Jaime Villanueva - Sudaca.pe

Operación Lava Jato-Brasil: ¿el principio del fin?

Con la situación convulsa que vive nuestro país y el mundo producto de una terrible pandemia que no amilana en su letalidad y que cada vez cobra más vidas, la noticia de la desactivación – tras siete años de muy eficiente trabajo- de la força-tarefa da Lava Jato ha pasado casi desapercibida en nuestro medio. Augusto Aras, el Procurador General de Brasil designado por el presidente Jair Bolsonaro, ordenó que desde el 1 de febrero, Lava Jato en Paraná pase a  integrar al Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público Federal (MPF) con lo que, en la práctica,  la força-tarefa da Lava Jato ha dejado de existir.

 

La mayor investigación de corrupción y lavado de activos en Brasil y con gran impacto en nuestro continente, comenzó el 2014. Desde entonces, este grupo de trabajo integrado por un selecto equipo de fiscales, liderado por Deltan Dellagnol, ha logrado lo que nunca se había conseguido en la historia de Brasil y de América Latina en la lucha contra la corrupción transnacional. En siete años la força-tarefa da Lava Jato  ha producido 130 denuncias contra 533 imputados, generando 278 condenas. En cuanto a la recuperación de dinero, este grupo de fiscales hoy desactivado, ha logrado la devolución de más de R $ 4,3 mil millones a través de 209 convenios de colaboración y 17 convenios de clemencia, en los que se ajustó la devolución de casi R $ 15 mil millones. Lograron condenar a Marcelo Odebretch, uno de los hombres más ricos del mundo, así como a los dueños de las más grandes empresas constructoras del Brasil. Lo propio en el ámbito político, donde se obtuvo la condena, ratificada por dos instancias judiciales, contra el ex Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

 

Sin embargo, pese a todos estos excelentes resultados la perniciosa alianza de políticos, empresarios y corrupción parece haber tenido éxito. En medio de una serie de críticas al grupo de fiscales y al ex Juez Sergio Moro, por haber politizado el caso, el enorme poder mediático, político y económico de los investigados y condenados ha logrado, en el gobierno de Bolsonaro, lo que se pensaba imposible: la desactivación de la Força-tarefa da Lava Jato y con ello el inicio del fin de la lucha contra la corrupción a nivel internacional.

 

No es casual que en esta misma semana el Tribunal Supremo de Brasil (una instancia altamente politizada, pues sus miembros son elegidos por el presidente y el congreso) haya dado un duro golpe al caso Lava Jato autorizando a la defensa del ex presidente Lula el acceso a los mensajes, negados por falsos y adulterados, entre el ex juez Moro y los fiscales. Esto sería óbice para que luego se pueda, por un mero formalismo, anular la prueba y dejar en la impunidad a muchos investigados y condenados como Lula.

 

La arremetida ha sido feroz, contra un grupo de fiscales valientes y honestos que se propusieron como objetivo hacer justicia y refundar la república desde la fuerza de la igualdad ante la ley. Si alguna lección nos dejó el Lava Jato brasileño es que nadie quedó impune. Hoy toda esa esperanza de una sociedad más justa y sin corrupción ha quedado truncada por la fuerza de quienes quieren que nada cambie para seguir haciendo sus negocios a costa de la vida de los más pobres con total impunidad.

 

En una época signada por la peste, la mayor de todas ellas, la que más vidas hoy está cobrando es la de la corrupción y la impunidad. Cada persona que muere a causa de la falta de oxígeno, por la falta de una cama UCI, por falta de vacunas o de pruebas moleculares, es una víctima no sólo del Covid-19, sino también de la corrupción.

 

En el Perú lo que llama la atención es que esta importante noticia sólo haya sido resaltada por los investigados en el Lava Jato Peruano y haya pasado casi desapercibida en los medios. Es grave pues podría significar el preludio de lo que le podría esperar a nuestro equipo de fiscales. No hay duda de que aquí también se está aguardando el momento propicio para atestar un golpe como el ocurrido en Brasil. Ya hemos sido testigos de varios intentos en esta dirección y de una brutal y mentirosa campaña de desprestigio contra el Equipo Especial de Fiscales, liderado por Rafael Vela. Hasta ahora la reacción ciudadana ha sido fundamental para asegurar que esta lucha sin cuartel contra la corrupción siga adelante.

 

El equipo de fiscales peruanos, con honestidad, rigor y objetividad nos ha mostrado toda la podredumbre de esta alianza entre políticos y empresarios para robarles a los más pobres del Perú. Ver a cuatro presidentes de la república (uno de ellos decidió acabar con su vida por esto), dos alcaldes de Lima, varios gobernadores regionales, varios candidatos a la presidencia (hoy volviendo a intentarlo) y los más poderosos empresarios y abogados del país desfilar por la prisión, nos dio la mayor lección de nuestra historia republicana y esta es, que el crimen no paga.

 

Con menos tiempo que sus homólogos de Brasil, nuestros fiscales del equipo especial, también tienen muchos éxitos para exhibir. Desde su creación en julio del 2016, ya han presentado 6 acusaciones (que comprenden 48 personas naturales y 4 personas jurídicas), que esperan que el Poder Judicial inicie con los juicios orales respectivos, más de 860 investigados, 98 procesos de colaboración eficaz (14 de ellos ya concluidos), 49 prisiones preventivas ratificadas por la segunda instancia, 30 testigos protegidos, 471 asistencias judiciales internacionales. En lo económico han sido incautados US$ 17’552,591.55, S/. 32’ 326,070.38, 123 inmuebles y 17 vehículos.

 

Todo esto en el lado de lo cuantitativo, pues en lo moral y en la construcción de ciudadanía su trabajo ha sido mucho más profundo. Todos hemos podido comprobar que políticos de todas las tendencias tenían un único acuerdo común: la corrupción. La cantidad de evidencias en su contra son inobjetables y avasalladoras. El proceder del Equipo Especial ha sido totalmente objetivo, no ha habido un solo sospechoso que no haya sido o esté siendo debidamente investigado. Aquí, el propósito de nuestros fiscales ha sido siempre conocer la verdad por dolorosa y deshonrosa que esta sea.

 

Por eso, en esta elección donde se definirá el futuro de la lucha contra la corrupción en el Perú debemos estar muy atentos a cualquier arremetida que desde el futuro gobierno se quiera hacer contra el Equipo Especial de fiscales peruanos. El caso Lava Jato debería estar entre las prioridades de la agenda de todos los candidatos y quien salga elegido tendría que ser aquel o aquella que esté totalmente limpio de toda sospecha.

 

Tratar de seguir los pasos equivocados sólo puede conducir a quienes los sigan al abismo. La ciudadanía deberá mantenerse vigilante y atenta ante cualquier intento de estropear la lucha contra la corrupción y mantener a los corruptos en la impunidad y sus privilegios. De cara al Bicentenario, es momento de una apuesta ciudadana por la verdad y la justicia.

 

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