Tras la publicación de los informes, en Sudaca se mostró la predisposición para realizar una entrevista con los involucrados en el informe periodístico y que estos puedan dar su descargo. Sin embargo, pese a que esta era una de las exigencias que habían manifestado en la carta enviada, no hubo interés en brindar la entrevista para contar su versión del caso y aclarar los cuestionamientos hacia la empresa Diphasac y sus socios.
El informe elaborado por Sudaca se basó en documentos oficiales. Es preciso también recalcar que nos comunicamos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para solicitar su versión sobre este caso. Pese a que Gissela Solano, de la Oficina de Comunicaciones, nos solicitó las preguntas, nunca obtuvimos las respuestas.
Por los motivos expresados, consideramos que no corresponde realizar una rectificación por el informe que este medio presentó.
En la carta notarial se nos pide rectificación por el artículo WALTER RÍOS Y EL NARCOTRÁFICO. LOS AUDIOS OLVIDADOS DEL CASO “CARACOL” del 25 de abril del 2022 debido a que existiría “una investigación sobre ello y que no se encuentra a mi cargo”, sin indicar los hechos de la investigación, los cargos y las personas involucradas. Sudaca ha pedido información al respecto y se nos indica que no existe abierta investigación por los hechos que fueron destapados, pese a que comprometen en un hábeas corpus al narcotraficante peruano más famoso de los últimos tiempos: Gerson Gálvez Calle.
También se nos pide rectificación sobre el artículo “LA FISCALÍA DE LA NACIÓN COMO BOTÍN” del 28 de mayo del 2022 en el que se refiere a un audio de la magistrada Ruth Benavides Vargas que habría sido entregado a la prensa como un boicot al nombramiento como FiscalSuprema de la actual señora Fiscal de la Nación y que tendría “en mi poder “copias espejo de los audios de la vergüenza” afirmación que resulta falsa pues no tengo acceso a la totalidad de los audios, por lo que desconozco que refiere tener la prensa”; al respecto es ciertamente preocupante que se nos pida la rectificación casi 50 días después de publicado el artículo periodístico y ello ocurra luego del nombramiento de la Dra. Patricia Benavides como Fiscal Suprema y como Fiscal de la Nación. No nos explicamos por qué se espera recién la formalización de un nombramiento incómodo y de una persona que no es de su cofradía para pedir rectificación periodística. Es un hecho innegable que dicho audio ha circulado por varias redacciones periodísticas y por varios medios de comunicación esperando acogida. La Dra. Fanny Quispe en su carta notarial reconoce que no tiene “acceso a la totalidad de los audios”, lo cual es gravísimo ya que como encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos es inconcebible que haya promovido beneficios sin contar con todos los audios que involucran al expresidente de la Corte del Callao. Asimismo, la carta notarial no niega conocer el audio de la hermana de la actual Fiscal de la Nación Ruth Benavides Vargas.
Finalmente, se nos solicita rectificación del artículo “SIN PRENSA, LOS FISCALES NO INVESTIGAN” del 12 de junio del 2022 al colocarse su nombre y apellido “a pesar que no se me ha asignado el caso, ni tener la jerarquía ni las facultades para la toma de decisiones del despacho fiscal”. Nuevamente el tema en discusión es que como Fiscal encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos –como ella misma reconoce– nunca le preguntó sobre el caso de Samir Abudayeh y los actos ilícitos que habría cometido con él y que luego se han conocido, y ha terminado confesando cómo tampoco le pregunto ni pidió que se abriera investigación por el caso de las prostitutas que como ventaja recibió Walter Ríos el 10 de agosto del 2017 del empresario Samir Abudayeh a cambio de favores judiciales.
Los hechos y la prueba hablan y son elocuentes. Más que pedir rectificación debería someterse a las investigaciones penales y disciplinarias y allí hacer sus descargos.
La carta notarial como instrumento de victimización y de condicionamiento a las altas esferas del Ministerio Público
En Sudaca, por nuestra formación plural y democrática, siempre estamos abiertos a corregir cualquier error informativo o dato inexacto que publicamos, por lo que recibimos con agrado y tolerancia cualquier pedido de rectificación que se nos haga llegar de manera directa como por los cauces formales.
Sin embargo, lo que lamentamos es que se pretenda utilizar una carta notarial con fines protervos, para curarse en salud frente a eventuales investigaciones y para victimizarse dentro del propio “Equipo Especial” y el Ministerio Público, buscando a toda costa fines distintos a la rectificación de la información.
En realidad, lo que determina a la Fiscal Fanny Quispe Farfán a enviar la carta notarial es evitar que pase con ella lo que ocurrió con el Fiscal Superior Víctor Tullume Pisfil, que fue removido de su cargo como Fiscal Superior encargado del caso “Cuellos Blancos del Puerto” por la Fiscal de la Nación mediante resolución N° 1340-2022-MP-FN del 4 de julio. Para ello la fiscal que ahora pide la rectificación cree que su permanencia está asegurada si la carta notarial que nos ha remitido llega a conocimiento del coordinador del Equipo especial del caso “Cuellos Blancos”, Pablo Sánchez, y de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, y se presenta como una víctima de una campaña mediática de desinformación, señalando que intereses oscuros la quieren fuera del Equipo Especial.
La carta de rectificación que se nos remite no quiere, en realidad, que se enmiende la información que se ha publicado, sino que busca utilizar el envío de la carta para presentarse internamente como víctima y evitar el desenlace que pasó con su amigo y colega Víctor Tullume, que ha regresado a su plaza de origen en Áncash. Lo que nos sorprende y alarma es que lo que pretende la Fiscal Fanny Quispe es instrumentalizar la carta notarial para victimizarse, evitar investigaciones y que no le pase lo mismo que a otros miembros del Ministerio Público que han regresado a sus plazas de origen como los Fiscales Superiores Omar Tello, Frank Almanza, Rosario López Wong y una larga lista de etcétera.
Las pesquisas del Ministerio Público indican que, una vez obtenida las visas, Guerrero y Palacios viajaron juntos a Estados Unidos el 23 de noviembre del 2018. Guerrero Lezama regresó sola al Perú ocho días después; Palacios, en cambio, no volvió. “(…) lo cual evidencia el trámite fraudulento de visa con el propósito de facilitar el ingreso de Palacios Guevara a los Estados Unidos y que permanezca de manera ilegal en el país”, dice el documento de la Fiscalía de Trata de Personas que ve el caso.
El reportaje elaborado por Sudaca tiene sustento en documentos judiciales, y cuenta además con la versión de Guerrero Lezama. Por ese motivo consideramos que no corresponde realizar una rectificación.
Por último, el informe periodístico no adolece de rigor periodístico, como ha señalado el alcalde Molina, ya que se realizó utilizando como fuentes documentos oficiales del Tribunal de Contrataciones del Estado, Sunarp y la propia municipalidad de Miraflores. Además, Sudaca recurrió a dos especialistas y estos coincidieron en que hubo irregularidades.
Por los motivos expresados, consideramos que no corresponde realizar una rectificación por el informe que este medio presentó.
En primer lugar, en este portal no nos hemos sumado a una supuesta campaña promovida por Gianfranco Paredes, exbrazo derecho de Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao. El informe se centraba en el nulo o poco interés de los fiscales del equipo Cuellos Blancos en investigar al remitente de la carta, personaje que hoy ha alcanzado notoriedad por los millonarios contratos que ha ganado en este gobierno.
Si bien inicialmente se le atribuyó al fiscal del caso Cuellos Blancos,Jesús Fernández, la frase “nos va a complicar”, esta fue quitada de inmediato de la publicación. No obstante, la corrección de aquel dato no alteró la esencia del reportaje: que los fiscales no se muestran interesados en investigar al empresario Samir Abudayeh. El informe no se basa únicamente en el audio.
En ningún momento se ha dicho, como señala la carta notarial, que el señor Abudayeh tenga procesos en el Callao, que el señor Sandro Herrera sea su abogado o socio ni que tenga terrenos o empresas en El Agustino. Lo que sí se recogió fue la declaración de Gianfranco Paredes en la que acusa al señor Abudayeh de otra cosa: agasajar a Ríos para que lo ayude en “procesos judiciales a futuro”.
Este testimonio debe ser motivo –precisamente– para que los fiscales del caso Cuellos Blancos inicien una investigación que llegue al fondo del asunto. Por estos hechos, además, el señor Abudayeh ya había sentado posición y dejado claro su descargo en un comunicado publicado meses atrás, el cual citamos en el informe escrupulosamente. Es lo mismo que reitera en esta carta.
Respecto a la veracidad de las comunicaciones entre el remitente y Walter Ríos, una de ellos es dada por válida por la fiscal Magaly Quiroz, en una resolución del 22 de febrero. En el documento la fiscal dice: “[…] Walter Ríos se comunica con Samir Abudayeh [en marzo del 2018] con la finalidad de indicarle que estaban almorzando con Sandro Herrera y que está a disposición y a sus órdenes Y, en respuesta, Samir le dice que ‘para hacer algo la otra semanita, pues’; respondiéndole Walter Ríos: ‘lo que tú me digas’”.
Llama la atención, en ese sentido, que la fiscal Quiroz no abra investigación a Abudayeh o lo cite como testigo, en el documento del 22 de febrero pasado, en el caso sobre la supuesta coima pagada por el empresario Sandro Herrera a Walter Ríos.
En su carta, Anafocat señala que sus agremiados no representan la informalidad ni son insolventes. En Sudaca no dudamos que en el país existan asociaciones que cumplan con todas sus obligaciones. Pero también es una realidad, como puede comprobar cualquier ciudadano, que son varias las que han perdido su licencia de funcionamiento. Van 14, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y casi todas por problemas de solvencia económica o faltas administrativas que van en contra de su propio reglamento. Otras cuatro figuran con resolución de caducidad.
Finalmente, respecto a las versiones incluidas de corredores de seguros citados en el informe, debemos precisar que estas corresponden a las opiniones personales de representantes de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Estas declaraciones fueron buscadas como parte del ejercicio periodístico de tener opiniones informadas de personas que conozcan el sector de seguros vehiculares nacionales.
Luego de la publicación, el pasado 11 de febrero, del reportaje “Presidenta bamba”, el apoderado judicial de la Universidad San Marcos, Abelardo Rojas, envió una carta notarial para reclamar por supuestos “comentarios inexactos”. Sudaca cumple con publicarla en su totalidad, pero antes aclara que no hay contenido «inexacto» ni nada que rectificar. Aquí respondemos a las observaciones.
En primer lugar, en la carta se menciona que “de lo que se ha tratado es solo de la tramitación de una recomposición de miembros del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y nada más, sin que haya existido dolo de ningún tipo”. Lo que Rojas omite es que se intentó realizar esta tramitación ante los Registros Públicos con documentos falsos y sobre una asamblea que carece de testigos.
Increíblemente, Rojas adjunta el acta donde supuestamente se acredita que el 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron 22 rectores; entre ellos, Jerí Ramón. Este documento fue, precisamente, desmentido en la nota con una serie de testimonios. Sudaca consultó con varios rectores que negaron haber asistido a dicha asamblea y pudo revisar los chats grupales donde muestran su total sorpresa, dado que nunca fueron informados de la reunión porque esta nunca existió.
En segundo lugar, sobre la carta de Roberto Supo, exvicepresidente de la ANUPP, el apoderado judicial de la San Marcos menciona que resulta “poco creíble la versión de que él firmó y no sabía lo que firmaba […] lo cual se puede inferir que es falso debido a que estamos hablando de un exrector”. En el informe consignamos la carta de Supo tal cual él la presentó a los otros rectores miembros de la ANUPP. Aquí cuenta cómo Abelardo Rojas lo hizo firmar con engaños los documentos que acreditaban la veracidad de la asamblea inexistente y que la rectora Jerí Ramón lo llamó para convencerlo de que firme. Sudaca se comunicó con Jerí Ramón y el mismo Abelardo Rojas varias veces por llamadas y mensajes, en los cuales se preguntó por el contenido de la carta de Roberto Supo. Nunca obtuvimos respuesta.
Tercero, en ninguna parte del informe se menciona que Jerí Ramón o Abelardo Rojas hayan firmado documento alguno. Así que no hay nada que aclarar al respecto.
El apoderado judicial de la San Marcos también afirma que lo que se produjo fue “un error involuntario entre las fechas consignadas de dichos documentos”. ¿Qué significa eso? ¿Que la reunión sí se llevó a cabo? ¿En qué fecha? El rector de la UNI, que es la universidad donde supuestamente se realizó la asamblea, dijo que no tenía conocimiento de que haya habido actividad alguna. Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Daniel Alcides Carrión que aparece en la lista, desmiente también que haya asistido “ni el 4 de agosto ni otro día”. Los demás asistentes consultados por este medio también negaron haber participado de reunión alguna, independientemente de la fecha.
Cuarto, el apoderado judicial de la San Marcos resalta nuevamente que no se pudo regularizar el trámite de recomposición porque el nombre de Roberto Supo no estaba inscrito en los Registros Públicos. Sudaca explicó este punto en la nota.
Por último, Abelardo Rojas menciona que Roberto Supo firmó una declaración jurada en donde se “certifica y da fe” de la validez de la reunión. Este dato ya fue mencionado en el informe “Presidenta bamba”, no es información nueva. Lo que parece grave -volvemos a recalcarlo- es que se omita el hecho de que la asamblea en realidad no se realizó, a decir de las autoridades que debieron estar presentes y no estuvieron. A pesar de eso, se ingresaron documentos a la Sunarp haciendo creer lo contrario.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay ningún “comentario inexacto” que merezca rectificación alguna.
Luego de la publicación, el pasado 5 de febrero, del artículo “Una dudosa contratación en la UNI”, el empresario Carlos Anchate, gerente general de Seidor Technologies Perú, nos envió la siguiente carta que reproducimos en su totalidad.
Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que manifestar lo siguiente:
Seidor dice que Sudaca sugiere que la empresa ha realizado conductas antiéticas al colocar en la bajada: “Luego de extrañas movidas en el proceso de selección, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha escogido a Seidor para que supervise…”. Habría que precisar al respecto que quien realizó el proceso es la UNI. Y a eso nos referimos a lo largo del informe. En ningún momento afirmamos que Seidor -como empresa concursante- ejecutó alguna de las irregularidades que se señalan, simplemente que fueron los beneficiarios de las mismas.
Por otro lado, también afirman que Sudaca desconoce el proceso en su totalidad, debido a que no nos comunicamos con Seidor para tener precisiones al respecto.
De manera categórica lo rechazamos. Sudaca recibió respuestas -vía correo electrónico- de Francisco Ñato, gerente de la línea eLearning de la empresa. Además de eso, llamamos en más de cinco oportunidades al número de la empresa registrado en el Osce. Y no conformes con ello, hicimos lo mismo con Mayra Díaz, Key Account Manager de Seidor, que nunca atendió nuestras llamadas y mensajes de WhatsApp.
También dicen que es un error indicar que la UNMSM utilizó el sistema Smowl -de Seidor- en su examen de admisión que acabó con denuncias de plagio. Esto porque también utilizaron otras plataformas como Google Meet.
Sin duda, esto es cierto. Pero la afirmación de que en el examen de admisión cuestionado se utilizó el sistema Smowl no deja de ser verdadera. Además, como acotamos en la nota, nos basamos, entre otras cosas, en un comunicado oficial de la universidad donde se hace alusión directa y exclusiva al servicio Smowl. “Se tuvo la participación del representante de la empresa del sistema Smowl, quien explicó las modalidades de detección e identificación de alguna irregularidad que tenga indicios de hechos ilícitos o delitos”, dice el documento.
Es correcto, por lo tanto, que la compañía que nos escribe fue parte de todo este caótico proceso de admisión.
Seidor también señala que no se les solicitó descargo alguno sobre las “quejas” que describen los alumnos citados en el informe (acusaciones de plagio y requisitos del sistema difíciles de lograr). Sobre este punto, hay dos cosas que Sudaca quiere precisar.
Primero, que sí se preguntó al señor Ñato lo siguiente: “¿Consideran que las acusaciones de plagio en ese proceso pudieron ser evitadas con su sistema de seguridad o qué fue lo que falló?”. A lo cual respondió literalmente que su sistema no falló en ningún momento. De ello, se entiende que cualquier acusación es descartada por Seidor. Dicha frase y descargo están consignadas dentro del informe.
Segundo, hay que precisar que la razón de buscar voces de estudiantes sanmarquinos que postularon en el proceso de admisión cuestionado fue, antes que nada, para conocer de primera mano lo que verdaderamente ocurrió en ese examen. Ese fue el caso especialmente de las citas de Esteban Godofredo y Alejandra Vela, quienes tuvieron una pésima experiencia por diferentes motivos. La carta que nos envía Seidor dice que este programa nunca falló. Esa versión está consignada en el texto.
En otra parte de la carta la empresa dice que “si se hubiera conversado con ambas partes” se tendría un panorama más claro de la situación, en referencia a ellos y a la UNI. Nuevamente, rechazamos tal afirmación. La versión d. la UNI también está consignada en la nota.
Más adelante mencionan que les parece tendencioso y negativo decir que el proceso de concurso público y adjudicación simplificada fueron “extraños”. Al respecto tenemos que recalcar que hay cuestiones –sobre todo, el cambio en los valores referenciales entre ambas etapas– que no lograron ser explicadas satisfactoriamente por la propia universidad cuando Sudaca le pidió explicaciones.
Y, otra vez, no hay frase en todo el informe que atribuya responsabilidad directa en las irregularidades a la empresa, solo a la UNI. Una lectura de dicha sección demuestra claramente que lo se hace es describir cómo la universidad llegó a otorgar la buena pro a Seidor para la supervisión de sus exámenes remotos. Se indican tanto las irregularidades, como las subsanaciones que se dieron sobre la marcha.
Para finalizar, quisiéramos señalar que el pasado 8 de febrero la misma UNI ha revelado mediante un comunicado que el proceso de contratación queda suspendido a raíz, precisamente, de las sospechas que ha generado. Además informaron que han alertado a la Contraloría para que investigue al respecto.
