La frase es de Nano Guerra García, vicepresidente del Congreso y connotado parlamentario de Fuerza Popular. No lo debe discernir, tal vez, pero claramente lo suyo es una delusión publicitaria, marketera, que no se condice en absoluto con la realidad.

En materia de seguridad ciudadana el de Fujimori fue un gobierno tan desastroso como los actuales. No hizo nada para derrotar a la delincuencia y, más bien, hizo de la alta corrupción gubernamental un emblema particular. Y si lo a lo que quiere referirse Guerra García es a la lucha contra la subversión, debería empaparse un poco más de la historia.

Fujimori derrota a Sendero Luminoso no con el Grupo Colina ni los jueces sin rostro. Lo hace porque cambia la estrategia en la sierra, aplica una política que los propios organismos de derechos humanos reclamaban y enfatiza la inteligencia policial, no la represión indiscriminada, como hace el admirado protodictador Nayib Bukele en El Salvador.

Y respecto del tema económico, la cosa tiene claroscuros que es menester subrayar. Es verdad que Fujimori reforma la economía del país al punto de casi revertir las políticas estatistas que hiciera Velasco en los 70s y que ni Belaunde ni García I se atrevieron a remediar.

Durante el primer mandato de Fujimori se sentaron las bases del modelo económico que hasta hoy rinde frutos, al impedir que gobernantes mediocres como Humala, Kuczynski, Castillo y Boluarte (en materia económica) se hayan tumbado por completo la espiral de crecimiento y no nos hayamos conducido al abismo.

Pero a la vez, Fujimori, en su segundo mandato, casi borró lo bueno del primero en materia económica al paralizar las reformas de segunda generación, que un equipo tecnocrático encabezado por el entonces premier Alberto Pandolfi, tenía preparado, y que, esas sí, nos hubieran hecho pegar un salto hacia el desarrollo económico de primer orden (seguramente hoy estaríamos a la par que Chile si ello se hubiera hecho).

Pudo ser un Milei económico en su primera gestión, pero fue casi un kirchnerista en su segundo mandato, dejando, por ejemplo, a salvo, dos monstruos burocráticos, que hasta hoy lastran al Estado peruano, como Petroperú y Sedapal. A Guerra García le haría bien conocer un poco más de la historia de los gobiernos del padre fundador del movimiento que hoy integra.

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Fujimori, Guerra García, Milei., Nayib Bukele, seguridad ciudadana

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú marcó un hito crucial al desvelar la trágica historia que nuestro país vivió entre 1980 y el año 2000. Durante el conflicto armado interno, más de 69,000 vidas se perdieron. A pesar de que han transcurrido dos décadas desde entonces, es preocupante observar que las recomendaciones formuladas por los comisionados aún no han sido implementadas.

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas junto a sus familias, son pocos los casos que han logrado obtener justicia. En lugar de ver avances en la reconciliación y la construcción de la memoria, el informe y el proceso en sí continúan cargados de un injusto estigma promovido por aquellos que, por motivos políticos, buscan que persista la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

Es fundamental destacar que la CVR enfatizó en la condena al terrorismo, señalando a Sendero Luminoso y el MRTA como los principales perpetradores de la violencia y quienes la iniciaron.

Al mismo tiempo, el informe evidencia las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco de la estrategia contraterrorista estatal, las cuales estuvieron motivadas por un profundo racismo. No es casual que la mayoría de las víctimas sean personas quechua hablantes o indígenas amazónicos.

Estos hechos no fueron excesos, sino graves violaciones de derechos que se llevaron a cabo de manera sistemática por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, los cuales fueron motivados por un arraigado odio racial y de clase. Estos actos no fueron aislados, sino que formaron parte de una estrategia institucionalizada y tolerada durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, principalmente.

Masacres, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y otros tratos crueles y humillantes.

Señalar esto no implica negar el horror del terrorismo, ni eximir de responsabilidad o buscar la absolución para aquellos que decidieron enfrentar el descontento por las profundas desigualdades tomando las armas. Visibilizar y condenar el hecho de que la población tuvo que vivir y sufrir entre dos frentes (el terrorismo y la violencia estatal) tiene como objetivo fomentar una reflexión colectiva, para evitar que este escenario dramático se repita.

El Estado tenía la obligación de proteger a la ciudadanía del terrorismo, por supuesto. No hay duda de que el Estado debía tomar medidas para prevenir la propagación de la violencia y el horror. Sin embargo, lo censurable no es eso, sino que en el marco de dicha estrategia se permitiera y promoviera el odio, la violación, el asesinato y la desaparición de personas racializadas. El Estado no podía combatir el horror con más horror.

Una verdadera democracia no se construye negando el pasado ni fomentando el odio. El país necesita retomar los procesos de memoria y reconciliación incompletos para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, donde el «terruqueo» no sea la herramienta para resolver diferencias y el racismo sea erradicado. Esta sigue siendo una tarea pendiente.

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[EMPRENDE] Pensar siempre en el “paradigma globalizador” ha generado, quizás, para los gobiernos latinoamericanos, la necesidad de impulsar el desarrollo del comercio exterior y la modernización de la tecnología, acentuando en muchos casos los desequilibrios y desigualdades sociales y económicas en sus regiones y motivando de esta forma también, sucesos de migración de las regiones pobres hacia los lugares donde se concentra la mayor y mejor inversión. En muchos casos también permite que las culturas tradicionales vayan perdiendo claridad en sus hechos y que el manejo de la biodiversidad se altere en las regiones. Perdiendo además de vista, muchas oportunidades que se dan, al no reconocer actividades que se encuentran institucionalizadas y que tienen un fuerte componente social, siendo poseedoras de interesantes estrategias que, con el apoyo estatal, podrían revertir situaciones a futuro.

Por mencionar una de ellas, sería bueno auscultar un poco en lo que significan las empresas sociales rurales que son entidades muy organizadas con bienes en propiedad común y que manejan actividades que son por excelencia formas colectivas para la producción y que basan su desarrollo generando todo tipo de bienes bajo los principios agroecológicos sustentables y plasman su mirada en el tema de mercado sin obviar lo ecológico. Aún toman decisiones mediante asambleas, existe la autogestión y hay una economía llamada solidaria que no marca distancia de la tradicional historia de nuestros antepasados.

Creo yo, también, que continuar hablando de una economía solidaria, es seguir considerando la imagen de los apoyos mutuos, de las cooperaciones familiares y de las diversas formas de compartir conocimientos teniendo muy presente el sentido propiamente solidario. Esta estrategia lo que puede permitir es lograr que se satisfagan y se optimicen los procesos de desarrollo en los espacios locales, permitiendo en el sector rural un mejor nivel de vida de su población, motivando la participación conjunta para la potencialización de los recursos. Sin embargo, la realidad también nos permite reconocer que muchas empresas sociales rurales cuentan con recursos limitados, pues la mano de obra empírica, las habilidades de experiencia pura y el bajo capital alarga, pero no corta el camino para el cumplimiento de los estándares requeridos para los mercados locales, regionales y/o nacionales.

Es por esta sencilla razón que una de las prioridades, considero, es la necesidad de fortalecer las políticas para el desarrollo de todo el sector rural y poner en la agenda política la búsqueda de soluciones sostenibles integrales que trabajen procesos y no momentos de asistencia que no llevan a cubrir seriamente la necesidad y la posibilidad de cambio real. De esta forma, no sería iluso pensar en la posibilidad de emprendimientos comunales sostenibles, de la posibilidad de trabajos decentes en el campo, o de frenar las migraciones internas actuales de nuestra población, por una apuesta de cambio y de identidad fortalecida por las nuevas oportunidades que se generarían, en fin, son muchos también los problemas ya conocidos que se enfrenta en el sector rural, como la informalidad, la debilidad de algunas instituciones que no cubren expectativas siendo ineficaces en todo sentido, los sistemas de producción poco desarrollados; las infraestructuras inadecuadas y por supuesto lo más importante los accesos limitados a una buena y verdadera educación, a la inclusión financiera real y asistida y también a la  necesaria asistencia sanitaria. Superar estos temas, harían más eficiente y seríamos más eficaces en un contexto moderno integrado.

También cabe recordar que las economías llamadas rurales no solo son agricultura, como es bien sabido, éstas se caracterizan por tener una gran diversidad de actividades económicas, el turismo, el procesamiento y venta de productos de la tierra, en algunos casos la minería y diversos servicios que salen de la sociedad rural misma, para ello es muy importante contar con intervenciones intersectoriales, y que estén muy adaptadas al contexto rural propiamente. Superar la débil coordinación entre las instancias gubernamentales es fundamental para garantizar que las intervenciones obtengan los resultados esperados. Es papel fundamental del Estado brindar asistencia continua y considerar el acompañamiento constante a todas las apuestas empresariales que pueden surgir o que están plasmadas en la realidad rural, existen los programas sociales, existe la infraestructura, existen los expertos, lo que si falta es la planificación con base a un conocimiento probado de campo que supere los errores que los gabinetes y subjetividades cometen al plantear soluciones de apoyo sostenido, pero no eficaces.

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No tiene sentido que un país laico como el Perú tenga la cantidad de feriados religiosos que mantiene: semana santa, día de San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima (hoy), Todos los Santos, Inmaculada y Navidad.

El Perú es mayoritariamente católico, pero practicante de a de veras no debe pasar del 30% de la población. Por esa minoría, el país laboral y productivo pierde siete días al año en crecimiento de la economía, que hoy tanto urge (vamos a crecer alrededor del 1% al año hasta el 2026, según acaba de declarar el solvente economista Luis Carranza).

Dice textualmente Apoyo Consultoría: “En los últimos tres años, el Congreso ha aprobado cuatro nuevos feriados nacionales. Hemos pasado de 12 a 16 feriados para el sector público y privado al año. Si, además, consideramos otros períodos de descanso como las vacaciones, los días no laborales en el Perú suman 46 días al año, es decir, casi 20% del total de días potencialmente laborales del año”.

“Antes de la inclusión de estos nuevos feriados, el Perú ya era uno de los países con más días no laborables, con lo cual sobrepasamos a cualquier otro país de la región. Evidentemente, las vacaciones son un beneficio necesario para que los trabajadores descansen y por eso son un derecho laboral. Asimismo, todos los países celebran días especiales ya sea por religión, cultura o alguna festividad. Sin embargo, el Perú hoy se consolida como el segundo país con más días no laborables a nivel mundial, solo superado por Irán (53 días)”.

Los días religiosos que los celebren los católicos en su íntimo guardar y que eventualmente solo se mantenga vigente Navidad, que es ya una fiesta universal. Más bien, habría que agregar feriados laicos significativos, como el 12 de setiembre para recordar la captura de Abimael Guzmán y la victoria contra Sendero Luminoso.

Ya somos un país con un periodo de vacaciones laborales (un mes) extendido. La mayoría de países tiene a lo sumo quince días, como para encima sumarle los feriados. A ello hay que agregarle los de naturaleza solo estatal que con graciosa displicencia los gobiernos conceden a cada rato. Necesitamos urgentemente recuperar productividad y eso requiere ajustarse los cinturones y, además, se trataría de un justo recordaris de que no somos un país teocrático sino uno que se pretende laico y moderno.

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Aunque el mundo del fútbol hoy parece un ambiente donde lo único que importa para lograr el éxito es quién maneja un mayor presupuesto y las cifras multimillonarias que manejan los gigantes de Europa y sus nuevos competidores de los países árabes contribuyen a ese pensamiento, todavía se mantienen vigentes ciertos factores que convierten al fútbol en ese deporte tan popular en el cual la mística de algunos equipos logra imponerse ante planteles imponentes.

Entre estos factores, muchos de los cuales se desarrollan fuera del terreno de juego, se encuentra la importancia de jugar en un estadio propio acompañados por un entorno que no sólo se limita a los hinchas que asisten sino que también incluyen al barrio o distrito en el que juegan y que, en varias oportunidades, se ha visto cómo el disputar un encuentro en lo que se puede considerar la casa de cada equipo representa un empuje especial para el equipo que es local y, de manera mucho más especial, cuando el equipo atraviesa un presente complicado.

RECUPERAR LA CASA

El 2023 es, sin lugar a dudas, uno de los años más complicados del histórico Sport Boys del Callao. Luego de un 2022 en que el cuadro chalaco había disputado la Copa Sudamericana, tras veintiún años sin participar en torneos internacionales, el elenco rosado no había jugado su primer partido de la temporada presente de la Liga 1 y ya se encontraba envuelto en un sinnúmero de problemas.

Apenas era diciembre y, mientras la mayoría de clubes de primera división se encontraban anunciando la llegada de nuevos jugadores y empezaban con los trabajos de pretemporada,  los hinchas del equipo del Callao no sólo veían que los pocos refuerzos que habían conseguido pedían quedar en libertad tras la incertidumbre que atravesaba el club y hasta se encontraban en riesgo de quedarse sin director técnico sino que incluso estaba en duda si Sport Boys recibiría la licencia para poder participar de la primera división.

Sin embargo, La Misilera logró sortear el sinnúmero de dificultades y arrancó la temporada 2023 de la Liga 1. Aunque, como era de esperarse, el clima de incertidumbre les pasó factura y la falta de un plantel amplio fue notoria. Por ello el club del Callao no tardó en posicionarse entre los últimos lugares de la tabla y la posibilidad de descender era una amenaza que fecha tras fecha se agrandaba.

Ante un panorama tan complejo desde lo deportivo, para el histórico club chalaco era necesario contar con el apoyo de su público y convertir al Estadio Miguel Grau en su fortaleza ante una temporada que tenía tantos factores en contra. Sin embargo, en su hora más crítica, el Sport Boys se encontró impedido de refugiarse en su gente debido a las malas condiciones que se encontraba dicho recinto deportivo. “El campo quedó amarillo completamente y las tribunas con fierro oxidado y también los camerinos”, relata a Sudaca Christian Peña, quien está al frente del portal Hinchada Rosada y sigue el día a día del club del Callao.

Pero, ante la urgencia de encontrar una fortaleza para un club que había recibido tantos golpes al inicio de la temporada, la administración del Sport Boys optó por realizar la inversión que fuese necesaria para volver a disputar sus encuentros en el Callao. “El monto invertido fue de aproximadamente cien mil soles para tener el Miguel Grau como préstamo”, cuenta Peña y agrega que el Gobierno Regional del Callao no aportó para la remodelación del recinto deportivo.

“Las obras se remontan al mes de junio cuando hubo un acuerdo entre la administración pasada y el Gobierno Regional”, cuenta Peña a Sudaca y señala que con este acuerdo el club podría usar el estadio dos veces a la semana para entrenar y una vez para disputar los encuentros correspondientes a la Liga 1.

FUERA DE LUGAR

Sin embargo, semanas atrás, cuando la cancha había alcanzado su estado óptimo y todo parecía indicar que Sport Boys volvería a su casa, un anunció tomó por sorpresa tanto a hinchas como jugadores. El Gobierno Regional del Callao anunciaba la realización del Festival Internacional de Salsa que se desarrollaría en la cancha recién remodelada del Miguel Grau.

Como era de esperarse, este concierto convocó a un importante número de asistentes y la presencia de estos encima del césped del renovado Miguel Grau dejó graves consecuencias en el estado de un césped que tanto esfuerzo e inversión le había costado al club chalaco y que ahora, por disposición de un gobierno regional que no había colaborado en el trabajo de recuperación, volvía a dejar la cancha en un estado grave.


“Nos causó sorpresa que la cancha no haya sido cubierta con una geomembrana”, comenta preocupado Christian Peña con respecto a la falta de prevención por parte de los organizadores del concierto. Además, Peña agrega que, en la previa del evento, las autoridades alegaron que no se producirían daño a la cancha y “le indicaron al club es que no iba a haber ningún problema y que lo iban a pisar como si estuvieran jugando”.

Ver la cancha seriamente perjudicada tras el concierto no sólo despertó la indignación de los hinchas sino de los propios jugadores, como es el caso del futbolista Jesús Barco quien apuntó contra el gobernador regional Ciro Castillo y señaló “a ver si nos dejamos de payasadas, de intereses políticos, de usar la institución para llenarse los bolsillos o más gente en su campaña”. Además, el volante, al igual que el club, exigió que el Gobierno Regional del Callao se encargue de reparar el daño a una cancha que había sido entregada en buenas condiciones, un reclamo al que se sumaron las autoridades del club.

Este último domingo, Sport Boys logró un triunfo fundamental ante Deportivo Municipal y logró alejarse por tres puntos de la zona de descenso. Sin embargo, su próximo encuentro será ante Sporting Cristal, el líder del torneo clausura, un partido clave que debía disputarse en el Miguel Grau y que ahora está en manos del Gobierno Regional si este partido de suma importancia podrá jugarse en Callao.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han dejado una marca indeleble en nuestra historia reciente y en la percepción pública nacional e internacional. Ciudadanos de diversas regiones, incluyendo Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco, entre otras, protestaron contra su gobierno y su permanencia en el mismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para escuchar las voces de la ciudadanía, o de los «nadies», como le gustaba decir cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta bajo Pedro Castillo, se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables.

La respuesta de su gobierno fue desproporcionada y mortal. Las fuerzas del orden, en un acto que desafía la noción misma de justicia y respeto por los derechos humanos, abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de 49 vidas perdidas: 49 personas ejecutadas por proyectiles de armas de fuego. Las impactantes imágenes y las historias desgarradoras de familias destrozadas por las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no dejan de conmovernos.

Lo que agrava aún más la situación es el cinismo con el que Boluarte se expresó de los manifestantes. “Hay un grupo menor ligado a actos ilegales, en este caso, la minería ilegal y el narcotráfico (…) Hay gente ligada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”. Sin embargo, estas afirmaciones carecían por completo de pruebas sustanciales y parecían más una estrategia para desviar la atención de la brutalidad cometida por las fuerzas del orden bajo su mando. La incredulidad ante sus declaraciones se acentuó cuando intentó explicar algunas de las muertes como resultado de una supuesta “avalancha de cinco mil personas” o que “la mayoría de ellos [los fallecidos] es por impacto de un arma artesanal denominado dum dum”, una explicación que insulta la inteligencia y la sensibilidad de quienes buscamos la verdad y la justicia.

La presidenta Boluarte ha demostrado ser cínica, mentirosa e indigna de su cargo. Su falta de empatía hacia las vidas perdidas y su negación de la responsabilidad en estas muertes atroces son un ejemplo claro de su cinismo. Sus mentiras para justificar lo injustificable demuestran su total desprecio por la verdad y la confianza de los ciudadanos. Su indignidad se refleja en su incapacidad para reconocer los errores y asumir la responsabilidad, en lugar de esto, busca evadir las consecuencias de sus acciones.

En tiempos de crisis, el liderazgo político se somete a prueba y las acciones hablan más que las palabras. La presidencia de Boluarte ha quedado marcada por una represión desmedida y cruel, por afirmaciones infundadas y por la falta de moralidad en su respuesta a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Nuestro país merece líderes capaces de empatía, honestidad y responsabilidad; no merece una presidenta cínica, mentirosa e indigna.

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[LA TANA ZURDA] Rafael Hidalgo, el poeta, y Santiago Morales, el arqueólogo, lograron gestionar el Complejo Arqueológico Mateo Salado (de la cultura Ychma, con más de 800 años de antigüedad) como espacio de sus operaciones. Hidalgo, poeta de la generación del 90 y miembro del colectivo Estación 32, y Morales, ex jefe de restauración de Mateo Salado y actual restaurador en el Complejo Arqueológico Chavín de Huántar, convocaron a otros poetas y artistas y empezaron con un gran festival de poesía en el año 2013, que se ha venido repitiendo y creciendo cada año desde entonces.

LHEP ha realizado además numerosas actividades aparte de esos diez memorables festivales, que han incluido a decenas y decenas de poetas peruanos e internacionales. LHEP también ha logrado integrar artes plásticas, música y ferias del libro en sus eventos de la explanada de la huaca Mateo Salado, con el permiso del equipo arqueológico del complejo, dependiente del Ministerio de Cultura del Perú. Asimismo, sus miembros han realizado innumerables recitales virtuales (vía Zoom durante la pandemia y después, de los que constan las grabaciones en su página de Facebook), festivales presenciales, y co-organizado eventos internacionales, incluyendo su participación directa en el congreso «Trilce y las vanguardias latinoamericanas» por los cien años del revolucionario libro de César Vallejo, en Casa de las Américas, Cuba, el pasado 10 de noviembre del 2021.

Hidalgo y Morales invitaron poco a poco a otros poetas y conformaron lo que hoy, con un toque de socarronería, llaman su «Comité Central». Esos poetas son Valeria Chauvel Moscoso, Brenda Vallejo Mezarina, Francesca Federico, Sandra Luna, Yazmín Cuadros, Lesley Costello, Santiago Morales Erroch, Rafael Hidalgo Osorio, José Antonio Mazzotti y Raúl Bueno Chávez. Ellos provienen de distintos lugares y generaciones, por lo que puedo asegurar que no intentan constituirse como un movimiento generacional ni estilístico, sino que aceptan su diversidad y gracias a ella se enriquecen mutuamente como escritores y personas.

Desde las más jóvenes poetas Valeria Chauvel Moscoso y Brenda Vallejo Mezarina hasta los ya consagrados José Antonio Mazzotti y Raúl Bueno (estos dos de las generaciones del 80 y el 68, respectivamente), los poetas de LHEP se unen por el común amor a la palabra y a la posibilidad de construir un mundo mejor a través de la vivencia poética. Y lo hacen sin ningún tipo de apoyo estatal ni privado.

Como Asociación Cultural también se preocupan de organizar actividades de carácter académico que sirvan al gran público para compenetrarse con la reflexión y la crítica sobre poesía. Por ejemplo, solo el 2020, en plena pandemia, organizaron las conferencias “¿Qué pasa en la poesía peruana del 80 para acá?”, por José Antonio Mazzotti; “Doce años de poesía y violencia (19- 80 a 1992)”, por Paolo de Lima, Luis Fernando Chueca y Alfredo Márquez; «Voces del interior (poesía femenina)», por Ethel Barja, Mónica Carrillo y Ana Varela; «La poesía de los Contemporáneos de México», por el renombrado escritor Pedro Ángel Palou; «Chicas en tiempos suspendidos: poesía actual argentina», por la consagrada poeta porteña Tamara Kamenszain (lamentablemente fallecida el 2021); «Wallmapu resiste: de genocidios, despojos y sueños en la poesía del país mapuche», por el crítico chileno Luis Cárcamo Huechante; «Voces finiseculares peruanas», por los poetas Florentino Díaz y Enrique Bernales (del grupo Inmanencia) y Paolo de Lima (del grupo Neón); «Panorama de la poesía quechua en el Perú», por Julio Noriega Bernuy; «El transbarroco peruano», por Rubén Quiroz Ávila; «Fayad Jamís y la poesía cubana», por el reconocido poeta Víctor Rodríguez Núñez; y la presentación de mi antología Volteando el siglo. 25 poetas peruanos, editada el 2020 por Casa de las Américas (Cuba) y la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Perú/EEUU).

Y no quiero seguir con las actividades del 2021, el 2022 y el 2023, porque la lista sería muy larga. Qué mejor manera de celebrar estos diez primeros años de LHEP que con un libro donde se pueda apreciar la calidad de la escritura de todos sus miembros nucleares. Sin embargo, es increíble que, a estas alturas, siendo el proyecto de La Huaca es Poesía una dependencia del Ministerio de Cultura, al menos formalmente, no reciba ni un centavo de apoyo y todas las actividades tengan que hacerse de puro corazón.

Por lo tanto sería bueno que se empiece a dirigir un poco del presupuesto nacional en centros históricos culturales donde se trata de visibilizar no solamente lo antiguo sino lo que se está produciendo contemporáneamente.

La antología, que me cupo el placer de editar, se presenta virtualmente este viernes 1° de setiembre a las 8 pm por el Facebook Live de La Huaca es Poesía. Conéctese y conozca algunas de las nuevas y viejas voces más interesantes de la poesía peruana.

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Lo que no dijo y debió decir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como bien ha hecho énfasis Jaime de Althaus, es que el triunfo del Estado peruano sobre Sendero Luminoso se debió, en gran medida, al cambio de la estrategia antisubversiva desplegada, sobre todo, por Alberto Fujimori.

Se modificaron las relaciones con las comunidades campesinas, volviéndolas aliadas contra SL y no en sospechosas de terrorismo y, por ende, arrasadas, como sucedió en la década de los 80, pero además se otorgó más recursos a las labores de inteligencia policial. En ese sentido, la CVR, si bien pone justo énfasis en el Grupo Colina, una barbaridad por donde se le mire, no dice mucho del GEIN.

Alguna vez le pregunté a Salomón Lerner por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori y no en Belaunde y García, a pesar de que las mayores barbaridades contra los derechos humanos se cometieron en los 80. Su respuesta fue que Fujimori era un dictador y que como tal tenía cadena de mando perfecta sobre todas las ocurrencias ilegales de su gobierno. Viéndolo con serena objetividad, esa respuesta fue un despropósito que tiene que ver mucho con la naturaleza de su encargo: Toledo creó la Comisión de la Verdad porque pensó hallar pruebas contundentes del proceder asesino de Fujimori y al final descubrió que fue durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García, que eso mayormente sucedió.

Eso tiene que expresarlo la narrativa del LUM -la heredad viva de la CVR-, y despejar el sesgo antifujimorista que allí predomina. Solo así podrá irse logrando paulatinamente el proceso de reconciliación, que también es un mandato de la CVR y su sucedáneo museístico.

El Estado peruano derrotó al terrorismo. Es una victoria histórica que merece mayor reconocimiento. Nos hemos cansado de proponer que se declare feriado nacional el 12 de setiembre, día de la captura de Abimael Guzmán, sin que se derramase una gota de sangre. Fue el triunfo de la inteligencia republicana sobre la demencia maoísta, que dio pie a la caída del grupo terrorista que estuvo cerca de capturar el poder y perpetrar desde allí un baño de sangre sin par en nuestra historia.

¿Por qué no se hace? Porque ocurrió durante el gobierno de Fujimori. Una muestra más de que la ausencia de reconciliación viene mayoritaria y paradójicamente, por parte de quienes la propalan a los cuatro vientos, como parte de su narrativa institucional.

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[EN EL PUNTO DE MIRA] Efectivamente, Sol Carreño trató de justificar prácticas políticas poco saludables para nuestra vida democrática. Evi­denció un desconocimiento profundo sobre lo que implica militar en un partido político, el cual engloba disciplina par­tidaria y disidencia.

Obvio que no se le pide mi­litancia política para poder comprenderlo a cabalidad, pero sí un mínimo de rigor sobre lo que representan los partidos políticos para la joven democracia de nuestro país. Porque si no sabemos la real dimensión que representan, seguiremos teniendo –como viene sucediendo desde los años noventa- piratas de la política o políticos ambiciosos, que están más allá de nuestro precario sistema de partidos.

Desde analistas políticos hasta constitucionalistas sostie­nen que debe ser permisiva la norma para la supervivencia política de personas, más que de instituciones. ¿Paradóji­co no? Estos académicos que con tanto esmero en un aula universitaria instruyen a fu­turos sociólogos, politólogos y abogados que todo poder del Estado debe tener un con­trapeso político (o una nor­ma que sancione el transfu­guismo), pues en la práctica no hacen más que desdecirse lo que enseñan.

Los partidos políticos pue­den –actualmente– tener in­numerables errores, pero no se ha encontrado otra fórmula política que pueda reempla­zarlos. No la hay. Por lo tanto, en vez de seguir apostando por el cambio de camiseta política, debería pensarse en las res­tricciones (o sanciones) para fortalecer nuestros precarios partidos, sobre los políticos ambiciosos.

En suma, tratemos de bus­car una agenda mínima en la que se sancione el transfu­guismo y se regule la vida partidaria postelecciones. Una regulación tipo presupuesto por resultados en la que el Jurado Nacional de Elecciones (junto a la ONPE y el Reniec) otorgue incentivos y castigos al des­empeño partidario postelecciones. Actualmente, es muy débil este tipo de regulación.

Como reza el viejo dicho: quien tiene oídos que oiga, quien tiene ojos que vea.

 

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Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Partidos políticos, RENIEC, Sol Carreño, transfuguismo
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