Por último, el informe periodístico no adolece de rigor periodístico, como ha señalado el alcalde Molina, ya que se realizó utilizando como fuentes documentos oficiales del Tribunal de Contrataciones del Estado, Sunarp y la propia municipalidad de Miraflores. Además, Sudaca recurrió a dos especialistas y estos coincidieron en que hubo irregularidades.
Por los motivos expresados, consideramos que no corresponde realizar una rectificación por el informe que este medio presentó.
En primer lugar, en este portal no nos hemos sumado a una supuesta campaña promovida por Gianfranco Paredes, exbrazo derecho de Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao. El informe se centraba en el nulo o poco interés de los fiscales del equipo Cuellos Blancos en investigar al remitente de la carta, personaje que hoy ha alcanzado notoriedad por los millonarios contratos que ha ganado en este gobierno.
Si bien inicialmente se le atribuyó al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández, la frase “nos va a complicar”, esta fue quitada de inmediato de la publicación. No obstante, la corrección de aquel dato no alteró la esencia del reportaje: que los fiscales no se muestran interesados en investigar al empresario Samir Abudayeh. El informe no se basa únicamente en el audio.
En ningún momento se ha dicho, como señala la carta notarial, que el señor Abudayeh tenga procesos en el Callao, que el señor Sandro Herrera sea su abogado o socio ni que tenga terrenos o empresas en El Agustino. Lo que sí se recogió fue la declaración de Gianfranco Paredes en la que acusa al señor Abudayeh de otra cosa: agasajar a Ríos para que lo ayude en “procesos judiciales a futuro”.
Este testimonio debe ser motivo –precisamente– para que los fiscales del caso Cuellos Blancos inicien una investigación que llegue al fondo del asunto. Por estos hechos, además, el señor Abudayeh ya había sentado posición y dejado claro su descargo en un comunicado publicado meses atrás, el cual citamos en el informe escrupulosamente. Es lo mismo que reitera en esta carta.
Respecto a la veracidad de las comunicaciones entre el remitente y Walter Ríos, una de ellos es dada por válida por la fiscal Magaly Quiroz, en una resolución del 22 de febrero. En el documento la fiscal dice: “[…] Walter Ríos se comunica con Samir Abudayeh [en marzo del 2018] con la finalidad de indicarle que estaban almorzando con Sandro Herrera y que está a disposición y a sus órdenes Y, en respuesta, Samir le dice que ‘para hacer algo la otra semanita, pues’; respondiéndole Walter Ríos: ‘lo que tú me digas’”.
Llama la atención, en ese sentido, que la fiscal Quiroz no abra investigación a Abudayeh o lo cite como testigo, en el documento del 22 de febrero pasado, en el caso sobre la supuesta coima pagada por el empresario Sandro Herrera a Walter Ríos.
En su carta, Anafocat señala que sus agremiados no representan la informalidad ni son insolventes. En Sudaca no dudamos que en el país existan asociaciones que cumplan con todas sus obligaciones. Pero también es una realidad, como puede comprobar cualquier ciudadano, que son varias las que han perdido su licencia de funcionamiento. Van 14, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y casi todas por problemas de solvencia económica o faltas administrativas que van en contra de su propio reglamento. Otras cuatro figuran con resolución de caducidad.
Incluso hace unos años se denunció desde el mismo Congreso que las Afocat adeudaban más de S/2,5 millones a hospitales. Esto incluía, según el ex congresista Jaime Delgado, Afocat operativas y otras con registros cancelados por la SBS.
Finalmente, respecto a las versiones incluidas de corredores de seguros citados en el informe, debemos precisar que estas corresponden a las opiniones personales de representantes de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Estas declaraciones fueron buscadas como parte del ejercicio periodístico de tener opiniones informadas de personas que conozcan el sector de seguros vehiculares nacionales.
Luego de la publicación, el pasado 11 de febrero, del reportaje “Presidenta bamba”, el apoderado judicial de la Universidad San Marcos, Abelardo Rojas, envió una carta notarial para reclamar por supuestos “comentarios inexactos”. Sudaca cumple con publicarla en su totalidad, pero antes aclara que no hay contenido «inexacto» ni nada que rectificar. Aquí respondemos a las observaciones.
En primer lugar, en la carta se menciona que “de lo que se ha tratado es solo de la tramitación de una recomposición de miembros del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y nada más, sin que haya existido dolo de ningún tipo”. Lo que Rojas omite es que se intentó realizar esta tramitación ante los Registros Públicos con documentos falsos y sobre una asamblea que carece de testigos.
Increíblemente, Rojas adjunta el acta donde supuestamente se acredita que el 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron 22 rectores; entre ellos, Jerí Ramón. Este documento fue, precisamente, desmentido en la nota con una serie de testimonios. Sudaca consultó con varios rectores que negaron haber asistido a dicha asamblea y pudo revisar los chats grupales donde muestran su total sorpresa, dado que nunca fueron informados de la reunión porque esta nunca existió.
En segundo lugar, sobre la carta de Roberto Supo, exvicepresidente de la ANUPP, el apoderado judicial de la San Marcos menciona que resulta “poco creíble la versión de que él firmó y no sabía lo que firmaba […] lo cual se puede inferir que es falso debido a que estamos hablando de un exrector”. En el informe consignamos la carta de Supo tal cual él la presentó a los otros rectores miembros de la ANUPP. Aquí cuenta cómo Abelardo Rojas lo hizo firmar con engaños los documentos que acreditaban la veracidad de la asamblea inexistente y que la rectora Jerí Ramón lo llamó para convencerlo de que firme. Sudaca se comunicó con Jerí Ramón y el mismo Abelardo Rojas varias veces por llamadas y mensajes, en los cuales se preguntó por el contenido de la carta de Roberto Supo. Nunca obtuvimos respuesta.
Tercero, en ninguna parte del informe se menciona que Jerí Ramón o Abelardo Rojas hayan firmado documento alguno. Así que no hay nada que aclarar al respecto.
El apoderado judicial de la San Marcos también afirma que lo que se produjo fue “un error involuntario entre las fechas consignadas de dichos documentos”. ¿Qué significa eso? ¿Que la reunión sí se llevó a cabo? ¿En qué fecha? El rector de la UNI, que es la universidad donde supuestamente se realizó la asamblea, dijo que no tenía conocimiento de que haya habido actividad alguna. Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Daniel Alcides Carrión que aparece en la lista, desmiente también que haya asistido “ni el 4 de agosto ni otro día”. Los demás asistentes consultados por este medio también negaron haber participado de reunión alguna, independientemente de la fecha.
Cuarto, el apoderado judicial de la San Marcos resalta nuevamente que no se pudo regularizar el trámite de recomposición porque el nombre de Roberto Supo no estaba inscrito en los Registros Públicos. Sudaca explicó este punto en la nota.
Por último, Abelardo Rojas menciona que Roberto Supo firmó una declaración jurada en donde se “certifica y da fe” de la validez de la reunión. Este dato ya fue mencionado en el informe “Presidenta bamba”, no es información nueva. Lo que parece grave -volvemos a recalcarlo- es que se omita el hecho de que la asamblea en realidad no se realizó, a decir de las autoridades que debieron estar presentes y no estuvieron. A pesar de eso, se ingresaron documentos a la Sunarp haciendo creer lo contrario.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay ningún “comentario inexacto” que merezca rectificación alguna.
Luego de la publicación, el pasado 5 de febrero, del artículo “Una dudosa contratación en la UNI”, el empresario Carlos Anchate, gerente general de Seidor Technologies Perú, nos envió la siguiente carta que reproducimos en su totalidad.
Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que manifestar lo siguiente:
Seidor dice que Sudaca sugiere que la empresa ha realizado conductas antiéticas al colocar en la bajada: “Luego de extrañas movidas en el proceso de selección, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha escogido a Seidor para que supervise…”. Habría que precisar al respecto que quien realizó el proceso es la UNI. Y a eso nos referimos a lo largo del informe. En ningún momento afirmamos que Seidor -como empresa concursante- ejecutó alguna de las irregularidades que se señalan, simplemente que fueron los beneficiarios de las mismas.
Por otro lado, también afirman que Sudaca desconoce el proceso en su totalidad, debido a que no nos comunicamos con Seidor para tener precisiones al respecto.
De manera categórica lo rechazamos. Sudaca recibió respuestas -vía correo electrónico- de Francisco Ñato, gerente de la línea eLearning de la empresa. Además de eso, llamamos en más de cinco oportunidades al número de la empresa registrado en el Osce. Y no conformes con ello, hicimos lo mismo con Mayra Díaz, Key Account Manager de Seidor, que nunca atendió nuestras llamadas y mensajes de WhatsApp.
También dicen que es un error indicar que la UNMSM utilizó el sistema Smowl -de Seidor- en su examen de admisión que acabó con denuncias de plagio. Esto porque también utilizaron otras plataformas como Google Meet.
Sin duda, esto es cierto. Pero la afirmación de que en el examen de admisión cuestionado se utilizó el sistema Smowl no deja de ser verdadera. Además, como acotamos en la nota, nos basamos, entre otras cosas, en un comunicado oficial de la universidad donde se hace alusión directa y exclusiva al servicio Smowl. “Se tuvo la participación del representante de la empresa del sistema Smowl, quien explicó las modalidades de detección e identificación de alguna irregularidad que tenga indicios de hechos ilícitos o delitos”, dice el documento.
Es correcto, por lo tanto, que la compañía que nos escribe fue parte de todo este caótico proceso de admisión.
Seidor también señala que no se les solicitó descargo alguno sobre las “quejas” que describen los alumnos citados en el informe (acusaciones de plagio y requisitos del sistema difíciles de lograr). Sobre este punto, hay dos cosas que Sudaca quiere precisar.
Primero, que sí se preguntó al señor Ñato lo siguiente: “¿Consideran que las acusaciones de plagio en ese proceso pudieron ser evitadas con su sistema de seguridad o qué fue lo que falló?”. A lo cual respondió literalmente que su sistema no falló en ningún momento. De ello, se entiende que cualquier acusación es descartada por Seidor. Dicha frase y descargo están consignadas dentro del informe.
Segundo, hay que precisar que la razón de buscar voces de estudiantes sanmarquinos que postularon en el proceso de admisión cuestionado fue, antes que nada, para conocer de primera mano lo que verdaderamente ocurrió en ese examen. Ese fue el caso especialmente de las citas de Esteban Godofredo y Alejandra Vela, quienes tuvieron una pésima experiencia por diferentes motivos. La carta que nos envía Seidor dice que este programa nunca falló. Esa versión está consignada en el texto.
En otra parte de la carta la empresa dice que “si se hubiera conversado con ambas partes” se tendría un panorama más claro de la situación, en referencia a ellos y a la UNI. Nuevamente, rechazamos tal afirmación. La versión d. la UNI también está consignada en la nota.
Más adelante mencionan que les parece tendencioso y negativo decir que el proceso de concurso público y adjudicación simplificada fueron “extraños”. Al respecto tenemos que recalcar que hay cuestiones –sobre todo, el cambio en los valores referenciales entre ambas etapas– que no lograron ser explicadas satisfactoriamente por la propia universidad cuando Sudaca le pidió explicaciones.
Y, otra vez, no hay frase en todo el informe que atribuya responsabilidad directa en las irregularidades a la empresa, solo a la UNI. Una lectura de dicha sección demuestra claramente que lo se hace es describir cómo la universidad llegó a otorgar la buena pro a Seidor para la supervisión de sus exámenes remotos. Se indican tanto las irregularidades, como las subsanaciones que se dieron sobre la marcha.
Para finalizar, quisiéramos señalar que el pasado 8 de febrero la misma UNI ha revelado mediante un comunicado que el proceso de contratación queda suspendido a raíz, precisamente, de las sospechas que ha generado. Además informaron que han alertado a la Contraloría para que investigue al respecto.
Esta es la respuesta a la carta notarial del empresario Marco Antonio Zamir Villaverde García enviada a Sudaca, quien pide rectificaciones por el reportaje ¨La generosa propuesta para el Despacho Presidencial de un empresario vinculado a Bruno Pacheco¨, publicado el pasado 21 de noviembre. Dice que posee información “falsa” e “inexacta”. A continuación respondemos las cinco observaciones realizadas por Villaverde, cuyas visitas a Palacio quedaron registradas en cuatro ocasiones, cuando Bruno Pacheco era secretario general. Sudaca considera que no hay nada que rectificar y que se actuó en todo momento de manera diligente, buscando, como corresponde, la versión del empresario con anticipación a la publicación. Villaverde ha preferido responder por medio de esta carta.
1. La relación de Zamir Villaverde con Vigarza SAC. Zamir Villaverde señala en su carta que el reportaje “La generosa propuesta para el Despacho Presidencial de un empresario vinculado a Bruno Pacheco”, publicado el pasado domingo 21, “desliza la continuidad de su vinculación del suscrito con la empresa Vigarza SAC; sin embargo se debe precisar que esta aseveración es falsa, pues a la fecha no tengo la calidad de accionista, socio, representante o apoderado de la referida empresa”.
Respuesta: El texto del reportaje no indica que Zamir Villarde sea actualmente accionista, socio, representante o apoderado de la empresa Vigarza SAC, como señala el empresario en su carta. Sobre este punto, no hay nada que rectificar y nos reafirmamos en lo publicado, es decir, que Zamir Villaverde “ha sido apoderado hasta el año 2019” de la empresa Vigarza SAC. Esto se puede corroborar en la partida de la empresa en la Sunarp.
Según los documentos de la partida de Vigarza SAC, él no es actualmente apoderado de dicha empresa porque dejó de serlo en el año 2019, y eso lo hemos señalado en nuestro informe. El informe recogió, además, la versión del diario El Comercio que en un artículo menciona que Villaverde “fue apoderado de Vigarza S.A.C. y a cuya administración sigue vinculado, según indicaron en la oficina de la empresa a este Diario”.
2.-Las visitas de Zamir Villaverde a Palacio de Gobierno. La carta de Zamir Villaverde dice que “se puede apreciar de manera clara que existe una forma tendenciosa de informar estos hechos, pues al utilizar los términos ‘rondando Palacio de Gobierno’, dan a entender que el suscrito estuviera haciendo reglaje a los alrededores de Palacio, deslizando la existencia de supuestos hechos irregulares sin ceñirse a la estricta realidad del ingreso registrado y haciendo inferencias indebidas de un supuesto servicio especializado de seguridad gratuita para el despacho presidencial, lo cual es falso, debido a que nunca hice tal ofrecimiento ni fue el motivo de mis visitas a Palacio de Gobierno, motivo por el cual se está solicitando al funcionario respectivo, la rectificación de dicha información errada”.
Respuesta: El señor Villaverde, de acuerdo al registro de visitas de la Presidencia, posee cuatro ingresos y salidas en las siguientes fechas: 4 de agosto, 14 de agosto y 6 de octubre –en dos ocasiones- del presente año. La Academia de la Lengua Española define el verbo rondar como “dar vueltas alrededor de algo” y el señor Villaverde ha dado no una vuelta sino cuatro al Despacho Presidencial. No hay, por lo tanto, ninguna connotación peyorativa ni delictiva al respecto.
Villaverde señala que estaríamos “haciendo inferencias indebidas de un supuesto servicio especializado de seguridad gratuita para el despacho presidencial, lo cual es falso, debido a que nunca hice tal ofrecimiento” . El 10 de noviembre del presente año, 11 días antes de la publicación del reportaje, la Oficina de Acceso a la Información, conforme a la Ley de Transparencia, nos respondió textualmente el motivo de su visita del pasado 14 de agosto al subsecretario general de Palacio de Gobierno, Ysmael Rafael Mayuri Quispe, con consecuencias legales en caso no informe con veracidad. Dijo textualmente lo que se consigna en el informe. El 29 de octubre y el 20 de noviembre, este periodista le envió al Whatsapp de su número celular una solicitud de entrevista para que nos responda sobre el motivo de sus cuatro visitas a Palacio y nos dejó en visto. No quiso responder a nuestras 13 llamadas telefónicas y no pudimos ubicarlo en la visita que le hicimos a su departamento ubicado en la urbanización Juan XXIII de Surco, que es la dirección que tiene registrada en Reniec. El señor Villaverde tampoco ha señalado en su carta cuál ha sido el motivo de sus cuatro visitas a Palacio de Gobierno.
3.- La visita a eventos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Ministerio del Interior. Zamir Villaverde dice que “estas afirmaciones demuestran la carencia de objetividad al momento de informar los hechos, ya que se pretende establecer una vinculación con la PNP por el solo hecho de concurrir a una actividad de naturaleza pública, buscando inducir a la opinión pública para que esta noticia adquiera un carácter conspirativo”.
Respuesta: Las imágenes de su participación en el “XXV Curso de Capacitación Básica de Protección y Seguridad de Entidades Bancarias” donde “se codea” o aparece junto a altas autoridades han sido publicadas por él mismo en su cuenta personal de Facebook, que es de acceso público. Y no solo tiene registrada esa visita sino varias otras más a entidades policiales. Le preguntamos por el motivo de sus visitas a la Policía en las dos solicitudes de entrevista que le pedimos a través de su Whatsapp y en las 13 llamadas telefónicas que no nos contestó. Esas consultas se las hemos hecho saber también, a través de la Oficina de Acceso a la Información, al Ministerio del Interior el pasado 25 de octubre. Desde esa fecha, dicha cartera ministerial solo nos ha respondido que “está en trámite” nuestra consulta sobre si existen convenios o contratos de esta institución con las empresas Villaverde Consultores Inversiones SAC, Villaverde Company SAC, Fundación Villaverde, Mazavig SAC, Vigarza SAC, Asociación Playa Los Delfines así como con el propio señor Marco Antonio Zamir Villaverde García.
4.- Sobre las denuncias en comisarías y Ministerio Público. “Es deber del periodista verificar con objetividad si las que mencionan se encuentran archivadas, así como en estricto cumplimiento de la presunción de inocencia se debe manejar con mucho cuidado este tipo de información ya que el inadecuado manejo afecta el honor y dignidad de las personas”.
Respuesta: El empresario exige precisión en la información sobre sus denuncias en las comisarías y el Ministerio Público. A continuación recordamos que, según información que registra en el Ministerio Público, Zamir Villaverde, hasta el momento de la difusión del informe, posee dos denuncias por el presunto delito de lavado de activos: una denuncia como imputado que se encuentra en calidad de “pendiente” y otra como “denunciado” que está en ampliación fiscal, según los registros.
Villaverde posee además cuatro denuncias con el estado de “pendiente” de calificar: una por el presunto delito de usurpación; la segunda, por el presunto delito contra el patrimonio; la tercera, por el presunto delito contra la administración pública; y la cuarta, por daños. Desde que tomamos conocimiento de esto, nos pusimos en contacto con el señor Villaverde para que pueda darnos su versión sobre estos hechos. Pero no obtuvimos respuesta.
5.-Sobre denuncia policial en la comisaría de Cañete. Zamir Villaverde da una propia versión de los hechos ocurridos el 16 de enero de este año, hecho denunciado un día después en la comisaría de Cañete, y dice que Sudaca deberá “rectificarse en este extremo, al no haberse efectuado una mínima verificación sobre los mismos, pues al afirmar que mi persona es el actor intelectual del ataque, hace parecer ante la opinión pública que mi persona es un delincuente, lo cual daña mi reputación y honra”.
Respuesta: Los hechos ocurridos el 16 de enero en el kilómetro 126 de la Panamericana han sido recogidos del texto de la denuncia verbal realizada por el ciudadano Miguel Ángel Barrientos Chávez. Sudaca llamó 13 veces al teléfono del señor Villaverde y le dejó dos mensajes vía Whatsapp para que nos brinde una entrevista sobre sus denuncias. La versión del empresario plasmada en esta carta pudo haberla dado para el informe si accedía a una entrevista.
Carta del empresario Zamir … by Juan C Chamorro
El día de ayer, Sudaca recibió una ‘nota aclaratoria’ de parte de la compañía minera Minsur, a propósito del reportaje “Inversiones manchadas: AFP destinan fondos a mineras con infracciones ambientales” publicado el 5 de julio. Sudaca cumple con publicarla, pero reafirma su posición y la responde puntualmente.
Sudaca precisa que, en los últimos diez años, la compañía minera Minsur ha sido sancionada por el regulador ambiental (OEFA) por cometer infracciones ambientales tal como indica el título del reportaje publicado.
En el primer párrafo de dicho reportaje, se afirma que Minsur ha sido sancionada por contaminación ambiental. Eso es correcto a partir del rango de tiempo revisado para la investigación. El caso mencionado por Minsur en su nota aclaratoria es uno que ameritó una sanción firme de parte de OEFA y una multa de 50 UIT, como responsable del derrame de su contratista. Treinta y ocho toneladas métricas de relaves fueron derramadas en la quebrada de Chogñacota, Puno. Ello constituyó “una situación de contaminación ambiental” según determinó el regulador, luego de constatar “excesos significativos” de los parámetros plomo, cobre, zinc, arsénico, manganeso y fierro en el suelo.
El 11 de junio último, el ciudadano Marcelino Aguilar Mollinedo, gerente de la empresa Acuario Export, envió una carta al equipo de Sudaca solicitando la rectificación del artículo titulado “¡De Ripley!: así fue como el gobierno abandonó a la moribunda industria textil”, publicado en marzo con la firma del periodista Paolo Benza. Este medio cumple con difundir el documento enviado por Mollinedo, pero aclara que no hay nada que rectificar.
Aguilar Mollinedo pide que Sudaca se rectifique de “haber utilizado mi nombre y el nombre de mi empresa de forma tendenciosa”, en alusión al siguiente párrafo del artículo:
“A la elaboración del informe [preliminar del Indecopi] no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria” (Corchetes agregados para contextualizar)
Al respecto, este medio responde que la información consignada en el citado párrafo es veraz, en tanto recoge la información publicada por la Fiscalía sobre un megaoperativo en el que se detuvo a 16 personas para desarticular la presunta banda criminal Los Tigres del Oriente. Se puede revisar la información en este enlace.
Los términos “defraudación tributaria” y “contrabando” son formas coloquiales, accesibles a lectores no especializados, de nombrar a los presuntos delitos de “defraudación de rentas de aduanas” y “tráfico de mercancías prohibidas o restringidas”, como también utiliza el portal especializado en derecho LP.
Aguilar Mollinedo aparece entre los 16 detenidos del megaoperativo -algo que no niega en su carta- y Sudaca consigna, como corresponde a la etapa del proceso informada por la Fiscalía, los delitos como “presuntos”. Es decir, no existe violación de la presunción de inocencia como alega el suscrito. Cabe agregar que Aguiler Mollinedo ha sido vinculado previamente a presuntos delitos de contrabando, sin que ello implique su culpabilidad.
El otro cuestionamiento del empresario es sobre la pertinencia de mencionar su nombre y su detención en un artículo que tiene que ver con salvaguardias a las importaciones textiles asiáticas. Al respecto, es un hecho comprobable -con la información del autor de la nota- que la empresa que gerencia Aguilar Mollinedo se “apersonó” al proceso de elaboración del informe preliminar del Indecopi que recomendó colocar las salvaguardias.
A su vez, esta gestión de intereses privados (conocida como ‘lobby’, término que no reviste ilegalidad en sí mismo) es de interés periodístico por las repercusiones que tiene en la industria textilera nacional. Por ende, la hoja de vida de las personas involucradas en dicha gestión -así sea a través de sus empresas- son de absoluto interés público. Más aún si se les acusa de presunto tráfico de mercadería.
Vale precisar, por último, que Sudaca no “utiliza” a Aguilar Mollinedo “como medio para tildar a las demás empresas apersonadas” al proceso “como parte de un grupo que actúa al margen de las normas”, según dice la carta del empresario. Para comprobarlo basta solo con leer la redacción del párrafo citado líneas arriba.
