En la batalla por la narrativa internacional del golpe de Castillo hay mucho por hacer, dicho sea de paso. Haría bien el gobierno de Dina Boluarte, más aún si, como parece, gobernará hasta el 2026, en organizar misiones internacionales de personajes independientes que le aclaren las cosas a los medios y a los políticos locales. Ya bastante se ha logrado con el espaldarazo de un peruano universal de gran predicamento, como Mario Vargas Llosa, pero hace falta un trabajo de filigrana más sostenido y permanente.
La democracia peruana está incólume gracias a que se evitó el golpe de Castillo. El Perú se salvó de seguir el camino de Venezuela y Nicaragua, que era el que el inefable Castillo quería seguir, controlando instituciones, cerrando el Congreso y destruyendo la democracia a la que retornamos a principios del milenio. Eso hay que decirlo a los cuatro vientos, que los hechos amparan esta narrativa de manera contundente.
Por ello es que resulta doblemente lamentable que dos políticos del mismo origen étnico cholo, que desde el primer día que llegaron al poder se hayan dedicado a robar, que no esperaron siquiera que la persuasión horadante de la corrupción los tocara con las resistencias bajas, hoy utilicen el argumento racial para librar las consecuencias de sus actos.
Son pocos, felizmente, los que se compran ese falaz argumento, aunque no deja de sorprender que académicos de lustre se hayan sumado a la falacia racial como pretexto para la impunidad. Y, claro, la izquierda local, que no pierde tiempo en horadar su propia legitimidad prestándose al juego político de la más punible complicidad con un régimen nefasto como el de Castillo.
No debe cesar la campaña de demolición de Pedro Castillo. Sus niveles de inmoralidad y punible negligencia los ha pagado el pueblo peruano y aún cuesta recuperarse de su paso destructivo. Y que la izquierda cómplice del latrocinio asuma su responsabilidad y no le sea posible lavarse las manos tan fácilmente, reciclándose políticamente con la oposición a Dina Boluarte, queriendo construir un monstruo que no existe en la realidad (“Dina genocida”, “dictadura cívico militar” y demás sandeces que la izquierda repite y, lamentablemente, un sector del pueblo peruano, dolido, por razones identitarias, por la salida abrupta del poder de su líder mal elegido, también acoge).
–La del estribo: estupenda la novela que, sorpresiva y silentemente, ha publicado Mario Ghibellini, La canción del capitán Garfio, dotada de una estética propia y dinámica narrativa original. Publica Alfaguara y ya está en todas las librerías.
La desacreditación de Pedro Castillo es una tarea de profilaxis política que el Perú republicano debe emprender con hondura. La frustración profunda del pueblo que lo apoyó debido a la raigambre de clase del susodicho, nos pasará factura social y política muchos años por delante. Pero será hasta socialmente terapéutico que esos votantes aprendan una vez más a elegir gobernantes con cierta racionalidad y no simplemente por vínculos identitarios, que a la postre terminaron instalando un pillo avieso en Palacio de Gobierno.
La narrativa de persecución política contra Castillo, alentada por la izquierda nacional e internacional (tanto política como mediática) deberá rendirse ante las evidencias cada vez más claras y contundentes de que su paso por el poder fue una desgracia de espanto, de la que nos costará recuperarnos, pero que, por lo pronto, merece ser denunciada por todo lo alto y con la mayor insistencia posible.
Esto no fue más que una excusa para justificar su sed de poder. Un hecho grave, ya que el golpe de Estado de Castillo -como se aprecia hasta ahora con las protestas sociales violentas- ha tenido consecuencias nefastas para la democracia peruana y la estabilidad del país. Los peruanos merecemos un gobierno legítimo y no un dictador que se autoproclama salvador de la patria.
Pedro Castillo es responsable pleno del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Sus acciones autoritarias y su falta de respeto por la democracia y las instituciones han dejado una huella indeleble en la historia del Perú. Es nuestro deber como ciudadanos denunciar este acto de traición a la democracia y trabajar para que nunca más vuelva a suceder, haciendo pedagogía democrática pública.
Sin ningún ápice de evolución ideológica ni maduración doctrinaria, la izquierda vieja y anclada en los 80, tratará de hacerse del poder, como si nada hubiera pasado con la tragedia institucional, económica y política que supuso su llegada al poder de la mano del golpista y corrupto de Pedro Castillo.
Y la peor noticia para el Perú es que tiene chances de lograr sus propósitos, gracias a la confluencia de hechos acaecidos luego de la caída de Castillo y también merced a la complicidad de una derecha sin narrativa, sin ideas novedosas, encima de ello fragmentada y sin visos de consolidar candidaturas.
Si, como todo hace suponer, Boluarte va a durar en el gobierno más tiempo del previsto (el 2023 no se va a ir y se ve difícil que el Parlamento vote por un adelanto de elecciones para el 2024, en la legislatura entrante), necesita recuperar un cierto grado de aprobación y de sensación de legitimidad. Y eso pasa, por lo que se ve, por desmontar la narrativa vigente de que Castillo fue una víctima del establishment y no el mandatario golpista, ineficiente y corrupto que fue.
Debería servir también el affaire Castillo para repensar el tejido institucional existente en la administración pública peruana, que está preñada de corrupción en casi todas sus instancias. Es demasiado fácil robar en el Perú. Desde las alturas palaciegas hasta los salones ediles distritales. Los dineros de todos los peruanos van a parar a los bolsillos de autoridades corruptas, con mayoritaria impunidad, y no hay un sistema inmunológico lo suficientemente eficaz para advertirlo. Lo ocurrido con Castillo debe ser, también, por ello, una clarinada de alerta respecto de lo mucho que hay por rediseñar al respecto.
El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.
Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.
¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma de S/. 50,000 soles.
Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray.
El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.
El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:
En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.
Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.
Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.
El control del fondo Mi Vivienda
Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.
Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.
Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.
La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:
Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director).
Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:
Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.
El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo
Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.
De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.
