[EN LA ARENA] En estos días de fiestas es casi imposible escapar de las ganas de hacer un balance del país. Las juntas con amigos y familiares nos muestran siempre que no es tan fácil vivir en un país tan obviamente complicado. Y la condición más clara, que nos han explicado hasta el cansancio, década tras década, diversos autores, es que disfrutamos el excluirnos radicalmente entre nosotros. Un ejemplo concreto y directo: actualmente sólo el 20% de nuestra economía es informal; sin embargo, más del 70% de peruanos (y en algunas regiones hasta el 90%) tiene un trabajo informal. De todos ellos, más de un millón de niños, niñas y adolescentes ha tenido que abandonar el colegio para empezar a trabajar así, informal o peor aún, ilegalmente, sufriendo el ser víctima de un trabajo forzado o sexual.
Mientras tanto, la presidenta que tenemos en este momento (contra la voluntad de la mayoría de peruanas y peruanos) ha dedicado todo el año a viajar al extranjero, fotografiarse con celebridades y llevar un saludo de paz. Mientras tanto, aquí ella es indiferente y deja hacer a su gabinete y al Congreso. En el proceso judicial en el que se encuentra por las masacres que con su conocimiento se perpetraron (otro caso clarísimo de exclusión y crueldad racial con el que empezamos el primer trimestre del año) ella, la presidenta, sólo guarda silencio.
Inspirada probablemente en el delirante presidente de El Salvador, su labor como presidenta se ha reducido (o concentrado, cómo se lo quiera percibir) al de la seguridad urbana. Para ello ha decidido, como su homólogo, quebrar leyes y sentidos básicos del derecho. Por lo pronto, su apuesta por dar el control policial de las calles a los militares parece no haber presentado cambio alguno. Ahora dotará de labores fiscales a los policías. Además de si reduce o no la violencia urbana, el problema es su impacto en la legislación y los antecedentes que nos deja, permitiendo que se pueda ejercer violencia de parte del Estado.
Casualmente, desde el año 2021, las cifras de tasa de homicidios en el Perú han dejado de aparecer en los estudios divulgados sobre los índices de criminalidad en América Latina por las Naciones Unidas. Sin embargo, si comparamos las cifras del año 2020 con las de este año difundidas por encargo de entidades del gobierno, podemos ver que el número de personas lamentablemente asesinadas ha disminuido notablemente. El año 2020 fueron cerca de 1900 y hasta la semana pasada el Sistema Informático Nacional de Defunciones había registrado menos de 1,100. Sin duda el índice de 6 por cada 100 mil habitantes debe haber disminuido y haber mantenido nuestra estabilidad en la región, en donde países como Colombia, Ecuador, México u Honduras, superan tasas de más de 25 hasta de 38 como alcanzó El Salvador hace algunos años.
Si el índice en Perú está bajando, queda la pregunta de por qué la presidenta insiste en quebrantar el sistema jurídico en nombre de una violencia que los medios presentan falsamente como haber “batido récord”. Porque así, la presidenta alimenta la exclusión, el odio al migrante, la sospecha contra el pobre.
En estos días de fiesta, también resulta imposible no soñar. En toda esta historia de manipulación de la información, la prensa y los rezagos de partidos políticos tienen un papel fundamental porque la exclusión se alimenta de la mentira, en cambio la solidaridad, con la búsqueda de la verdad. La exclusión no quiere que nada cambie, la solidaridad siempre quiere que seamos más y mejor. El país somos “todos”, mucho más que “nosotros”. Mi deseo para el 2024 es que al menos un medio de comunicación nacional y al menos un partido político también nacional, tenga la capacidad de proponer como salir de este mundo de trampas y engaños, de sangre y de fuego, para mirarnos, cuidar nuestras tierras de los delincuentes y dejar que nuestras niñas, nuestros niños puedan crecer en plenitud.
