Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 173: Aprueban dictamen sobre la concha en comisión parlamentaria. Cada vez más cerca el 28 de julio, sin proclamación presidencial. ¡Y la izquierda solo ve bloqueo en Cuba!
¿En qué momento decidió solicitar la medida cautelar?
Yo estaba viendo cómo se desarrollaba el proceso. Lo último que supe es que en noviembre del 2020 los mismos grupos políticos hicieron un mea culpa. pidieron desactivar esta comisión y dijeron que sea el nuevo Parlamento el que elija el nuevo Tribunal Constitucional (TC). Pero de un momento a otro, de manera sospechosa, continuaron con el concurso. Luego veo que no publican los fundamentos del puntaje y, esto sí es algo subjetivo, me puse a analizar: ¿por qué tanta desesperación en una cuarta legislatura que para mí es ilegal? Yo tengo una tesis: estos señores han querido capturar el TC para buscar la impunidad de sus líderes políticos. No olvidemos que toda detención se puede librar con un habeas corpus y en última instancia resuelve el TC. No olvide el peligro de que un Congreso sea cerrado y un presidente sea vacado. Entonces dije: de repente quieren capturar el TC para que las leyes que emita el nuevo gobierno sean obstruidas por acciones de inconstitucionalidad en el Parlamento. Y vienen preguntas que eran sospechosas: por ejemplo, un congresista le pregunta a un candidato qué pensaba sobre la disolución del Congreso.
¿Piensa entonces que hay un plan desde el Congreso para blindarse de un gobierno de Castillo y, más bien, mellar sus poderes?
Yo lo que pensé es una tesis, no estoy afirmando: que quisieron capturar el TC para convertirlo en un caballo de Troya y destruir la democracia en el Perú. Uno: buscar impunidad para sus líderes políticos; y dos: que en caso de que un presidente llegue al poder, presentar acciones de inconstitucionalidad sobre leyes o una vacancia por incapacidad moral. El TC es un bastión que pudo haber tomado el fujimorismo con sus aliados políticos. No olvidemos que en un momento el Consejo Nacional de la Magistratura fue tomado; que el Ministerio Público, con Pedro Chávarry, fue tomado; que el Poder Judicial, con César Hinostroza, fue tomado; y que en el Parlamento había 73 congresistas de Fuerza Popular. También estuvo tomado. Y me animo a decir que el propio Colegio de Abogados de Lima (CAL) también estuvo vinculado a Fuerza Popular. No se olvide que, cuando yo quería sacar la medida cautelar [se refiere a un recurso administrativo del CAL] para suspender a Pedro Chávarry, decían que no choque con Fuerza Popular. Y parece mentira que tenía la razón, porque me dijo que me iban a perseguir. Y ahora hay medios de comunicación que me están difamando, que tratan de dañar mi imagen.
Es cierto que no es la primera vez que usted interpone esta medida. La obtuvo para detener las elecciones del CAL y también emitió una medida cautelar para suspender a Pedro Chávarry.
Yo fui presidente del consejo de ética [del Colegio de Abogados de Lima], y en el consejo de ética vemos la conducta de los abogados. Si un abogado no respeta el código de ética, siendo autoridad, siendo juez o fiscal, incurre en una falta. En ese momento abrí una investigación de oficio contra los miembros del CNM, contra Pedro Chávarry, y muchos más agremiados, muchos árbitros vinculados a Odebrecht. Entonces, tuve muchas personas que querían impedir mi labor, pero puse mano dura y suspendí colegiaturas. Le suspendí la colegiatura a Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gustavo Pebe, Rodolfo Orellana, César Hinostroza y Pedro Chávarry. Y justo por haberle quitado la colegiatura a Chávarry, este deja de ser Fiscal de la Nación, porque él estaba enquistado y nadie lo podía sacar.
Hay congresistas que creen que no terminarán procesados por haber desacatado la orden judicial que suspende la elección de magistrados del TC. ¿Usted cree que sí es posible [que los procesen]? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra?
La medida cautelar dice que se suspendan las elecciones programadas para el 7 y 8 de julio hasta que termine el proceso de amparo, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas, de acuerdo a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. Como ellos no han acatado la orden, han entrado en rebeldía, entonces se tiene que hacer efectivo ese apercibimiento. Ya no recomendarles. Lo que estoy pidiendo es que se aplique la medida menos gravosa, que sería la multa. Hoy he presentado un escrito en el que pongo de conocimiento a la jueza que primero tiene que multarles. Una multa de 10 URP (unidad de referencia procesal), que son más de S/4.000 a cada congresista. Y como se mantienen en la posición de continuar con la elección, he pedido que hagan un apercibimiento nuevo que diga que, si continúan sesionando, va a destituir a cada congresista. Un juez tiene la potestad de destituir a un funcionario público así haya sido elegido por voluntad popular.
¿La multa sería un paso previo a un proceso por desacato o van por vías distintas?
No. Sin perjuicio de la multa, estoy pidiendo que se manden copias al Ministerio Público, porque el delito ya se cometió. Así paguen sus multas, así sean destituidos. Se tiene que abrir una investigación para determinar que se cometió el presunto delito. Y quien tiene que determinar eso es un juez.
¿Los candidatos al TC que no renuncian a su candidatura también estarían en problemas?
Yo pienso que sí, porque se están prestando al juego. Y la tipología penal establece cómplices primarios, secundarios. Ya el Ministerio Público tiene que ver en qué supuesto están calzando estos candidatos. Pero pienso que los postulantes que se han sometido a un proceso que al comienzo era irregular y que ahora es ilegal se encuentran descalificados para ser miembros del TC. Para mí, con esto han sepultado su carrera hacia el TC. Si se vuelven a presentar, ya han demostrado que se someten a un proceso irregular, que se someten a preguntas donde hay conflicto de intereses. ¿Con qué confianza pensaríamos que estos señores van a estar administrando justicia en el más alto tribunal del Perú?
El problema es que el nuevo Congreso no va a ser mejor y tendrá la facultad de elegirlos.
Justamente ahí puede intervenir la sociedad civil, así como ahora hemos intervenidos nosotros. Ahora la sociedad civil ya sabe quiénes son los que se han sometido a este proceso irregular.
Para usted, ¿cuál sería el mejor mecanismo de selección de nuevos magistrados?
No olvidemos que los líderes de los grupos políticos que representan al pueblo en el Congreso están cuestionados o procesados por corrupción: José Luna, César Acuña, Keiko Fujimori, este señor vinculado a Antauro Humala [José Vega]. Algunos incluso han estado con detención [preventiva]. Con esta calidad de políticos, no tenemos un filtro para escoger gente que pueda elegir a los miembros del TC sin cálculo político a futuro. Lo mejor sería que la Junta Nacional de Justicia u otro organismo que no esté vinculado al Congreso [los elija], porque vemos que los parlamentarios no tienen cultura jurídica y sus líderes están vinculados a casos de corrupción.
Finalmente [después de varios días] se publicaron los argumentos que sustentan las votaciones de los congresistas. ¿Qué opina de lo que ha podido leer?
Ni un estudiante de Derecho de primer año… No hay motivación, han copiado y pegado, otros están vacíos. Yo he sido juez, he trabajado en el Poder Judicial cerca de 20 años, y cuando uno hace una sentencia, motiva. Usted leerá mis resoluciones y se fundamentan en un análisis lógico, jurídico. Si ellos no están en la capacidad de hacerlo, al menos que consulten con sus asesores. Pero ni siquiera eso han hecho. Un alumno de la facultad de Derecho, de primer año, argumenta mejor.
¿No hay una valla que impida que se sustenten así las elecciones? Si no, cualquiera puede poner tres palabras y cumplir con el requisito de la transparencia.
Si usted revisa en Internet, el Tribunal Constitucional ya ha establecido qué es una motivación: tiene que argumentarse cuáles son las fundamentaciones, el razonamiento con el cual uno llega a una conclusión. No es solamente decir: ‘bueno, por su trayectoria le pongo 11’. No han dicho nada.
Entonces, ¿las motivaciones que han presentado los congresistas son inválidas? ¿Cómo las calificamos?
No ha habido motivación. En algunos casos han puesto frases que no constituyen una motivación. La demanda y la acción de amparo tuvieron tres fundamentos, pero lo irregular es que la misma comisión [de selección de magistrados] hace un reglamento y no cumplen con eso. No cumplieron con motivar su decisión ni con publicar esta motivación. Ha habido falta de transparencia porque la sociedad civil no pudo conocer cuáles han sido los fundamentos para ponerle las notas. Como consecuencia de la no publicación, la sociedad civil no ha podido participar.
El congresista César Combina dice que detrás de esta movida están los amigos de Cerrón, de Castillo o Vizcarra. ¿Usted es amigo de alguno de ellos?
No, no soy amigo de nadie. Al señor Vizcarra lo conozco por la televisión, al señor Cerrón tampoco lo conozco. Al único que conozco es al señor Castillo, porque me llamó, quizá enterado de mi trayectoria en el tema anticorrupción, para aclararme que el señor no quiere convertir al Perú en un país comunista. Le pregunté qué pensaba del señor Bermejo que tuvo frases infelices y de ahí me retiré. Ahora se me está vinculando diciendo que soy su alfil, que soy amigo del señor Palacín, a quien sí conozco porque él también fue postulante para decano al CAL. Pero nada más.
¿Esa comunicación con Castillo ocurrió para que sea parte del equipo técnico?
Sí. Él en ese momento me pidió que lo apoye a su equipo técnico, pero no he tenido participación. Fue después de la segunda vuelta. Pero no hubo más comunicación.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 170: Se hace público el «sustento» de los congresistas para los candidatos al TC. Valer, separado de Renovación Popular, encuentra coincidencias con Castillo. Y el no retorno de algunos necios.
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Allí sigue, en su cuenta de twitter, incólume, el post del presidente electo Pedro Castillo, distorsionando la verdad al atribuir la muerte de un correligionario a la acción violenta de un grupo fanático de la ultraderecha y reclamando que su muerte no puede quedar impune.
El tuit, lanzado precipitadamente a las dos de la madrugada, revela claramente el intento de utilizar políticamente una tragedia sin darse el mínimo trabajo de verificar la realidad de los hechos.
Haría bien Castillo en rectificarse, pedir disculpas y, sobre todo, aprender de lo sucedido para no reiterar error semejante más adelante, cuando ya sea presidente en ejercicio.
Un error de ese calibre le puede costar la Presidencia. Un mandatario que mienta o cometa un error semejante puede verse expuesto, ante un Congreso en el que no tiene mayoría y no cuenta además con los votos suficientes para evitar una vacancia (tiene solo 42 votos seguros, entre los 37 de Perú Libre y los 5 de Juntos por el Perú, y necesitaría 44 para estar a salvo), a un descalabro fatal.
La gravedad del cargo de jefe de Estado exige una severidad que no puede exponerse a dislates de semejante calibre. Es cierto que somos humanos y cometemos errores y un Presidente no está libre de cometerlos, pero lo que acá queda claro es que el señor Castillo no revela propósito de enmienda ni voluntad política de rectificación.
El poder es la peor droga. La circulina es más potente que la cocaína. Lo peor que le podría ocurrir a un mandatario poco preparado, con enormes precariedades políticas, es entregarse al cauce de la precipitación o el exceso, imbuido del alto cargo que ni siquiera aún ocupa.
De por sí, los pronósticos políticos de la gestión de Castillo no son buenos. Aún a pesar de su saludable moderación económica, hay tremendos problemas por delante para los que no parece correctamente equipado y que van a requerir de una sabiduría particular, que por cierto no se aprecia en este poco feliz tuit.
Manejarse en medio de una pandemia que aún no cesa, resolver las enormes expectativas que sobre su gestión se ha generado en millones de peruanos -la mitad del país-, atender el teje y maneje de un Congreso donde no tiene mayoría, no son poca cosa, y van a exigir un manejo serio y responsable, una mano de estadista, no la perseverancia de un candidato beligerante e irresponsable.
«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.
Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.
La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.
María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.
La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética.
Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridadde las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.
Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.
La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.
Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.
Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.
El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.
“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.
Los intereses de las bancadas
Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.
Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.
Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.
“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.
Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.
Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.
“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión.
El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.
Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños.
Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”.
En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.
Los favoritos
Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos.
El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.
De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.
Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.
Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.
Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.
Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.
“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.
“De méritos no tiene nada”
Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.
La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.
De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.
De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales.
El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC.
Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento.
Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.
Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados.
Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.
Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.
El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso.
“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa.
El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.
Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.
Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma.
Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.
Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.
(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López
El pasado 11 de junio el Congreso de la República aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto Ley General de Museo. Dicho dictamen constituye una grave amenaza al potencial crítico del arte, la producción cultural y al ejercicio de la libre expresión.
De acuerdo al dictamen son consideradas infracciones muy graves, sujetas a penalidades y multas, los siguientes puntos:
La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.
La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).
La implementación de las exposiciones que contravengan a las buenas costumbres en la exposiciones y actividades de los museos.
Resulta sumamente preocupante que la interpretación de la norma recaiga en la subjetividad y arbitrariedad de los funcionarios que la aplican. Cabe preguntarse qué significa “modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”, “realizar actividades relacionadas a una apología al terrorismo”, o ir en contra de “las buenas costumbres”.
Cabe preguntárselo en un país con una historia reciente de censuras, persecuciones y acusaciones a piezas y exposiciones de arte. En 2015, la obra de teatro La Cautiva fue investigada bajo la figura de apología al terrorismo; en 2017 ocurrió lo mismo con un mural y una cerámica del Museo de la Memoria de ANFASEP y con la serie de Tablas de Sarhua, Piraq Causa (¿Quién es el culpable?).
Las investigaciones y acusaciones prescribieron, pues las piezas claramente tenían una posición crítica frente a la violencia, tanto a la de las organizaciones subversivas como la que ejercieron las fuerzas del orden.
Preocupa que uno de los ámbitos de acción de la norma sea precisamente el Lugar de la Memoria (LUM), cuyo director fue separado por el Ministro de Cultura en el 2017 debido a una exposición crítica de la dictadura fujimorista, la Carpeta Colaborativa Resistencia Visual 1992-2017. Preocupa más, porque en 2018 todos los contenidos del LUM fueron revisados debido a las acusaciones de apología al terrorismo del ex congresista fujimorista, actualmente en prisión por corrupción, el señor Edwin Donayre.
Un argumento de la acusación de Donayre fue que el camino de piedras para entrar al LUM era un “sendero” que estaba “iluminado”. Para el entonces congresista, eso encerraría un mensaje de apología.
Las piezas, proyectos culturales y espacios mencionados tienen mensajes claros en contra de la violencia por lo que no queda duda que las investigaciones fueron interpretaciones antojadizas y maliciosas frente a propuestas que comparten una visión crítica y de denuncia frente a las responsabilidades que tuvo el Estado durante el periodo de violencia.
La memoria sobre el conflicto armado interno en nuestro país es un tema doloroso y complejo que aún como sociedad no hemos procesado. Eso no quiere decir que no existan verdades históricas, cuerpos, sentencias, ausencias, así como criminales en prisión. El arte y su potencial crítico y provocador han servido para sanar, pero también para colocar en el debate público dichas verdades.
Los funcionarios que tienen en sus manos la potestad de normar sobre la libre expresión en el ámbito de la cultura deben hacerlo con ética y responsabilidad, en especial en una sociedad fracturada por un pasado de violencia y cuyo tejido social debe recomponerse de la mano de la libertad de pensar y reflexionar sobre aquello por lo que nuestro país atravesó.
