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Pasos para acercarte al “Si” con las oportunidades
Por:
Carla Olivieri
30.06.2022
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El consumidor, a pesar de haber pasado casi 60 años manifiesta elementos comunes, como la necesidad de un entretenimiento asociado con las ventas, y éstas podrían relacionarse con: electrodomésticos, joyas, vitaminas, artículos de belleza, entre otros. Ya dependerá del aliciente que se presente en pantalla y que lleve a los clientes potenciales a explorar la posibilidad de compra de otras categorías de productos y/o servicios.
En esta década, el entretenimiento corre por parte de los influencers – entertainers, una nueva raza de generadores de contenido que mediante sus acciones agregan valor y dan una sensación de comunidad necesaria para mejorar la experiencia de compra. Todo enmarcado en un programa de 45 minutos que sea percibido como auténtico, es decir, no forzado.
En este análisis destacamos elementos como: comunidad, videos en vivo, comunicación interactiva, ventas en línea, entre otros. Estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo fácilmente en una página web, sin embargo, el espacio más idóneo es una red social. Por eso hablamos también de comercio social. Canales que reúnen comunidades que interactúan y facilitan el comercio marca – consumidor, y que cuentan con el respaldo, participación y difusión por parte de los mismos consumidores.
Las redes sociales son un elemento vivo alimentado por contenido mayoritariamente producido por los mismos consumidores. Y para que las marcas logren su objetivo, necesitan seguir el movimiento social. Entonces, sí, en parte, las redes sociales forman parte del futuro de los negocios.
[1] Video en: https://z-upload.facebook.com/business/inspiration/video/social-commerce-future-e-commerce
*Daniel Chicoma es profesor de Marketing de ESAN Graduate School of Business
¿Su temor, entonces, es que en esa mesa se tomen decisiones que afecten a Pomalca?
Esta mesa está siendo manipulada por intereses policos. Nosotros, repito, no vamos a renunciar a nuestra estabilidad. Sería una locura. Esto afectaría directamente a 2,300 trabajadores y unas 10 mil familias. Y, en un contexto de crisis alimentaria, también podría terminar afectando el suministro de un producto de primera necesidad.
¿Hace cuánto tiempo solicitaron ser incorporados a la mesa de diálogo?
Presentamos la documentación hace un mes y medio. Seguimos esperando que nos convoquen. Otros representantes de las azucareras sí participan, pero nosotros estamos luchando para que se escuche a todos los trabajadores activos, no solo de Pomalca, sino de todas las empresas. Nos quedaremos aquí [en Lima] y seguiremos protestando hasta que nos incorporen.
El 20 de mayo del 2021, sin embargo, la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi rechazó este argumento. “En el contrato de 1997, las partes señalan que el mismo sería de coproducción, por lo que los derechos patrimoniales sobre la obra corresponderían en partes iguales a ambos (…) La denunciante [la asociación Pataclaun] se encuentra legitimada para presentar la presente denuncia”, dice la resolución que declaró fundada la demanda contra Telefónica, Media Networks y Canal 2, a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad.
Sin embargo, esta comisión del Indecopi desestimó las pretensiones económicas de la asociación cultural. El Indecopi se negó a calcular el monto de la compensación de acuerdo con el contrato firmado en 1997, pues este fijaba un valor por la producción de la obra y no por las licencias posteriores que pudieran afectar el producto.
Luego de las apelaciones de ambos lados, el último 6 de junio, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual fijó el pago a favor de Pataclaun apenas en US$27,500. Un monto que debe haber dado risa a las tres grandes empresas de comunicación involucradas, porque la sacaron barata. El monto corresponde al primer año del contrato que se pagó a favor de Latina, lo único que se había cancelado antes de que la serie fuera retirada del streaming. El Indecopi tampoco impuso una multa a las involucradas, pero sí dispuso que Latina cubra los gastos derivados del proceso.
Sudaca se comunicó con July Naters para recoger su versión sobre el desenlace de este contencioso, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta. De seguir en desacuerdo con el monto que el Indecopi les reconoció, la asociación que dirige la productora puede acudir al fuero judicial.
Pataclaun no solo ha sufrido este intento descarado de desconocer a sus autores, sino también la falta de pago a los actores que protagonizaron la serie. Por las retransmisiones que hacía Latina estos debían percibir regalías. Desde Inter Artis, la asociación encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de artistas e intérpretes, informan que ya han llegado a un acuerdo con la empresa para que asuma sus responsabilidades. Este medio se comunicó con el área legal de Latina, pero no atendieron nuestras consultas.
“Hay una cultura de desconocer la propiedad intelectual ajena. Nosotros tenemos una serie de mecanismos para convencernos de que, cuando el producto es un intangible, robar no está mal. Pero la persona que ha producido el contenido tiene derecho a ser compensado por el tiempo que ha invertido en eso, porque, si no, no existiría. Ese es un problema a nivel país”, reflexiona Carlos Zúñiga. A final de cuentas, este caso, que involucra a una de las series cómicas más recordadas de la televisión peruana, se saldó con una compensación ridícula.
** Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo
Como resultado de esa turbia alianza Castillo-Cerrón, según la última encuesta de Ipsos, encargada por Lampadia, el 76% considera que los ministros y funcionarios nombrados por Castillo no son personas honestas ni capacitadas; el 61% considera que el gobierno está permitiendo o incentivando los conflictos sociales mineros; el 52% cree que está permitiendo la expansión del narcotráfico; como colofón, el 79% considera que la situación económica está peor que hace un año.
La calamidad burocrática y el descalabro gubernativo son el símbolo del peor gobierno que hemos tenido en el lapso señalado. Y Cerrón tiene mucha vela en este entierro. No basta un comunicado alharaquiento para zafar de su alta responsabilidad en el desastre.
Así las cosas, la ruptura era una cuestión de horas y días. Así lo avanzó el semanario Hildebrandt en sus Trece en su edición del 17 de junio. El comunicado de Perú Libre en el que se invita al presidente a renunciar al partido es un golpe táctico que busca mejorar la posición perulibrista, con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre.
Castillo se afilió a Perú Libre el 30 de septiembre de 2020. Por entonces pensaba en postular al Congreso, arropado en la popularidad que obtuvo como líder sindical en la huelga magisterial de 2017. Pero luego se le ofreció ser candidato presidencial, y una serie de circunstancias insospechadas terminaron llevándolo hasta Palacio de Gobierno. Ahora, el partido por el que postuló le pide que se vaya. Fiel a su costumbre, la primera reacción de Castillo fue diferir su respuesta: el miércoles dijo que la daría “en las próximas horas”. Lo cierto es que si no presenta su renuncia, Perú Libre amenaza con proceder a su expulsión.
Tal como están las cosas, Perú Libre –con Cerrón a la cabeza– considera que ha llegado el momento de desmarcarse de Castillo. “Lo concreto es que esté gobierno está continuando con las políticas neoliberales. Lo concreto es que no se está avanzando a romper con las viejas estructuras que han sometido a nuestro país a las políticas neoliberales que benefician a determinados grupos de poder económico”, dice a Sudaca el congresista de Perú Libre Jaime Quito, para justificar la ruptura.
Pero esta supuesta traición al ideario del partido no es la única razón por la que Perú Libre buscaría ahora desmarcarse el presidente. También se le considera responsable de fracturar al partido, promoviendo la inscripción de dos agrupaciones, Peruanos Como Tú y el Partido Magisterial y Popular.
Ninguna de estas dos organizaciones ha logrado su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las próximas elecciones. Sin embargo, las dos estarían dispuestas a acoger con los brazos abiertos a Castillo luego de que este se desligue de Perú Libre.
“Nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos al profesor Pedro Castillo, cuando él lo considere. Él sabe que somos su gente, somos su base. Nos unen muchas cosas al profesor Pedro Castillo desde la lucha sindical. Hay esa afinidad con él”, dice a Sudaca Mery Coila, lideresa del llamado Partido Magisterial y Popular.
Coila anticipa que varios militantes de Perú Libre se van a desafiliar a ese partido para pasarse al suyo. Y estima que en julio presentarán un expediente al Jurado Nacional de Elecciones para tentar la inscripción.
Por su parte, Segundo Quiroz, congresista cajamarquino de la bancada del Bloque Magisterial, dice que la inscripción de su organización Peruanos Como Tú también esta encaminada. Sobre Pedro Castillo, dice que “es parte del trabajo que nosotros hemos venido teniendo para determinar el objetivo”.
¿La salida de Castillo de Perú Libre es el preludio de un nuevo intento de sacarlo de la presidencia de la República? No necesariamente. Jaime Quito señala que la agrupación del lápiz no se va a sumar abiertamente a la vacancia que promueve la oposición en el Congreso. “Nosotros somos de izquierda. No somos de derecha ni golpistas. No hemos cambiado ni un ápice de nuestra propuesta y nuestro planteamiento. Te estoy diciendo que no nos vamos a sumar a la derecha golpista”, asegura el congresista.
Otra fuente cercana a Vladimir Cerrón asegura que la estrategia de ahora en adelante será que los 16 congresistas de la bancada apuesten por la abstención en las votaciones claves.
Perú Libre tiene cinco de los 17 integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en cualquier momento verá la denuncia contra Castillo por traición a la patria. La investigación a Castillo, por declararse a favor de someter a consulta una salida al mar para Bolivia, avanza a paso firme, y si prospera podría llevar a la suspensión del jefe de Estado. Sin la defensa de los perulibristas, la oposición tiene todas las de ganar en este caso.
Existe, además, un grave problema de fondo que el Estado no logra atender: el incremento de la violencia contra las comunidades rurales, especialmente indígenas, sobre todo en la Amazonía. La proliferación de economías ilícitas, por ejemplo, es un problema cotidiano que se traduce en una urgente necesidad de seguridad. Actividades como el narcotráfico, la tala, el tráfico ilegal de especies silvestres o la minería ilegal continúan expandiéndose o consolidándose por todo el territorio nacional sin que las autoridades tengan los medios o la voluntad para frenarlas.
Desde un punto de vista interseccional, este fenómeno se hace más complejo entre los pueblos indígenas por dos razones. La primera es su especial vulnerabilidad frente a las agresiones de organizaciones criminales, al ser núcleos reducidos de población asentados sobre grandes extensiones de tierra (la comunidad de Saweto, donde fue asesinado el líder Edwin Chota, tiene 78 mil hectáreas en la frontera con Brasil). La segunda es la autonomía de la que gozan en virtud del derecho internacional. Es en base a ella que, en ausencia del Estado, han conformado sus propios cuerpos colectivos de seguridad, muy por encima de las rondas o las juntas vecinales. Para los shipibos o los kakataibos, reciben el nombre de guardias. Para los awajún, es el comité de reservistas. Para los asháninkas, además de los CAD, existen los ovayeriite (o el ejército) y la seguridad indígena.
Todo lo dicho tiene la intención de complejizar el debate. A nuestro juicio, no caben espacios para las opiniones totalizantes. Ciertamente, los CAD han probado su vigencia y utilidad como mecanismo de autoprotección en la selva central, aunque transpolar dicha experiencia a otras regiones del país sin una orientación clara no solo sería peligroso, sino también contraproducente. En ese sentido, como sugiere Matías Pérez, es preferible entablar un diálogo con las organizaciones indígenas de los ríos Ene y Tambo para una eventual modificación a la norma y delimitar su ámbito de aplicación territorial, antes que optar por su derogatoria.
Otro error, sin duda, es el de homogeneizar las funciones de seguridad que corresponden a poblaciones indígenas y no indígenas. Una junta vecinal no puede equipararse a una ronda campesina o nativa, mucho menos a una guardia que refleja la organización de pueblos en vez de solo comunidades. Para los pueblos, cualquier iniciativa legal debe reconocer un régimen diferenciado que garantice su autonomía, en el marco del respeto a los derechos humanos. Además, deben contar con asistencia especial del Estado para evitar que se expongan a peligros que sobrepasen sus capacidades de autoprotección.
Al respecto, hubiera sido más oportuno que el Congreso evalúe la nueva ley de CAD en conjunto con la propuesta de ley sobre seguridad indígena amazónica. Ahora, no obstante, cualquier reforma legal debe excluir a los cuerpos colectivos de seguridad indígena para garantizar su reconocimiento oficial con independencia de las Fuerzas Armadas. Sin duda, ello no quiere decir que los pueblos indígenas que tradicionalmente han recurrido a los CAD deban dejar de hacerlo. Esta decisión corresponde también a su autonomía.
Existe un factor adicional y transversal que no puede dejarse del lado en la nueva ley: el rol claudicante del Estado en garantizar la seguridad de los pueblos y organizaciones indígenas. La norma falla también porque evidencia la renuncia de las autoridades a cumplir con esta obligación, donde su respuesta a la violencia ha sido fragmentada, errática y absolutamente limitada. Una eventual reforma debe servir para establecer mecanismos horizontales de coordinación entre los cuerpos de seguridad indígenas –incluyendo a los CAD, cuando corresponda– y estatales, con mayores responsabilidades para estos últimos.
Finalmente, en el escenario actual de abandono estatal, ¿tiene sentido negar el relanzamiento de los CAD también en las zonas donde ha probado tener éxito? Aunque aún no encuentro una respuesta concluyente, dos cosas son seguras: la discusión es más rica y compleja que la derogatoria exprés de la nueva ley, mientras que deben priorizarse las propuestas de solución que fluyan de abajo hacia arriba y no al revés.
Diez años atrás, una vez una profesora, en plena conversa en la sala de descanso, indicó.
No me molestan los gays, pero no permitiría que se besen delante mío. Solo eso.
¿Entonces la pareja tendría que pedirte permiso para demostrarse afecto?, ¿qué tipo de libertad es esa? Inquirí.
Ella no supo que contestarme, y tenía veintipocos años.
Veinte años atrás, tenía un local en un Shopping céntrico. Al lado mío, quedaba el cine, motivo por el cual compartía, en varios momentos del día, con el personal del cinema. En cierta ocasión, vi que se burlaban de un joven gay que atendía un pequeño puesto, en el mismo piso. No hice nada, lo dejé pasar. Al poco tiempo, razoné que la vida de ese joven debe ser ya difícil -por su condición- para que unos pelotudos se burlen de él en su trabajo. Entonces, me acerqué a su local.
Hola que tal, soy Tomas, del local de enfrente, te quería indicar si alguna vez necesitas cambio avísame. Ok.
Para todo aquel, que alquiló un local en un shopping, sabe que conseguir sencillo es uno de las cosas más preciadas.
Solo una vez, fue por mi local para pedir cambio.
Eso sí, cuando nos topábamos lo saludaba, y él devolvía el saludo; pero con cierta aprensión. Aunque nunca hicimos amistad, quería que supiera que lo respetaba.
Y creo que él deseaba eso: Respeto.
La razón por la que alguien tenga que trabajar desde casa podría estar relacionada no solo a las preferencias personales, la intensidad del trabajo, las necesidades personales o familiares, sino también porque el trabajo remoto puede estar estipulado explícitamente en el contrato por iniciativa del empleador. Por un lado, las empresas ahorran dinero al reducir costos fijos como agua, electricidad y alquiler si disminuyen las capacidades en las oficinas. Por otro lado, al trabajar remotamente aumentan los problemas con la privacidad de los empleados y con la supervisión de los datos sensibles. Para evitar fugas de información, las empresas permiten explícitamente, en su mayoría, el trabajo remoto solo con las computadoras personales de la empresa lo cual permite rastrear las actividades y el comportamiento de sus empleados y al mismo tiempo garantizar que los datos sensibles de la empresa no caigan en manos de la competencia, o de personas desconocidas. Los trabajadores que no tienen la opción de trabajar de forma remota en cualquier día de la semana tienen mayor probabilidad de trabajar en un horario no diurno, lo cual es normal en las industrias del entretenimiento y la hostelería. Además, en el transporte y los servicios públicos, y en el comercio mayorista y minorista, no es raro tener horarios no diurnos. Hay muchas alternativas al convencional turno diurno de tiempo completo, como el horario de tiempo completo no diurno, el turno vespertino, turno nocturno, turno rotativo, horario irregular, turno dividido, etc. También debemos tener en cuenta si el trabajo se debe realizar de forma sincrónica, o si se puede hacer de manera asincrónica, lo cual permitiría trabajar en localidades con husos horarios distintos, situación común para los nómadas digitales. Esto es importante sobre todo cuando las empresas tercerizan proyectos y actividades. El rol cada vez mayor del Machine Learning y del Big Data en los procesos empresariales está también contribuyendo a que haya contratos más flexibles. La alta demanda por especialistas en estos rubros les da una buena situación para negociar las condiciones contractuales. Es recomendable para la gente joven tomar en cuenta todo lo antes expuesto al momento de optar por una carrera. Acceder a un puesto de trabajo implica muchas cosas más allá de solo trabajar.