Congreso de la República

Va a ser muy difícil que el Congreso apruebe la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica que el Presidente y la Premier han remitido ayer al Parlamento.

El proyecto demuestra consistencia y detalla, en una amplia exposición de motivos, las razones que fundamentan su solicitud. En principio, queda claro, que el gobierno apunta a un mayor peso fiscal, sea por controles de evasión o elusión, como aumento de algunos impuestos. Es, por cierto, lo que el ministro Francke se la ha pasado anunciando durante toda la campaña electoral y en esa medida no llama a sorpresa.

El problema entre manos, sin embargo, es político. ¿Cómo confiar en que el Presidente no se entrometerá en asuntos económicos que no le competen y termine generando alguna norma Frankenstein que distorsione el espíritu y el sentido del paquete que quiere aprobar el MEF?

Los exabruptos presidenciales dejan honda huella en el sector empresarial, que inmediatamente activa recelos y temores, quizás algo exagerados, pero entendibles dada la retórica inflamada que hasta hace poco exhibía el ala cerronista del régimen y el afán no descartado del Presidente de desplegar una ruta hacia la Asamblea Constituyente.

En esa medida, va a ser necesario que el ministro Francke se prodigue en los medios y eventualmente ante el Congreso a explicar con el mayor detalle posible sus proyectos, o que eventualmente los explicite aún más de lo que ya lo están en el proyecto presentado, de modo tal de reducir la incertidumbre.

Es verdad que el Congreso, a posteriori, puede corregir, anular o derogar las normas que el Ejecutivo apruebe en base a la delegación de facultades, pero ello no reduce la inquietud existente en muchas bancadas respecto de las sorpresas o bombas que desde el gobierno se puedan perpetrar en las materias señaladas (tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica).

A ver si este escenario termina de convencer al Primer Mandatario de la urgencia imperativa de que controle su irresponsable verbo, que entienda que está frente a una realidad política que lo contiene (un Congreso mayoritariamente opositor) y que, en esa medida, necesita mostrar tino y cautela. Los que pueden terminar pagando las consecuencias de su inimputabilidad política son la Premier, con el voto de confianza, y el ministro Francke, con la delegación de facultades.

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Congreso de la República, Facultades legislativas, MEF

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 36.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, aseguró que en las reuniones de su bancada no se ha conversado sobre una posible vacancia porque en este momento no existen condiciones para ello.

Además aseguró que su reunión con la Presidenta del Consejo de Ministros fue una burla porque tanto ellos, como otras bancadas, le solicitaron cambios en el MININTER y ella no los tomó en cuenta.

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Congreso de la República, Eduardo Castillo, Fuerza Popular, MININTER, Presidenta del Consejo de Ministros

Ha hecho bien el Congreso en limitar, mediante ley, la cuestión de confianza. Su carácter absoluto, aplicable a cualquier tema que se le ocurriese al Ejecutivo, era una espada de Damocles permanente y generaba un desequilibrio de poderes enorme, ya que era sumamente fácil deshacerse de un Congreso opositor.

El gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional. Dada la actual composición del tribunal supremo en la materia va a ser muy difícil que declare la inconstitucionalidad de la norma, de modo tal que lo más probable es que la ley mantenga vigencia hasta que, de repente, se constituya un nuevo TC en marzo del próximo año y éste decida acometer el tema.

Entre tanto, se equilibra la balanza y, contrariamente a lo que algunos analistas piensan, lejos de ser el primer peldaño hacia un proceso de vacancia, termina por alejar también ese peligro político del horizonte. Como estaban dadas las cosas, solo la amenaza de una disolución del Congreso hubiera podido movilizar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo (si pretendía disolver caprichosamente el Congreso bien merecida hubiera tenido la vacancia, por cierto).

Lo que corresponde a mediano plazo es reformar la Constitución en ambos puntos: limitar la cuestión de confianza en dos legislaturas, de modo de blindar cualquier modificación legislativa futura o su declaratoria de inconstitucionalidad de un futuro TC, y reemplazar las causales de vacancia moral, ajustándolas a un proceso de juicio político, en lugar del mamarracho que existe hoy y que, a su vez, también permite zafarse de un gobernante por la sola sumatoria de los votos, sin que importen las razones de fondo.

Lo cierto es que, en lo inmediato, va a ser saludable para la gobernabilidad que el Ejecutivo tenga rienda corta. No se aprecia hasta el momento un proyecto revolucionario, marxista leninista, en ejecución, ni un plan en ese sentido, pero la cercanía de elementos políticos que se declaran abiertamente leninistas o maoístas no deja de generar incertidumbre, sobre todo si se tiene en cuenta un Primer Mandatario tan volátil como el que hoy nos gobierna.

El parteaguas es el tema de la Asamblea Constituyente y la única vía que el Ejecutivo tenía parar lograr convocarla, pasaba por disolver el Congreso. Hoy, gracias a la ley congresal, esa eventualidad ha sido acotada a su mínima expresión.

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Asamblea Constituyente, Congreso de la República, Ejecutivo

Todas las semanas, la videocolumna de Alexandra Ames: Paños Fríos.

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Congreso de la República, gabinete Vásquez, Mirtha Vasquez, nuevo gabinete, voto de confianza

Desde hace unas semanas, debido a la posible aprobación de la cuestión de confianza por parte del Congreso de la República por insistencia, se viene debatiendo la posibilidad de su reforma y sus implicancias. ¿Qué propone el proyecto de ley en cuestión? Regular los artículos 132 y 133 en la que se proponga que el Ejecutivo solo pueda utilizar la cuestión de confianza para temas relacionados a políticas de gobierno en general, exceptuando de ella reformas constitucionales que competen al Congreso de la República y otras entidades autónomas. Acto seguido -en una disposición complementaria y final de la autógrafa- propone que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de decisión. 

Proyecto de ley realmente cuestionable porque pone en desbalance el equilibrio de poderes. Como señala Carlo Magno Salcedo en su análisis del tema (La Mula, 11/10/21), actualmente el Congreso de la República, implícitamente, tiene la potestad de poder interpretar la Constitución para su labor legislativa, pero qué pasa cuando contraviene -por ejemplo- temas que puedan afectar la relación ejecutivo y legislativo. 

Sabemos que el contexto actual es de una polarización extrema debido al objetivo que tiene el gobierno de llevar adelante una Asamblea Constituyente, pero se debe actuar con suma cautela en temas jurídicos para causas políticas prodemocráticas, como detener esa intentona que pretende cambiar las reglas de juego. En ese sentido, y de acuerdo a la propuesta del constitucionalista y docente universitario Joel Campos, es necesario salir de esa dicotomía que contribuye a un enfrentamiento político fratricida y sin salida. 

Para ello -según el constitucionalista- se debe establecer una reforma al artículo 134 de la Constitución, sobre la disolución del Congreso de la República, en la que se proponga la “muerte cruzada” (que se usa también en el Ecuador) en la que disuelto este primero poder del Estado se proponga convocatoria a nuevas elecciones no solo para elegir nuevos parlamentarios sino también de presidente de gobierno. 

Dicha reforma limitaría el enfrentamiento permanente de los actores en el juego político. Reformas así oxigenan nuestro precario sistema político tan venido a menos en la que minorías activas (como el caso de grupos vinculados a Sendero Luminoso) tengan margen de acción para -desde el propio sistema- destruir los cimientos democráticos que tanto nos ha costado construir. 

La oposición política debe hilar fino -en tiempos turbulentos para el mantenimiento del Estado de derecho- para proceder a usar armas legales que no contravengan a la Constitución y a su estrategia de detener pretensiones que generan graves problemas a lo avanzado durante los últimos dos décadas en el país. 

 

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Asamblea Constituyente, Congreso de la República, voto de confianza

La ya explícita ruptura de Vladimir Cerrón con el gobierno de Castillo y el gabinete Vásquez, a los que tilda de derechistas y caviares, le abre al Presidente una ventana de oportunidad que debiera capitalizar.

De hecho, son importantes los votos cerronistas en el Congreso. En principio, son 18, pero en los hechos deben ser menos. Tanto Dina Boluarte como Betssy Chávez, ya tenían juego propio e influencia en esa bancada, de modo que lo más probable es que los votos cerronistas duros se reduzcan a ocho o diez.

Igual, si se considera que la oposición en el Congreso (todos los partidos, menos Perú Libre -hasta el momento-, Juntos por el Perú y los lescanistas de Acción Popular), mantenían en ristre la fiscalización al régimen y observaban con ojo crítico la confianza, las interpelaciones a ministros, la delegación de facultades y, ahora que volverá a la palestra, el tema de la vacancia, es menester que Castillo recomponga alianzas en el Congreso si quiere salir bien librado.

La única carta de cambio que parece razonable es la de la Asamblea Constituyente. El puente de plata que el centro le debería anteponer al régimen en este momento de debilidad es que lo apoyarán siempre y cuando descarte esa tesis corporativista que destruiría el modelo económico y la democracia. No se le puede pedir a Castillo que se humalice, pero sí que despliegue un gobierno de izquierda sensato y razonable.

De otro modo, el riesgo de un recorte anticipado del mandato presidencial está a la vuelta de la esquina. Con los ocho o diez votos cerronistas, la oposición recupera la capacidad de alcanzar los 87 votos que le permitirían vacar a Castillo.

Si el Presidente, como ha demostrado, es pragmático y no se guía por anteojeras ideológicas, como las que caracterizan al ala magisterial (maoísta) y al ala cerronista (leninista), podrá entender que el camino expedito para seguir ejecutando una agenda de izquierda sin sobresaltos, pasa por descartar la zozobra permanente que generaría en el país la necia insistencia en tratar de cambiar la Carta Magna.

La realidad social y la realidad política hacen inviable ese proyecto. Si hoy, las circunstancias políticas provocadas por la pateada del tablero de su exsocio Vladimir Cerrón, la convierten en moneda de cambio eficaz, ojalá ello lleve a que el Primer Mandatario alcance ese entendimiento.

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Congreso de la República, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 238: Renuncia el jefe de Devida por el ministro del Interior. ¿Sirve la reconversión? Los nombramientos en el Congreso. La «muerte cruzada» de Chabelita. Y Rospigliosi, la concha de la semana.

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Lima – Perú

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Congreso de la República, Devida
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