Minsa

Esperanza en el avance de la vacunación de adultos mayores

Por: 22.06.2021

Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.

 

Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .

“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.

En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.

Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa

En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.

En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización. 

“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.

El futuro incierto de la vacunación

A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas. 

Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.

“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.

Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.

La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna. 

Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.

Hace más de dos meses arrancó la nueva estrategia territorial del Minsa y con ello intentó mejorarse la efectividad del proceso vacunatorio que tuvo inconsistencias en el padrón utilizado para la primera etapa liderada por EsSalud en Lima, como reportó Sudaca. Antes, incluso, también hubo fallas más serias en el padrón del personal médico. 

“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.

Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no. 

Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta. 

“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.

Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.

 

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Adulto mayor, Covid-19, Ica, Lima Este, Ministerio de Salud, Minsa, Pandemia, Perú, Tacna

Crisis sanitaria en Arequipa: los médicos pedían ayuda desde inicios de mayo

Por: 15.06.2021

Desde la India al distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. La variante del coronavirus bautizada como Delta por la OMS -y meses antes como “doble mutante” por la prensa- llegó a la ciudad blanca al menos desde inicios de mayo. La mujer de 78 años, la primera oficialmente diagnosticada con esta variante en el país, no había viajado al exterior. No sabemos su lugar en la cadena de transmisión. Lo cierto es que fue el pasado 15 de ese mes que el Ministerio de Salud le tomó la muestra y coincidió con un incontrolable incremento de casos de Covid-19 en la región.

 

Lo impredecible del virus agravaba la situación. “El comportamiento es incierto. Los síntomas al inicio eran típicos de una enfermedad respiratoria, pero han evolucionado con síntomas de otra índole, llámese problemas gastrointestinales, problemas neuromusculares. Vemos que la situación es completamente impredecible y variable”, dice Elmer Rodríguez, presidente de la Federación Médica de esta región. Y añade: “Vemos gente joven en cuidados intensivos, niños, adolescentes y cada vez más mujeres, cosa que no hemos visto en la primera ola”.

Según la plataforma OpenCovid, en la semana del 31 de mayo fallecieron 345 personas. La anterior, 289. Solo el sábado pasado, la Gerencia Regional de salud confirmó  875 nuevos positivos y 45 muertes en las 24 horas precedentes.

Hospital Honorio Delgado. Personal médico y pacientes Covid sin suficiente distancia social en las instalaciones temporales implementadas por Pronis.

No fue hasta el 9 de junio, sin embargo, que el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en conferencia de prensa que teníamos a la variante Delta en el país. Ugarte dijo que solo dos días antes habían iniciado, en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con la paciente de Cerro Colorado.

Pese a la insistencia de este medio, la cartera de Salud no respondió cuándo fue que el Instituto Nacional de Salud tuvo los resultados de la paciente de 78 años. “¿En qué momento se enteró el Ministerio de Salud de la presencia de la variante? Eso queda para una investigación. Esta variante tiene una alta diseminación, entonces mientras más tarde se dé la información lo único que se va a crear es que no se tomen las medidas correctas en el momento”, dice Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.

Las autoridades regionales lo sabían oficialmente desde un poco antes: el lunes 7 de junio, dos días antes de que el gobierno lo hiciera oficial. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud del gobierno regional, Christian Nova, a los medios. “El día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada”, apuntó.

Hasta el anuncio de Ugarte, solo dos provincias arequipeñas de Islay y Caylloma estaban en nivel de alerta extremo. “¿Por qué no se incluyó a más provincias de la región Arequipa en este nivel, considerando que la situación sanitaria de la región en general iba agravándose desde semanas antes?” fue otra de las preguntas que hizo Sudaca a la cartera, pero que no obtuvo respuesta.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos”

«Nosotros sin conocer este resultado [el diagnóstico a la señora de 78 años] observábamos una curva epidemiológica anómala de Covid con respecto de todos los otros departamentos del país”, señala el decano Gutiérrez. Se refiere a la curva que empezó a pronunciarse desde inicios de mayo.

“Nosotros pensamos que en junio podría empezar a bajar [la curva de contagios], pero no. Es más, se está incrementando. Desde inicios de mayo es que se ha incrementado más”, añade Elmer Rodríguez, de la Federación Médica de Arequipa.

De hecho, desde inicios de aquel mes los médicos del hospital covid de la región, el Honorio Delgado, pedían ayuda públicamente. 

El pasado 2 de mayo la jefa de la unidad de Emergencias, Alida Huamán, fue entrevistada en Exitosa Noticias. El problema no era tanto el equipo biomédico, sino la falta de personal. “Un colapso es cuando funcionalmente ya no podemos cumplir con las funciones y ese es el caso (…) estructuralmente tenemos equipo biomédico, pero ¿quién atiende?, ¿quién ve [a los pacientes] si no hay más manos para atender y estamos tan limitados para salvar vidas? También eso es un colapso”, señaló.

Huamán detallaba entonces que de 410 camas de hospitalización sólo estaban operativas 260; de 30 camas UCI, sólo 18; de 16 de trauma shock, apenas 10. “Es decir, actualmente en el hospital Covid hay 168 camas que prácticamente están inservibles, porque las autoridades locales del sector salud no tienen presupuesto para contratar más personal y el gobierno del presidente Francisco Sagasti tampoco da una solución”, apuntó.

Dos semanas después, el 16 de mayo, el director del Honorio Delgado, Richard Hernández, declaraba al mismo medio: “Teníamos 45 plazas [por cubrir] para médicos y solamente se ha logrado conseguir 12 médicos. Pero de especialistas, que necesitamos en este momento para el manejo de cuidados críticos (sobre todo en el área de shock trauma y el área UCI), no hemos tenido ningún médico que se haya presentado”.

La Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Arequipa envió entonces un par de oficios al ministro de Salud el pasado 21 de mayo, semanas antes de que decidieran empezar el seguimiento epidemiológico. En uno, le alertaba de la preocupante situación de incremento de contagios de Covid-19 y mortalidad y le pedía considerar una cuarentena por 15 días en toda la región. En el otro le pedía ayuda para frenar la programación del debate presidencial en la ciudad.

El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.

Pero sería insuficiente.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos, faltan especialistas en plena pandemia”, dice a Sudaca Elmer Rodriguez, quien también es jefe del servicio ortopédico y de traumatología de este nosocomio. La falta de médicos internistas y neumólogos hizo que esté hoy intentando salvar la vida de pacientes Covid a pesar de no ser su especialidad. “Colegas que han sido vacunados se han enfermado, [miembros del] personal en general están también enfermos. Estamos poniendo el hombro de la manera que se pueda, como se pueda”, cuenta. 

El jueves pasado, un día después del anuncio del ministro sobre la presencia de la variante, un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y un grupo de 26 profesionales de la salud entre médicos y enfermeras aterrizaron en Arequipa para apoyar en el hospital covid. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, de nuevo el número no satisface la demanda.

“Falta por lo menos, para poder afrontar, más de 100 elementos, entre enfermeras y médicos. Pero finalmente es una ayuda que es bienvenida, así sean 15 o 20 los necesitamos. Aunque sigue siendo insuficiente”.

Cuatro de los cinco pisos que albergan pacientes en el Honorio Delgado están saturados de pacientes Covid, sin contar con las dos carpas ubicadas en los espacios exteriores del hospital. Ya tampoco es posible brindar oxígeno a la población para su atención en domicilio.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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Arequipa, Covid-19, Ministerio de Salud, Minsa, Variante Delta

Impunidad: La UNI entregó plantas de oxígeno incompletas

Por: 20.05.2021

 

La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.

 

Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.

Fuente: DIEM-Minsa.

Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.

El tira y jala de la conciliación

La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.

Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.

Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando. 

Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.

Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.

—¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?

—En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.

—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.

—Correcto.

—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas. 

—Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.

Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informó Sudaca a fines de abril.

Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes: 

Diseño: Leyla López.

—Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?

—En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].

Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.

—¿Cuándo deben recibir este informe?

—Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.

Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto. 

“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.

“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.

Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.

Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.

En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.

Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.

 

Fotocomposición de portada: Leyla López.

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Ministerio de Salud, Minsa, Oxígeno, oxígeno medicinal, Pandemia, plantas de oxígeno, UNI

Incompetencia criminal: 29 hospitales aún esperan por oxígeno

Por: 29.04.2021

“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.

 

Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.

A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.

En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien».

Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: «Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno». La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.

«Estamos así aproximadamente hace tres semanas», cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. «No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI». Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.

El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.

“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.

Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno», señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.

Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas

El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.

A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.

El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.

¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.

Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.

Estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.

El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.

El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.

¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?». Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta», se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.

La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.

El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. «Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66», señala Valenzuela.

Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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El dudoso jale de Ugarte a una oficina clave del Minsa

Por: 5.03.2021

El 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nombró al nuevo jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP), el órgano de su cartera que tiene a cargo el plan de vacunación contra el Covid-19. Nada menos. El elegido es el epidemiólogo Luis Alberto Huamaní Palomino (61) y su llegada se da una semana después de que la anterior cabeza de aquella dirección, Aldo Lucchetti, renunciara por ser parte de la lista VIP del caso “Vacunagate”.

Luis Alberto Huamaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público, figura, sin embargo, en otra lista: la de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Áncash investigados por el presunto direccionamiento de una millonaria obra en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, el principal de Chimbote. La construcción −dos ambientes destinados a UCI que se levantaron a mediados del año pasado− acabó siendo un mamarracho y hoy está deshabitada. Para algunos colegas de Huamaní, la obra es un reflejo de su paso por la región. Él, por su puesto, rechaza todos los cargos.

Sospecha fiscal

Huamaní Palomino fue jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash desde mediados del 2019. Las primeras críticas en su contra, según algunos medios locales, aludían a su condición de forastero: Huamaní no es ancashino, sino arequipeño. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, a sus colegas no les fue difícil encontrar mejores argumentos. “Su gestión fue desastrosa. La mayor cantidad de muertes se ha dado por su negligencia. Nunca implementó un plan efectivo contra el Covid”, dice el doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Áncash.

Esa afirmación tiene un sustento bastante gráfico: los dos ambientes de drywall al interior del terreno del hospital, cuya construcción tuvo el aval de la Diresa. La infraestructura debía albergar, supuestamente, casos graves de Covid-19, pero apenas pudo atender a los pacientes con síntomas moderados y lo hizo apenas por unas semanas. Hoy la obra luce totalmente abandonada. “Son dos ambientes que no tenían ventilación. No se pueden usar ni para hospitalización. ¡Es un cajón! ¡Si pones personal ahí, se va a contagiar de inmediato!”, se queja el doctor Leandro Pérez.

Como a casi todas las malas obras, a esta también le habría antecedido la corrupción.

El doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. Atrás: el mamarracho sobrevalorado mandado a construir por el Gobierno Regional de Áncash.

Desde mayo del 2020, el fiscal anticorrupción Robert Rojas venía investigando el direccionamiento de este proyecto y la adquisición de equipos médicos. El monto que desembolsó la gestión regional −en ambos, estructura y equipos− fue de S/10.061.072,61, aproximadamente S/2.000.000 más de lo que el expediente técnico calculó inicialmente. El desembolso se hizo a pesar de que el contratista, la empresa Quimera SAC, no tenía experiencia en ese giro de negocio, según la Fiscalía y la Contraloría.

El problema no sólo fue la inutilidad de la obra, sino que además se realizó bajo un tipo de inversión estatal (Inversión de Optimización-IOARR) que no permite la creación de nueva infraestructura, sino únicamente la remodelación de los pabellones existentes. “Siempre se le dijo al doctor Huamaní Palomino que existía otra infraestructura abandonada que se pudo haber refaccionado. Y ahí se pudo haber hecho todo el local para el Covid”, explica el doctor Luis Johanson Arias, decano del Colegio Médico de Áncash.

En diciembre pasado, Robert Rojas lideró un operativo que terminó con la detención del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, y logró que se le dicte nueve meses de prisión preventiva. La fiscalía anticorrupción puso en la mira a 15 funcionarios más, entre ellos, Luis Alberto Huamaní, entonces mandamás de la Diresa de Áncash.

Parte de la ampliación de investigación de la fiscalía anticorrupción contra el doctor Huamaní Palomino. Se le imputa el delito de colusión agravada.

El pasado 4 de diciembre, el fiscal amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra Huamaní por el delito de colusión agravada. Le imputa haber firmado un informe técnico y un “plan de reforzamiento de equipos de salud” entre el 24 y el 26 de marzo del 2020, que permitieron la construcción de marras.

Consultado por Sudaca, el funcionario rechaza estar involucrado en el direccionamiento de la obra y apunta que los documentos que firmó nada tuvieron que ver “con el proceso de elaboración y aprobación de la inversión, ni con el contrato con la empresa, ni con la supervisión y recepción [de la obra]”.

Pero en el Ministerio Público y en el cuerpo médico del Hospital Regional piensan distinto. “Su participación fue clave. Todo contó con su anuencia y dio inicio no sólo a la construcción hecha al interior del Hospital Regional, sino en otros dos hospitales”, dice el fiscal Robert Rojas. “Él [Huamaní] fue el responsable de toda esta obra, esto no podría haber pasado sin la autorización del director regional de salud. ¡Es un desastre!”, añade el indignado doctor Leandro Pérez.

El nombramiento del médico Luis Alberto Huamaní fue oficializado con una resolución del ministro Óscar Ugarte el pasado 25 de febrero. ¿No había más opciones?

Como fuese, el epidemiólogo se anima a defender la inútil construcción. “Las camas de esos ambientes, tenga la seguridad, se usaron. Otra cosa es que, cuando hubo mayor cantidad de hospitalizados, el Minsa construyó dos hospitales temporales y los pacientes pasaron ahí. Yo confío en la investigación fiscal”, apunta.

Huamaní dice, además, haberse ido de Áncash a fines de diciembre, luego de haber conseguido “logros relevantes” en su gestión y señala no conocer ninguna crítica en su contra. Más bien, afirma que la región nunca llegó a un colapso sanitario bajo su liderazgo. Pero es mentira. A mediados de junio, en el pico de contagios, los hospitales ya no recibían un paciente más: no había camas ni médicos especialistas. Y la tasa de mortalidad era la segunda más alta a nivel nacional: 6,7%, según cifras del propio gobierno regional. De hecho, cuando se empezó a levantar la cuarentena en varias regiones, a finales de ese mes, Áncash fue una de las siete que no pudo hacerlo por sus pésimos indicadores.

En el Colegio Médico de la región también tienen un recuerdo muy distinto al del flamante directivo del Minsa. “El balance de su gestión fue negativo. El plan de contingencia nunca se ejecutó al 100% y tuvo muchos errores en marchas y contramarchas, porque trabajaba con un grupo de personas que tomaban las decisiones sin consultar a los entes técnicos. Yo, como nota, le pongo 10 u 11. No le pongo más”, comenta el doctor Luis Johanson. Huamaní es ahora el responsable de la estrategia de inmunización a nivel nacional. En esas manos estamos.

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