El ver en las redes miles de sentidos comentarios de despedida a Yola Polastri y el nostálgico recuerdo compartido por sus canciones, ha despertado en mí (y en muchos más) preguntas acerca de la carencia actual de una Yola y sobre todo del fin de proyectos televisivos como el que trajo consigo. Haber empezado durante la televisión velasquista, como ella misma manifestó, trajo consigo el apostar por construir un nuevo modelo de niña, de niño peruano. Para conseguirlo, el programa de Yola, con canciones propias y covers, tomaba lo cotidiano, lo hacía música, lo hacía baile, juguete, colores, chistes bobos, coreografía. 

Si bien, la producción estaba centralizada en la ciudad de Lima, sus programas que abarcaron casi dos décadas, se veían en todos los lugares del Perú al que llegara la señal abierta de canal 4. Se puede afirmar, entonces, que una generación de peruanas y peruanos con acceso a la televisión, nacida entre 1968 y 1980, compartió un mismo universo de bailes y canciones. Una posibilidad de referencias, de contenido compartido a pesar de ser diferente: en estos días, sus canciones las tararea tanto un rico como una pobre, una juninense como un limeño, un zurdo como una ferviente evangélica de esa (de mí) generación.

Se podría afirmar por lo tanto, que por razones tecnológicas y políticas, un gran segmento de peruanos diversos entre sí compartió referencias infantiles en sus hogares. Luego, los programas para niños se estandarizaron, varios países empezaron a realizar producciones similares de entretenimiento infantil que pronto se pudieron comparar en la televisión por cable. Ese cambio tecnológico fue muy intenso para los programas de ese corte, pues llegaron con dos, tres y cada vez más canales de televisión dedicados solamente a programación para un público infantil. Dibujos animados, programas de aprendizaje, entretenimiento a escoger. Por ser infantes, sus criadores los apegaron más a ciertos canales según su estilo: algunos llenos de súper héroes, otros más muy lúdicos y estimulantes, otros más cómicos y seriales. Esta generación ya tuvo gustos muy distintos, aunque reconocidos por el otro, porque los vio para poderlos descartar. 

Actualmente, cuando la difusión de la televisión se realiza por streaming, complementándose con los miles de canales de YouTube que intervienen y reproducen fragmentos de los programas, y desde hace poco con los infinitos videos de TikTok, pregunto si podemos seguir pensando en una suerte de identidad generacional creada por contenido compartido, o si más bien nos encontramos ante una identidad que lo que comparte es tan solo el aplicativo y que ante la incertidumbre de no reconocer el contenido del otro (la responsabilidad es la de los algoritmos), no queda más que aferrarse a los gustos que uno tiene como un gusto absoluto, incuestionable, impositivo. 

Es cierto que algo ayuda el streaming. Limitado por la cantidad de producción posible de programas, su público infantil comparte los personajes de sus series y películas, que adornan fiestas infantiles. Aún Disney es muy protagónico y la producción japonesa su principal competencia. El Estado peruano tiene un canal para niños, limitado de competir con las grandes industrias. Así, la identidad o pertenencia ya no la provoca la televisión local compartida. La televisión/pantalla actual agrupa a seguidores de personajes del mundo entero, que tienen en las redes un espacio para conocerse y cerrarse sobre su gusto común. Hay una idea de comunidad distinta entonces, no producida porque “con eso viene el país”, sino voluntaria, cambiante, de duración que depende de cuanto dure el gusto. 

Mientras tanto, el público infantil que no tiene acceso a cable o internet, carente de una Yola, sólo accede a una producción nacional a la que ha de adecuarse, una que combina el fútbol peruano y su farándula con los pocos programas como Esto es Guerra y Al Fondo hay sitio. Las películas animadas de Disney aún llegan en DVD. Estamos pues ante una generación y un acceso a contenidos escindidos por la tecnología. Otra brecha, poco discutida, que impide en el país estar unidos ante los desafíos que nuestra clase política nos presenta. 

Es una semana intensamente judicial para el Perú. Ante años de expectativas, se dio inicio al juicio a Keiko Fujimori y los demás implicados en el Caso Cócteles.Poco meses antes salió su padre de prisión indultado y días antes, tras haber anunciado que sí sería candidato, se internó por un accidente en la cadera, de modo que no dará comentarios durante el comienzo de un largo proceso de testimonios y presentación de pruebas.

Las pruebas son más de 3,000 documentos y tomó años a los fiscales a cargo y su equipo conseguir que fueran admitidas. Los fiscales son pieza clave en un sistema judicial más aún en un país corrupto, pues son quienes dirigen la investigación criminal y realizan el proceso penal. En el Perú, quien los designa y inhabilita es la Junta Nacional de Justicia, encargada también de nombrar y sancionar jueces, jefes de la ONPE y el RENIEC. La Junta se creó como reemplazo de la Corte Nacional de la Magistratura que fue rechazada por la población debido a sus altos niveles de corrupción. Desde entonces, la congresista Patricia Chirinos ha tomado medidas para desestabilizar la Junta, para retirar integrantes, y retirar de su cargo a la Fiscal de la Nación. Cuando se consiguió que la Primera Sala Constitucional defendiera a los integrantes de la Junta, el Congreso parece actuar en acuerdo con el Tribunal Constitucional, pues uno de sus miembros ya ha señalado que el Congreso tiene permiso para denunciar con el poco sustento utilizado a una institución que merece el mayor respeto posible.  

Será una semana donde los protagonistas se referirán a los números de artículos, a los códigos y leyes, colmando la prensa y las redes sociales con un discurso jurídico, especializado, que tan sólo dominan sus protagonistas, algunas mujeres y muchos hombres abogados, jueces y fiscales. Son casos que tomarán años, en los que se han jugado y jugarán destituciones, prisiones preventivas, amenazas, falsas informaciones y manipulaciones mediáticas. La corrupción es en ese sentido una suerte de violencia intraducible, portadora de lenguajes duramente enrevesados que nadie quiere escuchar, que se evaden con tan sólo apagar el dispositivo más cercano. Su violento ruido evitativo produce una rabia que jamás será escuchada, que se nos queda dentro porque no vale (ni habrá) venganza o la vuelta de alguna tortilla que nos parezca justa. Sólo queda esperar. Esperar años.

Pero por ser violenta, que le apaguen el dispositivo la molesta. La indiferencia la enfurece (pues que sería de ella sin el otro que la reciba). Así que requiere atraerrápidamente interés. Esta semana en ese sentido, es también veloz. Rápidamente la prensa encontró el ladomás entretenido. Planificado o no por la organizacióndenunciada, lo cierto es que el ex esposo de Keiko Fujimori resultó el primer protagonista. Sus historias aparecen tanto en las páginas de espectáculos como en el espacio político. Un tránsito que le resulta conveniente, dado que su trabajo consiste en ofrecer pequeños gags protagonizados histriónicamente por él. Mientras tanto, el Congreso consigue que el Tribunal Constitucional reciba su apelación, y que algunos de sus integrantes anuncien públicamente que es el poder judicial el que se entromete, omitiendo que el fallo es de la Primera Sala Constitucional de Lima.

Debate jurídico o amores de acusado, son dos maneras de distraer el tema central: los delitos, crímenes y faltas cometidas para fortalecer la corrupción en el Perú. Toda nuestra solidaridad con los jueces y fiscales dispuestos a enfrentar el ruido y la furia de tremendo enemigo de nuestra sociedad. Son el poco espacio que nos queda para esperanzar.

De todos, los viajes por huida son los más reveladores, porque dejan muy claro que se trata de vuelos tomados por no querer dar la cara. Uno de los más famosos, narrado como novela policial, fue el de la huida de Alan García a Colombia y de ahí a Francia. Como si se tratara de un heroico y perseguido líder político, García contó haberse escondido y planificado su fuga, con ayuda del gobierno a través de Hurtado Miller, tras haber sido acusado por ordenar las matanzas en los centros penitenciarios y por enriquecimiento ilícito. En aquel entonces, todavía el Estado peruano no había ratificado del Estatuto de Roma, en el que se establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así que pasados los diez años, Alan García regresó al Perú el 2001. El Estatuto recién entró en vigor al año siguiente. Ahora el Congreso busca desconocerlo. 

De estilo opuesto, parco y tecnológico, fue el último viaje que realizó Alberto Fujimori, cuando renunció desde Japón por fax. Se reeligió a sí mismo por tercera vez y a pocos meses de haber juramentado, salieron los vladivideos. Fingió estar sorprendido, echó toda la culpa a Vladimiro Montesinos, dijo que llamaría a elecciones y luego enrumbó hacia la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Al pasar por Tokio decidió renunciar, se asiló y al Congreso le llegó por Fax su carta de renuncia. Indignado, el Congreso rechazó la renuncia del Presidente, lo declaró incapaz moralmente y lo inhabilitó por diez años para ejercer cualquier cargo público. Al finalizar el año 2005 fue detenido en Chile por sus crímenes. Por cierto, Chile acaba de ampliar su extradición. 

Dina Boluarte, bajo investigación por las masacres ocurridas al comenzar su mandato y su colección de relojes ha optado por el silencio. Todavía no está en tiempos de huida, pero sí sus ministros, que han huido de presentarse ante dos comisiones del Congreso de la República por sus declaraciones contra los pueblos Awajún y Wampis, justificando los abusos sexuales cometidos por docentes en la residencia rural de Condorcanqui, al decir que se trata de prácticas culturales. 

El ministro de Educación, Morgan Quero, huyó a Puno para anunciar la construcción de seis Escuelas Bicentenario que costarán más de 500 millones de soles. La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, fue a Tumbes para inaugurar un Centro de Emergencia Mujer. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue a Junín para recibir la solicitud de que una fiesta tradicional sea considerada patrimonio cultural de la Nación. Y el ministro de Salud, también convocado, César Vásquez, pues se fue con la presidenta Boluarte a visitar China. Como consecuencia, la congresista Ruth Luque, y su bancada han impulsado una moción de censura.

Viajes y silencios, así les responden a nuestras niñas, a nuestros niños. Y sin embargo, los políticos que hoy nos gobiernan, desaprobados por la población, insisten en ser candidatos y proponen nuevas postulaciones. Quizás este sea el gobierno más negacionista de nuestra historia, en el que sus actores no saben ni quieren dar la cara. 

Las discusiones políticas, más aún durante procesos electorales, suelen concentrarse en las redes sociales en si se es facho o se es comunista. Fórmula simplista que lleva a terribles desengaños, pero que funciona: ¡La izquierda nos saqueó! ¡La derecha nos vendió! ¿Es cierto que la izquierda saquea y la derecha nos vende? En ambos casos lo que hay son distintos recursos para hacer del Estado una herramienta de control. Sea para ampliar programas y servicios sociales (tomando el control de empresas y ministerios que beneficien redes de clientelaje) o para reducirlos hasta dar total libertad a los empresarios (libres de impuestos, ganando a costa de trabajadores sin derechos e indiferentes al impacto  ambiental), lo que queda claro es que se ganan las elecciones para hacer del Estado lo que convenga para seguir en él. Aquí no hay sueños estalinistas ni hitlerienses. Hay tan solo bolsillos ávidos por recibir.

Después de la Segunda Guerra, se apostó por un acuerdo mundial para ponerle límite a la manipulación del Estado a través de los derechos humanos. Eran los mínimos sin importar ser de izquierda o derecha, dictadura o gobierno democrático. Pero nada cambió, la brecha sigue creciendo entre los países del primer mundo que los protegen y desarrollan, mientras ni los derechos mínimos en nuestro continente han sido tomados con la seriedad y la prioridad necesarias. Nuestro Congreso es el mejor ejemplo. Declarados de izquierda o de derecha, lo único que interesa es utilizar al Estado para los fines económicos de cada grupo y mantener en silencio a la población. De qué sirve distinguir ambos bandos si declaran la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Con la pandemia nos dimos cuenta de que carecíamos de hospitales en número y en buen estado, sin real cobertura. Lo mismo con el sistema educativo, del cual cada año se retiran más y más adolescentes, niñas y niños del país, sin que nadie haga nada contra el retorno del analfabetismo. Desnutrición, falsa formación profesional, minería ilegal, trata, sicariato se han instalado en diversas zonas del Perú, dejando muy atrás las ganancias del narcotráfico. La migración regional llegó con sus pandillas criminales y se acomodó al sistema policial. ¿Sirve de algo ser de izquierda o de derecha en estos contextos? 

¿Cuándo perdimos la capacidad de imaginarnos como país? ¿Dónde están los grandes proyectos capaces de transformarnos? Cuando a mediados del siglo XIX se produjo en Europa la revolución industrial, se asumió que para conseguir un trabajo eficiente se requería saber leer, escribir y disciplinar. De inmediato, se creó un sistema de educación público que al finalizar el siglo consiguió que casi toda la población ya pudiera leer instrucciones y seguirlas. Y como se la necesitaba sana, se creó un sistema de salubridad.

Pero aquí, el Perú no cambia. Se opone férreamente a hacerlo. Seguimos siendo un país extractivista, carente de una industria significativa y de un mercado interno que valga la pena. A un país así le conviene la indiferencia a nuestros derechos básicos de salud, educación, alimentación, vivienda o seguridad. Y dejemos de culpar al Colonialismo español, porque fueron decisiones que tomamos al convertirnos en una República. Fuimos nosotros y no los españoles quienes quitaron el acceso a la educación y al voto de la población indígena, en ese entonces la mayoría de peruanos. Y aún no lo conseguimos revertir. 

No bastó que cada proyecto de Ley de este Congreso buscara evitar sanciones para quienes atentan contra nuestros derechos básicos. Hemos llegado casi al punto de romper con la cooperación internacional para evadir sus acusaciones sobre nuestro enfermo gobierno y así poder continuar con ese plan cuidadosamente elaborado por las mafias que nos gobiernan, que tienen identificadas todas las normas que los detienen y que están dispuestos a destruir. 

Esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de transformar o hundir al país. Y cada día el cambio climático nos advierte que vamos contra el tiempo. ¿Estamos dispuestos a seguir así?

En cada país, los grupos de poder siempre han tenido la intención de producir niñas, niños y adolescentes que respondan a los modelos de familia y ciudadanía que les resultan más convenientes. Siempre vinculados con la toma de los gobiernos, podemos considerar a los textos escolares como la más resaltante evidencia de tal intención. En los manuales podemos trazar las apuestas políticas, las revolucionarias y las represivas de los discursos en disputa de la hegemonía. Por esta razón cada vez son más las investigaciones que se realizan en ellos. España fue pionera en crear un centro para ello. Pasa por su experiencia. Al poco tiempo de que Francisco Franco tomara el poder tras la guerra civil, reescribió los textos escolares para que la juventud compartiera su anhelo de restaurar el imperio español. Y tras la muerte de Franco y la recuperación de la democracia, los textos escolares pudieron finalmente, enseñar el franquismo, aunque siguiendo la postura política de la editorial. Ante el último decreto sobre los saberes básicos (2022), la derecha más extrema se ha alzado en contra de la diversidad sexual y el que se haya reservado los estudios del bachillerato para un estudio político profundo de los siglos XIX y XX.

Augusto Pinochet cómo no iba a temer al programa Escuela Nacional Unificada de Salvador Allende, considerado comunista (cuando se trataba más de un modelo de gestión que de adoctrinamiento). Enfurecido, ordenó retirar todo material considerado extranjero, pues atentaba contra su patriótica educación. La historia se enseñaría a partir de heroicas biografías y las mujeres serían educadas para cuidar el hogar. Al igual que con el franquismo, una vez recuperada la democracia, la dictadura y los crímenes de Pinochet pasaron a los textos escolares para que las nuevas generaciones impidieran que se repitiera un gobierno tan atroz.  Sin embargo, los docentes no llegaban a trabajarlo por temor a que las familias reclamaran, lo reducían a un enfrentamiento entre dos bandos, o validaban opiniones que relativizaban los hechos. Hoy, las familias ya dejaron de oponerse y el tema cada vez interesa más a los estudiantes. 

Hasta hace poco, en Argentina la historia también se enseñaba desde un conjunto de símbolos patrios y de figuras heroicas. Por tal razón, Perón y Evita, aún en vida ya formaban parte de la imaginaría escolar y por la misma, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu prohibió los símbolos peronistas, encarceló y fusiló a los opositores. Al llegar la dictadura de José Rafael Videla, diseñó un sistema para controlar la subversión en la comunidad educativa, que trajo como consecuencia la desaparición de docentes y estudiantes. Sí, su gobierno fue el autor de la Noche de los Lápices. Aquella en que se secuestraron y asesinaron estudiantes de secundaria en septiembre de 1976. Recién durante los gobiernos de los Kirchner, los textos escolares presentaron una estructura más vinculada con los acontecimientos, como las dictaduras sufridas. Javier Milei aún no se ha referido al contenido, pero ha cancelado la compra de textos escolares de este año. 

En México, las quemas de textos escolares son tradición. Sobre todo desde la década de 1970 cuando se incorporó la educación sexual en los manuales. El año pasado, los opositores al gobierno del Presidente Manuel López Obrador encendieron nuevas hogueras. Los estados regidos por el PAN han rechazado los textos escolares por considerar que promueven el comunismo y la pedofilia y las familias han salido angustiadas a marchar.

En Perú, donde aún se extrañan los hermosos textos escolares del gobierno velasquista y del proyecto de Augusto Salazar Bondy, no ha sido necesario secuestrar, ni encender fogatas. Como los diversos grupos de corrupción han tomado el gobierno y las tareas públicas, ya consiguieron intervenir los textos escolares en nuestro país. El motivo es defender a Alberto Fujimori, negar el terrorismo de estado durante el Conflicto armado y ponerle fin a la educación sexual integral en el país. Así no cabe duda que la corrupción se alimenta de la ignorancia y el atraso, y por eso los fomenta. ¿Añadimos la indiferencia? 

Pocos meses atrás, Víctor Manuel Quinteros, ex Gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, publicó en el Boletín Idehpucp que en los últimos 7 años, el número estimado de armas sin registro en el Perú había ascendido de 267,000 a 342,000 en un contexto sumamente peligroso: somos testigos de cómo se ha expandido el crimen organizado transnacional y cómo diversas organizaciones criminales han surgido en nuestro país en las zonas de extracción ilegal, como la madera y la minería. Como consecuencia, la demanda de armas de fuego creció tanto para fines criminales, como para defensa legal. Para detenerla, se promulgaron leyes para regularizar las licencias y solicitar la entrega voluntaria de armas, pero de poco sirvió, pues el tráfico de armas, señala Quinteros, no sólo comercializa pistolas o revólveres, sino también fusiles de largo alcance que utilizan las fuerzas de la minería ilegal y las organizaciones criminales en Ecuador. Esas armas jamás serán entregadas voluntariamente.

De pronto, de brusca manera, el Pleno del Congreso acaba de aprobar el uso de armas por parte de los ciudadanos en situaciones de “legítima defensa”. Norma Yarrow y Patricia Chirinos han sido las dos mujeres que han impulsado esta propuesta legislativa, la cual modifica radicalmente el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. Desde hoy 15 de mayo queda establecido que no habrá responsabilidad penal, ni siquiera prisión preventiva, para aquellos que empleen el uso de fuerza letal en caso tengan que “defender su integridad o la de terceros”. Eso implica que si irrumpen en su casa, su carro o su negocio y se crea una situación de peligro inminente, se podrá matar al agresor, sin ningún temor o sentimiento de culpa. El año pasado, ya el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación determinaron que la iniciativa legislativa no podía ser aprobada, pues la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto justificar o exculpar actos de violencia hacia terceros, incluidos familiares, como los feminicidios. De nada ha valido la advertencia. Hoy, 77 congresistas las apoyaron en uno de los más irresponsables arrebatos que se hayan cometido. Ya no sólo la corrupción, sino también el crimen, acaban de tomar nuestro Congreso.

Patricia Chirinos sostiene que su ley, siguiendo el derecho a la legítima defensa y al vivir con seguridad, permite un “escudo de protección” para aquellos que se enfrenten a situaciones de riesgo. Disparar a un criminal es protegerse, se concluye de su propuesta, la cual es enriquecida por José Williams, quien considera que la delincuencia organizada ha “menoscabado el respeto por el Estado”. Por tal razón, argumenta el congresista de la misma bancada, el poder disparar en defensa propia sin ninguna regulación, promoverá el empoderamiento de la ciudadanía y, sinceramente aún no comprendo cómo, sostiene que la ley también reforzará la confianza de las fuerzas policiales frente al crimen organizado.

La pensadora Rita Segato describe la crueldad (2019) no sólo como una falta de compasión ante actos violentos, sino también como un deleite provocado por el dolor y el sufrimiento ajeno. Naturalizada, la crueldad también se presenta en las prácticas cotidianas que someten la subjetividad de las personas. Segato plantea que la crueldad se aprende porque se enseña. Que el gozo y la desensibilización ante el dolor juegan un rol activo en procesos de enseñanza-aprendizaje que como en los juegos de guerra, homogeniza y masculiniza. Pero hablamos de un país que no puede soportar esos juegos. Se trata de una guerra posible y de un mercado ilegal que dos mujeres congresistas, enceguecidas por las normativas ilegales que el Congreso y sus mafias nos imponen, están decididas a celebrar con una crueldad cada vez más retorcida. 

Que la recién fundada república peruana decidiera con justificaciones racistas, condenar a dos terceras partes de su población al abandono, la explotación laboral y la marginación territorial, produjo que la distribución del territorio y del gobierno del país se realizara entre hombres con acceso a las mejores escuelas, regentadas por docentes de buen nivel intelectual, usualmente extranjeros vinculados a congregaciones religiosas europeas o intelectuales peruanos con estudios y experiencia laboral internacional, varios luego ministros o embajadores. Eso no aseguraba que no hubiese corrupción y repartija en todos los gobiernos, pero sí traía consigo el imaginarse como un país algún día desarrollado. Existía un discurso de progreso y modernidad que en medio de tanta calaña consiguió que el analfabetismo se redujera año tras año, ampliando la cobertura escolar. 

Claro que costó trabajo. Durante los 200 años que ya tiene la República, el negar la educación se aprovechó con fines electorales; por ejemplo, durante casi un siglo (1896-1979) no se pudo votar siendo analfabeto, lo cual excluyó del gobierno no sólo a la población indígena sometida, sino también a la mujer peruana. No obstante, la población marginada, consciente del poder que estudiar implicaba migró, reclamó y luchó por su derecho, sin tomar conciencia de que el Estado peruano no se encontraba en condiciones de poder cumplirlo. 

Durante las últimas cuatro décadas de democracia y dictadura, las dos terceras partes de la población antes excluida por pobreza y condición étnica tuvo acceso a una mala educación escolar que devino en una mala educación universitaria. Universidades públicas y particulares formaron malos profesionales que refugiados en la corrupción, se adueñaron en ese lapso de la carrera pública magisterial, judicial y burocrática. Como resultado, se consiguió que sus allegados se enriquecieran permitiendo el fortalecimiento de la informalidad en el transporte y la minería, y la consagración del narcotráfico, del comercio de armas y la trata. Hoy, tras haber tomado también el Congreso, muchos de ellos se han enriquecido invirtiendo en mantener el sistema universitario lucrativamente exitoso, condicionado a perpetuar su conveniente sistema de mala formación. 

Pueda ser que exista algún antecedente escondido en algún libro de historia, pero estoy casi segura de que nunca antes en el devenir de este país, el Congreso de la República se había propuesto emitir una legislación que socavara la vital formación personal, ciudadana e intelectual de nuestra población. Esto implica que la mayoría de estos parlamentarios, con anuencia del Poder Ejecutivo y bajo la protección del Poder Judicial han acordado tirarse abajo los largos esfuerzos de mejora y los pocos logros conseguidos en las últimas tres décadas en el sector Educación: el cambio en la formación de los nuevos docentes y la carrera meritocrática, la ampliación de su cobertura a casi todo el país y el ingreso al sistema de evaluación internacional tanto de la formación escolar, como de supervisión de la calidad universitaria. Es cierto que todos estos procesos tienen bemoles que salieron a la luz durante la pandemia: al revés de lo necesario, los mejores profesores no se destinan a los lugares de mayor exigencia en la educación escolar, como las zonas bilingües, sino que se destierra a los malos docentes a las zonas más agrestes. Pero llegan. La infraestructura está colapsada, pero aún asegura la presencia del Estado. Aún no alcanzamos los promedios latinoamericanos de ciencias, matemáticas y lectura en las evaluaciones de organismos internacionales avales de nuestra economía, pero los docentes han conseguido que al menos una tercera parte de sus estudiantes realmente comprendan lo que leen. 

Y sin que fuera imaginable, este Congreso acaba de promulgar que 14,000 docentes que jamás aprobaron una prueba puedan regresar a enseñar. Contra toda expectativa, los acreedores de una de las peores universidades, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, han conseguido que retome su funcionamiento a pesar de que la Superintendencia Universitaria, la Sunedu, le negara definitivamente su licencia años atrás. Y peor aún, gracias al Poder Judicial, ha regresado a dirigirla su temido rector Luis Cervantes, quien repartió entre él y sus allegados, los ingresos de la universidad. Aquel señor que se pagaba a sí mismo 2 millones de soles mensuales, diez veces más que el sueldo del rector de Harvard, celebra su retorno.  

Y no hay alma escolar o universitaria que salga a las calles a protestar. Pareciera que ya no hay fuerza alguna o que la mala educación se comió al Perú. Lo cierto es que en los últimos siete años nuestro analfabetismo y abandono escolar están creciendo y con estas medidas pareciera que ya nadie los pueda parar.