En el entramado político actual, se está gestando un escenario que parece haber sido escrito por un dramaturgo del absurdo. Los personajes (presidenta, primer ministro, ministros, gobernadores regionales y congresistas), enredados en una madeja de contradicciones y mentiras, se contorsionan en un grotesco baile de marionetas. Desde las controvertidas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte ante la fiscalía sobre el origen de los Rolex y otras joyas, hasta las peculiares respuestas de Gustavo Adrianzén a la prensa nacional y extranjera, pasando por las respuestas de algunos ministros y ministras en defensa de la mandataria, la escena política nacional se asemeja cada vez más a un circo de variedades.

Vivimos una tragicomedia donde la risa se transforma en una mueca amarga al darnos cuenta de que quienes ostentan el poder no son más que una caricatura de líderes, una farsa de gestores públicos, un amago de legisladores sin los conocimientos ni las competencias necesarias para legislar y gobernar bien. Es desalentador ver cómo la democracia es socavada por grupos de ineptos que difícilmente serían considerados aptos para actuar como extras en una producción de muy bajo presupuesto.

Tarde o temprano, el gobierno de Dina Boluarte implosionará. Mientras implosiona es importante que los partidos políticos democráticos, no los que la defienden a rajatabla, se preparen para enfrentar tal situación. Esta debacle no será simplemente el resultado de la incompetencia y los indicios razonables de corrupción durante su administración, sino también un reflejo del deterioro generalizado de las instituciones democráticas en nuestro país producto del asedio de fuerzas anti democráticas. Las fisuras en el sistema político se han vuelto demasiado evidentes como para ignorarlas, y la ciudadanía está cada vez más desencantada y desconfiada de aquellos políticos y partidos que supuestamente deberían representar sus intereses.

En medio de esta crisis, es fundamental que los partidos políticos se unan en un frente común para restaurar la confianza en el sistema democrático y ofrecer una alternativa creíble y responsable al caos que dejará el gobierno de Boluarte. Esto implica no solo la articulación de propuestas y políticas coherentes, sino también el compromiso de reconstruir las instituciones desde cero si es necesario y retomar las reformas que fueron dejadas de lado. Además de un desprendimiento de aquellos dirigentes y dirigentes políticas casi nunca visto en la política nacional. La tarea no será fácil ni rápida, pero es imperativa si queremos evitar que el país caiga en un abismo de autoritarismo y despotismo. ¿Se imaginan una coalición democrática integrada por Jorge Nieto, Susel Paredes, Alfonso López Chau e Indira Huilca? 

Por último, en tiempos de crisis política, la prensa juega un papel fundamental: ser vigilante y comprometida con la verdad. Informar y cuestionar al poder son tareas esenciales para fortalecer la democracia y promover la responsabilidad y transparencia en la sociedad. A esta crucial tarea se suma, desde hoy y desde su Bunker, Juliana Oxenford. ¡Bienvenida!

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En el caótico espectáculo del escenario político nacional, donde los intereses compiten como olas en un mar turbulento, la presidenta Dina Boluarte se ha lanzado de lleno al papel estelar en un drama político que parece más propio de las exageradas tramas de las telenovelas. Su último encontronazo con la justicia, que ella dramatiza como un asalto organizado contra su persona y la mismísima democracia, ha elevado la tensión a niveles propios de un guion de conspiración de serie B.

Y qué decir del episodio más reciente en el culebrón del «Caso Rolex», donde los fiscales irrumpieron en el hogar de la mandataria como si se tratara de una redada en una operación policial de Hollywood. Con un tono que mezcla indignación y resentimiento, Boluarte acusa a diestro y siniestro a aquellos que ella considera sus enemigos, pintándose a sí misma como la heroína incomprendida, perseguida por las sombras y ‘caviares’ de la noche, según sus cómplices.

La trama se complica aún más con la revelación de una serie de ataques que la presidenta detalla minuciosamente, destacando cada afrenta a su honor y cada intento de menoscabar su autoridad. Desde las acusaciones de encubrimiento de Vladimir Cerrón hasta la misteriosa desaparición del «cuaderno de ocurrencias», cada incidente se convierte en otro capítulo de la epopeya de la mandataria.

Pero lo que realmente nos tiene pegados al asiento de este espectáculo es la actuación estelar de Boluarte como la abanderada de la democracia, el estado de derecho y la Constitución. Sus constantes llamados a la acción, convocando a sus seguidores a unirse en su defensa, nos hacen sentir como si estuviéramos viendo una película de superhéroes barata, donde ella es la superheroína contra los malvados que la rodean.

Ah, pero claro, esta retórica debe elevarse más allá de meras palabras y encontrar su sustento en acciones tangibles. ¡La democracia demanda que su ilustre presidenta y líderes políticos rindan cuentas, se desenvuelvan con transparencia y, por supuesto, siempre digan la verdad! Qué fácil habría sido para la distinguida mandataria explicar el origen de aquellos relucientes relojes Rolex que adornaban su muñeca y a los cuales presta poca atención su primer ministro. ¡Recibir a los fiscales, mostrarles sus exquisitos relojes de alta gama y explicarles cómo llegaron a sus manos no habría sido más que un simple paseo por el parque!

Como todos sabemos, en la política no todo es lo que parece. Y mientras la presidenta Dina Boluarte sigue luciendo sus lujosos relojes Rolex con una elegancia tan descuidada como sus explicaciones, la trama continúa girando, manteniéndonos en vilo sobre cuál será el próximo capítulo en este circo político de nunca acabar.

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En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.

Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.

El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.

Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.

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En la opinión pública, cortesía de La Encerrona, un tema ha emergido, eclipsando debates sobre la recesión económica y la seguridad ciudadana: ¡los relojes lujosos de la presidenta Dina Boluarte! Mientras algunos de sus pares latinoamericanos se afanan por abordar problemas urgentes, nuestra querida presidenta parece más preocupada por lucir los últimos modelos en su muñeca.

Desde los salones del Palacio de Gobierno, las calles de Lima y de otras regiones, la resplandeciente ostentación de estos relojes no pasa desapercibida. En cada comparecencia ante la prensa, un nuevo reloj reluciente aparece en la muñeca de la mandataria. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre la demolición de la institucionalidad democrática cuando puedes quedarte embobado admirando los detalles de sus relojes de pulsera de alta gama?

Se rumorea que la presidenta Boluarte posee un reloj para cada día de la semana, cada uno de los cuales supera al anterior en valor. Los ciudadanos pueden respirar aliviados: su líderesa está perfectamente sincronizada en sus reuniones y en el uso del tiempo, gracias a su vasta colección de relojes de lujo. ¡Qué alivio saber que, mientras el dengue avanza en el país sin mayor control, al menos los relojes de la presidenta funcionan a la perfección!

Es reconfortante saber que, mientras la mayoría de congresistas se esfuerzan por desmontar cuanta reforma les sea posible e instaurar el reino de la ilegalidad, la mandataria dedica su tiempo a cuestiones más trascendentales, como pensar en su outfit relojero. ¿Quién necesita un gabinete ministerial bien preparado cuando puedes tener un estuche rebosante de relojes exclusivos? 

Claro, algunos críticos podrían argumentar que presumir de riqueza en un país marcado por la desigualdad económica y la pobreza es un tanto descabellado y frívolo. Pero, ¿qué importa eso cuando puedes deslumbrar a la población con el brillo de tus accesorios? 

Además, mientras los ciudadanos luchan con las dificultades económicas diarias, la extorsión por parte de grupos criminales, el sicariato y el regreso de las combis “asesinas”, la extravagancia de la presidenta Boluarte solo sirve para resaltar la desconexión entre la “élite” política y los ciudadanos y ciudadanas. O para decirnos que cualquiera puede tener un Rolex, siempre y cuando trabaje lo suficiente para comprárselo, ignorando la realidad de miles de peruanos que viven en la pobreza y la desigualdad.

¡Brindemos por nuestra presidenta y su colección de relojes exclusivos! Porque al final del día, ¿qué importa el bienestar de la ciudadanía si la mandataria luce un Rolex? ¡Salud!

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La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.  

Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides. 

La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político. 

La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.

No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.

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El escenario político peruano siempre ha estado plagado de giros dramáticos, y pocas historias han sido tan tumultuosas como la saga del clan Fujimori. Desde el apogeo del poder del «líder histórico» Alberto Fujimori hasta las sucesivas derrotas en las elecciones presidenciales de su hija Keiko, este linaje ha protagonizado una serie de eventos que podrían competir con las tramas más intrincadas de la literatura política.

Uno de los últimos capítulos más saltantes en esta saga se desarrolló en torno a la libertad de Fujimori, condenado por una serie de delitos. Kenji, su menor hijo, se embarcó en una intensa campaña para lograr el indulto de su padre, utilizando diversos recursos y estrategias. Por lo tanto, no fue sorpresa que finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto a cambio de los votos de los congresistas “albertistas”, los cuales evitarían su eventual vacancia. Sin embargo, la alegría efímera de la liberación se convirtió en desilusión cuando el indulto fue declarado nulo, y Fujimori volvió a la cárcel. 

Mientras Kenji luchaba incansablemente por la libertad de su padre, su hermana Keiko permanecía en un segundo plano, sin hacer nada para apoyar la causa de su hermano. Peor aún, su actitud hostil hacia Kenji evidenció las divisiones en el seno político y familiar. Esta falta de apoyo por parte de Keiko hacia Kenji no solo sorprendió a muchos observadores políticos, sino que también generó preguntas sobre las verdaderas dinámicas familiares y políticas dentro del clan Fujimori y del movimiento fujimorista en general.

¿Cuál fue la razón detrás de la decisión de Keiko de mantenerse al margen y confrontar a su hermano? Es difícil precisarlo. No obstante, una razón plausible podría ser la rivalidad política y personal entre los hermanos. Keiko, en calidad de destacada figura del fujimorismo, habría podido percibir la campaña de Kenji como una amenaza a su propia posición de poder y liderazgo. Además, es factible que Keiko haya tenido divergencias estratégicas con la campaña de Kenji. Quizás consideró que la estrategia de Kenji para obtener el indulto de su padre no era la más efectiva o pudo haber expresado preocupaciones respecto a las implicaciones políticas a largo plazo de conceder dicho indulto.

La estrategia de confrontación con Kenji socavó la imagen de unidad y cohesión que el fujimorismo intentaba proyectar, exponiendo públicamente las divisiones internas y rivalidades dentro del clan Fujimori. En lugar de presentar una sola fuerza, la situación puso de manifiesto la existencia de dos sectores claramente definidos: uno liderado por Kenji y otro por Keiko.

La reciente declaración de Alberto Fujimori, en la que apoya sorprendentemente la permanencia de la presidenta Boluarte hasta el 2026, solo sirve para agregar más combustible al fuego de la intriga política. “El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. La distinción entre Fuerza Popular y el fujimorismo no es gratuita. Esta ratifica la existencia de dos sectores diferenciados en el seno del fujimorismo y anuncia su regreso a la política. En este sentido, señaló que el fujimorismo postulará en las próximas elecciones presidenciales, aunque no confirmó que su hija Keiko fuese la candidata. ¿Cómo puede interpretarse la declaración de Fujimori? Las especulaciones están en pleno apogeo.

En definitiva, ¿cuál será el futuro de Fuerza Popular y del fujimorismo? ¿Podrán superar sus divisiones y las confrontaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la saga del fujimorismo aún tiene muchos capítulos por escribir, y ninguno de ellos parece estar exento de drama y sorpresas.

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En la historia de la lucha por la justicia, la fraternidad, la solidaridad y el bienestar común, resuenan con fuerza nombres que encarnan la valentía, la determinación y la esperanza. Uno de estos nombres es el de María Elena Moyano, una figura emblemática que dejó un legado imborrable en la lucha por los derechos humanos y la democracia en el Perú.

Desde una edad temprana, Moyano demostró un profundo compromiso con su comunidad y una pasión por la justicia social. Esta pasión la llevó a convertirse en una de las líderes más prominentes de su tiempo, una mujer que creía firmemente en la democracia y en el poder del pueblo para transformar su realidad.

En un contexto marcado por la violencia de Sendero Luminoso y el fujimorismo, Moyano abogó incansablemente por el diálogo y la participación ciudadana. Su visión de la democracia no se limitaba a un sistema político, sino que abrazaba la idea de una democracia integral presente en todas las esferas de la vida de las personas.

Reconocía que la democracia solo puede florecer en un entorno donde se respetan irrestrictamente los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, dedicó gran parte de su vida a la defensa de estos derechos, especialmente los de las mujeres y los más vulnerables de la sociedad. En 1984, fue elegida presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES). Su lucha incluyó la promoción de la educación, la salud y el bienestar de las comunidades, así como la denuncia de las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y las violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

María Elena Moyano también incursionó en la política, siendo elegida en 1989 como teniente alcaldesa de Villa El Salvador por Izquierda Unida (IU). Se convirtió en una figura destacada no solo en su distrito, sino también en Lima Metropolitana. Su compromiso con la no violencia y la búsqueda de justicia la convirtieron en una figura respetada y admirada. Por eso mismo, desafió valientemente a Sendero Luminoso y a las fuerzas del orden que amenazaban la paz y la seguridad de su comunidad.

Trágicamente, su activismo social y político la convirtió en blanco de aquellos que se oponían a su mensaje de esperanza y cambio en democracia. El 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso.

Sin embargo, su legado perdura. María Elena Moyano sigue siendo un símbolo de coraje y resistencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la justicia nunca se apaga por completo. Su vida y su sacrificio nos inspiran a todos a seguir luchando por un mundo donde la democracia y los derechos humanos sean verdaderamente universales y respetados por todos.

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Parece que la entrevista dominical de Carlos Álvarez marca el inicio de su carrera a la presidencia de la república. Parece que la búsqueda de un candidato de centro derecha con posibilidades electorales ha culminado. Parece que será un rival que complique las aspiraciones electorales de Keiko Fujimori.

La incursión de actores cómicos en la política como candidatos presidenciales es un fenómeno revelador de cambios significativos en la forma en que la sociedad percibe y participa en la política contemporánea. Tanto en el ámbito político como en el cultural, este fenómeno ilustra transformaciones notables que afectan la relación entre los ciudadanos y sus líderes políticos.

Desde una perspectiva política, la presencia de actores cómicos puede interpretarse como una expresión palpable de la insatisfacción generalizada con la clase política tradicional. El desencanto de la ciudadanía con políticos percibidos como corruptos y desconectados de las preocupaciones cotidianas impulsa la búsqueda de alternativas novedosas. Los comediantes, al no estar vinculados a partidos políticos tradicionales, pueden presentarse como figuras no contaminadas por la corrupción y capaces de expresar las inquietudes de la ciudadanía de manera directa y sin restricciones.

En el ámbito cultural, la incursión de actores cómicos también refleja la creciente despolitización de la sociedad contemporánea. En un contexto donde la política ha asumido características de entretenimiento y espectáculo, la ciudadanía muestra un interés decreciente en la política convencional. La capacidad de los comediantes para hacer reír se convierte en una forma de atraer la atención del público, ofreciendo una alternativa a la política tradicional y sus representantes.

La singularidad de estos candidatos radica en su enfoque diferenciado y su habilidad para conectar con el público de maneras no convencionales. Desafían las normas establecidas y presentan ideas diferentes. Su conexión con la audiencia, a menudo basada en el humor y la autenticidad percibida, les otorga una ventaja en la era de la desconfianza hacia la política tradicional.

A pesar de estos aspectos positivos, la incursión de actores cómicos en la política plantea cuestionamientos legítimos sobre su idoneidad y seriedad para asumir roles de liderazgo a nivel presidencial. La percepción de falta de seriedad y la preocupación sobre la capacidad para gobernar son desafíos evidentes que estos candidatos enfrentan. La falta de experiencia política y conocimientos específicos para ocupar cargos de alta responsabilidad puede generar inquietudes sobre su capacidad para abordar los desafíos complejos de la gobernabilidad.

En conclusión, mientras que la presencia de actores cómicos en la política puede ser un reflejo de la búsqueda de alternativas y la desilusión con la política convencional, también plantea interrogantes sobre la preparación y la seriedad necesarias para liderar un país. La intersección entre la comedia y la política ofrece una dinámica compleja que desafía las percepciones tradicionales y exige un análisis cuidadoso de los pros y contras asociados con esta tendencia emergente.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  En un intento por reforzar su imagen de liderazgo, los ministros y ministras del gabinete Otárola, en cada oportunidad que se les presenta, enfatizan que sus acciones son por decisión expresa de la presidenta Boluarte. Esta insistencia podría interpretarse como un intento de Boluarte de reafirmar su autoridad frente a la opinión pública.

Hace unos días, el primer ministro Otárola, ante el señalamiento de que es él quien se encuentra detrás de todas las decisiones gubernamentales, afirmó que solo es “el portavoz del gobierno” y que todos los ministros están bajo “el liderazgo de la mandataria”. “Parece una broma [lo que sostienen], pero no es así. Aquí estamos bajo el liderazgo de la presidenta de la República, quien no solo toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino que también impulsa las reformas políticas y públicas que requiere el país”, sostuvo enfático. Esta defensa de la presidenta Boluarte podría indicar que se encuentra en una situación vulnerable.

La percepción de la opinión pública de que Otárola es quien manda, y no Boluarte, tiene un impacto negativo en la figura presidencial porque merma la legitimidad de la presidenta. La legitimidad es la aceptación de un gobierno por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando la población percibe que el primer ministro es quien manda, se cuestiona la legitimidad de la presidenta como máxima autoridad del país. Esto se debe a que la legitimidad no se basa únicamente en el cargo que se ocupa, sino también en la capacidad para ejercer ese cargo.

Asimismo, lleva a cuestionarnos «¿quién manda a quién?». Esta pregunta cuestiona la capacidad de la presidenta para ejercer el poder. Si los ciudadanos y ciudadanas perciben que el primer ministro es quien toma las decisiones, es menos probable que perciban a la presidenta como Jefe de Estado y responsable de dirigir la política general del gobierno; y capaz de garantizar la estabilidad política, social y económica del país.

Esta percepción se ha visto reforzada por dos factores: las declaraciones públicas del primer ministro, que han dado la impresión de que es quien toma las decisiones importantes del gobierno; y la falta de presencia pública de la presidenta en espacios no controlados por su gobierno. ¿Podrá la presidenta Boluarte contrarrestar esta percepción? ¿Tiene las habilidades y capacidades necesarias para recuperar la legitimidad de su figura, demostrar liderazgo y ganar la confianza de la ciudadanía? Solo el tiempo dirá si la presidenta Boluarte podrá demostrar que las tiene para asumir un liderazgo presidencial democrático.

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