[EN LA ARENA] Qué controversial que el viceministro de interculturalidad, Juan Reátegui Silva, difundiera en las redes sociales su reunión con el grupo La Resistencia. Una violenta organización dedicada a atacar autoridades públicas defensoras de derechos humanos. Si un viceministerio publica una reunión de trabajo con una agrupación que tanto daño causa justo una semana antes de la Toma de Lima, ¿cómo no se va a interpretar como un acto amenazante de parte del actual gobierno? Controversial porque el viceministro es un reconocido funcionario de origen awajún con una vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y ha salido a justificar lo acaecido señalando que se había realizado en el marco de un programa contra el racismo.
Todos los medios le han recordado al viceministro las acciones violentas de La Resistencia, cargadas de odio y difamación. Queda la pregunta de cómo no puede haber sido consciente de ello un funcionario de tan alto rango que sabe que la próxima semana llegarán representantes y activistas de las regiones de otros pueblos originarios. No puede justificar que se trata de admitir a quienes piensan diferente, porque es una agrupación que ha cometido delitos. El reclamo va hacia la falta de un filtro en todas las instituciones estatales que impida que se realicen encuentros con personas y organizaciones dedicadas a dañar a nuestra población.
Una semana antes de la Toma de Lima, todavía quedan rastros del miedo que sembró la Policía Nacional del Perú junto a grupos como este con la avenencia de la presidenta de la República, que no hizo nada para detenerlos. Los miles de limeñas y limeños que participaron de la espontánea marcha contra el Congreso en junio, y el apoteósico desfile de más de cincuenta mil personas el día de la Marcha por el Orgullo han sido señal de que nos estamos recuperando. Cabe sumar que tras los informes de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la policía se ha sabido portar profesionalmente durante ambas manifestaciones. Cosa que no deja de indignar porque significa entonces que sí podrían haberse evitado las más de 70 personas asesinadas hace pocos meses atrás. El ímpetu por salir a marchar empieza a renacer.
Pero los rastros de aquel miedo los alimenta la prensa que continúa con la estrategia del terruqueo y los discursos de la presidenta, quien ya culpó a los protestantes de una próxima crisis económica, cuando han sido las masacres producidas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Congreso y el Poder Judicial, las que han dejado sin aliento a las fundaciones y organismos internacionales que evalúan la estabilidad política y económica de los países para las grandes inversiones internacionales.
Sea entonces por error o por amenaza, lo cierto es que el actual gobierno sólo destila desconfianza. Quiere que desconfiemos entre nosotros. Pero con su actuar lo que alimentan es la desconfianza entre nosotros y los tres poderes del Estado, tomados por mafias nacionales, siendo la principal, la fujimorista. Es contra estas redes de corrupción y clientelaje por las que nos levantaremos el 19 de julio. Por eso, en medio de tanta desconfianza, dar la contra a este gobierno también implica dar espacio a la solidaridad. Y así será. Como en enero, nos tocará dar la mano a nuestras hermanas y hermanos que vendrán a luchar con la esperanza de que podremos recuperar el mejor sentido de nuestra democracia, confiando en el adelanto de elecciones como el primer paso de una ardua tarea, la de cambiar nuestro sistema político. Es una asunto que se lo debemos a nuestra próxima generación, que tiene derecho a crecer dignamente.
