En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna.  Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado. 

Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. 

Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos. 

Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza. 

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Fujimorismo, gabinete ministerial, Izquierda, Presidente Castillo, voto de confianza

Recuerdo un artículo de Mario Vargas Llosa del año 2006, en el que defendía a Günter Grass de las duras críticas que despertó el que se hiciera público que a los quince años, formó parte de las Waffen-SS, poco antes del final de la guerra mundial. Las Waffen-SS eran las escuadras paramilitares que dirigió Heinrich Himmler y que cometieron los principales y atroces crímenes de guerra. El artículo llamaba la atención porque Vargas Llosa no había mantenido buenas relaciones con Grass y su socialismo. De hecho, en el mismo artículo, él recordaba una polémica muy dura durante el congreso del PEN Internacional de 1986 cuando Grass le pidió que se disculpara con Gabriel García Márquez por haberlo calificado como “cortesano de Fidel Castro”. Ante la indignación de Grass, Vargas Llosa le respondió por escrito que no sentía lástima alguna por su afirmación, pues contenía verdad. Veinte años después, de pronto Vargas Llosa defiende a Grass. El nobel peruano dijo que lo defendería, como él, puso a la democracia por encima del comunismo y porque pertenecía a la “estirpe de escritores” protagonistas ideológicos de grandes temas políticos sociales, culturales y morales, agitadores de conciencias y líderes de una gesta intelectual, como Victor Hugo, Sartre o Camus. 

¿Dónde se ubica Vargas Llosa respecto de esa estirpe? Pues se ubica como un anticomunista, defensor de la democracia y testigo de cómo los escritores jóvenes se han liberado de la carga política en la civilización del espectáculo, cosa que le parece saludable. Un intelectual que ha logrado despertar de aquella ingenua ficción de creer que con la obra de un autor se puede cambiar el mundo. Ese despertar se lo recomienda a Grass. Finalmente, nada de lo ocurrido, dice Vargas Llosa afectará la obra literaria del autor del Tambor de hojalata, la gente olvidará que perteneció a la élite de la SS, aunque quedará cierto rabo de paja en lo que se refiere a sus opiniones políticas. En síntesis, perderá en el ámbito ideológico pero no en el literario. 

Vargas Llosa también tiene rabo, sino varios, de paja. Declarado anticomunista acérrimo, perteneció al grupo político Cahuide, en el que recibió lecciones marxistas del padre del expresidente Ollanta Humala, don Isaac, con el fin de reconstituir el partido comunista perseguido por Manuel Odría y su temible director de gobierno Alejandro Esparza Zañartu. Apoyó la Revolución Cubana hasta que en 1971 se detiene al poeta Heberto Padilla. Entonces, fastidiado también por la cultura popular e indigenista de los gobiernos de izquierda, incluido el de Juan Velasco, decide dejar el Perú y América Latina. Esa postura contra indigenista queda manifiesta cuando es convocado para presidir la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay en 1983. Su desconexión atraviesa el informe al describir a la comunidad bajo un enfoque decimonónico de “civilización y barbarie”, razón por la cual los comuneros se presentan aislados cultural y geográficamente y por ello capaces de asesinar a los periodistas. Deja de lado la responsabilidad de los Sinchis y, peor aún, ignora su solicitud de protección a las fuerzas armadas. Como consecuencia, el mismo año cientos de comuneras y comuneros fueron asesinados por Sendero Luminoso hasta que la comunidad quedó abandonada.  Vargas Llosa retorna en vano para liderar a la derecha en las elecciones de 1990, en las cuales es vencido por Alberto Fujimori. Como dos años después del autogolpe, se inicia la última dictadura que hemos vivido, Vargas Llosa desarrolla un discurso a favor de la democracia, de crítica al dictador que mantuvo su prestigio, no obstante, profundizaba su condena a la barbarie indígena peruana. En 1996 publica La utopía arcaica, crítica a la obra de José María Arguedas y el indigenismo. Tras la caída de Fujimori, conformó la Fundación Internacional para la Libertad y luego, a lo largo de las elecciones, respaldó a los candidatos opositores a la heredera Keiko Fujimori, investigada por montar una red de corrupción a través de su partido político. 

Y de pronto, en las últimas elecciones, el cambio fue sorprendente. Casi a la manera del poeta Ezra Pound, que pasó de ser un joven de antisistema a morir siendo un fascista –que, por cierto, parecía lidiar con la demencia–, Vargas Llosa de pronto apela al recurso de saber “votar bien” para justificar su apoyo a Keiko Fujimori y la desconcertante recurrencia al enfoque de civilización y barbarie con el que critica al presidente Pedro Castillo. Probablemente hasta aquí podría su literatura, como la de Grass, no verse afectada. Pero quizá haga inolvidable este episodio su aparición en las investigaciones de los Panama y los Pandora Papers, pues ya no se trata de una postura ideológica, sino también de realizar prácticas empresariales usualmente oscuras en términos fiscales, que remiten al estilo fujimorista: la cara bárbara del capitalismo, el trato íntimo con la corrupción, esa vena que despreciaba a los Zavalitas y que lo sienta animoso a Vargas Llosa en la mesa con Haya, Beltrán y Ravines, jugando a repartirse el poder en el Perú como en los años sesenta. 

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Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Presidente Castillo

El racismo en el Perú parece haber renacido. Sabemos que es una forma de violencia que se sustenta en una jerarquía en la que son fácilmente reconocibles las condiciones de inferioridad y, por lo tanto, también las de superioridad. Marisol de la Cadena (1988) estudió con detalle el debate intelectual del siglo XX sobre el racismo peruano. En sus diversas etapas, ella resalta que el dilema central fue cómo justificar la jerarquización, si mediante el fenotipo, es decir, la apariencia externa, física de la persona; o basándose en las cualidades internas, como la moral, la inteligencia y la educación, traducidas en señalamientos de incapacidad, descontrol e ignorancia. Hasta los años 80, sostiene la antropóloga, la manera como se resolvió el dilema dio como resultado un “racismo silencioso” entre intelectuales que consiguieron tapar la alusión al color de la piel mediante la referencia al conjunto de sus cualidades morales e intelectuales que, por razones de clase (y no de raza), los ubicaban a ellos (y a algunas ellas) en una posición superior, sin importar cual fuera su postura política. 

Cabría añadir que particularmente después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003), el tema del racismo retornó al mundo intelectual como una práctica que no se podía esconder (se vieron las consecuencias) y que debía desaparecer con urgencia. El reto fue canalizado a través del enfoque intercultural tanto en el Estado como en la academia y fue resultado directo del impacto que tuvo el conflicto armado en los diversos acercamientos teóricos que se pusieron a prueba o fracasaron al tratar de explicar las causas o atender las secuelas del terrorismo en la población más vulnerable y afectada desde el mundo intelectual. 

Pero pocas décadas después, la llegada a la Presidencia de la República de Pedro Castillo ha trastocado un orden jerárquico que los intelectuales, ni los más interculturales, podrían haber previsto: que un sindicalista, rondero, hijo de padres analfabetos y maestro rural de formación, sea ahora el hombre con mayor poder que cualquier intelectual en el gobierno del país. De hecho, las inmediatas consecuencias de la crispación que este acontecimiento produjo en los intelectuales se pudo ver en la cerrada e inesperada defensa de Mario Vargas Llosa a la candidata Keiko Fujimori, sin importar su prontuario delincuencial. 

En las redes sociales y en columnas y videos de opinión, muchos intelectuales dejan muestra de cómo no han podido contener su racismo, que aunque “silencioso” porque alude a las cualidades internas, hasta la fecha es expresado públicamente de forma despectiva, repetitiva y violenta. Para conseguir las razones morales e intelectuales, abandonan exaltados sus principios de racionalidad y van recolectando evidencias falsas o distorsionadas para sustentar la recuperación del orden previo a las elecciones presidenciales. Moralmente han acusado al presidente de tener vínculos con el terrorismo, argumento que poco a poco ha ido perdiendo lustre, particularmente tras la muerte de Abimael Guzmán. A nivel intelectual lo han considerado un ignorante permanente debido a su formación inicial como maestro en un pedagógico de la zona rural de Cajamarca, incapaz de emitir discursos como los que un intelectual produciría. El guardarropa de la familia presidencial, el uso permanente del sombrero y hasta cada uno de sus discursos les han servido de inmediata evidencia de lo maleducado que será para siempre. El estigma ha sido declarado y recorre el diálogo público ya cerca de seis meses. 

El racismo intelectual no se puede esconder tras razones de ese tipo en pleno siglo XXI cuando la prioridad es el futuro. Tanta agresividad expresada de manera casi placentera, nos deja a las peruanas y peruanos boquiabiertos ante intelectuales que en lugar de brindar apoyo y vigilancia a un gobierno de reconstrucción, de poner el hombro para que no se acreciente la vulnerabilidad de los más afectados por la pandemia, se dedican a pedir nuevas elecciones con tal de mantener un orden racista, sin avergonzarse de que una persona corrupta sea quien ocupe el lugar de un maestro elegido democráticamente.

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estigma, Presidente Castillo, Racismo

El 12 de setiembre se celebra el día de la historieta peruana. La fecha celebra cuando el año 1952 el diario Última hora, un famoso tabloide peruano que desapareció en los ochenta, publicó nuestras “Historietas 100% nacionales”. Aunque algunos crean el tema intrascendente, se trata de un momento histórico lleno de intrigas, decisiones políticas y anécdotas vinculadas a un género de grandes consecuencias en la vida limeña, cuando los artistas que lo profesionalizaron marcaron nuestro imaginario popular.

La historia comienza con Pedro Beltrán Espantoso, uno de los hombres con mayor poder en el Perú hasta el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Fue un hacendado que estudió Economía en la London School of Economics en 1918, en tiempos en que los primeros ministros y futuros presidentes del mundo se formaban en sus aulas. Al regresar, trajo la mejor tecnología, como la fumigación con avionetas (¿se imaginan el tamaño de sus tierras?). Desde la presidencia de la conservadora Sociedad Nacional Agraria y el Banco Central de Reserva del Perú, Beltrán manejó la economía peruana por décadas. Era un hombre tan influyente que durante su labor diplomática con el gobierno estadounidense (que gobernaba tras la Segunda Guerra Mundial a todo Latinoamérica a través de la OEA), fue quien tuvo la iniciativa de retirar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Es a Beltrán a quien se dirige Ernesto “el Che” Guevara en su famoso discurso de Punta del Este.

El año 1947, Beltrán compra el diario La Prensa pero, tras el asesinato político de su director en 1947, decide él mismo hacerse cargo y con ello modernizar el periodismo nacional. Como contraparte al estilo neoyorquino que trajo para la prensa peruana, introdujo el tabloide con Última hora. La dirección se la entregó al oscurísimo Eudocio Ravines, personaje sobre quien pronto, tal como se ha anunciado, saldrá una novela. Ravines, quien cambió el nombre del Partido Socialista al de Partido Comunista, fue un famosísimo anticomunista (sí, aunque suene contradictorio) dedicado a la publicación de noticias falsas y sesgadas. Un precursor de una nefasta práctica política que ahora pareciera estar en el Perú en su máximo esplendor y que las nuevas generaciones conocen como fake news

Pero la obsesión de Ravines no era la del resto del Perú y a Beltrán también le molestaba el poco impacto de su diario con ese estilo. El dictador Odría finalmente lo desterró y Beltrán le dio la dirección a dos jóvenes de veinte años que darían mucho que hablar: Raúl Villarán y Efraín Ruiz Caro, personajes en los que no me detendré, pero que también tienen grandes historias. Ellos comprobaron que cómics como “Roy Rogers”, “El Pato Donald” o “Buck Rogers” no calaban del todo en la sensibilidad de los lectores y pasaban desapercibidos, a diferencia de la tira cómica más “popular”, la única peruana: “Sampietri” de Julio Fairlie. El contar con pocas historietas peruanas y el culto al personaje Sampietri, reflejaban una situación más compleja que preocupaba a sus lectores. Estados Unidos había comenzado una idea del “desarrollo” donde se ubicaba en la cima y que nos situaba en el último lugar ante todo lo que nos para ser “como ellos”. En ese marco ideológico tan difundido por el periodismo de Beltrán y el modelo educativo y social de Odría, resultaba vergonzoso no contar con historietas y superhéroes nacionales.

De ahí que el proyecto de Ruiz Caro y Villarán demandara desarrollar un cómic “nacional”. Y fue complejo. Los ganadores fueron Hernán Bartra con “Boquellanta”, protagonizada por un niño blackface afroperuano, “Chabuca”, clasemediera desesperada por el matrimonio, Vera Castillo con una versión peruana de Tarzán, “Yasar del Amazonas”;  Juan Osorio, con Juan Santos en la “Cadena de oro”, héroe andino defensor de nuestro patrimonio; David Málaga con “Serrucho”, el migrante andino que debe adaptarse a la “modernidad” limeña; Jorge Salazar con “Cántate algo” que usaba con fino humor las canciones para criticar el día a día limeño. Y, por supuesto, el genial Fairlie con “Sampietri”. 

El día de la historieta peruana nos muestra, entonces, cómo se “ilustraba” nuestro nacionalismo:  con personajes heroicos como Yasar y Juan Santos, pero también con personajes como Sampietri, Boquellanta y Serrucho que construyeron una imagen que hoy consideramos despectiva del limeño vividor, de las familias afrodescendientes y de los migrantes de la sierra que no tenían a qué otro lugar ir dado que los servicios básicos estaban concentrados sólo en la capital. Incorrectos o no, como lo narra José Luis Rodríguez Toledo en su tesis sobre “Serrucho”, personajes como Sampietri llegaron a ser tan populares que se puso de moda vestir como él o poner su nombre al de una “barriada” junto al río Rímac en 1959.

Rubén Osorio y Hernán Bartra se retirarían pocos años después para protagonizar con sus personajes la primera revista de historietas que el Perú exportó: Avanzada, proyecto de la Iglesia católica que siguiendo la pauta de las historietas 100% nacionales, los condujo como “Osito y Monky” a dibujar los cómics que configuraron a más de una generación. Coco, Vicuñín y Tacachito, sus personajes más entrañables, confirman la tripartición étnica y racial inaugurada por los directores de Última Hora.

Gracias a sus artistas y al lenguaje popular, Última Hora no sólo fundó nuestras historietas profesionales, sino también una manera de mirarnos como tres grandes etnias y consolidando la burla y el desprecio a la población migrante y afro. Hoy, tras el rechazo contra personajes ofensivos como la Paisana Jacinta y el Negro Mama y el orgullo por nuestra diversidad cultural, estamos recomponiendo nuestras miradas y jerarquías; y nuestros cómics están ahí, para dar cuenta del pensar de las nuevas generaciones. ¡Feliz día de la historieta peruana!

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diario Última hora, historieta peruana, ilustraciones

El 21 de agosto se organizó en Lima una marcha en la que madres y padres de familia reclamaron el retorno a clases semipresenciales. Consideran que las clases a distancia afectan la salud mental de niñas, niños y adolescentes al no poder convivir en grupos de su misma de su edad. Durante la protesta señalaron que gimnasios, casinos, restaurantes pueden operar, pero no la escuela. De acuerdo con la información de Unesco, Perú está dentro de una reducida decena de países que no ha retomado las clases presenciales.

El pedido señalado no es uno académico. La pandemia también nos ha llevado a repensar el rol de los colegios en nuestras vidas, a reparar en que son los lugares donde aprendemos a convivir fuera del hogar, con sus propias relaciones de poder, reglas de conducta y costumbres afectivas. En algunas ocasiones las familias están de acuerdo con la cultura que desarrollan sus hijas e hijos en el colegio, pero así como hay brechas y deficiencias académicas, también hay brechas en temas de discriminación. Los estudios que el Ministerio de Cultura comparte en la plataforma Alerta contra el Racismo dan cuenta de cómo no hablar castellano, ser afroperuano, ser mujer o la condición de pobreza son estigmas comunes en las escuelas de todo el país.

Las relaciones de poder entre docentes, estudiantes y personal administrativo también conducen a situaciones de violación de la libertad sexual y de indiferencia frente a ellas en algunas escuelas. Por ejemplo, se sabe que solo la mitad de los 112 denunciados el año pasado fueron reasignados en puestos administrativos para proteger a la comunidad estudiantil mientras se llevaron a cabo las investigaciones, pero se desconoce en qué estado se encuentran. De muy pocas denuncias se cuenta con información actualizada. Ya Defensoría del Pueblo ha llamado la atención al Minedu por el descuidado manejo de la plataforma para el monitoreo de expedientes.

Pero también en muchas más ocasiones la escuela sirve como refugio de las diferentes violencias que se pueden vivir en el hogar o en el entorno cotidiano. Una de ellas, de la que podemos contar con claras evidencias, es el embarazo no deseado en niñas y adolescentes. Las cifras del año pasado sobre el incremento de embarazo no deseado en adolescentes crecieron 12%. Y el número de niñas que dieron a luz se triplicó. En lo que va de este año, ya se han registrado más de 16 mil quinientos partos de menores de 19 años en todo el país. 327 de esos partos, ha sido de niñas menores de 14 años, como indica el Ministerio de Salud. Muchas de estas niñas se habrían salvado de haber estado en la escuela o haber pedido ayuda a sus docentes o compañeras de clase. El Minedu, decidido ha conseguido que las escuelas encaren esta realidad el próximo año, a través de la implementación de la Educación Sexual Integral en sus aulas para prevenir los embarazos, pero también para enfrentar problemas como la violencia sexual, la homofobia y el acoso cibernético que pueden ocurrir dentro y fuera del colegio.

¿Podrán los colegios proteger a nuestras niñas y niños el próximo año? Porque el reto mayor será reintegrar estudiantes que abandonaron la escuela o aquellos que fracasaron. En las zonas rurales y marginales se han perdido dos años. Pero también en colegios de zonas urbanas de clase media un alto porcentaje de estudiantes no ha podido sostener la educación virtual debido al agotamiento producido. Las profesoras, los profesores además de aprender a cuidar a sus estudiantes en la parte emocional, tendrán que llevar a cabo adaptaciones curriculares individuales que serán un enorme reto. Para sostenerlos, la alianza Perú Debate 2021 ha convocado al Minedu, al Consejo Nacional de Educación y al Acuerdo Nacional para generar un pacto que ayude a establecer medidas de apoyo y cómo cumplirlas. La carga que tendrán el próximo año será ardua, pues una vez vacunados, también deberán prestar atención y cuidado a las medidas contra la COVID-19 de tal manera que la escuela cumpla de manera sostenida con los requisitos para el trabajo presencial.

Veamos cómo podremos sumarnos el próximo año para crear una nueva y mejor normalidad en las comunidades escolares de nuestro país, como nos comprometeremos a conseguir un buen cuidado a la salud integral, física y mental de estudiantes y docentes. Que sirva la reconstrucción para la tremenda mejora que necesita nuestra juventud para el futuro que la espera.

14 de agosto de 2021

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Colegios, Covid-19

El Contralor General de la República alarmado, como buena parte del país, por el incumplimiento de los perfiles de algunas personas designadas para ocupar cargos en algunos ministerios, se reunió de inmediato con el presidente Pedro Castillo. Al concluir la sesión, pudo comunicar a la prensa que el jefe de Estado había ya dispuesto las medidas respectivas ante las faltas y que había acogido su propuesta de presentar una iniciativa legislativa para evitar se repitan este tipo de situaciones. La contraloría, nos dijo, se hará cargo de revisar que no exista ninguna irregularidad en la contratación y designación de funcionarios.

Pero mientras ocurría este encuentro en las salas del Ejecutivo, en el Congreso se estaban acordando los parlamentarios que dirigirían las comisiones permanentes. Y tal como en los irónicos listados de ministras y ministros que Fuerza Popular hubiese puesto en cada sector de haber ganado las elecciones, el perfil de sus cuatro congresistas también podría requerir de los métodos de la Contraloría para vigilar su desempeño. Las comisiones que Fuerza Popular ha recibido son cuatro: Relaciones Exteriores con Carlos Bustamante, Comisión Agraria a cargo de Leslie Olivos, Fiscalización y Contraloría bajo Alejandro Aguinaga y Constitución presidida por Patricia Juárez.

Ernesto Bustamante, biólogo y actual legislador de Fuerza Popular, es quien envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros contra la vacuna Sinopharm, a la cual meses antes había calificado como “agua destilada”, ignorando los estudios y medidas de la Organización Mundial de la Salud y poniendo en riesgo a la población. A pesar de ese directo interés vinculado a sus intereses laborales, presidirá la comisión que dará pase a iniciativas legislativas e investigará el funcionamiento del Estado en materia de política exterior, relaciones y cooperación internacional.

La Comisión Agraria, de seguro carácter protagónico para las medidas que planteará el Ejecutivo este año, estará a cargo de la abogada Leslie Olivos. En las elecciones 2020, Leslie Olivos fue tachada por no haber declarado en la hoja de vida su sentencia condenatoria por los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso. Para llegar al Congreso, en esta ocasión sí declaró el antecedente, pero omitiendo que fue condenada por falsificación y uso de documento falso en agravio del Congreso de la República. Olivos era la candidata auspiciada por el excongresista fujimorista Elard Melgar Valdez, quien para titularse como abogado por una universidad en la que no estudió, sustentó una tesis con más de la mitad de párrafos tomados de otras tantas, incluida hasta la dedicatoria.

La ineficacia que nos preocupa se agrava cuando se trata de congresistas que ya han hecho daño al país en instituciones públicas. Patricia Juárez tendrá a su cargo la Comisión de Constitución, la cual debatirá y aprobará los proyectos de reforma de la Constitución, interpretará y derogará leyes, e investigará la conducta política del gobierno. Patricia Juárez fue presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel que estuvo a cargo de investigar el caso Comunicore durante la gestión de Castañeda Lossio. Al exburgomaestre lo encubrió y defendió públicamente hasta que fue sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Solo entonces se distanció de Solidaridad Nacional.

Quizá lo más lamentable es que la Comisión de Fiscalización y Control que tiene como función principal el funcionamiento eficaz del Estado y toda la administración pública, haya sido entregada a Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Alberto Fujimori, acusado de haber supervisado las intervenciones de esterilización forzada a centenares de mujeres. Las pruebas sustentan que estaba al tanto incluso de cómo se captaba a las mujeres sin su consentimiento. Aguinaga, hoy médico de cabecera de Fujimori, y su esposa formaron parte de la lista de las 487 personas que se vacunaron contra la COVID-19 antes de que comenzara el proceso de inmunización a nivel nacional.

Un Congreso que se atribuye el querer hacer hasta el plan de gobierno del Ejecutivo, apelando a un ofensivo paternalismo, distorsionando el terrorismo y sembrando miedo en los medios de comunicación para proteger sus intereses, debería contemplar primero si sus integrantes se encuentran preparados moral e intelectualmente para las tareas que las Comisiones exigen.

10 de agosto de 2021

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Odebrecht, Pedro Castillo

Hoy, día en el que empezamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia y de la audaz decisión de convertirnos en una república democrática, aún tenemos deudas que saldar causadas por la informalidad, el racismo, la corrupción y la violencia. Pero quizá haya llegado el momento de librarnos del pasado, de independizarnos nuevamente, salvo que en esta ocasión será desligarnos de los grupos económicos aprovechados de esos males que extendieron sus intereses desde la capital y gobiernos regionales hasta el Congreso de la República, el Poder Judicial y los medios de comunicación nacional.

Resguardarnos de esos males y arrojarlos al pasado nos proyecta inevitablemente hacia el futuro. Y quienes lo protagonizarán serán las niñas, niños y adolescentes que han llevado una extraña formación escolar este año y el pasado debido a que la restricción social para protegerlos de la pandemia los separó de la escuela, a unos menos, a otros por completo; serán aquellas y aquellos jóvenes a quienes el insuficiente sistema de salud los dejó sin abuelas, sin padres, sin madres, sin hermanos; serán los herederos de familias a las que el sistema económico tiene pendiendo del hilo de un bono que se les cobrará cuando en el futuro deban pagarlo con sus impuestos, si es que tienen trabajo.

Una nueva república debería asegurarles que sus madres y padres podrán recuperar, incluso mejorar, su salud y trabajo. Porque tendrán acceso a un sistema de salud integral, tanto física como mental, con una atención primaria intercultural de buena calidad. Porque el Estado acordará en diversos sectores públicos y privados la creación de puestos de trabajo y prácticas productivas sostenibles en el tiempo para sus madres y padres, asegurará que todos sus derechos laborales sean reconocidos y que puedan acceder a una vivienda digna y caliente.

Debería ofrecerles la nueva república una escuela que los forme con los mejores profesores del país enviados especialmente para que recuperen los años perdidos por la pandemia, y en caso la vida y su familia sean duros con ellas, con ellos, debería abrirles la escuela, la universidad y los centros comunales como espacio de ayuda, acogida e incluso de refugio contra las diferentes violencias que la nueva república de seguro erradicará.

Debería dejar en el pasado, como mala práctica de esa vieja república ineficiente, la evasión de impuestos a las empresas, sobre todo de las más grandes y con mayor razón trasnacionales, y empezar a cobrar los impuestos para que las arcas del Estado cuenten con los fondos necesarios para solventar la educación, el trabajo, la salud y la educación que se merecen. Los pactos de la nueva república serían públicos y transparentes, pues se establecerían con empresas formalizadas y respetuosas de las normas para proteger nuestras tierras, nuestras vidas y nuestra agua.

Indudablemente, esta nueva república que nuestras niñas, nuestros jóvenes deberían protagonizar, contaría con un Estado eficiente, moderno y bien organizado, donde los puestos no son premios, sino grandes retos para buenos profesionales dispuestos a hacerse cargo. Los partidos políticos contarían con una legislación contra la corrupción y a favor de una auténtica democracia representativa. Y podrían votar con seguridad, pues gracias a sus buenos representantes parlamentarios y su excelente legislación electoral, ningún partido sería capaz de exponer información falsa o mentiras descaradas para sembrarles miedo y aprovecharse del engaño. Pero como la tentación es grande, sería una juventud con la formación necesaria para que al verse engañados pudieran denunciar el delito y defender el sistema político que respetan.

Como toda nueva república, tendrá enemigos, pero esa nueva generación sabrá identificar de inmediato a quienes se opongan a que nuestras leyes y servicios puedan responder las diversas necesidades de todo el Perú, y ya no, como en la vieja república, a los privilegios de la capital y otras zonas de la costa donde se acomodan para desde ahí continuar evadiendo impuestos y monopolizando sectores productivos, repartiéndose cargos para saquear los fondos públicos.

La vieja república, moribunda, con representantes en el congreso que prefieren el abuso del poder frente a la negociación democrática, con funcionarios ministeriales y regionales indiferentes y corruptos, defendida por jueces y fiscales sobornados, tiene un pacto vergonzoso que ha hecho de canales de televisión, radios y periódicos de alcance nacional, un gigantesco y apestoso megáfono, donde sin pudor alguno, se defiende esta cadavérica forma de gobierno  con acciones y discursos violentos y racistas que no sirven para nada: salvo, como en este contexto electoral, cuando consiguieron dotarnos del enemigo común que necesitaba el Perú entero para unirse y poco a poco aclarar acordar los pasos que tenemos que dar para cambiar. Esos pasos han hecho evidente que al menos sí contamos con una fundamental condición para esa nueva república: si pudimos combatir en estas elecciones sucias artimañas, si logramos detener a tantos incapaces, fue porque hemos conseguido implementar los pilares de una auténtica y firme democracia, la que ya podemos ofrecer a esta nueva generación.

28 de julio de 2021

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Bicentenario

En pocos momentos de la historia se han podido entrecruzar en Latinoamérica, pero en particular en la sociedad peruana, tantos miedos colectivos como ha ocurrido actualmente. El miedo, como lo han dicho desde las ciencias sociales y humanas, nace de la ansiedad provocada por la subversión de diferentes órdenes en los que se asientan nuestras comunidades.

Con la pandemia del 2020, el primer orden en trastocarse fue el social: vimos cómo se podía morir casi de inmediato si es que no se aprendía nuevas formas públicas de caminar, transportarse o no al trabajo, comprar, alimentarse, limpiar, estudiar, relacionarse socialmente. La muerte de trece jóvenes en Thomas bar en Los Olivos el año pasado, nos aterró y un incómodo racismo empezó a manifestarse.

El desorden más profundo, mientras tanto, era el de nuestra salud. Si no usábamos mascarilla podíamos caer fulminantemente muertos, como se asumía cuando aparecían personas desmayadas en las calles de Lima. El miedo produjo que se agotaran los productos en los supermercados. Nadie supo por qué el papel higiénico, pero fue sujeto de bromas que ayudaron a distender un poco ese miedo que se prolongaba mes a mes, cada vez que se anunciaba que continuaría la restricción en nuestras casas, mientras tanto, las dolorosas cifras.

El freno económico fue terrible. Por un momento hasta el mercado internacional se detuvo. El impedimento de viajes clausuró amplios sectores. Empezaron las deudas, los cierres de pequeñas y medianas empresas, el aprovechamiento de los grandes consorcios, el negocio de la salud y el oxígeno, el sálvese quien pueda avalado por un Congreso de la República dedicado enteramente a proteger los intereses económicos de los grupos más corruptos del país.

La educación virtual sólo sirvió en las ciudades del país. El sistema educativo estatal colapsó en las zonas rurales sin cobertura a internet y no logró adaptarse a los requerimientos pedagógicos de la virtualidad. Se discutía el tema cuando salió a la luz la corrupción también en el poder Ejecutivo: el Presidente Martín Vizcarra que había frenado al Congreso con el apoyo de más de la mitad de la población, resultó contar con una red de clientelaje y corrupción venida desde sus tiempos de Gobernador de Moquegua. Él y su entorno estaban tan acostumbrados que hasta mintieron respecto de las vacunas que se habían repartido y aplicado. El contexto de miedo en el que nos hallábamos, hizo ver a Vizcarra como un traidor, pues sus buenos mensajes televisivos, habían ayudado a contener el miedo. Nos había hecho sentir que estábamos ganando la guerra al coronavirus, cuando todo se vino abajo. En ese contexto el Congreso de la República quiso aprovecharse y dar un golpe de Estado. Durante la protesta contra Manuel Merino murieron dos jóvenes. Las universidades tuvieron que suspender las clases durante una semana y buscar estudiantes desaparecidos. El miedo empezó a cundir en la joven generación bicentenario. Pero se logró retirarlo.

La larga elección de Francisco Sagasti logró estabilizar lo aprendido y priorizar el tema de salud. Pero pronto surgió el contexto electoral. ¡Vaya elecciones! Los dos primeros lugares los ocupaban la hija del dictador Alberto Fujimori, denunciada como cabecilla de una organización de lavado de activos, y el maestro rural que ganó protagonismo el año 2017 durante la prolongada huelga magisterial. Un racismo extremo fue la reacción inmediata de miedo contra Pedro Castillo, quien, por ser hijo de padres campesinos de hacienda y rondero, fue presentado como analfabeto, comunista y terrorista. El sector de la población costeña vinculado a las empresas relacionadas con el fujimorismo decidió que debían impedir como fuera que ganara. Sumaron al grupo El Comercio y otras empresas de radio, televisión y publicidad y acordaron no cesar de asustarnos sobre cada vínculo de Castillo con la corrupción y el chavismo venezolano.

Pero Castillo ganó, y ya la campaña de fraude posterior no dio miedo, sino hartazgo. Ha quedado a la luz qué abogados y políticos de alguna u otra forma están vinculados con la organización fujimorista por razones económicas o temor a su futuro encarcelamiento. Que Perú Libre sea investigado parece no haber asustado como lo esperaban. Ningún llamado a golpe de Estado ha sido tomado en serio y las instituciones electorales y judiciales se han logrado mantener firmes.

Ahora que ya aprendimos a convivir con mascarilla, el arribo de las vacunas y su avance a buen ritmo (sin la absurda necesidad de comercializarla) ha ayudado mucho a espantar los miedos. El temor a la vacuna se está disipando y así como nos tomó cambiar el orden social, si queremos regresar a poder abrazarnos, a reír a carcajadas con las amistades en un viaje, a celebrar que finalmente el Perú rural está siendo protagonista del bicentenario, debemos esforzarnos en tener las dosis necesarias para dejar el principal miedo atrás; de los demás miedos, en las calles nos encargaremos.

13 de julio de 2021

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Miedo, Pandemia

El usar rituales y fraseos religiosos ha sido el recurso más notorio en la cadenciosa retórica de Keiko Fujimori en toda su campaña. Pero tras los resultados de la segunda vuelta ha llegado al punto de dejar de lado la realidad y pasar a un mundo regido sólo por creencias. Una creencia es una forma de conducta adecuada a la satisfacción de las propias necesidades tal como el mundo es percibido y no a la verdad. Las religiones y algunas ideologías sustentan sus creencias en dogmas, es decir, en afirmaciones innegables solo por ser sagradas, como la perpetua virginidad de María.

Apelar en el Perú a ese discurso no es para nada una novedad, en tanto su población ha intentado ser conquistada, sometida y engañada durante siglos por discursos basados en una palabra divina emitida por la clásica trilogía de Clorinda Matto de Turner: la del juez, el sacerdote y el hacendado. Tres figuras que comunicaban distorsionadamente los marcos jurídicos, territoriales y morales para explotar campesinas y campesinos mediante el dominio y control del castellano y de la escritura, dos herramientas fundamentales de la escuela, ausente hasta la reforma agraria. Lo sorprendente es que la vigencia de estos dogmas haya salido a la luz en un amplio sector de las clases medias y altas: aún cree que el campesino pertenece a una raza sometida por la suya, que solo pueden ser noticias aquellas que les son convenientes, que la justicia debe satisfacer hasta su despecho, y que toda norma del Estado que contradiga los puntos anteriores será ejemplo de su ineficacia.

Como el triunfo del maestro rural Pedro Castillo ha ido contra esos dogmas, el sector social que Keiko representa ha reaccionado, despechado, con la sacralización y ritualización como bandera, el medio más apropiado por tratarse de un reclamo basado solo en sus creencias. Ni el desconcierto nacional e internacional ha sido suficiente para detener sus reacciones. Su racismo se concentró en burlas al castellano rural y a la supuesta incapacidad de Castillo para poder ejercer el cargo de Presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la tergiversación del rol de las rondas campesinas, reconocida y respetada forma de autoorganización para la protección del ganado y resolución de conflictos locales. Que portaran machetes como equivalentes a la espada, a la usanza formal de cualquier guardia, sirvió para negar el deslinde que ya Castillo había dejado en claro respecto de cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Por todos los medios de señal abierta, los fieles de Fujimori acusaron a los ronderos que habían vencido a SL en todo el país, de ser “terrucos”, tal y como actuó el Estado peruano durante el conflicto armado, cuando no podía distinguir entre campesinos y terroristas, y optó perversamente por masacrar. Estas reacciones se vieron respaldadas por lo que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha considerado como una falta de los medios de comunicación contra el derecho a una información en las campañas electorales: titulares que tergiversaban los hechos ocurridos, la invitación a especialistas en programas políticos que daban opinión interesada presentada como correcta e imparcial, y la desigual cobertura de ambos candidatos en los medios, pese a  que algunas actividades de Castillo eran incluso más trascendentes a nivel nacional e internacional.

Pero el dogma más gravemente afectado parece haber sido el de la justicia hecha para sí. Cuando debiéramos vivir como un acto de justicia con la población campesina, históricamente excluida de la ciudadanía, el que un maestro rural, hijo de campesinos analfabetos pueda alcanzar el cargo más alto del país, los fieles de Fujimori se enfurecen. Es algo inconcebible. Más aún cuando resulta amenazante porque de perder Keiko Fujimori no podrá protegerse de inmunidad presidencial mientras ella y varios protagonistas de su campaña se encuentran con un proceso de investigación judicial abierto por corrupción. Su argumentación basada en creencias para anular las elecciones rompe no solo con todo el marco jurídico electoral, sino con un principio básico del Derecho y la Justicia: no se puede acusar sin ninguna prueba sólo porque se cree. Lo terrible es que el círculo se cierra al volver al racismo, pues de los de los 945 pedidos de nulidad presentados para inventar las pruebas, más del 60% se realizó en 164 distritos con territorios indígenas. En un absurdo mayor, tras amenazas de marinos y militares retirados vinculados con Vladimiro Montesinos, anunciando un posible golpe de Estado, se culpa al Estado de no querer presentar las pruebas para que ellos acusen a nuestras instituciones electorales de no haberle dado el triunfo.

En el Perú, siempre se ha sostenido con desprecio que en las zonas rurales prima un pensamiento inferior, que debe ser erradicado, el pensamiento mágico religioso. Pues en las zonas urbanas, particularmente en Lima, existe un pensamiento mucho más peligroso, violento y vinculado directamente con el poder de la corrupción política y mediática que estoicamente estamos derrotando. Cual fiera herida, este pensamiento político religioso lanza como último recurso desfiles con banderas monárquicas que cantan la muerte de los terrucos. Sus fieles se niegan fanáticamente a aceptar que su poder ya nunca más nos va a engañar, que hasta en comunidades alejadas se sabe leer y escribir, que hay medios de comunicación alternativos y que, la mayoría digna del país siempre se guiará por la justa verdad de los hechos.

30 de junio de 2021

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Campesinos, Keiko Fujimori, Ronderos
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