Pedro Castillo

¿Qué pasará con el Pdte. Castillo este fin de semana?

Despertamos con la noticia de que el Pdte. Castillo estaría buscando indultar a Antauro Humala. Al respecto conversamos con la abogada penalista Romy Chang. Además la ex presidenta del Congreso – Rocío Silva Santisteban – explicará la importancia de mantener un gabinete que trabaje por la igualdad. Y, como todos los viernes, nos acompaña la politóloga Paula Távara con el análisis político de esta semana.

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Lima – Perú

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Antauro Humala, Hector Valer, Pedro Castillo

La declinación de Rafael López Aliaga a su candidatura presidencial y su invitación a que Keiko Fujimori haga lo propio, y a que, buscando un nuevo candidato, se conforme una coalición de derechas, es una propuesta sensata e inteligente.

Si además de ello, dicha coalición logra convocar a algunas fuerzas de centro identificadas con una economía de mercado (es el caso de sectores de APP, Somos Perú, Morados, Acción Popular o el PPC), podría constituirse una gran opción de centro derecha, capaz no solo de ganar las elecciones presidenciales venideras sino, sobre todo, de asegurar la gobernabilidad del régimen por un mandato completo.

Es menester que el Perú ingrese a una continuidad de regímenes proinversión, promercado, democráticos e inclusivos, para lograr acercarnos al estadio de desarrollo que ya habríamos logrado si la transición post Fujimori no hubiera sido tan reticente en el empeño de continuar las reformas estructurales que quedaron pendientes después de los 90.

Ya no se necesita un centro aguachento, mucho menos una izquierda anquilosada, como este gobierno ha permitido mostrar en su real dimensión, sino una derecha firme en sus convicciones y liberal en sus perspectivas políticas y económicas (este liberalismo es una tarea pendiente en la derecha peruana, sobre todo por el desembozado mercantilismo fujimorista).

La coalición es necesaria, porque la división reduce las respectivas votaciones y favorece que se entrometa algún candidato disruptivo (como fue el caso de Castillo), a pesar de que, según todas las encuestas, casi el 80% de la ciudadanía se autodefine ideológicamente como de centroderecha. Ese riesgo hay que evitarlo a toda costa, para no derivar en la ruleta de las segundas vueltas, más propensas a un voto emotivo, más actitudinal que racional.

Candidatos hay y surgirán nuevos. En ese sentido, la prisa más bien debería ir por consolidar ese gran pacto y después, con paciencia, decidir quién será el portavoz electoral. Y debería empezar a dialogarse al respecto con prontitud, ya que, por lo que se ve, este gobierno está haciendo todo lo necesario para no culminar su mandato el 2026. Podría haber elecciones antes de lo previsto y sería bueno que coja a la derecha preparada y dispuesta al desafío.

El mensaje de la derecha, si lo elige con pertinencia, puede ser muy potente: reactivación económica a fondo, resolución del caos delincuencial, reformas institucionales, nuevo Estado descentralizado, etc. Los problemas más urgentes de la ciudadanía hechos propuesta política. Si se logra, constituiría una brisa de real optimismo en medio de la desesperanza que hoy padecemos.

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Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Rafael Lopez Aliaga

¿Es el movimiento ciudadano el que se va a traer abajo al premier pegalón? ¿O es la política? ¿Puede ocurrir lo mismo con el presidente? ¿Sirve el «que se vayan todos»?

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Hector Valer, Pedro Castillo, protestas

 

“Yo respeto y las quiero a todas las mujeres, entre ellas a mi madre, esposa y mis hijas”, escribió Héctor Valer cuando fue acusado por la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, de maltratarla verbalmente en septiembre pasado. El primer ministro no pensó lo mismo cinco años atrás, en octubre del 2016, cuando “le propinó un puñete en el rostro” a su esposa y le dio “bofetadas, puñetes y patadas” a su hija, de acuerdo a dos partes policiales.

Ante el escándalo, que la prensa advirtió hace menos de 24 horas, el llamado “Gabinete en la sombra” del Despacho Presidencial ya baraja opciones para reemplazarlo lo más pronto posible. Consideran que su situación es insostenible, según una fuente palaciega que conoce la interna. Bancadas como Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular han anunciado que no le darán el voto de confianza. La ausencia de Valer en la conferencia de prensa de ayer es un reflejo de la situación.

Valer-Hija-Esposa
Izquierda: Con su esposa, ya fallecida, en un evento festivo. Derecha: Primer ministro posa con su hija en una imagen de archivo. Las dos lo denunciaron por agresión en el 2016

El “Gabinete en la sombra” está integrado por Biberto Castillo, despedido asesor presidencial; Beder Camacho, nombrado secretario general interino; José Fernández La Torre, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Wilson Pretel, jefe del gabinete técnico de asesores. Llama la atención que Biberto Castillo siga operando a pesar de haber sido despedido por Carlos Jaico, en su última acción como secretario general. Fueron Castillo y Camacho, que ha sido nombrado secretario general interino, quienes ayer convocaron a un diálogo a Hernando de Soto, excandidato presidencial de Avanza País.

Héctor Valer llegó al premierato por recomendación del congresista Guillermo Bermejo. En el Congreso, Bermejo y Valer integran la bancada de disidentes Perú Democrático. El “Gabinete en la sombra” apostaba sus fichas por Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

En caso Valer sea finalmente expectorado del cargo, Sánchez tendría la primera opción. Esto porque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya dijo que no asumirá la PCM. Sánchez se ha convertido en un incondicional del presidente Castillo y, según una fuente de Palacio, ha pasado también al grupo de asesores en la sombra.

El también congresista por la bancada de Juntos Por el Perú (JPP) despacha seguido con Beder Camacho y el jefe de la DINI, José Fernández La Torre. JPP llegó al Congreso de la mano del Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, pero Sánchez ha marcado distancias con ella. No condenó, por ejemplo, la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior, como sí lo hizo la excandidata presidencial. “Más allá de los nombres o desencuentros, la prioridad es la seguridad ciudadana”, dijo Sánchez a la prensa.

El titular del Mincetur ha salido en defensa de Pedro Castillo cuando ha podido y ha ejercido hasta el rol de traductor. “En ningún momento el presidente ha dicho que va a poner a referéndum la soberanía y entrega del mar a nuestro hermano país de Bolivia. Eso es falso”, dijo, por ejemplo, sobre la reciente declaración del presidente a CNN. Castillo había asegurado que consultaría a los ciudadanos para decidir si Perú le da una salida al mar a esa nación.

La lealtad de Sánchez ha sido recompensada. Permanece al frente de su cartera, mientras sus aliados del Nuevo Perú -Pedro Francke y Anahí Durand- salieron del Gabinete. Verónika Mendoza, incluso, anunció la ruptura con el gobierno en redes sociales.

Al otro lado, en Perú Libre, también están con la sangre en el ojo porque no los tomaron en cuenta en el nuevo Consejo de Ministros. Vladimir Cerrón esperaba tener protagonismo en el Gabinete, pero el presidente le dio prioridad a Bermejo. En venganza, una fuente cercana a Cerrón anticipa que sus más fieles militantes no le darán la confianza al Gabinete Valer.

AMETRALLADORA

El perfil violento del nuevo premier es corroborado por excompañeros de cuando militaba en el APRA. Uno de ellos, un aprista con el que compartió aquella época, lo recuerda por llevar una ametralladora en su paso por la universidad, a inicios de los ochenta. “Se atrevió a llevar una ametralladora para asustar a los estudiantes comunistas que buscaban recuperar su hegemonía en la Garcilaso”, dice. Lo conocían como el “Loco Valer”.

Valer Apra
2009. Héctor Valer Pinto, en un evento en la Casa del Pueblo para condecorar y respaldar a excongresista Mauricio Mulder, incondicional de Alan García.

“Es una persona inestable. Tiende al disparate, al improntus. Por eso es que cambia de camiseta todos los días. Castillo se ha disparado a los pies al nombrar a este personaje porque no le van a dar el voto de confianza”, dice a Sudaca Jesús Guzmán Gallardo, veterano dirigente de la estrella, quien también conoció al actual premier.

Lo cierto es que el presidente Castillo ha elegido como cabeza de su Consejo de Ministros a un hombre que le siguió los pasos a Alan García. En febrero de 1993, Valer “abandonó clandestinamente” el Perú y viajó a Colombia para pedir asilo político, de acuerdo a una nota del diario colombiano “El Tiempo”. García había pedido asilo a dicho país tras el autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992.

El Tiempo
1997. Nota del diario colombiano “El Tiempo” que da cuenta que Héctor Valer Pinto fue considerado un refugiado político en ese país.

 

Tres años después, en 1995, García solicitó asilo en Francia.  En 1996 Valer hizo lo mismo. “En el año 1996, tras el proceso de traslado de su refugio político a Francia, estudió un Diplomado de Estudios de América Latina en la Universidad Sorbonne IV, de París”, dice la biografía de Valer colgada en el portal del Parlamento.

En el 2000, Valer volvió al Perú con el retorno de la democracia. Los “compañeros” le consiguieron trabajo como profesor en la Garcilaso. En ell 2008, el APRA lo colocó como gerente del Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos y Amazónicos (Indepa), un organismo del Estado que hoy ya no existe. El 2009, Valer promovió una condecoración a Mauricio Mulder, incondicional de García, por su supuesto compromiso con el agro. También apoyó la candidatura de Mulder a la secretaría general del Apra por “su estrecha vinculación con los intereses del pueblo y sus organizaciones”, según el portal “Vanguardia Aprista”.

Varios testimonios también indican que Valer fue cercano a Luis Nava, el secretario personal de García que confesó a las autoridades que Jorge Barata le entregó al expresidente 1 millón 328 mil dólares en loncheras y maletines a nombre de Odebrecht. De hecho, Nava lo jaló como asesor cuando fue nombrado ministro de la Producción. En el 2011, Valer apoyó la campaña de Nava al Parlamento Andino con un pequeño monto -S/750-, según reportes de la ONPE.

Nava aporte
2011. Reporte presentado a la ONPE por Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, como candidato al Parlamento Andino. Ahí figura Héctor Valer Pinto como aportante

 

El presidente Pedro Castillo ha viajado a Brasil en plena crisis política. Retornará el sábado. Todo apunta a que su flamante primer ministro tiene las horas contadas. Valer, en una entrevista con Rosa María Palacios, dijo que no renunciará. Aseguró que no agredió a sus familiares. Ha decidido atrincherarse en el cargo. El “Loco Valer” está desatado.

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Apra, Hector Valer, Pedro Castillo

La única salida política de la crisis de gobernabilidad que ha generado el malhadado régimen de Pedro Castillo pasa o por su renuncia o por una decisión del Congreso (sea por la vía de la vacancia o de la acusación constitucional) que lo retire de Palacio.

Ya resulta más que evidente la irreversibilidad de la mediocridad en la gestión. Estamos ante el serio riesgo de un colapso del Estado, con las graves consecuencias que ello tendría para el país, no solo en términos del daño económico y político que de por sí generaría, sino por la eventual explosión de un conflicto social de curso indeterminado que tal estado de cosas podría producir.

La designación del gabinete Valer, plagado de más impresentables que los dos gabinetes anteriores -cosa que ya parecía imposible de lograr-, y agravado por la designación de un Premier que no debería estar un minuto más en el cargo por sus inconductas recientes (es un agresor de mujeres), es una falta de respeto a la ciudadanía.

 

El Congreso, de insistir en el despropósito Castillo, debería, primero, negarle la confianza al gabinete, y, segundo, si el Primer Mandatario, carente de una mínima dignidad y admisión de incompetencia, no renuncia, abocarse a encontrar la salida legal para recortar su mandato.

La experiencia de un gobierno surgido del pueblo provinciano ha sido, lamentablemente, fallida. Castillo es un embustero que se arropó de ese discurso antiestablishment para ganar las elecciones, pero una vez en el poder ha demostrado que su único logro ha sido reeditar los peores vicios de la República peruana, llevados a su minusválida dimensión: el patrimonialismo, la temprana corrupción, la ineficacia administrativa, etc.

Como venían las cosas, el momento destituyente se iba a producir más temprano que tarde. Castillo ha adelantado las agujas del reloj, con pasmosa indolencia y desparpajo. Porque lo que ha pergeñado con el gabinete Valer es no solo una muestra de su mediocridad sino también de su evidente psicopatía política. El Presidente carece de criterios morales para gobernar, la situación psicosocial más grave que pudiéramos hallar en un gobernante.

Es hora de que la sociedad civil, lamentablemente pasmada en su activismo por haberse plegado al oficialismo, se despercuda y tome conciencia de que el desprolijo manejo político del país no puede seguir siendo tolerado. Es hora también de que la clase política -particularmente los partidos de centro (Acción Popular y Alianza para el Progreso)- abandonen el acrítico respaldo a un régimen cuyo deterioro va a generar inmensas consecuencias a la sociedad entera. La gangrena castillista debe ser cortada temprano, antes de que contamine el cuerpo social en su conjunto.

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Congreso, Pedro Castillo

 

Los primeros amagos en torno a las elecciones municipales de este año evidencian que, en pocos meses, empezará a discutirse sobre la actualidad y el futuro de Lima metropolitana, con los mismos equivocados ejes. En un mundo cada vez más transparente, es innegable que la capital retrocede en términos de bienestar y progreso, desde hace décadas. El problema, una vez más, se inicia el 18 de enero 1535, y se desborda a mediados del siglo XX, lo que las élites opinantes olvidan o desconocen porque la especialización contemporánea indica que quienes saben de ciudades son los urbanistas, y por tanto priman sus criterios en los espacios de divulgación y discusión. La profundización académica específica es indispensable y muy valiosa, pero puede ser una trampa para la observación política transformadora, que demanda complementar la focalización rigurosa con una mirada sistémica e histórica.

 

Más que a un desequilibrio socio-urbanístico, relativo los usos del suelo, al equipamiento arquitectónico e ingenieril de la ciudad y a su relación con el entorno natural y colectivo, el sino de Lima metropolitana está en su insostenibilidad económica de origen, bajo cuyo orden, una minoría urbana, céntrica y próspera vive del trabajo de los inmediatos contornos rurales, donde está la mayoría subordinada y subsistente. Con cambios sociales y legales inevitables, y con muchos más elementos en la composición, esta geografía económica se mantiene vigente. No solemos reparar en ella, pero estuvo y está ahí, e imposibilita todo camino de desarrollo material inclusivo, lo que impide la gobernabilidad metropolitana y nos empuja a mecánicas sociales y urbanísticas regresivas. Como todo lugar a donde llegaron los españoles desde el siglo XVI, Lima nació con un orden reticular (en base a cuadras) cuyo centro era un damero de instituciones centrales, plaza de armas y vivienda colonial exclusiva. Junto a ello estaba el Cercado (Barrios Altos) y San Lázaro (Rímac), que rápidamente se transformó en la zona pobre de Lima, y también en territorio de disputa contra originarios libres que habitaban los valles del río Rímac y se defendían contra el despojo. Alrededor de esta estructura central, cuya racionalidad es europea y renacentista, el esquema territorial incluye un cinturón de reducciones indígenas (emplazadas sobre valles expropiados), que eran agrupaciones de peruanos – traídos de la sierra o lugareños – que hacían de mano de obra barata para producir los alimentos, las ropas y los servicios de los españoles rentistas del centro. Sumado a ello, estaban sujetos a abusivos tributos por su condición indígena y vasalla, con cuyos montos se construía la mayor parte del presupuesto públicos virreinal.

 

Obviamente el discurso oficial de las reducciones era adoctrinador y civilizatorio, y pronto llegaron las parroquias y las autoridades oficiales a esta unidades políticas de peruanos sometidos, legales desde 1550. Como todo esquema productivo basado en el expolio y el asesinato cultural, este orden fue insostenible, debido al crecimiento poblacional de los españoles y a la resistencia de muchos campesinos, que se escondían o huían frente al peligro de someterse a una reducción. En consecuencia, las autoridades continuarán expropiando tierras, pero ahora las entregarán a colonos privilegiados, que crearán las primeras haciendas de la zona y traerán los primeros esclavos africanos al Perú. La Lima colonial vive de la explotación de sus alrededores rurales, divididos en cinco zonas, que hoy son Surco, Ate, Magdalena-Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. Con el tiempo, estas áreas se van haciendo pueblos rurales que venden productos baratos al centro, desde sus haciendas, reducciones o pequeñas tierras campesinas que algunos peruanos han podido conservar. De este ambiente comercial y por fuerza menos represivo, surgen algunos indios peruanos y mestizos que, en base a capacidades y esfuerzos personales logran acumular un capital y “compran” algún tipo de ciudadanía en la república de españoles. Es claro que, poco a poco, todos los peruanos van queriendo ser europeos.

 

En el siglo XVII, el Cercado de Lima es rodeado por una muralla que deja bien claro quién es quién (lo que duró hasta finales del siglo XIX). Nada detiene el desequilibrio ecológico de entornos que vivían en diálogo con la naturaleza y no en búsqueda ciega de acumulación, por lo que pronto aparecerán problemas para el abastecimiento de agua. Los campesinos limeños libres siguen huyendo hacia las alturas en busca de libertad pre-hispánica, y van quedando sólo haciendas y pueblos de indios en las periferias de la Lima colonial. Con cambios en cuanto a la obligatoriedad y las figuras legales de la sujeción, e incorporando diferentes fuentes geográficas – nacionales e internacionales – para la provisión del centro, este esquema económico-territorial conformado por un centro exclusivo y  un cinturón rural de haciendas y campesinos pobres, se mantiene durante todo el siglo XIX, y llega hasta mediados del siglo XX. En ese momento, el modelo empieza a dirigirse al desborde, en el que seguimos hasta hoy.

 

Los empresarios limeños se quejaron de la escasez de mano de obra urbana desde 1821, pues la adversa geografía siempre les impidió tomar la sierra o traer masas campesinas a la fuerza, como ha sucedido en las industrializaciones del desarrollo. Con esta carencia justificaron su apuesta por la inversión rentista en vez de productiva, que terminó en especulación financiera bajo corrupción estatal. También con este lamento lograron que los diferentes gobiernos peruanos, desde el último cuarto del siglo XIX, apostaran por un esfuerzo de salud para el crecimiento demográfico y por una masiva occidentalización cultural vía escuela pública en las regiones, lo que se complementa con las narrativas de los medios masivos desde más o menos 1920. Primero la radio y luego la televisión. Este derrotero funcionó, así se ha hecho capitalismo del primer mundo (sumado a atropellos y despojos), pero a diferencia de aquel, aquí la ciudad no estaba mínimamente preparada para el masivo flujo migratorio de la sierra, que empezó en 1940. Lima estaba creciendo industrialmente, pero a una escala siempre menor y periférica, pese a que siempre ha sido la principal plaza económica peruana. Como es harto conocido, éste es el inicio del masivo auto-empleo micro-industrial o micro-comercial, y sobre todo micro-remunerativo. Y también el origen de la ocupación de las periferias de Lima por parte  de migrantes generalmente andinos, quienes hacen emerger una deriva urbana informal que termina en lo que conocemos como las Limas norte, sur y este, donde vive cerca del 75% de limeños (sin incluir al Callao en el total). Lima, que para entonces era lo que hoy es la zona centro de la metrópoli, pasó de tener 600 mil habitantes, en 1940, a tener 6.5 millones, en 1993. No existe Estado del subdesarrollo capaz de manejar, con políticas de vivienda, semejante explosión migratoria que necesariamente acabará sub-empleándose. Debe saberse que todas las metrópolis latinoamericanas han padecido procesos similares.

 

Se ha escrito que la causa central de la gran migración sierra-Lima fue la escasez de tierras por crecimiento poblacional, sumado a procesos políticos violentos debido a la acción guerrillera contraria a los abusos y la concentración terrateniente. Quizá lo segundo, pero lo primero es confusión cultural: la tierra serrana es de las más fecundas del mundo por su diversidad, y en la racionalidad andina lo que cuenta es la variedad de pisos ecológicos (alturas y climas) que se poseen, no las grandes extensiones, propias del extintivo monocultivo exportador, práctica de procedencia industrial-capitalista. En realidad, las causas principales de la huida hacia Lima fueron dos: el proyecto educativo nacional de nivel escolar, donde siempre se ha enseñado que lo rural es rezago y lo urbano-occidental es desarrollo, y el atractivo hipnótico de las narrativas mediáticas a partir de 1920, primeros radiales y luego televisivas. Pero el punto es que desde mediados del siglo XX se empieza a consolidar una nueva geografía centro-periférica, aunque esta vez los cinturones serán sub-urbanos, y estarán conformados por campesinos de la sierra que no vinieron a hacer labores agrícolas. De ello, y salvando porcentajes insignificantes, las periferias conformarán la mayoría laboral limeña de bajísima productividad y magros ingresos. Según INEI, el ingreso promedio de las nuevas limas es cerca de la mitad del de Lima Centro (1,280 vs 2,300). Sólo el 1.2% de limeños percibe un salario considerado alto, que supera los 2400. Únicamente el 4% de los 3 millones de hogares limeños pertenecen al sector socio-económico A y reciben 13,000 soles al mes. Asimismo, sólo el 26% de limeños tiene empleo adecuado, mientras el 13% está desocupado y todo el resto se sub-emplea en micro-empresas productivas o comerciales que no pasan de 10 trabajadores. La mitad de este grupo son unidades productivas de menos de 5 empleados, que quiebran a los pocos meses. La migración emprendedora y exitosa es un mito perverso que oculta las miserias de nuestro capitalismo subdesarrollado y concentrador de riqueza. En realidad, es una resiliencia subsistente y mayoritaria lo que tenemos. Se calcula que sólo el 20% de las empresas metropolitanas de Latinoamérica tienen algún tipo de interacción comercial con la alta productividad del mercado global, como importadores o exportadores. Sólo de ahí nacen los adecuados empleos regionales de la globalización económica.

 

Es esta pobreza productiva y de empleo de calidad, en la gran mayoría, lo que explica los grandes y conocidos problemas de Lima Metropolitana: tendencia al desborde demográfico y a la depredación del suelo natural, irracionalidad y primacía de intereses privados en los usos oficiales del suelo urbano, severos problemas de tráfico, inseguridad, insuficiente oferta de educación y salud, déficit de infraestructura, de espacios públicos y de calidad de viviendas (con alta informalidad y mafias), deterioro ambiental, estrés hídrico cada vez mayor, un débil tejido social-ciudadano, pobreza de recursos presupuestales y profesionales, y una muy ineficiente institucionalidad política. Todo distribuido según la geografía económica descrita arriba. El bienestar general de una unidad de gobierno de volumen metropolitano, cuya escala es la de un país, depende más que nada de su arreglo económico y del porcentaje de la población que está incluido en dicho esquema. No hay otro camino. De los tributos de esos empleos es que se construyen las ciudades en una policéntrica metrópoli, o de los préstamos exteriores que su volumen garantiza. Ningún gobierno metropolitano, ni nacional, es capaz de suplir con políticas sociales, servicios, e infraestructura urbana y productiva, los ingresos personales o familiares que da el trabajo remunerado con mínima suficiencia. Salvo teoría, se vive del trabajo propio, se crea colectivamente la riqueza necesaria y se contribuye al Estado para el bien común.

 

¿Puede hacer algo el gobierno de Lima contra esta realidad? No, porque no es ni parcialmente responsable de las políticas económicas de su territorio. Las funciones que le atribuye la ley de gobiernos regionales no incluyen política económica, lo que maneja el MEF. En la práctica, la Municipalidad de Lima y los gobiernos regionales son ejecutores de Estado bajo elección pública, sujetos a un marco económico e institucional donde su margen decisorio se limita a unos cuantos tipos de acciones de patrón parecido. Según ley, Lima es un promotor de inversiones, y también de empleo y pymes. Esto último es un saludo a la bandera si no hay capacidad de iniciativa política en lo económico, porque en las metrópolis del subdesarrollo las grandes empresas extranjeras emplean a mínimos porcentajes de la población, y porque nuestras precarias pymes no necesitan promoción sino grandes saltos de productividad como se ha descrito arriba. Lima debe tener derecho al gobierno económico, como parte del proyecto descentralista pendiente. Al mismo tiempo, debe cobrar todos los tributos de su territorio para asumir plena responsabilidad política y elevar sus ingresos. A partir de ello, debe replicar lo que han hecho todas las potencias económicas de la historia para alcanzar progreso generalizado: decidido fomento y protección estatal para la producción nacional más estratégica. Lima produce el 50% del PBI peruano y alberga a la mitad de las empresas manufactureras nacionales. Tiene las mayores ventajas competitivas de la nación, por ello tiene condiciones para convertirse en un polo modélico de desarrollo regional, entendido éste como calidad de vida para todos.

 

Obviamente, Lima metropolitana requiere de una institucionalidad política en equilibrio con su dimensión y la responsabilidad que le corresponde, lo que pasa por instaurar un congreso con mecánicas eficientes de elección y control. De esto sigue una nueva distribución de unidades distritales, que deben fusionarse – o agruparse bajo sub-gobiernos – a partir del policentrismo evidente de la metrópoli limeña y de sus particulares concentraciones poblacionales. No tiene sentido elegir alcaldes en distritos pequeños donde no sólo no hay un mínimo de participación ciudadana sino que las elecciones se resuelven por arrastre de las tendencias metropolitanas. Se sacrifica la escala de gobierno, con pequeños distritos, en el entendido de que la poca cantidad de actores trae calidad ciudadana. Si no es así, qué sentido tiene mantener autoridades públicas estériles en términos de capacidad operativa y presupuestal, pero que luego boicotean las políticas metropolitanas debido a su poder territorial. Desde luego, en lo urbanístico lo más razonable es aquello que defiende la izquierda: derecho a la ciudad, gobernanza de lo urbano, compacidad en los usos del suelo, densificación regenerativa de la periferia, vivienda social como parte de toda inversión, mayor y  regulación del mercado de suelos, plusvalía urbana como mecánica de nivelación y distribución, y otros. Es todo aquello que se ha plasmado en la Ley de desarrollo urbano sostenible del 2021, pero que no procede sin cambio de modelo territorial y económico, lo que es una discusión de nivel constitucional como todos los grandes problemas del país.

 

Es claro que los sectores conservadores, entre los que se encuentra el actual alcalde de Lima, no quieren más responsabilidad política para la metrópoli, sino mayores transferencias por parte del Estado central. Para qué, es la pregunta, si como hemos visto, el margen de acción legal y operativo de la municipalidad Lima excluye políticas relevantes. Dejando de lado la inmoralidad en que se mueven las inversiones público-privadas del país, la postura tiene como principal norte ejecutar la mejor infraestructura y equipamiento urbano posibles, acorde con las exigencias empresariales de nivel global. Es parte del esquema de competitividad metropolitana de los noventa, aplicado sin éxito en varias capitales europeas. Se trata de un modelo que se vende como camino de desarrollo para el momento global de las metrópolis, pero que en realidad es un intento de asegurar más mercados y entornos favorables (servicios, infraestructura y consumo) para la  inversión trasnacional millonaria, y una apuesta por el liberalismo con regulación que el mundo ha visto fracasar. Es la trayectoria ya conocida, que agrava la realidad económica limeña, que se estrella con un Estado cuya capacidad operativa y velocidad son propias del subdesarrollo, y que nos sigue llevando al desgobierno metastásico.

 

En la discusión académica urbanística, que dialoga con la institucionalidad multilateral del desarrollo y sus publicaciones, esta narrativa conservadora se complejiza y toma prestado parte del progresismo urbano: la consideración del espacio público, la densificación multi-funcional y la compacidad del territorio, el tratamiento racional y participativo de la morfología urbana, el control ambiental y ánimo de gobernanza. Sin embargo, esto colisiona con el soporte económico de la propuesta, cuyo fundamento es las teorías de la aglomeración, que modelan como nacen, crecen, “y nos hacen ricos y felices si hay libre competencia”, las grandes megalópolis. Es una parte de la economía liberal contemporánea que, como todo el resto, termina recomendando mercado abierto y regulación ante fallas naturales. Es fácil deducir que la dimensión urbanística y política del modelo siempre perderá el pulseó y será desactivada. En el mejor de los casos, terminará en un lento  programa de servicios e infraestructura para la inversión transnacional, y para minoritarios sectores de la metrópoli. En nuestra realidad, donde no existe ejercicio regulatorio real, hay corrupción a todo nivel, la inversión no admite reparos ciudadanos o ambientales, y la sociedad civil es casi inexistente, el modelo produce lo que todos tenemos a la vista: imposibilidad práctica de gobierno y degradación permanente.

 

Sin duda, estamos cada vez más lejos del escenario virtuoso aquí sugerido, y más cerca del proceso degenerativo. Por eso en la campaña municipal que se avecina no se escuchará nada nuevo, y con suerte se impondrá un liderazgo progresista que fracasará. Tan dramático es el asunto, que la única esperanza real está en el cada vez más próximo colapso (de gobierno y ambiental) que todas las metrópolis del mundo enfrentan debido a su creciente insostenibilidad. Del tejido social y los imaginarios políticos que encuentren estas crisis, siempre impredecibles, dependerá el potencial de cambios de las comunidades metropolitanas.

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Héctor Valer fue denunciado por patearle la cara a su hija y propinarle puñetes a su esposa. ¿Así le van a dar la confianza? ¡Y hablamos movilización ciudadana para parar esto!

 

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