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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la inseguridad alimentaria es la carencia de acceso continuo a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un adecuado crecimiento y desarrollo, que le permitan a un individuo llevar una vida activa y saludable.

Para medir la inseguridad alimentaria se utiliza una escala que se basa en ocho preguntas sobre el acceso a una alimentación adecuada. Así, se identifican tres niveles de gravedad: leve, moderada y grave:

  • Es leve para quienes experimentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos.
  • Es moderado si además de la incertidumbre no tienen suficientes recursos para llevar una dieta saludable y se quedan sin alimentos ocasionalmente.
  • Es grave cuando las personas se quedan sin alimentos y pasan todo un día sin comer en varias ocasiones durante el año.

El reciente informe anual de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es deprimente. Por tercer año consecutivo el hambre sigue siendo un problema mundial muy grave: entre 713 y 757 millones de personas no tuvieron acceso a alimentos en 2023. A nivel global, la proyección de la FAO es que a finales de esta década 582 millones de personas estarán crónicamente desnutridas.

Según el informe, los principales factores para el incremento del hambre en el mundo son los conflictos, las crisis económicas y el cambio climático. Este último fue el principal factor de la inseguridad alimentaria y malnutrición en 2023.

Si bien América del Sur muestra una reducción de inseguridad alimentaria, el Perú empeoró. En 2023, en nuestro país, 17.6 millones de personas padecieron de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto significa que el 51.7% de la población peruana se encuentra en esta situación. De esta cifra, 6.9 millones padecieron de inseguridad alimentaria grave, lo que representa un 20.3% de la población. Así, en comparación con los demás países de América del Sur, el Perú presenta el porcentaje más alto. 

La inseguridad alimentaria en Perú afecta tanto a las áreas urbanas como rurales, aunque es en las zonas rurales donde se observa una mayor concentración de personas en situación de vulnerabilidad. Esto se debe a la pobreza, pero también al limitado acceso a alimentos nutritivos y la dependencia de la agricultura como un medio para subsistir. Con la presencia del fenómeno de La Niña en el Perú y la llegada de heladas en las regiones de la sierra, como Puno, Tacna, Huancavelica, Pasco, Junín, la agricultura se verá perjudicada. 

Como dato adicional, el costo diario per cápita de una dieta saludable en Perú aumentó progresivamente, pasando de 3.28 dólares por persona en 2017 a 4.00 dólares por persona en 2022.

Ante esta situación, los gobiernos de la región, en colaboración con organizaciones internacionales y locales, han implementado diversas iniciativas para abordar la inseguridad alimentaria. Pero hacen falta más acciones, por ejemplo, construir sistemas alimentarios resistentes al clima es ahora urgente.

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Junto a la vacunación y la reactivación económica, el próximo gobierno tendrá el gran reto de revertir el retroceso de diez años en lucha contra la pobreza que trajo consigo la pandemia. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) dan cuenta de un incremento de 2.9% a 5.1% en la pobreza extrema y de 20.2% a 30.1% en la pobreza monetaria. Sin embargo, en entrevista con Sudaca.pe, Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y consultora senior de la FAO, observa que también ha surgido un fenómeno más grave: el hambre.

Por lo visto en la segunda vuelta electoral, ¿considera que los candidatos entendieron el reto de reducir la pobreza?

Los dos candidatos han buscado mostrar una preocupación por ampliar los programas sociales. A la luz de la situación de pobreza y hambre, creo que eso es totalmente insuficiente. El que resulte ganador va a tener que desarrollar un plan de acción específicamente para esos dos temas. En los últimos años estuvimos preocupados en la malnutrición, la anemia, el sobrepeso, pero ya no teníamos un problema de hambre. Ante esto, no basta con hacer crecer los programas sociales que existen o hacer más de lo mismo.

¿Qué tipo de intervención se requiere?

En el Perú la pobreza ya estaba bajando a un ritmo muy lento y había problemas de malnutrición, eso se atiende con los programas sociales regulares que existen y hay que seguir haciéndolo, pero, además, hay una situación de emergencia causada por la crisis y eso tiene que atenderse con nuevos instrumentos temporales y focalizados. Ahí se necesita un instrumental distinto que puede ser transferencia de ingresos con los bonos, pero no para todos

¿A quiénes se dirigiría?

Hogares que antes no se atendían, organizaciones comunitarias como las ollas comunes, los comedores populares o programas nuevos. Para ese grupo de personas que temporalmente ha caído en situación de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria, necesitas darles un salvavidas mientras dure su emergencia y reengancharlo con la reactivación económica. Esas son cosas que no se hacían en el 2018 y no se van a tener que hacer en el 2025, se tienen que hace ahora.

Con los recursos que tenemos ahora, ¿es posible financiar esas estrategias?

Sí porque tienen que ser estrategias temporales y focalizadas. Si no inviertes en eso, los costos de largo plazo son mucho mayores. Tienes que poder darles el salvavidas y jalarlos hacia la reactivación. Probablemente, serán por un año o año y medio, y después, podrán ocuparse de sus vidas. Mientras no lo hagan, es tu obligación atenderlos y que se reenganchen porque si no, serán clientes de un “Juntos” en el futuro.

¿El próximo gobierno necesitará hacer reformas tributarias para financiarlo?

Los programas de atención de emergencia que son temporales y focalizados no deberían ser ni tan grandes ni tan costosos, además, no duran tanto tiempo. Entonces, la principal traba no es el financiamiento sino identificar las estrategias más efectivas para hacerlo bien y rápido. No pueden ser bonos como los que hemos tenido que se demoraron seis meses en pagar. Ha llegado a la mayor parte de los más pobres y eso está bien, pero se han demorado mucho.

¿Qué riesgo hay si no se hace bien?

La atención de emergencia hace que la gente sobreviva durante la crisis y se recupere, pero hay que hacerse en los próximos dos años porque si no, se van a quedar en una trampa de pobreza y se van a convertir en los pobres de largo plazo, los que sí necesitan de los programas sociales que duran varios años y cuestan más dinero.

Después de la pandemia, ¿es válido reevaluar cómo medimos la pobreza y a quienes se les considera vulnerables?

El Perú tiene una medición bastante sólida de pobreza monetaria. Es una medición que recoge el mínimo indispensable que debe tener un peruano para no pasar hambre. Cualquiera que esté arriba de esa línea no es que esté bien, tiene el mínimo. Complementariamente, necesitamos tener mediciones multidimensionales de la pobreza.

Que incluya el acceso a servicios básicos…

Claro. La pobreza monetaria mide si tienes suficiente dinero en el bolsillo para lo mínimo que necesitas, pero si donde vives no hay hospital ni escuela de calidad, por más que te agencies lo mínimo, eso es lo máximo que lograrás. Por el contrario, hay personas que viven en lugares donde hay buenas escuelas y hospitales, pero no tienen dinero suficiente en el bolsillo para alimentarse. Eso tampoco es sostenible, se necesita las dos cosas para poder desarrollarse y tener una vida digna.

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