones más cotidianas: violencia, autoritarismo, informalidad. La “cultura chicha”, tan alabada por algunos científicos sociales en los noventa, se terminó convirtiendo también en una cultura que pasó de la transgresión a la permisibilidad con el delito. Se instituyó así un pacto infame que parecía decir: Te dejo robar a cambio que me dejes transgredir o Roba pero haz obra.
La “moral criolla”, caracterizada por lo que Gonzalo Portocarrero llamó “goce de la transgresión”, es el resultado de un fuerte conflicto aún hoy no resuelto entre la imposición colonial y la resistencia criolla. En este sentido, puede entenderse que en la sociedad criolla se haya dado un rechazo solapado de un sistema legal percibido como ajeno, extraño, impuesto, abusivo y corrupto. A su vez en este rechazo se inscribe un goce del oprimido, que al subvertir la ley y salir indemne de ello, se sienta definitivamente superior a los demás.
Es esta necesidad de afirmar su propia subjetividad como siendo superior a otros la que funciona como ocultamiento de la propia condición de oprimido, en que se desenvuelve el criollo, y que permite la reproducción del abuso y la transgresión a todas las capas de la sociedad. En ese sentido, en la corrupción, la violación de la ley y el abuso a los demás, no importa la posición que se ocupe, se convierten en hechos normales, desarrollándose una tolerancia con la transgresión. Son estas prácticas las que dan origen a la figura del criollo como el “vivo” o el “pendejo” que se va colando en todas las capas de la sociedad llegando incluso al migrante andino de la ciudad, que al llegar a ella se “acriolla” o “aviva” reproduciendo la misma relación de dominio y abuso con los percibidos como “inferiores”.
Esto produce a su vez un “gozo por la transgresión”, en el que perdura un desconocimiento del orden moral que idealmente debería regular la sociedad. Ante esta situación en que la “ley se acata pero no se cumple” nadie se escandaliza ni indigna, pasa a ser una práctica común en la que se tolera la transgresión pues ésta permite el goce de saberse un vivo. Está claro entonces, que este “gozo por la transgresión” funciona como parte de una moral negociada a lo largo de los siglos, producto, por un lado, de la falta de legitimidad de la autoridad, sentida como extranjera y abusiva, y por el otro, con la debilidad del Estado para sancionar efectivamente dichas transgresiones.
Podemos decir entonces que a lo largo de casi cinco siglos de convivencia se ha ido instaurando un tipo de sociedad donde el respeto por la ley no se ha constituido en el sentido común. No hemos podido construir un orden de entendimiento intersubjetivo moderno, donde la igualdad ante la ley sea el patrón que sustente un Estado de Derecho. Lo que da como resultado una curiosa situación en el que el orden legal queda separado como por una brecha del orden social. En otras palabras, nuestra sociedad se constituye en medio de una extraña combinación de autoritarismo, corrupción y laxitud burocrática en la que conviven la rebelión y el servilismo ritual, el caos más imprevisible y el empantanamiento de todo cambio hacia una sociedad igualitaria. Este parece ser un rasgo característico de la sociedad peruana, pues vivimos como entrampados en un contexto en el que nos definimos en función a ser superiores y gozar de más privilegios que los otros.
Es ese pacto el que hoy tenemos la oportunidad de romper y volver nuevamente a instituirnos, en el sentido de Castoriadis, como una sociedad de ciudadanos. Lo que se ha revelado hasta el momento no sólo nos muestra que la corrupción y el robo no conocen de ideologías, sino que sobre todo, nos ha enseñado la profunda miseria de aquellos que alguna vez nos gobernaron. Estamos en un punto de no retorno, en el que continuamos decididamente con el apoyo al trabajo de quienes vienen dando resultados efectivos en la lucha contra la corrupción o caemos nuevamente en el marasmo de un estilo de vida que acabará por destruir el tejido social y hacer la vida insoportable.
La esperanza es precisamente que nunca más volvamos a ser condescendientes con el robo y la impunidad, que nuestra relación con el servicio público cambie de una manera significativa y comprendamos que parte esencial de la ciudadanía es involucrarse en los asuntos públicos que implican el bien común. Es decir, desarrollar nuestro sentido comunitario y solidario con los otros que comparten el mundo con nosotros. La apuesta republicana hoy es decir que aún hay esperanza y que para mantenerla es necesaria la verdad.
