Una externalidad es una falla del mercado, que aparece cuando una persona (natural o jurídica) realiza una actividad que afecta a un tercero, sea de manera positiva o negativa, que no participó en la transacción. Veamos ejemplos.
En el caso de la COVID-19 el impacto es negativo (el tercero se contagia), por lo que la externalidad es negativa; el costo puede ser la muerte de la otra persona. Pensemos ahora en el ruido y el motor defectuoso de un vehículo. A través del tubo de escape arroja un humo que es respirado por terceros, que nada tienen que ver entre el carro y su dueño. Nadie los compensa por el problema generado por el aire que tienen que respirar y si no existe una normativa adecuada seguirá existiendo ruido y contaminación a través de los gases producidos por los vehículos. Otro ejemplo: una mina opera en cierto lugar y los desechos tóxicos, producto de su proceso productivo, son arrojados a un río y contaminan el agua que algunos kilómetros más allá, sirven a un grupo de agricultores para regar sus sembríos. En este caso, los agricultores reciben el daño sin que ellos participen de la producción de la mina.
En los casos mencionados, se trata de externalidades negativas a la producción, pero también existen al consumo, como por ejemplo, el daño que le produce a un tercero el hecho que una persona fume, pues se ve obligado a aspirar un humo que atenta contra su salud. Lo mismo es válido cuando un perro ladra durante la noche o cuando suena la alarma de un automóvil y se afecta a terceros en el sentido que afecta la paz y tranquilidad.
En el caso de los ejemplos todas son negativas, pero también las hay positivas, como los efectos positivos sobre toda la población de una campaña de vacunación masiva, como ocurre con la COVID-19. Lo mismo ocurre con la educación y salud en general. Si se dejan al mercado, solo podrían acceder aquellos que pueden pagar. La evidencia empírica muestra que sociedades con mayores niveles de educación funcionan mejor.
Ante ello, el Estado interviene para corregir al mercado e intenta influir sobre su comportamiento para proteger los intereses del afectado. Es la llamada solución pública. [1] En el caso de la mina, los gobiernos pueden poner un impuesto por tonelada producida de modo de reducir la producción o regular. Así, mediante la regulación se puede hacer que ciertos comportamientos sean obligatorios o prohibitivos. En el caso del contagio por la COVID-19, penaliza a aquellos que salen durante la prohibición y/o a los que se reúnen de manera clandestina. Desde luego que las opciones se piensan en función de los afectados, pero el asunto no es tan simple como parece, pues existen distintas opciones y cada una de ellas tendrá costos y beneficios.
Un elemento crucial en la solución de una externalidad es la credibilidad de los actores involucrados, en particular del gobierno. Si nadie cree en el otro, no hay solución posible, pues resulta imposible su implementación. No debemos olvidar que la confianza y el orden son los pilares de una sociedad.
[1] También existe la “solución privada” que consiste en que las partes se pongan de acuerdo en la solución al problema, pero no es una opción ante la COVID-19.
