Pedro Castillo

Los gabinetes ministeriales, aparte de sus funciones técnicas propiamente dichas, debieran servir de muro de protección política del Presidente de la República. Es parte de su función y, por ello, en algunos casos, fungen de fusibles, aplacando una crisis con su salida.

El actual gabinete Vásquez ya ha llegado a su fin político, no da para más. Desde la propia presidenta del Consejo de Ministros, achicharrada por un patinazo monumental con el tema de las mineras clausuradas; alguien de enorme prestigio como Avelino Guillén, avalando el sainete de la deportación de los venezolanos o prestándose al nombramiento de prefectos con clarísima intención política subalterna; un titular de Justicia como Aníbal Torres, que cree que su deber es defender judicialmente a Castillo, prodigándose en declaraciones cantinflescas al respecto; un ministro como el de Transportes, que sirve de caja de resonancia de las mafias del transporte informal; un ministro de Economía que no logra transmitirle confianza al sector empresarial y que, por ende, contribuye al desplome de la inversión privada este año; un ministro de Energía y Minas que ha destrozado la tecnocracia del sector y que ahora amenaza, según diversos indicios, con querer nombrar a alguien sin ninguna experiencia en el sector, como Daniel Salaverry, nada menos que como presidente de Perupetro; etc., etc.

La lista de gazapos ministeriales es enorme y solo hemos querido poner algunos ejemplos notables de ello. Se suponía que el gabinete Vásquez iba a ser una superación cualitativa del gabinete Bellido, pero, al parecer, la coalición de izquierdas que nos gobierna es incapaz, hasta ahora, de armar siquiera un gabinete potable.

Frente a ello, el Presidente tiene tres opciones: primero, retoma las variantes radicales de su primera fase, poniéndole mayor énfasis al cerronismo y al ala magisterial; segundo, reafirma la “predominancia caviar” vigente, como la califica el propio Vladimir Cerrón, manteniendo el actual gabinete o nombrando uno muy parecido en sus proporciones ideológicas; o, tercero, audazmente, abre la cancha y convoca personajes de centro o, inclusive, de derecha, que refresquen notoriamente al gobierno y le permitan transitar el poder con mayor gobernabilidad.

Los rumores en estas fechas corren de un lugar a otro, los llamados a potenciales ministros suceden todos los días, reuniones políticas de alto nivel se producen cotidianamente, pero Castillo aún no parece haber tomado una decisión. Por el bien del país, ojalá opte por la tercera alternativa. La sociedad, la política y la economía se lo agradecerían.

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Gobernabilidad, Mirtha Vasquez, Pedro Castillo

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Fiscalía, Investigaciones al presidente, Pedro Castillo

Tiene razón la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, cuando señala que, de acuerdo a la Constitución, el presidente Castillo sí puede y debe ser investigado, no como ha interpretado facilistamente la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al abrir y clausurar de inmediato la investigación al Primer Mandatario, señalando que así lo prescribe el artículo 117 de la Carta Magna.

Eso no dice el texto constitucional. Habla de la acusación, la que efectivamente no procede hasta que el gobernante culmine su mandato, pero sí se le puede investigar. Es un disparate, como bien ha subrayado Ledesma, iniciar un proceso de pesquisa al cabo de cuatro años, con pruebas perdidas, testigos olvidadizos, elementos de prueba dispersos.

Indicios hay más que suficientes para iniciar una investigación. Contratos públicos obtenidos luego de reuniones con el presidente Castillo, en los cuartos clandestinos, sin registro, del pasaje Sarratea, e injerencia indebida en los ascensos militares, son los dos temas gruesos denunciados que han merecido la intervención del Ministerio Público, pero debe corregirse los alcances truncos que la Fiscal de la Nación le ha dado al tema.

Por supuesto, el impacto de esta investigación va más allá de los temas estrictamente judiciales. Porque por más que se le investigue a Castillo no se le podrá acusar, pero si el proceso de pesquisas ajusta, como es usual, a algunos de los partícipes, como Bruno Pacheco, exsecretario personal del Presidente, o a la lobista Karelim López, y confirma una conducta impropia del Primer Mandatario, lo que caerá por su propio peso será el reinicio de un proceso de vacancia en el Congreso.

Y esta vez, de confirmarse las sospechas, sería muy difícil que Castillo salga bien librado. Ya el propio César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha anunciado que, ante indicios de corrupción, su partido no extenderá manto de protección alguno al inquilino de Palacio. Y suponemos que lo mismo ocurrirá con Acción Popular, con lo cual, sumas hechas, bastará para sacar a Castillo de Palacio.

Por eso la importancia de que se le inicie una investigación al Presidente. No es admisible tolerar un segundo a un gobernante teñido de sombras de corrupción, como sucedió con PPK y Vizcarra, cuya renuncia y vacancia respectivas se debieron a ello. Zoraida Ávalos ha trabajado, en esta ocasión, a favor de la impunidad.

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Fiscalía, impunidad, Investigaciones al presidente, Pedro Castillo

Acompañaron a Mávila en este programa Waldemar Cerrón, congresista y vocero de Perú Libre y César Azabache, exprocurador anticorrupción.

Waldemar Cerrón, sobre la decisión de la Fiscal de la Nación de abrir investigación al presidente Castillo pero dejarla suspendida hasta que acabe su mandato, dijo que es “muy inteligente lo que hizo la fiscal en este caso”. Además, sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al respecto, consideró que “se está fijando en querer vacar al presidente y desestabilizar la democracia” y agregó que Gutiérrez tiene una cuestión personal contra el presidente Castillo. Por otro lado, reveló que “en estos días posiblemente debe haber un cambio de gabinete. El pueblo mismo está pidiendo el cambio de este gabinete que no da para más”.

César Azabache, sobre el mismo caso, dijo que la decisión tomada por la Fiscal de la Nación, es “inoportuna e inapropiada”. Y agregó que “usar la misma resolución de octubre 2020 sin ver las condiciones actuales que son diferentes no tiene sentido”. De otro lado, consideró que desde el punto de vista penal, en el caso de Castillo todavía hay incertidumbres no despejadas que se deben seguir investigando. “En este caso cualquiera (de los otros implicados) podría acogerse a la colaboración eficaz”, finalizó.

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Fiscalía, investigaciones, Pedro Castillo

Marianella Ledesma es clara: sí se puede y debe investigar a Castillo. Los beneficios tributarios del gobierno a los acuicultores y los forestales. ¡Y Djokovic no entra a Australia!

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Lima – Perú

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Australia, beneficios tributarios, Djokovic, Marianella Ledesma, Pedro Castillo, Presidente Castillo

A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y como ocurre ya en el régimen agrario.

Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero. 

Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.

Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.

 

Sin debate

El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.

Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028. 

Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.

Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.

Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.

Sin exposición de motivos plasmada en los decretos, hay que remitirse a la presentación del pedido de facultades legislativas del ministro Pedro Francke ante el Congreso. En ella solamente se señala que, luego de que se derogaron las leyes que favorecían al sector agrario en diciembre del 2020 (por las protestas), también se derogaron las mismas para el acuícola y forestal. Y no se restituyeron con las nuevas normas.

Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.

“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio. 

Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable. 

Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.

Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante», asegura el tributarista Fernando Loayza.

Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza. 

El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.

Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza. 

Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.

 

Empresarios en Palacio

Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.

Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado. 

El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio;  Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.

La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.

Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.

Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal. 

Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú. 

Antes fue fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las empresas líderes en producción de harina y aceite de pescado en el país. La familia Dyer vendió esta compañía a la empresa China Fishery Group en la Bolsa de Oslo por US$223,2 millones en el 2013. 

El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca. 

Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Economía, MEF, Pedro Castillo, tributos

Acompañaron a Mávila en este programa Susel Paredes, congresista del Partido Morado y Samuel Abad, abogado constitucionalista.

Susel Paredes, sobre la decisión de la Fiscal de la Nación de abrir investigación al presidente Castillo pero dejarla suspendida hasta que acabe su mandato, dijo que “La fiscal de la nación ha renunciado a su capacidad de investigar” y agregó que “Está muy mal lo que ha hecho y pone en peligro la democracia”. Señaló, además que las investigaciones contra el presidente Castillo se deberían abrir a más delitos como corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Finalmente, anotó que la comisión de Fiscalización del Congreso, a la que pertenece, ya está investigando el caso del presidente como corresponde.

Samuel Abad, sobre el mismo caso, dijo que “No comparto la interpretación de la fiscal actual. No es muy coherente”. Y en ese sentido, agregó que la constitución debe interpretarse de la mejor manera de acuerdo al contexto y que “No pueden haber poderes absolutos. El presidente no es un monarca”. Finalmente, explicó que la figura de protección presidencial en la Constitución no viene solo de la del 93. “El blindaje que tiene el presidente no viene de la constitución del 93. Data de la constitución de 1860, señaló.

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Pedro Castillo, Samuel Abad, Susel Paredes

La fiscal de la Nación ya investiga al presidente. El Estado bate récord de ejecución en 2021. Y la fiesta de Paolo Guerrero: ¿hay espacio para la crítica moral?

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Fiesta de cumpleaños, Fiscal de la Nación, Paolo Guerrero, Pedro Castillo, tráfico de influencias
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