[EN LA ARENA] Si usted vive en Sullana, en San Martín de Porres o San Juan de Lurigancho, a partir del martes 19 un soldado, un policía o varios de ellos, podrán ingresar a su casa, registrar su casa sin que usted lo autorice, sin necesidad de mandato judicial. Desde el martes ya no tendrá permiso para vivir en su distrito, tampoco para entrar o salir de él sin la anuencia de las fuerzas de seguridad. Tampoco podrá reunirse pacíficamente después de las 12 de la noche. No habrá forma de que lo consiga, así la reunión sea en un local privado, abierto al público o en su casa. De nada servirá que ya haya avisado. Nada de disturbios en los espacios públicos. Ni siquiera considere que un grupo pueda alzar la voz y protestar. Eso genera desorden. Debe tener esto bien claro porque de lo contrario podrán a usted detenerlo, sin necesidad de que un juez lo solicite formalmente. Tampoco habrá plazos para que lo pongan a disposición de un juzgado, pues el terrorismo “urbano” como lo ha bautizado el Alcalde de Lima, permitirá que el Estado lo mantenga detenido el tiempo que mejor le parezca. Y nadie podrá defenderlo, pues durante su prisión, ninguna autoridad tendrá que dar cuenta al Ministerio Público y o al juez de le estará pasando durante la detención. (Ah, y estimado lector, no se queje de que no parezca que también me dirijo a las mujeres lectoras, pues como ya no se puede escribir con lenguaje inclusivo…)
Eso es el Estado de Emergencia que ha decretado un gobierno que todos los días en las noticias nos muestra cómo la Policía Nacional del Perú captura sicarios, ladrones y extorsionadores, narcotraficantes y abusadores sexuales. La pregunta natural es entonces, ¿por qué aumenta y no disminuye el crimen? Y la respuesta inmediata es porque los detienen pocos días y luego los dejan libres. Algunos, quizás usted, saben además que aquellos que van a la cárcel, aunque sea poco tiempo, ingresan a una suerte de convención delincuencial, al núcleo comunal de los más osados delincuentes, con acceso a una coordinación sin precedentes a nivel territorial. Cuentan además con una camada de delincuentes comunes, abandonados en prisiones sin un debido proceso, prestos a servirles para sobrevivir en los hacinados penales del país. Sin espacio en las cárceles, surge entonces la pregunta, ¿la Presidenta quiere hacinar más las cárceles o ya existe alguno de esos grandes proyectos de construcción que gustan tanto los empresarios del gremio? ¿Dónde irán a parar los nuevos detenidos?
En todo caso, la Presidenta desquerida, animada ante la Asamblea de las Naciones Unidas, con este decreto parece querer posicionar su firmeza, aquella que la ha caracterizado desde los primeros días de asumir su mandato, siempre rodeada por integrantes de las Fuerzas Armadas. Y de seguro se preguntará usted, al igual que yo, cuál será entonces el papel de los militares en las calles de Sullana, de San Martín de Porres, ¡de San Juan de Lurigancho!, a donde se trasladaron varias mafias delincuenciales cuando los militares el año 2015 salieron a ordenar las calles de El Callao. Esa puede ser una razón por la que rápidamente sus burgomaestres han declarado no saber nada del plan de la Presidenta.
Con este precedente (porque el del Presidente Castillo el año 2021 quedó en tan solo un intento), sólo nos queda recurrir a una hipótesis psicosocial. Es decir, que la Presidenta y allegados como el Alcalde López, piensen que con psicosociales podrán detener a la delincuencia (de hecho, el Alcalde confía en las macetas). La Presidenta optó por masacres para atemorizar a la población y consiguió mantenerse en el poder y amedrentar a los ciudadanía. ¿Cómo no amenazar a delincuentes y opositores (como el impulsivo Bukele) mostrando que se cuenta con una violencia de nivel superior, mucho más poderosa de la que creían? Mostrar especialistas en matar al enemigo es un recurso mediático, pero la delincuencia sólo se aviva con más y más violencia. Si se resuelve, es atendiendo las causas. Nadie se cura sólo combatiendo los síntomas.
Nosotros (cómo no mencionar a las mujeres) ya vivimos lo que fueron las torturas, asesinatos y masacres de los gobiernos de Belaúnde, Alan García, Fujimori enfrentando al terrorismo con terror. Las consecuencias fueron nefastas, decenas de miles de muertos y desaparecidos y sólo han pasado poco más de 50 años como para haberlo olvidado. ¿Lo que se hizo en Ayacucho ahora en Lima se quiere repetir? Hay alcaldes que están pidiendo ser declarados en Estado de emergencia. ¿Está seguro, querido lector, que desea usted que las mafias del país sean enfrentadas de esa manera?
