Esta noche. Presidente Castillo no quiere responder y se molesta cuando le preguntan sobre el caso Karelim López. “Esta prensa es un chiste”, dice.
Analizamos la actitud y la compleja relación del mandatario con los medios de comunicación con el sociólogo Sandro Venturo.
Además, Procurador anticorrupción presenta denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Al respecto una entrevista con el exprocurador Antonio Maldonado.
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El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.
A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.
Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN
Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.
“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.
En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.
Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.
El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.
Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.
“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.
Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.
Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.
Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.
Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado por la vía de la “contratación directa”.
Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.
Hoy en «Si el río suena»: ¿Estamos listos para flexibilizar medidas de prevención covid?
El gobierno anunció que este miércoles se evaluará en el consejo de ministros aumentar los aforos al 100% y la flexibilización de otras medidas de prevención contra el covid.
Conversamos al respecto con el epidemiólogo Ernesto Gozzer.
Sí hay personajes en la centroderecha que podrían galvanizar un proyecto político electoral potente y con posibilidades para el 2026 o para antes, si el régimen sigue haciendo agua y termina con su mandato interrumpido.
Roberto Chiabra, Fernando Cillóniz, Rómulo Mucho, Flor Pablo, Roque Benavides son, por ejemplo, nombres capaces de integrar diferentes colectividades partidarias y encabezar un proyecto de consolidación de las libertades políticas y económicas en el país, agregando las urgentes reformas institucionales y de segunda generación que debieron haberse llevado a cabo luego de la caída del fujimorato, pero que los gobernantes de la transición soslayaron olímpicamente.
Es preciso insistir en hacer realidad la sensata propuesta de Rafael López Aliaga de renunciar él mismo y Keiko Fujimori a sus respectivas aspiraciones. Son candidatos polarizantes, que eventualmente podrían pasar a la segunda vuelta (como lo ha demostrado tres veces Keiko Fujimori), para luego ser derrotados por sus contendores, aun por personajes tan precarios y endebles como Pedro Castillo. Y en ambos casos, además, le pueden quitar votos cruciales a los candidatos de similar identidad ideológica.
Si eventualmente Castillo dura sus cinco años de mandato hay tiempo de que aparezcan nuevos liderazgos (es una lástima que Rosangela Barbarán o Lucas Ghersi no alcancen la edad suficiente para poder postular), pero por lo pronto puede haber una baraja lo suficientemente atractiva para hacerle frente a centros aguachentos o izquierdas de toda laya que puedan surgir o querer reaparecer.
Es tiempo de reconducir la nave nacional hacia una opción claramente identificada con un modelo promercado, radical en las reformas necesarias para consolidar un capitalismo competitivo en el país, pero, a la vez, de plantear serias reformas institucionales (electoral, política, de seguridad interna, regionalización, salud y educación públicas, etc.).
La centroderecha, a diferencia de la izquierda -como ha quedado meridianamente demostrado en estos aciagos meses de gestión de Pedro Castillo-, tiene cuadros tecnocráticos de sobra y podría rápidamente dotar de excelencia la gestión pública, si tiene el norte definido y claro y no busca tan solo hacerse del poder para mantener el statu quo.
–La del estribo: no pueden dejar de visitar la exposición Maravillarte, que va en el Ministerio de Cultura, en San Borja, y reúne alrededor de 500 obras de arte, seleccionadas previo un concurso convocado a raíz del bicentenario y que además de mostrar nuevos valores (en pintura, escultura, grabado y fotografía), alberga también la obra de algunos artistas consagrados. El ingreso es libre y no hay que hacer reserva. Va de martes a domingo (este domingo 27 clausuran), de 9.00 a 5.00 pm.
El artículo semanal de Javier Díaz Albertini para El Comercio[1] vino esta semana con una preocupación que es la de muchos, pero que vale la pena discutir. El cuerpo central del texto cuestiona el por qué no existe una protesta ciudadana en la calle que haga sentir su voz frente al gobierno y Congreso. El autor destaca en especial tres condiciones como necesarias para empujar la “calle”:
“Primero, debe existir un sentimiento profundo de indignación de carácter moral por parte de un grupo significativo de la ciudadanía. Segundo, es necesario construir identidades colectivas que claramente distingan a un “nosotros” de un “ellos”. Tercero, es indispensable el convencimiento de que los cambios sociales son posibles por medio de la acción colectiva.”
Creo que esta vez el autor, uno de los más lúcidos para analizar la realidad peruana, se equivoca.
Tengo mis dudas sobre la primera condición, que es la clave. Particularmente, no percibo indignación. El mismo autor expresa un doble sentido de términos en el artículo cuando dice: “solo se está cumpliendo la primera. Estamos hartos.” Pero indignación y hartazgo no van por el mismo camino.
Indignar supone una emoción y un impulso a actuar que no se ve de manera evidente por ningún lado. Nos estamos -como sociedad- acostumbrando a una situación de crisis permanente en la que, si un día amanecemos sin gobierno y sin Congreso, a la gente le va a importar menos que poco.
Julia Kristeva, la filósofa y psicoanalista que ha estudiado tanto la relación entre el lenguaje, comunicación y tejido social, si la he leído bien, ayuda a comprender este particular momento de la relación entre política y sociedad en el Perú, cuando sostiene que estamos frente a nuevas formas de representación en las que nos volvemos menos parlantes y nos dejamos llevar más por imágenes:
“el papel creciente de la imagen, que reemplaza al lenguaje y hace que el hombre parlante se vuelva cada vez menos parlante. Mientras tanto, el sistema de comunicación cubre ya todo el campo visual bajo una inmensa tela superficial, en detrimento de la profundidad, del fuero interior.”[2]
Así, nuestra interpretación de lo que ocurre deja de ser diálogo y pasa a ser imagen. Principalmente porque lo que pasa no nos integra ni convoca. Vemos lo que ocurre, pero no interactuamos (lenguaje) con ello. Nuestra realidad es como una película que vemos en el cine o en la casa. Algo lejano que no percibimos relevante ni con la capacidad de que nos penetre.
Esto hace que, frente a la realidad, la evaluemos y nos distanciemos de ella. Por eso la “indignación” que para Díaz Albertini existe, de modo axiomático, no genera acción posible. No podemos trasgredir los planos, como en la Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, donde la protagonista podía salir del ecran y volver a entrar en él, porque no hay conexión entre los mundos. Son realidades paralelas y planos diferentes. Pero en el plano importante, en las “cosas del comer” genial término acuñado por la comunicadora Laura Arroyo, eso no entra, es una ficción, una foto en la que no salimos.
Ahora bien, pensemos un poco algunos detalles:
La retórica del gobierno, expresada por el presidente, que habla de cómo la corrupción golpea al “pueblo” y no es capaz de mandar a su casa a ministros, asesores y autoridades con antecedentes tan cuestionables como indignantes.
La conducta del presidente Castillo que ha privilegiado siempre los pequeños encantos del poder antes que las políticas de Estado. Si no, que la fiesta de su hija, la visita a sus padres en plena cuarentena y otros adicionales, se expliquen adecuadamente.
La respuesta de ministros presentables de este gobierno que se ponen de costado frente a otros impresentables, sin hacerse paltas, diciendo que ellos solo ven por sus sectores. Porque de gobierno de proyecto único y claro, no hay nada, pero eso a quién le importa si tengo el ministerio.
Un Congreso que invierte una buena parte de su producción legislativa en proyectos declarativos que no impactan en la vida de nadie, como vimos en un buen informe de Alejandro Boyco, de El Comercio[3]
Una Mesa Directiva encarnada por Alva, prepotente y con tonos clasistas y racistas que no tiene ningún problema en mostrarse así frente a una alcaldesa de una provincia de afuera de Lima, desde luego.
Una confrontación oficialismo – oposición de papel, de palomillas, pero que cuando tienen que sentarse a defenderse ellos mismos, pues no tienen empacho en los abrazos largos y en tirarse abajo las reformas incipientes y el sistema anticorrupción. Allí sí hay foto.
Frente a eso, que además es el resumen de la última semana nomás, nos indignamos primero, gritamos, pero de ahí nos acostumbramos. Porque si no, nos morimos.
Pasamos a la última fase del duelo de una manera casi natural. Porque no hay cuerpo que aguante todo eso. Porque eso va a otra esfera, una en la que ya no tenemos decisión ni competencia. Tener opinión no es indignarnos. Y cada vez nos volvemos más cínicos socialmente hablando. Estamos al borde del alpinchismo moral en un sentido muy amplio.
Si no, miremos con otros ojos el índice Bloomberg tan comentado esta semana: ¿no deberíamos estar más preocupados por la diferencia inmensa que hay entre el indicador económico y el político y las cuerdas separadas que hay entre ambos? Cada uno quiere verlo desde su propio interés, pero nadie alerta sobre cómo nos hemos acostumbrado a vivir en la precariedad política más elocuente.
Lo que nos lleva a la segunda condición: la necesidad de un “nosotros” que nos convoque. Honestamente, me sonó un poco raro que se plantee eso porque es algo etéreo. ¿Por qué habría un “nosotros” si lo que puede convocar a algunos va a desmotivar a los otros? ¿Somos capaces de afirmar que ese “nosotros” es posible? Lo que nos genera identidad hoy es justamente esa diferencia con el otro. Por eso el #quesevayantodos resulta tan relevante.
Recordemos las marchas convocadas hace solo semanas contra el gabinete Valer. Un desfile de argumentos cada cual más extraño donde solo había una condición posible: la unidad era imposible. Yo no marcho con los cojudignos era la voz principal. La segunda era el yo no marcho con corruptos. Al medio los que querían expresar su posición, pero no así. Resultado: magras movilizaciones que validan más de lo que cuestionan.
En ese escenario, la tercera condición es quimérica: que la movilización se base en el convencimiento de que genera cambios sociales efectivos. Allí Díaz Albertini pone buenos ejemplos de lo que las últimas movilizaciones consiguieron:
“Que se derogaran leyes lesivas para los jóvenes trabajadores, que la justicia funcionara ante la violencia de género, que se repusiera a los fiscales del equipo Lava Jato, que no se usara la vacancia para convertir al Estado en botín.”
Pero queda en debe cuando analiza si lo que se logró realmente se sostuvo. Si esos cambios fueron tales y no fueron desmantelados por el ejercicio de esa política distante que justamente por eso interesa tan poco. Tan es así que el autor lo obvia, que no menciona los intentos actuales de contrarreforma y por qué ello no ha generado la misma movilización. Si en algún momento vivimos un momentum social que generó cambio, aprendimos también que ese cambio no fue permanente. Volvimos al estado inicial más temprano que tarde.
Díaz-Albertini acaba con un párrafo beltmoniano: “El (camino) más deseable es reparar nuestra alicaída autoestima nacional y repetirnos –hasta el cansancio– que merecemos más y mejor”. Un Splenda al corazón. Pero es en el fondo la aceptación explícita de que no tenemos idea de cómo afrontar esto que nos pasa. Es el buen deseo, la palmadita en la espalda, en-la-cancha-somos-11-contra-11. Nadie nos gana y Dios es peruano.
Porque en el fondo falta un elemento que le de inicio a este debate: cómo entiende el peruano esta situación, si la ve como crisis y cuáles son los marcos en los que quisiera una resolución. En esta historia, nadie le ha preguntado a la gente nada. Y eso nos va a pasar factura.
[1] Díaz Albertini, Javier (16/02/2022), La calle está dura. En: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/la-calle-esta-dura-por-javier-diaz-albertini-noticia/?ref=ecr
[2] Clarin (2014): Los nuevos dolores del alma. Entrevista a Julia Kristeva. En: https://www.clarin.com/rn/ideas/Julia-Kristeva-nuevos-dolores-alma-moral_0_HkAeM1Jowme.html
Utilizo para mi columna de hoy el concepto utilizado por Pierre Rosanvallon para caracterizar lo que actualmente pasa por los regímenes políticos occidentales. El historiador señala que actualmente -en las democracias liberales- vivimos un tipo de accionar ciudadano y político que impacta de manera negativa en el régimen, desgastándolo y vaciándolo del contenido representativo.
Esas acciones pasan por judicializar, vetar e imputar cualquier tipo de política gubernamental, discurso y proyecto político. No es negativo ello, pero el punto de inflexión está en tener en cuenta que dichas características quedan en el aspecto reactivo. Ante tal contexto, cuando la opinión pública exige cambios importantes, la acción propositiva queda en el vacío. No hay eco que sea recogido por cualquier iniciativa que reconstruya el escenario político representativo. Se queda solo en el aire, como un llamado de atención. Eso es lo que actualmente estamos viviendo por el mundo.
Y eso es por lo que el país transita, desde hace varias décadas. Así entramos a la transición a la democracia. En un escenario político, que transita entre la fragmentación y la organización mínima, las minorías activas de toda índole (políticos y sociales) impulsan discursos y acciones que no generan capacidad de síntesis de aquel contexto que vivimos; por el contrario, acentúa aún más la capacidad de normalizar dicha de coyuntura crítica. De estar conformes de la crisis permanente.
Eso lo podemos evidenciar en la poca capacidad que tienen las minorías activas de movilizar gente por las calles o de reconstruir grandes relatos y proyectos que generen confianza en la mente y corazones de los peruanos. Lo que podemos ver también es que dichas minorías generan agendas que repercuten en la opinión pública (medios y encuestas), así como en la capacidad de canalizar la indignación a través del voto. Ya hemos podido apreciar cuales han sido los resultados de dicha situación en esta última elección: Pedro Castillo y su forma amateur de hacer política.
Me surge una pregunta a partir de dicho contexto: ¿es posible que transitemos a escenarios desencadenantes que impacten negativamente en el país? Vale decir, ¿podemos llegar a tocar fondo, mediante una elección, en la que elija a alguien más nocivo (léase populista) que el actual presidente del país? La entrada teórica propone que los populismos surgen como situación excepcional entre la dictadura y la democracia. Otra propone que el populismo no es excepcional, que es parte de nuestra cultura política y que gira entre ella y las dictaduras, en la que la democracia se vuelve algo no regular.
¿Por dónde va nuestro rumbo? Por generar proyectos democráticos que conecten de abajo hacia arriba -mediante proyectos de partido-escuelas- la necesidad de reconstruir la política representativa tan venida a menos desde los años noventa. Eso pasa por discutir reformas de los partidos que vayan más allá de la cuestión electoral.
Es realmente grotesco que el gobierno de Castillo pretenda vanagloriarse de las buenas cifras macroeconómicas, a propósito de la excelente calificación obtenida en el índice de riesgo país de Bloomberg, que nos coloca en primer lugar en la región, desplazando a Chile.
Por lo pronto, habría que señalar que ese índice no es precisamente referencial, no es considerado muy solvente como real indicador de la buena o mala marcha de una economía (que Argentina, que es un desastre económico y financiero, aparezca en cuarto lugar en la región, bastaría para desacreditar el mismo), pero, además, aquello por lo cual se ubica al Perú en primera ubicación no es, precisamente, por algo que haya hecho este gobierno, sino, al contrario, a pesar de él.
La ausencia de liderazgo presidencial y la carencia de políticas públicas eficientes y tecnocráticas en sectores claves de la economía y la producción, van a hacer que el país crezca apenas 2% este año, cuando el contexto internacional nos debiera permitir aspirar a tasas de 4 o 6%, inclusive, como sucedió en el segundo gobierno de García.
Castillo y su ineptitud le cuestan al país, por lo menos, ocho mil millones de dólares anuales. Eso es lo que la economía peruana deja de crecer por la política de mediocridad administrativa y el copamiento partidario de sectores claves del Estado, sin ninguna consideración por la meritocracia o algún respeto por la pátina tecnocrática que se ha ido forjando a lo largo de las décadas en muchos ministerios u oficinas públicas.
Hay que saludar que Castillo haya arriado las banderas radicales estatistas y que el afán de convocar una Asamblea Constituyente le sea imposible de llevar a cabo, y en esa medida, es bienvenido que se mantengan, gracias a la Constitución del 93, las líneas maestras del modelo -ello, por sí solo, ya asegura un crecimiento económico del país-, pero estamos muy lejos de ser un ejemplo de políticas proinversión o promercado. Muy por el contrario, se está destruyendo la calidad estatal y se está desperdiciando un momento de oro para disparar las tasas de crecimiento y acelerar la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales. Ello sí es atribuible al régimen de Castillo y no debiera ser, como es obvio, motivo de vanagloria.
–La del estribo: estamos en medio del siempre recomendable festival internacional de teatro y danza Temporada Alta -en su séptima edición-, que anualmente convoca la Alianza Francesa. Esta semana estarán Livalone (España) el 21 y 22 de febrero, Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa (España) el 23 y 24 de febrero, Nuestros cuerpos sin memoria (Perú/Francia) el 26, 27 y 28 de febrero. Hay, además talleres y clases maestras. Vea la programación en la página web de la propia AF y las entradas las adquiere en joinnus. ¡Buen teatro presencial!
Las aparentes muestras de cordialidad que se han brindado en las últimas horas los representantes del oficialismo y la oposición ojalá no transiten por una tregua política basada en el pacto de mantener el statu quo y preservar las gollerías mutuas.
Claramente, la mayor responsabilidad para evitar ello, anida en las filas de la oposición parlamentaria que tiene, frente a sí, la encomienda política primera de definir si le otorga o no el voto de confianza al gabinete Torres. Y, adicionalmente, la urgencia de fiscalizar la presencia de ministros altamente cuestionables que el régimen ha presentado en su parrilla ministerial.
De arranque, hay por lo menos seis que no deberían estar en el cargo que ocupan: el de Transportes (léase la reveladora carta de renuncia de la viceministra), Interior, Defensa, Energía y Minas, Cultura y especialmente el de Salud, sin contar otros que también tienen antecedentes críticos. ¿Con ese combo de inefables puede el Congreso pasar por agua tibia el envite y mirar de soslayo el tema?
Creemos que el Legislativo debe hacer con el gabinete Torres lo que debió hacer con el gabinete Bellido, negarle la confianza. Es una falta de respeto al país la presencia de personajes sin el menor valor administrativo o experiencia en la gestión pública, cuya presencia en el gabinete obedece a componendas políticas entre el presidente Castillo y Vladimir Cerrón, o con agrupaciones como Somos Perú y la facción provinciana de Acción Popular.
En términos generales, queda claro que va a ser muy difícil que la oposición consiga los 87 votos para vacar al presidente y no hay aún, además, las razones para justificar tamaño acto político. Puede recorrer también el camino de la acusación constitucional y dejar el camino expedito para que apenas se presente una inconducta presidencial proceder por esa vía. Es más sencillo, pero igualmente difícil de lograr.
En cualquier caso, antes de pensar en tales palabras mayores, puede y debe ejercer una actitud de vigilante fiscalización. Y ello pasa, en primer lugar, como hemos señalado, por negarle la confianza a un gabinete más impresentable aún que el de Guido Bellido. Y si por alguna sospechosa razón, o por un plato de lentejas, las bancadas del centro vuelven a darle los visos de continuidad al gabinete, es obligación de la auténtica oposición parlamentaria (y en este esfuerzo sí pueden contar con los votos), ir ministro por ministro, hasta despejar el horizonte gubernativo de sombras inaceptables.
El presidente Castillo ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar el proceso de descentralización. Si acaso no ha sido la suya una frase hueca, como muchas a las que nos tiene acostumbrados, debería repensar el proceso y darle auténtico impulso. Es, en ese sentido, un activo político que debiera ser empleado, su llegada a los sectores provincianos del país.
No va a ser posible reconstruir el Estado peruano, modernizarlo y adecuarlo a las exigencias de los tiempos que corren si no se emprende una transformación radical del modelo de descentralización aplicado desde el año 2000, el mismo que explica, en gran medida, por qué la prosperidad macroeconómica no se siente, en su justa medida, en buena parte del territorio nacional.
Los gobiernos regionales y locales han fracasado y se han constituido en antros burocráticos, donde autoridades corruptas o ineficientes dilapidan los ingentes recursos que reciben, propiciando que la ciudadanía no tenga salud, educación, agua potable, infraestructura de calidad, acorde a los años de crecimiento económico que el Perú ha tenido en las últimas tres décadas.
La más reciente encuesta de Datum lo confirma con meridiana claridad. El 71% de la población considera que los gobiernos regionales “no han sido solución” y es en el sur, significativamente, donde la insatisfacción es más grande: el 77% estima negativamente a las autoridades regionales, y es allí, precisamente, donde anida la mayor parte del voto antiestablishment, antilimeño, que sostiene aventuras electorales disruptivas.
Particularmente preguntada la población sobre la no ejecución de obras, un 38% culpa a los gobiernos regionales, un 28% a las municipalidades, y un 22% al gobierno central. Es evidente la ponderación inclinada en contra de sus propias autoridades locales.
De nada servirá que se reforme el gobierno central, que se modernice la gestión pública, que el sector estatal reciba crecientes ingresos fiscales mediante el aumento de la recaudación tributaria, si los gobiernos regionales y locales siguen siendo un hueco en el balde, donde se drenan millonarios recursos.
La agenda del futuro debe incluir no solo la reforma del Estado, un shock de inversiones privadas o un fortalecimiento democrático (mediante reformas por completar) sino, particularmente, una revisión a fondo del fallido proceso de descentralización iniciado hace 22 años y que ha demostrado su carácter equívoco.
Habrá que abrir un amplio escenario de debate. Resalta la notable ausencia del tema en la clase política peruana, que miopemente no percibe que mucho de lo que se pueda hacer en lo que concierne a un buen gobierno, se irá por la borda si no se cambia una estructura regional mal construida.
Ha habido un importante flujo de inversiones privadas hacia las regiones en las últimas décadas. Ese fenómeno es maravilloso, y no ocurría desde los tiempos aurorales de la República, pero no está siendo acompañado por la edificación de un sector público moderno, eficiente y, sobre todo, carente de corrupción.
