Sociedad Nacional de Industria

Desde mediados del siglo XVIII, las fuerzas productivas empezaron a avanzar a pasos agigantados, probablemente como no había sucedido nunca en la larga historia de la humanidad. Toda la inventiva acumulada durante centurias se volcó en la implementación de políticas de crecimiento industrial o que propiciaron la inversión privada, el crecimiento económico y la generación intensiva de empleo de mayor y mejor calidad. Lamentablemente, en el Perú nos fuimos quedando estancados en el tiempo.

Además de reconocer ese estancamiento, también tenemos que reconocer que si bien las políticas económicas impulsadas desde los inicios de los años noventa dieron resultados positivos, el modelo poco a poco fue agotándose. Como dicen sus críticos, el modelo dio todo lo que tenía y todo lo que podía dar. Ahora nos toca avanzar y no retroceder hacia las políticas fallidas de los años setenta y ochenta, la era conocida como la de la sustitución de importaciones, probablemente la etapa fallida en la historia industrial del Perú.

Como dicen los especialistas, no se trata de volver a una etapa signada por un Estado interventor y acaparador, sino de mirar lo que están haciendo bien otros países del mundo, articulando lo mejor de los roles del mercado y del Estado.

“Por su parte, el Reino Unido nunca dejó de implementar el uso selectivo de políticas de promoción industrial. Lo vimos durante la pandemia para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19, y lo seguimos viendo ahora con su programa de energía renovable ScotWind, una serie de subsidios y ventajas tributarias para el desarrollo de la industria eólica en Escocia” (Carlos Anderson en Gestión, 2023).

Sin ir muy lejos, sigamos el ejemplo de nuestra industria agropecuaria, la cual tuvo un gran impulso en el 2000 gracias a la ley de incentivos para la agricultura. Antes de esta, el Perú exportaba entre 180 y 390 millones de dólares. ¿Cuánto exporta hoy? El año pasado ha cerrado con casi 8500 millones de dólares. Hemos crecido al 15% en los últimos 20 años. Y hoy somos el primer exportador de arándanos de mundo. Ello fue posible fue gracias a una ley especial que impulsó este sector.

Miremos la otra cara de la moneda. Sectores en los cuales sabemos que tenemos un potencial enorme, y que sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados desde las Mesas Ejecutivas de coordinación público privada, no han tenido los mismos resultados.

Por ejemplo ¿qué pasa con nuestra industria maderera? El Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosque maderables. Comparativamente, Uruguay solo tiene 2 millones de bosques maderables. ¿Cuánto exporta Uruguay? Más de 1000 millones. Y el Perú con sus 72 millones de hectáreas, 118 millones y en caída.

¿Y qué sucede con el atún? El Perú cobra un impuesto para ingresar el atún, mientras que Ecuador lo tiene liberado. Entonces, obviamente, la industria se va para Ecuador y esos atunes regresan después al Perú; atún peruano, pero enlatado en Ecuador.

Lo mismo sucede con la industria textil. Las exportaciones de Centroamérica crecen cada vez más. ¿Por qué? Entre otras razones, porque han liberado el impuesto a la renta y las industrias se están yendo hacia allá.

Ejemplos abundan, lo cierto es que impulsar selectivamente ciertas industrias funciona, pero con condicionalidades. De acuerdo con Rodrik y Mazzucato (2023), las condicionalidades son poderosas herramientas que los gobiernos pueden usar para contribuir a dar forma a las inversiones y generar nuevos mercados junto al sector privado. Con condiciones, las políticas industriales pueden llevarnos a la transformación del aparato productivo.

¿En qué consisten estas condicionalidades? Es el marco de responsabilidades o compromisos que media la interacción entre la entidad pública (el gobierno) y una entidad del sector privado (la empresa), y sobre el cual el gobierno provee un beneficio a la empresa (incentivos tributarios, subsidios, etc.) a cambio de que la empresa emprenda cambios de comportamiento para alcanzar ciertos objetivos públicos. (Rodrik y Mazzucato, 2023)

En ese sentido, los países vienen implementando diversos incentivos para promover el desarrollo de la industria, como:

o Reinversión de utilidades (Ecuador, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y España).
o Régimen especial de depreciación (Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania).
o Fomento de las inversiones en Zonas altoandinas (Colombia y Bolivia).
o Electromovilidad (Noruega, Suecia y Países Bajos, Chile, entre otros).
o Compras públicas (Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Bolivia, entre otros).
o TIC y SOFTWARE (Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay).
o Forestal (Chile, Uruguay y Brasil).
o Pesquero (Ecuador y Chile).

Si el Perú decide quedarse estancando en el modelo económico iniciado en los 90 que ya dio sus frutos, si no hacemos nada más, no será posible impulsar la inversión privada al ritmo que necesitamos, ni por lo tanto, generar el empleo necesario que necesitan los peruanos. A este paso, recuperar la tasa de pobreza prepandemia nos tomará más de 20 años.

El Perú tiene que decidir crecer y lo tiene que hacer en función al impulso de nuevos sectores productivos, como lo están haciendo otros países.

Seamos conscientes de que somos uno de los países con la mayor diversidad del mundo. Por lo tanto, es posible definir sectores donde hay un potencial evidente. Nuevamente, el mejor ejemplo es el que ya tuvimos con la agroexportación.

La nueva ley de Industrias apunta en esa dirección. Su objetivo es que el Perú pase de ser un país exportador principalmente de materias primas, a uno que exporta valor agregado.

El Perú requiere de una base productiva diversificada y de políticas sectoriales activas que nos permitan ir hacia nuevos patrones de desarrollo. El estancamiento productivo del país es resultado directo de la no existencia de políticas integradas a un proceso de diversificación productiva con mirada estratégica.

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Desde junio de 1896, cuando el presidente Nicolás de Piérola inauguró junto con empresarios manufactureros de todo el país la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), este organismo gremial no ha dejado un día sin proponer mejoras a la ley que la rige, y, en este último año, a cambiarla por una que refleje la movilidad del comercio mundial, las políticas nacionales para cuidar a sus propias industrias, y, sobre todo, ponerles el acento a las ramas industriales con ventajas competitivas. En el caso peruano, no es lo mismo apoyar incentivos a la agroindustria, a la industria textil o a la industria metalúrgica que soñar con reemplazar importaciones con producciones repletas de esteroides para hacerles ganar músculo a costa de cientos de millones de dólares de pérdidas, como la falsa creación de una industria automotriz durante el velascato.

¿De qué estamos hablando?

Como sabemos, la SNI viene promoviendo un proyecto de Ley General de Industrias, en el cual se han contemplado incentivos tributarios. Estos incentivos son los siguientes:

Mecanismo de Reinversión de Utilidades, el cual permitiría a las empresas manufactureras deducir el 20% de las utilidades anuales (netas de depreciación) de las empresas del sector manufactura podrán ser utilizadas como escudo fiscal en el siguiente año, siempre y cuando se destinen a la compra de maquinaria o a la construcción de nueva infraestructura.

Mecanismo para la formalización del empleo, las empresas manufactureras podrán obtener un reembolso de las contribuciones a la seguridad social y salud vinculadas a la creación de nuevos empleos formales. Este reembolso se efectuará durante la declaración anual del Impuesto a la Renta del año siguiente (mismo procedimiento utilizado para la reinversión de utilidades). La transformación de empleos informales en formales se reconocerá como creación de nuevos empleos.

Mecanismo de Fomento a la Innovación, las empresas manufactureras pueden ofrecer subsidios de parte del Estado para invertirlos en I+D y en la adopción de nuevas tecnologías. Estos subsidios pueden tomar la forma de créditos fiscales, subvenciones directas o apoyos a la colaboración entre empresas y centros de investigación. Se propone que el subsidio alcance hasta el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual para los proyectos de innovación llevados a cabo por las empresas del sector manufacturero que cumplan con los requisitos de presencia de proyectos de innovación para sus productos o procesos. El valor del subsidio se asume que incrementará la formación bruta de capital.

La Propuesta de Nueva Ley de Industria y la presentación de incentivos específicos reflejan un esfuerzo por abordar la decreciente participación del sector manufactura en el PBI y el aumento de las importaciones, un fenómeno exacerbado por la “enfermedad holandesa” y el desplazamiento de la producción a países con mejores condiciones. Este contexto revela la importancia de implementar medidas efectivas para paliar la crisis del sector. Es en ese sentido que se proponen tres incentivos específicos que a continuación se analizan y fundamentan. 

Para abordar la revitalización del sector manufactura peruano se considera la producción como una función de tres factores clave: capital, trabajo y productividad total de factores (PTF). Este enfoque destaca la importancia de cada uno de estos elementos en la contribución al crecimiento del PBI del sector. La Propuesta de Nueva Ley de Industria, que contempla incentivos específicos para el sector, se fundamenta en este marco teórico, reconociendo que, para un crecimiento sostenible y significativo, es crucial impactar positivamente en cada uno de estos factores. 

Sociedad Nacional de Industrias

RECOMENDACIONES: Para implementar exitosamente los incentivos evaluados, será clave considerar los siguientes aspectos: 

1. Coordinación Integral: Es vital asegurar una implementación coordinada de los incentivos para maximizar su efectividad. Deben establecerse mecanismos que permitan una sinergia entre los diferentes incentivos, evitando superposiciones o conflictos. 

2. Monitoreo y Evaluación Constantes: Implementar sistemas de monitoreo y evaluación para medir el impacto de cada incentivo. Esto permitirá realizar ajustes y mejoras basados en evidencia para garantizar que se alcancen los objetivos deseados. 

3. Fomento de la Innovación y la Capacitación: Invertir en programas de capacitación y desarrollo para asegurar que la fuerza laboral pueda adaptarse y beneficiarse de las nuevas tecnologías y procesos innovadores introducidos en el sector. 

4. Balance Fiscal y Sostenibilidad: Mantener un equilibrio entre los beneficios otorgados y la sostenibilidad fiscal. Es importante considerar el impacto a largo plazo de los incentivos en las finanzas públicas. 

5. Colaboración Público-Privada: Fomentar la colaboración entre el sector público y el privado, así como con instituciones académicas y de investigación, para maximizar los beneficios de los incentivos y promover un ambiente de innovación y desarrollo continuo. 

6. Transparencia y Comunicación Efectiva: Mantener un alto nivel de transparencia en la implementación y gestión de los incentivos. Además, es crucial una comunicación efectiva con todas las partes interesadas para garantizar una comprensión clara de los objetivos y beneficios de los incentivos.

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