Pedro Castillo

PARTEAGUAS

Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.

La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo. 

La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas. 

Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas. 

En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.

Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado. 

Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro. 

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El problema para todos es que, como ya lo hemos advertido, por debajo de las categorías de derecha e izquierda, anida subterráneamente en el país un ánimo antiestablishment que desborda cualquier distinción ideológica y que podría volver a manifestarse con fuerza, dado el panorama desalentador que se aprecia en el espectro del statu quo político y dado el colapso del Estado y la crisis económica que este gobierno perpetra, y que va a llevar a la gente a votar el 2026 con mayor irritación que el 2021.

 

 

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Cambios frecuentes en el gabinete es una característica de este gobierno. Así, cambiar un Ministro cada once días permitió establece un record sudamericano en noviembre del año pasado. Es plausible suponer que el presidente Castillo los lleva a cabo para ampliar el apoyo político a su gestión o potenciar las capacidades técnicas de su gabinete. Salvo contadas excepciones, no ha sido la tónica. Así, por ejemplo, el cambio de cuatro de sus Ministros conjuró la amenaza de censura que recaía sobre alguno de ellos con lo cual demostró iniciativa y sentido de oportunidad para realizarlo. Medida que sorprendió a muchos.

Finalmente, el Presidente es el responsable de trazar los ejes estratégicos de su gestión. En ese sentido, teniéndolos como marcos de referencia, los Ministros se encargan del diseño, formulación e implementación de políticas públicas. Pero si su mandato dura unos pocos días o semanas, el logro de objetivos sectoriales no será posible y, por lo tanto, el bienestar de los ciudadanos se irá empeorando cada vez más, erosionando aún más la poca legitimidad tanto del presidente Castillo como de sus Ministros y continuará así hasta un nuevo cambio de gabinete ministerial. 

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Y la mejor alternativa posible es la del adelanto de elecciones, con recorte del mandato general (tanto Ejecutivo como Legislativo). Solo se requieren 66 votos y un referéndum ratificatorio, que demorará unos meses, pero que nos ahorrará tres o cuatro años de la pesadilla política que estamos soportando y que va a dejar el país en escombros, presto para que cualquier incendiario aparezca y coseche de esa situación.

Por eso, la invocación a la unidad de la oposición. Hay razones, sin duda, para extremar diferencias y alimentar fricciones entre sus miembros, pero en momentos como éste, la unidad de objetivos debe estar por encima de cualquier otra circunstancia. No se puede permitir que el país se desangre política, social y económicamente, cuatro años más. Sería una tragedia que nos costará décadas superar.

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El FACTOR VILLAVERDE 

Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario  como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.

Villaverde ejercicio
Enero, 2022. Zamir Villaverde García, empresario, realizando ejercicios en un gimnasio. Hoy acusa al presidente Pedro Castillo con declaraciones estridentes y destempladas. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.

Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías. 

Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.

Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020. 

Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de los cupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú. 

“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.

 

 

 

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Bruno Pacheco, Gobierno, Pedro Castillo

Lo dijo Pedro Francke en su momento: se pueden hacer políticas públicas de izquierda sin necesidad de cambiar la Constitución. Pero no, Cerrón y su títere Castillo buscan, en ese talante, una excusa para su soberana mediocridad gubernativa, que está llevando al país al descalabro absoluto.

La salud y educación públicas van de mal en peor, la inseguridad ciudadana ya torna invivibles grandes porciones del territorio nacional, la crisis económica golpea a los más pobres sin que el gobierno sepa qué hacer para remediarlo. Y eso no es culpa de la Constitución del 93. Es obra y gracia de un régimen que, en los hechos, es un adefesio completo.

El Perú se equivocó sonoramente al elegir a un sujeto como Pedro Castillo y a su sombra manipuladora Vladimir Cerrón. Lo están demostrado los hechos palmariamente.

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