[NOTA] La autorización para la instalación de una planta de fabricación de explosivos vinculada a la multinacional Maxam en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, genera gran preocupación en organizaciones de la sociedad civil, comunidades y representantes políticos, considerando los riesgos que implicaría este tipo de infraestructura en una zona agrícola con acelerado crecimiento urbano, y cada vez más cerca de urbanizaciones con viviendas ya consolidadas.

El proyecto habría sido aprobado en 2022 a favor de Industrias Químicas Hatun SAC. Posteriormente, y sin que exista una explicación razonable en los expedientes a los cuales SUDACA tuvo acceso, la razón social cambió a Maxam Perú Sur, filial de la gigante española Maxam, firma especializada en explosivos industriales para minería, y con lo cual el proyecto adquirió otras dimensiones y riesgos no previstos por las autoridades.

Resolución Directoral N.° 440-2022-PRODUCE/DGAAMI

¿Cómo llegó Maxam a La Joya? Al parecer, Julio Antonio Valverde Ponte, propietario de Industrias Químicas Hatun SAC, vende el proyecto con autorizaciones avanzadas a Maxam, empresa con presencia en el Perú desde el 2021, y cuya filial en Bolivia protagonizó una grave explosión hace dos años que dejó dos muertos y muchas dudas respecto a los riesgos de seguridad vinculados al manejo de explosivos. En nuestro país, Maxam opera una planta en Cocachacra (Arequipa), que fabrica sistemas de iniciación, ANFO y explosivos encartuchados.

Uno de los aspectos más cuestionables es que la nueva planta de Maxam habría sido autorizada en terrenos que venían siendo ofrecidos por la empresa Tarpuy Proyectos Agrosostenibles para destinarlos en actividades agrícolas y proyectos inmobiliarios, en un sector muy próximo al centro poblado San Isidro.

Actualmente, como puede apreciarse en sus propias publicidades, se ofertan hectáreas para cultivos como pitahaya y para viviendas de campo. A ello se suma el rápido crecimiento poblacional de La Joya, marcado por invasiones escasamente controladas por la Municipalidad Distrital y su alcalde Cristhian Cuadros Treviño, lo que configura un grave riesgo, pues es un hecho que en un muy corto plazo tendremos pobladores viviendo y agricultores sembrando al lado de estas canchas llenas de explosivos.

Permisos y autorizaciones. ¡Algo no cuadra!

El Ministerio de la Producción aprobó en septiembre del 2022 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Fabricación de Emulsión y Dinamita”, a favor de Industrias Químicas Hatun SAC, mediante la Resolución Directoral N.° 440-2022-PRODUCE/DGAAMI, consistente en “construir y operar una planta del rubro industrial manufacturero, dedicada a la fabricación de emulsión matriz y dinamita.

Lo más curioso es que se hizo sin que los vecinos de La Joya estén debidamente informados sobre los riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de explosivos cerca de viviendas y zonas habitacionales. Tomamos conocimiento que, desde la asociación de la sociedad civil La Vía, se solicitó al Ministerio de la Producción, a través de los mecanismos de acceso a la información pública, el expediente completo mediante el cual se aprobó la DIA, así como información sobre otras gestiones en curso respecto a la citada planta, pero hasta la publicación del presente informe no obtuvieron respuesta, pese a encontrarse fuera de plazo.

Un dato paradójico es que el citado documento lleva la firma de Luis Guillén Vidal, exdirector de Evaluación Ambiental de Produce, área que depende del Viceministerio de Mype e Industria, y que por ese entonces era manejada por Luis Mesones Odar, ex esposo de la empresaria trujillana Sada Goray Chong, el cual venía siendo investigado por presuntos actos de corrupción en el caso conocido como “Fondo MiVivienda”, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.

A Luis Mesones se le acusa de haber conformado el directorio del Fondo MiVivienda, cuando se suscribieron, a cambio de jugosos sobornos, los contratos de fideicomiso entre dicho fondo y las empresas subsidiarias de Marka Group, propiedad de Goray y de la que Mesones también formó parte.

Siguiendo con esta trama de autorizaciones para la planta de explosivos en La Joya, según información a la que también tuvo acceso SUDACA, en marzo de 2025, el dueño de Industrias Químicas Hatun SAC decidió continuar con las gestiones y solicitar ante la Municipalidad Distrital de La Joya dos Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para Establecimientos Clasificados con Nivel de Riesgo Muy Alto.

Municipalidad Distrital de La Joya

Estos fueron entregados con resolución favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de dicho municipio, en abril de 2025, con una vigencia de dos años para la actividad “Almacén de Explosivos y Materiales Relacionados (EMR)”, en el Pasaje Intersección San Isidro – Panamericana Sur Km 5, distrito de La Joya, para un área total de 241 metros cuadrados.

No obstante, en septiembre de 2025, la Municipalidad Distrital de La Joya, a través de la gerencia de Administración Tributaria, otorgó una Licencia de Funcionamiento indeterminada para servicio de almacenaje por 10 horas diarias para un área comercial muchísimo mayor: 2300 metros cuadrados.

Esta licencia especifica de manera categórica que el titular del establecimiento está obligado a respetar el giro de la actividad autorizada, quedando prohibido el uso de mayor área, ampliación o modificación.

¿Cómo se explica entonces que el objetivo del proyecto que ejecutará finalmente Maxam Perú sea fabricar emulsión matriz y dinamita de tipo industrial y la Municipalidad Distrital de La Joya solo haya aprobado almacenamiento?

¿No es acaso un grave “desconocimiento” que podría poner en riesgo a la población del distrito? SUDACA reconstruyó la línea de mando de funcionarios públicos del gobierno central y municipal involucrados en esta “torpeza administrativa”, que bien ameritaría la intervención inmediata de las procuradurías gubernamentales y la Contraloría. ¿Por qué estos funcionarios aceleraron estos trámites sin percatarse de las inconsistencias que presentaba el expediente de solicitud de información?

El Ministerio de la Producción sería el encargado de emitir la licencia de construcción para que finalmente este proyecto vea la luz según estuvo proyectado, pero hasta el momento permanece en silencio respecto a este caso. No obstante, según información a la que hemos tenido acceso, se estaría avanzando con la construcción de la planta de explosivos de Maxam en La Joya sin que exista claridad sobre los permisos obtenidos.

Línea de mando de funcionarios públicos que tuvieron a su cargo las autorizaciones para que esta nueva planta de explosivos opere lo más pronto posible. ¿Por qué no se dieron cuenta de las inconsistencias en el expediente? ¿No supieron distinguir “almacenamiento” de “fabricación” de explosivos?

Vecinos ignoran futura operación de Planta de Explosivos

Un equipo de SUDACA visitó la zona. La instalación de esta planta generó una rápida actuación de la sociedad civil, dirigentes locales y el diputado electo por el Partido del Buen Gobierno por Arequipa, Edgar Gonzales Polar, quienes solicitaron hace unas semanas respuestas inmediatas a la Municipalidad Distrital de La Joya.

El último 15 de mayo lograron reunirse en la sede del municipio con los funcionarios que emitieron las autorizaciones, quienes confirmaron que solo se han otorgado permisos para almacenamiento y mostraron desconocimiento sobre la real proyección de Maxam respecto al proyecto.

 “El desarrollo económico jamás puede estar por encima de la tranquilidad, la seguridad y el derecho de la población a ser informada. Nos preocupa profundamente que un proyecto vinculado a la instalación y operación de una planta de explosivos avance en una zona que viene experimentando un importante crecimiento urbano y agrícola, sin que exista un proceso amplio, transparente y verdaderamente participativo con la población», enfatizó el diputado electo Edgar Gonzales.

De acuerdo a la información recogida, no existió un verdadero proceso de socialización con la población de La Joya respecto a las dimensiones y riesgos del proyecto de Planta de Fabricación de Emulsión y Dinamita de Maxam.

Aunque, de acuerdo con la DIA aprobada, se habilitó un portal virtual para participación ciudadana, la realidad es que los vecinos nunca fueron informados de manera adecuada sobre los alcances del mismo.

Gonzales incidió en que los vecinos tienen derecho a conocer qué se construye cerca de sus hogares, cuáles son los riesgos y cuáles serán las medidas reales de seguridad.

Por su parte, Indyra Oropeza, representante de la asociación de la sociedad civil La Vía, advirtió que ningún proyecto vinculado al uso de explosivos puede avanzar sin procesos de participación ciudadana transparentes, técnicos y realmente vinculantes. En ese sentido, La Vía busca asegurar que la ciudadanía de La Joya tenga voz en un proceso que no puede reducirse únicamente a criterios económicos.

“El desarrollo no puede construirse de espaldas a la gente. La población tiene derecho a entender los impactos sociales y de seguridad antes de que se tomen decisiones que afectarán su territorio y su calidad de vida. La Municipalidad de La Joya ha asumido el compromiso de realizar una visita de campo al proyecto y efectuar un registro fotográfico para garantizar mayor transparencia del proceso. Hasta la fecha, esa diligencia continúa pendiente”, enfatizó Oropeza.

En un rápido sondeo en la zona pudimos constatar que la población desconoce la instalación de esta nueva planta de explosivos de Maxam Perú, lo que evidencia que cumplir solo un requisito administrativo no garantiza participación ciudadana real.  

Permisos mínimos, riesgos máximos

Un dato relevante es que las capacidades inicialmente autorizadas para la Planta son limitadas para una operación industrial de gran escala, lo que hace prever futuras ampliaciones de producción y almacenamiento.

Esto podría incrementar significativamente los riesgos de accidentes, incendios o explosiones en una zona donde el crecimiento urbano continúa avanzando hacia el área del proyecto.

La Resolución N° 453-2021-SUCAMEC establece las distancias mínimas entre almacenes o plantas de explosivos y viviendas, aunque estas no son fijas, sino que deben calcularse técnicamente según la cantidad y tipo de explosivos almacenados. La norma utiliza fórmulas de seguridad que consideran el volumen de material explosivo y el nivel de protección requerido para la población cercana.

En líneas generales, a mayor cantidad de explosivos, mayor debe ser la distancia respecto a centros poblados. Estas instalaciones deben estar ubicadas suficientemente lejos de zonas urbanas, para lo cual se deberían considerar factores como expansión poblacional y tránsito público.

Corresponde a SUCAMEC otorgar las autorizaciones para la fabricación, almacenamiento, manipulación y comercialización de explosivos, por lo que se espera que la entidad se mantenga alerta respecto a la situación real del proyecto.

Se conoce también que en el distrito de La Joya se vienen registrando invasiones cada vez más frecuentes, detrás de las cuales existirían bandas organizadas que ejercen violencia para evitar ser desalojados.

El último 13 de mayo, un operativo policial en el sector de San José terminó con una balacera, ocho detenidos y la desarticulación de la banda criminal “Los Malditos Pistoleros del Cenizal”, vinculada a invasiones y tráfico de terrenos.

Graves antecedentes en Bolivia

Los peligros vinculados al manejo de explosivos se mantienen latentes. En junio de 2024, una explosión registrada en la planta de Maxam-Fanexa en Cochabamba (Bolivia) dejó dos trabajadores fallecidos y varios heridos, generando fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones y sobre la capacidad de supervisión estatal frente a esta actividad.

Maxam-Fanexa opera como una sociedad anónima mixta conformada entre la multinacional española Maxam y la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), corporación estatal dependiente de las Fuerzas Armadas de Bolivia, creada para administrar industrias estratégicas vinculadas a defensa y explosivos.

La explosión ocurrió en el área de secado de pentrita, un explosivo de alta potencia utilizado en actividades mineras. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Benigno Crespo, de 34 años, y Santiago Guzmán Escobar, de 40 años, este último con casi dos décadas de experiencia dentro de la empresa. Tras el accidente, familiares de las víctimas y trabajadores exigieron mayores controles de seguridad y responsabilidades a la compañía.

Los traslados del material explosivo también deben ser considerados. En 2022, un camión que transportaba explosivos para la empresa Maxam explotó en la carretera Tarkwa-Bogoso, en la región occidental de Ghana. El vehículo chocó con una motocicleta, se incendió y detonó, causando 13 muertos, más de 200 heridos y arrasando casi por completo la localidad de Apiate. A raíz de este hecho Maxam tuvo que pagar una millonaria multa al Gobierno de Ghana.

El riesgo del mercado negro de explosivos

Este caso adquiere una dimensión aún más sensible debido a las constantes alertas regionales sobre el desvío de explosivos hacia circuitos asociados a la minería ilegal e informal. Existe el riesgo de que parte de la producción de explosivos fabricados y almacenados en La Joya termine alimentando el circuito ilegal.

En Perú y Bolivia, nombres de empresas del rubro explosivo han aparecido reiteradamente en incautaciones relacionadas con minería ilegal e informal, evidenciando las enormes dificultades que existen para controlar el destino final de estos materiales altamente peligrosos.

Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa de Bolivia decomisó 1.300 kilogramos de nitrato de amonio (ANFO) de una marca peruana. Además, fueron incautados 520 kilogramos de dinamita de la marca Maxam Fanexa. El antecedente resulta especialmente delicado considerando que el Perú enfrenta un crecimiento sostenido de la minería ilegal y del tráfico clandestino de explosivos.

En medio de este contexto, crecen las dudas sobre si realmente existen las condiciones para que opere la planta de explosivos de Maxam en La Joya.

Los antecedentes que hemos descrito bien nos hacen pensar que vale la pena revisar con mayor interés de las autoridades el impacto que podría tener en la seguridad de cientos de familias que habitan esta zona agrícola con crecimiento exponencial y proliferación de invasiones.

DOCUMENTOS ANEXOS

Resolución Directoral N.º 00440-2022-PRODUCE/DGAAMI
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/3560834-440- 2022-produce-dgaami

PERMISOS MUNICIPALIDAD LA JOYA
https://drive.google.com/file/d/10raDhI9lfxJbR4yFzmsof_BvQogE-tY4/view?usp=drive_link

RUC 20608386301 – MAXAM PERU SUR S.A.C.
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias

https://www.facebook.com/reel/3164518880535283

https://www.facebook.com/photo/?fbid=126980267057835&set=a.126980260 391169

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122093636252728070&set=a.122093 629790728070

Ubicación Proyecto Hatum (Maxam Perú Sur)
Resolución N.° 453-2021-SUCAMEC
https://www.gob.pe/institucion/sucamec/normas-legales/1931280-453- 2021-sucamec

https://unitel.bo/noticias/seguridad/dos-muertos-y-varios-heridos-por- explosion-en-una-fabrica-de-municiones-en-cochabamba-JL12193820

https://www.vision360.bo/noticias/2024/06/05/5701-explosion-en-una- fabrica-de-municiones-causa-dos-muertos-en-cochabamba

https://es.euronews.com/2022/02/08/ghana-explosion

https://oyerepafmonline.com/appiatse-explosion-govt-not-bothered-about-pressure-to-elevate-ban-on-maxam-lands-and-natural-resources-ministry/

[NOTA] En la III Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, la profesora Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, anunció ante los representantes de todas las bases del país la reducción de la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) para los docentes que accedan a préstamos a través de su unidad DM Créditos.

Con la reducción anunciada, un docente que antes pagaba una TCEA cercana al 23%, a partir de ahora contará con una tasa aproximada al 15%. Esta disminución es producto de un análisis técnico y responsable con el fin de garantizar la rentabilidad del fondo previsional y controlar el nivel de riesgo del portafolio de créditos, manteniendo niveles de morosidad adecuados.

La nueva TCEA de DM Créditos, que hoy cuenta con una cartera saneada (3.5% de morosidad), favorece a los maestros que anteriormente pagaban aproximadamente un 6% promedio destinado al Fondo Solidario y entre un 1.5% (para docentes nombrados) y un 2.5% (para contratados) en gastos administrativos. Con la nueva TCEA, el porcentaje promedio ponderado que se cobra por fondo solidario es de 0.5% y se han reducido los gastos administrativos a solo S/ 7 mensuales.

“Esta es una medida que favorece principalmente a los docentes con buen historial de pago”, señaló Morán al momento de rendir cuentas ante la Asamblea como representante del SUTEP en el Directorio de Derrama Magisterial.

“Asimismo, permitirá la compra de deuda de cualquier entidad financiera, para que nuestros afiliados puedan dejar créditos más caros en otras instituciones”, expresó.

Cabe mencionar que DM Créditos ya no cobrará estos conceptos a quienes prepaguen sus préstamos.

Del mismo modo, la presidenta de Derrama Magisterial anunció la implementación de DM Salud, una red de clínicas destinada a ofrecer una atención de calidad, rápida, humana y económica para los maestros, con un enfoque en prevención y seguimiento.

Esta operación, que cuenta demandará una inversión inicial, cuyo retorno se producirá en cinco años, comenzará a operar este año con un local de treinta consultorios en Lima Norte y, posteriormente, otro en el sur de la capital. Seguidamente, se implementará un centro de salud integral para continuar con su expansión a las regiones.

DM Salud ofrecerá servicios de consulta, laboratorio, exámenes y farmacia. Además, mediante una tarifa diferenciada, se subvencionarán las atenciones a los docentes gracias al servicio al público en general. De este modo, la atención para los afiliados a Derrama Magisterial, sus familiares directos y los docentes cesantes tendrá un costo promedio de S/ 50 (consulta, laboratorio y medicina).

Derrama Magisterial es una exitosa entidad de previsión y bienestar social administrada por maestros y cuenta con un patrimonio superior a los S/ 3,000 millones. La actual administración ha adoptado mecanismos para garantizar su sostenibilidad y asegurar la rentabilidad para sus afiliados. Es un modelo de economía solidaria referente a nivel nacional e internacional, como quedó demostrado en los Premios a las Buenas Prácticas organizados recientemente por la Asociación Internacional de la Seguridad Social en São Paulo (Brasil).

[NOTA] El reciente colapso de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé no es solo un accidente de tránsito; es el síntoma de una gestión metropolitana que construye puentes monumentales pero ignora la realidad industrial del siglo XXI.

Parece una ironía del destino. En el último año, Lima ha visto la culminación de obras críticas que dormían el sueño de los justos: un puente de 600 metros que conecta la antigua Prialé con la nueva zona hacia Chaclacayo, y la habilitación de los puentes Santa Clara, Morón y Ñaña. Sin embargo, hace apenas unos días, la vía quedó paralizada por más de diez horas. ¿Cómo es posible que con más infraestructura tengamos el mismo caos? La respuesta es tan simple como escasa en la administración pública: sentido común.

El tramo de Huachipa ha dejado de ser la zona campestre de los años 80 para convertirse en el epicentro industrial más grande del país. Gigantes como la Refinería de Cajamarquilla, Gloria, Brahma o Shalom operan allí, movilizando miles de unidades de carga pesada diariamente. Pero la infraestructura no ha evolucionado con la economía.

EL DIAGNÓSTICO: Obligar a un tráiler de 30 toneladas a dar una vuelta en «U» en una vía de alta velocidad para ingresar a avenidas principales como Los Tucanes o Los Laureles es, técnicamente, un suicidio logístico.

Hoy, la Prialé en este sector no funciona como una vía rápida, sino como una arteria de tráfico industrial pesado. La falta de accesos directos y de carriles de desaceleración técnicos convierte cada intento de ingreso en una ruleta rusa.

La solución no requiere de presupuestos astronómicos, sino de ingeniería de gestión. Se necesitan inversiones quirúrgicas: accesos directos a las avenidas principales con semaforización inteligente y sincronizada, y una fiscalización electrónica rigurosa que controle a los «correlones», emulando el orden de la Av. Gambetta en el Callao.

Finalmente, el proyecto debe ser ambicioso en su capacidad. Mantener solo dos carriles por sentido es condenar al Cono Este al embotellamiento perpetuo. La urgencia de un tercer carril es matemática, no estética. El alcalde que logre entender que la logística urbana se resuelve con fluidez y no solo con metros cúbicos de cemento, será quien realmente pase a la historia.

• Solicitan a la PCM y Contraloría investigar al presidente del Indecopi por presuntas irregularidades en caso del alambrón
• Plantean falta grave del presidente del Indecopi en proceso clave del sector metalmecánico
• El pedido se sustenta en una serie de hechos que, comprometerían los deberes de neutralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función pública, particularmente en procedimiento antidumping sobre las importaciones de alambrón de acero provenientes de China.

Lima, 8 de abril de 2026.- La empresa Productos de Acero Cassado S.A. (PRODAC) solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el inicio de una investigación sobre la conducta del presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, a fin de determinar si ha incurrido en una falta grave que amerite su remoción del cargo.

El pedido se sustenta en una serie de hechos que, según la empresa, comprometerían los deberes de neutralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función pública, particularmente en el marco del procedimiento antidumping sobre las importaciones de alambrón de acero provenientes de China, actualmente en trámite ante la Comisión de Dumping del Indecopi.

De acuerdo con el documento presentado ante la PCM y Contraloría, PRODAC advierte una “secuencia de contactos, reuniones y espacios institucionales” en los que habrían participado actores vinculados a una de las partes del proceso. A juicio de la empresa, esta reiteración de interacciones genera una apariencia razonable de cercanía indebida y pone en riesgo la confianza pública en la independencia con la que debe conducirse la máxima autoridad de la entidad.

Entre los hechos señalados destaca una reunión sostenida el 29 de abril de 2024 entre el titular del Indecopi y el fundador de un estudio de abogados que posteriormente asumiría la defensa de la empresa solicitante de las medidas antidumping. Según PRODAC, la falta de claridad sobre el contenido, alcance y finalidad de dicho encuentro —calificado como “protocolar” por la entidad, pese a registros oficiales que lo consignan como reunión de trabajo— impide descartar su relevancia institucional y amerita un esclarecimiento documentado.

Asimismo, la empresa cuestiona una reunión realizada el 16 de septiembre de 2025 entre el presidente del Indecopi y representantes de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), en la que habría participado un abogado vinculado a la parte solicitante, en plena tramitación del procedimiento. PRODAC sostiene que no existe evidencia pública suficiente sobre el registro detallado de dicha reunión, incluyendo su contenido, agenda, participantes completos y condiciones de realización, lo que podría contravenir las normas sobre transparencia y gestión de intereses en la administración pública.

Un tercer aspecto observado es la organización de una mesa redonda institucional en marzo de 2026, denominada “Claves Jurisprudenciales de Competencia”, en la que participó el mismo abogado vinculado al proceso en curso. La empresa señala que, pese a haber advertido previamente sobre los riesgos que este tipo de espacios podría generar en términos de imparcialidad, el evento se llevó a cabo sin que se adoptaran medidas correctivas visibles, lo que —según indica— refuerza la percepción de falta de distancia institucional.

PRODAC enfatiza que el problema no radica únicamente en la eventual existencia de una influencia directa sobre una decisión administrativa, sino en la generación de una apariencia de cercanía o trato privilegiado incompatible con los estándares exigidos a la función pública. En ese sentido, subraya que la sola afectación de la confianza pública en la imparcialidad del Indecopi constituye un elemento suficiente para justificar una investigación.

La empresa también advierte que el caso del alambrón tiene un impacto económico significativo, al involucrar una cadena productiva que abarca sectores como la construcción, agroindustria, manufactura e infraestructura, y que sostiene miles de empleos a nivel nacional. Según indica, la eventual imposición de derechos antidumping podría encarecer una materia prima clave y afectar la competitividad del sector metalmecánico.

En su solicitud, PRODAC pide a la PCM requerir información detallada sobre las reuniones mencionadas, incluyendo su contenido específico, los mecanismos de coordinación, los criterios institucionales aplicados y la identidad de todos los participantes, así como verificar si se han respetado los estándares legales y éticos aplicables.

Finalmente, la empresa sostiene que los hechos expuestos no deben analizarse de manera aislada, sino como un conjunto de actuaciones que, en su conjunto, podrían configurar un incumplimiento grave de los deberes funcionales del cargo. Por ello, solicita que se disponga una investigación exhaustiva, objetiva y documentada, a fin de determinar eventuales responsabilidades y garantizar la integridad institucional en un caso de alta relevancia económica y regulatoria para el país.

[NOTA] Algunos deciden entrar donde más se necesita liderazgo.

David Novoa, empresario líder en el sector salud, ha dado un paso que marca un punto de inflexión: postula al Senado Nacional con el número 2 decidido a convertir la salud pública —y la defensa de las personas que viven con VIH— en una prioridad de Estado.

Su candidatura no nace de la política tradicional. Nace del terreno.

De la experiencia directa con pacientes, sistemas colapsados y brechas que afectan, sobre todo, a las minorías más vulnerables.

Salud pública como causa, no como discurso

Novoa ha construido su trayectoria defendiendo el acceso oportuno al diagnóstico, la continuidad del tratamiento y la protección de derechos de las personas que viven con VIH. Para él, el VIH no es una estadística: es una deuda pendiente del Estado.

Su propuesta es clara:

• Garantizar presupuesto sostenido para prevención y tratamiento.
• Blindar las políticas contra el VIH frente a cambios políticos coyunturales.
• Fortalecer infraestructura, equipamiento y talento humano en regiones.
• Descentralizar la gestión sanitaria para que las decisiones no se tomen solo desde Lima.

La salud, sostiene, no puede depender del calendario electoral.

Una agenda sanitaria con impacto nacional

La candidatura de Novoa se da en el marco de la alianza Fuerza y Libertad —integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú— que participa en las Elecciones Generales 2026 con Fiorella Molinelli como candidata presidencial.

Si bien la alianza plantea una propuesta de centro pragmático enfocada en seguridad, educación e infraestructura, la presencia de Novoa introduce un eje sectorial contundente: la salud como política estructural de la República.

No como promesa.

Como sistema.

La defensa del VIH como compromiso de Estado

El empresario propone consolidar legislación que garantice acceso universal a medicamentos, prevención integral y protección contra la discriminación.

Plantea que el Senado debe asumir un rol activo de fiscalización para que los programas de VIH no dependan de la voluntad de turno, sino de compromisos institucionales de largo plazo.

Su enfoque es triple:

• Sanitario.
• Social.
• Presupuestal.

Porque la lucha contra el VIH no es solo médica.

Es también una cuestión de dignidad.

2026: salud como eje del debate nacional

Fuerza y Libertad fue la primera alianza habilitada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones para competir en 2026. En ese escenario, la postulación de David Novoa busca posicionar algo concreto: que la salud pública deje de ser secundaria en el debate político.

Su ingreso al Senado apunta a una representación con enfoque técnico, mirada regional y especialización real en el sector.

No es un político improvisado hablando de salud.

Es un empresario de la salud entrando a la política para defenderla.

Y en un país donde la brecha sanitaria aún es profunda, esa diferencia importa.

[NOTA]  Festival Perú Lee Más va hasta el 8 de diciembre 

Para ello, contó con la colaboración estrecha de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que a través de su alcalde, Sr. Carlos Canales saludó esta actividad con mucho entusiasmo, durante el evento inaugural, realizado el jueves 4 de diciembre en el recinto ferial instalado en el Pasaje Porta, una de las principales arterias de la zona comercial de este distrito.

“Nosotros estamos maravillados -comentó Canales- por todo el aporte que Derrama Magisterial hace a la cultura del país con las librerías Crisol, un icono de la lectura en el Perú. Nos es muy grato compartir con esta institución de maestras y maestros esta oportunidad para acercar a la comunidad a más de 22,000 títulos. Asimismo, saludo cordialmente a la presidenta Olga Morán por todo el esfuerzo que viene haciendo Derrama Magisterial por transmitir información, por transmitir conocimiento y por desarrollar la cultura del país. Felices sesenta años, Derrama Magisterial”.

Por su parte, la Prof. Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, expresó un “profundo agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado el alcalde de la Municipalidad de Miraflores para abrir este espacio donde vamos a ofrecer los libros a muy buenos precios y que nos permite seguir traajando en pro de la educación y la cultura”.

El 1er. Festival Perú Lee Más cuenta con stands de la Librería Crisol así como de los grupos editoriales Penguin Random House y Planeta. Además, los niños y niñas pueden disfrutar de lecturas, juegos y otras actividades en el stand de Leo A Bordo, la biblioteca itinerante de Derrama Magisterial y Crisol que lleva cultura y sano entretenimiento a los colegios.

El profesor Fidel Quispe Aedo, presidente del Directorio de Crisol, manifestó que maestras y maestros de todo el Perú están muy emocionados por tener acceso a todas estas estrategias que sirven para apoyar su trabajo docente. Fue durante el conversatorio El compromiso con la promoción de la lectura de Derrama Magisterial y Crisol, realizado tras la inauguración de Perú Lee Más. El secretario general del SUTE Lima, profesor Gilmer Meza, comentó que “estas actividades refuerzan la presencia del magisterio en el fomento de una actividad tan importante para la educación como es la lectura”.

El 1er. Festival Perú Lee Más de Derrama Magisterial y Crisol se desarrollará hasta el lunes 8 de diciembre en el Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy de Miraflores.