Los congresistas no calcularon la reacción ciudadana a su malhadada ley. No imaginaron una respuesta rápida y convocante que hace uso de un procedimiento que se encuentra contemplado en la Constitución de 1993. ¿Cuánto éxito tendrá esta iniciativa? Depende de la participación y movilización de cada ciudadano que no está a favor de la contrarreforma universitaria. Un termómetro del estado de ánimo ciudadano en relación con este tema será la movilización convocada para el viernes 13 de mayo en la Plaza San Martín en defensa de la educación universitaria. Castillo ya anunció que observará la autógrafa de ley. Esperemos que en esta ocasión sí cumpla con su palabra. 

 

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ciudadanos, Gobierno

Según los especialistas en materia constitucional, lo presentado por Castillo no resiste el menor análisis. Es muy probable que el mismo sea archivado por la Comisión de Constitución y, por eso ende, no sea debatido en el pleno del Congreso. Hecho que sería explotado por el presidente y su entorno para señalar que quiénes se oponen a la Asamblea Constituyente “democrática y popular” son los congresistas, quienes van en contra del clamor del pueblo por una nueva Constitución. Agudizando así sus contradicciones con el Legislativo. Muchos, en particular los militantes de las izquierdas, esperarían que ante tal bloqueo disuelva el Congreso. Lo que no va a ocurrir. A lo más asistiremos, una vez más, a un intercambio de palabras altisonante. El presidente no se quiere tampoco los congresistas. Por eso, no es gratuito que en la propuesta del presidente Castillo se señale que no se recortara su mandato ni el de los congresistas. Es decir, ¡nos quedamos todos!

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Asamblea Constituyente, Gobierno, Pedro Castillo

Esta alternativa sí es posible implementarla. Supone una amplia movilización y convergencia de ciudadanos que apuestan por contrarrestar las tropelías cometidas por el gobierno, de su incapacidad para gestionar y de su conducción errática. Además de la movilización ciudadana es necesario “pacto político con impacto sobre el Congreso que aglutine un mínimo de 66 votos y una llamada a referéndum para cambiarlo todo” como sostiene Rosa María Palacios. En ese sentido “esa movilización ciudadana es lo que más se necesita si se trata de recuperar la democracia” sentencia Carlos Reyna. No es de extrañar que desde perspectivas de análisis distintas se concluya que ese es el camino por el cual hay que transitar. Consenso en el diagnóstico hay pero ¿quién o quiénes podrían tener la legitimidad para liderar estar movilización ciudadana y los cambios imprescindibles para terminar con estos ciclos de crisis política y fortalecer la democracia? 

 

 

 

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Crísis, Gobierno, Pedro Castillo

Para superar el entrampamiento político también es necesario ir renovando la oferta política nacional. En ese sentido, el Grupo Valentín, Hacer País y el Partido del Buen Gobierno con su prédica y, sobre todo, con su práctica lo están haciendo. Si hicieran suya la alternativa propuesta hecha por Sagasti y la implementaran ganarían en visibilidad. Además de ir consolidando una propuesta de centro político que gravitaría en el quehacer político nacional. Además de mostrar que pertenecer a un agrupamiento político implica compartir una misma ideología, un mismo programa y una lectura de la realidad que se pretende cambiar. 

 

 

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Gobierno, Pedro Castillo, Vacancia

Se entiende que, según la Ciencia Política, una democracia se desarrolla y fortalece cuando los partidos políticos cuentan con programas e ideologías claramente diferenciados y actúan en consonancia con ellos, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo o en ambos. En ese sentido, es pertinente preguntarse si los partidos políticos realmente existentes en el Congreso contribuyen a ello. De cara a la opinión pública, no es posible encontrar entre ellos diferencias ideológicas y programáticas. ¿Acaso por qué no cuentan con ideología y programa? Pareciera que todos son más de lo mismo.

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Gobierno, Pedro Castillo

 

Los cuatro gabinetes, en poco menos de siete meses de gobierno, evidencian los serios problemas que enfrenta el presidente Pedro Castillo. Son problemas que afectan al diseño e implementación de políticas públicas en beneficio, principalmente, del “pueblo” que su gestión tiene como público objetivo. Asimismo, lo difícil que le resulta convocar y convencer a ciudadanos para que asuman el cargo de Ministros. Esto último ha sido una constante. En buena cuenta, ¿de dónde podría reclutar “ministeriables”?

Como se recuerda, Castillo se hizo conocido a nivel nacional gracias a que condujo la huelga magisterial durante el 2017 sin mayores resultados. Motivo por el cual, Vladimir Cerrón lo invitó a que fuera el candidato presidencial del izquierdista Perú Libre. A raíz de su candidatura, se conoció que había estado afiliado a Perú Posible y como tal postuló a una alcaldía distrital. Es decir, una limitada experiencia política. Asimismo, que no contaba con experiencia en gestión pública.

Una vez en el gobierno, tal inexperiencia política le pasa factura. En un partido más o menos institucionalizado, un afiliado desarrolla sus capacidades para disentir y consensuar. Es más compite al interior del mismo para ocupar puestos de dirección. Lo cual le permite no solo negociar y llegar a consensos en el seno de su organización política sino también con otras fuerzas políticas adversarias. Sin tal socialización política, le ha resultado muy complejo conformar gabinetes más o menos estables.

En un sistema presidencialista como el nuestro, el presidente es el que tiene potestad para nombrar al Primer Ministro y a los Ministros que lo acompañaran. Asimismo, invitar a otros partidos políticos para que formen parte de su gobierno y a personas sin afiliación política. Esto último, quizás, porque no ha llegado a un acuerdo por la distribución de ministerios con el partido que lo condujo al gobierno o las fuerzas políticas que forman parte de él. En ese sentido, si se trata de ganar apoyo o reafirmar el que le brinda uno o más partidos políticos ha de designar ministros entre los afiliados de tales comunidades políticas. En todo caso, el tránsito de un gabinete a otro, le permitiría reordenar las filas de las fuerzas políticas que conducen el gobierno y mejorar las competencias gubernamentales. Sin embargo, esto último no ha sido posible. El presidente Castillo no forjó alianzas más allá de las izquierdas y ha estado bajo la amenaza  congresal de “vacarlo”.

Castillo reclutó a sus Ministros entre afiliados de Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú y Frente Amplio, todos partidos de izquierda. Asimismo, ha incorporado a sus gabinetes a personas sin filiación política conocida o aparentemente vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Cuál ha sido el común denominador de todos ellos? La poca o nula experiencia tanto política como en gestión pública salvo honrosas excepciones como la de los Ministros que provenían de las filas de las izquierdas no perulibristas. Ministros que fueron denostados incesantemente por los principales dirigentes de Perú Libre como “caviares”.  Merece un análisis aparte las razones por las cuales no se incorporaron más políticos y tecnócratas de las izquierdas a un gobierno proclamado de izquierda.

Esta situación conlleva a que sin orientaciones generales sobre lo que quiere hacer el gobierno, señaladas por el presidente Castillo, y sin Ministros competentes en sus ramos, la ciudadanía tenga la impresión de que el gobierno marcha como un barco a la deriva, sin un norte claro.

 

 

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Pedro Castillo

En una reciente entrevista, el presidente Pedro Castillo declaró que “para llegar a la presidencia de la República no fui preparado, a mí nadie me entrenó”. Su sinceridad provocó críticas furibundas entre sus detractores que lo calificaron de ignorante e incapaz para gobernar. Lo dicho, por el contrario, revela la precaria situación de los partidos políticos realmente existentes en el país. 

Como se sabe, Vladimir Cerrón Palomino invitó al entonces dirigente sindical magisterial para que postulara, junto a él, en la plancha presidencial de Perú Libre sin mayor aspiración que pasar la valla electoral. Antes de afiliarse a Perú Libre en el 2020, Castillo había militado 12 años en Perú Posible y fue su candidato a una alcaldía distrital en las elecciones municipales del 2002. Todo partido político que se precie de tal, forma y capacita a sus afiliados para competir en la arena electoral y, de ganar, para el ejercicio del cargo al cual fue electo. 

Históricamente, han sido pocos los partidos políticos que no solo han formado y capacitado a sus militantes sino también que, gracias a su desarrollo y fortaleza institucional, facilitaron que hicieran carrera en sus organizaciones como el Partido Aprista Peruano, Partido Comunista Peruano, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. De los cuales, solo Acción Popular mantiene hoy su inscripción vigente. En mayor o menor medida, cada uno poseía una particular ideología, un programa, consignas, valores,  principios y una forma de organizarse en el territorio. Todo lo cual confería a sus militantes identidad y un sentido de pertenencia a sus respectivas comunidades políticas. Usualmente, cada partido elegía a sus candidatos para cargos de elección popular entre sus militantes más destacados. Los cuales resultaban electos regidores, alcaldes distritales o provinciales, presidentes de la República o congresistas. Ganaban y acumulaban experiencia en diferentes niveles de gobierno y en el legislativo. Una memoria institucional que se socializaba entre su militancia. Sin embargo, esta situación cambiaría radicalmente en los 90s con el reinado de la “antipolítica”. 

Como bien analizó Carlos Iván Degregori, desde el 1990 al 2000, una de las columnas vertebrales del régimen fujimorista fue la anti política. El discurso gubernamental de aquel entonces asoció a la política como confrontación y a los partidos políticos como férreos opositores al “cambio” y receló de cualquier institución democrática buscando instaurar una política autoritaria y tecnocrática. Esto último asociado a que “los políticos” no saben cómo enfrentar y resolver los problemas del país y, en tanto, “los tecnócratas”, sí. Es más, aquella búsqueda del “bien común” y de cómo lograrlo respondió en buena cuenta a la voluntad e intereses del entonces presidente y sus tecnócratas. Aquella denostada “vieja política” fue reemplazada por una “nueva” cuyas señas de identidad no fueron otras que la ausencia de la ética, el abuso y la prepotencia, la arbitrariedad y la amenaza contra políticos, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, entre otros. Esa manera de entender y hacer política fue asumida por no pocos ciudadanos. ¿Debate público, disensos, consensos entre comunidades políticas? No, no fue la tónica. Y así se fue gestando y consolidando en los ciudadanos un rechazo creciente a la política en general. 

Este fue uno de los factores, entre otros más, que contribuyeron a la crisis de los partidos políticos en el país. Lo que vino después han sido organizaciones políticas cuyo objetivo principal ha sido ganar las elecciones cueste lo que cueste. Han devenido en meras “máquinas electorales” que se alquilan o venden al mejor postor para tentar la presidencia de la República o una curul en el parlamento. En la selección de sus candidatos al Congreso o a la presidencia de la República, ya no interesa la carrera partidaria de sus militantes mucho menos sus capacidades. El dueño o dueños del partido determinan quién postula y quién no, a quién invitan y a quién no. Pensar en una visión de país, en el bien común, un programa o en el personal más idóneo en caso de que ganaran la elección es irrelevante. Lo que importa son los réditos inmediatos de hacer uso de su “franquicia”. Y, si no pierden la inscripción, su presencia y quehacer político partidario se reduce a la mínima expresión e ingresan a una especie de letargo hasta el siguiente proceso electoral.  

Al tercer día de la designación del Ministro de Educación, un asesor diligente le alcanzó un informe sobre la situación de las universidades públicas y privadas en los rankings internacionales, una de las metodologías usadas para medir la calidad de las universidades, durante el 2020 y el 2021. El Ministro se detuvo en los debates acerca de la pertinencia y el objetivo de llevar a cabo tal medición, en los indicadores seleccionados para la misma y en los sesgos predecibles. Es más, puso particular atención a los resultados de dos reconocidos rankings: Times Higher Education y QS Latin America University Rankings. 

En el Times Higher Education, a julio del 2021, figuraban ocho universidades nacionales en el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe. Dos más que en el 2020. Entre las 100 primeras, de un total de 177, se encontraban dos universidades privadas: la Pontificia Universidad Católica del Perú (puesto 36) y la Universidad Cayetano Heredia (puesto 51); y dos universidades públicas: la Universidad Nacional Agraria La Molina (puesto 76) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (puesto 81). Las otras cuatro, ubicadas a partir del puesto 151, eran las siguientes: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad San Martín de Porres y Universidad Científica del Sur. 

En tanto, en el QS Latin America University Rankings 2020, entre las 100 primeras, se ubicaban la Pontificia Universidad Católica del Perú (puesto 18), la Universidad Cayetano Heredia (puesto 73) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (puesto 68). Al año siguiente, a las tres universidades señaladas, se sumó la Universidad del Pacífico (puesto 95). Entre uno y otro año,  con la excepción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mejoraron su ubicación en el ranking. De igual modo, el Ministro revisó con detenimiento los 16 indicadores que utiliza QS para formular sus rankings, algunos de los cuales los asoció con los estándares mínimos o Condiciones Básicas de Calidad que las universidades deberían contar para licenciarse tales como las de disponibilidad de docentes calificados, producción académica y mecanismos de inserción laboral para sus egresados. 

Asimismo, recordó algunas de las conclusiones del II Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú elaborado por la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en cuanto a los resultados de la investigación y su publicación en revistas indexadas. Así, entre el 2014 y el 2020, su número se triplicó pasando de 1770 a 5823; y el Ranking nacional de universidades según investigación. El cual se elaboró para que se contara con un indicador de la producción científica de la investigación universitaria según estándares internacionales de calidad. 

En su formulación se empleó la información de los documentos de todas las disciplinas publicados en revistas indexadas por Web of Science (WoS) y Scopus por separado, dos bases de datos reconocidas por sus rigurosos estándares editoriales y científicos. Así en el Ranking general – Wos la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Ingeniería y Tecnología y Universidad Nacional Agraria La Molina ocuparon los cinco primeros puestos. Mientras que en el Ranking general – Scopus, en las cinco primeras ubicaciones, figuraban la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Científica del Sur. 

El posicionamiento e incremento de las universidades en los rankings internacionales; el aumento de publicaciones en revistas indexadas producto de las investigaciones llevadas a cabo;  y la elaboración de un ranking de universidades según su producción científica e impacto confirmaron al Ministro que la reforma universitaria había encaminado a las universidades licenciadas por la ruta de la mejora continua y la prestación de una educación de calidad en beneficio de sus comunidades académicas y el país. Por eso mismo, reafirmó su decisión de defenderla y profundizarla. Esta ficción sobre el Ministro y su postura favorable a la reforma universitaria ojalá se haga realidad. 

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Los indicadores de calidad que tienen en la cabeza los directivos de la Sunedu corresponden a otras realidades”, Alfredo Rodríguez, asesor de Carlos Gallardo, hoy censurado Ministro de Educación.

¿A cuáles “indicadores de calidad” se refiere el asesor? ¿Acaso a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) cuyo cumplimiento permite el licenciamiento de las universidades? Según la Ley Universitaria, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es la instancia responsable del licenciamiento de las universidades. Licencia que, por cierto, es temporal y renovable y tiene una duración mínima de 6 años. Asimismo, es la que supervisa la calidad del servicio educativo universitario y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades son destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

Como se sabe, desde finales del 2015, cada una de las universidades del país, públicas o privadas, debía demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de las CBC para prestar el servicio de educación superior universitario. En total son 8. La primera, alude a la existencia de objetivos académicos;  grados y títulos a otorgar; y planes de estudios correspondientes. La segunda, a la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. La tercera, a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). La cuarta, a las líneas de investigación a ser desarrolladas. La quinta, a la verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. La sexta, a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). La séptima, a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros). Y, la última, a la transparencia de las universidades.

Desde aquel entonces, 145 universidades solicitaron su licenciamiento. De ese total, 94 fueron licenciadas y 51 no. De las 51 universidades no licenciadas, 48 fueron privadas y 3 públicas. Todas estas universidades, por ejemplo, incumplieron tres CBC relacionadas a objetivos académicos,  programas de estudio y grados académicos; investigación y mecanismos de inserción laboral de sus egresados y graduados. Una evidencia que el anterior procedimiento para crear universidades, bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no era el más adecuado y no garantizaba condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario. Por eso mismo, se le reformó mediante la promulgación de la Ley Universitaria el 3 de julio de 2014.

A la fecha, el impacto de la reforma universitaria ha sido positivo. Por citar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el aumento de publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Se pasó de 1770 en el 2014 a 5823 en el 2020. Scopus es una base de datos de prestigio en el mundo académico y los criterios que utiliza para incluir una publicación son muy exigentes. En segundo lugar, el porcentaje de docentes a tiempo completo en las universidades públicas y privadas, en promedio, se duplicó entre el 2015 (25%) y el 2021 (48%). En tercer lugar, el porcentaje de docentes incorporados, luego del licenciamiento, en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aumentó de 2% a 5.5%. Los cuales son calificados, clasificados e inscritos de manera rigurosa.  

El sentido de la reforma universitaria ha sido garantizar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de las universidades. A partir de lo cual, revisarlas y mejorarlas periódicamente para ir elevando el nivel de la calidad educativa. Una apuesta y una necesidad que se condicen con lo señalado por Unesco: “En las dos últimas décadas, la garantía de calidad en la educación superior ha alcanzado un impulso significativo en todo el mundo, en un esfuerzo por asegurar que los estándares educativos se mantienen y refuerzan”. 

Por último, confiemos que quien reemplace al Ministro de Educación no piense, como pensaba su asesor, que “el concepto de calidad es un concepto eurocéntrico que quiere decir que creen que las universidades del Perú deben ser equiparables con las universidades europeas”. 

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