Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 248: Francke ‘traduce’ la ley que le pidió Castillo al Congreso. Una vez más, un proceso para renovar el TC con candidatos con vínculos políticos. ¡Y pausa el paro en Cotabambas!
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 243: El Ejecutivo irá al TC contra la regulación de la cuestión de confianza del Congreso. Dinámicos en Bolivia, según El Comercio. Y no más Negrita.
Pedro Castillo cometería un grave error si despliega una estrategia de acercamiento al centro en base a prebendas cuestionables. Hemos visto, felices de la vida, a los representantes de Podemos (el partido de José Luna) visitar al presidente electo y ofrecer todo su apoyo. ¿A santo de qué?
Por cierto, con ese respaldo le alcanzaría para librarse de una eventual vacancia. Tiene 37 votos propios, 5 de Juntos por el Perú y con los 5 de Podemos sumaría 47, necesitando 44 para estar a salvo.
El problema es que los apoyos que se aprecian se están cocinando entre gallos y medianoche. Sería inadmisible, por ejemplo, que a los pocos meses del nuevo gobierno una flamante Sunedu decida otorgarle permiso de funcionamiento a la clausurada universidad Telesup u otorgarle el permiso a otro grupo universitario vinculado a Alianza para el Progreso para operar en el sur (sumando otros 15 votos a la bolsa parlamentaria).
Lo que se espera es un pacto con el centro congresal, que suma en total 44 votos, que incluya varios compromisos explícitos: primero, la no convocatoria a una asamblea constituyente; segundo, respaldo a las modificaciones tributarias que Castillo quiere hacer en el sector minero; tercero, protección contra cualquier pedido de vacancia; cuarto, eventual apoyo a algunas reformas constitucionales muy puntuales (bicameralidad, acotamiento de la vacancia y las cuestiones de confianza, quizás regulación sobre los oligopolios, etc.); quinto, apoyo en la elección de los magistrados del TC y directores del BCR; sexto, alguna participación de representantes de los partidos del centro en el Ejecutivo. Y así.
De eso se trata un pacto político. Pero Castillo sabe que tiene que dar algunas concesiones y la más importante de todas es que se comprometa a no pretender disolver el Congreso en base a cuestiones de confianza y, por ende, que renuncie a la idea polarizante y confrontacional de convocar, a las buenas o a las malas, a una Asamblea Constituyente.
La polarización del país y la fragmentación del Congreso obligan a que el gobierno entrante establezca pactos políticos de primer orden para asegurar la gobernabilidad. No arreglos o enjuagues de poca monta con el solo afán de sumar votos en el Congreso que impidan su vacancia. Eso no sería alta política. Sería el despliegue de jugarretas encubiertas, de politiquería barata.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 162: La agresión al jefe de la ONPE en el club de Chorrillos. El papelón de Córdova en los dominicales. ¿Cuántos intereses hay en torno a los magistrados del TC? ¡Y la conchudez de Vizcarra!
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el octavo episodio: Barnechea, Sagasti, el TC y la seroprevalencia
Ni a favor ni en contra. Nada. Cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron para que se declare improcedente la demanda competencial, presentada por el Ejecutivo, por el uso inadecuado del término “incapacidad moral permanente” para tramitar una vacancia presidencial. Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda consideraron que lo mejor era no analizar el fondo de la demanda, porque los hechos que la habían suscitado ya desaparecieron. La excusa: que la primera moción de vacancia (la que motivó el pedido) no se concretó. Recordemos que a Martín Vizcarra se le vacó en el segundo proceso, y no en el primero. Así, los magistrados alegaron “sustracción de la materia”. Fabiana Orihuela, abogada del grupo Perspectiva Constitucional, analiza el fallo y sus consecuencias.
Para entender la importancia del fallo del TC, ¿qué significa y cuál es la consecuencia más grande que traerá esta decisión?
La improcedencia quiere decir que no se están pronunciando sobre el fondo. No están validando ni la primera vacancia ni la segunda, que sí se concretó. Mucha gente piensa que esto quiere decir que se declaró bien la vacancia de Vizcarra. Eso es falso. Lo que han decidido es que no van a delimitar los alcances del artículo 113 numeral 2 de la Constitución. Es decir, que todavía está sujeta a los intérpretes, que en este caso serían los miembros del Congreso, hasta que el TC en un caso futuro pueda pronunciarse. No han puesto parámetros, pero eso no necesariamente quiere decir que dejan en desprotección a los siguientes presidentes.
Entonces, ¿el TC puede volver a pronunciarse si se presenta otra demanda similar?
Aún tenemos esperanzas de que un futuro Tribunal pueda cerrar [la figura de la incapacidad moral] con parámetros, para evitar arbitrariedades. El Tribunal sí se podría pronunciar, sea conociendo en última instancia un proceso de amparo contra la vacancia o si se presenta otra demanda competencial por el segundo proceso. Como no se han pronunciado sobre el fondo ahora, tampoco ha cerrado la posibilidad a que se interponga una nueva demanda.
Los cuatro magistrados que votaron para evitar pronunciarse, ¿abdicaron de sus funciones como miembros del TC? En teoría ellos deben dirimir para evitar futuras controversias.
Efectivamente, se han escudado en un formalismo. La sustracción de la materia [figura que apela a la desaparición de aquello que motivó la demanda] no es simplemente un tecnicismo. Es algo que supone que no hay conflicto. La sustracción de la materia es solo sobre el primer intento de vacancia, y no sobre el artículo 113. El TC tendría que dar una interpretación constitucional de cierre precisamente cuando hay incertidumbre.
Como el TC no se ha pronunciado sobre el fondo, ¿no vamos a saber si la vacancia de Martin Vizcarra fue válida, ni tampoco qué implica la ‘incapacidad moral permanente’?
Lo podemos saber en el sentido de que cada uno puede interpretarlo como quiera, pero no hay una decisión final que elija una interpretación sobre las demás. Ahora mismo estamos a merced de lo que cada uno considera, porque no hay una interpretación oficial de cierre y tampoco hubo un pronunciamiento sobre si Vizcarra estuvo bien o mal vacado.
¿Cómo se explican las declaraciones del magistrado Ernesto Blume, que dijo que la ‘incapacidad moral permanente’ es un concepto que “no debe estar claro”?
Hay algunas concepciones del constitucionalismo antiguo que suponen que hay ámbitos que son meramente políticos y que permiten una discrecionalidad casi absoluta. Sin embargo, en el constitucionalismo actual eso está descartado. No hay ámbitos exentos de control de constitucionalidad y no hay ámbitos que permitan arbitrariedades, ni siquiera los discrecionales. Puedes tener una facultad discrecional, pero tienes que basarla en parámetros constitucionales. Su concepción obedece más a un entendimiento clásico antiguo del constitucionalismo.
¿El TC le ha dado carta libre al Congreso para seguir vacando presidentes?
No creo que le haya dado carta libre. Como ni siquiera se ha pronunciado diciendo que el alcance [de la ‘incapacidad moral permanente’] es amplio, si el Congreso lo usa de la misma forma de nuevo y el caso llega al TC, este sí puede decir que está mal usado. Entonces, no es verdad que tiene carta libre, tampoco. Nos ha dejado en la incertidumbre y la vacancia podría ser mal usada otra vez, pero el Congreso debiera actuar con prudencia porque el TC todavía puede invalidar sus futuras decisiones.
¿Martín Vizcarra tiene responsabilidad en esto? No presentó ningún recurso ante la segunda vacancia.
Sí tiene [responsabilidad]. Él ahora declara como si el TC hubiera renunciado a su funciones cuando él se las dificultó. Si hubiera planteado una demanda competencial nueva, hubiera tenido que verse el nuevo caso. No necesariamente se repondría a Vizcarra, pero se podría decir que estuvo mal vacado. Repito: no reponerlo, sino para que haya un pronunciamiento sobre el fondo. Al no presentar demanda en su momento, Vizcarra ató de manos al Tribunal y le dio argumentos para excusarse de pronunciarse.
¿La salida a todo esto sería un cambio de Constitución?
Es completamente posible hacerlo. Se pueden cambiar las partes que nos ocasionan estas crisis, hacer una reforma integral o pensar en una nueva Constitución. Si hablamos de la causal de incapacidad moral, en este caso no sería necesario una reforma. Posible es, pero puede modificarse el reglamento del Congreso. Creo que igual es necesario modificar el artículo 117 [que dispone los supuestos por los que un presidente puede ser acusado] para hacer una mejor interpretación con el 113, y así evitar impunidad.
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