Esta será la primera vez en la historia del Perú en que la izquierda popular llegue al gobierno por la vía de los votos. El pueblo le ha otorgado la confianza de conducir el gobierno por los próximos cinco años a un programa popular que no ha tenido que hacer concesiones para poder ser elegido. Eso, sin embargo, no supone el sectarismo, que ya sabemos no conduce a nada bueno, sino la capacidad de realizar las transformaciones que el país necesita y reclama dentro de los cauces democráticos.
Con una historia que siempre la colocó en la oposición, hoy la izquierda tiene el deber de ser gobierno, tomar las decisiones, construir los consensos y asegurar que las expectativas populares no sean traicionadas por una mala gestión. Los dirigentes del nuevo gobierno deben comprender que ahora toca la enorme responsabilidad de ser un gobierno para todos.
El sectarismo siempre es una tentación en la izquierda. Su elección se ha realizado en circunstancias muy especiales y casi la mitad del país no ha votado por esa opción. Por ello, sin renunciar a sus principios, ofertas, ni su vocación transformadora, su principal misión será la de convencer a aquellos que no creen en un proyecto popular de igualdad y justicia social. Eso no se hará sembrando temor, ni mediante amenazas, sino explicando una y otra vez que un gobierno de izquierda no tiene que ser autoritario y empobrecedor.
Se puede lograr un gobierno de unidad a partir de hacer entender que el Perú requiere de un nuevo pacto social que legitime lo que queremos ser como nación. Por eso, la necesidad de debatir una nueva Constitución. Lo verdaderamente democrático es no temer al soberano en las decisiones que toma. La nueva Constitución es la puerta a nuevos consensos sobre la base de dotarnos a nosotros mismos de nuestro destino.
Las Constituciones son el reflejo de las necesidades sociales de una época. Y si algo nos ha mostrado esta pandemia es que el tiempo del neoliberalismo, que en nuestro país nunca pasó de ser un neomercantilismo, se ha agotado. Las enormes desigualdades y la precariedad que este modelo privatizador, autoritario y corrupto han abierto paso a la necesidad de un cambio.
La propuesta electoral ganadora en esta elección es la que tuvo como principal bandera un cambio de Constitución. Eso significa que el soberano se ha manifestado a favor de ello y, por tanto, el primer deber del nuevo gobierno será el de cumplir con su promesa de una nueva Constitución. Los que se oponen a una nueva Constitución deben entender que no se trata de un capricho del señor Castillo, sino de un mandato expreso que se le ha dado en las urnas.
No hacerlo sería traicionar la voluntad popular. El gran problema que siempre ha impedido a la derecha comprender nuestro país, es que nunca se ha dado la molestia de escuchar las necesidades de los sectores populares. El crecimiento macroeconómico ya no es suficiente ahora el pueblo exige también justicia e igualdad. Esa es la gran discusión nacional que nos toca como país llevar adelante, cómo logramos sacar de la postergación, la marginación y la exclusión a las grandes mayorías mediante un nuevo pacto social donde ellas también se sientan representadas, escuchadas y sobre todo, donde puedan tomas sus propias decisiones sobre qué tipo de país quieren.
No hay que tener miedo de lo que el pueblo quiera. La campaña infame contra Pedro Castillo y su partido para que no llegue al gobierno, aduciendo un fraude inexistente, sólo atisba los ánimos de un país dividido que necesita sanar sus heridas, curar sus fracturas y buscar en una nueva Constitución la oportunidad de empezar a construir una sociedad donde nadie, nunca más, sea prescindible.