Perú Libre

Siete dormitorios. Cinco baños. 623 metros cuadrados. Así es la casa de la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, en la calle Bellevue 3000, en el noreste de Los Ángeles, Estados Unidos. La legisladora arequipeña, quien hace poco dijo que el sueldo que recibe en el Congreso ‘no le alcanza’, adquirió la propiedad en el 2002, de acuerdo a información de bienes raíces estadounidenses que Sudaca revisó a detalle.

El inmueble tiene en la actualidad un precio estimado de US$1.124.879, según la página de negocios inmobiliarios Redfin. Agüero consignó esta casa en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero lo tasó en moneda nacional en un precio más modesto: S/ 1’830.243.03, equivalente  a US$443.000 al tipo de cambio de hoy.

Fachada de la casa de la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, en la calle Bellevue 3000, en Los Ángeles, Estados Unidos. La propiedad la adquirió en el 2002 a 440 mil dólares. Hoy tiene un valor de US$1’124.879.00, según el portal de bienes raíces Redfin.

El monto coincide con el precio original de compra, que figura en las páginas de negocios inmobiliarios: US$440.000. De acuerdo la web “Countyoffice.org”, Agüero aquirió la propiedad de los esposos Vartan y Alice Nazerian a través de una escritura de fideicomiso, con un préstamo de US$285.000 de terceros: los hermanos Nishat y Thanvira Ahmed. La casa fue ofrecida en alquiler en los portales de bienes raíces hace dos semanas, al módico precio aproximado de US$3.000 mensuales. Al cierre de esta edición, el aviso había desaparecido.

El inmueble de la congresista Agüero fue construido en 1927 y se ubica en un barrio que pertenece a la ‘zona hipster’ de Los Ángeles. Ello, por sus casas de madera y coches antiguos abandonados en las calles, según diversos informes periodísticos. 

Detalles de la operación inmobiliaria para la adquisición de la propiedad en la calle Bellevue 3000, en Los Ángeles, Estados Unidos, según la página “countyoffice.org”.

Esta no es la única vivienda que posee la legisladora del lápiz en Estados Unidos. Agüero Gutiérrez también registró ante el JNE una propiedad de 83 metros cuadrados en la calle Roswell 3040, en la ciudad de Los Ángeles. Tiene un baño y dos dormitorios. 

El inmueble fue adquirido en 2001 por Melanie Lázaro Agüero, familiar de la legisladora, a US$145.000. Después de la operación, los Agüero realizaron una serie de movimientos inmobiliarios. En el 2005 la parlamentaria compró la propiedad a su hermano, conforme al registro de “Countyoffice.org”. La transacción contó con un préstamo de US$400.000 de la empresa Peoples Choice Home Loan Inc, considerada una compañía prestamista de alto riesgo -según el mismo portal- por dar dinero a personas con problemas crediticios o baja calificación en el sistema financiero.

Fachada de la propiedad en calle Roswell 3040, en Los Ángeles, California, que  la congresista de Perú Libre declaró como suya ante el JNE. La propiedad fue adquirida en el 2001 por 145 mil dólares. Hoy tiene un valor de US$ 944.370.

En 2007, la legisladora Agüero realizó una nueva escritura en la propiedad, llamada “transferencia y disolución intrafamiliar”, en la que ella se ratifica como propietaria. Aquella vez tuvo un aval de US$400.000 del Washington Mutual, la mayor caja financiera de Estados Unidos. 

El 2012 la legisladora Agüero siguió en el boom inmobiliario y transfirió la propiedad de Roswell a su hermana Nadia, quien se hizo con un préstamo del banco JP Morgan de US$398.436, según la misma web. En el registro estadounidense Nadia Agüero, hermana de la parlamentaria, figura como una de las propietarias. La congresista de 54 años, sin embargo, también consignó en su hoja de vida que presentó a la autoridad electoral que la propiedad también le pertenece. Y le dio un valor en soles de S/.1.345.765,35, equivalente a US$326.641. El portal de bienes raíces Redfin cotiza esta propiedad, al día de hoy, en US$ 944.370. 

2012. Última operación inmobiliaria en torno a la propiedad de la calle Roswell 3040, en la que la parlamentaria María Agüero aparece como vendedora.

Esta segunda casa, en calle Roswell 3040, sirve como sede de la empresa de construcción familiar ABC Aguero´s Builders Company, fundada en 1997 y que tiene una facturación anual en medio millón de dólares, de acuerdo al portal de negocios Cortera. 

La compañía es presidida por Lázaro Agüero, hermano de la legisladora y activista antifujimorista en redes sociales. La congresista ocupa el cargo de vicepresidenta en la firma desde el 2002, de acuerdo a su hoja de vida. 

La vivienda en Roswell es conocida también como “Casa Perú” por albergar actividades de la comunidad peruana. También sirve como centro de operaciones de los seguidores de Perú Libre en Los Ángeles, según se puede apreciar en redes sociales.

El documento del estado de California, en Estados Unidos, de la empresa ABC Aguero´s Builders Company, en el q ue aparece la congresista de Perú Libre, como parte de la directiva.

María Agüero alcanzó una curul en el Congreso en su primera experiencia política. Postuló con el número dos en la lista del lápiz por Arequipa, detrás de Jaime Quito, una de las cabezas del ala dura de la agrupación. Agüero también está alineada con Vladimir Cerrón y el exprimer ministro Guido Bellido. Lo deja claro en sus tuits. 

La legisladora acaparó la atención hace unas semanas cuando declaró, en una entrevista con Radio Yaraví de Arequipa, que su salario mensual de congresista no le alcanzaba. Dijo, además, que “la vida en Lima es bien cara”. Un congresista recibe un ingreso mensual de S/26 mil (ese es un monto que suma el sueldo básico de S/15.600, los pagos por función congresal de S/7.600 y viáticos de S/2.800). 

Además, la parlamentaria reportó en su hoja de vida un ingreso anual de S/326.987 en el 2019, producto de sus actividades privadas no detalladas. Y registró seis propiedades más en Arequipa, especialmente predios rurales, con un valor total de S/75.052. En la declaración jurada que presentó en el Congreso este año María Agüero consignó un ingreso mensual de S/.34,830. 

Ante la indignación por sus palabras, Agüero ofreció disculpas en un comunicado y dijo que sus declaraciones “no fueron apropiadas”. Sudaca le pidió una entrevista para este informe pero la legisladora no respondió a los mensajes. Parece que el tiempo tampoco le alcanza. 

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María Aguero, Perú Libre

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 231: La cancha se inclina hacia la censura a Maraví. ¿Qué partido va a jugar Castillo? Y los chats de Perú Libre. ¿Cómo sostener un gobierno con una oposición dentro?

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Iber Maraví, Perú Libre, Presidente Castillo

La familia del suboficial Carlos Zárate Villalobos, el hombre que daba un irregular resguardo policial a Vladimir Cerrón, tiene en Perú Libre a un buen padrino. La madre del agente, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, no solo ha contratado decenas de veces con los municipios provinciales de Junín, el bastión del partido. También ha cobrado más de S/680.000 por una obra que dejó inconclusa y en mal estado. Así lo revela un prolijo trabajo de la Gerencia Regional de Control de la zona.

Los contratos de Villalobos, quien no registra formación profesional ni cuenta con empresas, aumentaron sustancialmente cuando Cerrón asumió el gobierno regional. En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chupaca -cuyo alcalde, Marco Mendoza Ortiz, es militante de Perú Libre- contrató al Consorcio Santa Rosa para el mantenimiento «periódico y rutinario» de un camino vecinal en el distrito de Ahuac.

El mencionado consorcio es integrado por Villalobos y la empresa CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. Un año después hacerse con la obra, a inicios de este mes, la Gerencia Regional de Control de Junín -la oficina de la Contraloría en la región- identificó que no se habían cumplido las condiciones del contrato y que, a pesar de eso, la municipalidad le pagó S/683.760.

De acuerdo al informe de la Contraloría, el consorcio integrado por la mamá de Zárate no realizó los trabajos de mantenimiento durante la fase ll del servicio, por lo que el camino en cuestión tiene baches, cunetas con basura, rocas y vegetación.

También se evidenció la falta de limpieza de las alcantarillas, el empozamiento de agua y “ahuellamientos” (deformaciones por el constante paso de los carros) en diferentes sectores de la vía. Pese a ello, de acuerdo a la documentación de la oficina de control, el consorcio Santa Rosa envió a inicios de este mes una carta informando que sí le habían hecho el mantenimiento al camino.

El consorcio tampoco cumplió con instalar señales de tránsito en el camino, a pesar de que aseguró que sí lo había hecho en otra comunicación enviada a la comuna. Según el contrato, se debían colocar 23 señales, pero al momento de la inspección solo se encontraron cuatro. Por cada una de estas, eso sí, la madre del exguardaespaldas de Vladimir Cerrón y su socio cobraron entre S/520 y S/650 (incluidos en el monto final). Todo esto puso en peligro la seguridad de quienes transitan por ahí, concluye el informe de Contraloría. 

El consorcio Santa Rosa -integrado por la mamá del suboficial Carlos Zarate- cobró más de S/600 mil por una obra mal hecha.

Durante la inspección, el órgano de control también detectó la ausencia del cuaderno de ocurrencias, lo que generó “que no se registren los hechos u ocurrencias relevantes durante la ejecución del servicio”.

De acuerdo al contrato entre el consorcio Santa Rosa y el municipio provincial, “la ejecución de las actividades que no cumplan con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la Entidad”.  

Pero la madre de Zárate tiene corona en los feudos perulibristas. No solo no se hizo cargo de los incumplimientos, sino que recibió el 100% del monto acordado por la fase II del proyecto. 

En los últimos tres años, Villalobos ha ganado S/1,6 millones en contratos con el Gobierno Regional de Junín. La mayoría de sus negocios, sin embargo, se realizaron con la municipalidad de Chupaca, de donde proceden ella y su familia, incluido el suboficial Carlos Zárate, su hijo. Desde 2019, facturó más de S/990.700 con esta comuna.

Por su parte, CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. ha realizado trabajos en Ayacucho, Huancavelica y Junín, siendo esta última la región donde más ha facturado: S/9,5 millones desde 2015, de acuerdo al buscador de proveedores del estado del MEF.

Cuando se firmó el contrato de Ahuac, en septiembre de 2020, el gerente de la empresa era Christian Álvarez Paitampoma. Según otro informe de la Contraloría de junio de ese año, Álvarez presentó documentación falsa para obtener la buena pro de un concurso público en Virú, La Libertad. 

El pasado 20 de septiembre, la municipalidad recibió el informe emitido por la Contraloría para que adopte las acciones correctivas, es decir, para pedirle al consorcio que corrija el pésimo trabajo realizado. ¿Se atreverá el alcalde a emplazar a los amigos de Cerrón? Sospechamos que no.

Nos comunicamos con la municipalidad de Chupaca, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo / Fotos: Portal Central

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Carlos Zarate, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Los principales motivos de discriminación racial y social en el Perú son el nivel de ingresos, la forma de hablar y la vestimenta. Quienes no estamos en los estándares de almorzar cada fin de semana en restaurantes Michelin, no hablamos como a mi vecino de San Isidro le gusta, o no usamos cashmere en nuestros mestizos cuerpos, estamos condenados a seguir bajo la lupa de la discriminación de una pequeña parte de la sociedad, la cual detesta que sus representantes políticos no estén a su «altura» social.

Un estudio de la Universidad del Pacifico identificó que el Perú es el país con más altos índices de discriminación en la región. Entre peruanos nos miramos por encima del hombro. En este punto es donde exponemos la ridícula, pero muy acentuada, bandera del racismo que las derechas «todopoderosas» deciden alzar para tratar de deslegitimar a un gobierno débil y atribulado como el de Perú Libre.

Las derechas son tan poco estratégicas que caen en lo más bajo de la crítica hacia una o un grupo de personas: la forma de hablar, vestir, caminar, hasta de peinarse. No aprendieron nada de sus últimas derrotas en campañas políticas. ¿Acaso no se percatan que atacar al votante de Pedro Castillo por su origen sólo significa su derrota en la construcción de símbolos y narrativas exitosos? Definitivamente, no saben cómo hacerlo.

Tenemos que preguntarle a esos estrategas que quieren dejar en ridículo al gobierno, aunque la gestión de Cerrón y Castillo no necesita de sus adversarios para quedar mal parados (para eso tienen a Guido Bellido), ¿quiénes son su público objetivo? ¿a qué sector social pretenden llegar con sus mensajes clasistas y racistas? ¿A los mismos que gritaron “fraude”, “comunismo”, “estatismo”? ¿Para qué? Ese sector está más que convencido que Cerrón y Castillo nunca fueron una opción de gobierno.

Si pretenden llegar a otro sector de la población, ese que migró de las distintas provincias a Lima, y que hasta ahora experimenta los atropellos de la discriminación por su color o su vestimenta, están alimentando aún más la identificación de ese mismo sector con ese grupo de personas que llevó a Palacio de Gobierno sus costumbres e idiosincrasia.

Los defensores del fujimorismo en diversos medios, algunos programas de televisión y, por ahí, uno que otro partido de esa derecha fascista que no logró pasar a segunda vuelta, están pisoteando la Constitución Política del Perú (por la que inflan el pecho, por cierto), que condena la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, condición económica o de cualquier otra índole. ¡Nadie los detiene!

Queridos amigos que perdieron las elecciones del Bicentenario. No necesitan mostrar su podredumbre humana para enfrentarse al gobierno de Cerrón y Castillo. Este gobierno está haciendo todos los méritos para socavar su propia imagen y dejar claro que son un grupo de improvisados e incapaces, y que son capaces de boicotearse a sí mismos, sea ante la prensa o en las redes sociales. ¿Ustedes serían distintos? No lo creo. La mafia, aunque se vista de democracia, mafia se queda.

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Derecha, Perú Libre, Racismo

El proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes, de Perú Libre, que propone declarar de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico” de la radio, la televisión y otros medios de comunicación, es claramente un intento de amordazar a la prensa y controlar los contenidos periodísticos.

Bajo el pretexto de que se despliegan en frecuencias del espectro electromagnético, que son propiedad del Estado, es una vieja aspiración de la izquierda controlar los contenidos de los medios y hacer así “más democrática” la información.

¿Quieren crear desconcentración en la radio y la television y que de ese modo no haya oligopolios? Pues, que se acelere el apagón analógico, que se abran las señales abiertas al mercado digital, que las nuevas frecuencias se subasten (no que se asignen a dedo, como se hizo con los actuales canales de señal abierta) y que de esa manera se multiplique por diez o veinte el número de medios de comunicación radiales y televisivos.

¿Quieren evitar que la publicidad estatal se convierta en “mermelada” que acalle voces críticas y afecte directamente la independencia empresarial y periodística de los medios? Pues creen un organismo autónomo, que centralice toda la publicidad del Estado y bajo estricta supervisión de la Contraloría, que distribuya las partidas millonarias de publicidad del Estado en base a criterios objetivos de medición de lectoría o rating, no de acuerdo al arreglo bajo la mesa del jefe de Comunicaciones del ente estatal, coludido con un medio en particular a cambio del favor del buen trato posterior.

En esa medida, no hace falta disponer por ley que un porcentaje de la publicidad estatal vaya a los medios regionales. Si existiese el organismo señalado, por mandato imperativo deberá colocar parte importante de su pauta en los medios locales, que en todas las regiones del Perú, tienen más lectoría o sintonía que los medios limeños (ese sí es un hecho de justicia. Es absurdo que el 99% de la publicidad del gobierno central vaya a medios limeños, cuando éstos tienen nulo impacto en otras regiones fuera de Lima).

Por allí es el camino correcto, no por proyectos de ley adefesieros, a los que se les ve el fustán censor a la legua y que, felizmente, de acuerdo a lo que han declarado los voceros de diversas bancadas de oposición, no será aprobado.

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Libertad de prensa, Perú Libre, radio, Televisión del Perú

El pasado 23 de agosto, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, escribió en Facebook: “¡Ya tenemos Oficina Descentralizada en #Arequipa! Pueden visitarnos en la calle Mercaderes 413. Desde este espacio, coordinaremos todo apoyo que se pueda dar al pueblo arequipeño en el marco de mis funciones parlamentarias y también será un punto más para poder avanzar recolectando las firmas por la #NuevaConstitución”.

Quito, promotor oficial de la campaña de recojo de firmas, se refería a una oficina alterna a la de su despacho parlamentario, que ocupa en una antigua casona de la ‘Ciudad Blanca’. Le preguntamos a un asesor  si es que el legislador alquila el inmueble, pero no nos dio respuesta. Pero, ¿qué ocurre si se convierte en un centro donde, a cambio de firmas, el parlamentario preste favores o atienda con prioritaria conveniencia las demandas de ciertos ciudadanos? ¿Qué ocurre si alrededor de las rúbricas se tejen redes de clientelismo? El abogado especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, señala que allí únicamente podría intervenir la comisión de Ética del Parlamento.

Y es que en el camino por la Nueva Constitución no hay ley de neutralidad que aplique. Jáuregui asegura que actualmente no existe una normativa que regule un proceso de campaña preelectoral. Y la recolección de firmas es precisamente eso: un proceso previo.

El abogado apunta que la Ley Orgánica de Elecciones  sólo regula la neutralidad de las autoridades políticas en los “actos electorales”, es decir, cuando ya se haya convocado el eventual referéndum. 

En comunicación con Sudaca, sin embargo, el congresista Jaime Quito dio un paso atrás en su propuesta de utilizar el inmueble para recolectar las firmas. “En mi oficina no [se recolectará firmas]. Hay locales del partido, la gente misma en sus casas [lo hace]. No es necesario un local. Algunos se organizan y van a los mercados donde hay concentración ciudadana”, dice.

No es el único congresista que promueve activamente la campaña. La semana pasada, el oficialista Guillermo Bermejo publicó en su cuenta de Facebook: “Asistiendo al lanzamiento e inicio de la recolección de firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente en la provincia Huaura. Venceremos”. No era semana de representación y Bermejo no es representante de Lima Provincias. También hay fotos, que ha posteado en su cuenta de Facebook, en las que se le ve en Puente Piedra, Caylloma (Arequipa) y Huanta (Ayacucho), en actividades similares.

La congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán es otro rostro visible de la campaña. El fin de semana estuvo en Cusco, desde donde tuiteó: “Primero fue Piura y luego Ayacucho, hoy le tocó a Cusco ser escenario de la Tercera Asamblea Macro Regional Constituyente. Desde hace unos meses abrimos estos espacios de conversación nacional para que la ciudadanía sea partícipe del enriquecedor debate camino hacia una Nueva Constitución”.

El impulso a la recolección cuenta también con el respaldo de parte del Ejecutivo. El pasado martes 14, la vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte, declaró a la prensa: “Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasan por un cambio de Constitución y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”.

Desde Perú Libre aseguran que la semana pasada se inició la campaña de recolección de firmas en Lima y Chiclayo. En Arequipa, Tacna, Puno y Ayacucho había empezado desde mediados de agosto. Los locales de Perú Libre, agrupación presente en todas las regiones del país, son puntos oficiales para adherirse a la iniciativa. El secretario general de organización del partido en Lima, Yuri Castro, ve con optimismo lo que puedan lograr en la capital: la meta de las 43 bases es recoger, hasta diciembre, 500.000 firmas. 

CONTRAMARCHAS

El camino hacia la Asamblea Constituyente arrancó cinco días después de las elecciones, el pasado 11 de junio. En el local principal de Perú Libre, ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, comenzó a planificarse la campaña. En ese cónclave, el secretario de organización nacional de Perú Libre -y uno de los investigados por el caso Dinámicos del Centro-, Arturo Cárdenas, aseguró a los participantes que no iba a haber moderación en su partido y que la promesa de campaña iba a cumplirse. Este hecho lo dio a conocer un informe de Sudaca.

Casi dos semanas después, el 23 de junio, los congresistas Jaime Quito y Guido Bellido, quien aún no estaba en los planes para el premierato, acudieron a la ONPE a adquirir un kit electoral para la recolección de firmas. Quito se inscribió como “promotor”, es decir, el responsable de la convocatoria; y Bellido, como “representante en Lima”.

El texto de ese kit electoral proponía que una vez recogido el 10% de firmas de la población electoral, que son 2,5 millones, el presidente Pedro Castillo debía convocar a elecciones en febrero del próximo año. El documento señalaba además que la Asamblea Constituyente iba a durar 10 meses, debía instalarse en marzo y sería conformada por 130 asambleístas. La pregunta a consultar era una sola: «¿Aprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Constitución Política del Perú?».

Todo se iba a hacer sin que hubiera una reforma constitucional del artículo 206 de la actual Carta Magna, contrario a lo  que exigen algunos constitucionalistas. El plan en ese momento era recolectar las firmas antes de que acabe el 2021.

RF-00000041-2021-ReferéndumPL by Juan C Chamorro

Este es el kit electoral N° 00000041 que fue adquirido por Perú Libre en agosto. Aquí figura el texto normativo que será puesto en consulta. El promotor es el congresista oficialista, Jaime Quito.

 

Pero al poco tiempo cambiaron esa pregunta por esta otra: «¿Está de acuerdo con la reforma total de la Constitución de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente, Popular y Soberana?».

Y en el camino hubo modificaciones más drásticas. El 12 de agosto, Jaime Quito volvió a acudir a la ONPE para adquirir otro kit electoral. La entidad electoral se lo entregó. El kit mantiene la pregunta, aunque con ligeros cambios («¿Aprueba usted la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente, Soberana y Plurinacional?”). En este caso, el tiempo de duración de la Asamblea Constituyente propuesto es de 12 meses. No obstante, no se precisa una fecha para la convocatoria del referéndum, como sí ocurría en el primer caso.

Quito explica a Sudaca que la adquisición del segundo kit electoral se produjo debido a “un error de datos” en el primero y que tomó ese camino porque si hacía correciones, estas iban a tardar más tiempo. Confirmó además que la recolección de firmas se realiza con el segundo kit, donde Bellido ya no figura como representante por haber asumido el cargo de premier.

RF-00000040-2021 by Juan C Chamorro

En junio pasado, el partido del lápiz adquirió el primer kit N°00000040. El promotor era Jaime Quito y Guido Bellido, el representante.

El congresista no quiso precisar cuánto tiempo durará la campaña, bautizada como ‘Firma ya’. Solo adelantó que en los próximos días se conocerá el número de firmas que  ha recolectado su partido hasta la fecha.

Quito señala que el objetivo de Perú Libre es que el presidente de la República convoque al referéndum apenas alcanzadas las firmas.  Espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acate sin que se requiera modificar el mentado artículo 206.  

Precisa, además, su propuesta es que la Asamblea Constituyente funcione paralelamente al Congreso, sin que este se cierre o disuelva. A su criterio, la fórmula para elegir a los 130 asambleístas es que una mitad se postule desde los partidos inscritos y la otra lo haga de forma independiente, desde organizaciones de la sociedad civil. Aunque está por definir los detalles.

Sobre el lugar donde deberá funcionar la Asamblea Constituyente, dijo que “son pormenores” que se irán discutiendo en su momento. “Como dicen: para hacer tortillas, primero hay que reventar los huevos”, apunta a Sudaca.

Pero la oposición ya empieza a cercarlos. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció al cierre de esta edición que solicitará investigar la iniciativa. «El tema de fondo es el uso de recursos públicos para este tipo de actividades. La pregunta es de dónde salen los fondos porque no es gratis. Hay spots en radios de provincias, en el norte. ¿Quién lo paga?», dice el parlamentario Eduardo Salhuana a Sudaca.

Por su lado, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), integrante de la comisión de Ética, dice que su bancada evaluará presentar un pedido en este grupo de trabajo para indagar sobre la participación de congresistas en la campaña de recolección de firmas. El objetivo sería ver si están en su horario de trabajo, con licencia y el presupuesto que usan.

“Sabemos que en el Congreso, lo ha demostrado ya en todos los escenarios, hay en estos momentos una dictadura de los votos. Esto se ha reflejado el jueves último cuando han aprobado una ley que modifica los artículos 112 y 113 de la Constitución [referidos a la cuestión de confianza] con una interpretación auténtica», responde el congresista Quito.

El parlamentario oficialista negó que haya gastos millonarios en esta campaña, porque estos se centran en «sacar fotocopias a los planillones para las firmas». “No se necesita mucho dinero. La militancia se está articulando y está haciendo posible esta campaña”, comenta.

La asesora de Alta Dirección de la ONPE, Katiuska Valencia, dice a Sudaca que existe un “vacío legal” en la ley de participación ciudadana, puesto que no obliga a los promotores a reportar los gastos de campaña. Advierte además que su entidad no está obligada a publicar los planillones o los nombres de los adherentes con sus firmas. El experto en temas electorales José Tello señala que ese «vacío legal» es «peligroso» y podría acarrear incluso la figura de «lavado de activos». ¿Cómo se soluciona esto? Valencia responde que “con una modificación de la ley”, y su posterior reglamentación, que le dé facultades para supervisar los gastos del referéndum.

 

(*) Fotoportada: Darlen Leonardo

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Asamble Constituyente, Firmas, Nueva Constitución, Perú Libre, Referéndum

No se confunda. No es por espíritu festivo. Es solo porque julio es el mes que llegan al fin los circos. Se plantan las carpas y los espectáculos comienzan. Nuestro país es uno permanente. Pase y vea los últimos. Tres funciones tres.

Ha sido una semana de encuestas. Que han pasado casi clandestinas en medio de otras noticias más calientes que nos han ido llevando de la mano hacia terrenos inimaginables. Pero no dejemos de mirar los datos porque reflejan buena parte de esas sorpresas que vemos día a día.

El retroceso de Maricarmen

El Congreso cumplió 199 años y entonces qué mejor que hacer un video muy mono contando su historia y la historia de sus presidentes. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Todo mal. El golpe de Fujimori casi casi que era una gesta histórica. Merino presentado como un mártir sacado por una turba azuzada por medios comunistas. Oye, una cosa bien escandalosa por todos lados.

Pero cuando todos esperaban de parte de la señora Alva la única respuesta que había sabido dar hasta el momento, una soberana encogida de hombros, no lo hizo, rectificó. Paró todo. Levantó la publicación, se comunicó, habló de castigo para los responsables (asumo que los conoceremos en el año dosmilnunca). ¿Y eso?

Un día antes se conoció la encuesta de Ipsos sobre la aprobación de autoridades. Digamos que si Bellido no estuviera en el gabinete, Maricarmencita sería una de las funcionarias con mayor desaprobación. Este indicador subió, para su pesar 10 puntos en un solo un mes. ¡10 puntos! Se está haciendo conocida la presidenta del Congreso pero para mal.

El ministro Francke

No recuerdo otro ministro de economía como Pedro Francke que tenga un ratio de aprobación positiva y que además supere al presidente de la República en ese indicador. Francke tiene 41% de aprobación, 36% de desaprobación y por lo tanto una aprobación neta de +5%. Castillo tiene mayor desaprobación que aprobación.

Claro, igual los noticieros todos los días entrevistan al pan, al aceite, a los fideos y les preguntan cómo los están torturando para que confiesen los más infames vejámenes de parte del gobierno. Además buscan que el dólar suba y suba. Pese a eso, no es un ministro mal evaluado. Llama la atención como así no se evalúa la gestión del gobierno en economía. Aunque Datum y no Ipsos si pone como la principal razón de desaprobación del presidente Castillo el alza de los productos en general.

Un terrorista, dos terroristas…

Estamos frente a una paradoja bien interesante. Para Datum, el 63% de la población nacional considera que en el gabinete Bellido hay  ministros vinculados con el terrorismo, mientras que la encuesta de Ipsos muestra que la opinión pública considera que Bellido y Maraví al menos tienen algún nivel de vínculo con Sendero Luminoso.

Pero también da la sensación de que esa misma opinión pública pasa por agua tibia esa opinión y no la considera trascendente para generar la evaluación de la gestión del régimen (que de a pocos se mantiene). De hecho, solo el 4% de personas considera que es una razón para desaprobar la gestión del presidente Castillo. 4%. 

Entonces, vale la pena preguntarse una vez más como hicimos durante meses de meses si es que gritarle terrorista a todo el que se nos viniera en gana no iba a resultar en un uso absurdo del término e iba a ser relativizado por la opinión pública. Los que se pasaron semana tras semana y aún lo hacen acusando sin prueba a todos los demás de ser “terrucos” quemaron una muy relevante carta de debate político. Ya el término no parece asustar ni confundir. Simplemente perdió significado. La pregunta es, ¿quién ríe al último?

¿Quién manda a quién?

El otro dato muy relevante de las encuestas de septiembre ha sido la medición del poder entre Cerrón y Castillo. Parece que es algo que a la oposición no la deja dormir permanentemente y que al buen Vladimir no lo deja descansar tranquilo tampoco, pues necesita reforzar su ego de manera permanente.

Hasta agosto teníamos a un presidente de la República minimizado, a la sombra de la figura de un Cerrón engrandecido, que manejaba los hilos del poder a su antojo y que en la práctica gobernaba a sus anchas.

Hoy esa figura ha cambiado mucho. Hace un mes el 40% creía que Cerrón tomaba las decisiones importantes y el 21% que compartía el poder con Castillo, para Ipsos. Hoy, esos porcentajes bajan a 31% y 19% respectivamente. Para Datum, en agosto solo el 42% señalaba que Castillo es el que manda en el país; hoy es 47% el que lo piensa así. 

Esa correlación de fuerzas puede tener repercusiones en el futuro mediato del gobierno y una recomposición interesante. Figuras como las del ministro de Justicia, Aníbal Torres, han acaparado titulares y también muchos mensajes furibundos desde Perú Libre y directamente desde Cerrón. Voces como la de la vicepresidenta Boluarte o la congresista Chávez se escuchan más ahora. Eso debe llevar hacia algunas redefiniciones en la relación de Castillo con el partido de gobierno. Tal vez.

Una oposición que juega para el gobierno

En el medio, una oposición que juega para el gobierno. Cuando hay tantos flancos para generar disputas legítimas, espacios de debate y de generación de interés público, deciden ser accesorios, superficiales, banales.

Convierten -otra vez- al Congreso en eso a lo que estamos acostumbrados los peruanos. Persiguen al presidente por su atuendo y su forma de hablar y no por su forma de gobernar. Piensan solo en Lima. Son una caricatura. Una pésima además.

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anibal torres, Castillo, Congreso de la República, Perú Libre

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 5. El analista político Eduardo Dargent comentó hoy en «Si el Río suena» con Patricia del Río que la aprobación del presidente Castillo es aceptable, pero para un gobierno que está de salida. Además indicó que desde su perspectiva Perú Libre está haciendo un negocio pensando en las próximas elecciones. En nuestro espacio cultural conversamos con Eduardo Villanueva Mansilla, quien nos dio detalles sobre su libro «Rápido, violento y muy cercano» que habla sobre las movilizaciones del 11 de noviembre y el futuro de la política digital.

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Libro «Rápido, violento y muy cercano» de Eduardo Villanueva Mansilla:

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Perú Libre, Presidente Castillo, Sociedad peruana
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