[PIE DERECHO] La situación de entrampamiento que ha generado la crisis de la Fiscalía de la Nación, al descubrirse el trasiego de votos parlamentarios a cambio de impunidad para un grueso número de congresistas, la decisión de Patricia Benavides de no renunciar, la imposibilidad de la Junta Nacional de Justicia de removerla, la implicación del Ejecutivo en el “juego de tronos” puesto de manifiesto detrás de las broncas internas del Ministerio Público, solo se va a resolver con una salida política, más allá de lo legal.
El tejido institucional del país está colapsado, el descrédito ciudadano de prácticamente todas las instituciones vigentes es enorme, la democracia se ha convertido en una quimera formal, la crisis política destruye la confianza empresarial para invertir, no hay salida a la crisis económica mientras ello perdure, el país se desangra con una pésima gestión ejecutiva del gobierno, en suma, una coalición de factores que lo único que permiten avizorar es que la situación va camino a empeorar.
Y el riesgo mayor es que esa pendiente de deterioro nos conduzca a unas próximas elecciones generales en las que el ciudadano vote con el hígado, repitiendo la debacle del 2021, en las que un candidato funesto, como Pedro Castillo, terminó de presidente, con los resultados consabidos. Al paso que vamos, si se mantiene el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026, el escenario va a ser peor.
Hoy más que nunca recobra sentido resetear el escenario. Y eso pasa por adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales. Ello no resuelve la crisis institucional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo ni de la Junta Nacional de Justicia, pero abre un escenario bajo el cual, todos esos problemas pueden ser afrontados por una clase política nueva y no con la deleznable que hoy nos rige.
Lo más expeditivo sería que la presidenta Boluarte, consciente de sus limitaciones, renuncie y precipite un adelanto de elecciones, pero queda claro que ella está muy lejos de evaluar siquiera esa salida. Bueno, pues, que el Congreso, ampayado en triquiñuelas ilícitas, tome consciencia de la magnitud de la crisis y proceda a la vacancia presidencial por el tema de los muertos en las protestas, que más allá de la torpe maniobra de la fiscal Benavides, sí es un asunto que golpea la línea de flotación del régimen.
Y que sea un nuevo Congreso el que limpie la cancha y reconstruya la institucionalidad dañada del país. No se avizora otra salida a la crisis institucional del Perú. Podría irnos peor, sin duda, es un riesgo, pero al menos sabemos, a ciencia cierta, que si seguimos como estamos, vamos camino al abismo.
