Cae la aprobación de Castillo de 40 a 35% en un mes, y su desaprobación crece de 42 a 48%, según la última encuesta del IEP publicada hoy en La República. Un desastre político por donde se le mire. Es claro efecto de los dislates y contramarchas de un Primer Mandatario, a quien el cargo definitivamente le ha quedado grande.

El país se puede volver prontamente ingobernable si el Ejecutivo, de la mano de Mirtha Vásquez, cuyo gabinete tiene mayor respaldo que el Presidente (43%), no traza un plan de políticas públicas claras y rotundas que compensen el rumbo errático y contraproducente del Presidente.

Ya vemos cómo empiezan a estallar conflictos sociales en distintas zonas del país, por ahora enfocadas contra inversiones mineras, pero ya se anuncian protestas de diversa índole; la economía no tiene cómo crecer más del 2% anual, a partir del 2022 (tasa insuficiente siquiera para absorber la nueva mano de obra que entra al mercado), y se generará mayor desempleo, menor inversión y, por ende, mayor pobreza; la política se va a seguir enrareciendo: por pura sensatez de la oposición congresal lo más probable es que le otorguen la confianza al gabinete Vásquez, pero no hay puentes tendidos por parte del Ejecutivo y las relaciones entre ambos poderes probablemente se sigan deteriorando.

Si a ello le sumamos que pronto viene la tercera ola pandémica, y nos cogerá nuevamente sin la preparación debida, en camas UCI y oxígeno, otra vez se generará en el país la tormenta perfecta de crisis (sanitaria, económica, política y social), que ya hizo que el país patease el tablero electoral y eligiese a un candidato disruptivo antiestablishment y que, ahora, ya con el outsider en el poder, arremeterá con furia por la decepción de un gobierno mediocre a todas luces. Y ya no habrá elecciones para desfogar el malestar ciudadano.

El riesgo de un estallido social, a lo Chile o a lo Colombia, no lo corren solamente los gobiernos de derecha. También lo han sufrido gobiernos de izquierda (Venezuela, Bolivia, Ecuador de Correa en su momento, etc.), y como vamos, nos conducimos a pie firme hacia un escenario proclive a ese estado de cosas. Por pura incompetencia de un gobierno signado por la medianía y la improvisación.

La del estribo: recomendable Dos de Ribeyro (Confusión en la prefectura y El último cliente), dos obras teatrales de nuestro notable cuentista, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones de Javier Valdéz, Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz. Va todo el mes, de viernes a domingo, en el entrañable Teatro de Lucía.

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aprobación, Presidente Castillo, Últimas encuestas

La presidenta del CADE Ejecutivo 2020 explicó en entrevista con Sudaca, cómo la desconfianza, la sobre regulación, y el trabajo poco articulado están dificultando el avance de la educación primaria y secundaria. En esta nueva edición del CADE Ejecutivo – que se realizará del 16 al 18 de noviembre- se espera poner sobre la mesa soluciones a los desafíos impostergables que enfrenta el Perú en su Bicentenario.

¿Cómo ven desde el CADE estos 100 primeros días de gobierno que va teniendo el presidente Pedro Castillo?

Con mucha preocupación, desde mi punto de vista. Tenemos mucha incertidumbre. La verdad es que no sé si no se aprecia una ruta con acciones concretas. Lo segundo es mucho temor. Creo que se ha instalado en todos nosotros mucho miedo, porque la incertidumbre de alguna manera te causa angustia de no saber qué es lo que va a pasar. Ya veníamos de una situación muy difícil que arrastramos desde hace muchos años y a esto le hemos tenido que sumar este año. Estamos realmente en un entorno complejo.

¿Cómo se está tomando esta situación de una posible nacionalización de empresas? De lo que se está hablando mucho es el tema del gas…

El Perú es un país que tiene una economía social de mercado y la tenemos por muchos años. La verdad es que ningún sistema es perfecto, pero esta economía social de mercado nos ha permitido hacer algunos grandes avances como país. Hay que mejorar este modelo de economía pero no destruirlo. Cuando uno habla de estatización, de nacionalizaciones, de cambios totales de constitución, son medidas disruptivas, porque finalmente no estás construyendo sobre lo que tenemos que es perfectible. Las prioridades están clarísimas. ¿Qué queremos los peruanos? Seguir con el plan de la pandemia, es decir, la vacunación. Queremos reactivación económica, generación de empleo. Los niveles de pobreza han aumentado horriblemente, ahora son 10 millones los peruanos empobrecidos. Eso no puede seguir.

¿Cómo cambiar esto?

A través de la generación de empleo, de dar confianza a los mercados, de reactivar la economía. Este es otro punto que los peruanos también quieren mejorar: la educación. En este momento la prioridad es el retorno a las clases, el retorno a las aulas, a la educación presencial, porque dos años de educación fuera del aula nos están costando muchísimo, y nos está pasando una factura generacional.

¿Cuál es la posibilidad de que regresemos a la presencialidad para el siguiente año?

Lo mínimo que podemos hacer es que el primer día de clases en marzo, todos los niños estén de vuelta en el colegio. La pregunta no es si tenemos que regresar a clases, sino cómo hacemos para derribar las trabas. Estoy en la comunidad de líderes IPAE, tengo muchos años en el sector educación, lo conozco bastante bien y créeme, nos estamos poniendo barreras nosotros mismos. No es la pandemia, son las barreras. La desconfianza, la sobre regulación, el trabajo poco articulado. Aquí no se ponen de acuerdo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud. Cada uno habla distinto. Además, la sobre regulación es excesiva y hace que cualquier plan sea inviable. Nos hemos pegado un tiro en el pie. Si queremos realmente retornar a las aulas, tenemos que empezar a destrabar esas barreras.

Se habla mucho del regreso de la educación primaria y secundaria, ¿qué sucede en el caso de la educación superior?

El sector de la educación superior está mucho más preparado para tener modelos híbridos que la educación primaria y secundaria. El sector superior se ha preparado y está respondiendo bastante bien en su gran mayoría a la demanda de una educación semi presencial con modelos híbridos. Estamos hablando de jóvenes mayores mayor edad y que es mucho más sencillo implementar protocolos para poder hacer que esta semi presencialidad ocurra. Pero insisto en que necesitamos eliminar las barreras, estamos poniendo vallas prácticamente infranqueables en la educación y donde más se necesita: la educación inicial, primaria y secundaria.

En materia económica, el ministro Franke habla de una reforma tributaria…

Creo que en el país el tema no está en elevar impuestos, aunque es discutible, no es el problema. El problema está en que no estamos usando bien los impuestos. Entonces, ¿de qué sirve recaudar más impuestos de la de las grandes empresas o de la población que digamos que ya contribuye? Porque hablamos de aumentar impuestos a los que ya pagaron impuestos. Una mejor estrategia sería ampliar la base tributaria y no seguir incrementando impuestos a los mismos, porque en la medida que esos ingresos no están en el sector productivo, no se pueden reinvertir y así no hay crecimiento de economía. Lo peor de todo es que esos impuestos van al Estado que no está haciendo uso de esos impuestos para cerrar las brechas sociales, atender las demandas de la población, educación, salud, infraestructura, cosas básicas como agua, desagüe. En el CADE tenemos el ministro Pedro Francke en una de las sesiones, así que creo que sería interesante escuchar lo que tenga que decir.

¿Cuáles son las novedades que vamos a encontrar este año en el CADE?

Esta vez empieza con el tema de diversas voces, haciendo alusión a esta situación en la que estamos, tan polarizados, tan divididos y estamos en la necesidad de empezar a escucharnos un poco más. Vamos a tener todo un bloque completo con más de 20 panelistas del norte, centro, oriente, sur y de Lima. Hablar sobre aquellos desafíos que tenemos que poner sobre la mesa como impostergables para que sean enfrentados como país. Ya no podemos hacer frente a estos desafíos de manera desarticulada, tenemos que empezar a trabajar como un solo país.

¿Cuáles son estos desafíos impostergables, los tres retos más importantes que el Estado debe afrontar de aquí en adelante?

Yo creo que el primer desafío es remontar la pandemia. Las consecuencias de la pandemia nos ha pegado durísimo. Es terrible ver la tabla de colocaciones en respuesta a la pandemia y saber que estamos en los últimos lugares. El país con más contagiados, con más fallecidos, donde los niños han perdido el mayor número de horas de clase.

El segundo gran desafío es volver a reactivar nuestra economía. Nuestra economía quizás no resuelve todos los problemas, pero ha tenido excelentes resultados y no podemos dejar que se apague por desconfianza, incertidumbre y temor. El tercer desafío es que nos hemos dado cuenta de que nuestros cimientos como país en términos de democracia institucional, son muy frágiles. Estamos sentados sobre unos cimientos que están resquebrajados y tenemos que atacar esos problemas. Tenemos que fortalecer la institucionalidad general e inclusive la empresarial. Dialogar es llegar a consensos y no estar en esta danza de años de quién te vaca primero.

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Cade 2021, Educación, Incertidumbre política, Mariana Rodríguez, Presencialidad

¿Preparando un viaje? Con toda la tranquilidad de una vacuna que se va haciendo universal, menos angustia alrededor de las salidas y encuentros, nos disponemos a apretar las rodillas sobre los flancos de Rocinante. ¡Pero vaya que encontramos molinos del viento en varios puntos del camino! Debe haber un concurso entre nostálgicos de los peores momentos, buscando ganar el premio al trámite más enrevesado. ¡Si cuando el  SRAS-CoV-2 hacía de Pac-Man con nosotros era más sencillo desplazarse!

Y, sí, los especialistas de la salud mental en medio de la carnicería pandémica tuvimos que hacer frente a numerosos casos de ansiedad generalizada, ataques de pánico y cuadros depresivos severos, pero nunca la seguidilla de intentos de suicidio ocurrida cuando las cosas parecen ir mejor. 

Y, espero no ser pájaro de mal agüero, este día de las brujas con jarana criolla, podría dejar a un grupo que no se atreve a sacar la nariz, terriblemente frustrado; y a otro que ha estado —me consta— preparando disfraces, con el hígado bastante maltratado y el rostro desfigurado en alguna bronca monumental. 

¿Qué pasa? Bueno, algo que podríamos calificar de posguerra. Me remito a un relato que escuché muchas veces durante mi adolescencia. 

Inicios de 1945. Habían sacado a los prisioneros de Auschwitz para transferirlos a otros campos. Los soldados alemanes conducían las marchas de la muerte para alejarse del avance aliado. Al atardecer de cada día los encerraban en graneros y en la madrugada los despertaban para continuar. 

Pero ese día no pasó nada. La puerta permaneció cerrada. Y siguió cerrada una, dos, tres horas. Nadie osó abrirla. Los barrotes del cautiverio también habitaban la mente. El ejército rojo los retiró. Mi interlocutora inició el camino de retorno. Lo recorrió como pudo en un mundo que ya no estaba en guerra. 

Fue, según ella, más terrible que el campo de concentración. Una experiencia borrosa en un escenario agitado más que alegre, sin reglas, lleno de personajes que podían pasar de la bondad a la maldad, y de regreso, de manera impredecible. Un interregno pleno de injusticias en nombre de la justicia, venganzas, acaparamientos, delaciones, apropiaciones y expropiaciones. La autoridad estaba escondida mientras los festejos y el desorden encubrían un todo vale cruel. 

Algo como lo que está pasando a estas alturas de la plaga. ¿Por qué ahora que el virus afloja y las calles se abren?

Quizá no sabemos aún qué reglas aplicar. Las que rigieron hasta hace no mucho parecían sencillas, eran dicotómicas, definían mapas con fronteras claras y límites precisos. Aún dentro de la informalidad que caracteriza nuestro país, el espíritu dominante era la protección, el recelo, el evitamiento, la reclusión. Se salía, sí, pero como exploradores a partir de una base de operaciones, para regresar rápido al refugio seguro. 

No es que las condiciones hayan cambiado de manera radical. Nadie en su sano juicio puede declarar que hemos derrotado a la peste. Incluso es posible afirmar que hay indicadores sanitarios que preocupan, como el aumento de las hospitalizaciones. Pero parece que vemos al virus como una suerte de francotirador agazapado que sigue matando porque no se ha enterado del final de las grandes batallas. Hay un estado de ánimo postbélico asumido por una colectividad que se lanza a a vivir sin cortapisas, digan lo que digan ministros, alcaldes y otras autoridades, o las voces sensatas. 

En ese entorno quedan los que no se mueven y siguen encerrados, los que salen a recorrer las calles y visitar las trincheras humeantes, los grupos que se rediseñan y buscan nuevas pertenencias y señales distintivas, así como ritos de iniciación y pasaje que aún no se consolidan. 

Muchos se han quedado sin explicaciones para algunas de sus conductas más estrafalarias en el sentido de la contracción autista o de la expansión transgresora. Nos quedamos frente a tareas pendientes, en todos los momentos del ciclo vital y en todos los papeles y funciones, que se habían trastocado o dejado en pendientes. 

Como dicen los pilotos, ¡a amarrarse los cinturones de seguridad!

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Covid-19, Salud Mental, Vacunación

Los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) están en vilo. La casa de estudios enfrenta un proceso de liquidación y no está asegurada la continuidad de las clases para miles de estudiantes. La misma Sunedu les ha dado la espalda, aunque lo niegan. El pasado 31 de agosto acudieron al Poder Judicial en busca de un salvavidas.

La decisión de liquidar la universidad se tomó debido a cinco años seguidos de pérdidas, según se puede ver en sus estados financieros. A fines de 2019, la Sunedu había sancionado a la UIGV por infracciones muy graves debido al mal uso de excedentes de la universidad por más de S/77 millones y de los activos de la universidad para fines no académicos, además del incumplimiento de la Ley Universitaria. La superintendencia terminó negándole la licencia a esta casa de estudios

En ese momento, el rector era Luis Cervantes Liñán, que ocupó el cargo por más de 15 años y tenía un poder casi absoluto sobre la administración de esta casa de estudios. «Ganaba ocho veces más que el rector del MIT y como 10 veces lo que percibe el rector de Harvard. Se le acusó de al menos seis delitos, como apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir, estafa, lavado de activos, entre otros. En ese entonces, el Estado había dejado de percibir al menos S/47 millones por defraudación tributaria”, dice a Sudaca Daniel Mora, excongresista que investigó la corrupción en la UIGV.

Las millonarias multas hicieron que la gestión de la UIGV sea inviable y se sumaron acreedores que exigían el pago de millonarias deudas. De acuerdo a la última resolución publicada por Indecopi, los principales son la Sunedu con S/10.5 millones (46.8%), Prima AFP (28%), Hewlett Packard (9.8%) y sus trabajadores (7.1%), de un total de más de 400 afectados.

El pasado 28 de junio, finalmente, los acreedores y la empresa Gestión Económica acordaron la liquidación de la universidad, un proceso que debe ejecutarse en el plazo de un año. Esto porque el convenio entre ambas partes reconoce que no se puede interrumpir unilateralmente las clases.

El convenio señala, además, que se establecerán los mecanismos de continuidad de los estudios, ya sea en la misma universidad o en otra que los reciba, por lo que la empresa liquidadora «realizará el costeo del traslado de los estudiantes a las universidades receptoras». Los alumnos, sin embargo, viven un presente bastante gris.

FUTURO INCIERTO

El caos ha hecho que algunos estudiantes preocupados por el futuro se organicen en la Federación Comunidad Garcilasina, presidida por Sonia Negreiros, una estudiante de Estomatología que cursa el 10 ciclo.

Los estudiantes -dice la representante estudiantil- vinieron estudiando con normalidad hasta fines de 2019, luego vino la pandemia y en muchas carreras no se permitió la matrícula a todos los cursos. El inicio del semestre debió empezar en agosto, pero no han podido porque el rectorado, designado por la empresa liquidadora, aún no determina el reinicio de clases. Según Negreiros, en una reunión con la empresa liquidadora se les comunicó que eran cerca de 12.000 alumnos los que podrían perjudicarse con toda esta situación.

En un comunicado del 25 de septiembre, Patricia Concha, gerente general de Gestión Económica, les dijo que estaban atados de manos porque las autoridades salientes «han hecho caso omiso y no han cumplido con entregar el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles de la UIGV, hecho que perjudica directamente la prestación del servicio educativo».

Negreiros asegura, además, que se han cesado decenas de trabajadores de la universidad como parte del proceso de liquidación. “La Ley Universitaria indica que el nombramiento de las autoridades se hace en base [lo dispone el] al Consejo Universitario, pero han destituido a estos y han enviado carta de cese a los docentes ordinarios, que son constituyentes [miembros] de la Asamblea Universitaria”, explica Negreiros a Sudaca.

Cabe precisar que con el nuevo reglamento de la universidad, los órganos de gobierno son la Asamblea General de Asociados, a cargo de la Junta de Acreedores; y la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, ambos a cargo de la liquidadora.

Los estudiantes han tocado la puerta de la Sunedu en varias oportunidades en busca de ayuda. En febrero de 2021, más de 200 estudiantes le indicaron a la superintendencia que no podían obtener el registro de sus títulos, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad. El escollo era Cervantes Liñán, cuya designación no cumplía los requisitos de ley, por lo que no podía registrar más de 2.000 títulos. Con el ingreso de la empresa liquidadora a la administración de la universidad, Cervantes fue destituido a inicios de este mes.

En julio pasado, además, la federación que comanda Negreiros denunció ante la Sunedu que no se habían programado matrículas para el ciclo regular 2021-I a excepción de los de último año debido a que «no había docentes que lo dicten».

Señalaban que la transferencia de alumnos a otras universidades podría perjudicar hasta con dos años académicos no reconocidos. La denuncia también apuntaba que los egresados entre 2019 y 2020 no podían solicitar su diploma de bachiller ya que no había atención administrativa o esta era muy deficiente, pese -aseguran- a haber cumplido con sus pagos.

A fines de octubre, Sunedu les respondió y les dio apenas dos días hábiles para que adjunten una serie de documentos que respaldaran las denuncias, aun -según Negreiros- habiéndolos adjuntado desde el inicio del proceso. Les fue imposible. Hace unos días, la entidad le respondió a los alumnos que «habiendo vencido en exceso el plazo otorgado de fecha límite el 12 de octubre, no se atendió el requerimiento efectuado, por lo que, corresponde disponer el archivo de la denuncia». La respuesta les fue enviada el 26 de octubre, aunque el documento tiene fecha de 19 de octubre. En otras palabras, tiraron al tacho sus demandas.

Desde Sunedu niegan esta versión y señalan que Negreiros presentó una denuncia solicitando 7 puntos, de los cuales se le pidió que se subsane en tres y se reiteró lo mismo mediante una carta. Al no obtener respuesta, se archivó la denuncia, aunque con la posibilidad de volver a presentar evidencia posteriormente.

“La Sunedu podría contratar a profesores y administrativos para reiniciar las clases, pero quieren que los alumnos se cansen. Casi el 70% se han quedado en el aire y apenas un grupito ha podido matricularse”, cuenta Negreiros.

“[La Sunedu] tiene un área de supervisión para ver los títulos, pero luego de varios meses me piden que adjunte todos los actuados en la denuncia, evidencias de pagos que hemos realizado con dos días de plazo de vencimiento. Piensan que soy una abogada para acopiar todo eso”, agrega.

En la Sunedu explican que la responsabilidad recae en la liquidadora. Una fuente de la superintendencia consultada para este informe señala que la responsabilidad de la gestión de la universidad está a cargo de esa empresa, ya que -como acreedora- la entidad no puede ser juez y parte sobre la supervisión de la UIGV.

Los estudiantes también han intentado acercarse al nuevo rector, Julio César Villar Castillo. “Le hemos enviado una carta notarial y una persona cercana a él nos dijo que ya nos iba a contestar. Por ahora ya hay rumores de que están cotizando los locales más costosos que son las facultades de Estomatología, Derecho e Ingeniería”, dice una agobiada Negreiros.

En una reunión realizada el día de ayer entre Sunedu, algunos representantes de la universidad y empresa liquidadora, esta última informó que se está dialogando con universidades para la suscripción de convenios, pero aún sin formalizar ello y sin dar mayores detalles.

Sudaca buscó comunicarse en reiteradas veces con la liquidadora sin éxito. La Sunedu le ha otorgado a la universidad un plazo para que cese sus actividades hasta marzo del 2023. Por ahora, el 18 de octubre, el Poder Judicial admitió una demanda de acción de amparo interpuesta por los estudiantes que buscan el reinicio de todas las actividades académicas. Mientras tanto, viven con el miedo de no saber en qué han invertido sus años de juventud.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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Sabemos de los inmensos retos que tiene el Perú: necesita proveer servicios públicos de calidad, construir infraestructura de transporte, salud y educación, luchar exitosamente contra la corrupción, reducir sustancialmente la pobreza, generar oportunidades económicas para la población, entre otros.

En la constitución actual se consignan los servicios de salud y educación como derechos básicos, sin embargo estos continúan siendo escasos y de mala calidad debido a la incapacidad de gestión del Estado.

Corregir la incapacidad de gestión es una tarea difícil y lenta, que requiere liderazgo, capacidad y experiencia, un equipo de trabajo seleccionado meritocraticamente, planificación,  presupuesto, disciplina, así como estar dispuesto a luchar contra intereses enquistados y autoridades corruptas. 

Sin embargo, algunos políticos en el poder pretenden que la verdadera solución está en modificar la constitución o en nacionalizar el gas.

Sabemos que el Estado es propietario de los recursos que están en el subsuelo y que lo que otorga son concesiones extractivas a privados. ¿Si se plantea nacionalizar el gas porque no se usa esa misma lógica para nacionalizar todos los recursos mineros del país? ¿Por qué no nacionalizamos también todas las minas y usamos esos recursos para beneficio del pueblo? 

Si nacionalizamos estos recursos, ¿Quién los va a administrar? ¿El Estado que sabemos es ineficiente y corrupto? ¿Qué mensaje se da a los privados que invirtieron y asumieron riesgos en largos y complicados proyectos, dentro de una normativa establecida por el Estado para rentabilizar estos recursos? ¿De dónde van a salir los cuantiosos fondos que se necesitan para invertir en exploración y desarrollo minero?

Se habla de nacionalizar el gas pero la frase correcta sería comprar las empresas extractivas de gas, porque no va a ser gratis, el Estado peruano tendría que pagar 8 mil millones de dólares (según algunos estimados), y si no los quiere pagar se lo van a cobrar a través de un arbitraje internacional. 

¿Tendría sentido gastar esa cantidad de dinero en apropiarse de la infraestructura de gas en vez de invertirla en hospitales, colegios, carreteras y aeropuertos? ¿Y esto después de haber gastado 5 mil millones de dólares en una refinería de dudosa utilidad?

Finalmente es solo una distracción que oculta la incapacidad de los gobernantes para abordar los temas de gestión que son el problema principal del país. El Estado tiene fondos, lo que no sabe es administrarlos. 

Hace cinco décadas, en el contexto de una sociedad peruana muy distinta a la actual, muchos políticos de izquierda hablaban de la necesidad de una revolución en el Perú. En ese contexto se dio la reforma agraria y se otorgó el voto a los analfabetos. En el 2021 vivimos una situación muy distinta, en la cuál los peruanos tuvieron la libertad de elegir a un presidente de izquierda, maestro rural, serrano, hijo de familia humilde. Lo hicieron porque quieren cambios que mejoren su calidad de vida, no quieren perder el tiempo en quimeras. Si bien la izquierda puede tener muy buenas intenciones y puede realmente desear ayudar a las mayorías, sus propuestas de solución son pésimas. 

En el Perú de hoy, ser revolucionario es hacer los cambios que necesita el país:

Revolucionario sería tener un sistema meritocrático de contratación y remuneración de funcionarios en ministerios, organismos, municipalidades, gobiernos regionales y demás instituciones del Estado.

Revolucionario sería reorganizar el sistema de descentralización de manera que el rol de los gobiernos regionales sea supervisor mientras que el gobierno central sea ejecutor de los servicios públicos en todo el país. 

Revolucionario sería reorganizar el sistema municipal de manera que los alcaldes no sean elegidos democráticamente sino que sean contratados a través de un concurso público meritocrático entre candidatos profesionales con capacidad y experiencia, que sean remunerados con sueldos equivalentes al del sector privado e incentivos por cumplimiento de metas. En paralelo se podría elegir democráticamente un concejo municipal que supervise la administración del alcalde contratado. 

Revolucionario sería expropiar los terrenos que faltan para terminar obras que tienen más de una década sin concluir (como es el caso de la conexión entre la autopista Ramiro Priale y la carretera central en Lima)

Revolucionario sería ordenar el transporte público de manera que los ómnibus y combis paren solo en los paraderos, que un chofer con papeletas no pueda conducir, que un vehículo con papeletas impagas o que no tenga luces vaya al depósito, que se haga una campaña en todos los medios de respeto a las normas viales.

Revolucionario sería que las regalías mineras sean administradas por el gobierno central y no por municipalidades y gobiernos regionales corruptos, y que se dediquen a obras construidas con el sistema de gobierno a gobierno de manera que estas se ejecuten eficientemente y signifiquen real desarrollo para las regiones mineras.

Revolucionario sería negociar acuerdos con las comunidades de zonas mineras para que nuevos proyectos mineros, respetuosos de las normas ambientales, se activen y generen ingresos que beneficien a estas poblaciones y a todo el país.

Revolucionario sería asegurarse que nuestras pistas sean hechas por contratistas que cumplan las normas de calidad y no se deterioren al poco tiempo de construidas.

Revolucionario sería construir aeropuertos en ciudades intermedias de provincia para facilitar el transporte aéreo.

Revolucionario sería instalar internet en todos los pueblos del país.

Todas estas actividades y muchas otras más serían revolucionarias, pero mucho más fácil es distraer a la población con cuentos populistas.

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Gestión del estado, revolución
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