Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo. 

Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.

Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.

Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.

Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.

Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.

Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.

A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico. 

Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.

Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.  

¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?

Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?

Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.

¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?

Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.

 

Viviana Rodriguez
La ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio con el Poder Judicial para «capacitar» jueces.

Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?

No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.

Un ingrediente fundamental 

Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.

 

Viviana Rodríguez
Disolución del convenio

El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.

Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.

Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.

Como parte de un miserable trasiego de votos -te doy los míos a cambio de los tuyos para mis proyectos- el Congreso aprobó recientemente el nombramiento automático de 200 mil maestros, sin pasar por concurso de méritos. Cerca de un tercio del total de maestros, lo que no es poca cosa.

El estreno de la meritocracia en el sector educativo proviene desde la época del segundo mandato de Alan García y buscaba, como es obvio, mejorar la calidad docente para que ello redunde, a su vez, en una mejora de la enseñanza, en una mejor educación para nuestros niños y adolescentes. Ello luego fue consolidándose y contábase con la unánime aprobación de los sectores involucrados en la educación (el Sutep es uno de los principales defensores de la meritocracia educativa).

Ello ha sido tirado por la borda. Le ha importado un pepino a la mayoría congresal la cualificación de la educación escolar en el Perú, que ameritaba una mejoría urgente y la continuidad del proceso de reformas iniciado hace más de una década.

Así está funcionando el Congreso. La izquierda y la derecha han firmado un pacto indecoroso por medio del cual se aprueban normas de interés de unos u otros, sumando sus respectivas votaciones, con el objeto de arrasar con la institucionalidad. ¿Qué hay detrás en este caso? La menuda pretensión de la izquierda de engrosar su base de apoyo electoral en esos maestros beneficiados con un nombramiento irregular.

Sin importar la absoluta falta de legitimidad del Legislativo, se está destruyendo buena parte de la poca institucionalidad alcanzada en los últimos años. El caso educativo es flagrante. Primero se tumbaron la Sunedu, después quieren tirarse abajo la reforma universitaria. Y ahora meten las narices en la educación escolar.

«Se buscaría autorizar el nombramiento automático de miles de docentes con más de 3 y 5 años de contratados; lo cual representaría la estocada final para mellar la Ley de Reforma Magisterial, basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros, protegiendo la defensa de una educación de calidad para nuestros niños«, advirtió IPAE Acción Empresarial en reciente comunicado, con el que no quedaba si no coincidir. Lamentablemente, cayó en saco roto.

Ahora se acredita que la FPF discriminó por mismo motivo a los Clubes Juan Aurich y Unión Huaral.La Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su Comisión de de Licencias, emitió las resoluciones 073-CL-FPF-2024 y 072-CL-FPF-2024 de fecha 11 de Junio, ordenando la suspensión de la licencia por cinco fechas a los clubes Deportivo Municipal y Binacional, respectivamente, por no acreditar el pago de deuda tributaria vencida de años anteriores.

Las resoluciones de la FPF concluyen que los clubes Deportivo Municipal y Binacional incumplieron con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento de licencias, que exige no mantener deudas tributarias vencidas por ejercicios anteriores al año de la Licencia.

Así mismo, con ambas decisiones se acredita que la FPF obró con un trato desigual a los clubes Juan Aurich y Unión Huaral, pues ante una misma situación, se les denegó de plano la licencia sin lugar a subsanar las obligaciones vencidas y por tanto su participación en el torneo Liga 2.

Pero lo más grave, es que a pesar que los clubes Municipal y Binacional mantenían deuda tributaria anterior, se les otorgó la licencia con opción a subsanarla, y pese a ser requeridos, mantuvieron el incumplimiento y luego de jugar 10 fechas de la competición, recién se les suspende la licencia sólo por 5 fechas, con opción a un nuevo plazo para cumplir con ese pago.

Este trato desigual e injustificado con los clubes Juan Aurich y Unión Huaral, hoy comprobado, viene siendo revisado por el Tribunal Arbitral del Deportes (TAS), y que al consumarse este acto discriminatorio, la pretensión sería amparada por el TAS y de esa forma, puedan retornar a la temporada 2025 del campeonato de Liga 2.

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Las discusiones políticas, más aún durante procesos electorales, suelen concentrarse en las redes sociales en si se es facho o se es comunista. Fórmula simplista que lleva a terribles desengaños, pero que funciona: ¡La izquierda nos saqueó! ¡La derecha nos vendió! ¿Es cierto que la izquierda saquea y la derecha nos vende? En ambos casos lo que hay son distintos recursos para hacer del Estado una herramienta de control. Sea para ampliar programas y servicios sociales (tomando el control de empresas y ministerios que beneficien redes de clientelaje) o para reducirlos hasta dar total libertad a los empresarios (libres de impuestos, ganando a costa de trabajadores sin derechos e indiferentes al impacto  ambiental), lo que queda claro es que se ganan las elecciones para hacer del Estado lo que convenga para seguir en él. Aquí no hay sueños estalinistas ni hitlerienses. Hay tan solo bolsillos ávidos por recibir.

Después de la Segunda Guerra, se apostó por un acuerdo mundial para ponerle límite a la manipulación del Estado a través de los derechos humanos. Eran los mínimos sin importar ser de izquierda o derecha, dictadura o gobierno democrático. Pero nada cambió, la brecha sigue creciendo entre los países del primer mundo que los protegen y desarrollan, mientras ni los derechos mínimos en nuestro continente han sido tomados con la seriedad y la prioridad necesarias. Nuestro Congreso es el mejor ejemplo. Declarados de izquierda o de derecha, lo único que interesa es utilizar al Estado para los fines económicos de cada grupo y mantener en silencio a la población. De qué sirve distinguir ambos bandos si declaran la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Con la pandemia nos dimos cuenta de que carecíamos de hospitales en número y en buen estado, sin real cobertura. Lo mismo con el sistema educativo, del cual cada año se retiran más y más adolescentes, niñas y niños del país, sin que nadie haga nada contra el retorno del analfabetismo. Desnutrición, falsa formación profesional, minería ilegal, trata, sicariato se han instalado en diversas zonas del Perú, dejando muy atrás las ganancias del narcotráfico. La migración regional llegó con sus pandillas criminales y se acomodó al sistema policial. ¿Sirve de algo ser de izquierda o de derecha en estos contextos? 

¿Cuándo perdimos la capacidad de imaginarnos como país? ¿Dónde están los grandes proyectos capaces de transformarnos? Cuando a mediados del siglo XIX se produjo en Europa la revolución industrial, se asumió que para conseguir un trabajo eficiente se requería saber leer, escribir y disciplinar. De inmediato, se creó un sistema de educación público que al finalizar el siglo consiguió que casi toda la población ya pudiera leer instrucciones y seguirlas. Y como se la necesitaba sana, se creó un sistema de salubridad.

Pero aquí, el Perú no cambia. Se opone férreamente a hacerlo. Seguimos siendo un país extractivista, carente de una industria significativa y de un mercado interno que valga la pena. A un país así le conviene la indiferencia a nuestros derechos básicos de salud, educación, alimentación, vivienda o seguridad. Y dejemos de culpar al Colonialismo español, porque fueron decisiones que tomamos al convertirnos en una República. Fuimos nosotros y no los españoles quienes quitaron el acceso a la educación y al voto de la población indígena, en ese entonces la mayoría de peruanos. Y aún no lo conseguimos revertir. 

No bastó que cada proyecto de Ley de este Congreso buscara evitar sanciones para quienes atentan contra nuestros derechos básicos. Hemos llegado casi al punto de romper con la cooperación internacional para evadir sus acusaciones sobre nuestro enfermo gobierno y así poder continuar con ese plan cuidadosamente elaborado por las mafias que nos gobiernan, que tienen identificadas todas las normas que los detienen y que están dispuestos a destruir. 

Esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de transformar o hundir al país. Y cada día el cambio climático nos advierte que vamos contra el tiempo. ¿Estamos dispuestos a seguir así?

  • La Asociación de Bancos del Perú y el ABC del BCP lanzan la segunda edición del concurso “Educación Financiera en tu Cole” con la participación especial de CARE Perú.
  • En esta segunda edición del concurso podrán participar los estudiantes y docentes de secundaria del programa “Educación Financiera en tu Cole” y el proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú, de las regiones de Cajamarca, Arequipa, Lima Metropolitana, Lambayeque y Amazonas. 
  • Este año al equipo ganador se le entregará un capital semilla de S/ 5000  para implementar su proyecto innovador de educación financiera en su escuela. 

La Asociación de Bancos del Perú, en alianza con el ABC del BCP, desde el 2023 realiza el concurso “Educación Financiera en tu Cole”, iniciativa que brinda la oportunidad a los estudiantes y docentes de su programa “Educación Financiera en tu Cole” de presentar proyectos innovadores en educación financiera, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, también participarán las niñas del proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú, cuyo propósito es contribuir a que niñas y adolescentes de zonas rurales y vulnerables del país concluyen su secundaria con bienestar y sin estereotipos de género que las limiten. El lanzamiento oficial de la segunda edición del concurso es el 13 de junio.

El concurso está dirigido a estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria y a los docentes graduados del programa “Educación Financiera en tu Cole” en las escuelas urbanas de Cajamarca, Arequipa y Lima Metropolitana. En esta nueva edición, además de las regiones mencionadas, el concurso tendrá la participación especial de las niñas y docentes beneficiados por el proyecto “Niñas con Oportunidades”, de CARE Perú, quienes se encuentran en las escuelas rurales de Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. Asimismo, este año se le entregará al equipo ganador por región un capital semilla de S/ 5000 nuevos soles para la implementación del proyecto en su escuela. Los docentes y estudiantes pueden preinscribir sus proyectos hasta el 27 de junio a través del siguiente link: www.concursoeducacionfinanciera.com

“Nuestro propósito es brindar herramientas financieras prácticas que puedan integrarse en la vida cotidiana de los estudiantes, preparándose para un futuro financiero más seguro y responsable. Una de nuestras líneas de acción dentro de nuestro programa Educación Financiera en tu Cole es el desarrollo del concurso que tiene como propósito seguir fomentando las habilidades esenciales en los estudiantes y docentes para el éxito profesional y personal en sus vidas mediante la elaboración de propuestas de solución innovadoras a una temática financiera que identifiquen en sus escuelas”, sostuvo Sandra Salcedo Arnaiz, jefa de Proyectos Gremiales de la Asociación de Bancos del Perú. 

El concurso es implementado por el Instituto Apoyo, y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos innovadores que aborden retos o problemáticas financieras identificadas en las escuelas, impulsando soluciones creativas y sostenibles que transformen su realidad y la de sus comunidades. “La educación financiera es un motor de transformación social. A través de soluciones creativas y la participación de docentes y estudiantes, estamos sembrando las semillas para un futuro financiero más sólido y consciente en nuestras comunidades en beneficio de ellos mismos y sus familias”, afirmó Andrés Flores Escudero, gerente de Educación Financiera del Banco de Crédito BCP. 

“En ámbitos rurales del Perú, más del 40 % de mujeres mayores de 14 años no tienen ingresos propios o dependen económicamente de un hombre. Esta realidad hace necesario promover todos los mecanismos que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres. En ese propósito, nuestro proyecto Niñas con Oportunidades y el concurso Educación Financiera en tu Cole son una oportunidad real para lograrlo”, manifestó Karina Pineda, jefa del proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú. 

A la afectación de la institucionalidad democrática que el Congreso viene perpetrando al caballazo con un sinnúmero de proyectos, le suma otros temas de no menor importancia (ley anti ONGs, contrarreforma del transporte, legislación contra el cine, etc.), que a su manera forman parte también del tejido institucional que una sociedad democrática debería albergar.

Se llama infructuosamente a la calle a manifestarse. Lamentablemente, no lo hace. Por temas de menor importancia (ley pulpin, por ejemplo), se armó batahola, hoy ni siquiera los colectivos más conocidos salen a protestar.

No se entiende por qué la apatía. Puede ser un efecto reactivo a la violencia de las protestas del 2022 y 2023, quizás la percepción de que éste es un gobierno de salida, el inicio anticipado de la campaña electoral (ya hasta se lanzan candidaturas presidenciales) o la lejanía que la ciudadanía siente cada vez más de las instituciones democráticas y por eso le importa poco su afectación, pero lo cierto es que de un movimiento callejero importante va a ser difícil esperar algo que frene los arrestos antidemocráticos del Parlamento.

Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es el silencio de la derecha liberal frente a lo que está sucediendo. Salvo aisladas excepciones, los principales voceros de los nuevos partidos que se están conformando dizque de ese perfil, no se pronuncian al respecto. Lo hace solo la izquierda, capturando el monopolio de la protesta frente al statu quo.

Porque se debe marcar distancia no solo de un Ejecutivo mediocre e incapaz sino también de un Congreso prepotente y antidemocrático, que sin importar su falta de legitimidad, legisla sobre asuntos de vital importancia zurrándose en la opinión pública y en la legalidad, en explícita complicidad con un Ejecutivo maniatado y débil, que solo está interesado en sobrevivir como sea hasta el 2026, a cambio de conceder absolutamente todo.

Este silencio le va a pasar factura electoral a la derecha liberal en gestación. No basta con criticar con acritud a Dina Boluarte. Eso es fácil. También hay que enfrentarse a los todopoderosos partidos que conforman la mayoría congresal, donde van a recibir seguramente dura respuesta. Pero si no están dispuestos a dar esa batalla, mejor que líen sus bártulos y busquen otra ocupación, que las tareas del 2026 en adelante van a requerir no solo claridad ideológica sino también mucho empaque para sobrellevar las reformas, muchas de las cuales van a tener que ver con el desarme de las que este Congreso está aprobando.

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El exministro Juan Carrasco Millones sería investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sudaca accedió a la información que sustenta esta denuncia penal.

A lo largo de su trayectoria como fiscal, el nombre de Juan Carrasco Millones ha estado vinculado a un sinnúmero de críticas e interrogantes sin resolver sobre su accionar en los casos emblemáticos que, en su momento, lo ayudaron a pasar de ser un fiscal provincial en Lambayeque a un personaje conocido a nivel nacional con el rótulo de luchador contra la corrupción.

Los cuestionamientos al abuso del recurso de la prisión preventiva, los numerosos casos de personas que permanecieron por largos periodos en prisión sin haber cometido un delito, las irregularidades en los informes de inteligencia que utilizaba y hasta los testimonios que involucraban a sus aliados más cercanos como cómplices de políticos corruptos llevaron a que Juan Carrasco no tarde en convertirse en un nombre que despertaba dudas.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una denuncia penal que lo involucra y que agrega, a los cuestionamientos previamente mencionados, una nueva acusación. Sudaca accedió a este documento que consta de noventa y dos páginas en las que expone un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

ECONOMÍA SOSPECHOSA

Esta denuncia se centra en los extraños movimientos que ha tenido la economía del exministro a lo largo de más de una década y entre los hechos que se incluyen se hace mención a la declaración de ingresos y bienes presentada por Carrasco Millones. En ella destaca que, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto en 2010, el valor de sus bienes ascendía a S/ 174,000.00 y esto se mantenía para el año siguiente.

Lo extraño de esta historia empieza en 2012, cuando la declaración del entonces fiscal muestra una disminución de sus bienes que quedaron en S/ 121,050.00. Esta cifra llama la atención debido a que en junio del año anterior había adquirido un inmueble por el monto de S/ 36,000.00 y que, apenas veintiún días después, vende por la cifra de S/100,000.00. 

Cristian Rebosio

A estas sospechas se le suma que, en diciembre del 2011, un préstamo correspondiente a una hipoteca por la propiedad adquirida por Carrasco Millones alcanzaba los S/ 156,600.00 despertando las dudas sobre el insólito aumento en la valoración de una propiedad que, supuestamente, sólo había costado S/ 36,000.00. Además, pese al crédito que recibió el exministro por S/ 88,200.00, el valor de sus bienes no se modificó de 2012 a 2013.

Cristian Rebosio

Sin embargo, entre 2014 y 2015, el patrimonio de Juan Manuel Carrasco Millones sí registró dos cambios considerables. En el primer año llegó a los S/ 200,000.00 y, para el año 2015, esta cantidad aumentó hasta alcanzar los S/ 300,000.00.

Cristian Rebosio

Otro de los movimientos irregulares que se detallan en la denuncia ocurre en el año 2018 cuando se otorga una nueva hipoteca por un préstamo de S/ 100,133.56. En los documentos se señala que el valor comercial de inmueble era de S/ 418,850.00 pese a que en las declaraciones de Carrasco sobre sus bienes estos sólo ascienden a trecientos mil soles.

Cristian Rebosio

Entre los años 2019 y 2020, el valor de los bienes patrimoniales de Juan Carrasco experimentan otro cambio impresionante al pasar de S/ 300,000.00 a S/ 736,000.00. Para el año 2021, los bienes patrimoniales llegaron a S/ 1’036,000.00, una cifra que nuevamente llama la atención al tener en cuenta que los ingresos netos anuales del fiscal sólo ascendieron a S/ 150,000.00.

EL VEHÍCULO DEL PODER

En estos documentos que Sudaca pudo revisar también se hace mención a un episodio muy particular relacionado a la compra de un vehículo. Según se ha corroborado, en mayo del 2022, Juan Carrasco compró un automóvil marca Honda por diez mil dólares. Esto no tendría nada de sospechoso de no ser porque, casualmente, este vehículo pertenecía a Javier Alonso Pacheco Palacios, quien ocupó el cargo de Procurador General del Estado Peruano y esto significa que fue dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que trabajaba Carrasco Millones.

Cristian Rebosio

Pero, además, Pacheco Palacios fue propietario de este vehículo tan sólo durante cuatro meses tras comprárselo, por once mil dólares a Amado Daniel Enco Tirado, quien también había sido Procurador General del Estado Peruano. Enco Tirado, a su vez, había comprado el vehículo en agosto del 2020 por trece mil quinientos dólares y sólo fue su propietario durante un año y cinco meses. 

Los inusualmente cortos periodos que este automóvil permaneció con sus dos últimos propietarios antes de ser adquirido por Carrasco Millones así como la ausencia de signos de deterioro que se expone en la denuncia han llevado a que se presuma que el valor comercial de Honda Accord sería distinto al que se declara.

Según lo que se señala en el Código Penal, el incremento ilícito del patrimonio de un funcionario o servidor público llevaría a que la pena privativa de libertad se encuentre entre cinco y diez años. Pero, cuando se trata de una persona que ocupó cargos de alta dirección, la pena privativa de libertad puede llegar hasta los quince años.

Si bien serán las investigaciones las que determinarán si al exministro le corresponde pasar un periodo en prisión, los hechos mencionados en la denuncia a Juan Carrasco confirman que se trata de un personaje que, durante su trayectoria, ha sabido acumular millones de sospechas sobre su proceder.

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A pesar de que Lima es una ciudad enorme y no escasa históricamente de migraciones, el cosmopolitismo parece difuminado u opacado por ciertas tendencias predominantes. Aunque quizás sería más preciso aludir a la segregación cultural que es parte de nuestro día a día. Hablar de clases y fenotipos se queda corto, y son pocos los materiales que permiten comprender los matices, condiciones y clasificaciones que componen ese enorme tejido desmembrado que es nuestra ciudad. Quizás solo la novelas y cuentos que tan ricamente han retratado nuestros escritores se acerquen a reflejar todas estas distancias sociales.

No obstante, existen algunos espacios que logran reflejar esas mixturas que trascienden a lo peruano —si acaso esto existe— e incluyen a pequeñas islas de comunidades extranjeras. El caso de avenida Aviación es creo que uno de los más interesantes. Uno puede en la misma avenida encontrarse con restaurantes chinos —de las diversas regiones de China—, pollerías, chifas, cevicherías, comida coreana, japonesa, tailandesa, italiana, mexicana, venezolana y, naturalmente, gringa (influencia enorme y aspiracional en nuestra cultura desde hace varias décadas). No se trata de sitios de moda, pero al igual que lugares como el Centro Comercial Arenales y ciertos rincones del Centro Histórico, reúnen a pequeñas comunidades que se interesan por manifestaciones culturales —y, desde luego, no hablo solo de cocina— que provienen de otros países. Naturalmente, muchos de los que frecuentan dichos lugares forman parte de grupos migrantes o de segundas, terceras o cuartas generaciones de estos. Pero no son sitios exclusivos de ellos.

Así, quien recorre e indaga estos espacios es capaz de beber de la cultura (hay que notarlo, principalmente, asiática) sin la necesidad de viajar a otro territorio, ya que esto muchas veces —casi todas en un país que no goza de una clase media consolidada como tal— supone un privilegio del que la minoría de limeños no goza. Al menos, sucede con los espacios que conservan los miembros de las comunidades asiáticas. Me gustaría pensar que migraciones como la venezolana también establecerán con el tiempo sitios que enriquezcan el ecosistema cultural de nuestra ciudad, pues sería una pena que se vean nublados o rechazados por esa limeñidad confusa y atropellante que muchas veces rechaza lo diferente (a pesar de que no deja de aspirar a ser algo que no es).

Lo más agradable del acercamiento a estos espacios es, como señalaba, que no se trata de lugares de moda. No hay peliculina de por medio, no son sitios precisamente instagrameables (bajo los estándares de lo aesthetic —término hueco y aspiracional por excelencia—). Se trata de espacios auténticos que sobreviven por un público fiel que no busca seguir modas ni agourmetizaciones). Jamás se ubican en los distritos más privilegiados, sino que, precisamente, se corresponden con barrios de clase media, residenciales y que no pretenden ser turísticos. 

Aviación reúne el Teatro Nacional, la Biblioteca, el Museo, Cines, Polvos Rosados, centros comerciales, toda la diversidad de restaurantes, mercados asiáticos, Gamarra, parques y el único e histórico tren que tanto simboliza. A quien le interese comer platos de diversas partes del mundo sin desestabilizar su planificación económica mensual, puede encontrarla en esta avenida y de primerísimo nivel. Varias de las mejores cenas que he disfrutado han sido ahí. Estoy seguro de que muchos sabrán a lo que me refiero y, quienes no, espero que aprovechen esa cuota de cosmopolitismo que tantas veces se cree inexistente en nuestra ciudad gris.

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A este paso, si no se hace nada, va a haber como cuarenta o más agrupaciones políticas compitiendo para las presidenciales del 2026 y no se ve en el Congreso que nadie piense nada para atenuar ello, que lo único que va a hacer es lograr tal atomización del voto que bastará con tener el 7 u 8% de la votación para pasar a la segunda vuelta, con la consecuente ingobernabilidad para el siguiente lustro.

Propongo tres planteamientos que podrían ayudar a paliar esa tendencia y que solo requieren ley, no reforma constitucional. Se pueden aprobar en una legislatura con 66 votos. 1.- reponer las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que exigían cierto nivel de participación para poder continuar en la carrera. Es la más difícil porque claramente los partidos que controlan el Congreso no las quieren y ya las acotaron. Es difícil que den marcha atrás, pero igual la expongo como opción. 2.- asumiendo que se mantiene la normativa vigente, que se establezca una valla en la participación de los afiliados en las elecciones internas de delegados, por ejemplo, que participen, de los 25 mil afiliados, el 25 o el 30%. Lo mismo para la elección de los delegados, que haya una valla mínima a sortear si se quiere mantener la inscripción y poder competir. 3.- que se elimine el punto adicional (1%) de la votación que hoy se exige a las alianzas por cada partido que se sume, para poder tener presencia y mantener la inscripción. Hay que alentar las alianzas, no desalentarlas. Solo, como las otras, requiere ley.

Sería una desgracia anticipada que se permita que clubes de amigos aspiren a ocupar el sillón presidencial y que además tengamos un Congreso infinitamente más fragmentado que el actual. Cualquiera que llegue a la Presidencia en esas condiciones no va a poder gobernar y se mantendrá la crisis política por cinco años más, con las consecuencias devastadoras que ello tendrá en materia social y económica.

Necesitamos romper la espiral de la crisis que sufrimos desde el 2016, pero para ello se requiere que el Congreso se detenga a pensar seriamente cómo atemperar el desastre previsto si no se cambian las reglas de juego.

 

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