DOCUMENTOS FRAGUADOS
El presunto favorecimiento a Lagunas del Perú se gestó desde el Comité Evaluador de Procesos de Inversión de la municipalidad, el máximo órgano promotor de la inversión privada del distrito. En el 2011, el comité aprobó la estructura de compraventa del terreno, así como la contratación de una fiduciaria para que administre el inmueble hasta que se cumplan las cláusulas del contrato. Pero la Fiscalía descubrió fácilmente que dichos acuerdos eran, en buena medida, fantasmales.
“Dos de los miembros de esa comisión han manifestado que no se realizaron tales sesiones que se glosan en las actas […] Se tiene la declaración de la acusada Cecilia Sánchez Vásquez, quien como miembro del comité suscribió todos los documentos emitidos por el mencionado proyecto, pero [dice] que para ello no se reunió a fin de discutirlo y decidirlo”, se lee en la acusación presentada por el fiscal Richard Cirilo Ruiz.
Sánchez Vásquez −a la sazón, sentenciada por corrupción− contó a la Fiscalía que se emitían informes y documentos como si los hubiesen hecho los miembros del comité, pero que ellos sólo firmaban. “Las documentaciones las trabajaban los asesores externos de Javier Musiris Díaz”, apunta la acusación fiscal.
De la misma manera, Alejandro Morales Espinoza, presentado como el supuesto representante de Lagunas del Perú que en los papeles participaba de las sesiones del comité, desmintió haber estado en dos reuniones del 2011. Menos aún, dijo, las había certificado con su firma.
El abogado de Musiris no recuerda que algún trabajador de la empresa haya declarado en ese sentido. Sudaca accedió al testimonio de Morales ante la Fiscalía y corrobora que este dijo lo que señala la acusación. El hombre, además, precisó ser un extrabajador de las empresas de Musiris, pero aseguró nunca haber estado vinculado a Lagunas del Perú. Es decir, habrían usado su nombre “No recuerdo haber firmado esa acta, menos haberlo hecho en San Bartolo”, se lee en su declaración.
La fiscalía anticorrupción también recogió el testimonio de dos regidores, quienes señalaron que no habían recibido la información para votar por la aprobación del proyecto de Musiris en el Concejo Municipal. Se trata de Juan Guevara Carazas y Madeleyne Carranza Capristrán. Ambos votaron en abstención. Esta última ratifica a Sudaca lo dicho a la Fiscalía.
Carranza asegura, además, que luego de dar su voto en abstención un regidor −del que pidió no dar su nombre, pero hemos verificado su paso por el consejo municipal− la llamó a pedirle que rectifique su votación. “Sólo aprobaron el proyecto tres regidores, más el alcalde: cuatro. Así que la empresa quería que rectifiquemos. Es como si hubiesen pasado con 11, y ellos querían pasar con 20. Así que el regidor me dijo que, si lo hacía [rectificarse], podía pedir hasta un carro y que la empresa podía ubicar a mi esposo, entonces desempleado, en un puesto de trabajo, pero en otra compañía. Le dije que conmigo no cuente”, recuerda la exregidora.
EL COLABORADOR
A pesar de los acuerdos fantasma, el contrato se firmó en el 2011. Como parte de este, el terreno de 96 hectáreas pasó a ser administrado por Fiduciaria Perú SA. Lagunas del Perú, por su parte, tenía que transferir una primera cuota a la municipalidad, pero no lo hizo porque el terreno no estaba saneado. La comuna mantenía una controversia con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) por la posesión del predio desde el 2014. Además, asegura el abogado de Musiris mostrando una vista aérea de la zona, hay al menos tres empresas ocupando el predio de manera ilegal.
Mientras aquellos líos se resolvían, Lagunas del Perú cambió de gerente general: ya no sería Musiris −quien sigue siendo el accionista mayoritario, según Sunarp−, sino el socio minoritario José Vidal Hermoza. El 2016, este le pidió a la comuna que prorrogue el primer pago por un año. El entonces gerente municipal, Luis Tuesta, se negó, “indicando que la empresa debía cumplir con sus obligaciones”.
Barthelmess, sin embargo, le enmendó la plana y “le reclamó su proceder sin haberle hecho la consulta”, dice la acusación fiscal. Entonces, la solicitud de la inmobiliaria recién fue aceptada. Pero los investigadores descubrieron que para esto también se fraguaron documentos, una constante de la gestión del exalcalde de San Bartolo.
En el acuerdo del Concejo que permitía la ampliación, por ejemplo, la firma del secretario general, Daniel Farfán Soto, no fue reconocida por este. “En tal sentido, resulta por demás evidente que la formulación del acuerdo de Concejo que aprobaba su pedido [el de la empresa de Musiris] se hizo a consecuencia de los acuerdos ya establecidos entre los acusados. No cabe otra inferencia”, concluye el Ministerio Público.
¿Por qué tanto interés en aprobar dicha prórroga? Sudaca accedió a un acta de la declaración de un colaborador eficaz del caso. El arrepentido delincuente afirma allí que corrió plata entre los funcionarios. “El año pasado [2016] se amplió el plazo de pago para lo cual se entregó una suma de dinero al alcalde y otra suma de dinero a cada regidor por el tiempo de un año, que duraba esta ampliación. A cada regidor se le estaba pagando la suma de S/5.000 mensuales”, se lee en la declaración de este testigo. Los investigadores del caso señalan que el pago lo habría hecho la empresa detrás del proyecto Acqua.
Jorge Márquez, abogado de Musiris, niega que la empresa haya coimeado a alguien. Dice que hacer las prórrogas “para cumplir con las condiciones del contrato” era obligación de la municipalidad. Apunta, además, que, desde que empezó la investigación no se ha señalado a Musiris por el pago de coimas, que la Fiscalía descartó en su momento haber encontrado más pruebas sobre aquello y que “el delito por el que se acusó es colusión simple y no cohecho”.
“Cuando cae el alcalde Barthelmess, cae con él un grupo de funcionarios. Algunos, buscando beneficios premiales para reducir su condena, empiezan a tirar lodo con ventilador a todos los proyectos en los que Barthelmess estaba involucrado”, agrega el abogado.
El proyecto siguió sobreviviendo con prórrogas desde aquel 2016. A mediados del 2019, la controversia entre la Municipalidad de San Bartolo y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales culminó favoreciendo a la primera. Los posesionarios ilegales, sin embargo, siguen ocupando el terreno.
EL LEGADO DE BARTHELMESS
El 2020, la actual gestión municipal de San Bartolo negó una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú y recalcó que el proyecto no era compatible con lo establecido por la ley que declara de necesidad pública el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Aguas Residuales del cono sur (ley 27040). Es decir, podían construir ahí un campo santo, clubes deportivos o campestres, viveros y hasta un zoológico. No entraba en la categoría, sin embargo, nada parecido a un centro comercial.
La Procuraduría de esta gestión municipal, además, había pedido al Poder Judicial que declare nulo el contrato firmado con Lagunas del Perú para lograr que los terrenos vuelvan a manos de la comuna. Los regidores y el alcalde estaban pendientes de qué se iba a resolver en esa instancia. Parecían querer enmendar lo hecho por Barthelmess. Un año después, sin embargo, cedieron.
En un Concejo Municipal de setiembre del 2021, la mayoría de regidores −todos, menos una− votaron por acatar una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú. El acta del acuerdo lleva la firma del alcalde Rufino Enciso y el secretario general Alexander Abarca. Los funcionarios argumentaron que el Poder Judicial aún no había admitido la demanda de la municipalidad. Nos comunicamos con Abarca para pedirle una explicación, pero se negó a responder.
Un funcionario que pidió el anonimato intenta defender a la gestión actual así: “Tratamos de luchar, de recuperar ese terreno, pero no se pudo, porque nuestra área legal es completamente pequeña en comparación con el manejo que tiene esta empresa. Nuestra posición siempre fue pelearla, pero nos dimos cuenta de que batallábamos contra un gigante”, dice.
Recién en enero de este año, el Poder Judicial admitió la demanda para anular el contrato. Pero es demasiado tarde. Al permiso que el proyecto ha obtenido del alcalde y sus regidores, se le suma que la municipalidad de Lima ya aprobó el “Planeamiento integral” pedido por Lagunas del Perú. Esto significa que las 96 hectáreas de terreno eriazo que le cedió San Bartolo ya son urbanizables. La ordenanza fue firmada por Jorge Muñoz en febrero pasado. El próximo paso es obtener un cambio de zonificación.
No obstante, según una carta de Lagunas del Perú enviada a la comuna a mediados del año pasado, la compañía ha anunciado que cambiará “el objeto” del contrato. “Ahora que el sistema económico está muy golpeado. después de la pandemia, esto nos exige algunas modificaciones. Si antes se quería construir determinada cantidad de departamentos, ahora será un poco menos, por ejemplo”, explica el abogado de Lagunas.
Además, la trama de presunta corrupción que presentamos en este informe fue declarada prescrita a fines de marzo. Así lo venía pidiendo la defensa de Musiris cuando este fue acusado, alegando que el supuesto hecho delictivo ocurrió desde el acuerdo municipal del 2011. Por lo tanto, según su interpretación, el hecho habría prescrito antes del momento en que el fiscal acusó, el 2018.
Pero la posición fiscal siempre fue que los hechos de corrupción fueron sucesivos. Es decir, que ocurrieron mientras se seguían renovando las prórrogas al proyecto, al menos hasta el 2017. Dos instancias judiciales le dieron la razón a esta interpretación. Pero entonces, el abogado de Musiris presentó un habeas corpus a la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados aceptaron la interpretación del acusado.
Así que, mientras los funcionarios de confianza de Jorge Luis Barthelmess pasan o han pasado un tiempo en prisión y el exalcalde se mantiene prófugo de la justicia (por otros hechos de clara y conocida corrupción), este caso no será sometido a juicio.
