La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.
Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides.
La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.
La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político.
La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.
No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.
