Jaime Villanueva - Sudaca.pe

La religión y la política, entre la burla y la intolerancia

En este tramo de la campaña presidencial, a propósito de la revelación de ciertas prácticas de piedad religiosa por parte de uno de los candidatos a la presidencia, se ha reavivado un debate en torno la relación entre la religión y la política. Las reacciones a lo que constituye una práctica religiosa, se han puesto de manifiesto recurriendo a la ridiculización, sorna y hasta a la ofensa contra los símbolos religiosos que representan a las creencias de millones de ciudadanos. Incluso la prensa, de una manera vergonzosa, ha hecho escarnio de un tema tan profundo, sagrado y personal como el de la religión. De una parte a otra, los extremos se vuelven a tocar en el punto común que los vincula, a saber, la intolerancia.

 

No se puede negar que la religión es un elemento constitutivo del mundo de la vida de todas las comunidades humanas. Es con la modernidad europea, y específicamente con la revolución francesa, que se empieza a operar un fuerte proceso de racionalización y secularización que han menguado el alcance y la influencia de la religión en el espacio público.  Con la separación entre Iglesia y Estado se sustituye la autoridad de lo sagrado por aquella moderna del consenso, que corresponde más al uso del poder. Sin embargo, no se pueden negar  los valores religiosos como fundamento de la democracia y cómo éstos contribuyen a las reglas, procedimientos y normas que rigen los estados de derecho. Baste dar una mirada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para notar que el primer y más importante reconocimiento que hace es a la dignidad humana, sin duda un concepto elaborado por la teología cristiana, al igual que la acepción contemporánea del concepto mismo de persona. Pero, no obstante este reconocimiento del aporte de la religión a la democracia, no impide exigirle a ésta que renuncie a reclamar la posesión de la verdad y acepte la autoridad de la ciencia y se sometan a la ley secular. En otras palabras, tanto el fundamentalismo religioso como una extrema secularización destructiva son igualmente perjudiciales para la sociedad.

 

Para comprender el debate aludido líneas arriba, debemos hacer una aclaración imprescindible, entre los conceptos de laicidad y laicismo. Se entiende por el primero, el hecho político y jurídico de separación de Estado e Iglesia. En este sentido, la laicidad no tiene que ver con la religión como tal (principio de neutralidad del Estado en temas religiosos), sino con que el espacio público quede libre y en condiciones de igualdad para todos. El laicismo, por su parte, se entiende como la acción militante para llegar a la conquista de la emancipación laica y por tanto, ataca a la religión y las creencias religiosas de los ciudadanos. En el caso presente, es obvio que los críticos de las prácticas religiosas de tal o cual candidato se mueven en el ámbito del laicismo.

 

La laicidad se funda en dos principios básicos: el respeto a la igualdad entre los individuos y la protección de la libertad de conciencia y de culto. Por ello, desde una perspectiva moderna, la separación entre Iglesia y Estado y la neutralidad de éste respecto a las religiones son principios institucionales sin los cuales dicha separación no resulta alcanzable. En una república moderna, un ciudadano  es sólo un ciudadano y no está obligado a ser  antes y previamente un católico, un musulmán, o, por su puesto, un ateo. No podría tener una obligación por pertenencia o por rechazo. Esto es lo que la igualdad y la libertad deberían garantizar. El principio de igualdad es el origen y fundamento de todos los derechos, todas las personas tienen igual valor para el Estado. Las diferencias entre ellas no deberían afectar para nada a tal principio y la política no debe romper este principio en su trato con los ciudadanos, no debe hacer que la ciudadanía sea jerárquica. Éste es el valor radical del laicismo, por eso, carece de rigor pretender que una creencia, sea ésta religiosa o no, sea superior a cualquier otra, al menos en el ámbito público.

 

No puede entenderse a un Estado como laico sin la irrestricta defensa del derecho a la libertad de conciencia. Como señala Martha Nussbaum: «La conciencia es valiosa, merecedora de respeto, pero también es vulnerable, susceptible de ser herida y encarcelada… por ello necesita un espacio protegido a su alrededor… El Estado debe garantizar ese espacio protegido». Esta es la razón por la cual el Estado no debe intervenir en materia religiosa, no porque no sea importante para cada ciudadano, sino porque sabe con total claridad que lo es. Cualquier intervención en materia religiosa podría interpretarse como sesgada hacia alguna opción. El Estado y las instituciones deben manifestar su respeto escrupuloso hacia las personas, sean cuales sean las convicciones religiosas que tengan. Laicismo, entonces, es sinónimo de respeto a cada uno y a su propia conciencia.

 

Por ello, resulta sorprendente la enorme campaña ofensiva de desprestigio, banalización y burla a las creencias de gran parte de la población peruana, por parte de una élite que se proclama laica y defiende el Estado Laico. Parecen no saber lo que defienden ni lo que quieren. Burlarse de los símbolos religiosos atenta contra la dignidad de toda una comunidad. Pues en temas religiosos nunca se trata de un individuo, como nos enseña Carlos Thiebaut “es importante ya notar que esta distinción entre público y privado (…) por ejemplo en el derecho de la libertad de creencias o de culto, es cuanto menos borrosa: toda creencia, toda práctica de justificación, es ya una creencia pública no es una creencia que se refiera a una imposible gramática de individuos aislados.” Entonces, cuando se recurre a la burla de las creencias religiosas, ésta no se dirige a una persona en particular, sino a toda la comunidad que la sustenta.

 

Es esta intolerancia y ceguera la que ha causado muchas veces conflictos que han llevado a la violencia y el extermino. La burla a las creencias religiosas más arraigadas del pueblo esconde en realidad la discriminación y el maltrato, de una élite, hacia a éste, por considerarlo ignorante, primitivo e irracional en el modo como han decidido conducir su vida. Esto sólo revela su intolerancia y su incapacidad de pensar. Es por demás llamativo que 200 años después de nuestra independencia un sector de nuestra prensa no haya aprendido nada de democracia y siga tratando a los ciudadanos como si fueran estúpidos, como si no se pudieran hacer responsables por sus elecciones personales y por la libertad de su propia conciencia. El respeto a la diferencia y la diversidad aún es una terea pendiente para todos los peruanos.

 

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